Aricapa-2006

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1 • hechos del callejón
Pnud
Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo
Año 2
Julio de 2006
ISSN 1794-9408 Asdi
Evolución del confl icto 
armado en cifras
p. 6Debate
Número 16
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p. 9¿Cómo nos ven?
“Las condiciones de cada negociación 
depende rán del contexto y, en especial, 
de la llamada correlación de fuerzas”.
Informe Nacional de Desarrollo Humano, 
El Confl icto, callejón con salida 
Editorial
La evolución de la 
economía ilegal en 
situación de confi cto
p. 19
El invitado
Ricardo Aricapa, autor de 
Comuna 13, crónica de una 
guerra urbana
p. 15
Así vamos
Política en vez de 
balas
p. 12
Buenas prácticas
Escuela de comunica-
ción recrea otro Chocó
p. 20
Para que los niños, niñas y jóvenes no terminen en las fi las de los grupos armados deben tener escuela, ofi cio, entretenimiento y opciones de vida. Pág. 6
En los cuatro años del Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil 
combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrentar. Pág. 2
Menores combatientes: una realidad que se esconde
Estimativos hablan de la existencia de 14 mil niños, niñas y adolescen tes 
en los grupos armados ilegales. Los estudios revelan que las farc y las 
auc, estas últimas ya desmovilizadas, son los principales reclutadores. 
La única cifra verifi cable de esa realidad son los 2.864 menores atendi-
dos por el icbf, de los cuales 1.015 pertenecieron a las auc.
El papel de la sociedad en el control de armas
No hay programa de prevención, control y reducción a la producción 
y tráfi co ilícito de armas que pueda ejecutarse o ser efectivo si no se 
incluye a la sociedad civil, y ella misma apoya y presiona para que los 
compromisos de los Estados se cumplan. La ong de Sudáfrica SaferA-
frica, experta en el tema, escribe sobre la problemática mundial.
2 • hechos del callejón
¿Y al fin qué?
Evolución del confl icto 
armado en cifras
En los cuatro años del actual Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de vio-
lencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de 
violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrentar.
L
os primeros cuatro años de Gobierno del presidente Álva-
ro Uribe se recordarán, en lo relativo al confl icto armado, 
especialmente por la desmovilización de 30.151 hombres y 
mujeres de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), lo que 
ha signifi cado, a su vez, una importante disminución de las 
masacres, el método más utilizado por este grupo armado ilegal para 
imponer sus condiciones en sus regiones de infl uencia.
La reducción de las masacres en el país muestra la incidencia de este 
grupo antiinsurgente en el confl icto armado y es, al mismo tiempo, un 
indicativo, entre muchos otros, de la evolución del confl icto colombiano 
en los últimos cuatro años (cuadro 1).
Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución 
revela, según analistas y estudios sobre el tema, unos logros evidentes, 
algunas preocupaciones expresadas incluso por funcionarios públicos 
(entre otros) y retos importantes que el Gobierno deberá enfrentar.
La Política de Seguridad Democrática
La Política de Seguridad Democrática ha demostrado varios logros, 
dice el analista Alfredo Rangel: “han descendido los homicidios, las 
masacres, los secuestros, los desplazamientos, los retenes y la toma de 
poblaciones por parte de la guerrilla, entre otros. Hay una percepción 
de seguridad, la gente se siente más segura y mejor”. 
Los homicidios 
“Durante el actual Gobier-
no se ha dado una reduc-
ción histórica de los ho-
micidios”, agrega Rangel 
(cuadro 2).
Durante el actual Gobierno se logró la desmoviliza-
ción de 30.151 hombres y mujeres de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc).
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Cuadro 1. Cifras de masacres perpetradas por las auc, 1993-2006
Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Total
Casos 
masacres
107 86 81 110 114 115 168 236 185 115 94 46 48 12 1.517
Víctimas 
masacres
530 448 457 572 563 682 929 1.403 1.039 680 504 263 252 64 8.386
Observatorio Presidencial de los Derechos Humanos. *Enero-abril
Cuadro 2. Cifras de homicidios 
Año Homicidio Tasa x 100 habit.
1995 25.398 66
1996 26.642 68
1997 25.379 63
1998 23.096 57
1999 24.358 59
2000 26.540 63
2001 27.841 65
2002 28.837 66
2003 23.214 52
2004 20.167 44
2005 18.111 40
2006* 5.471 
Fuente: Dijín. *Enero-Abril
Para el Gobierno esta disminución se debe 
a la Política de Seguridad Democrática y a 
hechos como el incremento del gasto militar, 
el fortalecimiento y aumento del número de 
soldados en las Fuerzas Militares (de 139.348 
en julio de 2002 a 192.540 en marzo de 2006) 
y en la mayor presencia de la Policía en el 
territorio nacional (incluyendo auxiliares 
3 • hechos del callejón
ponsables del desplazamiento masivo de la población, específi camente 
de negritudes e indígenas
regulares y bachilleres: de 16.011 en julio del 2002 a 19.576 en marzo de 
2006). Según el Ministerio de Defensa, el país pasó de tener una Fuerza 
Pública (Policía y Fuerzas Militares y sin incluir personal civil) de 295.957 
hombres a una de 369.794.
Sin embargo, analistas y ong afi rman que a pesar de las cifras alenta-
doras, deben tenerse en cuenta otros factores. “Parte de la disminución 
se debe a la reducción registrada en los últimos años en grandes ciu-
dades (Medellín y Bogotá, por ejemplo) como resultado de las políticas 
de gobiernos locales y no necesariamente por la Política de Seguridad 
Democrática”, afi rma el académico Álvaro Camacho. Hay que tener en 
cuenta, además, que los homicidios parecen desplazarse a pequeños 
municipios, donde las estadísticas no tienen un impacto tan evidente 
en el ámbito nacional. Adicionalmente, los expertos llaman la atención 
sobre la necesidad de tener en cuenta cómo se ha ido transformando el 
confl icto. En la situación de los indígenas (Hechos del Callejón, N° 9), por 
ejemplo, han descendido los asesinatos, pero la violencia contra ellos 
tiene hoy otras modalidades: el desplazamiento, el confi namiento y el 
asesinato selectivo de fi guras representativas de sus comunidades. Así 
lo han expresado la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic) 
y el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin). Una situación parecida 
ocurre con los sindicalistas (Hechos del Callejón, N° 11).
El desplazamiento
El desplazamiento sigue siendo una herramienta usada por guerrilla y 
las fuerzas paramilitares —a pesar de la desmovilización de las auc y el 
Bloque Élmer Cárdenas— para tener control sobre corredores estraté-
gicos para el tráfi co de droga y el desarrollo de megaproyectos, entre 
otros (cuadro 3). 
Por usar metodologías diferentes y no comparables, las estadísticas 
de la Red de Solidaridad Social son diferentes a las de Codhes (cuadro 
3). Sin embargo, revelan que el fenómeno se sigue presentando y que 
las farc y grupos de ultraderecha continúan siendo los principales res-
Los habitantes de Rivera, Huila, acompañaron las honras fúnebre de los 10 concejales asesinados por las farc.
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Cuadro 3. Desplazamiento en cifras
Periodo Registrados- Red de Solidaridad Social Estimados- Codhes
1995 251 89.000
1996 2.582 181.000
1997 15.260 257.000
1998 35.675 308.000
1999 31.546 288.000
2000 331.383 317.375
2001 375.187 341.925
2002 424.354 412.553
2003 220.414 207.607
2004 162.501 287.581
2005 160.215 310.387
2006* 30.688 /
En depuración 6.396 /
Total 1796452 3.000.428
* Enero a marzo
El secuestro
Las acciones para enfrentar a la guerrilla y los paramilitares y el llamado 
“repliegue estratégico” de las farc han reducido las cifras de secuestro 
en Colombia, en general y también si se miraen términos de autoría. 
Así lo revelan las estadísticas de la institución gubernamental Fonde-
libertad (cuadro 4).
Entre 2002 y abril de 2006 las farc fueron responsables de 2.211 
plagios, pero mientras en 2002 registraron 990, en 2005 realizaron 
198. En el mismo periodo el eln fue autor de 1.389, y también registró 
un descenso entre 2002 y 2005. Las auc, según las cifras ofi ciales, 
fueron responsables de 515 plagios a pesar del cese al fuego declarado 
en diciembre del 2002 y la desmovilización de más de 30 mil hombres 
fi nalizada en abril.
4 • hechos del callejón
¿Y al fin qué?
Investigaciones del Gobierno y especialistas en el tema, como la 
Fundación País Libre, han advertido que este delito también se ha ido 
transformando (Hechos del Callejón, N° 10).
El estudio del Departamento Nacional de Planeación El secuestro 
en Colombia (junio 2004) reveló el aumento progresivo de secuestros 
producto de alianzas de grupos armados ilegales y la delincuencia or-
ganizada. Para la Fundación, han aumentado los secuestros selectivos 
y disminuido los masivos, de tipo económico y a miembros de la Fuerza 
Pública. Además, en la medida en que se desplaza el confl icto también 
se desplaza el fenómeno del secuestro. 
Para el Gobierno esta estadística sobre homicidios, masacres, secues-
tro y desplazamiento, entre otros, “muestra unos logros evidentes. Es 
una realidad demostrable, que está ahí”, dice el consejero presidencial 
José Obdulio Gaviria. Y en respuesta a los argumentos anteriores que 
controvierten las estadísticas ofi ciales, Gaviria concluye: “Ahora todo 
lo del pobre es robado...”.
La desmovilización de autodefensas
En los descensos de los índices de violencia, como homicidios y ma-
sacres, ha tenido un impacto la desmovilización colectiva de las auc. El 
Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo ha afi rmado: “son 
30.944 (incluyendo las de las auc y el Bloque Élmer Cárdenas) hombres 
y mujeres menos que están en la guerra” (cuadro 5).
El jefe de la misión de la oea, Sergio Caramagna, alertó también por 
las amenazas de “personas o de grupos que se autotitulan autodefensas” 
a diversas ong (8 de junio). En varias universidades del país —como la 
Nacional, la de Antioquia y la del Valle— se ha denunciando amenazas 
de muerte contra directivos y estudiantes por parte de autodefensas. 
En diferentes regiones del país, como en el Magdalena, se ha respon-
sabilizado a desmovilizados de una ola de atracos y robos. La situación 
se presentó en Santa Marta, lo que llevó al comandante de la Policía 
del departamento a advertir sobre la importancia de la atención a esta 
población para evitar un problema social en el futuro. La situación fue 
aún más evidente en Nariño, después de que un grupo llamado Nueva 
Generación (ng), compuesto por supuestos paramilitares, enfrentó a 
una columna guerrillera en Nariño.
“La preocupación es que los paramilitares estén en un proceso de 
reconstrucción en condiciones diferentes: sin una vocería única como 
en el pasado; fragmentados, con mandos regionales y no nacionales; 
integrados en bandas con sentido no contrainsurgente y, por lo tanto, 
no negociables políticamente”, afi rma el académico Camacho. “Lo que 
inquieta es que unos paramilitares negocien bajo una forma y se repro-
duzcan en otra”, sostiene el investigador Gonzalo Sánchez.
En el mismo sentido se expresa el especialista en seguridad Armando 
Borrero: “existe el interrogante de si los desmovilizados se volverán a 
armar como ha sucedido en postconfl ictos centroamericanos. El reto del 
Estado es hacer presencia donde se dieron desmovilizaciones y donde 
terratenientes se estarán preguntando: ¿y ahora quién va a protegerme?”. 
Los grupos que están surgiendo, dice Alfredo Rangel, son de diferente 
origen: “Unos son integrados por desmovilizados pero otros son ban-
das y nuevas organizaciones. El verdadero problema es que todos los 
factores que crearon a los paramilitares siguen intactos”.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, fue 
enfático al respecto el pasado 14 de junio: “No hay autodefensas porque 
es muy claro que el proceso de desmovilización se terminó y lo que ahora 
hay son bandas criminales que tienen que responder por sus ilícitos, 
son 25 bandas criminales que están alrededor del narcotráfi co”.
El Presidente Uribe ha escuchado las voces de alerta, como lo dijo el 
pasado 9 de junio: “se ha tenido noticia de que en algunas partes del país 
donde ha habido desmovilizados han reaparecido bandas criminales... Y 
hemos escuchado la queja de que algunos paramilitares desmovilizados 
se rearman, violan los compromisos, intervienen en negocios de narcotrá-
Las acciones de las farc intentan demostrar 
que quizá estén replegadas, pero no inactivas.
Cuadro 4. Secuestro en Colombia según autor, 1996-2006
autor del delito 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* TOTAL
Varias organizaciones 0 0 10 5 4 0 11 0 0 0 0 30
Familiares 0 18 29 16 45 13 39 83 55 9 0 307
Disidencias 27 51 142 202 175 56 54 27 14 12 8 768
auc 5 19 64 148 190 233 165 163 123 53 11 1174
Delincuencia común 436 259 307 337 303 294 410 356 426 214 52 3394
Sin establecer 151 419 602 751 1123 476 429 471 364 226 46 5058
eln 192 426 700 791 897 921 788 351 141 88 21 5316
farc 228 431 1014 966 844 927 990 671 317 198 35 6621
total 1039 1623 2868 3216 3581 2920 2886 2122 1440 800 173 22668
Fuente Fondelibertad. Procesado por Fundación País Libre. * A abril 
Cuadro 5. Desmovilizados de las auc durante el gobierno de Álvaro Uribe
 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 Total
Individuales
auc 0 697 1.269 1.096 233 3.295
Guerrillas 730 1.846 1.703 1.468 593* 6.340
Colectivos auc+bec 0 1.041 2.648 10.419 16836** 30.944
Total 730 3.584 5.620 12.983 17.662 40.579
Fuente: Ofi cina del Alto Comisionado para la Paz y Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
*Enero-marzo **Enero-abril. BEC: Bloque Élmer Cárdenas
Pero organizaciones nacionales e internacionales han expresado su 
preocupación por las acciones violentas de desmovilizados y, además, 
la creación de bandas en las cuales algunos de ellos tendrían una par-
ticipación directa. El pasado 17 de febrero la Ofi cina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
condenó el asesinato de seis campesinos en Sabana Larga, Antioquia, 
“a manos de paramilitares desmovilizados del Bloque Noroccidente, 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, que siguen actuando 
en la zona”. 
5 • hechos del callejón
fi co. La decisión del Gobierno es perseguirlos implacablemente con toda 
la determinación de autoridad... Una cosa es la generosidad de un país 
para la paz y otra cosa es el ánimo tramposo de los benefi ciarios de esa 
generosidad con la ciudadanía. Generosos con aquellos que cumplan, con 
total fi rmeza para enfrentar a aquellos que incumplan”. En respuesta a las 
preocupaciones el Gobierno ha comenzado acciones importantes, como 
crear una Alta Consejería Presidencial para la Reinserción; ordenar que 
la Policía realice un monitoreo a los desmovilizados e integrar un equipo 
interinstitucional para identifi car, combatir, judicializar y desarticular 
las bandas conformadas por paramilitares reinsertados. 
Además de estos desafíos, el Gobierno tiene un reto concreto, dice el 
investigador Sánchez: “que con mecanismos, capacidad y decisión utilice 
la Ley de Justicia y Paz para recuperar las tierras que los señores de la 
guerra han acumulado bajo la base de la expropiación de los campe-
sinos. Este puede ser un instrumento de reforma agraria, una vía para 
que los señores de la guerra ayuden a la redistribución de la riqueza y 
un mecanismo efectivo para mejorar la situación del campo”.
Sobre las guerrillas
La disminución del secuestro (cuadro 4) por parte de la guerrilla —espe-
cialmente las farc—, el descenso de las llamadas “pescas milagrosas” y los 
retenes, la baja intensidadde sus ataques contra el Estado y la desmovi-
lización de guerrilleros (cuadro 5) han sido resultados de las acciones del 
Gobierno en los últimos años, sostienen los expertos consultados.
Con el eln han comenzado diálogos exploratorios importantes que, 
se espera, puedan consolidarse en los próximos meses con el apoyo de 
la sociedad civil y la comunidad internacional.
En cuanto a las farc, la Fuerza Pública ha ido a la ofensiva militar mucho 
más que en otros gobiernos, dice Borrero, con operaciones como el Plan 
Patriota, que buscan atacar la retaguardia de esta guerrilla y capturar a 
sus principales líderes, entre otros objetivos. “Las farc aumentaron sus 
acciones militares, pero disminuyeron en intensidad. Están en una etapa 
de repliegue estratégico, pero no de inactividad”, concluye el analista 
Rangel. “Aunque no ha habido capturas de gran magnitud —más allá de las 
de Simón Trinidad y Sonia—, la ofensiva militar ha permitido que para las 
farc cada vez sea más difícil su abastecimiento, su movilidad y su logística. 
La realidad ha demostrado que esta guerrilla no está postrada, tampoco 
en repliegue y que sigue teniendo capacidad de combate”, agrega. Así lo 
demuestran las últimas acciones de este grupo, como paros armados, 
asesinatos y amenazas contra alcaldes, concejales y personalidades de 
diversa fi guración en el ámbito regional. 
“Al comienzo el Gobierno tenía una expectativa exagerada de su posi-
bilidad de neutralizar militarmente a las farc. Hoy reconoce que a corto 
plazo no es posible un éxito contundente y que esta guerrilla aún tiene 
una capacidad de acción importante”, sostiene Rangel. “Hay claridad en 
que no es posible una victoria militar aplastante”, agrega Borrero. 
Para el Gobierno no se puede hablar de expectativa generada. “El 
Gobierno siempre fue realista y lo sigue siendo. Realista ha sido entender 
que en Colombia hay una amenaza terrorista, que no hay izquierda ni 
derecha y que no hay causas objetivas para un confl icto”, sostiene Ob-
dulio Gaviria. En ese sentido, ha sido recibido positivamente el llamado 
del Presidente Uribe a las farc horas después de su triunfo electoral el 
pasado 28 de mayo y el encuentro que el equipo de Gobierno tuvo el 30 
de mayo “para examinar la búsqueda de caminos de paz con las farc”, 
según su comunicado de prensa. 
Las farc deben tener en cuenta el contexto internacional y volver a 
ganar un espacio político que ha perdido, advierte Sánchez. “En América 
Latina se está dando la movilización social con opción de poder y no una 
movilización armada. Y la guerrilla debe ser conciente de esto”, indica 
Sánchez, quien concluye: “las farc no pueden permanecer por tiempo 
indefi nido en la inactividad política. El Gobierno y la insurgencia deben 
hacer política en el tema de la paz”. ◗
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El debate
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a cifra es 2.864. Es la única estadística verifi cable que existe 
en Colombia sobre la participación de los niños y las niñas 
en el confl icto armado. Son los menores de edad que entre el 
16 de noviembre de 1999 y el 30 de abril pasado tiene regis-
trado el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas 
y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf). 
La cifra, sin embargo, es la punta del iceberg de una problemática 
de gran magnitud sobre la que han advertido autoridades nacionales, 
organismos internacionales y organizaciones civiles (cuadro 1). La 
complejidad se evidencia, entre otros aspectos, en el hecho de que no 
existen datos sobre cuántos niños y niñas están en los grupos armados 
al margen de la ley, qué porcentaje representan con respecto al total de 
combatientes, cuántos de ellos mueren en confrontación o por castigos 
severos, cuántos quedan lisiados, qué pasa con aquellos que logran huir, 
qué ocurre con las mujeres y con quienes siguen enrolados.
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Los estimativos de Naciones Unidas hablan de la presencia de 14 mil niños y niñas en los grupos armados ilegales.
Menores combatientes: 
una realidad que se esconde
Estimativos hablan de la existencia de 14 mil niños, niñas y adolescentes en los grupos armados ilega-
les. Los estudios revelan que las farc y las auc, estas últimas ya desmovilizadas, son los principales 
reclutadores. La única cifra verifi cable de esa realidad son los 2.864 menores atendidos por el programa 
especial del icbf, de los cuales 1.015 pertenecieron a las auc.
Cuadro 1. Menores de edad 
desvinculados de grupos armados
Año Atendidos
1999 10
2000 100
2001 196
2002 394
2003 775
2004 684
2005 526
2006* 179
Total 2.864
Fuente: icbf-oim. *A 30 de abril.
La Procuraduría General acaba de 
presentar su informe sobre el seguimien-
to a las políticas públicas de reinserción 
y desmovilización, en el cual advierte 
que “dentro del proceso de negocia-
ción que antecede a la desmovilización 
colectiva, existe una invisibilización 
de los niños, niñas y adolescentes”. En 
febrero, esta entidad, además, presentó 
una denuncia contra los principales je-
fes de las autodefensas, de las farc y el 
eln por el delito de vincular en sus fi las 
a menores de edad.
El secretario general del Sistema de Naciones Unidas registró el dato 
de 14 mil niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos ilegales 
armados y milicias urbanas en Colombia en su informe Los niños y los 
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no gubernamentales, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la 
onu. En su reporte anual sobre terrorismo del 2005 enviado al Congreso 
de Estados Unidos, el Departamento de Estado resaltó como un avance 
del Gobierno las desmovilizaciones, pero señaló que se continuaron pre-
sentando masacres, secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores. 
El informe de la Alta Comisionada de la onu para los Derechos Humanos 
también afi rma que se siguió registrando el ingreso de menores a esas 
tropas.
Según el programa del icbf, el 35,4% de los niños, niñas y jóvenes 
atendidos dijeron provenir de las auc, hoy desmovilizada (cuadro 2). Los 
diferentes estudios revelaron que después de las farc, los mayores reclu-
tadores eran los paramilitares. Pero el desmonte de la estructura militar 
de este grupo registraría otra realidad. El proceso de negociación con las 
auc llevó a la desmovilización colectiva de 30.151 hombres y mujeres y 
de 426 menores, es decir, el 1,4%. Estos 426 corresponden a 342 entregas 
reportadas por la Ofi cina del Alto Comisionado para la Paz y 84 realizadas 
por el Bloque Central Bolívar y por el del Meta y Vichada “como muestra 
de buena voluntad” dentro del proceso de desmovilización. Los otros 589 
menores de edad que estuvieron en las auc y que aparecen registrados 
en el icbf fueron capturados o se desvincularon individualmente.
 “Una de las características principales del confl icto es que los grupos 
armados irregulares esconden estas situaciones”, dice Beatriz Linares, 
consultora de la Organización Internacional para las Migraciones (oim). 
Una de las razones, señala, es que hoy la Corte Penal Internacional 
penaliza y castiga el reclutamiento de menores de 15 años como un 
crimen de guerra.
El Protocolo ii adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 dice que 
los niños menores de 15 años no deben ser reclutados por grupos armados 
irregulares. Esta práctica también es una violación a la Convención sobre 
los Derechos del Niño y su protocolo facultativo referente a la participa-
ción de los niños en los confl ictos armados. En Colombia, el Código Penal 
establece cárcel de 6 a 10 años a quien enliste niños en el confl icto.
confl ictos armados (noviembre de 2003). Así, Colombia ocupa el cuarto 
lugar entre los países en el mundo con mayor número de niños, niñas 
y jóvenes en los grupos armados ilegales, después de República De-
mocrática del Congo, Ruanda y Myanmar. Segúnestos estimativos, los 
2.864 niños atendidos por el icbf representarían sólo el 20,5% del total 
de menores reclutados por las fuerzas irregulares.
De acuerdo con unicef, del total de niños combatientes el 25% ha 
visto secuestrar y el 13% ha secuestrado. Asimismo, 18% reconoce haber 
matado por lo menos una vez, 60% ha visto matar, 78% ha visto cadáveres 
mutilados, 18% ha visto torturar, 40% ha disparado contra alguien y 28% 
ha sufrido heridas (Hechos del Callejón, N° 15).
En La niñez en el confl icto armado colombiano (2002) la Defensoría del 
Pueblo informó que la mayoría de los niños y niñas base de su estudio 
expresó que en donde se encontraban (frente, cuadrilla o columna) con-
vivieron con otros menores. “Si tenemos en cuenta que los adolescentes 
pertenecían a un total de 40 frentes o columnas se puede concluir que 
la presencia de menores de edad es muy alta”, asegura esta entidad.
La situación de esta población volvió a alarmar por un reciente 
reportaje de cnn (9 de junio) sobre la vida de adultos que estos niños 
tienen que llevar, y ante un video revelado por el noticiero cm& (6 de 
junio), donde se ve a los niños recibiendo entrenamiento para disparar, 
movilizarse en medio de la amenaza y el peligro, defenderse y atacar.
Los reclutadores
De los 2.864 niños y niñas atendidos por el programa del icbf (hasta el 
pasado 30 de abril), el 61,7% declaró que venía de las fi las guerrilleras: 
1.399 de las farc y 368 del eln (cuadro 2). 
La coalición internacional para acabar con la utilización de niños solda-
dos ha documentado prácticas aterradoras de las farc, como la ocurrida 
en Acevedo (Huila), donde les dieron 
instrucciones a dos niños de 14 y 15 
años para llevar dos caballos, uno 
cargado con explosivos. Un animal 
explotó y mató al joven de 14 años.
En el caso del eln también se ha 
descubierto que algunas unidades 
de este grupo están conformadas 
principalmente por niños y niñas, 
como lo dice Human Rights Watch 
en su estudio Aprenderás a no llorar: niños combatientes en Colombia.
Las farc y eln han prometido acciones para replantear esta prácti-
ca, penalizada por la justicia colombiana y la internacional. Según la 
organización Watch List on Children and Armed Confl ict en su informe 
Colombia. La guerra en los niños y en las niñas, en 1999 las farc se com-
prometieron a no reclutar menores de 15 años, y en 1998 el eln mostró 
cierta voluntad de dialogar sobre el derecho humanitario. 
Sin embargo, el reporte del 2005 de la Ofi cina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
asegura que el “total desconocimiento y desprecio por los deberes 
humanitarios por la guerrilla, en particular de las farc-ep, pudo 
observarse en reclutamiento de niños”.
Las organizaciones paramilitares también utilizaron masivamente el 
reclutamiento forzado, incluso después de la declaración del cese de 
hostilidades (diciembre del 2002), según denuncias de organizaciones 
El espacio de los menores no es el de la violencia y menos en grupos armados ilegales.
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Cuadro 2. Menores desvinculados 
por grupo armado 
(noviembre 1999-abril 2006)
farc 1.399
auc 1.015
eln 368
Otros grupos 44
Sin contacto 38
Total 2.864
Fuente: icbf-oim
8 • hechos del callejón
El debate
Obligados por las circunstancias
El reclutamiento de menores es una expresión de la degradación del 
confl icto, dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano El Confl icto: 
callejón con salida; también advierte que en las zonas rurales inciden 
factores como la presencia de los armados, la vinculación de uno o 
varios familiares al grupo ilegal y la ausencia de oportunidades.
“Más que obligados por los grupos, son obligados por las circunstan-
cias”, asegura Pedro Quijano, secretario ejecutivo de la Alianza por la 
Niñez Colombiana. Es por esta razón que los expertos en el tema con-
sideran que el reclutamiento de menores 
siempre es forzado a pesar de que los 
niños, niñas y adolescentes manifi esten 
que se enrolaron de manera voluntaria. 
“Seguramente la niña que ingresa al grupo 
armado viene de padres desplazados o de 
una situación de pobreza extrema. Es un 
círculo vicioso de abandono, desatención, pobreza”, señala Quijano, 
para quien las 23 organizaciones que integran la Alianza buscan llamar 
la atención sobre el drama de la niñez y diseñar propuestas y acciones 
que ataquen de manera integral la situación. Entre otras razones por-
que el maltrato infantil y otras conductas abusivas contra los niños son 
caldo de cultivo para el reclutamiento. “Un niño al que toda la vida le 
han pegado sus padres, con un arma en la mano piensa que nadie le va 
a volver a pegar”, dice Quijano. “Hay niños que castigan a la mamá por 
su maltrato reclutándose en un grupo armado”, añade Linares.
El reporte de Centros Zonales del icbf del 2005 registró 15.500 denuncias 
de maltrato físico, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
reportó 59.770 casos de violencia intrafamiliar en el 2004, de los cuales 
9.847 tuvieron como víctimas a menores de edad, según la campaña “Vota 
por mí”, promovida por la Alianza.
La ausencia de oportunidades en el área escolar, por 
ejemplo, es otra razón que impulsa al menor a ingresar a 
un grupo armado. “Se estima que 1,6 millones de niños se 
encuentran por fuera del sistema educativo. Esto equiva-
le al 13% de la población de niños y niñas entre los 5 y 17 
años. Adicionalmente, hay marcadas inequidades entre las 
zonas urbanas y las rurales. Mientras las primeras tienen 
una cobertura de 91%, en las segundas sólo el 77% de los 
niños y las niñas en edad de recibir educación asisten a un 
establecimiento educativo. La repetición del año escolar en 
el sector ofi cial duplica o triplica a la del sector privado”, 
dice la Ofi cina de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos al describir la situación en el 2005. Los jóvenes 
atendidos por el programa del icbf, en sus seis años de 
existencia, ratifi can estos estimativos: de los 2.864, 614 
llegaron con quinto de primaria.
unicef también describe como causas del reclutamiento 
la pobreza y falta de oportunidades sociales y económicas, 
el vacío de poder en confl ictos crónicos y los entornos 
violentos. “En el trasfondo se aprecia la ausencia de opor-
tunidades para el niño, la niña o el adolescente [señala 
el indh El Confl icto, callejón con salida]. La familia no los 
retiene y a menudo los expulsa, la escuela no llena sus 
aspiraciones y el grupo armado aparece como una opción 
atractiva”. A este panorama —maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar y falta de oportunidades— se suma que los 
niños son fácilmente manipulables y “hay una incidencia fundamental en 
la etapa de la adolescencia”, dice Linares. 
Los imaginarios juveniles pesan mucho, como lo revela la inves-
tigación “Transiciones confl ictivas: combatientes desmovilizados en 
Colombia”, de la Universidad de Harvard. “Los ex paramilitares viven 
con imágenes de la ‘masculinidad militarizada’, es decir, construyen 
una imagen en donde las armas, el dinero fácil e infundar temor en los 
demás trae benefi cios que son difíciles de conseguir en la legalidad”, 
advierte la investigación (Hechos del Callejón, N° 14).
Hasta el momento, según Linares, “el tema de los niños es un tema de 
buena voluntad y no se ha visto como un tema de alta política”. No obstan-
te, el Estado viene avanzando en la atención a esta problemática de varias 
formas. Ha fortalecido el programa del icbf y fomentado la desarticulación 
de grupos armados irregulares. Asimismo, viene mejorando la capacidad 
de atención de los menores desvinculados, dice Julián Aguirre, quien está 
a cargo del programa del icbf. Hoy en día a esta población se le garantiza 
identifi cación, salud, vinculación escolar, formación prelaboral, atención 
psicosocial y apoyo familiar. “Es uno de los mejores programas en medio 
de una situaciónde confl ictos parciales y/o postconfl ictos parciales”, 
comenta. También reconoce el reto de formular y fortalecer una política 
pública de prevención de vinculación de niños y niñas al confl icto y de 
formas de violencia. Porque, como dice El Confl icto: callejón con salida, “para 
no ir a la guerra hay que tener escuela, ofi cio y entretenimiento”. ◗
La ausencia de oportunidades es otra razón que impulsa a los menores a ingresar a un grupo armado.
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“Más que obligados por los grupos, son obligados por las circunstancias. Por esta razón el reclutamiento de menores 
siempre es forzado a pesar de que los niños, niñas y adoles-
centes manifi esten que se enrolaron de manera voluntaria”. 
9 • hechos del callejón
¿Cómo nos ven?
El papel de la sociedad civil 
en el control de armas 
pequeñas y ligeras 
Es necesario encontrar fórmulas para prevenir, manejar y reducir esa gran cantidad de armamento que 
circula en el mercado negro mundial. No hay programa de control a la producción y tráfi co ilícito de 
armas que se ejecute o sea efectivo si la sociedad civil no es incluida y ella misma presiona para que se 
cumplan los compromisos internacionales.
Por Virginia Gamba y Martín Orlando
SaferAfrica1
A 
raíz del interés global sobre la proliferación de armas pe-
queñas y ligeras (especialmente a partir de 1996), se han 
negociado varios acuerdos internacionales, la mayoría 
liderados por Naciones Unidas y otros por organismos 
regionales. Así surgieron los parámetros para combatir el 
fl agelo de las armas ilícitas y asegurar su decomiso y destrucción. 
Los instrumentos internacionales más importantes son el Plan de 
Acción de Naciones Unidas contra el Tráfi co ilícito de Armas Pequeñas 
1. SaferAfrica es una ong de Sudáfrica con operaciones en todo el continente (con el 
programa de control de armas más antiguo) y en América del Sur. Se especializa en 
ofrecer servicios gratuitos a gobiernos y a la sociedad civil con el fi n implementar 
acciones que benefi cien la paz y la seguridad de los Estados y los pueblos.
y Ligeras (Unpoa) y el Protocolo de Armas de Fuego de la Convención 
de Viena sobre el Combate al Crimen Transnacional Organizado. En 
el continente americano la herramienta jurídica más importante para 
hacer frente al problema es la Convención interamericana contra la fa-
bricación y el tráfi co ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y 
otros materiales relacionados (Cifta). En el caso de la Comunidad Andina 
la herramienta es la Decisión 552, fi rmada en el 2003. En África destacan 
el acuerdo de la Organización de Unidad Africana del 2000 (Acuerdo de 
Bamako) y el subsiguiente Acuerdo de Windhoek (2005). En el ámbito 
subregional, son vinculantes el Protocolo de Armas de Fuego de la sadc 
en África Austral y el Protocolo de Nairobi para África del Este. 
En todos los instrumentos internacionales se hace hincapié en el 
papel de la sociedad civil en la implementación de medidas para evitar 
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El aceso fácil a armas no reguladas,ilegales y baratas aumenta la posibilidad de acciones violentas en la sociedad, según investigaciones que se han realizado.
10 • hechos del callejón
¿Cómo nos ven?
la proliferación de armas cortas y ligeras en asocio con los gobiernos, 
que son los responsables de tomar la acción necesaria nacionalmente 
para la solución de este reconocido fl agelo.
La naturaleza del problema
Las fuentes de armas ilícitas son variadas: a) armas que entraron a los 
países en forma encubierta estaban relacionadas con el contexto de 
seguridad internacional del periodo de la Guerra Fría; b) armas que en-
traron al Estado como legales en una circunstancia específi ca pero que 
por faltas de control, robo o corrupción entraron en el mercado ilícito; c) 
armas legales en posesión de individuos con licencia para portarlas y que 
se escaparon de control; d) armas ilícitas que entraron al país en forma 
ilegal por organizaciones criminales, y e) armas que son “hechizas” o de 
fabricación casera dentro del país y que siempre fueron ilegales. Asimismo, 
muchas armas y municiones son extraídas de “buzones” o lugares donde 
fueron enterradas y olvidadas luego de ser usadas en luchas civiles o 
pujas de poder por diferentes facciones y grupos armados.
Los efectos y el impacto
Con tantas fuentes de armas ilegales, sus efectos se sufren en el ámbito 
gubernamental y en la sociedad civil. La proliferación de estas armas 
afecta a los gobiernos porque se incrementa el potencial de crimen 
armado violento, se difi culta la provisión de seguridad personal a los 
ciudadanos y se afecta el presupuesto nacional. 
Ante la posibilidad de obtener armas ilegales a bajo costo, los acto-
res de diferentes tipos de confl ictos optan por soluciones armadas, lo 
que impide la solución pacífi ca de los mismos. De la misma forma, este 
fácil acceso a todo tipo de armas, además de incentivar el contrabando, 
facilita que las bandas u organizaciones criminales nacionales e inter-
nacionales realicen sus actos. Esto, al mismo tiempo, afecta el control 
efectivo de los gobiernos sobre puertos y fronteras y obliga a invertir 
mayores recursos en equipos y personal, entre otros. 
Otro tema que preocupa es el poder de la corrupción. Los gobiernos 
se ven constantemente enfrentados a grupos criminales poderosos que, 
con el dinero o la fuerza, intentan amedrentar, incidir y corromper las 
decisiones y acciones públicas.
El efecto en la sociedad es aún mayor. El acceso fácil a armas no re-
guladas, ilegales y baratas aumenta la posibilidad de acciones violentas 
en la sociedad, como la violencia doméstica, suicidios por arma de fuego 
o accidentes por su mal manejo. En sociedades rurales se está dando 
el fenómeno de robo de ganado con armas de fuego automáticas, una 
amenaza difícil de contener con medios convencionales. 
El aumento del crimen armado genera inestabilidad general en la 
sociedad, obligando a la población a adoptar medidas de seguridad 
personal y privada que muchas veces están por fuera del control 
estatal y no responden a las necesidades ciudadanas. A su vez, 
la percepción y la realidad de la inseguridad personal afectan la 
dinámica de desarrollo socioeconómico del Estado, impidiendo 
inversión externa y desarrollo de la mediana y pequeña empresa. 
Finalmente, la existencia de armas de este tipo en la sociedad 
daña la confi anza mutua dentro de la sociedad civil y además hiere 
mortalmente los principios de tolerancia y resolución pacífi ca de con-
fl ictos personales. En suma, la proliferación de armas de fuego tiene un 
efecto muy real en la vida y seguridad humanas y perturba posibilidades 
económicas de comercio y de desarrollo.
La participación de la sociedad civil
 En la esfera subregional que afecta a Colombia, por ejemplo, la Decla-
ración 552 de la Comunidad Andina de Naciones (can), que tiene carácter 
de norma jurídicamente vinculante para los países miembros, incluye 
desde el inicio de su texto a “todos los sectores de la sociedad”, con lo 
cual refl eja el espíritu del Unpoa, al abrir el campo a la colaboración 
entre Estado y sociedad civil en el combate contra las armas pequeñas 
y ligeras. En su articulo 4.g. la Decisión 552 establece “la participación 
activa de la sociedad civil en la formulación e implementación de un 
programa de acción nacional para abordar el problema de manera inte-
gral y sostenible”. Además del mandato que tiene la sociedad en el tema, 
muchos organismos no gubernamentales, organizaciones comunitarias y 
expertos civiles realizan acciones dirigidas a prevenir la violencia armada, 
mediar en confl ictos, proteger a familias y menores, defender los derechos 
de la mujer y luchar contra adicciones, entre otros. 
La implementación
En los últimos cinco años, en muchos países, la sociedad civil se ha com-
prometido en la reducción de la proliferación dearmas. Si bien la mayoría 
de esas actividades no se realizó en asociación o con la participación de 
los gobiernos, en otras sí hubo una relación estrecha. En África, que ha 
liderado estos esfuerzos a partir del 2000, se han organizado conferencias 
nacionales de armas con representación de todos los sectores del país, gu-
bernamentales y no gubernamentales. En dichas conferencias el gobierno 
ha buscado la opinión y experiencia de la sociedad civil en la percepción 
del problema y en su potencial solución. Algunas de estas conferencias 
se realizaron en Tanzania, Botswana, Namibia, Uganda, Mali y Kenia, y en 
ellas los participantes contaron sus experiencias. En todos los casos se 
detectaron cinco roles fundamentales que las sociedades están dispuestas 
a asumir y, además, cuáles eran los sectores civiles más directamente 
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La sociedad debe intervenir en la prevención, manejo y reducción de armas. 
“El acceso fácil a armas no reguladas, ile ga-les y baratas aumenta la posibilidad de acciones 
violentas en la sociedad”. 
11 • hechos del callejón
comprometidos: 1. Investiga-
ción: universidades y centros 
de investigación y estadística; 
2. Difusión de información: me-
dios de comunicación y ong a 
través de campañas públicas; 
3. Educación: centros de edu-
cación primaria, secundaria, 
voluntaria y de la tercera edad; 
4. Provisión de recursos: secto-
res de las empresas privadas y 
las cooperativas; 5. Motivación 
del diálogo público: institutos 
de paz y reconciliación, inclui-
dos los organismos religiosos y 
profesionales especializados.
En los sectores de la socie-
dad civil consultados en África 
se vio claramente que los organismos y entes especializados en salud, 
mujer y juventud (incluido el deporte) tenían un papel que cumplir 
porque, además, son fundamentales en la educación de la sociedad a 
largo plazo y en la prevención de la violencia armada. 
Otro tema de debate interesante que surgió en África fue la relación 
entre la pobreza, las faltas de alternativas socioeconómicas y la prolifera-
ción de armas ilícitas y su uso. En un principio se pensó que la relación era 
directa, pero el trabajo de campo demostró que las principales víctimas 
del crimen armado son los pobres en todas las circunstancias, y que no 
se puede decir que entre más pobres más armas ilícitas hay en un país. 
Se comprobó en el diálogo público africano que la mayoría del crimen 
realizado con armas de fuego es generado por menores de edad que se 
asocian para actuar. Además se descubrió que ante un ataque, el ciuda-
dano con licencia para portar armas no puede defenderse en la mayoría 
de los casos y, por el contrario, su arma resulta robada y utilizada contra 
ese ciudadano en casi todas las circunstancias. 
En el aspecto socioeconómico se confi rmó que algunas 
comunidades se dedican a la producción de armas he-
chizas porque no tienen otra alternativa económica. Así 
sucede en Tanzania, donde se descubrió una producción 
casera notable de armas de fuego. El gobierno no califi có 
a estas comunidades como criminales, por el contrario, vio el potencial 
de su capacidad artesanal y redirigió el esfuerzo colectivo a la fabricación 
de motonetas usando los mismos equipos usados para la producción de 
armas. Para ello el gobierno le explicó a la comunidad el problema de 
las armas ilícitas y luego invirtió recursos de desarrollo en alianza con la 
sociedad civil con el fi n de transformar la infraestructura para la fabrica-
ción de armas en montajes para producir motocicletas. En este proceso de 
conversión ayudaron las universidades, grupos de profesionales y el sector 
privado con información, recursos y capacitación a los artesanos.
En Colombia, la ong que ha realizado mayor trabajo al respecto es 
la Fundación Gamma Idear, que desde el 2001 capacita sobre el tema 
a diversos sectores civiles; ha realizado encuestas para demostrar el 
impacto y la percepción de la problemática de armas de fuego en el país 
y ha facilitado el diálogo interministerial, parlamentario y de sociedad 
civil en relación con las regulaciones, leyes y prácticas para reducir la 
proliferación de armas pequeñas y ligeras y, por lo tanto, disminuir la 
violencia armada en el país. Su folleto Armas de fuego en Colombia: su 
impacto sobre la vida de personas y comunidades es un importante esfuerzo 
para que se entienda que la mayoría de los casos de violencia armada en 
Colombia no están relacionados con el confl icto armado, sino con actos 
criminales comunes.
Conclusión
La sociedad civil puede realizar muchas tareas para evitar la proliferación 
de armas pequeñas y ligeras. Quizás la más importante es asumir un au-
tocontrol, porque tanto ella como el gobierno son atacados por igual por 
inseguridades y violencia. Ambos sectores tienen que trabajar juntos para 
solucionar la tragedia de la violencia armada. Los procesos de la sociedad 
civil organizada perduran más que los organizados desde la administración 
pública. Por ello, puede educar a las generaciones futuras sobre el uso 
responsable de las armas y, adicionalmente, intentar evitar la violencia 
facilitando el diálogo y la generación de confi anza entre comunidades, 
autoridades y entes civiles. Lo que la sociedad civil no tiene son recursos 
y, a veces, la capacitación adecuada para infl uir en forma permanente en 
el control de este fl agelo. Por ello, debe actuar con otros.
Naciones Unidas, la industria privada y otros organismos nacionales 
e internacionales pueden facilitar recursos económicos para permitir y 
promover el trabajo de la sociedad civil, porque la proliferación de armas 
de fuego y su negativo impacto socioeconómico es un problema que afecta 
tanto a gobernantes como a gobernados, y además es un problema global. 
Por lo tanto, va más allá de una política o una legislación nacional. 
La solución de esta problemática debe incluir a todos los sectores 
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales 
para que actúen de común acuerdo y en alianza para entregar a las 
generaciones futuras unas sociedades menos violentas. El control de la 
proliferación de armas y su reducción es, de esta manera, un imperativo 
de la sociedad global. Donde exista un arma se encontrará un uso para 
ella, legal o ilegal. Entonces, ¿no es mejor reducir la cantidad de armas 
mientras construimos un futuro en paz? ◗
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El tráfi co de armas en el mundo tiene efectos directo en el ámbito gubernamental y en la sociedad civil.
“El control de la proliferación de armas es un im-perativo de la sociedad global. Donde exista un arma 
se encontrará un uso para ella, legal o ilegal”. 
12 • hechos del callejón
Así vamos
Política en vez de balas
Es necesario seguir impulsando acciones encaminadas a asegurar el ejercicio pleno de la democracia 
teniendo en cuenta las elecciones de alcaldes y concejales en 2007 y las futuras. El objetivo es que el ciuda-
dano pueda expandir sus derechos y elegir libremente entre una pluralidad de proyectos de sociedad.
Es común que en tiempos electorales las guerrillas agudizan sus accio-
nes para intimidar a la sociedad civil y evitar la votación, principalmente 
en las regiones. Entre tanto, las fuerzas paramilitares sacan a relucir su 
capacidad de infi ltración, la cual llega incluso a las ciudades. 
Cumplidas las dos elecciones del presente año, las del Congreso y las 
de presidente, es conveniente mirar qué tanto el confl icto armado ha lo-
grado atacar la democracia y cuál es el mejor camino para protegerla. 
La periferia y el centro
En El Confl icto, callejón con salida se describe una división en Colombia, 
una “periferia” y un “centro”, teniendo en cuenta que entre esas categorías 
no hay un dualismo sino todo un abanico de matices y complejidades. 
La periferia estaría constituida por unas regiones “menos pobladas, más 
campesinas, menos integradasal mercado, con menos poder político y a 
menudo discriminadas o explotadas”. En cambio, el centro estaría inte-
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ara los grupos armados ilegales no existen las reglas de 
la democracia, a saber: el respeto al derecho universal al 
voto, elecciones libres e imparciales, el derecho al acceso a 
cargos públicos y de respeto a la expresión y reivindicación 
de la pluralidad de diferentes modelos de sociedad. Por eso, 
en la resolución de la pugna por el poder ellos acuden a mecanismos 
que atentan contra los derechos políticos y civiles. 
Como afi rma el Informe Nacional de Desarrollo Humano El Confl icto, 
callejón con salida, la confrontación armada “hace valer la fuerza sobre 
la razón, la coacción sobre la convicción, el fusil sobre el argumento”1. 
Sin embargo, aunque Colombia padece un confl icto interno que lleva 
más de 40 años, se le reconoce históricamente por tener un régimen 
democrático estable y uno de los más antiguos del continente.
Las pasadas elecciones presidenciales, cumplidas el 28 de mayo, marcaron una diferencia con relación a las anteriores: menos violencia y más votos. 
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1. pnud, El Confl icto, callejón con salida, Bogotá, pnud, 2003, p. 105.
13 • hechos del callejón
del centro. Esto demuestra la necesidad de seguir impulsando acciones 
encaminadas a asegurar el ejercicio pleno de la democracia teniendo en 
cuenta las próximas elecciones de alcaldes y concejales del 2007. Aún hay 
mucho por hacer con respecto a la gobernabilidad local. Ningún esfuerzo 
en este sentido ha sido en vano y es clave continuar trabajando para que 
el Estado tenga pleno control regional con el fi n de fortalecer y legitimar 
las instituciones, consolidar la justicia y para que los gobiernos locales 
tengan la autonomía y la capacidad para responder a las necesidades de 
la ciudadanía. Alcanzar la estabilidad de la gobernabilidad local es un paso 
fundamental para evitar que se repitan atentados contra la democracia. 
Los tres pilares de la democracia
La palabra democracia signifi ca, literalmente, “gobierno del pueblo”. Como 
miembros de la comunidad política, por medio de elecciones libres los ciu-
dadanos escogen representantes que deben actuar según los intereses de 
sus electores. Partiendo de una concepción liberal, la democracia supone 
la existencia de una pugna por el poder entre intereses, modelos de socie-
dad y concepciones de bien a veces antagónicos. Como sistema político es 
un conjunto de reglas para el acceso al poder, es una “manera de organizar 
la sociedad con el objeto de asegurar y expandir los derechos”7. 
Un Estado legítimo debe evitar a toda costa que se vulnere este sistema 
de reglas garantizando el respeto a: 1) los derechos políticos: derecho 
universal al voto, a elecciones libres, a elecciones imparciales y derecho 
de acceso a cargos públicos, y 2) los derechos civiles: derecho a la vida, a 
la integridad física y a la seguridad; derecho a la información (libertad de 
prensa); derecho a la libertad de expresión y derecho a la libre asociación 
(véase gráfi co 1). De no ser así, la participación ciudadana en cuanto vee-
dora del proceso electoral se ve limitada por la violación a los derechos 
mencionados, y la acción de la ciudadanía es bloqueada como herramienta 
para purgar a fondo el proceso electoral, al estar amedrentada por las 
presiones que los actores violentos llevan a cabo sobre candidatos y elec-
tores. Así, los tres pilares que componen la democracia liberal —los dere-
chos políticos (igualdad política), los derechos civiles (Estado de derecho) 
grado por las principales ciudades, las cuales exhiben una economía diná-
mica, parcialmente integrada a la economía externa, un sistema político 
estable y unos índices de pobreza y exclusión inferiores a los que muestra 
la periferia2. Así, la estabilidad de la democracia en Colombia dependía, 
principalmente, de que no se vieran afectados ciertos procesos políticos, 
como las elecciones de alcaldes y concejales en las grandes ciudades. 
Mientras las regiones sufrían las acciones de los grupos armados ilega-
les, que intimidaban a los ciudadanos para evitar las votaciones (vio-
lando sus derechos civiles y políticos), el centro se encontraba aislado 
de esas presiones. Este hecho era esencial para la coexistencia entre 
estabilidad democrática y confl icto, 
pues como el centro reúne el mayor 
porcentaje de la población no se 
veían afectadas, en el agregado, las 
elecciones nacionales de presidente 
o del Congreso. 
Sin embargo, las elecciones de 2002 
y 2003 fueron un campanazo para 
centrar la atención en la protección y fortalecimiento de la democracia 
colombiana: en 2002 las farc obligaron a alcaldes y concejales de 420 mu-
nicipios a abandonar sus puestos; además, entre agosto de 2002 y julio de 
2004 asesinaron a 25 alcaldes y ex alcaldes y a 127 concejales3. En 2003 se 
registraron 136 renuncias extemporáneas de candidatos a alcalde, gober-
nación y concejo por amenazas y “posibles amenazas”4; en 22 municipios 
se presentaron candidaturas únicas a alcaldías y en 11 municipios no fue 
posible llevar a cabo las elecciones por problemas de orden público5. La 
mayoría de estas acciones fueron realizadas por las guerrillas.
Los paramilitares también atentaron contra las reglas y procedimien-
tos que defi nen la democracia. En zonas de aparente dominio paramilitar 
las elecciones presentaron fuertes anomalías; por ejemplo, en algunos 
municipios del Magdalena la votación por un mismo candidato a repre-
sentante a la Cámara estuvo entre el 93% y el 97% de los votos. En Cesar 
hubo candidato único a la Gobernación en las elecciones locales de 2003. 
Sucre, Córdoba y Antioquia también tuvieron resultados electorales no 
convencionales. Las auc lograron una expansión a través de células de 
intercambio,6 que cumplen la función de relacionarse con los agentes 
más poderosos de la sociedad y con los sectores más infl uyentes. Tran-
san con ellos protección, dinero e infl uencia, y así acceden a gobiernos 
e instituciones gubernamentales en las ciudades. Este incremento en 
el poder paramilitar fue una alarma para los comicios de 2006: las auc 
advirtieron que buscaban ampliar su poder político en el Congreso y 
el número de aliados allí, que según ellos era del 35%. 
Las elecciones presidenciales del 28 de mayo marcaron una diferen-
cia con relación a anteriores. A pesar de algunas denuncias, el derecho 
al voto fue respetado en el país. Es de gran importancia que los civiles 
hayan podido votar, sobre todo en las regiones, pues signifi ca que la 
estabilidad democrática ha ampliado algo su territorio, antes exclusivo 
2. Ibid., p. 21.
3. Gustavo Ducan, “Del campo a la ciudad en Colombia: La infi ltración urbana de los 
señores de la guerra”, Documentos Cede 2005-2, Bogotá, Universidad de los Andes, 
enero de 2005. Edición electrónica (http://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch).
4. Comunicado de prensa de la Registraduría Nacional, 2 de octubre de 2003: “Renuncia 
de candidatos”.
5. Comunicado de la Federación Colombiana de Municipios, 1 de septiembre de 2003.
6. Gustavo Duncan, op. cit. 7. Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Bogotá, Planeta, 2000, p. 51.
Gráfi co 1. Pilares de la democracia liberal 
Derechos políticos (igualdad política)
- Derecho universal al voto
- Elecciones libres, imparciales y frecuentes
- Derecho de acceso a cargos públicos
Derechos civiles (Estado de derecho)
- Derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad
- Derecho a la información 
- Derecho a la libertad de expresión 
- Derecho a la libre asociación
Participación directa
- Mecanismos de participación directa
- Descentralización
- Capacidades políticas
Democracia
“La paz política consiste en cambiar la oposición armada por la oposición desarmada. No se trata de negar el confl icto social, ni 
del conformismo o el unanimismo. Se trata de que las diferencias 
de interés y de visión delmundo fl uyan con entera libertad”. 
Derechos políticos (igualdad política)
- Derecho universal al voto
- Elecciones libres, imparciales y frecuentes
- Derecho de acceso a cargos públicos
Derechos civiles (Estado de derecho)
- Derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad
- Derecho a la información 
- Derecho a la libertad de expresión 
- Derecho a la libre asociación
Participación directa
- Mecanismos de participación directa
- Descentralización
- Capacidades políticas
14 • hechos del callejón
Así vamos
manifestaciones sociales han sido estigmatizadas como opositoras del 
régimen existente, lo que perturba la ampliación de los derechos socia-
les. La derecha y la izquierda han llegado a estar tan desdibujadas que la 
“cultura de la suspicacia” parece haber impregnado la opinión pública. 
En las elecciones de mayo de 2006, por primera vez en la historia del 
país, la izquierda obtuvo una votación signifi cativa. Se desplegaron el 
ejercicio del derecho a la asociación y del derecho a la libre expresión, lo 
que implicó un avance valioso al refl ejar que se ha rescatado el alcance 
de uno de los fi nes prioritarios del sistema democrático. La oposición es 
necesaria y debe tener un espacio central dentro de la política, pues su 
papel es fundamental para ampliar los derechos sociales. Si la oposición se 
ejerce libremente aumenta su fuerza y contundencia dentro de la política 
y, por lo tanto, se avanza en el camino de entender que es posible canalizar 
expresiones violentas de los confl ictos dentro del sistema democrático. 
La paz política consiste en cambiar la oposición armada por la oposición 
desarmada. No se trata de negar el confl icto social, ni del conformismo o 
el unanimismo. Se trata de que las diferencias de interés y de visión del 
mundo fl uyan con entera libertad, de que se expresen todos los proyectos 
de sociedad posibles para que el ciudadano pueda escoger entre ellos9. 
 Se requiere, por tanto, seguir impulsando los esfuerzos por recuperar 
los derechos políticos y civiles para sustituir la violencia por la política. 
Mientras se garanticen estos derechos fundamentales para la democracia, 
la política como herramienta elemental para desterrar la violencia estará 
más a la mano, pues proteger la democracia contra todo tipo de amenazas 
impide que la violencia capture plenamente de la política10. ◗
“Los tres pilares que componen la democracia liberal pueden ser quebrantados por los actores del confl icto armado, 
ya sea a través de mecanismos mafi osos o de las armas”. 
La participación directa y libre de la ciudadanía tanto en el centro como en la periferia es uno de los pilares de la democracia liberal.
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9. Ibid., p. 385.
10. Ibid., p. 387
y la participación directa— pueden ser quebrantados por los actores del 
confl icto armado, ya sea a través de mecanismos mafi osos o de las armas. 
El respeto y la protección de los derechos políticos y civiles fortalecen 
la legitimidad del Estado, la cual es necesaria en la lucha contra actores 
alternativos que han adquirido poder territorial llenando vacíos que deja 
el Estado. En este sentido, seguir trabajando en el fortalecimiento de la 
legitimidad es una de las estrategias más importantes para recuperar el 
dominio de la coerción en manos del Estado. La importancia de estar alerta 
y de continuar con las políticas y acciones 
encaminadas a fortalecer la democracia y 
defenderla en la totalidad del territorio 
nacional se debe a que el confl icto puede 
quebrantar cada uno de los tres pilares de 
la democracia, como sigue:
1. Derechos políticos: si no se cumplen las condiciones para participar 
libremente en las elecciones y en movimientos y asociaciones tampoco 
existirán garantías ni incentivos para la participación directa. La violencia 
puede destruir la posibilidad de cualquier tipo de expresión de voluntad 
política. La libre elección puede verse afectada por la presencia de los gru-
pos armados que determinan las decisiones de los electores en las regiones 
por medio del terror, el dinero, amenazando y matando candidatos.
2. Derechos civiles: el secuestro, las masacres, las torturas, las ejecucio-
nes extrajudiciales, los homicidios, las desapariciones forzadas y demás 
acciones cometidas por los actores del confl icto violan el derecho a la 
vida, a la integridad física y a la seguridad, lo cual limita las posibilidades 
de ejercer el derecho al voto. El voto, el más importante entre los dere-
chos de participación política, debe ser protegido tanto en la periferia 
como en el centro: no puede ser silenciado por la fuerza de las armas o 
determinado por las presiones mafi osas. 
3. La movilización social es “un derecho fundamental y una vigorosa 
muestra de salud de una democracia”8. En Colombia, debido a la existen-
cia de grupos armados ilegales que atentan contra la sociedad civil, las 
8. pnud, El Confl icto..., op. cit., p. 373.
15 • hechos del callejón
El invitado
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l Gobierno Nacional exhibe la pacifi cación 
de las comunas de Medellín como uno de 
los logros importantes de su Política de Se-
guridad Democrática y lo sustenta con cifras 
y resultados que lucen incuestionables. Son 
resultados que los habitantes de las comunas saben apre-
ciar y valorar, en especial quienes en el pasado vivieron 
en carne viva los estragos de la guerra que la guerrilla y 
los paramilitares libraron por el control territorial de los 
cordones periféricos de la ciudad. 
Sin embargo, saben que a pesar de las cifras, no es una paz que puedan 
considerar como irreversible, concluyente, y que tienen que recibir con 
benefi cio de inventario, pues nada les garantiza que no sea más que un 
episodio pasajero, una especie de tregua entre la guerra que pasó y la 
que viene. 
Ese sentimiento de desconfi anza, incertidumbre y pesimismo lo vi en 
expresiones y gestos de mucha de la gente con la que conversé cuando 
realicé la investigación para el libro Comuna 13, crónica de una guerra 
urbana, publicado por la Editorial Universidad de Antioquia.
El caso de la Comuna 13 es emblemático dentro de la guerra urbana 
que vivió Medellín entre 2001 y 2002. Fue la zona donde la confrontación 
armada tuvo grueso calibre y los niveles de crueldad y violencia alcanza-
ron las cotas más altas, con casos aún no resueltos que siguen suscitando 
pronunciamientos de or-
ganizaciones de derechos 
humanos, Amnistía Inter-
nacional entre ellas. 
La gente valora la paz 
que les llegó tras la Ope-
ración Orión, la que acabó 
con la guerra y expulsó a 
milicianos y guerrilleros, pero también tiene motivos de desconfi anza. 
Llevan más de 20 años viéndoles el rostro —o las capuchas— a los grupos 
armados, comprobando que lo único que cambia de una época a otra 
son sus uniformes y brazaletes. 
En los años ochenta, cuando se iniciaban las invasiones que dieron 
origen a la mayoría de los barrios de la Comuna 13, los grupos domi-
nantes eran bandas de pillos locales. 
Marco Aurelio, personaje del libro, es elocuente: “A uno lo atraca-
ban a las seis de la mañana, al medio día, en la noche, saliendo de la 
casa, ¡cogiendo el bus! Lo atracaban por un bazuco y por una inquina 
lo mataban. ¡Carajo!, esto se volvió insoportable”. 
Surgieron grupos armados con la misión de enfrentar la delincuencia. 
Fueron especies de autodefensas barriales que con el correr de los 
años se constituirían en un nuevo poder, que terminó cometiendo los 
mismos atropellos y tropelías de los grupos que antes combatían. Hasta 
cuando llegó una avanzada del eln y estableció en la zona, a princi-
pios de los noventa, el poder miliciano. Las bandas delincuenciales y 
Ecos de la comuna 13
Por Ricardo Aricapa
Autor de Comuna 13, crónica de una guerra urbana
de autodefensas barriales que se rebelaron contra este 
nuevo poder fueron combatidas hasta el destierro y el 
exterminio.
Fue así como a lo largo de aquella década las miliciasdel eln y los Comandos Armados del Pueblo sentaron 
dominio en la Comuna 13, califi cada en ese momento, y 
todavía, como una de las zonas más deprimidas y abando-
nadas de la ciudad. Los milicianos patrullaban las calles, 
dictaban las normas de convivencia, imponían el orden y 
la seguridad e, incluso, organizaban las rifas y espectácu-
los. Y cobraban por hacerlo una vacuna —en dinero o en especie— a 
tenderos, transportadores y comerciantes.
A principios de 2001 irrumpieron las auc a disputarles el poder a 
los milicianos. Fue el fi n de la “paz armada” que éstos habían impuesto 
por cerca de 10 años y el comienzo de una nueva guerra, más feroz que 
todas las anteriores.
Los paramilitares adoptaron los mismos métodos y estrategias de los 
milicianos, como el aliarse con bandas de delincuentes, reclutar com-
batientes entre jóvenes de los barrios o en las fi las del propio enemigo, 
cobrar vacunas y realizar ejecuciones con lista en mano. Incluso, hasta 
en el uso de capuchas terminaron pareciéndose.
La Operación Orión también fue el comienzo para la instauración 
de un nuevo poder en la Comuna 13, el mismo que imperaba en otras 
comunas de la ciudad: el 
poder paramilitar. Y es 
un poder que, como con-
secuencia de la desmovi-
lización y reinserción del 
Bloque Cacique Nutibara 
de las auc ha cambiado 
de matices y formas de 
presentación e, incluso, de intensidad, pero no de naturaleza ni de 
intención. 
Para nadie es un secreto que en los barrios populares de Medellín 
prevalece el poder soterrado del aparato paramilitar, en cualquiera de 
sus presentaciones y condición. El propio Alonso Salazar, secretario 
de Gobierno de Antioquia, denunció zonas donde se siguen cobrando 
las vacunas y la presencia de “mucha gente sospechosa” con armas, en 
buena parte reinsertados. 
También hay nuevas relaciones económicas y políticas que este poder 
ha establecido. Es un poder con dominio pleno del escenario, un poder 
que ordena quién se queda y quién se va, quién se muere y quién vive, 
quién paga la vacuna y qué está prohibido y qué no. 
Muy poco ha cambiado en la Comuna 13. La intervención allí ha sido 
del orden militar. Las causas de fondo, las de orden social, económico, 
cultural y humano que generan la injusticia, la inseguridad y la violen-
cia en esta deprimida zona de la ciudad, siguen intactas y, en algunos 
casos, son peores. ◗
“La población de la Comuna 13 lleva más de 20 años viéndoles el rostro —o las capuchas— a los gru-
pos armados, comprobando que lo único que cambia 
de una época a otra son sus uniformes y brazaletes”. 
16 • hechos del callejón
La página humanitaria
Reconocimiento y respeto 
a las víctimas: el primer 
paso hacia la paz
Ser escuchado, reconocido y respetado son principios de humanidad claves en procesos de reparación y 
reconciliación. Y son, además, gestos indispensables desde el Estado hacía las víctimas.
E
n el camino hacia la paz es central la atención a las víctimas, 
y para garantizar la pertinencia y la efi cacia de la atención 
del Estado es necesaria la participación activa de las víctimas 
como sujetos sociales a quienes se les han vulnerado sus 
derechos. 
En este marco, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(cnrr) busca proporcionar espacios donde se reconozcan los derechos 
vulnerados, se recojan los testimonios de los afectados y se explore cómo 
será el procedimiento para la reparación. A través de este proceso, ade-
más, se requiere conseguir una atención que garantice la reincorporación 
de las víctimas a la sociedad de una manera digna.
Precisamente, dos de las funciones asignadas a la Comisión por la 
llamada Ley de Justicia y Paz se refi eren de manera expresa a las víctimas 
como sujetos activos en un proceso hacia la paz (ver recuadro):
1. Garantizarles a las víctimas su participación en los procesos judiciales 
y la materialización de sus derechos.
2. Presentarle al país un informe público sobre las razones del surgi-
miento y la evolución de los grupos armados ilegales. 
En las zonas más afectadas por el confl icto, donde hay un mayor 
número de víctimas, es necesario acercarse a esta población a través de 
diálogos regionales permanentes. El objetivo es que en esos espacios, 
entre otros, se recojan las necesidades y expectativas de las víctimas y 
sean incluidas en el diseño de las estrategias y las políticas públicas para 
el reconocimiento, la reparación y la reconciliación. De esta manera se 
transitará efectivamente hacia la reconstrucción de la sociedad.
El reconocimiento, la reparación y la reconciliación 
El acercamiento del Estado a las víctimas por medio de una participación 
efectiva con estos diálogos permanentes permitirá que se reconozcan sus 
derechos vulnerados y se les valore como sujetos sociales. Además, el 
diálogo con organizaciones de víctimas en el ámbito local le permitirá al 
Estado un trabajo más efectivo en términos de tiempo y recursos.
En esa dirección, será un avance hacia la reconciliación el apoyo que 
la Comisión y la comunidad humanitaria podrán brindar a las organiza-
ciones sociales civiles de base, respetándolas, impulsando la represen-
tatividad que tienen, rodeándolas para su fortalecimiento y seguridad y 
reconociéndoles sus intereses y necesidades. De acuerdo con el derecho 
internacional humanitario, las víctimas deben ser dignifi cadas, escuchadas 
y reconocidas como sujetos de derecho en un camino hacia la paz.
En el tema de la reparación es importante brindarles a las víctimas 
una respuesta integral que, por lo tanto, incluya tanto la restitución de 
los derechos vulnerados como la reparación de las pérdidas materiales 
ocasionadas por el confl icto. 
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Fue lo único que ella y su familia pudieron recoger 
antes de que fueran forzadas a desplazarse.
17 • hechos del callejón
Pero en muchos casos exitosos de 
reconciliación se ha ido más allá de esta 
reparación material. En Chile y Sudáfrica 
los Estados posibilitaron espacios abier-
tos para que las víctimas presentaran en 
extenso los casos de violación de sus de-
rechos. Eso les ha permitido a las víctimas 
poner en palabras el dolor de las pérdidas 
y comenzar así con el reconocimiento y 
después con el acercamiento a la repara-
ción, la reconciliación y la reconstrucción 
de las sociedades. 
Estos casos muestran cómo por la 
vía de la palabra (expresión escrita y/o 
hablada) frente a la sociedad local y al 
mundo se comienza a sanar la sociedad, 
con implicaciones que van más allá de una 
reparación material. 
Ser escuchado, reconocido y respetado son principios de humanidad 
claves en procesos de reparación y reconciliación. Y son, además, gestos 
indispensables desde el Estado hacía las víctimas. Sólo así se logrará un 
ambiente de credibilidad y confi anza en el diálogo entre la víctima y el 
Estado como representante de los ciudadanos.
El reconocimiento, la reparación y la reconciliación son indispensables 
en la búsqueda de la paz. En Colombia, a diferencia de otros países, esto 
debe adelantarse en medio del confl icto, lo que, sin duda, representa un 
desafío adicional para la sociedad y el Estado.
Un puente entre la Comisión y las víctimas
En este contexto, varias organizaciones humanitarias están promovien-
do el encuentro, intercambio y diálogo entre la Comisión, la comunidad 
humanitaria y las víctimas.
Así, por ejemplo, el pasado 16 de junio en Bochalema, Norte de 
Santander, se realizó un encuentro entre miembros de la Comisión y 
representantes de embajadas y de Pastoral Social de Arauca, Norte de 
Santander y Santander. 
También participaron voceros de organizaciones como el Consejo 
Noruego para los Refugiados y la Asociación de la Comunidad Motilón 
Bari (Asobari), miembros del Programa de Paz de Norte de Santander, 
representantes de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander, las perso-
nerías de Tibú y El Tarra y la Defensoríadel Pueblo.
De la misma forma, la Ofi cina para la Coordinación de Asuntos Hu-
manitarios de las Naciones Unidas (ocha) en coordinación con otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, con organizaciones sociales, 
instituciones del Estado y ong nacionales e internacionales que trabajan 
en el tema humanitario están promoviendo en la zona que comprende 
Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander y Santander actividades 
para sintonizar las necesidades y expectativas de las víctimas con las 
respuestas que deben recibir. En este proceso se busca que los diferentes 
actores trabajen de manera conjunta en posibles salidas, y que los temas 
humanitarios permanezcan en la agenda pública de la región. Dentro 
de las actividades al respecto se han promovido acercamientos entre la 
comunidad humanitaria, medios de comunicación y sector privado.
Asimismo, con la Comisión, el pnud y la Universidad Javeriana han 
apoyado el trabajo que vienen realizando las Mesas Humanitarias, y han 
acompañado la labor de Testimonio, Verdad y Reparación (Tevere), la Aso-
ciación de Víctimas del Magdalena Medio (Asovim), la Mesa de Víctimas del 
Norte de Santander, el Programa de Paz de Norte de Santander y Pastoral 
Social, que son algunas de las instituciones del nororiente colombiano que 
llevan a cabo trabajos de formación de asociaciones de víctimas, recolec-
ción de testimonios, mapeo y ubicación de población afectada. ◗
Las víctimas del desplazamiento del confl icto armado exigen la verdad y una reparación integral.
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La Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia 
y Paz, crea la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación, la cual se reglamentada parcialmente 
a través del Decreto 4760. Esta norma, en sus artículos 
19 a 22, habla específi camente de la composición de 
la Comisión, los procedimientos para designar los 
representantes de las víctimas, el desarrollo de sus 
funciones y los recursos para su funcionamiento.
Funciones de la Comisión
El artículo 52 le fi ja las siguientes funciones:
1. Garantizar a las víctimas su participación en procesos 
de esclarecimiento judicial y la realización de sus 
derechos.
2. Presentar un informe público sobre las razones 
para el surgimiento y evolución de los grupos 
armados ilegales.
3. Hacer seguimiento y verifi cación a los procesos 
de reincorporación y a la labor de las autoridades 
locales a fi n de garantizar la desmovilización plena 
de los miembros de grupos armados ilegales y el 
cabal funcionamiento de las instituciones en esos 
territorios. Para estos efectos la Comisión podrá 
invitar a participar a organismos o personalidades 
extranjeras.
4. Hacer seguimiento y evaluación periódica de la 
reparación y señalar recomendaciones para su 
adecuada ejecución.
5. Presentar, dentro del término de dos años, contados 
a partir de la vigencia de la ley, ante el Gobierno 
y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de 
Representantes un informe acerca del proceso de 
reparación a las víctimas.
6. Recomendar los criterios para las reparaciones con 
cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.
7. Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales 
para la Restitución de Bienes.
8. Adelantar acciones nacionales de reconciliación que 
busquen impedir la reaparición de nuevos hechos 
de violencia que perturben la paz nacional.
9. Darse su reglamento.
Sobre la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
18 • hechos del callejón
Buenas prácticas
computador, la grabadora. Se defi ne el encuentro con el entrevistado y, 
fi nalmente, la prisa se cambia por el deleite de escuchar el producto ter-
minado. Han sido 16 crónicas radiales de no más de 5 minutos cada una, 
donde el ejercicio principal es escuchar para narrar. 
La matrícula no tiene ningún valor y son más de 90 participantes. 
Este año el numero se duplicó y muchos de ellos tienen espacios propios 
radiales en emisoras locales e invitan a muchos más jóvenes del Chocó a 
unirse a este propósito. 
El proyecto se ha convertido en una herra-
mienta para atenuar el impacto del confl icto, 
pero también en una alternativa de trabajo e 
inversión de tiempo para los jóvenes, lo que 
ayuda a restarle guerreros al confl icto armado.
Según un diagnóstico juvenil elaborado por 
el Centro Cultural Mama U, un 70% de la población de la ciudad de Quib-
dó, capital del Chocó, son jóvenes. En la última década la ciudad creció 
desmesuradamente —a causa del confl icto armado— y niños y niñas que 
vivían en poblaciones ribereñas de otros municipios del departamento 
llegaron a la capital como efecto del desplazamiento forzado.
Se visibilizó lo invisible 
Los coordinadores de la Escuela de Comunicación Radiofónica, Dianne 
Rodríguez y Milton Patiño, sueñan con una emisora que tenga amplios 
espacios para jóvenes, niñas y niños; con un estudio de producción radio-
fónico-musical; con editar módulos radiofónicos que vayan construyendo 
nuevas sensibilidades en torno a la etnicidad. La radio es una “opción que 
deberían tomar los jóvenes ante tanto desempleo”, dice Dianne. “Esto 
algún día les puede servir para un empleo fi jo”, agrega Milton.
De sobresalto en sobresalto, este proyecto va etnolocutando (interlocu-
tando) con muchas personas e instituciones. La diócesis de Quibdó es una 
gran aliada. unicef, en un convenio que realizó con esta institución clerical, 
llevará la escuela a los municipios del Alto Atrato: Bagadó, Lloró y Yuto. 
El Sena seguirá avalando este esfuerzo. Los periodistas de las emisoras 
locales dan voces de aliento, exaltan la creatividad y 
abren espacios radiales a los jóvenes. 
El Premio Nacional de Paz que recibió la diócesis 
de Quibdó en el 2005 por el acompañamiento que da 
a los procesos de edifi cación de la vida y la dignidad, 
por el acento étnico de su labor pastoral y por su ac-
titud de anuncio y de denuncia, muestra que ésta es 
una apuesta real por salir del callejón. Este año fue 
precisamente en Quibdó donde se declaró ofi cialmente 
abierta la convocatoria a la octava edición del premio, 
en un acto que se cumplió el pasado 7 de junio. Allí 
estuvieron líderes de proyectos que también, como 
lo hace la Escuela de Comunicación, se han ingeniado 
formas diferentes para hacerle frente a la guerra. ◗
Escuela de comunicación 
recrea otro Chocó
(Viene de la página 20)
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Los jóvenes cuentan sus historias como un mecanismo para 
expresar su dolor y sus esperanzas.
la semana en los colegios, las parroquias, los barrios, el convento, la 
cárcel... Se trataba de incentivar la narración de historias recurriendo 
a la crónica, la música y el reportaje utilizando para este fi n no sólo 
las diferentes herramientas periodísticas, sino el conocimiento del 
contexto, de sus culturas, de su papel en este momento de la historia en 
el que la violencia, la pobreza, el desempleo, la insalubridad y la mala 
educación los golpea de manera inclemente. Porque el Chocó padece 
la guerra de las balas, pero también el abandono estatal.
Crónicas de la vida real
Muchas historias empezaron a conocerse. Por ejemplo, la crónica de 
Paola Ortiz y Mariestela Córdoba, dos estudiantes del colegio Integrado 
Femenino, que lograron impactar a la audiencia chocoana en sólo cinco 
minutos con “Levantamiento de cadáveres”; ellas se preguntaban: ¿qué 
sienten los funcionarios que realizan este trabajo? ¿De qué manera los 
afecta psicológicamente? ¿Llegan a familiarizarse con la muerte? El tema 
resultó revelador porque, entre otros aspectos, la protagonista es una 
mujer madre de familia. 
O la crónica de Fabio y Sureya sobre los ancianos. O la de Genith 
Fuentes y Carmen Serna, quienes fueron a un prostíbulo para recolectar 
testimonios de esta situación. O la de Daniel Isidoro, crónica autobio-
gráfi ca sobre los niños de la calle. O la de John Arley, Cendy y Denni 
sobre el vih/sida. O la de Heiler