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A2P1_FEVS_MXLI - Eduardo Venegas (2)

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Síntesis Una reconstrucción del concepto de opinión pública
Niklas Luhmann afirma que muchos conceptos clásicos de la filosofía política se encuentran hoy en una situación ambivalente: no se pueden abandonar, pero tampoco asumir en su significación original, y que estos conceptos no fueron construcciones científicas sino respuestas de una conciencia aguda y concreta de problemas. Conceptos como, Estado, derecho, poder, legitimidad, democracia, opinión pública, no pueden explicar hechos ni procesos políticos, la reconstrucción del concepto de opinión pública, sucede bajo la presión de la pregunta sobre el pluralismo y la capacidad filosófica de reconocerlo y valorizarlo.
Un ensayo de J. Habermas mostró cómo la filosofía política ha dado rango teórico al concepto de opinión pública, que describía la práctica política de la burguesía emergente de los siglos XVII y XVIII. Locke, Montesquieu y Rosseau, Kant y Hegel, con dicho concepto, no explicaron la aparición y desarrollo sobre dicha práctica política, pero sí la sancionaron, justificándola como institución propia y necesaria de ser vigilada por el Estado.
El problema que la opinión pública buscó resolver fue, el de la decisión política de Estado y, bajo cuáles criterios puede ser justificada como decisión políticamente válida.
La opinión pública era originalmente la libertad de opinar sobre los asuntos públicos de Estado y el poder debatirla públicamente por todos y ante todos, de modo que su emisión, como su refutación, será realizada con argumentos controlables; la exigencia de que los argumentos generen a partir de principios, cuyo contenido pueda ser público, general y generalizable, cognoscible-comprensible y validable por todos y ante todos, la confianza de que toda argumentación racional en público sobre asuntos públicos posibilite neutralizar opiniones empíricas restringidamente particulares y así producir consensos en principio generalizables sobre las leyes públicas por promulgar y las decisiones gubernamentales por tomar.
Los medios y las formas de opinión han sido modificadas al desarrollarse la prensa y la edición en empresas profesionales y al surgir los medios audiovisuales de comunicación de masas dando inicio a procesos de producción informativa y literaria relacionados principalmente con el mercado y no solo con el Estado.
El dualismo que constituye la sociedad moderna originada entre economía y política, y la juridificación constitutiva del Estado a principios de la modernidad, ofrecen la clave para entender por qué el problema de la decisión política no se pudo plantear en términos de aceptabilidad, consenso y de argumentabilidad nacional; y porque la opinión pública se presenta como única alternativa a dicho problema.
La libertad de opinión sobre la legislación y el gobierno solo podía ser la parte principal de un Estado producido y puesto por las libertades individuales como ordenamiento normativo fundado en el principio de la libertad individual. De tal forma, la opinión pública era el ejercicio de reflexión de los individuos libres sobre su asociación y existencia universal como seres libres.
Ciudadanía y poderes del Estado eran entendidos como piezas y momentos de una misma realidad, la juridicidad liberal de derecho, los dos reclamos eran se basaban en que la opinión pública no era un promedio arreglado y negociado de las opiniones empíricas emitidas por los sujetos, sino que ella era la opinión unitaria de los ciudadanos respecto de la ley por promulgar y de la decisión por tomar.
La juridicidad intrínseca y proveniente de lo político moderno fragmenta el espíritu público, la conciencia cívica, según los intereses que atraviesan las capas de la población, minando con ello la figura tradicional del ciudadano y sacudiendo las bases de la opinión pública como consenso político posible y como requerimiento de decisión política conforme al estado de la opinión.
El nuevo planteamiento no solamente repolitiza lo social, haciendo público lo privado y empezando a borrar el distanciamiento entre Estado y sociedad civil. Sobre todo rompe el esquema de respuesta institucional al problema planteado por la opinión pública, el de poder llegar a la unidad de consenso sobre la decisión pública, la pluralidad y diferencia de opiniones por medio de la argumentación al derecho.
El pluralismo competitivo se jugaba en el mercado; en el nivel político, pero la pluralidad como diferenciación y como requisito de un tratamiento decisional diferenciado conforme a las diversas situaciones de vida era puntualmente inhibida por la forma de la igualdad universal de la ley.
La opinión pública, bajo el valor fundamental de la igualdad-justicia social, se hace una miscelánea de hechos y de razones dignas, y sobre los que no permite un criterio de exclusión y apenas contraargumentos de aplazamiento cronológico por motivos estratégicos de factibilidad.
Luhmann observa que el término opinión pública sugiere demasiada unidad de igual forma para el concepto clásico que, según el significado del término, presupone un colectivo capaz de pensar. También añade que: la opinión pública no puede dominar y ni siquiera sustituir al detentador del poder.
Resulta improductivo mantener un concepto de opinión pública como actividad de ciudadanos informados, críticamente conscientes, observadores y razonadores competentes, dispuestos a decidir la verdad del universo de las decisiones políticas. Luhmann considera que, desde su origen, la opinión pública se entendió solamente como mera opinión, sin referirse a ninguna exigencia de asumir la forma de “verdad racional”.
La opinión pública es políticamente relevante, no por pretender consenso entre opiniones, sino porque genera temas relevantes para el público y, fundamentalmente, por su producción de temas institucionalizados.
La opinión pública, establecida como tema institucional, constriñe a respuestas políticas en el sentido del tema y, de esta manera, controla y limita la arbitrariedad de la decisión política, la opinión pública es hoy el lugar de coexistencia de opiniones e intereses particulares sin consenso general compartido.
La opinión pública, en sus diversas informaciones y argumentos, va apuntando si la sustancialidad de las decisiones políticas cuenta con la atención y aceptación de las mayorías y, con ello, va haciendo una visión que confirma el interés general y de la jerarquía que corresponderá a los intereses particulares.

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