Analisis-sobre-la-Ley-de-Impuesto-a-los-depositos-en-efectivo

•

Engenharias

Aprende Todo

17.7.2022

¡Este material tiene más páginas!

Entonces, ¿te gustó este material?

Ayude a animar a otros estudiantes a mejorar el contenido

¿Te gustó este material? ¡Compartir! 🧡

Ciencias Sociales

81.753 Materiales compartidos

Descarga la aplicación para disfrutar aún más

Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!

Vista previa del material en texto

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

LICENCIATURA EN DERECHO

TRABAJO POR ESCRITO QUE PRESENTA:

MARIA ESTHER BREÑA DIAZ ORDAZ

TEMA DEL TRABAJO:

“ANÁLISIS SOBRE LA LEY DEL IMPUESTO A
LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO”

EN LA MODALIDAD DE “SEMINARIO DE TITULACIÓN
COLECTIVA”

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

MÉXICO, 2010.

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).
El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.

A Dios por las bendiciones que me ha dado.

A mi Universidad.

INDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. I
CAPÍTULO 1. CONTRIBUCIONES. ............................................................... 1
1.1. DEFINICIÓN. ..................................................................................... 1
1.2. CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. ......................................................................................... 2
1.2.1. IMPUESTOS. ............................................................................ 2
1.2.2. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. ......................... 3
1.2.3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. ........................................ 4
1.2.4. DERECHOS. ............................................................................ 4
CAPÍTULO 2. ELEMENTOS DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO (IDE). ........................................................................................... 6
2.1. SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO. .......................................... 6
2.1.1. OPERACIONES NO CONSIDERADAS COMO OBJETO DEL
IDE. ..................................................................................................... 8
2.2. SUJETOS EXENTOS DEL PAGO DEL IDE. .................................... 8
2.2.1. FEDERACION Y ENTIDADES FEDERATIVAS. .................... 10
2.2.2. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS. ..... 11
2.2.3. DEPOSITARIOS HASTA POR $25.000 POR MES. .............. 11

2.2.4. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. ................... 12
2.2.5. EXTRANJEROS EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO. ............ 13
2.3. BASE Y TASA DEL IDE. ................................................................. 14
CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DEL IDE. .............. 16
3.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. ..................................................... 16
3.1.1. PERSONA MORAL Y SISTEMA FINANCIERO. ................... 16
3.1.2. DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ................................................. 17
3.1.3. CUENTA CONCENTRADORA. ............................................. 18
3.1.4. BENEFICIARIO FINAL Y PLAZO. ......................................... 18
3.2. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINACIERO. ........................................................................................... 19
3.2.1. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. ........................................ 20
3.2.2. PLAZO PARA ENTERAR EL IMPUESTO. ............................ 21
3.3.3. ENTREGA DE CONSTANCIAS AL CONTRIBUYENTE. ....... 21
3.3.4. REGISTRO DE DEPÓSITOS E INFORMACIÓN ANUAL. ..... 22
3. 3. ACREDITAMIENTO DEL IDE CONTRA EL ISR. .......................... 22
CAPÍTULO 4. CONEXIÓN DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO (IDE) CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN
MATERIA TRIBUTARIA. ............................................................................. 28
4.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. .......................................................... 31

4.2. PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO. .......................... 33
4.3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. ......................................... 34
4.3.1. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. ............................................. 37
4.4. PRINCIPIO DE EQUIDAD. .............................................................. 38
CONCLUSIONES ......................................................................................... 41
FUENTES CONSULTADAS ........................................................................ 48
BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 48
BIBLIOGRAFÍA METODOLÓGICA ....................................................... 49
FUENTES LEGISLATIVAS .................................................................... 49
FUENTES JURISPRUDENCIALES ....................................................... 49

INTRODUCCIÓN

La presente investigación, tiene como objetivo analizar la Ley de
Impuestos a los Depósitos en Efectivo (LIDE) que entrará en vigor a partir
del 1º de julio de 2008, también llamado impuesto contra la informalidad, ya
que de acuerdo con la iniciativa, el propósito de la LIDE es gravar los
ingresos que no están sustentados en una actividad inscrita ante el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) y ampliar la base de contribuyentes; y
quienes no estén inscritos en el RFC pagarán el impuesto referido por los
ingresos obtenidos no declarados y que son depositados en efectivo en sus
cuentas abiertas en el Sistema Financiero.

Este nuevo impuesto se limita a quienes ingresen recursos en efectivo
en el Sistema financiero y el gravamen sobre dichos recursos será del 2%.
De entrada parece una tasa poco significativa, pero la eficacia de este
impuesto reside en que las Instituciones del Sistema Financiero sean una
fuente adicional de información de las autoridades fiscales.

Para evitar el impacto de esta nueva contribución a los sujetos que
aun realizando operaciones en efectivo cumplan con sus obligaciones
fiscales, específicamente en materia del Impuesto Sobre la Renta, se
propone que éstos puedan acreditar el monto del impuesto a los Depósitos
en Efectivo contra el ISR, con lo que no se verá afectada su economía.

Se plantea un esquema de acreditamiento de este nuevo gravamen, lo
que permite al contribuyente no sufrir el impacto económico y no afectar a las
personas que reciben depósitos de baja cuantía de forma mensual, ya que
dicho impuesto únicamente causará sobre los depósitos en efectivo que
superen los $25,000 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales.

Así mismo se propone que queden exentos del pago del impuesto
contra la informalidad las personas morales registradas que no tengan fines
de lucro, que estén consideradas como no contribuyentes del pago del ISR,
así como los establecidos en el artículo 109 fracción XII del la LGTOC, toda
vez que este nuevo gravamen tiene la característica de ser un impuesto de
control de flujo de efectivo y no busca repercutir a aquellos contribuyentes
respecto de los cuales el origen de sus depósitos son identificables.

Para su análisis, en el primer capítulo Denominado Contribuciones, se
define el concepto de éstas y clasifican dichas contribuciones de acuerdo con
lo que estipula el Código Fiscal de la Federación.

En el capítulo 2 intitulado Elementos del Impuesto a los Depósitos en
Efectivo, se desarrollan los elementos de este nuevo impuesto, con el fin de
entender quién causa, sobre qué recae, cuál es la cuantía a considerar para
efectuar el pago, cuál esla tasa aplicable y cuándo deberá pagarse el
impuesto.

Por otro lado, en el capítulo 3, se señala y describen el procedimiento
de recaudación de este impuesto, de quien es responsabilidad su
recaudación y su acreditamiento ante otras contribuciones.

En el último capítulo designado al estudio de la Conexión del IDE con
los principios constitucionales se estudian los aplicables a la materia fiscal,
ello desglosando del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, mismo que
consagra en su texto los referidos principios y se complementa con
definiciones aportadas por diversos autores, realizando un breve análisis
sobre la Ley del Impuesto a Depósitos en Efectivo con dichos principios
fundamentales.

III

Para la realización y estudio del presente trabajo de Investigación se
utilizaron los métodos de Interpretación Exégetica por el cual se estudia
artículo por artículo de la norma jurídica, en tal sentido se desmembró la Ley
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; así mismo se utilizó el método de
Interpretación Analítica por el cual se divide el nuevo gravamen en las partes
que lo componen para recién estudiarlo y llegar a un análisis completo para
su mejor comprensión y crítica.

CAPÍTULO 1. CONTRIBUCIONES.

En el presente capítulo se precisa el concepto de contribución y cuál
es la clasificación que al respecto establece el Código Fiscal de la
Federación; con el fin de ubicar la naturaleza jurídica del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo.

1.1. DEFINICIÓN.

Contribución es: “Una prestación obligatoria, comúnmente en dinero,
exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a
relaciones jurídicas de derecho público”.1

En esta definición genérica se mantiene el carácter público del tributo,
es decir, se concibe al tributo como una obligación unilateral, impuesta
coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de soberanía o poder
de imperio. Acorde con lo establecido en nuestra Constitución en su artículo
31, se establece como obligación y no como una opción el contribuir a los
gastos públicos, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio ya
que puede hacer uso de sus facultades coactivas para garantizar el
cumplimiento de dicha obligación tributaria, y da lugar a relaciones jurídicas
de derecho público, por lo que existe ese vínculo jurídico de supremacía del
Estado frente al particular.2

1 Quintana Vatierra, Jesús y Rojas Yáñez, Jorge, Derecho tributario mexicano, 4ª edición, Trillas,
México 1999, p. 42.
2 CFR, Idem. “… en épocas anteriores no se contemplaba este aspecto con certidumbre y pleno
convencimiento. Así vemos que las teorías privadistas concebían al impuesto como un derecho o carga
real, o como algo similar a la obligatio obrem del derecho romano, con lo que lo limitaban a los
gravámenes inmobiliarios. Por su parte, la doctrina contractual lo equiparaba a un contrato bilateral
entre el Estado y los particulares, en virtud del cual aquél proporcionaría servicios públicos y éstos los
medios pecuniarios para cubrirlos.
Las doctrinas netamente publicistas aparecen en Alemania vinculadas con la teoría orgánica del
Estado, y en Italia con las obras de Ranelletti, Cammeo y Romano, quienes explican el tributo como
una obligación unilateral, impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de soberanía
o poder de imperio. ”
2

La importancia de las contribuciones radica medularmente en que por
medio de éstas, el Estado se allega recursos económicos para cumplir con
sus fines. Al respecto, Sergio Francisco de la Garza señala: “Los tributos
constituyen la más importante clase de ingresos del Estado moderno para
conseguir los medios necesarios para el desarrollo de sus actividades"3.

1.2. CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

Atendiendo a la clasificación instituida en el artículo 2, del Código
Fiscal de la Federación, las contribuciones son: IMPUESTOS,
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE
MEJORAS Y DERECHOS.

1.2.1. IMPUESTOS.

Impuesto es, para José Luís Pérez de Ayala y Eusebio González
García: “La prestación coactiva generalmente pecuniaria que un ente público
tiene derecho a exigir de las personas llamadas por ley a satisfacerla, cuando
realicen determinados presupuestos reveladores de capacidad económica
para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos4”.

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción I, define al
impuesto como:

“Artículo 2.- Las contribuciones se clasifican en impuestos,
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, las que se definen de la siguiente manera:

3 De la Garza, Sergio Francisco, Derecho financiero mexicano, edición 24º. Porrúa S. A., México
2002, p. 319.
4 Pérez Ayala, José Luís y González García, Eusebio, Curso de derecho tributario, Edersa, España
1991, p. 190.
3

I.- Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben
pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación
jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las
señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo.

(...).”

A decir de lo anterior, en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo se
grava a las personas que se encuentren situadas dentro de los supuestos
que la misma prevé.

1.2.2. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

El artículo 2, en su fracción II, del Código Fiscal de la Federación
define a las aportaciones de seguridad social como: las contribuciones
establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado
en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad
social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de
seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

Las aportaciones de seguridad social contienen características
fundamentales, a saber: Son una obligación que deriva de la Ley; corren a
cargo de las personas que el Estado sustituye en el cumplimiento de
obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social (patrones y
trabajadores); constituyen una prestación; su destino final es constituir el
capital o patrimonio de los organismos públicos descentralizados, creados
por Ley, para la prestación de servicios de seguridad social; y, su hecho
generador lo encontramos en las relaciones empleado y patrón.

1.2.3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

El artículo 2, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las define
como: aquellas contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.
Sus elementos son los siguientes: se encuentran establecidas en Ley, existe
una actuación o actividad estatal, y las personas físicas o morales son
beneficiadas directamente por las obras públicas.

Así, tenemos una situación consecuente: un aumento de valor; el
hecho generador de la obligación de pago de la contribución de mejora recae
en la percepción de un beneficio individual y adicional experimentado de
manera directa por el sujeto pasivo, distinto al resto de las personas en su
condición de miembros de la sociedad; y, su base imponible es la plusvalía
obtenida.

1.2.4. DERECHOS.

El artículo 2, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación define a
los Derechos como aquellas contribuciones establecidas en Ley por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como
por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho
público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u
órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de
contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de
Derechos. Tambiénson derechos las contribuciones a cargo de los
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del
Estado.

Jesús Quintana Valtierra y Jorge Rojas Yáñez, señalan: “…el derecho
es una contraprestación en dinero, toda vez que el contribuyente recibe un
5

servicio del Estado a cambio de una cantidad de dinero determinada en la ley
…”5

A decir de lo anterior, son caracteres esenciales de los derechos: una
contraprestación en dinero o en especie, una obligación que debe estar
establecida en ley, el presupuesto de hecho es un servicio inherente al
Estado.

5 Quintana Vatierra, Jesús y Rojas Yáñez, Jorge, Op. Cit. p. 89.
6

CAPÍTULO 2. ELEMENTOS DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO (IDE).

Toda contribución o tributo se manifiesta cotidianamente como un
hecho en el cual concurren diversos componentes, sin estos elementos el
tributo no tendría ninguna validez en el ámbito jurídico.

Los componentes o elementos fundamentales de las contribuciones
son: sujetos (activo y pasivo), objeto, base, tasa o tarifa y época de
pago.6
En la presente investigación se hace una exposición de los elementos
de este nuevo impuesto que entrará en vigor el 1º de julio de 2008.

2.1. SUJETOS Y OBJETO DEL IMPUESTO.

Sujeto activo. En materia tributaria corresponde únicamente al
Estado, en virtud de su potestad de imperio. En concordancia con el artículo
31, fracción IV, de la Constitución, el sujeto activo puede ser la Federación, el
Distrito Federal, el Estado y los Municipios, en virtud de que son los únicos
entes que tienen el derecho de exigir el pago de tributo, a través del órgano
facultado legalmente para ello, en otras palabras, el Estado es siempre el
sujeto activo.

Los autores coinciden en que, quien actúa como sujeto activo de la
relación jurídica en materia tributaria es el Estado a través de los órganos
facultados legalmente para recibir, y en su caso, exigir el pago o
cumplimiento de la obligación fiscal; es en el caso concreto del IDE donde el
Estado faculta a las Instituciones del Sistema Financiero (ISF) para recaudar
este impuesto, convirtiéndose en parte auxiliar del sujeto activo.

6 Vid. Código Fiscal de la Federación Art. 5.
7

Sujeto pasivo. Se pueden distinguir dos tipos de sujetos pasivos: los
que tienen de acuerdo con las disposiciones fiscales responsabilidad directa,
y los que de conformidad con los preceptos legales aplicables poseen
responsabilidad solidaria. Los primeros se mencionan en el artículo 1 del
Código Fiscal de la Federación y los solidarios se citan en el artículo 26 del
mismo ordenamiento.7

Son sujetos pasivos todos aquellos que de una forma u otra tienen
una obligación a favor del Estado de acuerdo con las leyes tributarias; puede
ocurrir, respecto de ciertos tributos y en determinadas condiciones previstas
por la Ley darse una pluralidad de sujetos deudores, respecto de los cuales
en forma indistinta el Estado puede exigir el pago de un mismo y único
tributo.

OBJETO. Se llama genéricamente objeto de la obligación, a la
prestación que de manera legal puede exigir el acreedor al deudor. En
materia fiscal, se entiende por objeto de la relación tributaria, aquello que el
Estado puede exigir al contribuyente, constituido principalmente por una
obligación de dar a cargo del sujeto pasivo (contribuyente) y a favor del
sujeto activo (Estado).

El acto o hecho que le dio origen a la obligación de la relación, no es
el objeto de dicha obligación, el objeto es la prestación del tributo, mas no la
circunstancia de hecho que genera la obligación; lo que llamamos hecho
generador consiste en que una vez que el Estado ha decretado mediante
una ley la existencia de un gravamen, existirá la posibilidad de que el objeto
se produzca. Es decir, en el preciso momento en que una persona
materialice o haga real la situación hipotética prevista por la ley fiscal, se
estará adquiriendo la correspondiente obligación de pago.

7 Vid. Código Fiscal de la Federación Arts. 1 y 26.
8

La ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo establece en su artículo 1º
quienes serán los sujetos y objeto de este impuesto:

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto
establecido en esta Ley, respecto a todos los depósitos en efectivo, en
moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de cuenta que
tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero.

Este artículo define al sujeto y al objeto del IDE; Los sujetos del impuesto son
todas las personas que efectúen depósitos en efectivo en moneda nacional y
extranjera en cualquier cuenta que tengan a su nombre en las Instituciones
del Sistema Financiero y el Objeto será cuando dichos sujetos efectúen los
depósitos en efectivo, será materia de tributo, bajo las excepciones hecha
por esta ley.

2.1.1. OPERACIONES NO CONSIDERADAS COMO OBJETO DEL
IDE.

No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor
de personas físicas y morales mediante transferencias electrónicas,
traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema
pactado con instituciones del Sistema Financiero, aun cuando sean a cargo
de la misma institución que los reciba, esto queda establecido en el artículo
1º de la LIDE.

2.2. SUJETOS EXENTOS DEL PAGO DEL IDE.
El tema de las exenciones fiscales reviste interés tanto para los
contribuyentes como para el Estado porque representa su economía.
La exención es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la obligación
de pago a los sujetos pasivos del impuesto.
9

Para el estudio de los impuestos, es de importancia el hecho generador del
crédito fiscal. Como se ha conceptuado, el hecho generador del crédito fiscal
es la situación jurídica (o de hecho, según el artículo 6o. del Código Fiscal de
la Federación) en que se coloca una entidad para que nazca a cargo de la
misma la obligación de pagar el impuesto.
También la exención del impuesto tiene, como se desprende de lo dicho, una
circunstancia que la justifica, a la que bien pudiera llamarse su hecho
generador. ¿Mas qué tipo de circunstancia ha de ser la indicada para que la
exención no resulte contraria a la equidad? Sin lugar a duda que esta
circunstancia ha de ser objetiva y jamás de carácter subjetivo.
Han de darse condiciones objetivas que produzcan el hecho concreto para
que la norma abstracta se concretice; al respecto la Suprema Corte ha
indicado:
Es constitucional la exención de impuestos cuando se establece
considerando la situación objetiva de las personas exentas (no así cuando la
exención se hace en atención a las características individuales de las
personas, estimándose sus características personalísimas) sino en atención
a la situación jurídica prevista en la ley, la cual contempla elementos
objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos, y de que
interpretándose en forma sistemática al artículo 28 constitucional se obtiene
la conclusión de que la prohibición contenida en el primero de ellos respecto
a la exención de impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se
prohíbe cuando tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas
personas, y no cuando la exención se otorga considerando situaciones
objetivas, que reflejan intereses sociales y económicos en favor de
categorías de sujetos.
Por otra parte el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación,
expresamente indica:

ARTÍCULO 39
El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general
podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de
contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo,
diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de
impedir que se afectela situación de algún lugar o región del país,
una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la
realización de una actividad, así como en casos de catástrofes
sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias [...]
II. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Consideramos que es sano lo establecido por el Código
Fiscal, pues la justicia exige que en los casos previstos
dejen de pagarse las contribuciones; lo contrario
seguramente provocaría consecuencias no deseadas de
diversa índole en la economía del país.
2.2.1. FEDERACION Y ENTIDADES FEDERATIVAS.
El artículo 2º de la LIDE establece los sujetos exentos del pago de este, los
cuales se exponen a continuación:
I. La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las
entidades de la administración pública paraestatal, que conforme a
la Ley del Impuesto Sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la
Federación, estén consideradas como no contribuyentes del
impuesto sobre la renta.
11

2.2.2. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.
En este mismo artículo en su fracción segunda establece que las personas
morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Esta exención la justifica el Legislador con el argumento de que los fines de
dichas personas morales no son de lucro, sino de interés público y social y
por ello se encuentran obligadas a destinar la totalidad de su patrimonio para
el beneficio de la comunidad.
2.2.3. DEPOSITARIOS HASTA POR $25.000 POR MES.
La siguiente exención lleva la justificación que el legislador considera para
tener la base gravable del impuesto a esta nueva ley en su siguiente fracción.
III. Las personas físicas y morales, por los depósitos en efectivo que se
realicen en sus cuentas, hasta por un monto acumulado de $25,000.00, en
cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de
cheques de caja. Por el excedente de dicha cantidad, se pagará el Impuesto
a los Depósitos en Efectivo en los términos de esta Ley.
Por lo que hace a esta exención, cabe subrayar que dicho monto es por el
total de depósitos en efectivo efectuados en un mes en una misma Institución
Financiera y por un mismo titular; no se comprende en este monto exento las
adquisiciones en efectivo de cheques de caja, por lo tanto causarán el
impuesto cualquiera que sea su monto. Las razones que expone el legislador
para que no se encuentre exentas del pago de IDE la adquisición de efectivo
en cheques de caja son:
1. Sería complejo que las Instituciones del Sistema Financiero
controlen y registren las adquisiciones de estos cheques por cada
persona.
12

2. Tales cheques pueden ser adquiridos sin necesidad de tener una
cuenta abierta en una Institución Financiera.
3. No es posible determinar el momento en que se rebasa el monto
de $25,000.00.
4. Las autoridades fiscales no podrían fiscalizar dicho impuesto,
pudiéndose eludir a través de la adquisición en efectivo de cheques
de caja.
Por lo que hace a la determinación del monto exento de $25.000.00, se
busca evitar que el gravamen impacte las operaciones que ordinariamente
realizan individuos o las familias para la satisfacción de sus necesidades
básicas, así como que desincentive el desarrollo del Sistema Financiero.
Según la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros, el saldo promedio de las cuentas
de depósitos a la vista es de $ 23,569.00 y de acuerdo con las estimaciones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el ingreso medio de los
hogares per cápita asciende a $ 22, 998.80 pesos mensuales.
2.2.4. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.
Así mismo quedan exentas al pago del nuevo impuesto según la fracción IV
las Instituciones del Sistema Financiero, por los depósitos en efectivo que se
realicen en cuentas propias con motivo de su intermediación financiera o de
la compraventa de moneda extranjera, salvo los que se realicen en las
cuentas concentradoras las cuales tienen el objetivo de recibir recursos de
sus clientes.
Esto debe entenderse que las Instituciones Financieras están exentas del
pago del IDE cuando se efectúen depósitos con motivo de una transacción
financiera. Un ejemplo sería el pago de una hipoteca, tarjeta de crédito; y
también cuando compren o vendan moneda extranjera; pero no están
exentas de este pago cuando se hagan depósitos a sus cuentas a fin obtener
recursos para su beneficio.
13

2.2.5. EXTRANJEROS EN EL SERVICIO DIPLOMÁTICO.
Otros sujetos exentos al pago del IDE son:
V. Las personas físicas, por los depósitos en efectivo realizados en sus
cuentas que a su vez sean ingresos por los que nos se pague el Impuesto
Sobre la Renta en términos del artículo 109 fracción XII de la ley en mención:
Artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes
ingresos:

XII. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban
los extranjeros, en los siguientes casos:

a) Los agentes diplomáticos.

b) Los agentes consulares, en el
ejercicio de sus funciones, en los casos
de reciprocidad.

c) Los empleados de embajadas,
legaciones y consulados extranjeros,
que sean nacionales de los países
representados, siempre que exista
reciprocidad.

d) Los miembros de delegaciones
oficiales, en el caso de reciprocidad,
cuando representen países extranjeros.

e) Los miembros de delegaciones
científicas y humanitarias.

f) Los representantes, funcionarios y
empleados de los organismos
internacionales con sede u oficina en
México, cuando así lo establezcan los
tratados o convenios.

g) Los técnicos extranjeros contratados
por el Gobierno Federal, cuando así se
prevea en los acuerdos concertados
entre México y el país de que
dependan.
14

Esta exención se refiere a los sueldos de los funcionarios establecidos en el
artículo que se transcribe de forma parcial, obedeciendo al principio de
reciprocidad internacional, definiéndose ésta como el término que se da a la
costumbre que sigue un Estado determinado de conceder a otro Estado un
trato semejante al que recibe de él.
2.3. BASE Y TASA DEL IDE.

Debe entenderse por base: la cuantía sobre la que se determina el
impuesto a cargo de un sujeto, o bien, la base del tributo representa la
evaluación de una porción de lo gravado por la ley, para poder determinar de
forma concreta cuál será el gravamen al que el contribuyente está obligado.
Es el valor determinado para cada tributo y al aplicársele la tasa o
tarifa establecida en Ley; da como resultado el monto del tributo a pagar.
En el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE= en su artículo 3º
señala que el impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al importe total
de los depósitos gravados por la ley.

Definiéndose así a la tasa o tarifa, como la cantidad en dinero que se
percibe por unidad tributaria.

Raúl Rodríguez Lobato menciona la existencia de diversos tipos de
tarifas tributarias, siendo las más usuales las siguientes: 1) De derrama. Se
da cuando la cantidad que pretende obtenerse como rendimiento del tributo
DEPÓSITOS BANCARIOS EN EFECTIVO 85,000.00
MENOS EXENCIÓN 25,000.00
------------------
BASE GRAVADA 60,000.00

TASA DE IDE AL 2% RETENIDO Y ENTERADO 1,200.00
PARA ACREDITAR VS ISR EN P. P. Y ANUAL
15

se distribuye entre los sujetos afectos al mismo, teniendo en cuenta la base
del tributo o las situaciones específicas previstas por la Ley para el impacto
del gravamen.; 2) Tarifa Fija. Cuando se señala en la Ley la cantidad exacta
que debe pagarse por unidad tributaria. Por ejemplo, el cobro por la
expediciónde un acta de nacimiento; 3) Tarifa Proporcional. Cuando se
señala un tanto por ciento fijo (x%), cualquiera que sea el valor de la base; y,
4) Tarifas Progresivas. Aumentan al aumentar la base, de tal manera que a
aumentos sucesivos corresponden aumentos más que proporcionales a la
cuantía del tributo, con la tarifa progresiva el tributo aumenta más que
proporcionalmente en relación con el valor gravado8.

Concluyendo que la tasa del IDE es una tasa proporcional, ya que es
del 2% sobre el importe total de los depósitos gravados y su base serán los
depósitos efectuados por un mismo titular en una misma institución.

8 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho fiscal, 2ª edición, Editorial Oxford, México 1999, p. 124.
16

CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DEL IDE.

3.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS.

Para continuar con el estudio del Procedimiento de Recaudación del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) es necesario definir los conceptos
contemplados en esta ley, además de abordar un elemento más del tributo:
el plazo.

3.1.1. PERSONA MORAL Y SISTEMA FINANCIERO.

En su artículo 12 de la LIDE se refiere a dichos conceptos en la siguiente
forma:

I. Persona Moral y Sistema Financiero, a los que la Ley del Impuesto
sobre la Renta considera como tales.

El Sistema Financiero, se compone por instituciones de crédito, de seguros
y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes
generales de depósitos, administradoras de fondos, uniones de crédito,
casas de bolsa, casas de cambio, etc.

Persona Moral es toda sociedad mercantil u organismo que realice
actividades empresariales, se consideran también las instituciones de crédito
y las sociedades y asociaciones civiles constituidas bajo las leyes mexicanas.

3.1.2. DEPÓSITOS EN EFECTIVO.

Continuamos la definición de conceptos según la LIDE en la siguiente
fracción:

II. Depósitos en efectivo, además de los que se consideren como
tales conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, a las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

Considera como Depósitos en efectivo:

¨Artículo 267.- El depósito de una suma determinada de dinero en
moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la
propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la
misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 275.- Las entregas y los reembolsos hechos en las cuentas de
depósito a plazo o previo aviso, se comprobarán únicamente mediante
constancias por escrito, precisamente nominativas y no negociables,
salvo lo dispuesto en la Ley General de Instituciones de Crédito¨.

De acuerdo con los argumentos vertidos en la exposición de motivos de
la LIDE, se establece como un mecanismo que pretende ser auxiliar en el
control de la evasión fiscal, lo cierto es que este impuesto afectará
principalmente a las personas físicas y morales que perciben ingresos por
ventas al público en general, quienes verán incrementada su carga
administrativa debiendo establecer controles que les permitan efectuar
acreditamientos, compensaciones y/o devoluciones de IDE en forma
adecuada. Además, podrían tener un efecto negativo en flujo de efectivo, lo
cual dependerá de cada caso en particular.

3.1.3. CUENTA CONCENTRADORA.

Así mismo para efectos de esta Ley se precisa en su fracción tercera a
una Cuenta Concentradora, definiéndose a la que tenga a su nombre una
institución del Sistema Financiero en otra Institución del Sistema Financiero
para recibir recursos de sus clientes.

3.1.4. BENEFICIARIO FINAL Y PLAZO.

Por otra parte se hace la siguiente definición en la fracción IV del
artículo 12 de la ley en análisis.

Beneficiario Final, es la persona física o moral que sea cliente de la
Institución del Sistema Financiero titular de una cuenta concentradora.
PLAZO.- Debe entenderse como el lapso de tiempo dentro del cual debe
cumplirse con las obligaciones tributarias a efecto de que no se genere en los
sujetos pasivos incertidumbre jurídica. Así, la época de pago de la obligación
fiscal es el plazo o momento establecido por la Ley para que se satisfaga la
obligación.

Los sujetos pasivos de la obligación fiscal deberán realizar el pago o
cumplimiento en la época en que lo señalen las disposiciones fiscales, de
conformidad con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, el pago o cumplimiento de las obligaciones fiscales es de
carácter periódico, las leyes de la materia generalmente agrupan, tanto el
nacimiento, la determinación, liquidación y pago o cumplimiento de las
obligaciones, en determinados periodos a los que se denomina ejercicios
fiscales. En el sistema fiscal mexicano, estos ejercicios fiscales, según
expresa el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, abarcan un periodo
de doce meses y coinciden con el año calendario. Para efectos prácticos de
LIDE debemos avocarnos a conocer el apartado siguiente.
19

3.2. OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINACIERO.

Las Instituciones del Sistema Financiero (ISF) tendrán las siguientes
obligaciones:

I. Recaudar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo indistintamente de las
cuentas que tenga abiertas el contribuyente en la misma Institución de que
se trate.
Este precepto coloca dos supuestos tratándose de depósitos a plazos, el
primero refiere que entratándose de depósitos a plazo cuyo monto individual
exceda de $25,000.00, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo se recaudará
al momento en el que se realicen tales depósitos.

Otro supuesto radica que cuando una persona realice varios depósitos
a plazo en una misma Institución del Sistema Financiero, cuyo monto
acumulado exceda de $25,000.00 en un mes, dicha Institución deberá
recaudar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo de cualquiera de las
cuentas que tenga abiertas el contribuyente en ella. En el supuesto que dicho
contribuyente no tenga la titularidad de otra cuenta en la Institución que
recibió los depósitos, la Institución deberá recaudar los depósitos en efectivo
al vencimiento de cualquiera de los depósitos a plazo que hayan sido
realizados.

A sí se concluye que las ISF tienen la obligación de recaudar el impuesto el
último día del mes, cargándolo en cualquiera de las cuentas abiertas por el
contribuyente en la Institución, y en el caso de los depósitos en efectivo cuyo
monto exceda de $25,000.00, el impuesto se cargará al momento de hacer el
depósito; y si son varios los depósitos a plazo con los que se supera el monto
exento, el cargo se hará en cualquiera de las cuentas del contribuyente, de
otra manera al vencimiento del plazo de los depósitos realizados deberá
hacer el cobro o el descuento del IDE.
20

3.2.1. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.

Las Instituciones del Sistema Financiero serán responsables solidarios
con el contribuyente por el Impuesto a los Depósitos en Efectivo no
recaudado, cuando no informen a las autoridades fiscales SAT, SHCP, de
conformidad con la fracción III del artículo 4 de LIDE, cuando los fondos de
las cuentas no fueron suficientes para realizar la totalidad de dicho impuesto
o bien, cuando no hubiesen recaudado el impuesto en los plazos señalados
para ello, el último día del mes que se trate por omisión de la Institución
Financiera.
El derecho positivo mexicano establece al retenedor de la contribución bajo
el marco jurídico de la responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad
solidaria es la misma figura que se establece en el derecho civil.
Entendiéndose como responsable solidario, aquella persona que por imperio
de la ley o por mutuo propio tiene el deber de cumplir con las obligacionesdel sujeto principal. Así se obliga solidariamente en las obligaciones del
sujeto deudor. Este concepto es acuñado en el derecho civil, el cual ha
adquirido carta de naturaleza en el derecho tributario.
En México, esta figura tiene una amplia aplicación. La responsabilidad
tributaria se identifica con la responsabilidad solidaria. La finalidad de esta
figura es garantizar la recaudación del tributo; es un mecanismo de control
para la obtención del ingreso tributario. Recordemos que el alma de la
hacienda pública son los ingresos que la conforman; así los ingresos
tributarios representan obligaciones para los contribuyentes, obligaciones
que en muchas ocasiones no son del todo deseadas; por lo tanto, la
hacienda pública debe protegerse designando obligados al pago del tributo.
Así, el retenedor representa una garantía al fisco para hacer efectivas las
contribuciones.
21

El CFF contempla varios supuestos como responsabilidad solidaria. El que
nos interesa es el de retenedor, establecido en la fracción I del artículo 26 del
CFF., el cual establece que el monto de la responsabilidad va a depender del
monto de las contribuciones que está obligado a retener.
3.2.2. PLAZO PARA ENTERAR EL IMPUESTO.

La segunda obligación de las ISF será enterar el impuesto a los
depósitos en efectivo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por
medio del Servicio de Administración Tributaria, en un plazo el cual no debe
exceder de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se haya
recaudado el impuesto.

Ligada a esta obligación se encuentra el deber de informar mensualmente al
SAT el importe del impuesto recaudado y el pendiente por recaudar por falta
de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la Institución
Financiera.

3.3.3. ENTREGA DE CONSTANCIAS AL CONTRIBUYENTE.

La entrega de constancias de forma mensual y anual al contribuyente
donde se acredite el entero o en su caso el importe no recaudado del
impuesto, es una obligación por parte de las ISF , es fundamental para el
contribuyente ya que si en la constancia anual reporta un saldo del IDE no
pagado en el ejercicio fiscal, esto pudo haber tenido dos razones: que la ISF
no pudo recaudarlo por no ser suficientes los recursos depositados, o por
una omisión de la Institución Financiera. Las autoridades fiscales requerirán
al contribuyente el IDE no pagado con recargos y actualización conforme al
los artículos 17-A y 21 del CFF; aquí se hace a un lado a la ISF y se
concede el derecho de audiencia al contribuyente, donde se le notificará y le
otorgará un plazo de 10 días para que manifieste lo que a su derecho
convenga y la única defensa posible de probar sería que la Institución
22

Financiera no le manifestó en su constancia el impuesto no pagado. Es
entonces donde se podrá hacer efectiva la responsabilidad solidaria de la ISF
y liberar al contribuyente de la responsabilidad.

3.3.4. REGISTRO DE DEPÓSITOS E INFORMACIÓN ANUAL.

Las Instituciones del Sistema Financiero están obligadas a llevar un registro
de los depósitos en efectivo que reciban, además de proporcionar
anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información del impuesto
recaudado y no recaudado. Esto se encuentra establecido en el artículo 4,
fracciones VI y VII del la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

3. 3. ACREDITAMIENTO DEL IDE CONTRA EL ISR.

Antes de entrar a este tema es oportuno definir y asentar algunos
comentarios respecto a la figura del acreditamiento fiscal en el derecho
positivo mexicano.

En el lenguaje jurídico-fiscal, la figura acreditamiento de impuestos no se
encuentra definida en el derecho positivo mexicano.

Algunos estudiosos del derecho fiscal mexicano han opinado que el
acreditamiento de impuestos es una especie de compensación y otros han
manifestado su desacuerdo con tal opinión, sin profundizar en el análisis de
sus opiniones.

Por ejemplo Sergio Francisco Martínez de la Garza, dice: … en la monografía
de McKinley se le llama “compensación fiscal”. No estamos de acuerdo con
dicho nombre porque la institución de la compensación, tal como existe en
nuestro país desde hace siglos, implica la existencia de créditos recíprocos
que se extinguen hasta el monto del menor. Indudablemente aquí se trata de
otra institución jurídica.
23

Por su parte, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez señala: El Código Fiscal en
vigor regula un aspecto nuevo en la compensación a pesar de no designarlo
con este nombre, y es el relativo a la utilización de los estímulos fiscales a
que tengan derecho los contribuyentes, por lo que al ser créditos en favor del
particular, se compensan con adeudos tributarios a su cargo.

El artículo 25 del propio ordenamiento establece la posibilidad de pagar de
esta manera cuando sea mediante declaraciones periódicas, acreditando el
importe de los estímulos fiscales. Este acreditamiento resulta un tipo de
compensación de un crédito a cargo de un sujeto, contra un crédito a su
favor derivado de un estímulo fiscal. Dicho acreditamiento se encuentra
sujeto a formalidades, como comunicarlo a las autoridades administradoras
de los estímulos y presentar el documento que establezca el Certificado de
Promoción Fiscal o el Certificado de Devolución de Impuestos.

Por la importancia que actualmente tiene el acreditamiento de impuestos en
toda la legislación fiscal vigente, es interesante diferenciar sus
condicionantes y consecuencias comparativamente con la compensación
para determinar si es una forma de compensación o una figura distinta.

Para facilitar el análisis, en el acreditamiento de impuestos establecido en el
primer párrafo del artículo 6º de la Ley del Impuesto sobre la Renta la cual es
aplicable al acreditamiento de impuesto previstos en la ley de los Depósitos
en Efectivo y en las demás leyes impositivas mexicanas.

La compensación

La compensación como los dos tratadistas citados expresan, es una forma
de extinción de la obligación fiscal cuyas características emanan del derecho
civil.

El código civil federal en el capítulo intitulado: De la Compensación,
comprendido dentro del Título denominado: Extinción de las obligaciones,
establece los requisitos que deben reunirse para que opere la compensación,
así como los efectos que produce, como analizamos a continuación.

1. Requisitos:

a) Que las dos personas reúnan recíprocamente la calidad de deudores y
acreedores y por derecho propio.

b) Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o cuando
siendo fungibles las cosas debidas, sean desde su origen, de la misma
especie y calidad.

c) Que ambas deudas sean líquidas y exigibles, entendiéndose por líquidas
aquellas cuya cuantía se haya determinado o pueda determinarse dentro del
plazo de nueve días y por exigibles aquellas cuyo pago no pueda rehusarse
conforme a derecho.

Efectos:
El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos
deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

El acreditamiento de impuestos.

Si analizamos el acreditamiento de impuestos a la luz de los requisitos de la
compensación, podremos aclarar si existe coincidencia o no entre ambas
figuras y si aquélla es una especie del género compensación.

Requisitos:
25

a) La calidad de deudor del contribuyente no se da sino hasta el momento
en que esté obligado a presentar su declaración, esto atendiendo al principio
de autodeterminación del impuesto establecido en nuestra legislación.
Paralelamente, la calidad de acreedor del fisco federal tampoco se da hasta
que el contribuyente ha determinado un impuesto a su cargo y hubiese
efectuado un pago de impuesto sobre la renta en el extranjero que en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta le dé derecho del
acreditamiento.

En esta figura, ladeuda del fisco federal cuyo acreditamiento tiene el efecto
de disminuir cuantitativamente la deuda del contribuyente, nunca existió
como tal ni dio derecho al contribuyente de exigir su pago al fisco federal.

Lo que realmente produce la disminución de la deuda a cargo del
contribuyente es la realización de los supuestos legales que le otorgan un
derecho mismo, que nunca es reconocido como una deuda del fisco ni por la
Ley ni por el fisco mismo.

A diferencia de la compensación, en el acreditamiento de impuestos nunca
existe realmente una deuda a cargo del fisco federal, sino un derecho del
contribuyente a disminuir el importe de su obligación fiscal de pago si se ha
colocado en la posición de deudor y consecuentemente de acreedor del
fisco, después de aplicar las disposiciones de la propia ley.

b) Indiscutiblemente, la deuda autodeterminada por el contribuyente y el
derecho que le otorga la ley de disminuir su importe, consisten en una
cantidad de dinero.

c) Basándonos en el principio de autodeterminación del impuesto,
consideramos que la deuda determinada por el contribuyente es líquida y
exigible.

El derecho del contribuyente de disminuir de su obligación de pago el
importe del pago efectuado a un fisco extranjero, como ya lo expresamos
antes, no constituye una deuda cuyo pago pueda exigirse al fisco federal,
sino que es un derecho que emana de la ley.

Efectos:

A diferencia de la compensación que produce el efecto de extinguir
ambas deudas hasta el importe de la menor por ministerio de ley, el
acreditamiento de impuestos produce el efecto de disminuir el importe del
impuesto a pagar por el contribuyente.

Del análisis comparativo de ambas figuras, encontramos que existen
diferencias entre ellas que permiten establecer que el acreditamiento de
impuestos no es una especie de compensación sino una figura diversa con
efectos distintos.

Podemos concluir que el acreditamiento de impuestos es una institución de
derecho público, exclusiva del derecho fiscal, que permite al contribuyente
disminuir del importe de la obligación fiscal que a su cargo hubiese
determinado de conformidad con la ley, el importe que la ley determine en
cada caso.

Para los efectos de la ley que se analiza, en su artículo 7º establece que el
impuesto efectivamente pagado en el ejercicio de que se trate, será
acreditable contra el impuesto sobre la renta a cargo en dicho ejercicio, pero
no contra el pago provisional acumulado del ISR y si hay un remanente se
puede compensar contra otras contribuciones federales conforme al artículo
23 del Código Fiscal de la Federación; si subsistiere alguna diferencia podrá
ser solicitada en devolución.

Es importante señalar que este derecho a acreditar es personal del
contribuyente que pague el impuesto a los depósitos en efectivo, lo cual
significa que no podrá ser transmitido a otra persona ni como consecuencia
de la fusión o escisión de sociedades.

CAPÍTULO 4. CONEXIÓN DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN
EFECTIVO (IDE) CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN
MATERIA TRIBUTARIA.

Los principios constitucionales de los tributos establecen los
lineamientos del sistema jurídico tributario y se encuentran consagrados en el
artículo 31, fracción IV, constitucional, a saber: legalidad, destino al gasto
público, proporcionalidad y equidad.

Para Arrioja Vizcaíno,”los principios que en materia tributaria aparecen
consignados en la Constitución, representan las guías máximas de todo el
orden jurídico tributario, debido a que las normas que integran dicho orden
deben reflejarlos y respetarlos en todo momento, ya que de lo contrario
asumirán caracteres de inconstitucionalidad y por consiguiente, carecerán de
validez jurídica.”9

Lo anterior es así, si tomamos en consideración que las normas
constitucionales revisten un carácter jerárquicamente supremo en relación
con las que tienen carácter de ordinarias o de cualquier orden secundario o
derivado de ésta.

De modo que, cualquier norma secundaria debe ser acorde y respetar
las máximas contenidas en la Constitución Federal, so pena de
inconstitucionalidad al transgredir los límites establecidos en ella; en efecto,
la inconstitucionalidad de una norma secundaria acontece al desacatar lo
previsto en un precepto constitucional.

Es conveniente señalar que existen principios o exigencias
constitucionales de aplicación exclusiva a la materia tributaria, de modo tal

9 Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho fiscal, 9ª edición, Themis S.A. de C. V., México 1994, p. 245.
29

que de no utilizarse en la realidad tributaria no tendrían tal aplicación y otros
que se aplican o rigen por igual en materia tributaria y en otros ámbitos tales
como el civil, el mercantil, etc.10

Por lo que hace a los principios de aplicación exclusiva de la materia
tributaria, estos principios los tenemos en el artículo 31, fracción IV
constitucional y de los segundos un ejemplo es el principio de no
retroactividad del artículo 14, que también es de orden constitucional.

Así, el poder público tiene limitaciones fijadas en nuestra Ley
Fundamental, tanto en la forma, modo de establecer y manera de hacer
efectivas las contribuciones, como para determinar los conceptos y magnitud
del ingreso para sufragar los gastos públicos, en virtud de que se debe
observar un procedimiento señalado en el texto mismo de la Constitución
General de la República (y en su caso las particulares de los Estados) para
establecer los ingresos y autorizar los gastos públicos. Por otro lado, respetar
las garantías individuales otorgadas por la Constitución, mismas que
constituyen una parte de las limitaciones constitucionales al poder del Estado
en sus diversas manifestaciones11.

En síntesis, la doctrina considera que estas limitaciones o reglas
básicas de la materia fiscal tienen su origen en la Constitución, se conocen
como “Principios Constitucionales de los Tributos”, y se encuentran
consagrados en el artículo 31, fracción IV, constitucional, a saber:
“Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:

(...)

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

10 Jiménez González, Antonio, Lecciones de derecho tributario, Thomson, México 2004, p. 199.
11 Cárdenas Elizondo, Francisco, Introducción al estudio del derecho fiscal, Porrúa S. A. de C. V.
México 1992, p. 38.
30

El artículo anterior establece la obligación de todos los mexicanos de
contribuir para los gastos públicos; reconoce el derecho de la Federación,
Distrito Federal o Estado y Municipio en que resida el contribuyente a percibir
contribuciones; las contribuciones deben ser destinadas para cubrir los
gastos públicos; deben ser equitativas y proporcionales; y deben estar
establecidas en Ley.

Al respecto, podemos señalar el criterio jurisprudencial siguiente:

“IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De acuerdo
con el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, para la validez
constitucional de un impuesto se requiere la satisfacción de tres
requisitos fundamentales; primero, que sea establecido por ley;
segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se
destine al pago de los gastos públicos. Si falta alguno de estos
tres requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo
estatuido por la Constitución General. Ahora bien, aun cuando
respecto de los requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal
Pleno no ha precisado una fórmula general para determinar cuándo un
impuesto cumple dichos requisitos, que traducidos de manera breve
quieren decir de justicia tributaria, en cambio, de algunas de lastesis
que ha sustentado, pueden desprenderse ciertos criterios. Así se ha
sostenido, que, si bien el artículo 31 de la Constitución, que establece
los requisitos de proporcionalidad y equidad como derecho de todo
contribuyente, no está en el capítulo relativo a las garantías
individuales, la lesión de este derecho sí es una violación de garantías
cuando los tributos que decreta el Poder Legislativo son notoriamente
exorbitantes y ruinosos. También este Tribunal Pleno ha considerado
que la equidad exige que se respete el principio de igualdad,
determinando que es norma de equidad la de que se encuentren
obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo
establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación
los que están en situación jurídica diferente o sea, tratar a los iguales
de manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado que se
vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean
proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es exorbitante y
ruinoso y que la equidad exige que se respete el principio de igualdad.

Registro: 232.308, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional,
Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación, Tomo: 187-192 Primera Parte, p 111.

Genealogía:
Informe 1974, Primera Parte, Pleno, p. 321.
Informe 1981, Primera Parte, Pleno, tesis 16, p. 577.
Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 57, p. 112.
Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 173, p. 173.”
31

Tenemos entonces que los principios de legalidad, destino al gasto
público, proporcionalidad y equidad, representan una salvaguarda para los
contribuyentes y un límite para el legislador cuando establece una
contribución y su cumplimiento significa la justicia tributaria.

4.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

El principio de legalidad tributaria queda instituido en el artículo 31,
fracción IV, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que al imponerse en dicho artículo la obligación de los ciudadanos a
contribuir a los gastos públicos, se indica además la forma en que debe
contribuirse, estos es, “…de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.”

De esta manera, la garantía de legalidad tributaria no deja al arbitrio
de los ciudadanos, ni del Estado la forma de contribuir, sino que somete
dicha forma a lo que se indique, establezca o disponga en las leyes fiscales.

En concordancia con lo anterior, resulta conveniente señalar lo que
mencionan diversos autores:

Enrique Betancourt Partida, expresa: “Todos los elementos del
impuesto deben establecerse con precisión en la ley fiscal. El principio
constitucional de legalidad se consagra en la fracción IV, del artículo 31, un
reforzamiento de lo establecido en esta fracción se establece en el artículo
14 Constitucional que garantiza que ninguna persona podrá ser privada de
sus propiedades, posesiones o derechos si no es conforme a las leyes
expedidas por el Congreso.”12

12 Betancourt Partida, Enrique, El ABC de los impuestos en México, Thomson, México 2004, p. 1.
32

En este mismo sentido, Francisco Cárdenas Elizondo indica: “Al
disponerse en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las
contribuciones que se tiene la obligación de pagar para sufragar los gastos
públicos deben estar establecidas por las leyes, en realidad se reitera la
garantía contenida en el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental”:13

Sergio Francisco De la Garza, menciona: “La garantía de legalidad se
establece en el artículo 16 Constitucional, según la cual las autoridades sólo
pueden hacer lo que la Ley les permite, pues todos sus actos deben estar
fundados y motivados en una Ley preexistente, Ahora bien, la legalidad
tributaria señala que todos los elementos de un impuesto deben estar
contemplados en una ley y puede expresarse mediante el aforismo, adoptado
por analogía en el derecho penal, “nullum tributum sine lege”.14

Es observable que los citados autores coinciden en que la garantía de
legalidad tributaria se instituye en el artículo 31, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la vinculan con la garantía de
legalidad general prevista en el diverso 16 y 14 del mismo ordenamiento
supremo.

Ahora bien, la legalidad puede entenderse como aquello que
pertenece a la ley y es conforme a ella; el principio de legalidad tributaria se
refiere a que las contribuciones así como los elementos de las mismas,
deben necesariamente establecerse en las leyes fiscales y su finalidad es la
de otorgar al contribuyente seguridad, claridad y certeza al cumplir con la
obligación de contribuir para los gastos públicos; partiendo de estas premisas
concluimos que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo es legal ya que en el
ejercicio de la facultad constitucional conferida al Ejecutivo Federal y con
fundamento en los artículos 71 fracción I y 72 apartado H de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió la Ley del Impuesto a

13 Cárdenas Elizondo, Francisco, Op. Cit. p. 388
14 De la Garza, Sergio Francisco, Op. Cit. p. 265.
33

los depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º
de octubre de 2007, la cual entrará en vigor el 1º de julio de 2008.

4.2. PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece la obligación
de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del
Distrito Federal o Estado y Municipio en que residan los contribuyentes. Este
principio es la principal justificación de la relación jurídico-tributaria y es una
condición de validez constitucional de los tributos, en virtud de que los
ingresos tributarios tienen como finalidad costear el gasto público.

Se entiende por gasto público a “todas las erogaciones que realiza el
Estado, estando su realización y desarrollo supeditados a principios de tipo
económico, de tipo financiero y, por supuesto, bajo un régimen de legalidad
encabezado por la norma constitucional. “15

Ahora bien, el gasto público, según los doctrinarios, tiene un sentido
social y un alcance de interés colectivo; es y será siempre el importe de lo
recaudado por la Federación, siempre que se destine a la satisfacción de las
atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o
sociales, o con los servicios públicos que presta.

En relación con lo anterior, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos prevé las facultades exclusivas de la Cámara de
Diputados en el artículo 74, particularmente la Fracción IV, aprobar
anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen,
discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el ejecutivo
federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben
decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.

15 Curiel Villaseñor, Omar, Principios tributarios, Fondo Editorial ISEF, México 2002, p. 37.
34

Ahora bien, la fracción VII, del artículo 73, Constitucional, prescribe
que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias
para cubrir el presupuesto; asimismo, el artículo 126 de la misma Ley
Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté
comprendido en el presupuesto o determinado en una ley posterior.

Materialmente, el concepto de gasto público consiste en el destino de
las contribuciones para la realización de una función pública, específica o
general, a través de erogaciones realizadas por la Federación o
indirectamente por conducto del organismo descentralizado facultado por la
ley; y formalmente, el concepto de gasto público se da cuando en el
Presupuestode Egresos de la Federación se prevé la partida
correspondiente.

En la Convención Nacional Hacendaria celebrada en 2004, uno de los
principales diagnósticos fue que los ingresos fiscales en México son
excesivamente reducidos, luego de ser comparado con países con desarrollo
similar al nuestro, el porcentaje es inferior de aquellos, considerando que la
evasión fiscal se ha incrementado a un nivel superior al 15%.En ese sentido,
la evasión fiscal influye de manera negativa en la recaudación. La LIDE
busca proveer a la autoridad fiscal de herramientas adecuadas que le
permitan impulsar las obligaciones fiscales, específicamente en materia del
ISR, a efecto de propiciar una recaudación eficiente que proporcione los
ingresos necesarios para sufragar el gasto público.

4.3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Por lo que hace al principio de proporcionalidad, el artículo 31, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que
de debe contribuir para los gastos públicos, de la Federación, del Distrito
Federal, del Estado o Municipio en que se resida, siendo la forma en que
debemos contribuir de una manera proporcional y equitativa.
35

La “Proporcionalidad: implica gravar al contribuyente en función
de su capacidad económica, es decir, debe tener un ingreso que modifique
de manera positiva su situación patrimonial, para poder afirmar que existe la
capacidad de pagar impuestos.”16

Dicho de otra manera, la modificación positiva del patrimonio del
contribuyente es una manifestación reveladora de la capacidad contributiva,
por tanto, debe gravársele necesariamente en razón de esa capacidad
contributiva, empero, para ello será necesario atender también al efecto
negativo del patrimonio, de tal manera que sea evidente una real
modificación positiva la que se tome en cuenta para gravar al sujeto pasivo.
Dicha modificación positiva o negativa del patrimonio se refiere a que refleje
la utilidad real del ingreso.

En relación con lo anterior, Arrioja Vizcaíno, señala: “la
proporcionalidad implica que los gravámenes se fijen en las leyes de
acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera
que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma
cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos, por esto
se sostiene que los únicos tributos que se ajustan al Principio de
Proporcionalidad son los que se determinan por medio de tarifas
progresivas”.17

Al respecto de la proporcionalidad, nuestro más alto Tribunal ha
dispuesto:

“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR
CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los
tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben
contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad

16 Betancour Partida, Carlos Enrique Op Cit. p. 1
17 Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Op. Cit. p. 257.
36

contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos,
utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada.
Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con
la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las
personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma
cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para
que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el
mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta
como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el
legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se
trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las
contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una
situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias
son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se
vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea,
aquella que finalmente, según las diversas características de cada
contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad
específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de
sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que
un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el
impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los
causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una
mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor
proporción.

Registro: 184.291 Jurisprudencia Materia(s):Administrativa Novena
Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta Tomo: XVII, Mayo de 2003 Tesis: P./J. 10/2003 p. 144.”

En síntesis, el principio de Proporcionalidad reside en que los sujetos
pasivos deben contribuir para los gastos públicos en función de su
respectiva capacidad contributiva, la cual debe ser gravada diferencialmente
conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea
distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio
reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y debe
encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Así lo ha sostenido la
doctrina y nuestro máximo tribunal en reiteradas ocasiones.

4.3.1. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA.

La capacidad contributiva es la que se encuentra estrechamente
relacionada con el principio de proporcionalidad, y se refiere a la aptitud del
contribuyente a soportar la carga fiscal en la magnitud de dicha capacidad
contributiva.
Al respecto, Francisco Cárdenas Elizondo señala: “…al vincular la
garantía de proporcionalidad con el principio de la capacidad contributiva
reconocido por la doctrina del Derecho Tributario, y al referir la garantía de
equidad, al principio de igualdad ante la Ley Fiscal de todos los sujetos
pasivos de un mismo tributo, de manera que reciban un tratamiento idéntico
en cuanto a los supuestos de causación, acumulación de ingresos gravables,
deducciones permitidas, plazos de pago, etc.; y, por otra parte, al precisarse
que la proporcionalidad y equidad no pueden derivar de situaciones
particulares de un contribuyente, sino, de circunstancias generales que la ley
fiscal establece en relación con el conjunto de los sujetos pasivos de la
contribución.”18

En relación con lo anterior, Antonio Jiménez González señala: la
fórmula mediante la cual se consagra este principio es la que reza “…de la
manera proporciona…l”, la proporcionalidad en este contexto no ha de ser
entendida en su acepción coloquial o popular, sino en su significado técnico
tributario. Los tributos, para ser proporcionales, han de ser impuestos
atendiendo al criterio de capacidad contributiva, ningún otro criterio puede ser
utilizado por el legislador para determinar quiénes han de ser llamados a
financiar el gasto público mediante el pago de tributos. Ello significa que por
mandato constitucional, la única razón por la que alguien ha de soportar a
título de contribuyente la obligación de pago del tributo es por tener
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA y por ende, sólo han de soportar tal obligación
quienes tengan tal aptitud económica. Por fuerza del mismo mandato la

18 Cárdenas Elizondo Francisco, Op. Cit. p. 394
38

carga tributaria que ha de soportar a título de contribuyente quien detente
capacidad contributiva ha de ser acorde a ella finalmente, por virtud de la
misma exigencia han de ser excluidos de soportar tal carga quienes no
tengan capacidad contributiva.”19

Acorde a lo anterior, capacidad contributiva debe entenderse como la
potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, es decir, derivado de
una modificación positiva en el patrimonio delcontribuyente se tendrá
capacidad contributiva, atendiendo, por supuesto la modificación negativa del
patrimonio.

Con los anteriores conceptos podemos concluir que en la LIDE se
cumple el principio de proporcionalidad vinculado al de capacidad
contributiva, ya que sólo los depósitos en efectivo superiores a $25,000
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N) serán gravados y sólo por cuanto su
excedente, esto es si un depósito es de $26,000 (veintiséis mil pesos 00/100
M.N) sólo gravarán el 2% de los mil pesos excedente y más aun, si las
actividades se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes
este impuesto sea acreditable ante el ISR.

4.4. PRINCIPIO DE EQUIDAD.

Ahora bien, el concepto de equidad está íntimamente relacionado con
el de proporcionalidad, ya que ambos conjunta o separadamente dan la idea
de justicia, es decir, que los impuestos sean justos y acordes con cada
persona sujeta de dichas contribuciones, tal como lo establece la
Constitución. Para Luís Humberto Delgadillo, “La equidad es igualdad de
ánimo, un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber o la
conciencia, más que por los mandatos de la justicia. El principio de equidad
concede universalidad al tributo; el impacto que éste origine debe ser el

19 Jiménez González, Antonio, Op. Cit. p. 205.
39

mismo para todos los implicados en la misma situación así como para Jesús
Quintana Vatierra, y Jorge Rojas Yáñez, la equidad es “el medio racional
para limitar la excesiva generalidad de la ley; implica un sentido de
moderación, de relación y de armonía entre una cosa y aquello que le es
propio y se adapta a su naturaleza íntima.”20

Ahora bien, podemos decir que la equidad, radica en “dar un trato
igual a los iguales y desigual a los desiguales”; en términos fiscales significa:
que todos los contribuyentes debemos ser tratados por igual, ejercer las
mismas deducciones, cumplir las diversas obligaciones en los mismos
plazos, etc.

En este principio constitucional puedo mencionar que si bien es cierto
sólo son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que
depositen en efectivo y mensualmente cantidades superiores a $25,000
(veinticinco mil pesos 00/100 M.N) y éstos podrán acreditarlo ante el
Impuesto sobre la Renta ya declarado, pero recordando que en su artículo 7º
donde se establece el acreditamiento del IDE contra el ISR, excluye de este
derecho a las sociedades que se hayan fusionado.
Las figuras jurídicas (fusión y escisión), tienen como objeto diversas razones
de negocio como pueden ser: la suma de capitales, tecnologías y recursos
de toda índole; integración de negocios para crear nuevas sinergias;
simplificación de estructuras corporativas; reducción de costos; mayor
competitividad, y en resumen, el aprovechamiento de los bienes y derechos
de cada entidad económica en beneficio del crecimiento corporativo, del
capital y de la generación de utilidades, con los consecuentes efectos en el
empleo y la generación de mayores contribuciones, si se excluyen de este
acreditamiento se traduce en un doble gravamen, ya que pagarían además
el Impuesto Sobre la Renta, que resulta inconstitucional por la falta de

20 Quintana Vatierra, Jesús y Rojas Yáñez, Jorge. Op Cit. p. 82
40

proporcionalidad al gravar un mismo acto por las dos vías transgrediendo
además este artículo de esta Ley el principio de equidad.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las contribuciones quedan comprendidas en el Código
Fiscal de la Federación como: impuestos, aportaciones de seguridad
social, contribuciones de mejoras y derechos.
Así también quedo establecido que los componentes o elementos de
las contribuciones son: sujetos, objeto, base, tasa o tarifa y época de
pago.

SEGUNDA.- Admitimos al impuesto como una obligación unilateral,
impuesta coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de
soberanía o poder de imperio.

TERCERA.- Se determina que los elementos del Impuesto a los
depósitos en efectivo, los sujetos activo (el Estado) y pasivo (las
personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos de
causación), objeto (depósitos que excedan de $ 25,000 veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.), base (el excedente de la cantidad determinada),
tasa o tarifa (aplicación porcentual del 2%).

CUARTA.- Resultando que están obligados al pago del IDE las
personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo,
en moneda nacional o extranjera, que realicen en cualquier tipo de
cuenta que tengan en las Instituciones del Sistema Financiero, cuya
suma exceda $ 25,000 veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en un mes.

QUINTA.- Se define que los depósitos que no se consideran como
efectivo son los que se efectúen a favor de personas físicas y morales
42

mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito
o cualquier otro documento o sistema pactado con Instituciones del Sistema
Financiero, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba.

SEXTA.- En definitiva se concluye que no están obligados al pago del
IDE
• La Federación, las entidades Federativas, incluyendo al Distrito
Federal, los municipios y las entidades de la administración pública
paraestatal que conforme al título III de la LISR o de la LIF estén
considerados como no contribuyentes del ISR.
• Las personas morales con fines no lucrativos conforme al título III
de LISR.
• Las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que
realicen, hasta por un monto acumulado de $ 25,000 veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.) en cada mes, excepto por adquisiciones en
efectivo de cheques de caja.
• Las instituciones del sistema financiero por los depósitos en
efectivo que reciban por su intermediación financiera o por la
compraventa de moneda extranjera.
• Las personas físicas por los depósitos en efectivo que a su vez
sean ingresos por los que no se pague el impuesto sobre la renta en
los términos del art. 109, fracción XII, de la LISR (agentes diplomáticos
y consulares, empleados de embajadas, miembros de delegaciones
oficiales, entre otros).
• Las personas que realicen depósitos en efectivo con motivo de
los créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero hasta
por el monto adeudado a las mismas.

SÉPTIMA.- Decisivamente las obligaciones que tienen las instituciones
del sistema financiero en relación con el IDE son:
• Recaudar el impuesto el último día del mes de que se trate de
cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente.
• Enterar el impuesto en el plazo y en los términos que mediante
reglas establezca la SHCP, el cual no debe exceder de tres días
hábiles a aquel en el que se haya recaudado.
• Informar mensualmente al SAT el importe del impuesto
recaudado y el pendiente de recaudar por falta de fondos en las
cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución de que se
trate.
• Recaudar el impuesto que no hubiera sido colectado en el último
día del mes de que se trate por falta de fondos, en el momento en el
que se haga algún depósito durante el ejercicio fiscal en cualquiera de
las cuentas que tenga el contribuyente en la institución financiera.
• Entregar al contribuyente de forma mensual y anual las
constancias que acrediten el entero del impuesto a los depósitos en
efectivo.
• Llevar un registro de los depósitos en efectivo que reciban.
• Proporcionar anualmente, a más tardar el 15 de febrero, la
información del impuesto recaudado y del pendiente por recaudar.
• Informar a los titulares de las cuentas concentradoras, sobre los
depósitos en efectivo realizados en ellas.
OCTAVA: Se resuelve que si alguna Institución del Sistema Financiero
no informa a las autoridades fiscales si los fondos de las cuentas del
contribuyente