Retos-y-perspectivas-de-la-seguridad-publica-en-el-Siglo-XXI-ordo-ab-chao

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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
 PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO 
 
 
 
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
EN EL SIGLO XXI. “ORDO AB CHAO” 
 
 
TESIS 
 
 
QUE PARA OPTAR AL GRADO DE 
 
DOCTOR EN DERECHO 
 
PRESENTA: 
 
ARTURO MANSILLA OLIVARES 
DIRECTOR: DR. DANIEL MONTERO ZENDEJAS, UNAM. 
FACULTAD DE DERECHO 
 
México, D. F. Febrero del 2013 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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DEDICATORIA 
 
A María Estela Olivares Arriaga de Mansilla y Armando Mansilla 
Gómez a quienes amo y quienes desde mi niñez me ofrecieron 
su cariño, me formaron y educaron, inculcándome principios y 
valores, entre ellos, el respeto, el amor para con mis 
semejantes, la lealtad, el trabajo, la constancia y disciplina. 
 
A Patricia que ha sido mi compañera y apoyo incondicional, 
dejándome ver múltiples maneras de apreciar la vida y 
aconsejándome y alentándome siempre que así lo he requerido. 
 
A mis amigos Jimena, Emiliano y Arturito que con su actuar se 
me presentan como un ejemplo de vida a seguir y a Luis 
Manuel, siempre radiante de alegría y optimismo. 
 
A Armando, Manuel y María Eugenia y por supuesto a 
Manuelito, Mateo, Mario Moisés y Marcos por su constante e 
incondicional apoyo y por el amor que siempre me han 
dispensado. 
 
A Carmen Olivares Arriaga y Ana María Olivares Arriaga de 
Tella, personas amadas por mi y últimas representantes de la 
familia Olivares Arriaga. 
 
A Roberto Pizá Zabalveytia y Ernestina Duarte de Pizá por el 
cariño que me brindan y sus constantes y útiles consejos. 
 
A Jimenita y Luis Arturo que se han convertido en un elemento 
motivador de mi vida. 
 
 
 
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P R O L O G O 
 
 
El tema de la seguridad pública nos atañe a todos, a los tres poderes y a los 
integrantes de la sociedad. 
 
Tan sólo hace unos años, el caminar por la calle a cualquier hora del día e 
inclusive por la noche no resultaba un riesgo: podíamos ir a un restaurante, a 
tomar un café, a una fiesta, de compras, salir con nuestras familias y nada 
sucedía, era extraño saber de la comisión de un robo o de cualquier otro ilícito que 
por lo general no se realizaba con violencia; ello se sucedía como un evento 
extraordinario, que en la mayoría de los casos nos resultaba ajeno. 
 
Conocíamos a nuestra policía, la aplaudíamos, sabíamos que podíamos 
acudir a ella porque le teníamos confianza y nos simpatizaba, ya que siempre 
encontrábamos una cara amable dispuesta a servir, a auxiliar a los mayores y 
prestarse a bromear, jugar y cuidar los juegos de los menores, era respetuosa con 
los varones y atenta y servicial con las mujeres. La policía interactuaba con la 
sociedad y se ganaba su confianza, en la policía se confiaba y a la policía se le 
respetaba. 
 
Cuando a un niño se le preguntaba sobre lo que quería ser cuando creciera, 
la respuesta inmediata era o policía o bombero, ellos eran su meta a alcanzar, a 
ellos se les admiraba. 
 
No se conocía otra autoridad para la comunidad en general, era la única. 
Cuando un conflicto surgía, ante quien se acudía era al policía, difícilmente se 
apelaba a otras instancias. Del Ministerio Público poco se sabía porque en las 
colonias, en los barrios, en las calles, la violencia era mínima y por lo general los 
conflictos vecinales se dirimían ante el policía o ante el Juez Cívico o como antes 
se le denominaba, el Juez Calificador de infracciones. 
 
Pero, paulatinamente, ese México fue cambiando, los delitos fueron 
aumentando en número y gravedad. Con el correr de los años, la violencia fue 
creciendo, se consideró al crimen como un negocio al que mucha gente accede en 
búsqueda de dinero fácil en grandes cantidades, la policía se alejó de la sociedad 
y ésta le retiró su confianza, las instituciones de seguridad pública, los órganos de 
gobierno y la iniciativa privada se ven permeadas por la delincuencia y ésta sigue 
creciendo y multiplicándose ante los esfuerzos de las autoridades por combatirla. 
 
 4 
¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento se perdió el rumbo? 
 
Arturo Mansilla, al abordar el tema, parte del principio “Ordo ab Chao”, y 
sostiene que la solución está en manos de todos: del gobierno en sus tres niveles 
y de la sociedad, señala que unos y otros deben trabajar unidos, en una sola 
dirección, que se cuenta para ello con los instrumentos legales suficientes, los 
recursos humanos y la disposición para proveer a la sociedad de la seguridad que 
anhela y que es obligación del Estado proporcionársela. 
 
Mansilla Olivares asegura que basta con reacomodar los elementos, 
colocarlos en su lugar y que sólo se requiere poner atención y analizar los 
problemas a partir de su raíz para, de esta manera, al conocer sus causas reales, 
poder modificar las normas y adecuarlas y dirigirlas a satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la población en materia de seguridad pública y así, los índices 
delictivos bajarán, las autoridades recobrarán la confianza de la gente y poco a 
poco, luego de haber puesto orden en el caos operante, se recuperará la perdida 
tranquilidad social. 
 
El autor sostiene que el problema de la seguridad pública no es un 
problema que pueda resolverse en un instante, de la noche a la mañana, ello es 
más serio, y plantea la existencia ideal de dos columnas que sostienen la 
estructura de la seguridad pública: la primera relacionada con la prevención del 
delito y la segunda referente a la investigación del delito y la procuración y la 
administración de justicia, asegurando que la acción de autoridades y sociedad 
inmersas en estas columnas, han provocado una inercia que desemboca en un 
caos considerado como normal, como habitual, en el que convergen ideas, 
estrategias, planes, programas, promulgación de leyes, etcétera, todas que, no 
obstante chocan las unas con las otras, tienden a buscar un solo fin: el bienestar 
de la sociedad a través del ejercicio del servicio de Seguridad Pública. Sin 
embargo, esta inercia crea caos, desorden, violencia, muerte, inseguridad, 
violación a la ley y desconocimiento de la misma y por supuesto la violación 
constante de los derechos humanos, trayendo como consecuencia miedo en la 
sociedad, a tal magnitud que la propia comunidad consiente la ejecución de 
conductas anticonstitucionales que conculcan los derechos humanos, que 
desconocen los principios que dieron origen a la Constitución como lo es el 
Federalismo o el de la autonomía del Municipio, o, que se promulguen leyes que 
desconocen la autoridad de Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública, con tal de vivir una tranquilidad 
que no llega, que no se da. 
 
Afirma el autor que no es con violencia como se resuelve el problema y 
hace suya la máxima de Isaac Asimov al sostener que “la violencia es el último 
recurso del incompetente”; la de Pitágoras: “Educa a los niños y no será necesario 
castigar a los adultos” y la de Concepción Arenal, que reza: “Abrid escuelas y se 
cerrarán cárceles”; partiendo de las dos ya referidas columnas y fundamentando 
su postura en la teoría del orden en el caos, nos refiere que en las distintas etapas 
históricas de nuestro país,las acciones de seguridad pública se han encaminado 
 5 
siempre a castigar a quienes realizan conductas antisociales, obteniéndose un 
resultado inmediato que acepta la sociedad pero que, sin embargo, no resuelve el 
fondo del problema, ya que mientras no se conozca el porqué de estas conductas, 
difícilmente se erradicarán, dando así una menor importancia a la prevención del 
delito, estableciéndose programas de carácter temporal que, en el mejor de los 
casos, duran el tiempo que el funcionario a cargo permanece en su puesto, pero 
que no enfrentan de fondo el problema y se traducen en acciones aisladas, sin 
resultados concretos. 
 
La Seguridad Pública, refiere Arturo Mansilla, requiere de múltiples 
acciones dentro de una y otra columna: en la primera, en la de la prevención del 
delito, sostiene que hay necesidad de reeducar a los integrantes de la comunidad, 
no es posible que en todos los niveles socioeconómicos se violen las normas 
administrativas y aún se cometan delitos y ello sea visto como un “no pasa nada”, 
“no tiene nada de malo” o “es lo normal” y causen con su actuar una lesión al 
enjambre social. Los principios éticos y morales se olvidaron, no hay valores ni 
formación, falta educación, además de que el individuo desconoce la realidad de 
los delitos y sus consecuencias y por ello resulta fácil y sencillo, primero cometer 
una falta menor; y, posteriormente, y ante la ausencia de una reacción de 
reproche o punitiva, continuar con la comisión de estas acciones las que 
aumentan en número y gravedad hasta convertirse en irreversibles. 
 
Mansilla plantea, además, una serie de factores incluyendo normas y 
procedimientos legales cuya aplicación genera impunidad y presenta las 
propuestas para perfeccionarlas y evitar este tipo de situaciones. 
 
En la columna de la prevención del delito refiere concretamente las labores 
de investigación para su prevención, a diferencia de las labores de investigación 
del delito, que son muy diferentes por la finalidad que persiguen. La primera, la de 
investigación para la prevención o de inteligencia, dirigida a conocer datos 
precisos de las personas que cometen ilícitos como el saber la forma en que 
actúan, en dónde residen, con quién se reúnen, su forma de operar, etcétera, 
labor que permite prever la comisión de ilícitos y en su caso, ya ejecutados, el 
poder realizar una adecuada investigación de los hechos para evitar que éstos 
queden impunes; y, la segunda, encaminada a conocer el qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde, porqué y para qué de los hechos, lo que permitirá integrar 
adecuadamente la averiguación previa, evitando así impunidad. 
 
Señala también las graves deficiencias que se presentan en la identificación 
de los probables responsables, imputados, indiciados, procesados y sentenciados 
al grado de que resulta difícil saber a qué persona se consigna, procesa y 
sentencia. Quien es sorprendido ejecutando un delito y sabe de las consecuencias 
del mismo y a ello se dedica, difícilmente proporciona su verdadero nombre y las 
autoridades se ven obligadas a iniciar las averiguaciones previas y procesos 
penales con los nombres que proporcionan, siendo el caso de que hay personas 
con dos, tres, cuatro y hasta cinco nombres diferentes, situación que en nada 
 6 
contribuye a la prestación adecuada del servicio de seguridad pública, 
convirtiéndose así en un factor generador de impunidad. 
 
El autor propone que, en este sentido, se tomen las medidas legales 
necesarias para que se integre un banco único de datos en el que se guarde el 
registro de todos los individuos que por alguna razón tengan contacto con las 
administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, desde su nacimiento o 
ingreso al país; datos que podrán ser utilizados para fines de investigación para la 
prevención del delito, procuración y administración de justicia y/o búsqueda e 
identificación de personas, etcétera, y que deberán transmitirse en tiempo real a 
los Juzgados Cívicos y Agencias del Ministerio Público a efecto de permitir que se 
identifique plenamente, a quienes en calidad de probables responsables, víctimas 
o testigos se encuentren rindiendo declaración, situación que permitirá reducir los 
índices de impunidad al localizar a quienes tienen pendientes órdenes de 
aprehensión o de reaprehensión, o a identificar cadáveres luego de eventos 
naturales o casos fortuitos, contribuyendo con ello a disminuir la impunidad y a 
hacer más eficientes las labores de los organismos de seguridad pública. 
 
En cuanto a la segunda de las columnas, la de procuración y administración 
de justicia, señala la importancia que reviste el que los servidores públicos 
encargados de la prestación del servicio de seguridad pública cuenten con los 
conocimientos, experiencia, capacidad y confiabilidad suficiente para que presten 
adecuadamente el servicio. 
 
Sostiene que, independientemente de que dichos servidores públicos sean 
poseedores de diplomas, certificados y títulos con los que acrediten haber tomado 
cursos, diplomados, carreras e inclusive posgrados, debe sometérseles a 
exámenes por los que demuestren contar con los conocimientos y experiencia 
suficientes para la prestación del servicio. 
 
El que nuestro país haya adoptado el Derecho Procesal Penal Acusatorio 
es una gran responsabilidad, implica el respeto absoluto a la garantía del debido 
proceso, a la presunción de inocencia, a la carga de la prueba a cargo de quien 
acusa; es un Derecho garantista que nos coloca en el plano del respeto absoluto a 
los derechos humanos, es un derecho que beneficia a la sociedad; y por tanto, a 
partir del policía preventivo que es a quien toca preservar el lugar de los hechos y 
tener el primer contacto con víctimas, victimarios y testigos e iniciar la cadena de 
custodia y, hasta los jueces y magistrados a quienes corresponde al término de 
dicha cadena atender el asunto y resolverlo, no sin antes pasar por las manos, 
decisiones y criterios de la policía científica, de investigación, investigadora o 
ministerial, los peritos y agentes del ministerio público, deben contar con la 
preparación y formación adecuadas, con los conocimientos, la experiencia y la 
disposición para el trabajo así como con los materiales equipo e infraestructura 
suficiente para hacer frente al cúmulo de delitos que día a día se ejecutan en el 
país, ya que de otra manera la implementación del Derecho Procesal Penal 
Acusatorio por sí solo, sin prestarle la debida atención, acarreará impunidad. 
 
 7 
Arturo Mansilla sostiene y demuestra que el criterio de policías preventivos, 
ministeriales, de investigación, investigadores o policía científica, peritos, agentes 
del Ministerio Público, personal de los Tribunales, Jueces y Magistrados es 
trascendental en la toma de decisiones en su actuar, y dicho criterio se aplica en 
concordancia con la educación, formación, valores y principios de quien ha de 
cumplir con su función, es necesario se realicen las modificaciones legales 
necesarias para que el personal de los Tribunales, los jueces y magistrados, se 
sometan a exámenes de control de confianza. 
 
Como toda obra humana, Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública en 
el Siglo XXI, Ordo Ab Chao, tiene sus aciertos y desaciertos; sin embargo 
muestra, a través de una lectura sencilla y accesible, una amplia experiencia del 
autor en materia de seguridad pública así como sus conocimientos jurídicos, quien 
aprovechándolos y fundamentándose a lo largo de su obra en principios legales y 
partiendo en todo momento de la ley y múltiples propuestas jurídicas, sociales, 
educacionales y prácticas, presenta aportaciones que por su sencillez, se 
manifiestan como profundas e importantes en la prestación del servicio de 
seguridad pública y en la búsqueda de la satisfacción de la necesidad de 
tranquilidad y seguridad por parte de la población. 
 
Se constituye así, esta obra, en una sólida aportación de consulta y 
asesoría para los servidores públicos integrantesde las Instituciones de Seguridad 
Pública, para los estudiosos del tema y para la población en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
La seguridad pública nos atañe a todos, a cada uno de nosotros: servidores 
públicos, iniciativa privada, maestros, obreros, amas de casa, niños y niñas o 
profesionales en las distintas áreas del conocimiento. A todos nos toca poner lo 
que esté de nuestra parte para mejorar el servicio, todos sabemos algo al 
respecto, todos de alguna manera nos vemos involucrados en la prestación de 
este servicio. 
 
Nuestra aportación la presentamos a partir de este estudio que tiene su 
origen en las experiencias del autor vividas a través de los años en su paso por 
reclusorios, juzgados, procuradurías e instituciones de seguridad pública, del trato, 
contacto y relación directa que con ellos ha tenido así como con víctimas de 
delitos, probables responsables, indiciados, procesados y sus familias, y de los 
conocimientos en todas las materias, en especial los jurídicos adquiridos en el 
aula y fortalecidos por el ejercicio profesional. 
 
Es así como en cada uno de los capítulos que se exponen se van 
presentando, uno a uno, los problemas que giran en torno a la prestación del 
servicio público de seguridad pública y se manifiestan las propuestas que de su 
análisis van surgiendo y que se constituyen en un aporte para mejorar la 
prestación del servicio, disminuir impunidad e índices delictivos y beneficiar con 
ello al colectivo social. 
 
De esta manera, en el capítulo I, denominado “Seguridad y Estado”, se 
coloca al lector frente a la teoría de los valores de Abraham Maslow y una vez que 
ha quedado expuesto que independientemente de las necesidades fisiológicas del 
ser humano, la de la seguridad es la primera en la escala y la que lo invita a crear 
el grupo social y mantener un estado de respeto y tolerancia a su interior, se 
exponen el fin, las actividades y las funciones del Estado y cómo debe éste, en su 
calidad de mandatario, alcanzarlo y ejercerlas siempre en beneficio de la 
comunidad y en estricto apego y respeto a los derechos humanos. 
 
En el capítulo II, denominado “Semblanza histórica de la seguridad pública 
en México”, se hace una reseña de la forma en que se ha ejercido el servicio de 
seguridad pública en las distintas etapas de la historia de nuestro país, y de esta 
manera se da a conocer al lector los problemas de corrupción, irrespeto a los 
derechos humanos, abusos de autoridad, comisión de faltas administrativas y 
delitos, carencia de educación y formación, participación ciudadana, falta de 
 9 
capacitación y educación a cargo de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, impunidad, etcétera, que desde hace siglos surgieron y que 
hasta el momento no se han erradicado. 
 
Con el capítulo III, a efecto de evitar que el lector caiga en problemas de 
semántica al analizar el documento, se presentan los principales conceptos que 
giran en torno a la seguridad, haciéndose un análisis de los mismos y delimitando 
en muchos casos las casi intangibles fronteras que existen entre unos y otros. Se 
presenta además el concepto del término “narcomenudeo”, señalando desde 
nuestro punto de vista lo que debe significar por sus características, ya que dicha 
palabra utilizada y puesta de moda por el legislador federal, no existe en la lengua 
española. Al igual que en los demás capítulos, a lo largo de éste se presentan 
diversas aportaciones susceptibles de ser aprovechadas en la prestación del 
servicio de seguridad pública, se formulan críticas y se proponen soluciones. El 
capítulo se denomina: “Conceptos en torno a la seguridad en las relaciones 
Estado-Sociedad en México en el siglo XXI”. 
 
El capítulo IV, el más extenso de la obra, titulado “Marco jurídico de la 
Seguridad Pública en México”, se inicia presentando el panorama jurídico en torno 
a la situación que vive México con respecto a la seguridad pública, y ahí 
exponemos cómo en un ejercicio autoritario y totalitario del poder, se atenta contra 
principios básicos de nuestra historia, como son el Federalismo y la autonomía del 
Municipio, dando origen a múltiples normas anticonstitucionales e 
inconstitucionales, la inclusión en la Carta Magna de dispositivos legales 
violatorios de los derechos humanos, leyes contradictorias unas con las otras y 
tratados internacionales que son aplicados a la entera conveniencia de países 
altamente desarrollados en una forma que dista mucho de ser equitativa e 
igualitaria. De esta manera, se presentan los tratados internacionales 
multilaterales y bilaterales que inciden directamente en la prestación del servicio 
público de seguridad pública, así como la denominada “Iniciativa Mérida” que no 
reúne los elementos para ser considerado como un tratado Internacional, sino 
como un acuerdo de voluntades hecho para satisfacer intereses ajenos a las 
necesidades y requerimientos de los mexicanos; se presentan también las leyes 
generales y federales, relacionadas con la seguridad pública y se expone 
ampliamente la “extraña confusión” respecto del objetivo que unas y otras 
persiguen y cómo, aprovechando esa confusión, es que la Federación “cede” 
facultades a las Entidades Federativas para que se hagan cargo de delitos 
federales, a la vez que federaliza delitos del fuero común y reglamenta dispositivos 
atentatorios del debido respeto, la presunción de inocencia y por supuesto de los 
derechos humanos consagrados en el texto Constitucional, como lo es el arraigo. 
En este mismo capítulo se presentan también la normatividad de las Entidades 
Federativas en materia de seguridad pública y se hace ver la falta de respeto que 
se ejerce en contra de las soberanías estatales, de Gobernadores, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Procuradores Generales de Justicia y Secretarios de 
Seguridad Pública; y, al igual que en el resto de la obra, se presentan fundadas en 
derecho, propuestas y soluciones. 
 
 10 
El capítulo V, llamado, al igual que el título del presente documento, “Retos 
y Perspectivas de la Seguridad Pública en el Siglo XXI. Ordo ab Chao”, inicia 
presentando la situación que vive nuestro país en materia de seguridad pública y 
es así como vemos que las estrategias implementadas sin fundamento jurídico 
alguno y exteriorizadas como un acto de autoridad tendiente a justificar unas muy 
dudosas elecciones que se dieron primeramente como una “guerra” contra el 
narcotráfico y posteriormente como el combate a la delincuencia organizada, sólo 
consistieron a lo largo de seis años en eso: un combate en toda la extensión de la 
palabra, un combate que trajo, como se demuestra: muerte, inseguridad y temor 
por parte de la población. 
 
Se alude también, a lo largo del capítulo, a las diversas causas generadoras 
de impunidad, se presentan ejemplos y escenarios, se toca lo referente al llamado 
por el autor, el “circuito de la impunidad”, el hábito por parte de la población de 
caer en la comisión de faltas administrativas y/o delitos como un actuar normal, la 
justicia para adolescentes, la legalización de narcóticos, la seguridad pública y el 
derecho penal acusatorio, la transparencia y rendición de cuentas entre otras 
cosas; y, a partir de ello, se va aludiendo y presentando la forma en que debe 
organizarse y atenderse el servicio de seguridad pública y se formulan además 
múltiples propuestas de carácter legislativo por las que se busca mejorar la 
prestación del servicio público de seguridad pública. 
 
El capítulo VI son las Conclusiones y en el mismo se dejan ver, a manera 
de sinopsis, algunas de las propuestas presentadas a lo largo de la obra. 
 
He aquí el contenido, lato sensu, de la obra. Se dirige a todos los servidores 
públicos que ligan su actividad profesional con la prestación del servicio público de 
seguridad pública, a los estudiosos y profesionales del tema y a los integrantes de 
la sociedad que se interesenen conocer acerca del mismo; se deja en sus manos, 
haciendo la aclaración que, como obra humana, resultado de las experiencias, 
conocimientos y criterio del autor, es susceptible de mejorarse, de ser criticada y 
contradicha pero también de ser aprovechada en todo aquello que al lector le 
pudiese resultar de utilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11 
 
 
 
 
 
 
 
Í N D I C E 
 
PRÓLOGO 3 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 8 
 
 
 
CAPÍTULO I 
SEGURIDAD Y ESTADO 
 
19 
 
 
 
1.1 GENERALIDADES……………………………………………………….………..… 19 
 
1.1.1. Seguridad, Formas de Organización Humana y 
Estado………………………………………………………………………. 
 
19 
 
1.1.2. Concepto…………………………...…………………………………. 25 
 
1.1.3. El Fin, las Actividades y las Funciones del 
Estado……………………………………………………………...… 
 
27 
 
 1.1.3.1. El Fin del Estado….…………..…………………………….……. 29 
 
 1.1.3.2. Las Actividades del Estado………...……………………………. 32 
 
 1.1.3.3.Las Funciones del Estado .............................................. 34 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
SEMBLANZA HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 
 
39 
 
 
 
2.1. ÉPOCA PREHISPÁNICA…………………………...………………………. 39 
 
 2.1.1. Los Mayas…………………………………………………………..… 39 
 
 2.1.2. Los Aztecas……………….……………………………………..…… 40 
 
 
 
2.2. LA COLONIA………………………………………………………………… 41 
 
 2.2.1. Los Primeros Funcionarios y la Real Audiencia…………..………. 42 
 
 2.2.2. El Virreinato…………………………………………………………… 44 
 
 
 
2.3. MÉXICO INDEPENDIENTE.................................................................... 51 
 
 2.3.1. Primer Imperio………………………………………………………… 51 
 
 2.3.2. Etapa Presidencial…………………………………………………… 54 
 
 2.3.3. Segundo Imperio……………………………………………………... 63 
 
 2.3.4. México Liberal………………………………………………………… 66 
 
 2.3.5. México Moderno……………………………………………………… 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 
CAPÍTULO III 
CONCEPTOS EN TORNO A LA SEGURIDAD EN LAS RELACIONES 
ESTADO-SOCIEDAD EN MÉXICO EN EL SIGLO XXI 
 
 
 
97 
 
 
 
3.1. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD…………………………………………. 97 
 
 3.1.1. El Concepto de Seguridad en Sentido Amplio (lato sensu)…...… 97 
 
 
 
3.2. EL CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO…………………………………... 99 
 
 
 
3.3. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA.…………………………… 102 
 
 
 
3.4. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL…………………………... 131 
 
 
 
 3.4.1. El Origen de la Seguridad Nacional………………………………... 131 
 
 3.4.2. El camino hacia los objetivos en materia de Seguridad Nacional 139 
 
 3.4.3. Características del concepto de Seguridad Nacional……………. 140 
 
 3.4.4. El concepto de Seguridad Nacional………………………………... 141 
 
 
 
3.5. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA…………………………….. 143 
 
 
 
3.6. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA………………………… 148 
 
3.7. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA……………………………. 150 
 
 
 
3.8. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD PERSONAL…………………………. 152 
 
 
 
3.9. EL CONCEPTO DEL BINOMIO AUTORIDAD FUERZA……………….. 154 
 
 
 
3.10. EL CONCEPTO DE POLICÍA…………………………………………….. 160 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 
 
165 
 
 
 
4.1. LA SITUACIÓN ACTUAL…………………………………………………... 165 
 
 
 
4.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
167 
 
 
 
 4.2.1. El Artículo 21 Constitucional………………………………………… 167 
 
 
 
 4.2.1.1. El Párrafo Noveno del Artículo 21 Constitucional…....… 168 
 
 4.2.1.2. El párrafo Décimo del Artículo 21 Constitucional…….…. 208 
 
 
 
 4.2.2. El Artículo 20 Constitucional………………………………………… 216 
 
 4.2.2.1. La Fracción V del Apartado B del Artículo 20 
Constitucional……………………………………………… 
 
216 
 
 
 
 4.2.3. Los Artículos 32 Párrafo Tercero; 73 Fracción XXIII; 115 
Fracciones III, Inciso h), VI y VII; y 122 Base Segunda, 
Fracción II, inciso e) y, Apartado G………………………………… 
 
 
218 
 
 
 
4.3. LOS TRATADOS INTERNACIONALES………………………………… 230 
 
 4.3.1. El Marco Jurídico…………………………………………………….. 230 
 
 4.3.2. Tratados Multilaterales……………………………………………… 231 
 
4.3.2.1. Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional……………….. 
 
231 
 
 13 
 4.3.2.1.1. Marco de aplicación y obligaciones a 
cargo de los Estados participantes…………. 
 
231 
 
 
 
 4.3.2.1.2. Medidas para combatir el lavado de 
dinero, penalización de la corrupción y 
responsabilidad de las personas 
jurídicas………………………………………. 
 
 
 
233 
 
 
 
 4.3.2.1.3. Medidas en torno a la prevención y 
ejecución de los delitos transnacionales..... 
 
234 
 
 
 
 4.3.2.1.4. Los Delitos de Delincuencia Organizada…... 238 
 
 
 
4.3.2.2. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada……………………………………………….. 
 
 
 
254 
 
 
 
 4.3.2.3. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas especialmente Mujeres y Niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional….. 
 
 
 
 255 
 
 
 
4.3.2.4. Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y 
Municiones, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional…………………………………………….. 
 
 
 
 
257 
 
 
 
 4.3.2.5. Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados…………. 
 
 
259 
 
 
 
 4.3.3. Tratados Bilaterales………………………………………………..… 262 
 
 
 
 4.3.4. Iniciativa de Seguridad Regional Programa de Asistencia para 
Combatir al Crimen Organizado, Iniciativa Mérida, Plan Mérida 
o Plan México………………………………………………….….… 
 
 
268 
 
 
 
4.4. LEYES GENERALES Y LEYES FEDERALES…………………………… 271 
 
 
 
 4.4.1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública……….. 271 
 
 
 
 4.4.1.1. Objeto………………………………………………………… 272 
 
 
 
 4.4.1.2. El contenido de la ley…………..…………………...……… 273 
 
 
 
 4.4.1.3. Comentarios Generales y puntos relevantes de la ley… 284 
 
 
 
 4.4.1.3.1. Homologación………………….………………………… 284 
 
 
 
 4.4.2. Ley de Seguridad Nacional………………………………………….. 308 
 
 
 
 4.4.3. Ley General de Salud, Ley General para Prevenir y Sancionar 
los delitos en Materia de Secuestro y Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, ambas Reglamentarias de la fracción XXI del 
 
 
 
 
 
 14 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…………………………….………………………………. 
 
309 
 
 
 
 4.4.4. Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria del artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
310 
 
 4.4.5. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada………………….. 315 
 
 
 
4.5. CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LEGISLACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA………………. 
 
 
 
 
 
 
323 
 
 
 
 
 
 
 4.5.1. Constituciones Políticas de las Entidades Federativas………….. 324 
 
 4.5.1.1. El Concepto de Seguridad Pública en las 
Constituciones Políticas de las Entidades Federativas.. 
 
325 
 
 
 
 4.5.1.2. El Ejercicio del Servicio Público de Seguridad Pública y 
el Mando de la Fuerza Pública en las Entidades 
Federativas………………………………………………… 
 
 
325 
 
 
 
 4.5.1.3. Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, 
Circulares y Disposiciones Administrativas…………….. 
 
3264.5.1.4. El Ministerio Público……………………………………….. 327 
 
 
 
4.5.1.5. Las Constituciones Políticas de las Entidades 
Federativas y los Sistemas Estatales de Seguridad 
Pública…………………………………………………….. 
 
 
329 
 
 
 
 
 4.5.2. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal………………………. 330 
 
 
 
 4.5.2.1. El Mando y el Mando Directo de la Fuerza Pública en el 
Distrito Federal…………….………………………………. 
 
330 
 
 
 
 4.5.2.2. El Ministerio Público………………………………………… 331 
 
 
 
 4.5.2.3. Las Funciones de Dirección de los Servicios de 
Seguridad pública…………………………………………... 
 
332 
 
 
 
 4.5.2.4. Los Órganos Político Administrativos y la Seguridad 
Pública……………………………………………………….. 
 
332 
 
 
 
 4.5.2.5. La Labor Legislativa…………………………………………. 333 
 
 
 
 
 4.5.3. Leyes de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública y Leyes 
de Seguridad Pública de las Entidades Federativas……………... 
 
333 
 
 
 
 4.5.3.1. El Concepto de Seguridad Pública y la Labor de 
Investigación………………………………………………… 
 
334 
 
 
 
 4.5.3.2. La Función de Seguridad Pública…………………………. 337 
 
 
 
 4.5.3.3. El Objeto de las Leyes….…………………………………... 338 
 
 
 
 4.5.3.4. Los Sistemas Estatales de Seguridad Pública…………… 339 
 
 
 
 4.5.3.5. La Subordinación de Gobernadores y Presidentes 
Municipales a Entidades Superiores……………………… 
 
347 
 
 
 
 4.5.3.6. Los Secretariados Ejecutivos o Técnicos de los 
 15 
Sistemas Estatales de Seguridad Pública…..…………… 350 
 
 
 
 4.5.3.7. Los Derechos y Obligaciones de los Integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública en las Entidades 
Federativas…………………………………………….……. 
 
 
353 
 
 4.5.3.8. El Uso de la Fuerza Pública………………………………... 359 
 
 
 
 4.5.3.9. El Registro Administrativo de Detenciones……………….. 360 
 
 
 
 4.5.3.10. Otras Regulaciones de las Leyes de los Sistemas 
Estatales de Seguridad Pública y de las Leyes de 
Seguridad Pública de las Entidades Federativas……….. 
 
 
362 
 
 
 
 
 4.5.4. Las Leyes de Seguridad Pública del Distrito Federal y Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal……… 
 
371 
 
 
 
 4.5.4.1. Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal…………… 371 
 
 
 
 4.5.4.2. Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal……………………………………………… 
 
378 
 
 
 
CAPÍTULO V 
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL SIGLO 
XXI “ORDO AB CHAO” 
 
 
391 
 
 
 
5.1. SEGURIDAD PÚBLICA, ESTADÍSTICAS OFICIALES Y REALIDAD…. 391 
 
 
 
 
5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EL ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LO REALIZADO Y EL PRINCIPIO “ORDO AB CHAO” ANTE EL 
MARCO PRÁCTICO Y JURÍDICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA………… 
 
 
393 
 
 
 
 5.2.1. Planteamiento del Problema………………………………………… 394 
 
 
 
 5.2.2. El Origen y Justificación de lo Realizado………………………….. 396 
 
 
 
 5.2.3. El principio “Ordo ab Chao” ante el marco práctico y jurídico de 
la Seguridad Pública…………………………………………………. 
 
408 
 
 
 
 5.2.3.1. La Comisión de Faltas Administrativas y Delitos como 
hábito socialmente aceptado…………………….………. 
 
409 
 
 
 
 5.2.3.2. El Circuito de la Impunidad…………………………………. 414 
 
 
 
 5.2.3.3. Delitos Generadores de Delitos……………………………. 418 
 
 
 
 5.2.3.4. Seguridad Pública y Justicia para Adolescentes………… 420 
 
 
 5.2.3.5. Seguridad Pública, Leyes de Extinción de Dominio y Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley 
de Lavado de Dinero)…………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
424 
 
 
 5.2.3.6. Seguridad Pública y Legalización de Narcóticos………… 426 
 
 
 
 5.2.3.7. Seguridad Pública y Derecho Procesal Penal Acusatorio 429 
 
 
 
 5.2.3.8. Seguridad Pública, Transparencia y Rendición de 
Cuentas………………………………………………………. 
 
435 
 
 
 
 
 16 
5.3 SEGURIDAD PÚBLICA, LA REALIDAD Y EL PRINCIPIO “ORDO AB 
CHAO” LAS PROPUESTAS…………………………………………………….. 
 
442 
 
 
 
 
 5.3.1. Seguridad Pública, la Realidad y el Principio “Ordo Ab Chao”….. 442 
 
 
 
 5.3.2. Las Propuestas……………………………………………………….. 444 
 
 5.3.2.1. La Reacción ante la Comisión de Hechos Ilícitos……….. 444 
 
 
 
 5.3.2.2. Comisión de Faltas Administrativas y Delitos ante la 
Complacencia de Autoridades y Comunidad……………. 
 
446 
 
 
 
 5.3.2.3. Formación y Educación…………………………………….. 447 
 
 
 
 5.3.2.4. La Puesta a Disposición y la Conservación del Lugar de 
los Hechos…………….…………………………………….. 
 
450 
 
 
 
 5.3.2.5. Investigación para la Prevención e Investigación para la 
Persecución del Delito.…………………………………….. 
 
453 
 
 
 
 5.3.2.6. Las Labores de Coordinación e Intercambio de 
Información………………………………………………….. 
 
457 
 
 
 
 5.3.2.7. Identificación de los Probables Responsables, 
Indiciados, Procesados y Sentenciados……………..…… 
 
459 
 
 
 
 5.3.2.8. Vigilancia y Disuasión de Delitos..………………………… 461 
 
 
 
 5.3.2.9. Una Detención Anticipada, el Arraigo……………….…….. 463 
 
 
 
 5.3.2.10. El Ministerio Público y el Término de 48 horas a favor 
del Inculpado………………………………………………… 
 
467 
 
 
 
 5.3.2.11. Reincidencia y Conducta Delictiva Precedente…...……. 469 
 
 
 
 5.3.2.12. Los Artículos 36, 132 y 133 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal y sus 
equivalentes en las Entidades Federativas…………….. 
 
 
472 
 
 
 
 5.3.2.13. Control de Confianza….…………………………………… 475 
 
 
 
 5.3.2.14. Justicia para Adolescentes……………………………….. 478 
 
 
 
 5.3.2.15. Actos de Autoridad Anticonstitucionales Socialmente 
Aceptados…….……………………………………………… 
 
480 
 
 
 
 5.3.2.16. Tráfico y Posesión de Armas y Robo de Vehículos…… 482 
 
 5.3.2.17. Legalización de la Producción y Tráfico de Narcóticos.. 484 
 
 
 
 5.3.2.18. Transparencia y Rendición de Cuentas…….…………… 488 
 
 
 
 5.3.2.19. Una Constitución para el Distrito Federal……………….. 489 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
LAS CONCLUSIONES 
 
491 
 
 
 
 
1. CONCEPTOS EN TORNO A LA SEGURIDAD PÚBLICA………………… 491 
 
 
 
 6.1.1. Orden Público………………………………………………………… 491 
 
 
 
 6.1.2. Seguridad Jurídica…………………………………………………… 492 
 
 
 
 17 
 6.1.3. Seguridad Nacional…………………………………………………... 492 
 
 
 
 6.1.4. Seguridad Pública……………………………………………………. 492 
 
 
 
 6.1.5. Seguridad Ciudadana………………………………………………... 493 
 
 
 
 6.1.6. Seguridad Privada……………………………………………………. 494 
 
 6.1.7. Seguridad Personal………………………………………………….. 494 
 
 
 
 6.1.8. Policía………………………………………………………………….. 494 
 
 
 
 6.1.9. Narcomenudeo……………………………………………………….. 495 
 
 
 
 
6.2. SEGURIDAD PÚBLICA…………………………………………………….. 496 
 
 
 
 6.2.1. La Necesidad de la Seguridad……………………………………… 496 
 
 
 
 6.2.2. Responsables del Servicio de Seguridad Pública en Sentido 
Amplio…………………………………………………………………. 
 
496 
 
 
 
 6.2.3. El Derecho Positivo Vigente y Seguridad Pública.………………. 496 
 
 
 
 6.2.4. La Seguridad Pública es un Servicio Integral en su Ejecución…. 498 
 
 
 
 6.2.5. El Servicio de Seguridad Pública y las Funciones del Policía a 
partir de la Fundación del Primer Municipio de América………… 
 
498 
 
 
 
 6.2.6. Seguridad Pública y Protección Civil…...………………………….. 500 
 
 
 
 6.2.7. Seguridad Pública e Identificación de Inculpados, Probables 
Responsables, Procesadosy Sentenciados……………………. 
 
490 
 
 
 
 6.2.8. La Prevención del Delito…………………………………………….. 493 
 
 
 
 6.2.8.1. La Prevención del Delito: Actividad sin Importancia…….. 493 
 
 
 
 6.2.8.2. Actividades Intrínsecas a la Prevención del Delito………. 493 
 
 
 
 6.2.8.3. La Prevención del Delito y la Formación de los 
Servidores Públicos al Servicio de las Instituciones de 
Seguridad Pública…………………………………………... 
 
 
494 
 
 
 
 6.2.8.3.1. La Formación Profesional……………….……… 494 
 
 
 
 6.2.8.3.2. Formación en Valores Éticos y Morales………. 496 
 
 
 
 6.2.8.4. La Prevención del Delito, el Policía y la Comunidad……. 496 
 
 
 
 6.2.8.5. La Prevención del Delito y la Comunidad………………… 496 
 
 
 
 6.2.8.6. La Prevención del Delito y la Función de Investigación 
para la Prevención del Delito……………………………… 
 
498 
 
 
 
 6.2.8.7. La Prevención del Delito y la Actitud ante la Comisión de 
Ilícitos……….…………………………………………………… 
 
500 
 
 
 
 
6.3. IMPUNIDAD (CAUSAS GENERADORAS)...…………………………….. 511 
 
 
 
6.4. LOS TRATADOS INTERNACIONALES………………………………...… 517 
 
 
6.5. NORMAS VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
ANTICONSTITUCIONALES, INCONSTITUCIONALES, 
CENTRALISTAS Y ATENTATORIAS DEL FEDERALISMO…….….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
518 
 
 
 
 
 
 
 18 
 6.5.1. La Realidad en Materia de Seguridad Pública………………….… 518 
 
 
 
 6.5.2. El Arraigo…………………………………………………………...…. 518 
 
 
 
 6.5.3. Narcomenudeo, Secuestro y Trata de Personas…………….…… 522 
 
 
 
 6.5.3.1. Narcomenudeo………………………………………………. 522 
 
 6.5.3.2. Secuestro y Trata de Personas……………………….…… 525 
 
 
 
6.6. LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y LA INFORMACIÓN…………. 526 
 
 
 
6.7. ACTOS ANTICONSTITUCIONALES SOCIALMENTE ACEPTADOS…. 528 
 
 
 
6.8. LEYES PRIVATIVAS…………………………………………………..…… 
 
 
528 
6.9. USO DE LA FUERZA………………………………………………………. 
 
 
529 
6.9. EL TÉRMINO DE 48 HORAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO……… 530 
 
 
 
6.10. EL PERSONAL DE LOS JUZGADOS, JUECES Y MAGISTRADOS Y 
LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA………..…………. 
 
531 
 
 
6.11. EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL DISTRITO FEDRAL Y SUS CORRELATIVOS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS……………………………………………... 
 
 
 
 
 
532 
 
 
 
 
6.12. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2006-2012……………. 533 
 
 
 
6.13. JUSTICIA PARA ADOLESCENTES…………………………………...… 534 
 
 
 
6.14. REINCIDENCIA Y CONDUCTA DELICTIVA PRECEDENTE………… 535 
 
 
 
6.15. TRÁFICO Y POSESIÓN DE ARMAS Y ROBO DE VEHÍCULOS.…… 536 
 
 
 
6.16. LEGALIZACIÓN DE NARCÓTICOS………………………………...…… 537 
 
 
 
6.17. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS……………..……… 538 
 
 
 
6.18. CONSTITUCIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL…………………...… 538 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………... 541 
 
 
 
Hemerografía……………………………………………………………………… 548 
 
 
 
Otras referencias………………………………………………………………….. 548 
 
 
 
LEGISLACIÓN CONSULTADA…………………………………………………. 548 
 
 
 
Acuerdos, Convenios, Convenciones, Pactos, Protocolos y Tratados 
Internacionales……………………………………………………………………. 
 
548 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Legislación 
Federal, General, Códigos, Planes Nacionales de Desarrollo, Decretos, 
Acuerdos y Jurisprudencia………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
554 
 
 
 
Legislación de las Entidades Federativas……………………………………… 558 
 
 
 
Legislación Abrogada…………………………………………………………….. 568 
 
 
 
Fuentes Electrónicas……………………………………………………………... 572 
 
 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
SEGURIDAD Y ESTADO 
 
 
"El gobierno tuvo su origen en el propósito de 
encontrar una forma de asociación que defienda y 
proteja la persona y la propiedad de cada cual con 
la fuerza común de todos” 
 
Jean Jacques Rousseau 
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
El principio de “Commune periculum concordiam paret” que Edgar Elías 
Azar nos refiere como “el peligro común fomenta la concordia”1 resulta 
fundamental para entender todo tipo de organización humana, desde la horda 
hasta el Estado Moderno. En el presente capítulo habremos se explicar y 
fundamentar la idea de que independientemente de las necesidades fisiológicas, 
la de la seguridad es una de las primeras y más importantes demandas del ser 
humano y la que lo obliga a organizarse, a establecer diversos tipos de vida en 
común y a reconocer por encima de cada uno de sus integrantes a un ente 
superior, al que de común acuerdo le otorgan diversas facultades para el efecto de 
que bajo su mandato ejercite diversas funciones y actividades tendientes a 
satisfacer las necesidades y requerimientos del grupo que le dio origen. 
 
1.1.1 Seguridad, Formas de Organización Humana y Estado 
 
En la evolución histórica de la humanidad, la seguridad se ha presentado 
como tema permanente de reflexión y acción. La incertidumbre y los deseos de 
cambio han generado en la especie humana pensamientos tendientes a entender 
su realidad, enfrentar las situaciones que vive, y para sentar las bases del 
 
1
 ELÍAS AZAR, EDGAR, Frases y Expresiones Latinas, Ed. Porrúa. Av. República de Argentina 15. México 
2008. Cuarta Edición,. p. 54. “El peligro común fomenta la concordia”. 
 20 
proyecto que considera necesario para su desarrollo. A partir de Aristóteles y de 
Santo Tomás de Aquino2 se muestra que el ser humano es un animal social que 
desarrolla sus fines en diversas formas y niveles de convivencia, es decir, en 
atención al sistema de interrelaciones traducido en la gama de obligaciones y 
facultades que se derivan del grupo social en que se desenvuelve, de tal suerte 
que lo social sólo puede ser analizado como algo que le es inherente. 
 
De esta manera, y siguiendo a Abraham Maslow,3 apreciamos que esta 
característica inherente del ser humano se da en atención a que sin ella no podría 
satisfacer las necesidades consideradas por la escala que presenta este autor, 
dentro de las que se encuentra la “necesidad de la seguridad”. 
 
Al respecto, Del Vecchio nos dice que los vínculos que conducen al hombre 
a unirse en grupos sociales son de muy variadas características; unos son dados 
por la naturaleza, sin necesidad de un acuerdo de voluntades; otros, por el 
contrario, encuentran su origen en un acuerdo de voluntades. Pero siempre y en 
todos los casos, estos vínculos sean naturales o resultado de la voluntad humana, 
son confirmados tácita o expresamente por quienes los integran.4 
 
Por su parte, Daniel Montero, siguiendo a Aristóteles, nos señala que las 
organizaciones sociales se dan a partir de la acción natural deliberada consistente 
en la unión del hombre con la mujer que da origen a la familia (primera forma 
natural de organización humana) y ésta, al no alcanzar a cubrir las exigencias o 
necesidades del ser humano (Abraham Maslow y la pirámide de las necesidades) 
 
2
 ARISTÓTELES, La Política, Colombia, Ed. Panamericana Formas e Impresos, S.A. primera edición, tercera 
reimpresión, 2005. 
Vid. GUTIÉRREZ SÁENZ, RAÚL, Historia de las Doctrinas Filosóficas, México, Ed. Esfinge. 37ava edición, 
2005, pp. 60-61, 86-88. Este autor señala que Aristóteles considera al hombre como un animal político (zoón 
politikón) y su actividad civil tiene supremacía sobre su actividad individual y éstas se desarrollan dentro de 
una sociedad perfecta que se denomina “Estado”. Siendo éste de origen natural, ya que su existencia es 
consecuencia de la naturaleza humana que exige que el hombre se asocie con los demás para darle vida a fin 
de que satisfaga sus intereses centrados en la consecución de la felicidad. 
 Por lo que respecta a Santo Tomás de Aquino, Gutiérrez Sáenz nos dice que el hombre, el individuo, se 
organiza y asocia con otrospara dar origen al Estado, manteniendo sus derechos originales inherentes a su ser 
pero incorporándose al grupo social (Estado) a efecto de que éste lo provea del bien común, operando así una 
dualidad consistente en la “Ordenación de la razón, para el bien común, promulgado por quien tiene el 
cuidado de la comunidad”. Es decir, el origen y fuente de la ley (la razón) por un lado; y por el otro, la 
finalidad o meta (el bien común). Vid. http://www.educar.org/articulos/politicaymoral.asp 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow, MASLOW, ABRAHAM, La Jerarquía de 
necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 
1943: una teoría sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una jerarquía de las 
necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades básicas, los humanos 
desarrollamos necesidades y deseos más altos. En su teoría manifiesta que dentro de las necesidades básicas 
se encuentra la de seguridad y protección. 
Vid. L. SISK HENRY Y SVERDLIK, MARIO, Administración y Gerencia de Empresas, Ed. Southwestern. 
Cincinnati, Ohio USA. 1979, pp. 473-474. 
4
 DEL VECCHIO, GIORGIO, Teoría del Estado, Casa Editorial Bosch Urgel. Barcelona, 1956, p. 90. 
http://www.educar.org/articulos/politicaymoral.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
 21 
e imponiéndose la máxima de que el “commune periculum concordiam paret”,5 da 
origen a aldeas que por naturaleza son los dos primeros estadios de la vida 
humana. Posteriormente, crea pueblos que para llegar a la cúspide de la 
organización, tras su conjunción, han de llegar a convertirse en la ciudad, la polis.6 
 
En la integración de estas formas de organización humana (familia, gens, 
hordas, clanes y tribus) a las que es posible considerarlas como primitivas o 
anteriores al estado, existe una característica fundamental que consiste en la 
persecución mediante vías empíricas de fines natural o convencionalmente 
determinados, entre los que se encuentran la satisfacción de diversas 
necesidades como lo es la de seguridad, a la que puede considerarse 
impostergable y permanente. 
 
Sin duda, en la formación de lo que ahora llamamos Estado, medió también 
la voluntad del hombre para dar respuesta a sus necesidades generales como 
colectividad interactuante, ya que por sí solo el individuo no podía satisfacerlas. Es 
decir, requería, en primer término, de un acuerdo inteligente que garantizara su 
seguridad personal, la convivencia pacífica y el orden. 
 
La seguridad personal implica que el individuo debe estar protegido en su 
integridad física de lo que sus semejantes pudieran intentar en su contra y de su 
conflicto con la naturaleza. El hombre ya no está dispuesto a que en sus 
relaciones interpersonales impere la fuerza, lo que sugiere un grado de conciencia 
y determinación dentro de un esquema de relaciones de poder. 
 
La convivencia pacífica nos remite a pensar que el ser humano se 
encuentra asentado en un lugar determinado, que ocupa un espacio físico 
permanente y que requiere de paz para sobrevivir y desarrollarse. Por su parte, el 
orden es consecuencia de las razones anteriores y le es necesario en sus 
relaciones con los demás; así, el orden significa permanencia, estabilidad y 
 
5
 ELÍAS AZAR, EDGAR, Frases y Expresiones Latinas, Ed. Porrúa. Loc. Cit. p. 54. “El peligro común fomenta 
la concordia”. 
6
 MONTERO ZENDEJAS, DANIEL, Derecho Político Mexicano, Ed. Trillas. México, D.F. 1991, p.51. 
Vid. CABALLERO ALCÁNTARA, ENRIQUE, Sociología, Ed. Porrúa Hermanos y compañía. México, D.F. 1971, 
pp. 9 y 10. Este autor nos refiere que no debemos ir muy lejos para conocer el principio de la existencia de los 
grupos humanos ya que basta con considerar que todos se derivan de la existencia de la unión de un hombre y 
una mujer. “En cualquier parte del mundo se han encontrado grupos de hombres que descienden de una pareja 
llamada tronco común”; y agrega que la costumbre hace que las familias vivan en común bajo un mismo 
techo; “pero resulta que las tribus de origen se alejaron de las otras tribus, es decir se dispersaron con objeto 
de mejorar su modo de vivir o simplemente se alejaron para encontrar su seguridad o refugio estable”. 
 22 
seguridad como condiciones indispensables para inducir un trabajo intelectual y de 
progreso.7 
 
Si se considera que el significado de las palabras no es inmutable sino 
relativo, observamos que a través de la historia algunas de ellas han alcanzado 
significados diversos a los de su sentido original, lo que es aplicable al concepto 
de Estado. Veamos, "en el régimen feudal la religión – fundamentalmente - 
garantizaba el estado de relaciones entre los hombres, la divinidad había 
dispuesto a todos los seres integrantes del universo en una jerarquía que no 
tocaba a los hombres modificar. El renacimiento reconoce en el ser humano su 
naturaleza racional y su capacidad de acción y de organización. Con el auge del 
racionalismo el hombre se percata de que precede a la sociedad y que sin él la 
organización social de los hombres imperante no tendría razón de ser, desecha la 
idea de que dios dispone la organización de los hombres y asume su 
responsabilidad de creación y trascendencia terrenal. Aparece la idea del contrato 
social, que por principio de cuentas es visto por Althusius como el acuerdo en 
virtud del cual los hombres viven en comunidad, se transforma con Hobbes en el 
pacto de sujeción (pactum sujectionis) del pueblo al monarca; Locke lo presenta 
como el pacto en virtud del cual el Estado se convierte en la potencia que asegura 
la propiedad y la vida de los individuos, y desemboca en Rousseau con 
características nuevas: el contrato social ya no es un acuerdo entre los hombres, 
por una parte, y el príncipe y el Estado por la otra, sino un acuerdo entre los 
hombres mismos para fundar el Estado".8 Es decir, hubo diferentes 
interpretaciones de cómo manejar y organizar a la sociedad, de la naturaleza de 
 
7
 CERDA, LUGO JESÚS, Derecho de Policía, Sinaloa, México, Ed. Colegio de Abogados, A.C., 2000, p. 11. En 
este sentido, Jesús Cerda señala que el hombre desde la prehistoria, ha requerido de seguridad personal, 
encontrando los primeros resguardos y refugios en los grupos familiares y que dada su naturaleza de ser 
social, que lo motiva a la constante interrelación con sus semejantes, al iniciarse las sociedades primitivas, 
cada individuo se veía en la necesidad de renunciar a ciertos privilegios que disfrutaba en su individualidad y 
a limitar y restringir sus libertades por el solo hecho de integrarse a un grupo social. Al convertirse (el 
individuo) “en un ser social, éste renuncia expresamente a las libertades y derechos que poseía en su etapa 
primitiva donde no existían deberes sociales y económicos, ya que en comunidad tiene que respetar y hacer 
respetar los derechos mas fundamentales e indispensables para la convivencia común, sin los cuales no es 
posible que subsista esta agrupación, entiéndase sociedad”. 
8
 CÓRDOVA, ARNALDO, Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, México, Ed. Grijalva, 1982. Pág. 43. 
Vid., ARON, RAYMOND, Las Etapas del Pensamiento Sociológico, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte. 
Buenos Aires, Argentina. T.I, pp. 91 y 92. Este autor refiere la Ley de los Tres Estados de Augusto Comte 
quien afirma que el espíritu humano ha pasado por tres fases sucesivas. En la primera pretende dar a una 
explicación a los fenómenos de la naturaleza, atribuyéndoles características mágicas, nos encontramos aquí en 
una etapa teológica donde surge el politeísmo ya que para la lluvia habrá un Dios de la lluvia, para el fuego un 
Dios del Fuego, para el mar un Dios del Mar, etc; en la segunda, considerada como la etapa metafísica, seda 
una explicación a los fenómenos naturales, que se explican invocando categorías filosóficas abstractas. El 
último estadio de esta evolución, el científico o positivo, supone el triunfo de la racionalidad positiva, en tanto 
que los hombres no buscan el origen del Universo sino las “leyes efectivas” de los fenómenos. Toda su 
atención se centra en averiguar cómo se producen éstos con la intención de llegar a generalizaciones sujetas, a 
su vez, a verificaciones observacionales y comprobables. 
 23 
sus relaciones y de la finalidad de su organización. Era necesario encontrar una 
justificación para suplir el vacío que dejaba la explicación metafísica del ejercicio 
del poder. 
 
La utilización del término Estado se remonta a Italia en los siglos XV y XVI, 
a raíz de la obra El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. En un primer momento, la 
palabra “Lo Stato” se relacionó con el gobierno y su Corte, para más adelante 
significar, también, el dominio que se ejercía sobre un territorio específico. En este 
sentido y siguiendo a Mario de la Cueva, el hecho de que la palabra Estado 
provenga de la voz latina “status”, no significa que los romanos hubieren utilizado 
tal acepción en el sentido moderno de la palabra, o que tenga un significado más o 
menos similar al que se utiliza hoy en día, ya que al referirse a su núcleo social el 
término a utilizar lo eran los de “pueblo romano” o “res publica” y por status se 
entendía simplemente condición o constitución; y que el concepto moderno del 
término “Estado”, nació precisamente con Nicolás Maquiavelo quien lo plasmó, 
como ya lo mencionamos, en su obra El Príncipe.9 
 
En los siglos XVI y XVII el concepto de Estado fue tomando fuerza en el 
dominio público, y para el siglo XVIII se generalizó en la literatura científica, en las 
leyes y en los escritos políticos.10 Aunque a veces se le utilizaba en sentido 
restringido (significando sólo al territorio), el término fue creciendo y se le 
añadieron atribuciones de diversa índole. Es precisamente a ello a lo que 
adjudicamos la variedad de sinónimos que aún se utilizan en relación al Estado 
confundiéndosele con los conceptos de Nación, Administración, País, Gobierno, 
Orden Jurídico, entre otros, que no corresponden a la exacta dimensión de lo que 
representa actualmente, ni mucho menos ayudan a su debida comprensión. 
 
La doctrina tradicional sostiene tres elementos esenciales y permanentes 
como integradores del Estado: pueblo, territorio y poder. Sin embargo, nosotros 
 
9
 DE LA CUEVA, MARIO, La Idea del Estado, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de 
Humanidades. 1ª Edic. México, 1975, p. 41. 
Vid. Del Vecchio Giorgio, Teoría del Estado. Algunas ideas fundamentales para la elaboración de una nueva 
Teoría del Estado, Barcelona, Ed. Bosch, Casa Editorial. Urgel, 51 bis, 1956, p.89. Este autor señala que el 
uso del término Estado como sociedad políticamente organizada, es relativamente moderno, ya que tuvo su 
origen en los tiempos de Maquiavelo. Que los términos usados por los romanos (res publica o status rei 
romanae) o por los griegos (politeia), utilizadas de antiguo, probablemente condujeron a utilizar el término en 
el sentido en que actualmente se le conoce. 
Vid. REYES HEROLES, JESÚS, En busca de la razón de Estado, México, Ed. Miguel Ángel Porrúa, Cuadernos 
de Teoría Política I, 1982, p. 31. 
Vid. MAQUIAVELO, NICOLÁS, El Príncipe, México, Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V. 5ª Edic., 2002, pp. 
21. Maquiavelo a partir del capítulo primero de su obra, refiere por primera vez lo que para nosotros es el 
concepto moderno de estado al señalar que “Todos los estados y dominios que han tenido y tienen soberanía 
sobre los hombres, fueron o son repúblicas o principados”. 
10
 GONZÁLEZ URIBE, HÉCTOR, Teoría Política, México, Ed. Porrúa, 1982, p. 78. 
 24 
retomaremos para nuestro análisis la doctrina que distingue cinco elementos, 
mismos que tan sólo señalaremos para tener las referencias básicas, que más 
adelante servirán para definir su participación. De esta manera, entenderemos por: 
 
Pueblo: Sociedad humana unida por vínculos diversos como la raza, los 
hábitos, las costumbres, la religión, las tradiciones. 
 
Territorio: Espacio geográfico determinado donde está asentado un pueblo, 
y del cual puede disponer para su realización. 
 
Orden Jurídico: Sistema racional de normas sociales de conducta, 
declaradas obligatorias por la autoridad competente por considerarlas 
soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica.11 
 
Gobierno: Autoridad pública conformada por instituciones estables y 
permanentes que adquieren determinada forma (en nuestro caso, una 
República Representativa, Democrática y Federal). 
 
Finalidad: Búsqueda del Bien Común, considerado éste como la serie de 
condiciones materiales y espirituales que permitan al ser humano alcanzar 
la perfección de su naturaleza racional.12 
 
En la actualidad, lo cierto es que eso que llamamos Estado es una realidad 
que nos atañe a todos, que nos vincula con los demás y de la cual no podemos 
abstraernos ni evitarla. Esa realidad que afecta nuestra esfera individual y social 
de movimiento, es un fenómeno que nosotros mismos hemos creado y del cual 
necesitamos para el desarrollo personal e integral de cada uno de los que 
formamos la sociedad: "A pesar de todo, el Estado sigue existiendo como 
alternativa”.13 
 
Miguel Acosta Romero, define al Estado, como "la organización política 
soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado, bajo 
un régimen jurídico, con independencia y autodeterminación con órganos de 
gobierno y de administración que persigue determinados fines mediante 
actividades concretas".14 
 
11
 VILLORO TORANZO, MIGUEL, Introducción al Estudio del Derecho, México, Editorial Porrúa, 1980, p. 127. 
12
 GONZÁLEZ URIBE, HÉCTOR. Ob. Cit., pág. 203. 
13
 REYES HEROLES, FEDERICO, Ensayo sobre los Fundamentos Políticos del Estado Contemporáneo, México, 
Editorial UNAM, 1982, pág. 85. 
14
 ACOSTA ROMERO, MIGUEL, Derecho Administrativo, México, Editorial Porrúa, décima edición, 1991, pág. 
64. 
 25 
1.1.2 Concepto 
 
Para Jellinek, "el Estado es la unidad de asociación dotada originalmente de poder 
de dominación y formada por hombres asentados en un territorio".15 El referido 
poder de dominación es importante analizarlo ya que sustenta que las cosas en la 
vida social sean de una forma y no de otra. 
 
Para Del Vecchio “el Estado no es sino la forma histórica de organización 
política”, que complementado por Mario de la Cueva, interpretando a Jouvenel, 
señalaría que “el estado es el aparato que gobierna la sociedad” o citando a 
Duveger: “estado es gobierno”.16 
 
De esta manera, para Del Vecchio, el Estado es la forma de sociedad que 
se funda esencialmente en el vínculo jurídico regido por normas o sistemas de 
normas, que sujetan en su actuar a los individuos y organizaciones que integran 
esa sociedad y en atención a la voluntad social preponderante en un momento 
histórico determinado. De tal suerte, como lo expresa Bobbio, dicho conjunto de 
normas se encuentra por encima de la ley civil (privada), a la que limita, para 
imponer con la coacción el máximo desarrollo de las leyes naturales que no 
requieren de la fuerza para ser aplicadas. Así que mientras en el derecho privado 
los individuos conducen sus relaciones en atención a sus propios intereses, 
convirtiéndose cada uno de ellos en “iudex in causa sua”, el derecho público, 
encontrándose por encima de aquél en atención a la ley natural que determina el 
bien general de la sociedad, se ejerce el “imperium”, entendido como la 
supremacía o mando del superior que actuando como “iudex super partes”, le es 
inherente el poder de ejercer el derecho coactivo.Las relaciones de dominación se concretan a través de la hegemonía y la 
coerción; entendiendo como hegemonía la imposición de una ideología a través 
del convencimiento, logrando la asimilación de ésta en el dominado hasta que 
hace suyo el proyecto del dominador. En tanto, la coerción es el uso de la fuerza 
generalmente institucionalizada, como por ejemplo, los cuerpos militares y 
policiacos. Ambos elementos, hegemonía y coerción, suponen la existencia de un 
poder, del que se puede decir con Hauriou que "es una libre energía que gracias a 
 
15
 Idem. 
16
 Vid. DEL VECCHIO GIORGIO, Teoría del Estado. Algunas ideas fundamentales para la elaboración de una 
nueva Teoría del Estado, Barcelona, Bosch, Casa Editorial. Urgel, 51 bis., 1956, p. 29. 
Vid. DE LA CUEVA, MARIO, La Idea del Estado, Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación 
de Humanidades. 1ª Edición, México, 1975, p. 44. 
 26 
su superioridad asume la empresa del gobierno de un grupo humano por la 
creación continua del orden y del derecho".17 
 
La coerción supone a la coacción como medio concreto de aplicación, tanto 
en sus manifestaciones llamadas preventivas como represivas. En la vida del 
hombre, éste tiende a tratar de integrarse en la sociedad a través de relaciones 
grupales y a aceptar el orden existente. Los sentimientos de pertenencia, 
comunión de intereses y de solidaridad, fortalecen la vida grupal y le proporcionan 
identidad social al individuo que tiene necesidad de los demás para su desarrollo, 
pero siempre en un ambiente de respeto a las reglas establecidas y dentro de la 
amenaza o advertencia permanente de la sanción si traspasa la barrera de lo 
permitido. 
 
Giuseppe Lumia nos dice que "la organización social y el poder, que es la 
fuerza conformadora de aquella, se apoyan esencialmente en dos fundamentos: el 
consenso y la fuerza. Estos dos elementos pueden estar distribuidos en diferentes 
formas en los regímenes políticos, pero ningún régimen puede despreciarse el uno 
al otro; así como la dictadura no puede prescindir de un minuto del consenso, al 
menos por la parte de quienes pretenden la fuerza de las armas, tampoco la 
democracia puede despreciar el uso de la fuerza para imponer la voluntad de la 
mayoría a minorías recalcitrantes”.18 Fuerza y consenso se encuentran entre sí en 
 
17
 GONZÁLEZ URIBE, HÉCTOR. Ob. Cit., pág. 204. 
Vid. BOBBIO, NORBERTO, Estado, Gobierno y Sociedad, México, Ed. Fondo de Cultura Económica. 
Breviarios 487, 1989, p. 40. 
Vid. DEL VECCHIO GIORGIO, Teoría del Estado. Ob. cit., p. 95. 
Vid. CONEJO CERTCHA, FRANCISCO M., Interés Público. Diccionario Jurídico Mexicano, México, Ed. Porrúa, 
S.A., Universidad Nacional Autónoma de México. Tercera edición, 1989. T. I-O, pp.1779 y 1780. Se señala 
en esta obra que interés público, “es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas 
de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. 
 Las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho se pueden clasificar 
en dos grandes grupos. En el primero se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades 
específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el “interés privado”, y tienen 
la característica de que al ser satisfechas se producen beneficiosa solamente para determinadas personas. Por 
el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su 
conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas 
pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado... 
 La protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses 
privados. En efecto, el interés público es protegido por el Estado, no solo mediante disposiciones legislativas, 
sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad 
permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas.” 
18
 LUMIA, GIUSEPPE, Principios de Teoría e Ideología del Derecho, Madrid, Editorial Debate, Madrid, 1985, 
págs. 14 y 15. 
Entiéndase también como aparato represivo no solo al ejército y a las diversas instituciones de policía, de 
persecución e investigación del delito, sino a los tres poderes: Legislativo a través de la promulgación de 
leyes, El Judicial con la expedición de resoluciones y el Ejecutivo o administrativo dictando actos 
administrativos, cuya tendencia se dará siempre en razón del equilibrio que exista entre el consenso y la 
fuerza. 
 27 
una relación inversamente proporcional, de forma que cuanto más extenso es el 
segundo, más se puede prescindir de la primera; y en sentido opuesto, cuando se 
presente un incremento en el ejercicio de la fuerza, se manifiesta también, con la 
misma intensidad, un decremento en el ejercicio del consenso. La primacía de uno 
u otro elemento constituye uno de los parámetros más significativos para la 
calificación de un régimen político, ya que “las democracias cuentan, sobre todo, 
con el consenso de los ciudadanos mientras que las dictaduras confían en mayor 
medida en la fuerza de los aparatos represivos".19 
 
La reflexión es pertinente en la actual etapa de transición democrática del 
Estado mexicano en la que el equilibrio entre el consenso y el uso de las fuerzas 
es muy endeble, en donde la utilización de la fuerza carece de legitimidad social, 
en demérito de la seguridad de la población. 
 
"La convivencia comunitaria pacífica sólo tiene posibilidades de éxito 
garantizado en el respeto a las libertades no absolutas de cada individuo, es decir, 
estableciendo un orden. Así como la libertad tiene necesidad del orden, no sólo 
porque todo desorden es un obstáculo al ejercicio de ella sino porque en un 
principio la libertad no es más que la facultad de conformarse espontáneamente al 
orden, y desde luego es necesario conformarse espontáneamente al orden en el 
Estado para que tenga lugar de libertad y no únicamente la licencia. El orden tiene 
necesidad de la libertad, y en consecuencia, el ejercicio de la libertad en sociedad 
encuentra como límite el orden traducido en el respeto o ejercicio de las libertades 
de cada uno de los individuos que integran la sociedad, sin invadir la esfera 
jurídica de aquellos con quienes conviven e integran también o interactúan con su 
grupo social. Por sí sólo -el orden- sería inútil, pero la ley de la vida es el 
movimiento y el cambio, y la libertad se los proporciona. El orden y la libertad 
tienen necesidad del poder para protegerse contra los acontecimientos". 
 
 
1.1.3 El Fin, las Actividades y las Funciones del Estado 
 
Mención especial refieren el fin, las actividades y las funciones del Estado,20 
toda vez que estos términos son en ocasiones susceptibles de confundirse o de 
 
19
 GONZÁLEZ URIBE, HÉCTOR. Ob. Cit., pág. 204.Ibidem. pág. 204. 
20 
 PÉREZ ROYO, JAVIER, Introducción a la Teoría del Estado, Barcelona, Ed. Blume, 1980. Con el objeto de 
evitar caer en áridas discusiones doctrinales, hemos de señalar que al igual que lo señala Javier Pérez Royo, 
como sinónimo de Estado, entenderemos también Gobierno. Este autor afirma que “en general, puede 
afirmarse sin temor a exagerar que el concepto de sistema político ha sustituido por completo al de Estado en 
la ciencia política actual, llegando a darse el caso de que incluso cuando se hace referencia a la actividad o a 
las tareas del Estado, se prefiera hablar de gobierno antes que utilizar el concepto de Estado.”. 
 28 
considerarse como sinónimos, lo que conduce a errores en el conocimientoreal de 
lo que es un fin, el medio para alcanzarlo y la forma en que habrá de alcanzarse. 
 
De esta manera y con el objeto de evitar confusiones hemos de referirnos a 
estos tres conceptos señalando que el fin del Estado, es la meta o el ideal común 
que pretenden alcanzar el conjunto de los grupos sociales y personas físicas que 
lo integran mediante la ejecución y puesta en marcha por parte de los órganos y 
dependencias estatales de diversas actividades consideradas por funciones 
específicas establecidas de común acuerdo y que se encuentran reguladas por el 
marco jurídico vigente en dicho Estado. Así, el fin es el objetivo o meta a alcanzar, 
es decir, el bienestar general (económico, de seguridad, social, político, etcétera); 
las actividades son las acciones que realizan los diversos órganos y dependencias 
del Estado para alcanzar dicho fin; y las funciones son los parámetros dentro de 
los cuales se desenvuelven los diversos órganos y dependencias del Estado para 
llevar a cabo las referidas acciones.21 
 
Por tanto, las características del bien común son: 
 
1. Que sea el resultado de las acciones realizadas por los órganos y 
dependencias del Estado en atención a sus funciones. 
 
2. Que sea general y común a la mayoría de los integrantes de la sociedad. 
 
3. Que satisfaga el interés general. 
 
4. Que no obstante que sea singular, goza de múltiples derivaciones de 
carácter social, económico, político, de seguridad, etcétera (volvamos a la 
pirámide de Maslow ya referida en acápites anteriores). 
 
 Las características de las actividades del Estado, consisten en: 
 
1. Son acciones que realizan los diversos órganos y dependencias del Estado. 
 
2. Obedecen a planes, programas, estrategias, líneas de acción, leyes, 
reglamentos, decretos, etcétera. 
 
21
 YÁNEZ ROMERO, JOSÉ ARTURO, Policía mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden público en el 
gobierno del Distrito Federal, 1821-1876, México, Ed. Plaza y Valdés. Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1999, pp. 73 y 74. En este sentido, Yánez Romero afirma que en el caso de México, los 
Bandos y Providencias de Policía debían hacerse cumplir por la autoridad con el objeto de “proporcionar 
bienestar y comodidad a los súbditos para su felicidad”. Asimismo, señala que cuando se establecieron las 
Intendencias en 1786, sus atribuciones eran las de Justicia, Milicia, Hacienda y Policía, todas tendientes a 
obtener el bien común como fin del Estado. 
 29 
 
3. Se dan dentro del marco de las funciones del Estado. 
 
Las características de las funciones del Estado, consisten en: 
 
1. Son autónomas las unas de las otras. 
 
2. Son interdependientes, es decir, no se da una sin la existencia de las otras 
ya que existe correlación entre las mismas. 
 
3. A partir de ellas se regula la actividad del Estado. 
 
4. Se encuentran consideradas por el marco jurídico fundamental de cada 
Estado. 
 
De esta manera podemos aseverar que el fin del Estado es la meta a 
alcanzar, las funciones son el marco, a partir del cual se pretende alcanzar el fin, y 
las actividades son los medios o caminos que nos permiten alcanzar el fin. 
Constituyéndose así, las funciones en el género y las actividades en la especie de 
todas aquellas acciones por las que se pretende alcanzar el fin del Estado. 
 
Serra Rojas, por su parte, señala que “los fines del Estado constituyen las 
direcciones, metas, propósitos y tendencias de carácter general que se reconocen 
al Estado para su justificación y que consagran en su legislación. 
 
Ellos fijan el extenso campo de la actividad pública en un proceso histórico 
que se caracteriza por su continua ampliación y extensión, que va desde el Estado 
abstencionista, con un número limitado de fines, hasta el Estado intervencionista, 
en una constante sustitución de la actividad privada. Las funciones del Estado son 
los medios o formas diversas que adopta el derecho para realizar los fines del 
Estado”.22 
 
 
1.1.3.1 El fin del Estado 
 
Podemos apreciar que las relaciones de dominación (las relaciones de poder) son 
fundamentales para la actualización de los fines y funciones del estado. La 
 
22
 SERRA ROJAS, ANDRÉS, Derecho Administrativo, México, Ed. Porrúa. Decimocuarta edición, 1988. T.I., 
p.39. 
 30 
creación de condiciones de orden que garanticen la libertad como fin del Estado 
se refleja a través del derecho. 
 
El Estado se constituye como una superestructura organizacional humana 
de la que depende una infinidad de estructuras sociales (sociedades mercantiles, 
sindicatos, asociaciones civiles, de beneficencia, deportivas, de profesionistas, 
religiosas, culturales, etcétera) e individuos, entre los que se dan una serie de 
interrelaciones de coordinación, de supra a subordinación y viceversa. 
Encontrándose las primeras, es decir, las relaciones de coordinación, reguladas 
por el derecho privado y las últimas dos, las de supra a subordinación y de sub a 
supra ordinación, reguladas por el derecho público patentizándose en estas dos 
últimas categorías la característica fundamental a cargo del Estado, consistente en 
la coerción (fuerza pública) para alcanzar un bien común perseguido por la 
sociedad en su conjunto conocido como bien común público. 
 
Aristóteles afirma que todo Estado es, evidentemente, una asociación, y 
toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los hombres, 
cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece 
ser bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien de 
cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de 
la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas las demás, y 
a la cual se llama precisamente Estado y asociación política. Señala asimismo que 
“la asociación de muchos pueblos forma un Estado completo, que llega, si puede 
decirse así, a bastarse absolutamente a sí mismo, teniendo por origen las 
necesidades de la vida, y debiendo su subsistencia al hecho de ser éstas 
satisfechas”. 23 
 
Porrúa Pérez24 señala que todo Estado contempla como fin, el bien común 
público, considerado este como “el que concierne a la masa de todos los 
individuos y de todos los grupos” que lo integran, y que dicho bien común público, 
debe reunir las características de orden y paz, de coordinación y de ayuda, aliento 
y en su caso de suplencia de las actividades privadas. Haciendo especial énfasis 
en cada una de estas características un elemento especial común a cada una de 
ellas, que es el de la seguridad”. 
 
 Burgoa señala que "para que la vida en común sea posible y pueda 
desarrollarse por un sendero de orden, para evitar el caos de la sociedad, es 
indispensable que exista una regulación que encauce y dirija esa vida en común, 
 
23
 ARISTÓTELES. Loc. Cit. 
24
 PORRÚA PÉREZ, FRANCISCO, Teoría del Estado, México, Ed. Porrúa. 37ava edición, 2003, pp. 285-288. 
 31 
que norme las relaciones humanas: el derecho, sin el cual es imposible cualquier 
convivencia".25 
 
Asimismo, se piensa que "el Estado tiene como objeto fundamental la 
consecución del orden, de la seguridad, de la paz social, de la satisfacción del 
interés general: persigue el bien común". 26 
 
Para González Uribe el fin del Estado "es garantizar sólida y 
permanentemente el orden, la paz y la justicia. Para esto, el Estado cuenta con un 
elemento: la autoridad o poder que supone el monopolio de la coacción física"27 y 
que mediante los cuerpos de seguridad y policiacos ejerce el poder coactivo del 
Estado bajo el argumento legal y legítimo de utilizar la fuerza para garantizar la 
seguridad de la población. 
 
Al crearse el Estado, la primera necesidad del hombre es dar seguridad al