El-fracaso-del-Sistema-Penitenciario-del-Distrito-Federal--los-deficientes-programas-de-reinsercion-social

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES 
TESINA: 
EL FRACASO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO DEL DISTRITO FEDERAL. 
LOS DEFICIENTES PROGRAMAS DE 
REINSERCIÓN SOCIAL 
 
PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN-PERIODISMO 
 
DIANA KARINA MARTÍNEZ ALFARO 
 
ASESOR: 
DAVID MENDOZA SANTILLÁN 
 
MÉXICO DF, 2015 
 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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ÍNDICE 
El Fracaso del Sistema Penitenciario del Distrito Federal. Los Deficientes 
Programas de Reinserción Social 
Introducción 4 
Capítulo 1 
„Nadie confía en mí porque estuve en la cárcel‟ 10 
1.1 El Objetivo de la prisión 14 
1.2 La pena privativa de libertad 16 
1.3 Sistema Penitenciario del Distrito Federal 17 
Capítulo 2 
El ocio tras las rejas 20 
2.1 Pagan por su libertad 23 
2.2 „Custodios ven corrupción como un derecho‟ 30 
2.3 Falla industria penitenciaria 32 
2.4 Reinciden 40% de reos 36 
2.4.1 Hacen del delito su estilo de vida 39 
2.4.2 Manufacturan ropa interior… y también extorsionan 41 
2.5 „El significado de justicia es en realidad venganza‟ 42 
Capítulo 3 
Intentan reinsertar, pero padecen corrupción 47 
3.1 Un mal comienzo 52 
3.2 La figura desaprovechada 55 
 
 
 3 
Capítulo 4 
Prometen reinsertar a reclusos 64 
4.1 Tratamiento a reclusos al antojo de las autoridades 66 
4.2 Carecen cárceles de presupuesto propio 67 
4.3 Cárceles autosustentables 70 
4.4 Dependen del factor humano 73 
Conclusiones 77 
Bibliografía 91 
Hemerografía 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
INTRODUCCIÓN 
 
En 2006 realicé mi servicio social en el área de Comunicación Social de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y entre las 
principales actividades que realicé, destaca la elaboración de comunicados de 
prensa sobre detenciones de probables responsables de un delito. 
Al asistir a las conferencias que daban los funcionarios a los representantes de 
los medios de comunicación, me percaté que se buscaba destacar la 
peligrosidad de los detenidos y de ser el caso, la reincidencia de éstos. 
Los reporteros que daban seguimiento al caso eran pocos, y optaban por 
difundir a la sociedad la información que les daba la institución que en todo 
momento buscaba mostrar efectividad en el combate a la delincuencia. 
Algunos de los detenidos salían de prisión por falta de pruebas y nunca se 
informaba que eran inocentes aunque ante los ciudadanos aparecían como los 
delincuentes más peligrosos. 
En el peor de los casos, se quedaban en prisión sin que sus abogados 
pudieran demostrar su inocencia a pesar de que la PGJDF había realizado una 
mala investigación del caso. 
Años después la cobertura de temas policiacos no cambió mucho. 
En 2008 ingresé al periódico REFORMA como reportera de la sección de 
Justicia y de Seguridad del periódico Metro. 
Comencé cubriendo homicidios, riñas, accidentes de tránsito, y operativos 
policiales en los que se señalaba que los detenidos eran integrantes de bandas 
delictivas dedicadas a algún delito aunque no se tuviera la certeza de esto. 
Después me asignaron la cobertura de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y del Sistema Penitenciario. 
El organismo defensor de derechos humanos informaba constantemente de los 
agravios que se cometían en las cárceles del Distrito Federal, pero la realidad 
en estos lugares era aún más atroz de cómo la señalaba el entonces 
Ombudsman Emilio Álvarez Icaza, quien posteriormente asumió el cargo del 
secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Las prisiones siempre han sido un mundo difícil de explorar, principalmente 
para los medios de comunicación, a quienes se les cierran las puertas de estos 
 
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lugares ante el temor de que evidencien la mala operación y la ineficacia de las 
autoridades. 
Obtener información sobre los sucesos en los reclusorios no fue sencillo, pues 
incluso una entrevista con internos representaba un riesgo como reportera y 
para la integridad de éstos. 
Las solicitudes de entrevista que realizaba a la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, encabezada entonces por Celina Oseguera Parra, eran 
revisadas meticulosamente por las autoridades carcelarias, quienes 
cuestionaban severamente el interés por un tema. 
Las autoridades carcelarias tardaban en autorizar las entrevistas y si la nota se 
publicaba con información negativa para éstas, las próximas solicitudes eran 
casi imposibles de concretarlas. 
En el libro La Libertad de expresión en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de Sergio García Ramírez y Alejandra 
Gonza, se señala que la libertad de expresión es una piedra angular en la 
existencia de una sociedad democrática y es indispensable para la formación 
de la opinión pública, y si no se está informado no se es plenamente libre. 
Los autores indican que la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son 
indivisibles y que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 
libremente. 
El Sistema Penitenciario enviaba invitaciones a los medios de comunicación 
para que éstos dieran cobertura a eventos que destacaban los logros de las 
autoridades. Ése era el tipo de información que se podía obtener. Entrevistas 
con internos previamente aleccionados y quienes sólo podían enfocarse en los 
temas del evento, así como discursos reciclados de funcionarios que poco 
hablaban de los problemas carcelarios o preferían olvidarlos. 
Algunos reporteros, principalmente aquellos con más años cubriendo estos 
temas, consideraban que acudir a loseventos en las cárceles del Distrito 
Federal, significaba solapar la farsa de las autoridades. 
Y es que desde que se ingresaba a los reclusorios, las autoridades de 
comunicación social ordenaban a los custodios seguir en todo momento a los 
 
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reporteros, quienes debían portar una casaca en colores rojo, azul, amarillo o 
verde que se distinguían entre la población penitenciaria. 
El argumento de los funcionarios para vigilar en todo momento a los reporteros, 
era que se debía velar por la seguridad de los representantes de los medios de 
comunicación. 
Los reporteros sabíamos que era para evitar que nos acercáramos a los 
reclusos y habláramos de otros temas de interés para la ciudadanía y que 
evidenciaban la corrupción que reinaba en las prisiones. 
Para la población penitenciaria, el ingreso de reporteros a las cárceles es una 
oportunidad para ser escuchados sobre su situación jurídica o inconformidades 
con las condiciones carcelarias o malos tratos del personal penitenciario. 
Los reclusos buscan acercarse a los reporteros para contarles su historia, pero 
apenas son vistos por el personal de seguridad se alejan temerosos. 
Esta actitud de las autoridades me hizo pensar que la falta de personal 
capacitado en atención a medios de comunicación era el motivo de tanta 
opacidad. 
Esto en realidad era sólo una de las causas, ya que eran evidentes otros 
intereses del Gobierno del Distrito Federal por esconder los problemas 
carcelarios incluso valiéndose de cartas enviadas a los editores para desmentir 
notas sustentadas con estadísticas, grabaciones y declaraciones de 
funcionarios penitenciarios. 
En enero de 2013 asumió el cargo de directora de las cárceles del DF, María 
Mayela Almonte Solís, quien enfrentó críticas por la labor de Verónica Peñuñuri, 
directora de Comunicación Social y quien fue separada del cargo debido a la 
inconformidad de reporteros por la negativa para dar información. 
Aunque la dirección de esta área quedó a cargo de personas que estuvieron en 
medios de comunicación, la información que se proporcionaba a los reporteros 
no siempre es la mejor y la más oportuna. 
Posteriormente me asignaron además la cobertura del Poder Judicial local, lo 
que faltaba para percatarme de los errores de todo el sistema de justicia. 
Sin embargo, a diferencia de otras fuentes informativas del sector policiaco y 
judicial, la de reclusorios fue la que me generó mayor sensibilidad en las 
coberturas. 
 
 7 
Y es que ingresar a un reclusorio sin acreditarse como reportera no es sencillo. 
Esto representa un riesgo, ya que de ser detectada por las autoridades 
carcelarias tendría que abandonar el centro penitenciario, lo que nunca ocurrió. 
Algunos internos o reclusas me registraban en su kárdex como amiga para 
poder ingresar a los reclusorios, lo que no es ilegal. 
Sin embargo, al acudir como visita debía hacer fila varias horas para poder 
ingresar y enfrentar los malos tratos, revisiones exhaustivas, y acoso por parte 
de custodios, ya que no entraba como reportera si no como “amiga” de algún 
interno. 
Ya al interior, me percataba de las malas condiciones y la corrupción que las 
autoridades insistían en ocultar cuando nos invitaban a diversas coberturas. 
Los conocimientos adquiridos durante mi labor como reportera y en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales me llevaron a elaborar este reportaje y a través 
de géneros periodísticos exponer la forma en que operan las cárceles del 
Distrito Federal. 
Otro objetivo es que los servidores públicos de las instancias de seguridad 
pública, de administración y procuración de justicia y penitenciarias, sean más 
conscientes de la importancia de la labor que desempeñan, asuman sus 
errores y mejoren su trabajo para que los problemas de las prisiones dejen de 
verse como un mal histórico al que la sociedad ya se acostumbró. 
Decidí elaborar este reportaje, ya que considero que mediante una redacción 
ágil y basada en la experiencia, los lectores se interesarán en el tema. 
El reportaje se compone de cuatro capítulos en los que se señalan los 
problemas que hay no sólo en las cárceles sino desde las corporaciones 
policiales e instancias de justicia, y cómo su mal desempeño se refleja en las 
prisiones. 
Y es que cuando se critica al Sistema Penitenciario, pocos servidores públicos 
asumen su responsabilidad en las fallas de éste a pesar de que han contribuido 
a que los centros penitenciarios tengan condiciones de vida deplorables. 
En el primer capítulo se explican los objetivos de la prisión y si ésta ha 
funcionado. 
 
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Se exponen las características e historia de las cárceles capitalinas a fin de 
conocer su ubicación en la Ciudad de México y si han cumplido con el objetivo 
por el que fueron construidas. 
Funcionarios y expertos opinan constantemente sobre la operación de las 
prisiones, sin embargo, los reclusos son los que padecen todos los días las 
problemáticas de éstas. 
Es por eso que en el segundo capítulo expongo las actividades que realizan los 
internos al interior de la prisión. 
A través de entrevista a un recluso, éste relata cómo ha sido su estancia en la 
cárcel y sobre las posibilidades que tiene de cumplir su proyecto de vida 
cuando regrese a las calles, lo que parece incierto, ya que cuando se elaboró 
este reportaje aún no era sentenciado. 
También entrevisté a una ex directora de cárceles capitalinas, quien dio su 
opinión sobre los problemas de éstas y la forma en que la mala operación de 
estos centros de reclusión influye en el destino de los reclusos. 
En este apartado se muestran además casos de personas para las que la 
prisión es un lugar del que pueden entrar y salir con facilidad. Y para muchos 
estos lugares son ideales para seguir delinquiendo. 
Una experta en derechos humanos da su opinión sobre los errores cometidos 
por las autoridades y que han ocasionado que los reclusos tengan cada vez 
menos oportunidades de vivir dignamente al interior y exterior de la prisión. 
La tercera parte señala la forma en que operan las áreas encargadas de 
reinsertar a los reclusos a la sociedad y cómo las reformas legislativas han 
derivado en nuevas figuras y cambios en las funciones de éstas. 
En el cuarto capítulo se destacan los esfuerzos de las autoridades por mejorar 
la situación carcelaria a través del cumplimiento de leyes e instrumentos en 
materia de derechos humanos.También se señalan los problemas que los 
servidores públicos enfrentan al tratar de implementar programas que se 
traduzcan en cárceles más dignas con posibilidades de que los internos tengan 
herramientas para cumplir su proyecto de vida. 
Este reportaje se basa en entrevistas, notas informativas publicadas en 
diversos medios de comunicación, principalmente en el periódico Reforma, que 
es el que mayor cobertura suele dar al tema de reclusorios. 
 
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Este trabajo es el resultado de labor como reportera y mi constante contacto 
con reclusos, servidores públicos, académicos, organismos defensores de 
derechos humanos, víctimas del delito, policías, y jueces. 
Uno de los principales motivos para elaborar este reportaje es que la vida en 
las cárceles es un tema olvidado para las administraciones y para los 
ciudadanos, quienes poco se interesan en lo que ocurre al interior. 
Sin embargo, todos estamos expuestos a sufrir los males que aquejan al 
Sistema de Justicia compuesto por diversas instancias y que tiene como último 
eslabón una prisión de la que nunca se sabe si se saldrá con vida o con 
posibilidades de vivir dignamente. 
Mi cobertura de estos temas fue durante la administración de Marcelo Ebrard y 
Miguel Ángel Mancera como jefes del Gobierno del Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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CAPÍTULO 1 
 
‘Nadie confía en mí porque estuve en la cárcel’ 
 
Del delito que cometió habla poco. Sólo se limita a pedir perdón a Dios y a su 
víctima dondequiera que ésta se encuentre. 
Al salir de prisión, donde permaneció varios años por secuestro, David Tinajero 
se enfrentó a lo que la mayoría de los ex reclusos: el desempleo y el estigma 
por haber estado en la cárcel. 
Tras abandonar la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, Tinajero fue invitado 
por autoridades penitenciarias y legisladores a un foro de discusión de una 
nueva ley penitenciaria realizado en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, y en su intervención habló de las posibilidades de que los reclusos se 
reinserten a la sociedad para que no vuelvan a delinquir y de la ayuda que da 
el Sistema Penitenciario para lograrlo. 
Sin embargo, al regresar a casa se percató de que su realidad era más cruel de 
cómo la imaginaba, ya que contaba con 500 pesos para mantener a su familia 
y debía decidir si los destinaba a comprar alimentos o material para seguir 
haciendo lo que aprendió en prisión y que le permitió sobrevivir en ésta: 
artesanías. 
David camina con su esposa entre los pasillos del tianguis de El Salado, en 
Iztapalapa, para llegar al área de comida de un centro comercial, donde daría 
la entrevista en marzo de 2013. 
Sabe que la zona es peligrosa y prefiere tomar las precauciones necesarias 
para evitar meterse en problemas, pues lo que menos quiere es regresar a un 
centro penitenciario. 
Mientras arregla las bolsas que cubren algunos de sus trabajos realizados en la 
cárcel, el ex interno relata que la pintura fue una forma de liberarse pese a 
estar tras las rejas. 
El hombre recuerda que al llegar al módulo de máxima seguridad de Reclusorio 
Norte tenía dos opciones: la de ser como otros reclusos que seguían 
delinquiendo o tratar de mejorar su vida mientras esperaba que le dictaran 
sentencia. Y eligió la segunda. 
 
 11 
Conoció en reclusión a Francisco Javier Tejeda Jaramillo, un ex policía federal 
que fue escolta del capo Caro Quintero. 
Ambos coincidieron en que a pesar de estar en la cárcel, los internos se 
pueden superar y redimir sus errores. Y así lo hicieron. 
David aprendió de Tejeda Jaramillo, quien era encargado del Taller de Artes 
Plásticas, a pintar y a elaborar artesanías. 
La mayor parte del tiempo David a eso se dedicaba, pues al llegar el día de 
visita, debía vender sus trabajos que no todos los familiares de presos estaban 
dispuestos a pagar, pues preferían llevarles comida o dejarles dinero para 
sobrevivir. 
David fue trasladado a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, donde conoció 
a su actual pareja sentimental. 
También en este centro de reclusión comenzó a destacar por la calidad de sus 
artesanías al grado de que funcionarios penitenciarios y personal de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se convirtieron en sus 
clientes. 
El 22 de enero de 2013, David abandonó la prisión y ya lo esperaba su esposa 
e hijo, y en ese momento sólo se abrazaron como si en ese momento no 
importara el futuro. 
Mientras comenta sus problemas para encontrar trabajo, David se frota 
constantemente la barbilla. 
"De lo único que puedo trabajar es de barrendero porque así no me pueden 
acusar de que me robé la basura", comenta. 
Incluso señala su desánimo, ya que no encuentra trabajo por el estigma y 
porque aún debe ir a firmar para que no le revoquen el beneficio de libertad 
anticipada que le otorgaron y no puede faltar constantemente a su empleo. 
El ex recluso accedió a dar una segunda entrevista en julio de 2013, y sus 
problemas eran los mismos: falta de recursos económicos para elaborar sus 
artesanías. 
"Trabajo no (he encontrado), formal no por lo de la firma y por andar con el 
psicólogo no me dan permiso", lamenta. 
La CDHDF le ofreció vender sus trabajos en la sede de organismo, además 
que se dedica a la compra venta de fierro viejo. 
 
 12 
"En lo que cabe (ahí la llevo), andamos echándole ganas, se presentan muchas 
tentaciones, pero te encuentras gente que te que busca problemas. 
"Vas a otros empleos que sí están bien pagados, pero ahí hay cosas indebidas, 
delitos y yo digo: 'si yo estoy ahí no me la van a creer que yo no soy", es cuidar 
baños, haciendo la limpieza de los baños, me pagaban muy bien, me pagan mil 
500 pesos a la semana, pero ahí entraban a hacer otras cosas", señala. 
 
 
 
 
 
 *David Tinajero elabora artesanías para sobrevivir al salir de prisión 
 
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*El ex recluso teme regresar a la cárcel si tiene algún conflicto en un empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
El objetivo de la prisión 
 
La operación de las prisiones del Distrito Federal y el fracaso de éstas ha sido 
motivo de constantes análisis por parte de expertos y de autoridades que 
buscan sortear las críticas al Sistema Penitenciario que muchos consideran el 
“Talón de Aquiles” de las administraciones. 
Sin embargo, los centros penitenciarios son uno de los últimos eslabones del 
Sistema de Justicia, pues para llegar hasta éstos, antes deben intervenir otras 
instituciones, cuya actuación también ha sido criticada por sus niveles de 
corrupción y violaciones a los derechos de detenidos. 
Cesare Marchese di Beccaria señala en el libro Tratado de los delitos y de las 
penas, que las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e 
independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo 
estado de guerra, y de gozar una libertad que les sería inútil en la incertidumbre 
de conservarla. Es por eso que sacrificaron una parte de ella para gozar la 
restante en segura tranquilidad. 
Los legisladores, quienes en la mayoría de los casos nunca han visitado una 
prisión o tenido contacto con el personal operativo de instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia, son los encargados de elaborar las 
leyes que rigen en la Ciudad de México. 
Cuando una persona es detenida, ya sea en flagrancia o tras una investigación, 
de inmediato debe ser puesta a disposición del agente del Ministerio Público, lo 
cual no siempre sucede, ya que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) ha documentado casos de detenidos que son llevados a una 
agencia ministerial varias horas después y tras ser torturados o después de 
pedirles dinero para ser liberados. 
Una vez que son llevados ante la autoridad ministerial -que depende de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)- se inicia una 
averiguación previa con la que comienza la investigación de la presunta 
responsabilidad del detenido. 
La PGJDF debe determinar si es competente para conocer el presunto delito 
cometido por la persona detenida, pues sólo puede conocer de ilícitos del fuero 
común, pues en caso de que sean del orden federal debe declinar competencia 
 
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y canalizar la averiguación previa a la autoridad competente. 
El agente del Ministerio Público tiene 48 horas para determinar la situación 
jurídica del detenido, y en caso de requerir más tiempo para la indagatoria, 
puede solicitar a un juez penal una medida de detención con control judicial, 
antes conocida como arraigo. 
El juzgador debe decidir si la concede o no según los elementos aportados por 
la Procuraduría capitalina. 
Si la PGJDF determina ejercer acción penal en contra del detenido y si no tiene 
derecho a fianza, éste es ingresado a un centro penitenciario. 
El también llamado indiciado rinde su declaración preparatoria, y su defensa 
puede solicitar la duplicidad de término constitucional que no será de 72 horas 
sino de 144 para que pueda presentar pruebas y evitar que le dicten auto de 
formal prisión. 
Transcurrido ese plazo, un juez debe determinar si el indiciado enfrentará 
proceso penal por el delito que se le imputa o lo deja en libertad al no haber 
pruebas suficientes para que enfrente un juicio. 
Posteriormente se le dictará sentencia que puede ser condenatoria o 
absolutoria y ésta puede ser apelada por la autoridad ministerial o por el 
sentenciado. 
En el Distrito Federalexisten jueces que conocen de delitos graves y de ilícitos 
que no son considerados graves, antes llamados de Paz Penal, y que permiten 
que el detenido obtenga su libertad bajo fianza. 
Desde el 16 de enero de 2015, algunos delitos en el Distrito Federal son 
llevados mediante el Sistema Acusatorio, que contempla sólo ilícitos culposos o 
iniciados por querella. En estos casos, la PGJDF puede informar a las partes 
sobre la posibilidad de que el conflicto se resuelva a través de mecanismos 
alternos de solución de controversias como la mediación. 
De ser el caso, el detenido llega a un acuerdo con su víctima y no es necesario 
que el caso llegue hasta un juez, y si no se logra conciliar, el imputado es 
puesto a disposición de un juez de control que determinará si su detención fue 
legal y si lo vincula a proceso, será otro juzgador el que conozca de su juicio 
mediante la oralidad. 
 
 16 
Estos delitos son los únicos que pueden llevarse a través de juicios orales, ya 
que el resto se desarrollan en el sistema escrito. De acuerdo con autoridades 
del Gobierno del Distrito Federal, a mediados del 2015 todos los delitos ya se 
realizarían con el nuevo Sistema de Justicia. 
 
La pena privativa de libertad 
 
El objetivo de la pena privativa de libertad ha sido cuestionado por autoridades, 
legisladores, jueces, defensores de derechos humanos y académicos, ya que 
mientras unos coinciden en que en el Distrito Federal todos los delitos deben 
ser sancionados con cárcel y que se deben elevar las penas en algunos casos, 
otros aseguran que esta política de "mano dura" no reduce la delincuencia y 
por el contrario genera sobrepoblación en las cárceles, entre otras violaciones 
a los reclusos. 
FaviolaElenka Tapia Mendoza señala en su libro Hacia la privatización de las 
prisiones, que la pena privativa de libertad nació formalmente a fines del siglo 
XVIII, y derivó de diversos acontecimientos humanos que la institucionalizaron 
como la sanción penal más recurrida. 
La autora consideró importante destacar que el lamento histórico en que 
emerge esta pena se encuentra vinculado, en gran medida, con la Revolución 
Industrial, donde la prisión serviría para hilar el excedente de desempleados, 
vagos, marginados y ociosos que serían sancionados para poder explotar, 
legítimamente su mano de obra al interior de los establecimientos 
penitenciarios, a fin de obtener beneficios económicos para el Estado y también 
para algunos particulares. 
Existen autores que consideran que la cárcel se creó para dar una lección a las 
personas que violan la ley, es decir, como medio de control social. 
En el texto Historia de la Pena y Sistema Penitenciario Mexicano, Guadalupe 
Leticia García García señala que la prisión llegó a relevar a la muerte y que los 
más apreciables reformadores del sistema penal -que empujaron los grandes 
cambios racionales en el ocaso del siglo XVIII- cifraron su esperanza en la 
privación de libertad. 
 
 17 
No sólo se trataba de una sanción menos cruenta y más defendible, si se 
quiere sustentar el castigo en el derecho que pudiera tener el Estado a privar 
de derechos a los individuos -de la vida, no; sí de la libertad-, sino también de 
una pena que permite el rescate moral o social del infractor y a la postre es 
tanto o más intimidante que la muerte- preventiva, pues, de nuevos delitos- en 
la medida en que el prolongado cautiverio ofrece una grave lección a los 
potenciales infractores. 
En México, el tema de la pena privativa de libertad ha sido analizado teniendo 
como base problemas de las cárceles como la sobrepoblación en los centros 
penitenciarios, y dicho análisis derivó en la reforma al Sistema de Justicia 
Penal. 
Antes de esta reforma constitucional de 2008, la prisión se mencionaba en el 
artículo 18 constitucional como una pena corporal, pero actualmente se 
considera como una pena privativa de libertad. 
 
Sistema Penitenciario del DF 
 
En el siglo XX, el Sistema Penitenciario inició en la Ciudad de México con la 
prisión de Lecumberri que se inauguró en 1900, que por los malos tratos a los 
internos fue conocida como "El Palacio Negro". 
La autora Guadalupe Leticia García García, experta en temas penitenciarios, 
indicó en el libro antes mencionado que Lecumberri dejó de funcionar como 
prisión preventiva en 1976, al establecerse los nuevos reclusorios del Distrito 
Federal. 
En 1954 comenzó a operar la cárcel de mujeres al Oriente del Distrito Federal, 
mientras que tres años después se inauguró la Penitenciaría de Santa Martha 
Acatitla que fue construida para albergar a reos sentenciados y así disminuir la 
población en Lecumberri. 
Este centro penitenciario de Santa Martha Acatitla continúa operando a pesar 
de los constantes señalamientos por parte de autoridades carcelarias sobre los 
daños que presenta el inmueble. 
Aunque durante la administración de Marcelo Ebrard, el entonces secretario de 
Gobierno, José Ángel Ávila, informó sobre la construcción de un complejo 
 
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penitenciario en el área que ocupa actualmente la Penitenciaría, este proyecto 
no se concretó durante su mandato y sólo se remodelaron dormitorios. 
Fue hasta 2014 cuando autoridades carcelarias mostraron este nuevo centro 
penitenciario que consiste en dos torres de cuatro niveles cada una para 
internos considerados peligrosos o que delinquieron estando presos. 
Sin embargo, aunque funcionarios de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario informaron que la construcción de esta prisión ya había concluido, 
hasta marzo de 2015 no había iniciado a operar debido a que el personal de 
seguridad y custodia y administrativo estaba en proceso de selección y debían 
aplicarles los exámenes de control de confianza, lo cual es tardado. 
En 1976 se inauguraron los reclusorios varoniles Oriente y Norte, cuyo objetivo 
era albergar cada uno inicialmente a mil 500 internos que estuvieran en 
proceso, ya que como su nombre lo indica sólo eran de carácter preventivo. 
Sin embargo, actualmente, cada uno tiene una población de aproximadamente 
12 mil reclusos, que superan en mucho la capacidad inicial de estos centros 
con una arquitectura tipo peine, es decir, con dormitorios paralelos, que según 
expertos es obsoleto, pues no permite tener un control de la población 
carcelaria. 
El Sistema Penitenciario está conformado por 10 centros de reclusión, de los 
cuales dos son femeniles. 
En la Delegación Iztapalapa se localizan el Reclusorio Oriente, el Centro de 
Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, el Centro Femenil de 
Readaptación Social de Santa Martha Acatitla y el Centro de Readaptación 
Social Varonil de Santa Martha Acatitla (Ceresova), en el que se encuentra 
además el módulo de máxima seguridad conocido como "Diamante" que 
comenzó a operar en octubre de 2010. 
Al igual que los reclusorios Norte y Oriente, el Reclusorio Sur, que se encuentra 
en la Delegación Xochimilco, se construyó para albergar a reos bajo proceso 
penal, sin embargo, ante la cantidad de población, esto no ocurre y también se 
encuentran reclusos sentenciados. 
En esta demarcación también se encuentra la cárcel femenil de Tepepan y el 
Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), que alberga a 
reclusos inimputables o que tiene algún padecimiento mental. 
 
 19 
El Reclusorio Norte se construyó en la Delegación Gustavo A. Madero, así 
como el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Norte, mientras que en la 
Delegación Miguel Hidalgo se encuentra el Centro de Sanciones 
Administrativas, conocido como "El Torito", a donde son canalizadas las 
personas que violan la Ley de Cultura Cívica del DF y a las que un juez cívico 
les impone un arresto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 
CAPITULO 2 
 
El ocio tras las rejas 
 
Aún no ha sido declarado inocente o culpable de los delitos de lenocinio, 
violación, robo y extorsión,pero David Mondragón lleva tres años y cuatro 
meses bajo proceso penal en el Reclusorio Oriente, donde aseguró, no existen 
suficientes actividades para que los internos se mantengan ocupados y que les 
sirvan para enfrentar su egreso de la cárcel. 
David estimó que el 80 por ciento de la población de este centro penitenciario 
dedican la mayor parte del tiempo al ocio, pues son pocos los que tiene un 
trabajo remunerado o realizan otras actividades para su reinserción social. 
Entre las opciones que los reclusos tienen para obtener recursos económicos 
están las comisiones, lo que implica laborar en áreas de servicios generales 
como limpieza, jardinería, entre otras. 
“Los que tienen comisión dedican la mayor parte del día, tiene su gafete, el 
resto no, estamos hablando de un 80 por ciento de ociosidad, que solamente 
están esperando que llegue la hora de la comida para comer y lo poco que 
pueden salir según se maneje en su dormitorio”, comentó el interno. 
Los talleres de capacitación que se imparten, dijo, no sirven para que un 
interno sobreviva al salir de prisión y mucho menos para mantener a su familia. 
Incluso aseguró que sólo se dan estos talleres para justificar que la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario busca reinsertar a la sociedad a la 
población penitenciaria. 
“Los talleres son de justificación porque obviamente no puedes vivir con lo que 
logres aprender ahí, son como ocupacionales, pero no tiene ningún sentido o 
futuro a largo plazo porque los programas de la Subsecretaría no están 
dirigidos hacia un desarrollo de una reinserción social, de una personalidad, de 
un oficio, de una profesión, de una carrera técnica o de un impulso interno para 
los reos. 
“Que les haga digamos contemplar con conciencia, su cambio de vida, es decir, 
pueden cambiar su vida”, dijo. 
 
 21 
Los reclusos, señaló, permanecen horas sin realizar alguna actividad 
productiva, y prefieren enfocarse en cometer delitos. 
“¿Qué es lo que aprendemos aquí todos? Puras mañas, si quieres aprendes lo 
malo, si no quieres pues no aprendes lo malo, pero te cuesta más trabajo 
mantenerte, sin mancharte las manos, sin hacer algo”, reconoció. 
La falta de programas de reinserción social, aseguró David, deriva de 
problemas de fondo en el Sistema Penitenciario como la corrupción. 
A esto, dijo, se suma la falta de tratamientos adecuados para los internos, ya 
que uno de los pendientes es la debida clasificación de los reclusos para que 
estén en dormitorios adecuados y no se mezclen con internos que cometieron 
delitos más graves. 
Para el Gobierno del Distrito Federal, aseguró, todos los internos son 
peligrosos, por lo que les conviene tener llenas las cárceles para justificar su 
existencia. 
“Trabajo Social debería revisar cada uno de los casos (de internos) para darles 
el tratamiento adecuado, pero no hay nada de eso, los que te examinan en 
Sicología y en Criminología sólo te provocan para ver tu reacción, si eres 
violento, es lo que les interesa y solamente plasman en sus informes protocolos 
que no tienen nada que ver con un estudio real y profundo. 
“No se puede por mera lógica profesional no se pueden sacar conclusiones de 
una sola entrevista y aquí te entrevistan una sola vez y sacan sus 
conclusiones”, criticó. 
David, quien dice ser inocente de los delitos que le imputan, aseguró que los 
servidores públicos como custodios y directores de cárceles son un obstáculo 
para la reinserción social, ya que terminan siendo parte de la corrupción. 
“Aunque haya un servidor público que quiera ser honesto y cumplir con su 
trabajo haría el ridículo, todos vienen a buscar un beneficio diario de los miles 
de millones de pesos que salen de las cárceles, esa es la visión 
“No tiene ningún sentido que un servidor público cumpla con su trabajo 
cabalmente porque se lo van a echar a perder al siguiente paso porque todos 
vienen con la visión de sacar provecho”, enfatizó. 
Lamentó que los custodios tengan salarios bajos a diferencia de otros países. 
 
 22 
Es por eso, señaló, que el personal penitenciario pide dinero a la población 
penitenciaria por el pase de lista, por hablar por teléfono, por el ingreso de 
familiares de los reos, entre otras cosas que deben ser gratuitas. 
“He visto sus recibos de pago, los custodios llegan a cobrar hasta mil pesos de 
sueldo, por todos los descuentos, comparados con otros países como España 
y Francia donde un custodios gana entre 30 y 35 mil pesos al mes”, aseguró. 
Pero la corrupción también se da entre los internos y funcionarios 
penitenciarios, dijo, ya que los internos pueden pagar 10 pesos para no acudir 
a la escuela y que les pongan asistencia, debido a que es un requisito para 
obtener un beneficio de libertad anticipada. 
El recluso aseguró que las cárceles no cumplen el objetivo de la reinserción 
social, sino sólo contienen a los que las autoridades consideran delincuentes 
aunque no hayan sido sentenciados. 
El fracaso en las cárceles, dijo, evidencia las fallas en todo el sistema de 
justicia. 
“Se supone que la inseguridad es un problema que está azotando a la Ciudad y 
debe estar encaminado hacia la reinserción social o el conocimiento absoluto 
del comportamiento de los presos porque se supone que para el Gobierno los 
que estamos presos, todos en general somos peligrosos, pero qué resulta, que 
la lógica nos dice otras cosas. 
“Diariamente vemos ejecuciones del crimen organizado en la Ciudad de 
México, observamos en los medios de comunicación cuerpos cortados, 
desmembrados en la Ciudad, en la periferia, secuestros, asesinatos de niños, 
de mujeres, lo que no se veía antes y asesinatos cada vez más crueles, casos 
que se les van de la mano a las autoridades teniendo la posibilidad de rescatar 
a personas con vida, que están secuestradas y por su burocracia no lo 
consiguen, porque son incompetente”, señaló. 
Consideró incluso que las cárceles de la Ciudad de México deberían 
privatizarse a fin de lograr que los internos mejoren su productividad al interior 
y obtengan las herramientas laborales necesarias para que puedan regresar a 
las calles y no cometan delitos. 
“Es difícil que pueda cambiar su vida por las propias condiciones, por la propia 
naturaleza de que no va dirigida la política de Sistema Penitenciario a una 
 
 23 
reinserción social sino más bien a tratar de cubrir sus errores, necesitaría 
privatizarse para que tuviera un enfoque de productividad, de interés hacia los 
internos”, dijo. 
 
Pagan por su libertad 
 
La Ley de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal 
establece que los internos pueden obtener un beneficio de libertad anticipada si 
cumplen con ciertos requisitos como que su delito esté contemplado en dicha 
normatividad, haber cumplido un porcentaje de su condena, y mostrar avances 
en su tratamiento a través de actividades educativas, laborales, culturales, 
deportivas y recreativas. 
Un interno que ha sido sentenciado y busca obtener una pre liberación puede 
acceder a la reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia, 
eI tratamiento pre liberacional; la libertad preparatoria, y la remisión parcial de 
la pena. 
Estos beneficios los otorgan los jueces de sanciones penales que entraron en 
funciones el 19 de junio de 2011 como lo señala la Reforma al Sistema de 
Justicia. 
El monitoreo a distancia se realiza a través de un brazalete electrónico que se 
les coloca a los internos, quienes deben pagar cierta cantidad por este aparato. 
Los reclusos que tramiten esta pre liberación deben ser primodelincuentes, que 
su sentencia sea mayor a cinco años y menos de 10 y que les falten por lo 
menos dos años para obtener el beneficio de tratamiento pre liberacional. 
Deben cubrir además la reparación del daño y obtener resultados favorables en 
los exámenes técnicos que se les practiquen. 
También deben comprobar que tendrán un empleo al salir de prisión oentregar 
constancias de que seguirá estudiando. 
Este requisito es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los 
internos, así como contar con un aval afianzador y apoyo familiar. 
 
 
 24 
Otro beneficio penitenciario es el tratamiento pre liberacional que implica 
preparar al sentenciado y a su familia para el egreso de éste a través de 
salidas grupales con fines culturales y recreativos. 
Estas visitas a museos, cines o centros recreativos fueron un problema para las 
autoridades carcelarias, ya que aunque la ley anterior en materia ya las 
contemplaba no siempre se cumplía. 
Fue hasta el 19 de junio de 2011 cuando entró en vigor la Ley de Sanciones 
Penales para el DF cuando los internos fueron externados momentáneamente 
siempre vigilados por custodios, ya que de lo contrario se violaría la 
normatividad. 
Este tipo de pre liberación se otorga a los internos que hayan compurgado el 
50 por ciento de su pena y que sean primodelincuentes, así como que 
acrediten los estudios técnicos que les practiquen en la cárcel. 
Para acceder a este beneficio, los reclusos deben tener buena conducta y 
haber participado en actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas 
al interior del centro. 
Deben cubrir la reparación del daño y no enfrentar otro proceso penal, además 
que las autoridades carcelarias deben enviar un informe a los jueces de 
sanciones penales sobre la evolución del sentenciado en el tratamiento de 
reinserción social. 
La libertad preparatoria se otorga a los reclusos que hayan cumplido las tres 
quintas partes de la pena de prisión impuesta y que aprueben los estudios 
técnicos, así como que adopten un modo de vida honesto y cubran la 
reparación del daño. 
Los reos que tengan un proceso penal vigente o hayan sido condenados por 
sentencia ejecutoriada por delitos dolosos no tienen acceso a este beneficio. 
Tener un empleo en prisión es importante para los internos que quieran obtener 
la remisión parcial de la pena, ya que por cada dos días de trabajo se resta uno 
de prisión. 
Para obtener esta pre liberación el sentenciado debe tener buena conducta 
 durante su estancia en prisión y participar regularmente en las actividades 
laborales, educativas, y deportivas y mostrar avances en el tratamiento de 
reinserción social, lo cual se evalúa con los estudios técnicos. 
 
 25 
 Sin embargo, esto no resulta sencillo para la población penitenciaria, ya que 
muchos reos al no tener familia deben trabajar de lo que puedan y no tienen 
tiempo para ir a la escuela. 
Reforma publicó en septiembre de 2011 que en el Reclusorio Sur, los internos 
podían pagar 10 pesos para no acudir a la escuela y tener asistencia. 
Aunque no estuvieran presentes en las clases, los reclusos que pagaban por 
su asistencia podían obtener el aval del centro escolar de que habían cursado 
algún nivel educativo, y así cumplir con uno de los requisitos solicitados para 
tramitar la pre liberación. 
Para esta nota titulada Exentan clases reos pagando desde $10, se entrevistó 
a internos, quienes reconocieron que realizan este pago desde hace varios 
años, y argumentaron que no siempre pueden asistir a clases, pues también 
tienen que trabajar, por lo que pagan para acreditar sus estudios. 
Debido a que se debe cursar algún nivel académico en prisión para poder tener 
acceso a un beneficio de libertad anticipada, los reclusos cometen esta mala 
práctica, que incluso puede ser un delito. 
Para algunos internos estudiar tras las rejas es perder el tiempo, ya que los 
mismos internos que son nombrados asesores tras acreditar sus estudios son 
los que imparten las clases, por lo que el nivel de enseñanza es bajo, incluso 
señalaron los presos consultados, que más del 90 por ciento de los reos 
inscritos en el centro escolar tienen como objetivo obtener la pre liberación. 
Los reos coincidieron en que este cobro se da desde la primaria hasta el nivel 
bachillerato, pues a nivel licenciatura o doctorado, son menos alumnos y se les 
dificulta hacer este pago, debido a que constantemente acude a los centros 
personal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) con 
quien tiene convenio la institución carcelaria para impartir algunas carreras. 
Dos años después, el mismo medio de comunicación dio a conocer que esta 
práctica también se registraba en el Reclusorio Oriente. 
Las autoridades penitenciarias recibieron una carta en la que se denunció la 
venta de certificados escolares. 
La misiva fue dirigida a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y la 
Secretaría de Gobierno; en ésta se mencionó que un hombre, identificado 
 
 26 
como "Licenciado César", encabezaba una red de venta de documentos y 
plazas a internos que pretenden dar clases. 
"La corrupción inicia en el área de primaria y secundaria, ya que cobran al 
interno cuotas que van desde los $10.00 por falta, hasta $30.00 por semana 
por no asistir a la escuela”, señalaba la denuncia. 
"Los encargados de cobrar el dinero son los internos, uno apodado 'El Taison', 
'Moisés', y Héctor Velázquez, los cuales sirven de enlace con los internos para 
realizar la venta de certificados, los cuales tienen un costo de los 500 a los 
1000 pesos", indicaba la carta. 
Cada centro de reclusión tiene un centro escolar, donde los profesores son 
internos que se capacitan para esta labor. 
De acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, en 
2012, de 41 mil 499 internos que se encontraban en las cárceles capitalinas, 13 
mil 705 estudiaba en prisión.Sólo 255 reclusos cursaban en ese entonces la 
licenciatura; dos internos estudiaban una maestría; un reo el doctorado; 3 mil 
800 la preparatoria y alrededor de 2 mil el bachillerato.El 19 por ciento de los 
reclusos tomaba en 2012 cursos de inglés, taquigrafía y computación. 
En las cárceles del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) imparte diversas licenciaturas y la de mayor demanda es 
Derecho, principalmente por el interés de los reclusos en entender su situación 
jurídica. 
Los internos que cursan esta carrera no pueden litigar al interior de las 
cárceles, pero estas reglas no siempre son respetadas, ya que hay reclusos 
que cobran a otros por tramitar amparos principalmente.En materia laboral, las 
cifras no son más alentadoras. 
De acuerdo con datos solicitados a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, de quien depende el Sistema Penitenciario, en las 
cárceles del Distrito Federal hay 14 socios industriales, que son empresas que 
elaboran sus productos al interior de los centros penitenciarios y dan empleo a 
los reclusos. 
Las empresas que se ubican al interior de las cárceles, según la autoridad 
carcelaria, quien no dio detalles sobre las actividades que éstas realizan, son: 
 
 
 27 
*Artículos Deportivos Xochimilco 
*EDISA 
*Mecánica y Estrategia Empresarial de México 
*Chateu 
*Empaques Graba Imagen 
*Plaza y Valdés. 
*M.B.M Impresora 
*Enkaplast 
*Porvenir Familiar 
*Consorcio Yecapán 
*La Cosmopolitana, encargada de la alimentación de los internos, pero también 
tiene a algunos de estos trabajando. 
*Agua Pre S.A de C.V, que es una embotelladora de agua. 
*SIUA Regalos y Servicios 
*Roberto Yáñez Anta 
Reforma publicó en 2006 que el número de reos dedicados a actividades 
industriales en los reclusorios era seis veces mayor que en 2004 al pasar de 
180 reclusos a mil 200 con la llegada de nuevas empresas.De 33 mil internos 
que albergaban en ese entonces las cárceles capitalinas, los que laboraban en 
estas empresas representaban sólo el 3.6 por ciento.Siete años después la 
situación no mejoró. 
Según el oficio SG/OIP/2039/13 de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, sólo mil 149 internos ejercían actividades productivas 
en los centros penitenciarios del Distrito Federal, según cifras del 30 de agosto 
de 2013. 
Estas estadísticasmuestran que en los últimos siete años, el número de 
internos que obtiene empleo en estas empresas no ha aumentado, ya que son 
casi los mismos reos dedicados a estas actividades industriales, sin embargo, 
hasta el 23 de agosto de 2013 la población penitenciaria era de 41 mil 323 y en 
2006 sumaban 33 mil. 
La institución carcelaria informó en este oficio que los convenios con socios 
industriales se celebran de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sanciones 
 
 28 
Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal y el artículo 20 del 
reglamento de dicha normatividad. 
En esta ley también se establece que el pago que reciben los internos nunca 
será menor a un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
Sin embargo, los reclusos no reciben su sueldo íntegro, ya que el 70 por ciento 
es para ellos y sus familiares; el 20 por ciento para la reparación del daño, cuyo 
monto establece el juez que les dictó sentencia y el resto para el fondo de 
ahorro que se les entrega al salir de prisión. 
En julio de 2013, el entonces director del Reclusorio Oriente, Hermilo 
Velázquez, señaló en entrevista que alrededor de cinco empresas dan empleo 
a internos de esta cárcel, pero se sumarían otras tres, aunque también 
reconoció que ya no había espacios para las naves industriales. 
“El objetivo principal (de la exposición) es dar a conocer los diversos oficios, 
talleres, mecánica, afinación, motores, gastronomía, costura, etcétera para que 
el día de mañana, que va a suceder, afortunadamente de todos estos internos, 
salgan y tengan ese oficio certificado sobre todo allá afuera y pongan su 
pequeña o gran industria para que obtengan recursos para su familia y eviten 
volver a recaer en algún delito”, dijo. 
El funcionario aseguró durante una exposición de capacitación laboral a 
internos que se debía convencer a los empresarios que dar empleo a reclusos 
no representa un riesgo. 
“Al empresario hay que convencerlo de que ésta es una oportunidad y que se 
les garantiza la seguridad laboral aquí y sobre todo de sus productos, ellos 
creen que al entrar a un reclusorio son saqueados, robados y no es así, pasa, 
no lo dudo, pero es más fácil que los roben afuera que adentro”, enfatizó. 
De 12 mil internos de este centro penitenciario, informó, aproximadamente 450 
laboran en estas empresas, alrededor de mil 500 en otras áreas como servicios 
generales, y el 70 por ciento de la población se dedica a la artesanía. 
Velázquez reconoció que debido al estigma sólo el 15 por ciento de los ex 
reclusos encuentran trabajo, sin embargo, con el proyecto del Sistema 
Penitenciario para industrializar los centros de reclusión, el porcentaje podría 
elevarse hasta el 50 por ciento. 
 
 29 
La problemática se agrava en el módulo de máxima seguridad conocido como 
“Diamante”, que alberga a los reos más peligrosos, ya que como lo señaló en 
2011 Rosalinda Salinas Durán, segunda Visitadora de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es utilizado como zona de ocio, debido 
a que no hay actividades productivas en las que los reclusos puedan 
participar.Los internos de este módulo tampoco tienen acceso al trabajo 
penitenciario. 
La CDHDF ha documentado en decenas de recomendaciones (que son 
instrumentos para que las instituciones atiendan violaciones a derechos), los 
problemas de las prisiones de la Ciudad de México como el hacinamiento. 
En 2007, el periódico Reforma publicó una nota en la que se evidenciaba el 
nivel de hacinamiento en el Reclusorio Oriente, ya que en una celda de 12 
metros cuadrados dormían 80 reclusos. 
De acuerdo con el reportero Antonio Baranda, en una celda del Reclusorio 
Preventivo Oriente, diseñada para máximo 18 personas, dormían 80 internos. 
Las estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario también 
muestran el incremento de la población carcelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
Año Población de reclusorios del DF 
2000 21857 
2001 22053 
2002 20676 
2003 23928 
2004 28667 
2005 31332 
2006 32628 
2007 34627 
2008 38094 
2009 40614 
 
 
*Estadísticas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de población en 
prisiones del Distrito Federal. 
 
 
‘Custodios ven corrupción como un derecho’ 
 
Los problemas que enfrentan las cárceles capitalinas para la reinserción social 
no sólo derivan de sus malas condiciones sino también del factor humano. 
Así lo señaló Margarita Malo, quien durante siete años se desempeñó como 
directora de prisiones del Distrito Federal y actualmente dirige un centro de 
tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley en el Estado de México. 
En entrevista aseguró que la corrupción en el Sistema Penitenciario capitalino 
es un mal histórico que se ha convertido en una ley para servidores públicos 
carcelarios. 
En la actualidad, dijo, los custodios ven en la corrupción un ingreso al que 
tienen derecho, pues ya no lo perciben como una actividad ilegal. 
 
 31 
“El personal de seguridad sí está muy viciado, obviamente requiere de la otra 
parte para que esto se siga dando”, señaló. 
Malo aseguró que el papel del personal penitenciario no debe ser el de reprimir 
a la población, sino de aplicar debidamente un tratamiento para que ésta se 
reinserte a la sociedad. 
“Pero esa corrupción, sí te puedo decir que es la que impide que realmente se 
invisibilice un trabajo honesto, equitativo, en la búsqueda de que realmente las 
cárceles tendrían que ser manejadas con esquemas no represivos, sino que 
estemos siempre conscientes de que estamos tratando con personas, con 
seres humanos. 
“Y que al final de cuentas ya fueron juzgados por una autoridad y a nosotros 
nos toca ver la otra parte, la parte en la que podamos nosotros apoyar para que 
reflexionen sobre lo que los llevó allá y darles elementos para reinsertarse de 
forma positiva a la sociedad y a su familia”, señaló. 
Actualmente labora en la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes 
del Estado de México, y dirigió durante cuatro años la cárcel femenil de Santa 
Martha Acatitla, un año el Reclusorio Sur, uno el Centro de Readaptación 
Social Varonil (Ceresova) y un año el Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Oriente, conocido como “Anexo Oriente”. 
La funcionaria destacó que en el Anexo Oriente el tratamiento a internos es 
más personalizado debido a que son menos reclusos. 
Sin embargo, señaló que en cárceles con hasta 12 mil reos, es imposible dar 
un tratamiento adecuado, necesario para la reinserción social. 
Los obstáculos para atender debidamente a los internos, dijo, son entre otros, 
la sobrepoblación y la falta de personal. 
“Yo veo muy complicado el tema de la reinserción en la actualidad en el 
Sistema Penitenciario del Distrito Federal porque en las condiciones que 
actualmente están, con una sobrepoblación inmensa, con una falta de personal 
también muy grande y obviamente falta de condiciones para llevar a cabo un 
tratamiento que realmente busque el que tengan elementos para reinsertarse 
de manera positiva, si es prácticamente nulo. 
“Yo creo que se puede, sí se puede trabajar de una mejor manera en los 
espacios reducidos… es mucho más factible llevar a cabo el tratamiento y darle 
 
 32 
realmente un seguimiento a cada uno de los internos, sin embargo en las 
cárceles donde hay 10 mil, 12 mil , prácticamente es imposible”, enfatizó. 
Los niveles de sobrepoblación, justificó, impiden clasificar debidamente a los 
reclusos y separar a procesados y sentenciados a fin de respetar el perfil 
criminológico y que sean colocados en dormitorios adecuados. 
“Yo creo que todo esto te ayuda mucho a la estabilidad porque te da estabilidad 
en ellos al tener un mejor esquema de convivencia, pero las condiciones 
actuales de las cárceles del Distrito Federal, realmente distan mucho de poder 
buscar una reinserción”, insistió. 
La saturación de las prisiones,señaló, derivó de las políticas implementadas en 
el Distrito Federal como el incremento de las penas y la reducción de 
beneficios, dejando en la cárcel en su mayoría a población marginada. 
La funcionaria confió en que con la implementación de la reforma al sistema de 
justicia, cuyo plazo vence en el 2016, se despresuricen las cárceles capitalinas. 
“Eso indudablemente ayudaría a despresurizar las cárceles, no de manera 
inmediata, pero sí en un corto y en un mediano plazo porque esa reforma va 
encaminada a que únicamente por delitos graves sean los que ameriten una 
pena privativa de libertad y que para los delitos no graves, o los delitos leves 
existan otras alternativas que ya los disponen los códigos penales o el Código 
de Procedimientos Penales”, explicó. 
A estos cambios, dijo, se suman tratamientos diferenciados según el delito 
cometido y actividades en libertad o semi libertad. 
“Yo creo que ese es un punto que tendría que valorarse, el que puedan 
implementarse las reformas al sistema de justicia oral”, señaló. 
Malo coincidió con internos que aseguraron que las actividades productivas 
que realizan en prisión no les generan herramientas necesarias para su 
manutención al salir de la cárcel. 
“Es cierto, hay muy pocas herramientas que se les están brindando a los 
internos para la generación de habilidades, de oficios, que buscan tener 
herramientas para auto emplearse en diversas rubros”, enfatizó. 
 
 
 
 
 33 
 
Falla industria penitenciaria 
 
La ex directora de cárceles del DF aseguró que se debe revisar la industria 
penitenciaria en la capital del país, ya que hay cada vez menos socios 
industriales que coloquen sus empresas al interior de los centros penitenciarios 
y por lo tanto, menos reclusos con empleo. 
De acuerdo con la funcionaria, los socios industriales tienen beneficios al 
instalar sus empresas en los reclusorios, sin embargo, los trámites engorrosos 
provocan que éstos desistan de sus intenciones por elaborar sus productos en 
las cárceles. 
“La industria penitenciaria cada vez se ha ido a menos, los socios se han 
estado retirando entiendo, y esto tiene que ver con los esquemas de regulación 
que hay para que el socio pueda participar al interior del Sistema 
Penitenciario,” dijo. 
Las naves industriales, como se le llama al espacio que dan las autoridades 
carcelarias a las empresas, se han ido deteriorando. 
“Es cierto que se les dan beneficios de que no pagan luz, de que no pagan 
agua, pero están teniendo en el convenio, hay que estar pagando por el 
espacio. 
“Como que hay ciertas trabas, es muy burocrático eso y realmente también los 
espacios que hay en los reclusorios grandes pues sí son naves grandes, pero 
que se van deteriorando, de que no les dan mantenimiento o la inversión que le 
piden al socio generar, ya hizo que no les resulta”, detalló. 
Para mejorar la industria penitenciaria, propuso, los internos deberían elaborar 
productos necesarios para las dependencias del Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) como anteriormente se realizaba. 
Recordó que los reclusos elaboraban sábanas para hospitales del Gobierno de 
la Ciudad, entre otros productos, por lo que además de verse beneficiados, 
colaboraban con la sociedad. 
“Sí habría que echarle una mirada fuerte a lo que es la industria penitenciaria, a 
lo mejor buscando lo que en años se daba que pudieran realizarse al interior de 
 
 34 
las cárceles trabajos para el propio Gobierno, que no era nada malo, al 
contrario. 
“El hecho de que se hicieran las placas de los coches en los reclusorios o que 
pudieras maquilar los uniformes, las sábanas para hospitales del Gobierno”, 
dijo. 
La inversión privada, aseguró, es una opción ante el problema en la materia 
que enfrentan los centros penitenciarios. 
Sin embargo, acotó, debe intervenir solamente en el área de servicios 
generales y no delegarle funciones que sólo le corresponden al Gobierno. 
“Eso es lo que habría que buscar, esquemas en donde hubiera participación 
privada también compromiso de parte del Gobierno, pero para generar eso, 
fuentes de trabajo, fuentes de capacitación, que son las herramientas que 
tendrían ellos para poderse insertar de manera productiva cuando obtienen su 
libertad”, enfatizó. 
El 18 de octubre de 2013, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario informó a 
través de una tarjeta informativa enviada a medios de la comunicación que se 
realizaría dos días después la Quinta Feria de la Transparencia y en dos stands 
se daría asesoría jurídica e información a familiares de internos sobre 
beneficios penitenciarios y defensoría pública. 
También se invitó a empresarios y a la ciudadanía a incorporarse como socios 
industriales a fin de generar empleo para los reclusos al interior de los centros 
penitenciarios.Personal de la Dirección del Trabajo fue el encargado de dar 
informes a los interesados en instalar empresas en las cárceles.En esta feria 
que se instaló en Avenida Paseo de la Reforma se exhibieron además 
artesanías elaboradas por los reclusos. 
El problema de la industria penitenciaria fue confirmado por un socio industrial 
que señaló los obstáculos que enfrentan las empresas para instalarse en las 
cárceles del Distrito Federal y dar empleo a los internos. 
La planta embotelladora Agua Pre S.A de C.V que daba empleo a 
aproximadamente 15 internos del Reclusorio Oriente y la Penitenciaría de 
Santa Martha Acatitla fue cerrada durante varios meses por la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario. 
 
 35 
De acuerdo con Javier Pineda, socio de esta empresa, las autoridades 
carcelarias cerraron los talleres en agosto de 2013, aunque según la 
dependencia de Gobierno fue en octubre.Desde hace 10 años esta empresa se 
dedica a la purificación y envasado de agua que se vende a los reclusos a 
menor costo que en las tiendas de los centros de reclusión.Pineda informó que 
el cierre se debió a que en el taller ubicado en el Reclusorio Oriente, los 
custodios decomisaron material utilizado para fabricar los sellos de los 
garrafones.El personal de seguridad llevó el material al área de Gobierno, 
donde la entregaron a funcionarios penitenciarios ante la posibilidad de que se 
tratara de solvente y pudiera ser utilizado por reclusos para drogarse. 
Pineda detalló que los internos que laboraban en este taller llegaron a trabajar 
y se percataron de que los custodios colocaron candados para impedir que 
ingresaran.Los reclusos dieron aviso a los encargados de la empresa, quienes 
llevaron los documentos en los que se autorizó el ingreso del material, sin 
embargo, no lograron que se reabriera el lugar. 
Pineda aseguró que esta sustancia no representa ningún riesgo y es utilizada 
desde hace ocho años, además que insistió en que su ingreso fue autorizado 
por las autoridades carcelarias.La institución penitenciaria informó que la 
empresa fue cerrada como medida de seguridad, debido a que se encontró un 
bidón con aproximadamente nueve litros de una sustancia líquida con 
características similares a las del solvente.Para determinar la sustancia, el 
líquido fue enviado a un laboratorio privado mientras que el área de Trabajo 
Penitenciario decidió iniciar un acta administrativa y cerrar la planta el pasado 
14 de octubre.Pineda rechazó que la sustancia sea solvente, incluso criticó que 
otras empresas como las que confeccionan ropa tengan tijeras que sí 
representan un riesgo para los reclusos.“Llegó el rondín y sacó el bote, 
sacamos el memorando donde se autorizó el ingreso de ese acondicionador y 
dijeron que no les importaba y se lo llevaron a la Dirección junto con la 
herramienta. “Ese material se ha usado durante años en la fabricación y al día 
siguiente que nos presentamos ya le habían puesto candados al taller y no nos 
dejaron entrar”, señaló. 
 
 
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Pineda aseguró que la sustancia se tenía resguardada en una oficina que tiene 
la empresa al interior del reclusorio y nuncase ha hecho mal uso del 
material.Lamentó que cada vez haya menos socios industriales que se 
interesen en dar empleo a la población carcelaria por los obstáculos que ponen 
las autoridades. “Ve cuántos socios quedan ahorita, no han vuelto a 
incrementar la plantilla por tantas trabas, tan difícil que es, no dan facilidades, 
todo se complica.“¿Cómo vas a hablar de reinserción si te están hostigando, 
hostigando, hostigando. ¿Quién quiere trabajar? Nadie”, criticó. En noviembre 
de 2013, el taller de Agua PreS.A de C.V que se encuentra en la Penitenciaría 
de Santa Martha Acatitla fue reabierto luego de que los socios y las autoridades 
penitenciarias llegaran a un acuerdo. La Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, aseguró, prometió que posteriormente reabrirían el taller del 
Reclusorio Oriente para que la empresa pudiera seguir funcionando y los 
internos tuvieran empleo. El material que motivó el cierre, dijo Pineda, 
permanecería en una oficina del área de Gobierno del Reclusorio Oriente. En 
2012 Agua Pre S.A de C. V fue cerrada durante 10 meses por retrasos en los 
pagos mensuales conocidos como “cargos indirectos”, pero se llegó a un 
acuerdo con la institución penitenciaria y los talleres fueron reabiertos. Las dos 
ocasiones que los talleres fueron cerrados, acusó Pineda, la maquinaria se 
quedó adentro, lo que impidió que pudieran seguir laborando al exterior. Los 
internos se quedaron sin empleo, dijo. 
Reinciden 40% de reos 
 De acuerdo con Malo, el porcentaje de reincidencia en las cárceles del Distrito 
Federal es de aproximadamente 40 por ciento. 
Esto, aseguró, se debe a la falta de oportunidad, debido al estigma que 
enfrenta la población penitenciaria. 
“Sí hay un porcentaje alto, cuando yo estaba se hablaba de un 40 por ciento de 
reincidencia, esto tiene que ver también con la falta de oportunidades que hay 
en el exterior, con las trabas que les ponemos a los chicos una vez que salen 
en libertad para poderse insertar al campo laboral y a muchos otros espacios, 
yo creo que ahí es culpa de todos nosotros”, señaló. 
 
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Al salir de prisión, explicó, las empresas les piden avales para darles empleo, 
así como una carta de antecedentes penales, por lo que algunos ex internos se 
cansan y deciden volver a delinquir. 
Mientras dirigió cárceles en la ciudad, recordó, se percató que muchos internos 
hicieron lo posible por cambiar su vida, pero se les cerraron las puertas 
constantemente para hacerlo de una forma digna. 
 “El hecho de que no se puedan incorporar a ninguna empresa porque tiene 
que tener la carta de antecedentes penales, no pueden obtener muchos avales 
de ningún lado por el estigma de haber estado en la cárcel, de no darles 
oportunidad. 
“Entonces yo creo que hay gente que se cansa, me consta que sí hicieron su 
mejor esfuerzo por irse por la derecha como ellos dicen, pero que les cerraron 
las puertas y les cerraron las puertas y acaban regresando al mismo mundo 
que ya conocía”, enfatizó. 
Sin embargo, también hay personas que hicieron del delito su modo de vida. 
“No quieren dejar por ningún motivo porque es muy lucrativo, les requiere 
menos esfuerzo aunque hay mucho de riesgo, pero lo prefieren a insertarse 
como cualquier ciudadano en una actividad normal laboral que implica más 
disciplina, más horarios, más tiempo, a lo mejor menos ingreso, pero ellos 
refieren la otra parte”, aseguró. 
La asociación México Evalúa dio a conocer en agosto de 2013 el estudio “La 
Cárcel en México. ¿Para qué?”, en el que documenta el abuso de la prisión y 
las pocas medidas alternativas como multas y reparación del daño. 
Los autores Leslie Solís, Néstor de Buen y Sandra Ley, basados en información 
del investigador Guillermo Zepeda Lecuona, señalaron que el propósito de la 
prisión en México, tal como lo define el artículo 18 constitucional, es lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 
Esto se debe lograr con base en los derechos humanos, el trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. 
Sin embargo, lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han 
cometido un delito y deben purgar una sentencia, la cárcel en México se ha 
convertido, en gran medida, en el lugar para albergar a individuos acusados por 
delitos no graves o que se encuentran en espera de un proceso judicial y la 
 
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determinación de una sentencia. En lugar de ser un espacio para promover la 
reinserción a la sociedad de quienes violan la ley, las prisiones mexicanas son 
espacios hacinados, donde los derechos humanos no son respetados y la 
violencia prevalece. 
En este estudio, México Evalúa hace referencia al autor Jeremy Bentham, 
quien señala que la cárcel cumple con al menos tres funciones: incapacitar, 
rehabilitar y disuadir. La incapacitación se refiere a quitarle al sentenciado la 
posibilidad de cometer más delitos. La rehabilitación se centra en la eliminación 
del deseo de delinquir. La disuasión busca causarle temor, tanto al sentenciado 
como a la población en general, de violar la ley y ser sancionado por ese 
motivo. 
La asociación señala que el modelo penitenciario fracasó en la reinserción 
social y muestra de ello son los niveles de reincidencia. 
En México, el porcentaje de sentencias condenatorias a personas reincidentes 
en 2012 fue de 15.5. 
No obstante, precisa el estudio, esta cifra podría ser más alta, puesto que en 
13.7 por ciento de las sentencias no se especificó la condición de reincidencia. 
Esta tendencia se observa al menos desde 2009, cuando el INEGI comenzó a 
publicar estos datos. En ese año, el porcentaje de reincidencia fue de 14.3; en 
2010, bajó a 13.6; en 2011, subió a 14.7; y finalmente, en 2012 se ubicó en 
15.5. 
En 2012 a nivel nacional se registró un porcentaje de reincidencia de 17.1 en 
los delitos del fuero común, mientras que en los delitos del fuero federal fue de 
11.1 por ciento. 
El Distrito Federal es la entidad con mayor porcentaje de reincidencia con 35.2; 
le sigue Colima con 22.9; Yucatán con 21.2; Baja California con 17.8; Sonora 
con 17.3, y Guanajuato con 17.2. 
Los Estados con porcentajes más bajos son Guerrero y Tabasco, con tres cada 
uno; Sinaloa con 3.8; Chihuahua con 5.5, y Chiapas con seis. 
El informe destaca que estos estados presentan un alto porcentaje de casos 
para los que el estado de reincidencia no se especifica. 
 En particular, en Guerrero, este porcentaje de “no especificados” asciende a 
61.4; en Tabasco, a 67.8; y en Sinaloa, a 67.8. 
 
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De acuerdo con los investigadores, es evidente que hay un problema si las 
personas que salen de los centros penitenciarios vuelven a delinquir. 
A esto se suma que en el sistema de procuración de justicia, la capacidad para 
investigar y resolver ilícitos es baja. 
Esto deriva en la incertidumbre sobre el número preciso de personas que 
reinciden actualmente en las calles de México después de haber pasado un 
periodo en la cárcel. Además de que la cifra de reinserción sólo nos dice a 
cuántos se detuvo de nuevo, pero no a los miles que nunca se logró investigar. 
 
Hacen del delito su estilo de vida 
 
En las cárceles capitalinas, la mayor parte de los internos agota las opciones 
para recuperar su libertad. No importa cómo. Ellos quieren abandonar la prisión 
aunque su futuro sea incierto, pues la mayoría carece de empleo y dinero para 
solventar sus gastos una vez que regresen a las calles. 
Al recibir sentencia condenatoria, los reclusos buscan agotar todas las 
instancias para modificar la pena impuesta por el juez y obtener menos años de 
cárcel o ser absueltos. 
Es por eso que en muchos de los casos interponen un recurso de apelación a 
las decisiones de los jueces para que una sala penal revise su expediente, o 
bien, recurren al amparo para que sea la justicia federal, la que les dé una 
resolución favorable. 
Agotadas estas opciones, y tras confirmarlas sentencias o incluso aumentarles 
la pena, los reclusos tienen la opción de obtener un beneficio de libertad 
anticipada, dependiendo de los años que lleven en prisión y si la Ley de 
Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal establece que 
por el delito que cometieron pueden obtener este beneficio. 
Como se señaló anteriormente, los reclusos deben cumplir con requisitos como 
estudiar, trabajar y participar en actividades deportivas y culturales estando en 
prisión. 
También deben tener un buen comportamiento que debe ser avalado por 
autoridades carcelarias, quienes elaboran un informe al respecto y lo envían a 
 
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las juezas de sanciones penales, encargadas de revisar la petición de los 
internos y determinar si merecen quedar en libertad. 
Aunque tienen la posibilidad de salir de prisión, estos ex internos deben ir a 
firmar periódicamente hasta que cumplan su pena. 
Si no acuden a firmar se les revoca el beneficio y regresan a prisión. 
Sin embargo, abandonar la prisión, ya sea porque no fueron encontrados 
penalmente responsables, porque compurgaron su sentencia u obtuvieron una 
pre liberación, no garantiza que los internos no volverán a delinquir. 
Las autoridades, principalmente la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) destacan en sus comunicados de prensa cuando una persona que es 
detenida ya tiene ingresos a reclusorios. 
El 13 de septiembre de 2013, la PGJDF dio a conocer la detención de dos 
personas por comprar un vehículo con cheque sin fondos. 
Se trata de Juan Jesús Reyes Martínez y Rafael Maldonado Espinoza, quienes 
fueron consignados ante un juez penal por fraude. 
Maldonado Espinoza, informó la institución, ya había ingresado en otras dos 
ocasiones a cárceles del Distrito Federal por robo agravado. 
En el caso de las personas que fueron preliberadas, se han revocado los 
beneficios porque consumieron drogas, no se presentaron a firmar o volvieron 
a delinquir. 
Aquellos que solicitan el beneficio del brazalete electrónico son monitoreados 
permanentemente desde la sede de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 
ubicada en San Antonio Abad, en la Colonia Tránsito. 
Ahí, se vigila que los beneficiados no se salgan del rango establecido y en caso 
de que lo hagan o se retiren el brazalete, lo reportan a las autoridades. 
De 2006 a 2011, la institución carcelaria retiró el brazalete a 16 ex internos, 
principalmente por salirse del área permitida, seguido del consumo de drogas. 
Cifras de 2011 de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario indican que el 27 
por ciento de los reos de las cárceles capitalinas pisaron en más de una 
ocasión la prisión. 
De los 41 mil 739 reclusos que había en ese año en las prisiones del Distrito 
Federal, 11 mil 391 eran reincidentes jurídicos, como se les conoce a los que 
 
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obtuvieron por segunda ocasión una sentencia condenatoria por un nuevo 
delito. 
En ese año, sumaban 3 mil 490 internos que reincidieron en más de dos 
ocasiones, lo que representa el 8.3 por ciento. 
Los delitos que cometieron estos internos son principalmente robo, lesiones, 
homicidio, contra la salud, sexuales, privación ilegal de la libertad, uso de 
armas de fuego y explosivos, delincuencia organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
Reforma publicó en 2011, que las cifras sobre reincidencia no son alentadoras, 
ya que mientras en 2008, el 23 por ciento de los reos era reincidente, para 
2009 la cifra era de 26 por ciento y de 27 por ciento en 2010. 
De acuerdo con el penitenciarista José Luis Mussi, estos datos evidencian el 
fracaso de las cárceles, pues la efectividad de éstas se conoce a través de los 
niveles de reincidencia, pero no se tiene información confiable. 
Según el experto, en México la reincidencia se ha elevado a lo largo de 20 
años, ya que anteriormente estaba entre el 10 y el 14 por ciento del total de la 
población y actualmente supera el 35 por ciento. 
"En Estados Unidos que sí llevan bien las cifras, la reincidencia en mediana 
seguridad es del 72 por ciento y en máxima tiene hasta el 90 por ciento, pues la 
prisión se convierte en una escuela del crimen", enfatizó. 
Mussi lamentó que haya internos que han hecho del delito su estilo de vida, ya 
que la carrera delictiva inicia en pequeños grupos como la familia o amigos, e 
influyen vivencias que determinan si una persona puede ser seducida por la 
delincuencia. 
 
Manufacturan ropa interior… y también extorsionan 
 
El espacio destinado para manufacturar ropa interior en la Penitenciaría de 
Santa Martha Acatitla también ha sido utilizado por internos para realizar 
llamadas con fines de extorsión. 
En 2010, el periódico La Razón publicó que desde el taller donde se fabrica la 
corsetería, al menos 30 reclusos coordinaban, dirigían y negociaban 
secuestros. 
 
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La empresa Vicky Form, formaba parte de los socios industriales en aquel año, 
y su maquinaria se encontraba en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, 
donde laboraban varios internos a cambio de un salario. 
Sin embargo, los internos dedicados a la extorsión telefónica y al secuestro, 
utilizaban este taller para cometer ilícitos desde esta prisión. 
Para poder ingresar a esta área debían pagar 20 mil pesos semanales a un jefe 
de seguridad que se encargaba de cuidar el espacio. 
El uso de este taller para cometer ilícitos fue investigado por la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, donde se detectó que los presos 
llegaron a cobrar hasta 250 mil pesos por una extorsión vía telefónica. 
De acuerdo con la indagatoria de la PGJDF, en este taller, los reos escondían 
teléfonos celulares y chips para poder comunicarse con sus cómplices al 
exterior. 
 
‘El significado de justicia en realidad es venganza’ 
 
Para la sociedad, el castigo perfecto para un delincuente es que sea llevado a 
prisión y no salga jamás. 
Esa idea de venganza ha sido generada con la existencia de prisiones, señaló 
Rosalinda Salinas Durán, segunda Visitadora de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien durante varios años ha tenido a 
cargo la investigación de quejas relacionadas con agravios en reclusorios 
capitalinos. 
Al ser cuestionada sobre la reinserción social en las cárceles del DF, Salinas 
Durán aseguró que ésta no se puede dar aislando. 
Se ha tratado de justificar el uso de la prisión bajo el argumento de que se 
busca rehabilitar a las personas que violan las leyes, dijo, sin embargo, en 
realidad es una institución destinada al castigo porque implica un sufrimiento. 
Para los ciudadanos y las víctimas del delito, aseguró, es la mejor forma de 
sancionar a los delincuentes, por lo que se han guiado por los deseos de 
venganza. 
La visitadora puso el ejemplo de los familiares de las 12 personas que 
fallecieron durante un operativo fallido en la discoteca News Divine en junio de 
 
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2008 y quienes han mostrado su inconformidad porque los funcionarios que 
participaron en la acción policial no están presos sino en libertad bajo argucias 
jurídicas. 
“Pasó en el News Divine los papás, hasta la fecha no consideran que se haya 
hecho justicia porque a quien ellos quieren ver en la cárcel, no está en la 
cárcel, y puede pasar lo que puede pasar, pero para ellos el significado de 
justicia en realidad es venganza, entonces habrá que aceptarnos como 
personas vengativas, que eso es duro, porque en realidad lo somos”, enfatizó. 
Incluso hizo referencia al jurista Luigi Ferrajoli, quien ha señalado que a pesar 
de que se ha tratado de justificar el uso de la cárcel con la reinserción, pues se 
consideró impactante que la sociedad fuera capaz de castigar, aunque es la 
realidad. 
“Siempre se ha buscado dar una respuesta al uso de la cárcel, se ha dicho si 
es un castigo, pero se consideró duro que somos capaces de castigar