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 2
LA POLITICA GUBERNAMENTAL PARA LOS 
PUEBLOS INDIOS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
 
INDICE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
I. LOS PUEBLOS INDIOS DEL SIGLO XV AL SIGLO XIX 
1.1 Aspectos precolombinos 
1.2 La Colonia 
 1.3 El Siglo XIX 
 1.4 El Mandato de Díaz 
 
II. LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XX Y LOS PUEBLOS INDIOS 
 2.1 Período revolucionario 
 2.2 Período post-revolucionario 
 
III. EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
 3.1 La consolidación del indigenismo integracionista (1948- 
1970) 
3.2 El INI y el indigenismo integracionista vinculado al 
desarrollo compartido y al combate a la marginación 
3.2.1 Desarrollo compartido 1970-1976 
3.2.2 Combate a la marginación 1977-1982 
3.2.3 El indigenismo de participación y la apertura 
económica 1982-1988 
3.2.4 Liberalismo “social” e indigenismo de autogestión 
1988-1994 
3.2.5 Lo indígena, una discusión nacional dentro de la 
globalización 1994- 2000 
 
 
 
 
5 
 
11 
11 
14 
19 
21 
 
24 
24 
26 
 
32 
32 
 
37 
 
37 
42 
46 
 
51 
 
63 
 3
IV. COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. 
4.1 El gobierno panista 
4.2 La Comisión 
4.2.1 El agotamiento del modelo 
4.2.2 El proceso 
4.2.3 Alternativas institucionales 
4.2.4 Estructura de la Comisión 
 
V. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN LAS REGIONES 
INDÍGENAS 
5.1. Regiones indígenas 
5.2. Población indígena en las regiones 
5.3. Indicadores socioeconómicos en las regiones indígenas 
5.4. La discriminación de los indígenas 
5.5. Migración internacional 
5.6. Migración interna 
 
VI. ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2004-
2006 
6.1. Consolidación de la CDI 
6.2. Presupuesto consolidado de la Administración Pública 
Federal 
6.3 Coordinación interinstitucional 
6.3.1. Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 
6.3.2. Desarrollo Indígena en 50 Municipios 
6.3.3. Otros convenios para la acción coordinada 
6.4. Los programas del INI 
6.4.1. Programa Albergues Escolares Indígenas, PAEI 
6.4.2. Programa Ecoturismo en Zonas Indígenas, PEZI 
6.4.3. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas, PROFODECI 
 
 
68 
 
68 
75 
76 
77 
79 
80 
 
86 
 
88 
90 
94 
103 
109 
114 
 
119 
 
 
119 
121 
 
126 
126 
 
129 
133 
136 
140 
141 
142 
 4
6.4.4. Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena, PROCAPI 
6.4.5. Programa Fondos Regionales Indígenas, FRI 
6.4.6. Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia 
6.4.7. Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas, POPMI 
6.5. Consulta y participación 
6.6. Comunicación intercultural 
 
VII. CONSIDERACIONES FINALES 
 
ANEXO 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
143 
 
144 
146 
 
146 
 
147 
148 
 
151 
 
164 
 
173 
 
 
 5
INTRODUCCIÓN 
 
 
Los indígenas en México han sido percibidos por la sociedad en general, en las décadas 
previas a la irrupción del EZLN -en las que ya sólo representan alrededor de 10% de la 
población nacional-, como algo invisible o útil para realizar tareas de servicio doméstico 
(que ya en el siglo XIX, había sido causal para perder los derechos ciudadanos), como 
un estrato inferior, sin posibilidad de aspirar a compartir las “bondades” del mundo 
moderno y convivir con los “bien nacidos”. Para la población medianamente ilustrada, 
lo indígena resultaba algo atractivo, siempre y cuando se relacionara con la historia 
precolombina o con manifestaciones artísticas o artesanales reconocidas 
internacionalmente. Tal visión ignoraba u ocultaba las centurias de agresión, exclusión 
y discriminación a las que han sido sometidos, desde que eran la mayoría aplastante de 
los habitantes del territorio en el que hoy vivimos. También ignoraba todo lo 
relacionado con las variadas figuras de solidaridad y reciprocidad, practicadas como 
producto de la herencia o el necesario aprendizaje, que les han permitido subsistir a 
pesar del despojo y explotación que han sufrido. 
 
Contra lo que muchos pensaban, la percepción actual en las zonas urbanas del país no 
cambió sustancialmente después de la gran difusión de los temas indígenas propiciados 
por la rebelión del 1º de enero de 1994; la ignorancia, los mitos y las visiones 
deformadas fueron el reflejo de la mayoría de las respuestas obtenidas de personas 
consultadas en una investigación con características de encuesta, levantada en 2006. 
 
Un año antes de la investigación mencionada, se difundieron ampliamente los 
resultados de un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que arrojaba resultados alarmantes en materia del atraso observado en algunas 
partes del país. Existían municipios en tal pobreza y marginación que eran comparables, 
medidos por índices de desarrollo humano, con las existentes en los países africanos 
más pobres, aquellos en los que frecuentemente se presenta la hambruna. También se 
conoció que los municipios más pobres de México eran indígenas. 
 
Independientemente de la discusión asociada a la forma de nombrar a los pueblos 
originarios o a los habitantes que mantienen lengua, costumbres y formas de 
 6
organización interna con clara influencia colectiva o de comunidades existentes antes de 
la conquista, se trata de formaciones socioculturales con características propias y 
diferenciadas, que en un marco jurídico moderno, deberían habérseles respetado sus 
derechos: de creencia, de posesión de la tierra, de formas de gobierno, de formas de 
producción, de formas de asociación, etc. La constante, desde la llegada de los 
españoles hasta nuestros días, ha sido muy otra. Con sustento en la ley o a pesar de ella, 
siempre se les han conculcado sus derechos, aunque haya sido en diferente magnitud o 
intensidad. 
 
Contar en 2007 con una fotografía de injusticia e iniquidad padecida por los habitantes 
originarios del país, conduce a establecer el propósito de este trabajo; identificar los 
elementos que han conformado las prácticas fundamentales de las diferentes cúpulas 
detentadoras del poder político, económico y social que han conducido a mantener el 
dominio, sometimiento o asimilación de las poblaciones indígenas, con particular 
atención en las políticas públicas aplicadas a partir del surgimiento de las instituciones 
que en los siglos XX y XXI se han creado para “atender a los indígenas”. Después de 70 
años de la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, en la época de Cárdenas, es 
preciso hacer un corte, para explicarnos los malos resultados, en términos del 
incumplimiento de los objetivos que se plantearon los discursos oficiales, para 
aprovechar los aciertos, en caso de que los haya, y sobre todo, explorar la posibilidad de 
sugerir caminos que permitan modificar de fondo las condiciones de vida y de 
existencia de las poblaciones indígenas, al tiempo que se propicie la reproducción de sus 
culturas, en un entorno en el que la sociedad toda los respete y aprecie, siempre que se 
generen opciones económicas pertinentes que lo sustenten. 
 
Para la elaboración de la presente tesina se partió de las siguientes hipótesis:• Afirmamos que la discriminación racial que, con diferentes matices, los 
detentadores de los poderes reales han impuesto como ideología dominante, ha 
sido una constante que ha influido durante 500 años en forma determinante para 
mantener en las peores condiciones políticas, económicas y sociales a la 
población indígena del país, subsistiendo muchas manifestaciones de ello en la 
actualidad, no sólo como percepción de la sociedad en general, sino como 
prácticas vivas de los agentes gubernamentales. 
 7
 
• Consideramos que el desarrollo económico firme y sostenido, capaz de generar 
empleos, es un requisito indispensable pero no suficiente para obtener resultados 
apreciables en las condiciones de reproducción de la población indígena. 
 
• Las lamentables condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas 
demandan políticas específicas, no necesariamente iguales a la dirigida a los 
pobres o pobres extremos. 
 
• Las políticas neoliberales han sido un factor decisivo para agudizar las 
condiciones adversas de los pueblos indígenas, cancelándoles la posibilidad de 
obtener ingresos propios, lo que ha propiciado su masiva migración a los 
Estados Unidos. 
 
Para sustentar las hipótesis planteadas se elaboraron siete capítulos que inician con la 
reflexiones del papel que se les asigna a los indígenas en la Colonia, destacándose que 
los procesos de colonización implicaron un sometimiento total de los diferentes pueblos 
indígenas, años en que se les trató de imponer lengua, religión, formas de producción y 
de gobierno, aún cuando se mantuvieron ciertas figuras de organización interna que 
favorecían a los criollos para la recolección de tributos, pero que de alguna manera 
servía para defenderse de los despojos de tierras no sancionados por las autoridades 
reales. El siglo XIX incluye los elementos que muestran cómo la igualdad asociada a las 
corrientes liberales predominantes no mejoró las condiciones de los indígenas, y en 
algunos aspectos las agravó, ejemplo de ello son la prohibición de los cabildos y la 
sanción jurídica del despojo de las tierras de las comunidades indígenas. Lerdo y Juárez 
cierran el eslabón de esa cadena. Porfirio Díaz y su compadre, con las compañías 
deslindadoras, completan el ciclo liberal que explota, excluye y despoja a los pueblos 
indígenas, con cuya exposición concluye el Capítulo I. 
 
El Capítulo II aborda someramente cómo la lucha revolucionaria de las primeras 
décadas del siglo XX no están precedidas por reivindicaciones específicas de los 
indígenas, aunque la potencial restitución de tierras de las comunidades, planteada por 
Zapata y parcialmente concretada en el sexenio de Lázaro Cárdenas, representan una 
base material que por momentos generó expectativas que nunca cuajaron del todo. Se 
 8
describen las concepciones sobre lo indígena, prevalecientes en el lapso que transcurrió 
entre el término de la lucha armada y la aparición del Instituto Nacional Indigenista, INI 
en 1948, destacando la enarbolada por José Vasconcelos que al ponderar a una “Raza 
Cósmica” superior, que se estaba formando con los mestizos, suponía la desaparición de 
los indígenas como consecuencia natural del progreso. 
 
El Capítulo III describe en forma crítica las políticas públicas aplicadas por el Estado, 
desde la aparición del INI hasta el final del milenio, iniciando con el periodo de 
consolidación de la visión de integración del indígena al progreso, a la civilización para 
que en un periodo relativamente breve, al dejar de ser indígena, lo lograra; continúa con 
el desarrollo compartido, que caracteriza al sexenio presidido por Luís Echeverría 
Álvarez, en el que se observa un incremento significativo de los recursos humanos y 
financieros destinados al apoyo de los pueblos indígenas en lo particular, acompañados 
por programas que respaldan la comercialización de los productos del campo para 
beneficio de los campesinos. Con López Portillo se frena la tendencia de crecimiento de 
los recursos financieros canalizados a los indígenas, directa o indirectamente, aunque se 
le da una cobertura teórica con la creación de la Coordinación General de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. 
 
La reducción de los apoyos, en términos reales, se acentuó en el sexenio de Miguel de la 
Madrid, aunque inicia el cambio en la concepción oficial del indigenismo, donde el más 
abierto abandono del campo, se complementa con el planteamiento de la necesidad de 
romper con el tutelaje de los desposeídos, y se busca, al menos en el discurso, lograr un 
equilibrio entre el acceso a la modernidad económica de los indígenas y el respeto a su 
identidad cultural. También inicia la retórica que pondera la participación de los 
indígenas en el diseño de las soluciones a sus problemas. Todo ello en un entorno de 
estancamiento y baja generación de empleos. La aceleración de las fórmulas 
neoliberales de Salinas y Zedillo terminan por desarticular las cadenas productivas de 
los diferentes sectores de la economía, cuestiones que sirvieron de caldo de cultivo para 
el exitoso movimiento del EZLN. Exitoso, por lo menos en lo que se refiere a la 
generación de expectativas para muchos indígenas del país de encontrar un cauce 
común a reivindicaciones asociadas con el combate de las ancestrales injusticias 
padecidas; en la interpretación de los intelectuales de izquierda; y por la amplia 
presencia en medios de comunicación nacionales e internacionales. 
 9
 
En el tercer capítulo mencionado se presentan las reflexiones sobre las políticas públicas 
declaradas y los magros resultados obtenidos, así como la descripción de los elementos 
que impidieron modificar de fondo la situación social y económica de los pueblos 
indígenas. 
 
El capítulo IV aborda la manera como el gobierno de Vicente Fox enfrenta el asunto de 
los pueblos indígenas, lo que incluye desde enarbolar de origen las propuestas de 
reforma de la COCOPA, hasta la creación de una nueva institución que no sólo atienda 
directamente a los pueblos indígenas, sino que se encargue de articular programas, 
proyectos y acciones de las diferentes instancias de la administración pública, 
incluyendo los tres poderes de los diferentes órdenes de gobierno y la concertación con 
los sectores social y privado, destacándose la descripción de las razones que provocaron 
el desgaste del INI y por tanto su ineficacia, al tiempo que se describe el proceso de 
cabildeo para la conformación de una Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, con las herramientas y fuerza necesarias para iniciar una nueva etapa 
institucional con pretensiones de mediano y largo plazo. 
 
Las condiciones socioeconómicas en las regiones indígenas: en el capítulo V se 
documentan con cifras que muestran sin lugar a dudas que los indígenas en el México 
del siglo XXI siguen siendo los más pobres, marginados y discriminados del país, por 
razones históricas, que se han reproducido bajo diferentes formas, que incluyen su 
situación material, conformada por su ubicación en regiones agrestes, donde las tierras 
son de baja calidad, en puntos muy alejados y sinuosos, arrinconados por los 
detentadores del poder económico, y por tal motivo tienen los más bajos ingresos, el 
peor sistema de comunicaciones, las más deterioradas condiciones de salud y los más 
altos grados de analfabetismo. Panorama que se agravó con las políticas neoliberales 
generando una reactivación de los procesos migratorios en las regiones indígenas que 
tenía alguna tradición en la materia, e integrando masivamente a migrantes en regiones 
en las que no se “acostumbraba”. Como parte importante de tales condiciones se 
describen características de la discriminación activa o pasiva de la que siguen siendo 
objeto los indígenas del país. 
 
 10
El capítulo VI incorpora un recuento crítico de los logros de la CDI en materia de 
incremento delos recursos financieros y humanos que se canalizaron a los pueblos 
indígenas en el periodo 2004-2006, tanto por la nueva institución como por todas las 
dependencias y entidades de la administración pública federal; los avances en la 
atención conjunta y coordinada de los pueblos indígenas por varias instancias de la 
administración pública federal, estatal y municipal para atender regiones, grupos 
seleccionados de municipios o necesidades de infraestructura básica con el apoyo de las 
herramientas del nuevo entramado institucional, sustentado en reformas legislativas 
pertinentes. Se aborda simultáneamente lo relacionado con los programas heredados del 
INI y las dificultades internas y externas que impidieron su incorporación plena al 
nuevo diseño de coordinación interinstitucional que permitiera hacer más pertinente su 
operación, al tiempo que se hubiese cumplido con lo establecido en la Ley de la CDI. 
 
Particular importancia se atribuye a lo avanzado en materia de participación y consulta 
de los pueblos indígenas y de comunicación intercultural, procurando establecer 
elementos que permitan para el futuro próximo fortalecer estas vertientes para 
convertirlas en ejes que orienten las políticas públicas específicas para los pueblos 
indígenas. 
 
Finalmente en el capítulo VII, “Consideraciones Finales”, se hacen reflexiones globales 
sobre los resultados de las políticas públicas en los diferentes momentos históricos, con 
particular énfasis en los gobiernos neoliberales; en la discusión sobre las reformas 
constitucionales; sobre las razones coyunturales que hicieron posible obtener éxitos 
relativos a la CDI que no necesariamente garantizan su continuidad y mucho menos la 
profundización de los procesos, tal como lo tenía contemplado la administración de esa 
institución y que dejó documentado en algunos escritos prospectivos. 
 
Por último, se plantean elementos para la integración de propuestas de políticas 
públicas, unas asociadas a un cambio en la correlación de fuerzas que permitan al 
Estado retomar la conducción del desarrollo económico, en un marco ampliamente 
democrático y otras como planteamientos defensivos con la pretensión de impedir 
retrocesos o el inicio descendente de un ciclo, como los que se han observado en la 
historia reciente del INI o de los gobiernos que sucedieron al de Lázaro Cárdenas. 
 11
I. LOS PUEBLOS INDIOS DEL SIGLO XV AL SIGLO XIX 
 
Antes de la llegada de los españoles, la población que habitaba el territorio de lo que 
hoy es la República Mexicana se distinguía por la diversidad, constituida por un gran 
número de pueblos, que hablaban diferentes lenguas, que tenían diferentes formas de 
interpretar el mundo, de medir el tiempo, de nombrar autoridades, de estratificación 
social, de trabajo colectivo forzoso, trabajo solidario, para obras suntuarias, religiosas y 
de uso comunitario. Sin embargo, existía un sistema cultural completo del que 
necesariamente participaban los pueblos involucrados, así como una poderosa estructura 
de dominación que sometía a un gran número de pueblos dispersos en el centro y en el 
sur del país. 
 
Para ilustrar la pluralidad y diversidad que debió existir a finales del siglo XV, baste 
decir que la persistencia, en la actualidad, de más de 60 idiomas, con más de 240 
variantes dialectales1, sólo son un pálido reflejo de las más de 150 lenguas 
precolombinas, en donde cada una de ellas trae consigo, no sólo una forma de 
comunicación o de transmisión de la información, puesto que al nombrar realidades y 
experiencias, se ordena el pensamiento, se establecen vínculos, emociones, poesía, 
literatura, se estructuran formas diferentes de entender lo que es “lo tuyo, lo mío, lo 
nuestro, la familia, el clan, los otros”. Muchas expresiones culturales y religiosas se 
suman para constituir una rica variedad de formas de ver al mundo y de insertarse en él. 
 
1.1 Aspectos Precolombinos 
 
En los primeros años del siglo XVI, existían dos civilizaciones organizadas que ya 
habían logrado un desarrollo cultural, político y social, relativamente alto: El Imperio 
Azteca y el Imperio Maya. El Imperio Azteca, que ocupaba la parte central y sur del 
país, del Océano Pacífico hasta el Golfo de México y El Imperio Maya establecido en la 
península de Yucatán, Tabasco, Chiapas, la parte central y oeste de Guatemala y la parte 
oeste de Honduras. Dos imperios que controlaban vía tributos, gran parte del territorio 
nacional y Centro-América, abarcando una gran cantidad de culturas y sociedades 
(civilizaciones) en distintos grados de desarrollo y dominio territorial. 
 
1 WARMAN (2003), p.100. 
 12
 
Los aztecas, con relación a la tenencia de la tierra, tenían 4 tipos de acuerdo a la 
clasificación que hace Eckstein2: 
 
1. Tlatocalalli, la cual correspondía a la tierra del rey seleccionada por él para 
su uso personal. 
 
2. Pillalli, tierra de los nobles y de los guerreros, otorgada por el rey como 
recompensa de los servicios prestados, estas tierras eran cultivadas por los 
guerreros y nobles con la ayuda de sus descendientes.3 
 
3. Mitlchimalli, tierra para la guerra y teotlalpan, tierra para los dioses, la 
primera financiaba los gastos militares y del ejército y la segunda se 
encargaba de los gastos sacerdotales y de las numerosas ceremonias 
religiosas. Estas tierras se rentaban ó se cultivaban colectivamente por los 
habitantes de aldeas vecinas. 
 
4. Calpulalli y el altepetlalli, son dos clases de propiedad comunal 
perteneciente a todo el poblado. La tierra perteneciente al Calpulli (colonia o 
barrio) se denominaban Calpulalli, la cual era administrada por un consejo 
de ancianos y distribuida entre todos los miembros del Calpulli, quienes 
disfrutaban de derechos de herencia y de derechos inalienables sobre sus 
parcelas, dichos derechos sólo podían cesar cuando el miembro dejaba de 
cultivar la tierra durante tres años consecutivos o cuando se cambiaba a otro 
poblado. El Calpulalli nunca podía ser vendido o traspasado a otro Calpulli, 
sólo podía rentarse con la finalidad de cubrir necesidades públicas o 
colectivas. Los límites entre los poblados estaban bien delimitados y el 
consejo de ancianos conservaba un mapa exacto del Calpulalli y el registro 
de todos los cambios de posesión. 
 
 
2 ECKSTEIN (1966), pp. 9-12. 
3 Sin embargo, cuando se conquistaban tierras que ya estaban habitadas, no se desposeía completamente a 
sus dueños, sino que la sumisión consistía en convertirse en arrendatarios y por lo tanto la obligación de 
pagar una renta. Es interesante señalar la notable semejanza de estos arrendatarios denominados 
“mayeques” con los vasallos del sistema feudal europeo. Ibid., p.10. 
 13
5. El Altepetlalli (tierra del pueblo), a diferencia del Calpulalli, el cual estaba 
dividido y se trabajaba individualmente el Altepetlalli no estaba parcelado, 
sino que se utilizaba en común para pastoreo, recolección de leña ó 
eventualmente ciertas porciones del Altepetlalli eran cultivadas 
colectivamente, a fin de obtener fondos para cubrir impuestos y algunos 
gastos públicos. 
 
Los mayas por lo que se refiere a la tenencia de la tierra, tenía patrones diferentes. No se 
conocía la propiedad privada, toda la tierra era propiedad común, debido seguramente a 
la baja calidad de los suelos de la península de Yucatán que obligaba a los mayas a 
buscar continuamente nuevas tierras aptas para el cultivo. Al levantarse la cosecha, 
cualquiera podía escoger la parcela que consideraba más adecuada, aunque cada 
poblado tenía derecho sobre sus propias tierras, derecho que se negaba a campesinos 
extraños. 
 
La agricultura en Mesoamérica presenta un avance considerable que permite revelar la 
existencia de grandes ciudades y mercados como Teotihuacan y Tlaltelolco que sólo se 
explican con una produccióncon excedentes importantes, sobre todo de maíz. También 
pueden haber sido el sustento de las alianzas políticas entre los altépetl o señoríos para 
constituir imperios como el Azteca. Simultáneamente se observaba que cada unidad 
geográfica era autosuficiente en la producción de alimentos básicos, cuyos excedentes 
iban a parar a los graneros imperiales, en forma de tributo o a los mercados de las 
grandes ciudades (se estiman alrededor de 2 millares de altepeme o señoríos en 
Mesoamérica prehispánica), lo que ilustra la fragmentación política y administrativa de 
la zona, aunque la duración de la confederación Azteca, cerca de siglo y medio, hizo 
pensar en formas imperiales tan estables como las incas4. 
 
Así, el sentido y las características de la dominación en el mundo precolombino estaban 
orientados a la obtención de tributo de los pueblos sojuzgados, a partir de lo que se 
producía localmente, ya sea que se vieran obligadas a producir más o a consumir menos 
para pagar el tributo asignado, sin la necesidad de cambiar la producción de bienes. 
“Pero el hecho de que bienes producidos por distintos pueblos tengan significación y se 
 
4 KATZ, Friederich (1972), The Ancien American Civililizations, citado por Warman (2003), p. 143. 
 14
vuelvan codiciables para otro pueblo, que ocupa tal vez un nicho ecológico diferente, 
revela algo más importante: la pertenencia de unos y otros a la misma civilización, lo 
que hace que las diversas producciones locales sean compatibles… Esto plantea que la 
dominación entre pueblos que comparten una misma civilización, como los pueblos 
mesoamericanos, no conduce a la sustitución ni al abandono de las prácticas productivas 
preexistentes… No se crea una situación de incompatibilidad inicial entre lo que se 
produce (que es parte de la cultura propia) y lo que se tributa”5. 
 
Otra obligación que imponen los aztecas en las regiones dominadas, fue la organización 
de mercados regulares para hacer posible el comercio. En las regiones alejadas, 
cercanas a la frontera con los mayas por ejemplo, los pueblos sometidos llegaron a no 
pagar tributo, a cambio, proporcionaban hombres para las guarniciones y alimento a las 
tropas para facilitar el desarrollo del comercio. No se conoce lo que ingresaba a 
Tenochtitlán por comercio y por tributo, a fin de ubicar la importancia de éstos, sin 
embargo, algunos investigadores señalan que el comercio era tan importante como el 
tributo. 
 
En cuanto a la presencia militar de los mexicas, en algunos pueblos existían 
guarniciones permanentes y en otros sólo se enviaba al calpixque (funcionario destinado 
a recolectar el tributo). En las guerras de conquista no había un componente religioso, 
en el sentido de que se buscara imponer la religión de los vencidos. “La civilización 
común hace posible que el sometimiento de un pueblo al dominio del otro no implique 
su negación ni vuelva ilegítima su cultura”6, a diferencia de la conquista española. 
 
 
1.2 La Colonia 
 
El mosaico, encontrado por los españoles -que incluye procesos de transición, pueblos 
sojuzgados por otros, y alianzas en forma de confederaciones-, propició un 
reagrupamiento de los entonces sometidos en torno a los conquistadores lo que hizo más 
breve la conclusión de las confrontaciones armadas. 
 
 
5 BONFIL (1990), p. 115. 
6 Ibid., p.116. 
 15
“Consumada la conquista militar, los españoles iniciaron la destrucción progresiva de 
las bases materiales que permitían la reproducción de las condiciones de vida de la 
comunidad indígena”7, sin detenerse en documentar la forma de producción de los 
indígenas y mucho menos analizar la racionalidad económica, por lo que se explica que 
los pocos documentos que los españoles elaboraron ó recogieron sobre economía se 
refieran únicamente a los tributos, a la fuerza de trabajo y a los recursos naturales y no 
exista información sobre el porqué y el cómo de la organización económica, esto en 
virtud de “la doble necesidad del conquistador de plantar , por una parte, los enclaves 
económicos que aseguraran el establecimiento de la empresa colonizadora, y por otra, 
evitar la continuidad y restauración del modo de producción nativo”8. El mismo 
desinterés estuvo en los frailes y misioneros que acompañaron al soldado, ya que 
“elaboraron admirables y minuciosos vocabularios lingüísticos, crearon métodos 
sistemáticos para recolectar y analizar la información, y sobre estas bases compusieron 
obras extraordinarias, acerca de la religión”9, a fin de producir elementos 
imprescindibles para su misión de adoctrinamiento y conquista espiritual. 
 
Así, en los primeros tiempos de la Colonia, “se destruyeron los niveles superiores de la 
organización social mesoamericana (los que correspondían a los estados, señoríos y 
unidades étnicas más amplias que la comunidad local) y se eliminó, físicamente en 
muchos casos, a los integrantes de los grupos dirigentes, es decir, a los sacerdotes y 
sabios y a los jefes militares y políticos. Sólo en el ámbito restringido de la comunidad 
local pudieron sobrevivir algunas antiguas formas de autoridad, ahora mediatizadas y 
puestas al servicio de los intereses de la colonización”10 
 
Las epidemias, el trabajo forzoso, el reacomodo en el territorio, también involuntario, la 
desaparición de señoríos, la persecución de las elites y la irrupción abrupta de la 
pretendida imposición de una forma de vida y de entender el mundo, resultó mucho más 
grave para la reducción de la población indígena que la lucha armada. La catástrofe 
demográfica que implicó una reducción de 90% de la población originaria durante los 
 
7 FLORESCANO (1977), p. 72. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 125. 
 16
primeros 100 años de la colonia11 es el principio de una diferenciada pero constante 
agresión, despojo y marginación que ha durado más de cinco siglos. 
 
La corte española tuvo intensas discusiones para dilucidar si los indios tenían alma y 
por tanto podían considerarse seres humanos. Estas resultaron pautas para los 
ordenamientos jurídicos específicos aplicables a su tajada en tributo y en trabajo, carga 
que se fue haciendo insoportable, con relación al tributo y al trabajo, es necesario 
aclarar que “aunque ambos descansan, a fin de cuentas, en el esfuerzo físico e 
intelectual del indio, la distinción es conveniente porque el “trabajo” se empleó en 
empresas españolas en las que contaba cada indio individualmente, como fuerza física, 
en tanto que el “tributo” se extraía de la riqueza generada en las comunidades, 
aprovechando el total de sus recursos: su tierra, sus formas de organización, sus 
conocimientos, sus habilidades, su cultura toda”12. 
 
La construcción y mantenimiento de las grandes obras de riego, protección hidráulica 
quedaron bajo la responsabilidad de los cabildos indios o de las haciendas o empresas 
mineras, pero cuya mano de obra la constituía el trabajo forzoso sin remuneración.13 
 
Particular importancia tiene como forma extraordinaria de explotación, el llamado 
repartimiento forzoso de mercancías al que sometían los alcaldes mayores o 
corregidores a los indios, que consistía en la compra obligada de bienes a crédito que 
incluía una tasa usuraria de interés, que en muchas ocasiones se pagaba con bienes a 
precios castigados, práctica que, como muchas otras, se prohibieron, sin que tal 
prohibición operara. 
 
La evangelización constituyó otro proceso violento que forzó a los españoles 
encargados de la tarea a estudiar lenguas indígenas, estableciéndose la cátedra del 
náhuatl y el otomí, en la Universidad de México cerca de 30 años después de que ésta 
fue creada.14 Simultáneamente se prefiguraba el vano intento de uniformar el idioma de 
 
11 WARMAN (2003), pp.46-47.ROSEMBLATH, Ángel estima que había 4.5 millones; COOK y 
BORAH dicen que 25.2 millones y en el año 1625 la población sólo era de 700,000 habitantes. 
12 Ibid., p. 137. 
13 Ibid., pp. 203-204 alude al tequio y fajina que se conserva como costumbre hasta hoy para el 
mantenimiento de obras públicas; y al gran deterioro de la infraestructura en zonas indígenas durante la 
colonia. 
14 Ibid., p. 92 la universidad a la que no tenían acceso los indígenas y las castas se fundo en 1551. 
 17
la Nueva España que en el siglo XVIII con padrinazgo del Arzobispo Lorenzana llegó a 
plantearse la desaparición de las lenguas originarias y la generalización del español, 
afán que se mantuvo durante los dos siglos siguientes, aunque con diferente 
intensidad.15 
 
En cuanto a la tierra, no obstante las ordenanzas de la segunda mitad del siglo XVI para 
proteger la propiedad comunal de los indígenas y dotar de tierras a los pueblos que las 
solicitaran, al coincidir con la catástrofe demográfica, el auge del repartimiento forzoso 
y el obligado cambio de regiones de contingentes indígenas para atender las necesidades 
del Bajío, el resultado práctico fue que “…las tierras ancestrales de los indios, se 
quedaron sin documentar, sin títulos que las ampararan del despojo. La posesión formal 
de las tierras comunales… (de) los indios se congeló cuando la población indígena se 
encontraba más mermada…” y cuando se presenta presión por tierras al restablecerse el 
crecimiento de la población indígena, los españoles compusieron la propiedad de sus 
latifundios.16 
 
El comercio también fue un mecanismo de explotación de los indios. Ellos debían, en 
los primeros tiempos coloniales, asegurar con su producción el abasto de las ciudades, 
no sólo con los tributos en especie sino también con la venta de los alimentos 
necesarios. Los alcaldes mayores adelantaban dinero a los indios de su distrito como 
pago anticipado e irrisorio de sus cosechas, que después revendían a su verdadero 
precio. 
 
La estructura de los tianguis indios se conformó como un sistema de satélites de un 
mercado regional situando como eje articulador a la ciudad criolla más importante, de 
donde surgió una red de intermediarios de todas las castas entre los mercados 
principales y los tianguis locales. La estructura comercial de la Nueva España estaba 
severamente fragmentada por los privilegios, estancos y monopolios que se concedían a 
las corporaciones raciales de la sociedad. Para superar la fragmentación (¿superar?) del 
mercado, un gran número de intermediarios hacían llegar los productos mercantiles 
 
15 Las tareas de educación de los indígenas siempre vinculado al proceso de evangelización tiene matices 
humanos como e Hospital Pueblo que Vasco de Quiroga fundó en 1536. 
16 Ibid., pp. 125-127, cita a Florescano, Enrique (1971) Estructuras y Problemas Agrarios en México 
(1550-1821) relata que el rey en 1687 y 1695 recuperó en Reales Cédulas la vieja ordenanza del Marqués 
de Falces expedida un siglo antes, para evitar la expropiación total de los pueblos indios por la 
conservación del fundo legal. Otra vez acátese pero no se cumpla. 
 18
hasta los indios, capturando una tajada del valor como ganancia en cada uno de los 
pasos de la transacción 
 
Por otra parte en el sistema político jugó un papel relevante la participación de las 
autoridades indias que sometidas a los españoles, hacían que la población indígena 
cumpliera las contradictorias demandas del gobierno colonial, ya que las autoridades 
(“señores naturales” o caciques, como les decían en las antillas) de los señoríos que 
rechazaban ese papel eran eliminados o sustituidos. El Gobierno colonial a través de los 
alcaldes mayores y corregidores depositaba en los cabildos indios las funciones de 
recolectar tributos, reclutar fuerza de trabajo, en fin mantener los indios en policía.17 
 
Los cabildos indios, coincidentes en su primera etapa con los señoríos, tenían 
jurisdicción sobre varias localidades (la cabecera y los pueblos sujetos). Pronto se 
presentó la lucha entre los pueblos sujetos y las cabeceras para constituir sus propios 
cabildos, para constituirse en pueblos de por si. De esta manera se fraccionaron y 
multiplicaron las comunidades que se vincularon directamente con las autoridades 
españolas, pero que por la pulverización en el siglo XVIII, casi carecían de autoridad.18 
 
A principios del siglo XIX se cancelan los tributos a través de los cabildos. La tierra en 
posesión de los indios se redujo como consecuencia de la expansión de los latifundios 
españoles. Aun así la propiedad comunal y la representación política de los pueblos a 
través de sus cabildos, que se habían fragmentado y multiplicado eran la línea de 
defensa de la república de indios.19 
 
Desde el siglo XVII se instituyeron en forma generalizada las cofradías que eran 
asociaciones voluntarias que a través de pago de cuotas anuales fungían como 
mutualistas con características solidarias que cubrían costos de funerales y financiaban 
 
17 Mantener a los indios en policía, significaba que se mantuvieran dentro de las reglas establecidas por 
los conquistadores. Que no alteraran el nuevo orden. 
18 Ibid., pp. 141-150, donde también se abordan dos temas: los alcaldes mayores y corregidores que son 
eslabones de gobierno y fuente de enriquecimiento se llegan a cotizar y vender estas “plazas”, y las 
reformas borbónicas del último cuarto del S XVIII que en materia de organización territorial (12 
intendencias más la de Chiapas, los corregimientos y alcaldías mayores se transformaron en 257 
subdelegaciones). 
19 En víspera de la independencia los indios se concentraban, como hasta ahora, en el sur sureste del 
territorio, en las sierras sobre todo. Las tierras serranas eran menos codiciadas por las haciendas frente a 
la abundancia relativa de tierras planas. 
 19
las fiestas religiosas. Las presidía un mayordomo, casi siempre un principal que había 
desempeñado cargos en el cabildo, La Iglesia, con las fiestas del santo patrón, y las 
cofradías proporcionaron el marco para la solidaridad mutualista, ante la ausencia de 
otras formas de solidaridad social. En torno a la figura de la mayordomía, que consiste 
en la selección, dentro del sistema de cargos, de la persona encargada de sufragar los 
gastos de las fiestas más importantes de las comunidades, cargo que recaía en personas 
que habían tenido años exitosos que les había permitido concentrar ciertas riquezas, 
razón por la cual además de confirmar el prestigio del seleccionado, representó, para 
muchos, una forma de redistribuir el ingreso. 
 
1.3 El Siglo XIX 
 
Las fuerzas triunfantes de los dos movimientos sociales del siglo, en su afán declarativo 
igualitario, si bien rompen con los privilegios expresos atribuidos a las razas y castas, en 
la práctica debilitan aún más las estructuras defensivas de propiedad y de gobierno 
indígenas inmersas en la estratificación definida en la Nueva España.20 Decretada la 
independencia la pasión indigenista de los criollos se volvió patriotismo nacionalista e 
igualitario, que al no estar sustentada en una nación culturalmente homogénea y con 
historia compartida, sino en una sociedad basada en una pluralidad étnica, con la 
mayoría de la población, segregada21 y en condiciones materiales de rezago producido 
por la exclusión histórica, propicia la reproducción y profundización del rezago y la 
exclusión. 
 
Muchos de los integrantes de la clase gobernante consideraban a la pluralidad un 
pecado, una deficiencia que tenía que ocultarse, razón por la cual, con la bandera de la 
libertad se encubría la creciente desigualdad, y una discriminación oculta que se 
convirtió en una discriminación más agresiva que la precedente, al dejar de estar 
regulada, pero pasar a formar parte de la conciencia dominante y portanto una práctica 
común socialmente aceptada, de tal suerte que con frecuencia se consideró a los indios, 
tanto por los conservadores como por los liberales, como el mayor lastre que trababa el 
desarrollo del país, por el rechazo que “ellos” sentían por el progreso. En esta materia 
 
20 Este trabajo no se plantea matizar las propuestas rescatables de Rayón, Morelos y Maximiliano 
(Carlota) y muchos más que no resultaron triunfantes. 
21 INI-PNUD (2000b), p. 26. Aquí se señala que la población indígena en 1810 se estimó en 3.6 millones 
o el 60 % de la entonces población total del país. 
 20
resulta ilustrativo que después de haberse plasmado la expresión más avanzada y 
moderna del proyecto criollo individualista para superar el régimen corporativo 
colonial, con la Constitución de 1857, proliferaran los prejuicios contra las razas 
inferiores y sus mezclas, donde lo “científico” los identificaba con la decadencia racial y 
las deficiencias biológicas.22 
 
En este siglo recobró fuerza el afán castellanizador con base en la supuesta superioridad 
del español sobre las lenguas indígenas que fueron calificadas como formas inferiores y 
vulgares del lenguaje o “dialectos”. 
 
Al establecerse la nivelación legislativa, se pusieron condiciones de ingreso mínimo 
para ser considerado ciudadano o restricciones para el ejercicio de los derechos cívicos 
a partir de requisitos que afectaban de manera directa a la población indígena, como 
eran el analfabetismo y la servidumbre doméstica23 
 
“El embate contra la propiedad comunal por parte de los estados de la federación fue 
simultáneo al acoso de los cabildos indios. En la década de 1820 expidieron 
ordenamientos desamortizadores o privatizadores de las tierras comunales en 
Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Puebla y México…Pero el gobierno federal fue el más 
precoz cuando en 1824 ordenó la desamortización de las parcialidades indias de la 
Ciudad de México.”24 
 
La ley Lerdo que desamortizaba los bienes inmuebles en poder de las corporaciones 
civiles o religiosas y que sancionó un proceso ya iniciado contra la propiedad de los 
indígenas, afectó directamente las bases de su organización y de la reproducción de su 
cultura. Si a tal rompimiento se le agrega el que fueron proscritas las instituciones y 
gobiernos especiales de los indígenas, como es el cabildo o las “repúblicas de indios”, 
 
22 WARMAN (2003), p. 77, que cita a Rojas Rabiela, Teresa (1987) “El indio en la prensa nacional 
mexicana del siglo XIX”, CIESAS, y Florescano, Enrique (1997). 
23 CASO (1954), pp. 209-210. 
24 Ibid., pp. 128-129, dice que impuesta la definición igualitaria de que todos los habitantes eran 
mexicanos, la existencia de los gobiernos privativos era considerada ilegal. Los cabildos fueron las 
primeras victimas de los criollos. Por otra parte resalta que en 1856 con la Ley Lerdo y en 1857 con la 
constitución, sólo sancionan un proceso ya iniciado. Por otra parte conviene resaltar que como se asienta 
en la P 180 el clero se consolida como el mayor latifundista concentrando más de la cuarta parte de toda 
la propiedad inmobiliaria, que se manejaban a través de muchas organizaciones religiosas y que 
generaban una renta mayor que el del gobierno nacional. 
 21
se les presenta un panorama en el que “sus comunidades fueron despojadas de 
personalidad jurídica, por lo que no podían concurrir a los tribunales para defender sus 
intereses colectivos. Su propiedad comunal fue disuelta…para favorecer la propiedad 
individual”25 de los hacendados. 
 
Las comunidades más fuertes en su organización, con frecuencia las más alejadas en su 
ubicación, conservaron su propiedad comunal y organización interna al margen de la 
ley, encerrándose para fortalecerse hacia el interior y debilitarse hacia el exterior. 
 
Las comunidades indígenas arrinconadas y encerradas, practicaron formas “autónomas” 
de gobierno donde predominaba la jerarquía cívico religiosa que conformaba el sistema 
de cargos con autoridades tradicionales, que en cierta medida normaban el 
comportamiento interno de la comunidad y no pocas de sus relaciones con el exterior. 
El propósito formal de esos sistemas era la celebración de fiestas religiosas. Destaca la 
participación de toda la comunidad en el disfrute y pago del festejo mediante cuotas. 
Los mayordomos o cargueros principales eran los que rotativa y ascendentemente 
costeaban la fiesta a cambio de pertenencia y prestigio y la posibilidad de pasar a ocupar 
un puesto vitalicio entre los ancianos, principales o fiscales. Estos últimos escogían 
candidatos para desempeñarse como autoridades civiles. Los principales tomaban las 
decisiones por consenso. Frente a la abolición jurídica de cofradías y cabildos, las 
autoridades tradicionales indígenas absorbieron en un sistema único las funciones de 
ambos.26 
 
1.4 El Mandato de Díaz 
 
Para algunos estudiosos la consolidación de la República coincide con el Porfiriato 
(1876-1910), situación que algunos atribuyen a la prolongada y ya muy necesaria paz 
obligada, junto con el espectacular crecimiento de la economía de mercado que en 
términos universales ha acompañado o precedido a las repúblicas liberales. El ejemplo 
más notable del tal crecimiento se concreta en que en ese periodo se tiende 
prácticamente toda la red ferroviaria que actualmente existe en el país, conectando la 
frontera norte y los puertos principales con los centros de consumo y, en algunos casos, 
 
25 WARMAN (2003), pp. 28-29. 
26 Ibid., pp. 153-157. 
 22
de producción, paralelamente se incrementó notablemente la inversión extranjera y el 
fomento de la minería y la industria textil se vio acompañada de un crecimiento 
acelerado en tales rubros. Las exportaciones crecieron 300%. Tal paraíso estaba 
acompañado de despotismo, represión, marginación y pobreza para la mayoría de la 
población y una concentración del poder y privilegios de la clase hacendada y las 
empresas extranjeras que, en su conjunto fueron el caldo de cultivo de la Revolución de 
1910.27 
 
La incorporación de tierras ociosas a la vida productiva se promovió con dos 
ordenamientos: En 1883 el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras y en 
1894 la ley sobre ocupación de terrenos baldíos, ordenamientos que resultaron funestos 
para las comunidades indígenas, puesto que desde la instauración de las leyes de 
reforma habían perdido el derecho a ser propietarios de la tierra.28 Entre 1883 y 1910 
unas cincuenta compañías deslindaron 63 millones de hectáreas de las 200 que tiene el 
territorio nacional, quedándose las compañías con 21 millones de hectáreas como pago 
a su esfuerzo, los otros 42 millones fueron adquiridos al gobierno, básicamente por 
hacendados. 
 
La tierra se concentró en 9% de propietarios y por tanto 91% de quienes vivían en el 
campo carecían de derechos sobre la tierra.29 “A principios del siglo XX la cuestión 
agraria representaba uno de los mayores problemas de México. El 74 por ciento de la 
población era rural, clasificada como india o mestiza. Menos de 11 mil haciendas 
controlaban el 57 por ciento del territorio nacional, mientras 15 millones de campesinos 
95 por ciento de las familias rurales carecían de tierra. Para 1910 el grado de 
concentración de la tierra en México era mayor que en cualquier otro país 
latinoamericano. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, (1880-1910) clímax del periodo 
liberal, las comunidades indígenas perdieron el 90 por ciento de sus tierras”.30 
 
 
27 ROSENZWEIG (1965). 
28 FABILA (1990). 
29 SRA (1997), pp. 26- 31, todo indica que los datos de la concentración de las tierras incluye a la de los 
indígenas. 
30 Tannembaum, F. The Mexican Agrarian Revolution, 1929, en Randall, L. Reformandola Reforma 
Agraria mexicana, México, UAM, El Atajo, 1999, p. 27, y Klooster D. 1997, Conflict in the commons. 
Rules and conflicts around a common pool resource management in San Miguel Peral, Oaxaca, México, 
PHD Dissetation, Universidad de California, Los Ángeles, p. 119-120, citado en MERINO (2001). 
 23
Para José Velasco Toro, el proceso de acumulación capitalista, incluyendo la 
construcción de las vías férreas, despojó a los pueblos indígenas de sus tierras lo que 
generó levantamientos étnicos en diversos lugares, destacando, sobre todos, los que se 
presentaron en la Cuenca del río Yaqui, ya que “se mantuvieron durante todo el siglo 
XIX y bien entrado el siglo XX. La rebelión Yaqui encontró su energía en la firme 
convicción de que el área territorial ocupada por siglos y el uso de sus recursos les 
pertenecía en tanto grupo. Y en ese sentido afirmaron la lucha planteando su autonomía 
comunal y reconocimiento territorial”31. 
 
La concentración del poder política era absoluto y contaba con múltiples formas de 
control, que incluía desde los jefes políticos diseminados por Díaz en todo el país, hasta 
el uso del ejército, para defender a todos los propietarios de las turbas que, en muchas 
ocasiones osaban intentar escaparse de los grilletes representados por las deudas 
hereditarias que adquirían los peones acasillados. Además las haciendas, por su poder 
económico, político y social, parecían feudos señoriales en donde nada de lo que 
acontecía escapaba al control ejercido por el “señor propietario”. 
 
La política educativa oficial tenía como objetivo la eliminación de las lenguas 
indígenas y la promoción del castellano en todas las esferas. Justo Sierra en 1902 hace 
una declaración contundente donde concluye que “…la sola lengua escolar, llegará a 
atrofiar y destruir los idiomas locales…”32 
 
Un dato importante es que para 1895 el Censo sólo registra 1 794, 293 habitantes 
hablantes de lengua indígena, que ahora sólo representaban 15% de la población total, 
frente al 60% estimado al estallar la guerra de independencia (3.6 millones), reducción 
que no encuentra una explicación lógica. Algunos supuestos, lo atribuyen a un sub 
registro provocado por la discriminación, persecución y maltrato a que fueron 
sometidos los indígenas. 
 
 
 
 
31 VELASCO (1986), pp. 237-256. 
32 WRIGHT (1998) en [http://www.prodygyweb.net.mx/dcwright/oto_edu.htm]. 
 24
II. LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XX Y LOS PUEBLOS INDIOS 
 
La Revolución Mexicana como fenómeno político y social ha sido abordado por un gran 
número de estudiosos del tema con diferentes orientaciones y matices que la ubican en 
posiciones extremas, en cuanto a las fuerzas vencedoras de la contienda, las ideologías 
que representaban, su potencial de transformación social, su papel de liberador de las 
fuerzas productivas para facilitar el desarrollo del modelo económico dominante o para 
propiciar la instauración de un nuevo modelo. En el amplio mosaico de interpretaciones, 
abundan las posiciones intermedias ó aquéllas que la tipifican como algo único, singular 
y aislado del entorno universal, discusión que merece un espacio específico, por lo que 
sólo se abordarán aspectos vinculados con la población indígena, intentando no 
participar en la interpretación. 
 
2.1 Período revolucionario 
 
Dentro de las manifestaciones previas a la lucha armada, las reivindicaciones que 
aluden específicamente a la población indígena no resultan abundantes, sino que se 
encuentran inmersas en los planteamientos generales en torno a las reivindicaciones por 
la tierra y en contra de la concentración de su propiedad, y forzando un poco las cosas, 
algunos podrían atribuir potenciales beneficios para los indígenas, en las aspiraciones 
democráticas contra el monopolio del poder. Por esa ausencia específica, es importante 
destacar que en julio de 1906 el Programa del Partido Liberal Mexicano, que 
encabezaban los Flores Magón, dentro de sus reivindicaciones sociales incluye la 
protección de la raza indígena en su artículo 48.33 
 
La restitución de las tierras a los pequeños propietarios privados de su propiedad por la 
ley de terrenos baldíos del Plan de San Luís y más específicamente, la devolución a los 
pueblos de las tierras de las que habían sido despojados del Plan de Ayala, son 
reivindicaciones que tocan directamente las posibilidades de subsistencia y 
reproducción de los indígenas. 
 
 
33 TENA (1989). 
 25
Tomando en cuenta que cuando se habla de los constituyentes, se trata de una 
generalidad abstracta, por la composición de fuerzas que representaban intereses y 
visiones diferentes del país por construir, en los debates, al identificar a la educación 
como una de las prioridades nacionales, algunos constituyentes destacan como uno de 
los obstáculos fundamentales para avanzar en la consecución de los objetivos de la 
educación, a la existencia de muchas lenguas y culturas indígenas. Concepto y posición 
que predominó en los gobiernos post revolucionarios. 
 
La Constitución de 1917 incorporó las libertades y derechos de los ciudadanos, los 
ideales democráticos y federalistas de la Constitución de 1857 y las garantías sociales, 
entre las cuales destacan los referentes al trabajo, la tierra y la educación. Para muchos, 
las reivindicaciones captadas por el artículo 27 constitucional, genéricamente referida 
como la reforma agraria, constituyeron la base de la primera política pública del Estado 
Mexicano moderno hacia los indígenas.34 
 
“El Régimen emanado del pacto revolucionario,… otorgó a los indígenas un nuevo trato 
en lo sustantivo y en lo adjetivo. En el aspecto sustantivo los dotó de tierra a través de la 
reforma agraria en un lapso prolongado y a un ritmo desigual en las diferentes regiones 
del país… [finalmente] los indígenas recibieron tierra en propiedad social… En lo 
adjetivo o ideológico, el indígena fue reconocido y ensalzado como el glorioso pasado 
en la forja de una nueva raza: la “cósmica”… [Sin embargo,] el verdadero heredero del 
glorioso pasado no era el indígena contemporáneo sino el mestizo revolucionario, que 
incorporaba y sintetizaba todas las etapas de la historia para arribar a un futuro 
luminoso”.35 
 
Para el mismo Warman no sólo el concepto de la nación mestiza quedó cojo, por no 
incluir a los indígenas, sino que señala que el pensamiento de la “Revolución 
Mexicana”, en los indígenas vivos veía atraso, marginación, posición conservadora, 
sector disfuncional, por lo que a través de la educación y el progreso material, habría 
que incorporarlos a la nación mestiza para convertirlos en mexicanos y que adoptaran 
los valores de la cultura nacional. 
 
 
34 WARMAN (2001), pp. 14 y 24. 
35 WARMAN (2003), pp. 32-33. 
 26
Manuel Gamio es un estudioso de los pueblos indios que mantiene posiciones de 
avanzada como funcionario de los gobiernos post-revolucionarios. Al empezar el primer 
gobierno constitucionalista creó la Dirección de Antropología en la Secretaría de 
Industria y Fomento para generar y adquirir conocimientos científicos, acerca de las 
características somáticas, culturales, lingüísticas, socioeconómicas, de ambiente físico y 
recursos de las poblaciones indígenas y de sus relaciones para introducir a estos grupos 
a la vida y cultura nacionales. El mismo antropólogo destacado, Manuel Gamio, se hace 
protagonista de una enconada polémica, en torno al tipo de educación necesaria para el 
México del siglo XX, teniendo como interlocutor al connotado intelectual y, en ese 
momento, Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.36 
 
Gamio proponía la instalación de programas integrales –antropológicos, sociales y 
económicos- para adaptar el proceso educativo a las diferentes características 
prevalecientes en cadauna de las regiones indígenas y Vasconcelos planteaba la 
creación de un sistema educativo sustentado en un modelo único para todo el país y los 
sectores sociales, puesto que no consideraba pertinente diseñar programas especiales 
para los indios, lo que implicaba que todos los niños del país estudiarían con los mismos 
métodos y conceptos, que concuerdan con la visión de homogeneizar a todos los 
habitantes del país, para construir una sociedad moderna, basada en una raza fortalecida. 
 
Las respuestas institucionales vinculadas con los indios, en el primer tercio del siglo se 
presentaron en el ramo educativo. 
 
2.2 Período post revolucionario 
 
Es así como en 1922 el gobierno federal inició un programa global de extensión de los 
servicios educativos en las zonas rurales e indígenas. Este programa reconocía que las 
condiciones económicas y culturales de estas zonas ameritaban un tipo de educación 
diferente al que se impartía en zonas rurales.37 En 1923 se creó el Departamento de 
Educación y Cultura Indígenas dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para 
que a través de las Casas del Pueblo se atendiera a este segmento de la población, 
 
36 LEÓN PORTILLA (1978), en INI (1978), p. 112. Vasconcelos es Secretario de la SEP de 1921 a 1924 
(Fue encargado de educación y fomento entre noviembre de 1914 y enero de 1915 en el gabinete de 
Eulalio Gutiérrez). 
37 INI (1964), p. 31. 
 27
aunque los logros fueran magros, pues al intentar consolidar las Casas del Pueblo como 
propuesta educativa diferenciada se desentienden de la especificidad de “los indígenas” 
y se convierten en escuelas rurales y el Departamento de Educación y Asuntos 
Indígenas en el Departamento de Escuelas Rurales.38 
 
En los años 20 los maestros rurales debían evitar el uso de las lenguas indígenas en el 
aula, de acuerdo con la doctrina oficial conocida como el “método directo”. La 
prohibición oficial del uso de las lenguas indígenas constituyó un agravio más para la 
población originaria del país. 
 
En 1926 se fundó la Casa del Estudiante Indígena en el Distrito Federal con el propósito 
de integrarlos al contexto de la cultura nacional y para que regresaran a “evangelizar” a 
sus paisanos; sin embargo, los jóvenes educados en esta casa no volvieron a sus 
regiones. 
 
En 1933 la Casa del Estudiante Indígena es sustituida por 11 internados regionales o 
centros de educación indígena cuyo propósito era formar a jóvenes indígenas para que 
se constituyeran en los difusores de los programas gubernamentales. Siendo Cárdenas 
presidente, un grupo de lingüistas desarrolla el Proyecto Tarasco que se constituye en el 
primer esfuerzo para preparar personal indígena para que activamente utilizara técnicas 
lingüístico-pedagógicas adecuadas para el caso. Con Base en los lineamientos del 
Proyecto Tarasco, Cárdenas invitó a México al Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 
para que coadyuvara, en la tarea de estudiar las lenguas indígenas de México, preparara 
alfabetos y cartillas y promoviera la educación en lenguas indígenas. Al concentrarse el 
ILV en sus actividades evangelizadores, y desatender lo convenido, los resultados se 
desvirtuaron. 
 
En 1939 se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para profundizar en el 
conocimiento de las culturas indígenas y en la protección del patrimonio cultural, en el 
marco del nacionalismo integrador y hegemónico. El sistema educativo federal en las 
zonas rurales creció de manera explosiva, pasando de 309 escuelas rurales en 1922 a 
3,695 en 1930 y a 11,743 en 1940.39 
 
38 HERNÁNDEZ (2000), pp. 18-19. 
39 WRIGHT (1998), en [http://www.prodigyweb.net.mx/dcright/oto_edu.htm]. 
 28
 
En 1940, todavía en el periodo cardenista y a instancias de Manuel Gamio, se llevó a 
cabo en Pátzcuaro, Michoacán el Primer Congreso Indigenista Interamericano, 
momento en el que era plenamente aceptada la hipótesis integradora de los indígenas a 
través de la educación. Una de las resoluciones trascendentes fue la organización del 
Instituto Indigenista Interamericano (III), que incorporaría como filiales a los institutos 
nacionales que se fueran creando, otra, consistió en que se sentaron las bases para el 
nacimiento del Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües, que junto con el 
Proyecto Tarasco, constituyeron los cimientos para que la castellanización no implicara 
la pérdida de las lenguas maternas. En 1944 se crea la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 
 
Bajo la premisa de que los indígenas se incorporarían a la nación a través de la 
educación y el progreso material se fueron creando las instituciones que se han 
mencionado, pero que culminan su primera etapa, en términos de voluntad política, con 
la creación del Departamento de Asuntos Indígenas en 1936, como instancia autónoma 
y vinculada directamente con el Titular del Ejecutivo Federal y con facultades para: 
 
• Estudiar los problemas fundamentales de las razas aborígenes y dictar las 
medidas y disposiciones, con acuerdo del Presidente para lograr que la acción 
coordinadora del poder público redunde en beneficio de los indígenas. 
 
• Promover y gestionar ante las autoridades federales y estatales todas aquellas 
medidas ó disposiciones que conciernen al interés general de los núcleos de 
población indígena. 
 
En 1936 se creó la Comisión Intersecretariales de la alta y baja Sierra Tarahumara y en 
1937 las dos comisiones intersectoriales para el estudio y la planeación de regiones 
indígenas, la del Valle del Mezquital y la de la Mixteca oaxaqueña. 
 
Las altas inversiones de La Comisión Nacional de Irrigación, y los proyectos elaborados 
durante el cardenismo, son expresiones específicas de lo que fueron los primeros 
intentos de planeación, como resultado concreto del primer plan sexenal 1934-1940, en 
el que las prioridades fueron la atención de lo rural, incluyendo el reparto agrario, el 
 29
mejoramiento de la educación y la salud y sentar las bases para el desarrollo de los 
distritos de riego y por tanto de la agricultura de exportación. 
 
Con relación a la llamada reforma agraria, no obstante las discusiones y disposiciones 
reglamentarias al artículo 27 constitucional, legisladas entre 1917 y 1934 para normar el 
proceso de restitución y donación, los resultados prácticos casi fueron inexistentes, por 
los procesos lentos y tortuosos, para algunos y por la falta de voluntad política para 
otros. En contraste entre 1934 y 1940 se repartieron 18 millones de hectáreas40 y se 
realizaron importantes reformas legales, dentro de las que destaca, por sus efectos en la 
población indígena, la reglamentación del procedimiento para la confirmación y 
titulación de los bienes de las comunidades y de la comunidad como régimen agrario. 
También se creó, en esos años, el Departamento de Asuntos Agrarios. 
 
La importancia concedida a lo indígena en el 1936, tuvo un claro retroceso en 1946, 
cuando el Departamento (autónomo) de Asuntos Indígenas, se convierte en una 
Dirección General dependiente de la SEP. 
 
Con relación al comportamiento de las autoridades tradicionales durante los gobiernos 
post revolucionarios, se configura una componenda casi generalizada, durante la 
hegemonía del partido único, puesto que el PRI y sus antecesores registraban como 
propios a los que designaban las comunidades, de tal suerte que en sus estatutos 
reconocieron “los usos y costumbres”. Otro comportamiento poco saludable, social y 
políticamente que llegó para quedarse, fue la proliferación de secretarios de los 
ayuntamientos que desarrollaron poderes, muchas veces superiores a los de los 
presidentes municipales, con el agravante de que en no pocas ocasiones, tal poder se ha 
consolidado con corruptelas de diferente índole.41 
 
Tomando en cuenta que el clero, mantiene en muchasregiones, funciones de 
intermediación, con la población indígena, la cruzada educativa de la tercera y cuarta 
 
40 Al leer el diario de los debates de la Reforma decimoquinta al 27 constitucional, el senador Ramírez 
Mijares habla de 20 millones, pero de cualquier manera fueron muchas, de buena calidad y con 
destinatarios diferentes al los dotados por Díaz Ordaz. 
41 También resulta relevante mencionar que la reforma agraria trajo consigo una estructura de gobierno 
formal que en algunos casos, se fusionó con el tradicional, en otros convivió y en algunos más se separó. 
El trabajo colectivo se analiza como forma de solidaridad que se mantiene y cohesiona. WARMAN 
(2003), pp. 234-236. 
 30
década del siglo XX tuvo componentes anticlericales que provocaron resistencia entre 
los indígenas, por lo que, además de limitar los resultados en materia educativa, se 
impidió que se quebrara el vínculo estructural entre las formas tradicionales de gobierno 
indígenas y la iglesia católica. 
 
En el mismo período, al presentarse casos de integrantes de un colectivo que cambian 
de religión, bajo la influencia del ILV, inicia un fenómeno que altera, el entramado de 
relaciones de cargos y reciprocidades que rigen el comportamiento de las comunidades, 
produciéndose desde el aislamiento voluntario de prácticas solidarias, hasta la violencia 
máxima, pasando por la expulsión de territorios. Tales desprendimientos cobraron 
mayor fuerza en el último tercio del siglo XX. 
 
Los resabios de la estructura satelital descrita para las regiones de refugio, por Aguirre 
Beltrán, en donde, existe una dependencia tanto de los municipios indígenas del 
municipio principal manejado por ladinos, como de las localidades sujetas con respecto 
a las cabeceras, sigue representando un fenómeno que origina por un lado que, al 
menos, durante la primera mitad del siglo XX, las autoridades estatales reprodujeran los 
apoyos que permitieron mantener subordinados a los municipios indígenas y por otro se 
ha mantenido la demanda de fraccionar más los municipios.42 
 
Los usureros ladinos tuvieron su expresión más extendida en el manejo del avío de la 
producción agropecuaria, entendida como una fuerte reminiscencia del repartimiento 
forzoso de mercancías. Tal práctica ha sido ampliada a la producción artesanal, 
financiar la migración y costear la mayordomía.43 
 
Al concluir el proceso armado de la Revolución Mexicana, la población mexicana era 
eminentemente rural44, y algunos procesos industriales se vieron afectados por la 
ocupación de los transportes para otros propósitos, pero la presencia de fenómenos 
mundiales que afectaron sensiblemente a todos los mercados, como fueron, la crisis de 
1929, preparativos de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de ésta, sentaron las bases 
 
42 WARMAN (2003), pp. 157-159. 
43 Ibid., pp. 213-215. También se plantea una discusión sobre el papel de la mayordomía, cuestionando su 
función redistribuidora del ingreso y por tanto de la llamada economía de prestigio. 
44 70% de la población vivía en localidades menores a 2500 habitantes y 9 % de los habitantes del campo 
concentraban la propiedad de la tierra. 
 31
para que las prioridades del Estado iniciaran un giro para fomentar la actividad 
industrial y financiera, situación que se concreta, hasta la posguerra, tiempo en el que el 
destino de la inversión pública pretende orientar a la inversión en su conjunto, 
consolidando la estructura corporativa que inicia el fortalecimiento de las cúpulas 
empresariales que encabezan lo sectores secundario y terciario de la economía.45 
 
 
 
45 Es frecuente encontrar en los economistas del hubiera, la reflexión sobre el que México desaprovechó 
el momento en que los norteamericanos se concentraron en la producción de guerra, para desarrollar 
nuestra industria de bienes duraderos, lo que podría haber evitado, generar empresarios parásitos, por el 
modelo cerrado y proteccionista que amparó la sustitución de importaciones. Pertinente es comentar que, 
el cambio de prioridades, fue sentando las bases para la futura crisis agropecuaria, al ser los empresarios 
también beneficiarios de los temporales excedentes del campo en los tiempos que el sector era exportador 
neto. 
 32
III. EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
 
La estructura corporativa en plena consolidación46 se vincula con el -después bautizado 
como- desarrollo estabilizador. Al terminar la década de los 40 se aprecia un 
crecimiento económico firme, pero con una distribución regional desequilibrada, que se 
pretende atender a través del intento de planificación regional con base en las cuencas 
hidrológicas, que se basa, parcialmente en las propuestas de Ángel Bassols Batalla en la 
materia. En 1947 cobran fuerza las acciones tendientes a orientar el desarrollo integral 
de las regiones del país, con base en las cuencas hidrológicas y algunas de las 
comisiones creadas con ese criterio tuvieron fuerte impacto en las regiones de refugio, 
como la Comisión del Papaloapán, y de las regiones indígenas del Valle del Yaqui47. 
 
3.1 La consolidación del indigenismo integracionista (1947-1970) 
 
Con el fundamento de que el crecimiento tampoco había beneficiado a amplios sectores, 
que algunos mostraban condiciones de marginación y rezago evidentes y como 
respuesta a los compromisos internacionales adquiridos con el Instituto Indigenista 
Interamericano, el 10 de noviembre de 194848 se expidió la ley que creó al Instituto 
Nacional Indigenista (INI), siendo su primer Director General49 el ilustre arqueólogo y 
abogado mexicano Alfonso Caso. El INI nació como filial del Instituto Interamericano 
Indigenista y se le faculta en sus artículos 2 y 12 para identificar, proponer y promover 
la puesta en marcha de las medidas de mejoramiento que requiera la población indígena, 
precisando que las Secretarías y Departamentos de Estado colaborarán con el Instituto 
para cumplir con el plan que defina su Órgano de Gobierno, y los obliga a considerar 
recursos financieros necesarios en su presupuesto para el efecto, que no podrían ser 
transferidas a otros propósitos. 
 
En lo que se refiere a su estructura de gobierno, la Ley de creación del INI estableció 
que contaría con un Consejo integrado por el Director y representantes de las 
Secretarías de Estado relacionadas con el medio rural, el Departamento de Asuntos 
 
46 SÁNCHEZ (1999), p.59. En su nota número 69 alude a Lorenzo Meyer en “El primer tramo del 
camino” en Historia General de México”, 1988, T.II., pp. 1308-1309. 
47 SPP (1985), pp. 48 y 49. 
48 Se publicó en el DOF el 4 de diciembre de 1948. 
49 Presidió el INI de 1948 a 1970. 
 33
Agrarios, El Banco de Crédito Ejidal y cuatro instituciones académico-culturales: el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Politécnico Nacional y la Sociedad Mexicana de Antropología. 
 
Las declaraciones del primer Director General del INI muestran la manera de ver al 
indígena, por la alta burocracia, pues al definirlo a través de cuatro criterios: raza, 
cultura, lengua y psicología, en el sentido de pertenencia o filiación, le asigna a la raza 
un papel disminuido.50 También plantea Caso que “…como política, el indigenismo 
consiste en una decisión gubernamental, expresada por medio de convenios 
internacionales, de actos legislativos y administrativos, que tienen por objeto la 
integración de las comunidades indígenas en la vida económica y social de la 
Nación…”.51Además de continuar con el “integracionismo” planteado en el Primer 
Congreso Indígena Interamericano de 1940, deja patente el papel tutelar que se le otorga 
al INI con relación a los indígenas:“… no deseamos que la comunidad indígena permanezca indefinidamente bajo nuestro 
control y dirección. [Sólo] cuando la comunidad haya aceptado los cambios culturales 
indispensables [y cuando] haya sido puesta en el camino de su integración”, afirmó, 
concluiría la sujeción de las comunidades indígenas.52 
 
Durante los años que siguieron a la creación del INI, los operadores del indigenismo, 
entre quienes destacaba Gonzalo Aguirre Beltrán53, diseñaron un camino alternativo a la 
incorporación individual o comunitaria de los indios, a través de la teoría de la 
integración cultural que dio sustento a la acción de los centros coordinadores 
indigenistas y que proponía la transformación de las regiones interculturales de refugio. 
El 21 de marzo de 1951 se creó por decreto presidencial, el primer centro coordinador 
en los Altos de Chiapas, que fue concebido como una agencia de desarrollo integral, 
 
50 WARMAN (2003), p. 82, donde también se muestra que al no contemplar para su definición la 
situación socioeconómica, se queda corto con respecto a lo planteado por Manuel Gamio muchos años 
antes, pero lo significativo es que ahora la postura de Caso era de aceptación generalizada en el medio de 
los que podían influir en las políticas públicas (académicos y burócratas influyentes en el medio). 
51 CASO (1978), p. 9. 
52 SÁNCHEZ (1999), p. 43; que cita a Alfonso Caso (1962), “Los ideales de la acción indigenista”, en 
Los centros coordinadores, México, INI, p. 7-13. 
53 SÁNCHEZ (1999), p. 44; cita a Aguirre Beltrán (1991), Obra Antropológica IV. Formas de gobierno 
indígena. La “Revolución [sacrificó] el principio de la libre determinación de los pueblos para regirse 
conforme a sus propios patrones, pues consideró más valiosa meta la consecución de la unidad nacional 
como requisito ineludible de un progreso efectivo y de un modo de convivencia mejor…”. 
 34
cuyo propósito era funcionar como catalizador del mejoramiento de las comunidades 
indígenas, a través del proceso de transmisión cultural a los indios, que les permitiría 
vencer el rezago e integrar a los indígenas a la sociedad nacional. Entre 1952 y 1954 se 
crearon 6 centros coordinadores más en Chihuahua y Oaxaca y cinco más en los 
siguientes 8 años, en Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Michoacán. 
 
Estos centros coordinadores indigenistas (CCI)54 desarrollaron programas para impulsar 
la agricultura, la zootecnia, la salud, la educación, la resolución de conflictos agrarios y 
especialmente para construir caminos, puesto que se trataba de regiones completamente 
aisladas. En las 11 regiones con presencia de CCI se intentó romper con el aislamiento 
que existía en las comunidades al poner en marcha el programa caminero que consistía 
en la apertura de brechas de penetración apoyadas con maquinaria del INI y en el 
trabajo comunitario (tequio o fajina), habiendo tenido que vencer la desconfianza inicial 
de los indios. Los CCI se integraron con antropólogos, agrónomos, zootecnistas, 
abogados, economistas, médicos, ingenieros civiles y profesores, entre otros, quienes se 
apoyaban para el desarrollo de sus actividades en jóvenes indígenas, capacitados in situ 
como auxiliares directos en la alfabetización y en la enseñanza de la lengua materna. 
 
En ese intento integrador, el INI desde la década de los 50 capacitó a promotores 
culturales bilingües para alfabetizar a los indígenas y prepararlos para participar en el 
sistema educativo nacional, que devino en el Programa de Promotores Culturales 
Bilingües de la SEP en 1964 y en la Dirección General de Educación Indígena de la 
misma SEP en 1978.55 
 
En el ámbito internacional México se mantiene participando activamente al apoyar la 
propuesta del que se convertiría en el convenio 107 de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) y suscribirlo en 1959, relativo a poblaciones indígenas y 
tribales, cuyo propósito protector de los pueblos indígenas se inscribía en el 
pensamiento prevaleciente, de hacerlo a través de su integración a las colectividades 
nacionales. Hoy, parecería para muchos una posición limitada y ya superada, pero no 
hay que cantar victoria, porque posiciones como esta o más regresivas están muy 
 
54 SÁNCHEZ (1999), p. 46-47; cita a Aguirre Beltrán (1991) y concluye que el objetivo es la constitución 
de una región cultura homogéneamente integrada. 
55 WARMAN (2003), p. 97; cita a Aguirre Beltrán (1983), “Las lenguas Vernáculas: la experiencia de 
México”, Ediciones de la Casa Chata. 
 35
arraigadas en amplios sectores de la sociedad, mayoritariamente urbana, y en los 
programas de los partidos políticos “liberales”56. 
 
En sus primeros años de vida, el INI tuvo un gran impacto político en las regiones 
indígenas, puesto que se constituyó en un freno para que los caciques locales, 
presidentes municipales y hasta gobernadores, siguieran oprimiendo y controlando a los 
indígenas libremente.57 En el mismo periodo los CCI también fueron instrumento de 
penetración y control del gobierno federal en zonas aisladas del país para implantar 
estrategias de desarrollo que no contaban con el consenso de la población que se afectó, 
por lo que se llegó a lesionar la organización y cultura de los indios. Destacan por su 
magnitud los reacomodos de población indígena ocasionados con motivo de la 
construcción de las presas Cerro de Oro y Temascal, hoy Miguel de la Madrid y Miguel 
Alemán. 
 
Durante los años 50 y el primer lustro de los 60, el INI tuvo como propósito establecer 
las bases necesarias para lograr el desarrollo económico, por ello se hizo cargo de la 
construcción de infraestructura caminera, sanitaria y educativa, así como, de apoyar el 
aprovechamiento forestal en diversas regiones a través de la intervención directa y 
asesoría, destacando la de la Sierra Tarahumara y los Altos de Chiapas. También se 
iniciaron proyectos de piscicultura y acciones para evitar el intermediarismo, la 
especulación y la escasez. 
 
En materia de educación, después de los primeros intentos de establecer escuelas puente 
en los CCI y de que los resultados no fueran los esperados, en 1961 se inició en la Sierra 
Tarahumara, el Programa Escuelas Alberge en la que los niños permanecían de lunes a 
viernes. Estas escuelas alberge contaban con aulas, comedor, cocina y dormitorios para 
niños y niñas. En 1962 se dio un fuerte impulso a las campañas de nutrición en zonas 
indígenas y a través de Instituto Nacional de Protección a la Infancia se daban 
desayunos escolares en las escuelas de los CCI. 
 
 
56 Recordar que el PAN se oponía en 1991 a la reforma del artículo 4º constitucional. 
57 NOLASCO (2003), p. 8; y ZEPEDA (1978). Tal freno, no impidió que se mantuvieran las relaciones 
de dominio pero, en algunos casos lo dificultó, en otros lo matizo y en otros más representó esperanzas de 
acabar con ellas. 
 36
En la Asamblea Anual del Consejo Técnico de la Educación de 1963, el gobierno de 
México aceptó por primera vez la necesidad de adoptar un enfoque integral en la 
educación india, la alfabetización en lenguas vernáculas y los principios y métodos de la 
antropología social como instrumentos para impulsar el desarrollo de la comunidad en 
las regiones de refugio indígenas. 
 
A partir de 1958 se impulsa la construcción de parques industriales, lo que refleja la 
prioridad que se le otorga al sector y se constituye en el principio del abandono 
paulatino al que se someterá al sector primario de la economía, lo que para muchos se 
constituirá en un factor de desequilibrio que presionará más adelante los saldos de la 
balanza comercial. Sin que se planteara concientemente, se inició demasiado temprano 
el desplazamiento a un segundo término de la voluntad política asociada a la planeación 
regional con sustento en