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Tecnologías de poder en Guayaquil:
el orden paralelo de la ilegalidad
Tecnologías de poder en Guayaquil:
el orden paralelo de la ilegalidad
Daniela Andrea Suárez Naranjo
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Tecnologías de poder en Guayaquil: el orden paralelo de la ilegalidad
© Daniela Andrea Suárez Naranjo
© Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Edición: 2015
ISBN: 978-958-8947-11-2
Este libro hace parte de la colección
MEJORES TRABAJOS DE GRADO
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Antioquia
Número 28
Corrección de textos: María Edilia Montoya
Diseño, diagramación e impresión: Editorial L.Vieco S.A.S.
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Impreso y hecho en Colombia / Printed and made in Colombia
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Prohibida la reproducción parcial o total de este libro, por cualquier proceso reprográfico o fóni-
co, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo. (Ley 23 de 1982). 
Dedicada a la memoria de Nicolás Ochoa, 
quien cultivó en mí el deseo por comprender 
y descifrar las relaciones de poder.
A mi papá Alfonso Suárez y a mi mamá Hilda Naranjo 
por su amor y apoyo incondicional.
Contenido
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tecnologías de poder en Guayaquil: el orden paralelo de la
ilegalidad. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Primera parte.
La gubernamentalidad: una propuesta para el análisis de órdenes 
paralelos al Estado moderno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
El origen del concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gubernamentalizacion del Estado moderno . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gubernamentalizacion de la ilegalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Segunda parte.
Guayaquil: entre la bohemia,el progreso y la informalidad . . . 37
Fundación, florecimiento y decadencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
El contrabando y el auge comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
El contrabando: germen de la gubernamentalidad ilegal . . . . . . 42
Tercera parte.
El orden paralelo de la ilegalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Sobre dispositivos ilegales emergentes en Guayaquil . . . . . . . . . 47
Coacción y extorsión: los dispositivos claves en el orden
paralelo de Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
El engranaje del orden de regulación paralelo en Guayaquil . . . 66
Indigentes y escaperos: la línea de fuga en el orden paralelo
de Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
11
Prólogo 
El Estado no siempre es el Estado en Colombia. Muchas veces son 
otros actores quienes asumen funciones básicas de una autoridad, o 
incluso de un gobierno, como la creación de normas sociales, la ad-
ministración de justicia, el monitoreo de la población y el cobro de 
tributos para prestar estos servicios. Por alguna razón, el Estado no 
es capaz o no tiene la voluntad de gobernar determinados espacios 
y transacciones sociales. Deja, entonces, que sean unas mafias, unos 
paramilitares o unas bandas delincuenciales las que se encarguen de 
velar por el cumplimiento de unas leyes que distan de ser las mismas 
que definen los fundamentos jurídicos del Estado.
El trabajo Tecnologías de poder en Guayaquil: el orden paralelo de la ilega-
lidad de Daniela Suárez trata precisamente de uno de esos espacios y 
de una serie de transacciones en las cuales las instituciones del Estado 
no son la verdadera autoridad. Desde hace ya varias décadas, en ple-
no centro de Medellín, otros actores se han encargado de gobernar y 
de mediar ante el Estado la intervención de las instituciones forma-
les en los espacios y transacciones bajo su control. Suárez utiliza las 
bases teóricas sobre el poder desarrolladas por Foucault para com-
prender estas formas alternas de gobierno. En concreto, se centra en 
el concepto de gubernamentalidad definido como «el conjunto consti-
tuido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, 
los cálculos y tácticas que permiten ejercer una forma bien específica, 
aunque muy compleja, de poder» (Foucault, 2006, p.36). Lo novedo-
so es que este concepto también es utilizado para analizar las relacio-
nes de poder ilegales. En otras palabras, ¿cuáles son las instituciones 
que permiten ejercer una forma paralela de poder al Estado a través 
de la comisión de delitos con amplia aceptación social?
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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La historia comienza mucho antes de que los narcotraficantes lle-
garan a El Hueco, como se conoce actualmente el sector comercial 
del centro de Medellín. Pequeños comerciantes y vendedores ambu-
lantes se rebuscaban en el desorden de las calles del barrio Guaya-
quil para simplemente garantizar su subsistencia. Sin embargo, en 
algún momento el contrabando comienza a sofisticar los intercam-
bios comerciales del sector. La sofisticación de estos intercambios, 
de acuerdo con Suárez, fue llevando a la aparición de una guber-
namentalidad ilegal que resolviera las demandas de gobierno de la 
población que encontraba sus medios de vida en los comercios de 
El Hueco, o simplemente que encontraba allí un lugar de consumo 
de mercancías que no podía acceder en otros lugares de la ciudad. 
Surgieron así nuevos entramados de relaciones de poder implícitas, 
en lo que en apariencia eran tan solo intercambios económicos.
En los ochenta la gubernamentalidad ilegal se profundiza con la in-
troducción de los recursos del narcotráfico. A partir de entrevistas 
de campo, Suárez identifica cómo algunos comerciantes empiezan 
a lavar recursos de narcotraficantes, lo que les permite llevar a cabo 
un proceso de acumulación de capital que en el largo plazo los con-
vierte en una de las fuerzas comerciales más importantes del Valle 
de Aburrá. De la mano de la instauración de nuevas relaciones de 
poder, contenidas en las relaciones propias de un mercado informal, 
surge otra forma de poder. A mediados de los noventa hacen su 
aparición las Convivir, aparatos coercitivos que vigilan la zona para 
ofrecer e imponer seguridad. No es el poder económico, entonces, 
la única clave para entender los dispositivos de control en El Hueco; 
es también la coacción y la extorsión.
La tensión entre el capital y la coerción se hacen evidentes hoy en 
día cuando los grandes empresarios de El Hueco, quienes arrastran 
todo un legado de contrabando y lavado, prefieren que sean los dis-
positivos institucionales del Estado los que al final entren a gober-
Tecnologías de poder en guayaquil
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nar en mayor proporción las transacciones del lugar. Tanta acumu-
lación de capital llevó a una situación en la que hasta los propios 
empresarios basados en una fuente ilegal de ganancias necesitan de 
estabilidad y predictibilidad en las reglas del juego.
El gran logro de Daniela Suárez es poder poner toda esta tramaen 
unos conceptos teóricos impecables, una narrativa histórica ágil y 
un trabajo de campo que rinde cuenta de la historia y de las relacio-
nes claves de poder en El Hueco en la ciudad de Medellín. Es una 
lectura obligada, tanto para los estudiosos del crimen organizado, 
como para los científicos sociales que trabajan la configuración de 
formas de autoridad alternas al Estado.
Gustavo Duncan
Docente investigador
Departamento de Ciencia Política
Universidad de los Andes.
15
Tecnologías de poder en Guayaquil: 
el orden paralelo de la ilegalidad
Introducción
A lo largo de la historia colombiana son visibles e innegables al-
gunas prácticas informales, ilegales y criminales que, a pesar de su 
antigüedad, han mutado y mejorado sus métodos, llegando a per-
manecer en el tiempo.
Factores geográficos, políticos y sociales muy diversos han generado 
un entorno adecuado para que algunas prácticas ilegales como la 
extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y el contrabando, entre 
otros, se conviertan en fenómenos resistentes y adaptables a todo 
contexto, pues quienes los ejecutan logran innovar en tecnologías, 
tácticas y dispositivos de organización que garantizan su rentabili-
dad. 
La rentabilidad de estas prácticas es producto de la incapacidad del 
Estado para vigilar todas las actividades económicas. Esto supone 
que lejos del arbitrio Estatal, y de la idea de deber ser, se han con-
densado esquemas de comportamiento regidos por parámetros más 
cercanos a la ilegalidad que a la lógica hegemónica legal. Detrás de 
la circunstancia de que en varios lugares del mundo la condición 
de ausencia de Estado parezca imposible de solucionar, se encuen-
tra, desde esta interpretación, el hecho de que hay racionalidades 
que buscan que tal condición se mantenga, pues ella posibilita el 
surgimiento de gobiernos privados que, por medio de mecanismos 
como la extorsión, el secuestro y la violencia, controlan poblaciones 
y territorios con el objetivo de responder a una necesidad u objetivo 
económico privado. 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
16
Los elementos anteriores apuntan a sustentar que estructuras ile-
gales han logrado gubernamentalizar la ilegalidad,1 al imponer 
dispositivos de control,2 los cuales, de manera efectiva, regulan la 
cotidianidad de algunos sujetos que contenidos en el entorno fác-
tico y táctico de estas prácticas son engranaje de órdenes o estados 
paralelos.
A estas expresiones de orden, paralelas e ilegales, que desplazan o 
neutralizan la capacidad de acción estatal, sobreviene una reestruc-
turación en la legitimación del poder. Al favorecer la inclusión de 
población al mercado y las dinámicas de producción y consumo, 
se obtiene tolerancia como agente regulador de las transacciones 
y prácticas que, en otrora, estaban a cargo del Estado. Es así como 
en contextos donde son altamente toleradas y ejecutadas formas de 
regulación que desplazan al Estado moderno, es factible entrever 
el poder de fuerzas que obedeciendo a una suerte de racionalidad 
informal y, en ocasiones, ilegal, potencian las prácticas dirigidas a la 
regulación de territorios y poblaciones, con la función de posibilitar 
objetivos privados formales, informales o ilegales. 
Los agentes al margen de la ley que operativizan dichas prácticas 
ilegales se sirven de entornos donde el Estado de derecho es débil o 
nulo. Así pues, lo que podría llamarse fisuras de coerción y cohesión 
estatal, son aprovechadas por agentes ilegales que entran a suplir las 
funciones estatales, para lo cual utilizan dispositivos de control gu-
1 La idea de pensar la gubernamentalidad fuera de lo estatal, es decir, desde la ilegalidad, es pertinente «[…] 
en particular en países en desarrollo donde la debilidad de las instituciones genera incentivos para que 
los individuos ingresen y permanezcan en estas actividades, lo que redunda en economías informales, 
alternas o “subterráneas” que inducen a la creación de círculos de pobreza, economías que en ocasiones 
tiene una participación importante en la producción agregada que afecta la estabilidad macroeconómica» 
(Schneider & Enste, 2000; Azuma & Grossman, 2002).
2 Usaremos la noción de dispositivo planteada por Agamben (2011), que a la letra reza: «un conjunto hete-
rogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, 
medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende 
entre estos elementos. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está 
inscrita en una relación de poder. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y 
de saber» (p.150).
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bernamental, llegando a configurar un orden de regulación social, 
ilegal, paralelo al estatal. 
Una de las expresiones de facto de este orden paralelo e ilegal puede 
evidenciarse en Guayaquil, un sector comercial tradicional en el mu-
nicipio de Medellín, departamento de Antioquia (Colombia). Desde 
su fundación, allí se han originado actividades alejadas del control 
institucional, dinámicas efectivas en el trasfondo cotidiano y de inne-
gable influencia en la realidad económica de la ciudad. Las dinámicas 
propias de su economía, que involucran negocios formales, informa-
les y rentas también ilegales, se presentan como un espacio vulnerable 
en la soberanía Estatal; una fisura de coerción en la cual se establecen 
relaciones productivas fuera del control institucional, lo que favorece 
la aparición de una gubernamentalización ilegal de su territorio y su 
población.Conocer las variables, que relacionadas enmarañan la red 
estructural del orden paralelo que regula ilegalmente Guayaquil, per-
mite particularizar cada práctica informal o delictiva que se concreta 
en este sector y, por tanto, permite abonar a la comprensión de los 
procesos que llevaron al orden paralelo que lo gobierna.
Para esto se adoptó como estrategia metodológica la gubernamenta-
lidad un enfoque que busca comprender las transformaciones socia-
les y políticas que surgen paralelas al Estado, incluido el contexto 
histórico y geográfico en donde se realizan, además de las prácticas 
que implementan para controlar la población. Ya que la guberna-
mentalidad fue empleada por Foucault (1979) para el estudio de los 
dispositivos de control estatales, se realizó una adaptación de este 
concepto con el fin de utilizarlo para el estudio de órdenes parale-
los [al Estatal]. Dicha propuesta conceptual y metodológica parte 
por identificar las prácticas orientadas al control de una población, 
instaladas en un contexto de regulación particular y agenciadas por 
actores diferentes al Estado. Bajo este marco analítico se buscó com-
prender los procesos que han llevado a una racionalización de las 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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prácticas ilegales, o lo que en términos foucaultianos sería una «gu-
bernamentalización de la ilegalidad» en el Barrio Guayaquil.
Por lo expuesto, este proyecto de investigación busca dar cuenta de 
los procesos que configuran formas de dominación consolidadas a 
través de prácticas reguladoras de la conducta, en contextos de au-
sencia o desplazamiento del Estado, como ocurre en el Barrio Gua-
yaquil. La tesis que se sostiene es que estas formas de dominación no 
buscan la consolidación de un poder central, por lo cual no se puede pensar 
en ellas como formas antagónicas al Estado. Más bien buscan conservar la 
situación que las hace posibles. Comprender las características de estas 
formas de dominación y los procesos que las encarnan, permitirá 
observar si estas minan la solidez del Estado donde se ejecutan, ade-
más de particularizar las prácticas de control y sus posibles mutacio-
nes en el contexto actual del Barrio. 
El trabajo está dividido en tres partes. En la primera, se elabora una 
revisión teórica al concepto gubernamentalidad, y la posterior adap-
tación metodológica de esta noción para el estudio de losdispositi-
vos de control emergentes en órdenes paralelos al estatal. La segun-
da parte contiene un panorama general de la historia de Guayaquil; 
en esta se pondera el fenómeno del contrabando como práctica co-
mercial ilegal y tradicional en este sector. Y la tercera parte contie-
ne la triangulación de los resultados del trabajo de campo; aquí se 
confronta la información resultante de las entrevistas —con fuentes 
primarias y expertos—, con el modelo de análisis adaptable que se 
propone en la primera parte. Finalmente, se esbozan las conclusio-
nes y, adicionalmente, se anexan las entrevistas a fuentes primarias 
e institucionales.
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Primera parte
La gubernamentalidad: una propuesta para el análisis 
de órdenes paralelos al Estado moderno
El origen del concepto
Como lente analítico, la gubernamentalidad es un concepto intro-
ducido por Foucault (1979), quien buscó inducir a la comprensión 
de procesos epistémicos, morales y tecnologías de poder, asuntos 
que no era posible explicar desde sus investigaciones previas sobre 
el poder, el saber, las instituciones y la subjetivación. 
En sus trabajos anteriores, la subjetivación era vista como resultado 
del entramado de relaciones bidimensionales entre poder y saber, 
lo que lo hizo merecedor de críticas como la hecha por Deleuze, 
quien pensaba que el modelo de relaciones de poder de Foucault no 
consentía la posibilidad de fisura, pues al ser una relación de poder 
agonista y duple entre poder y saber, dejaba por fuera una tercera 
dimensión: la subjetividad; esta debía ser tratada como un elemento 
independiente y no como un resultado del poder y el saber, propo-
niéndola, entonces, como una variable autónoma, con un nivel de 
influencia equiparable a las otras dos. 
Tal vez por eso, la gubernamentalidad nace en las últimas reflexio-
nes de Foucault, a modo de respuesta al señalado impase teórico; se 
ocupa de problematizar las articulaciones posibles entre las dimen-
siones: poder, saber, y subjetividad. De este modo, Foucault da un 
giro a su modelo bélico y ya no verá «las relaciones de poder como 
marcadas únicamente por la dominación, sino también como un 
juego de acciones sobre acciones» (Castro, 2010, p.27), un sinnúme-
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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ro de prácticas racionales, orientadas intencionalmente para condu-
cir hacia un objetivo preciso: la conducta de un colectivo humano 
determinado. 
Dicho entramado de prácticas orientadoras de la conducta pueden 
estar contenidas en reglas o normas, pero también en tradiciones 
o imaginarios colectivos que median el contexto y configuran pro-
cesos de articulación e interacción social efectivos cotidianamente. 
Ese carácter de cotidiano de las prácticas reguladoras lleva a que 
el concepto gubernamentalidad tenga origen en la inquietud por la 
operativización de las relaciones de poder, y no por el actor que las 
impulsa ni tampoco por las fuerzas de poder que las reproducen.
En consecuencia, la gubernamentalidad brinda herramientas me-
todológicas para realizar análisis; más que examinar las fuerzas 
de poder que producen prácticas reguladoras, profundiza en el 
despliegue de procesos que hacen posible su consecución, se fija 
en las finalidades, pensamientos y conflictos, que en un momento 
determinado definen el núcleo problemático de la conducción y 
la autoconducción de la conducta (Grinberg, 2007). En últimas, 
es un instrumento para comprender las prácticas reguladoras de 
la conducta, de un determinado contexto histórico, partiendo de 
visibilizar el proceso por el cual se construye una mecánica de 
estas relaciones de poder: «Con esta palabra “gubernamentali-
dad” entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los 
procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas que 
permiten ejercer una forma bien específica, aunque muy com-
pleja, de poder que tiene por blanco principal la población y por 
instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad» (Fou-
cault, 2006, p.136). 
Así las cosas, la gubernamentalidad, como metodología, es la preo-
cupación por la operativización de las relaciones de poder que sur-
Tecnologías de poder en guayaquil
21
gen a la luz de procesos de subjetivación; se ocupa de problematizar 
las articulaciones entre las dimensiones: poder, saber y subjetividad, 
visibilizando procesos culturales, cognitivos y morales; todo esto, 
en relación con el problema del gobierno poblacional y los instru-
mentos aplicados para su control, instrumentos que son también 
denominados tecnologías de poder:3
El acoplamiento de una serie de prácticas-régimen de verdad forman 
un discurso de saber-poder que marca efectivamente en lo real lo inexis-
tente, y lo somete en forma legítima a la división de lo verdadero y lo 
falso[…]. Lo inexistente como lo real, lo inexistente como elemento de 
un régimen legítimo de verdad y falsedad, es el momento que marca el 
nacimiento de la bipolaridad disimétrica de la política y la economía. La 
política y la economía que no son cosas existentes, no errores, ni ilusio-
nes, ni ideologías. Es algo que no existe y que, no obstante, está inscripto 
en lo real, correspondiente a un régimen de verdad y divide lo verdadero 
de lo falso (Foucault, 2006).
Sin embargo, una analítica gubernamental no se agota en una 
simple curiosidad histórico-filosófica, sino que también es una 
actividad de diagnóstico. Diagnosticar, dice Foucault, significa 
establecer la singularidad de nuestro presente, indagar porqué he-
mos llegado a ser lo que somos y no otra cosa; tratar de establecer 
dentro de un complejo de relaciones de poder y saber histórica-
mente decantadas, porqué hemos llegado a ser lo que hoy somos 
(Foucault, 2006). Ello indica, entonces, que la gubernamentalidad 
reviste un carácter acontecimental; que incluye una dimensión his-
tórica y singular que trae límites a su campo de aplicación como 
metodología, pues no define cualquier tipo de relación de poder, 
sino las técnicas de gobierno que sirven de base a la formación del 
Estado moderno.
3 Se entiende por tecnologías de poder «las prácticas que determinan la conducta de los individuos, los so-
meten a cierto tipo de fines o de dominación y consisten en una objeción del sujeto. Son aquellas prácticas 
que buscan someter la conducta con base en un cálculo racional; por ejemplo: campos de concentración, 
tortura, esclavitud» (Foucault, 2006, p.88).
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
22
Gubernamentalizacion del Estado moderno
Para explicar la gubernamentalización del Estado moderno, Foucault 
se centra en el análisis de los mecanismos a los que se hizo el Es-
tado, para ser el agente hegemónico de dominación. Concentra su 
reflexión en los puntos relativos a la definición misma de lo que se 
entiende por gobierno de Estado; de igual modo, uno de los problemas 
centrales que se propone analizar es el de la racionalidad del gobierno, 
es decir, la manera en que el gobierno piensa su práctica. 
A partir de un análisis comparativo, en el cual no ahondaremos por 
razones de procedencia, Foucault explica este proceso, para lo cual 
caracteriza de forma prototípica al soberano moderno en el siglo XV, 
a partir de El Príncipe de Maquiavelo y de la comunidad de súbditos 
voluntarios; comunidad del contrato social descrito por Hobbes en 
el siglo XVII. Estos soberanos dirigían el «pueblo» bajo un interés 
que residía, de forma primordial, en intenciones egoístas y elitistas. 
El cambio en las tácticas de gobierno se da, entonces, cuando el 
soberano debe incluir en su intención de gobierno los intereses de 
la población, hecho este que no fue a voluntad, sino debido a las 
transformaciones en las jerarquías sociales y económicas que sobre-
vinieron en Occidente tras varias revoluciones.
Dicho esto, la gubernamentalidad, como noción metodológica, 
busca comprender las transformaciones sociales y políticas que se 
producen en Occidente desde finales del siglo XVII; según Foucault, 
supusieron un proceso de “Gubernamentalización del Estado” 
(Grinberg,2007, p.96); esto es, una racionalización de las técnicas 
de control y conducción de la población y el capital. 
El proceso de racionalización del Estado moderno, y el cambio en 
la intención de sus monopolios, resultó del cruce de tres procesos 
importantes que provocaron la transformación de las instancias de 
Tecnologías de poder en guayaquil
23
poder hegemónico: por un lado, se deshicieron las estructuras feu-
dales y se instalaron los estados administrativos, evento que propi-
ció la concentración estatal; un segundo evento fue la Reforma y 
la Contrarreforma; ambas dispersaron y minaron la relación reli-
gión-Estado. El tercer proceso importante se dio en el siglo XVIII, 
momento en el que el liberalismo y la burguesía se hicieron hegemó-
nicos, lo que dio origen al mercantilismo, debido a factores como: 
la abundancia monetaria, el aumento de la producción agrícola y la 
explosión demográfica. Todo esto dentro de un marco de urbaniza-
ción vertiginoso. El poder del Estado ya no dependía solamente del 
tamaño de un territorio o del control mercantil y autoritario de sus 
súbditos, sino también de la gestión de la vida y la constante mejora 
de esta.
Entonces, Foucault se ocupará de analizar el proceso de configura-
ción del mercantilismo, pues, para él es la primera racionalización 
del ejercicio del poder4 como práctica del gobierno, y la primera 
vez que comienza a constituirse un saber del Estado que puede ser 
utilizado como tecnología de gobierno. Esto es posible, en razón a 
que el mercantilismo se basa en el control, por parte del Estado, de 
la industria y el comercio; su política exterior defiende la teoría de 
aventajar al adversario, comprándole lo más barato y vendiéndole 
lo más caro, prevaleciendo, eso sí, la idea de que es preferible expor-
tar. El mercantilismo hace posible una estrategia para fortalecer el 
poder económico del Estado, controlando el máximo de actividades 
comerciales, con el interés de aumentar el poder del soberano y no 
el de los propietarios de los recursos.
El mercantilismo fue la práctica de control económico que consoli-
dó a Estados nacionales, como Francia e Inglaterra. El desarrollo de 
4 Desde la idea de “Gubernamentalización del poder”, su racionalidad se piensa como el funcionamiento 
histórico de prácticas que se insertan en estructuras de poder. Tales prácticas son racionales en la medida 
en que proponen unos objetivos hacia los cuales debe ir dirigida la acción, y dispone de los medios para su 
consecución. 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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estos Estados desvió la atención de los políticos y pensadores hacia 
cómo incrementar la riqueza y el poder de esa época, ofreciendo 
autoabastecimiento a las naciones. Así, este saber del Estado logra 
verse como tecnología de poder, por cuanto se aplican técnicas y 
«mecanismos inteligibles» que sirven para direccionar la conducta 
de un conjunto considerable de personas hacia la consecución de un 
objetivo económico-político: «El estado de gobierno que se apoya 
esencialmente sobre la población, que se refiere a la instrumentali-
zación del poder económico y la utiliza, correspondería a una socie-
dad controlada por los dispositivos de seguridad» (Focault 1999, p. 
195). Un dispositivo de seguridad se entiende como todo conjunto 
heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o 
no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiacas, pro-
posiciones filosóficas. Un dispositivo, tomado en sí mismo, es la 
red que se teje entre estos elementos, tiene una función estratégica 
concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder. Como 
tal, el dispositivo resulta del entrecruzamiento de las relaciones de 
poder y saber (Agamben, 2007).
La gubernamentalidad se pregunta por la emergencia histórica de 
esas tácticas de gobierno o dispositivos de seguridad, teniendo en 
cuenta el contexto y el tipo de población que gobierna; es decir, 
intenta ubicar el conjunto de prácticas gubernamentales que condu-
cen conductas colectivas, desde una genealogía de los procedimien-
tos de estatalización moderno, en escenarios del poder específicos. 
No es, por tanto, la preocupación por el origen del Estado, sino por 
la racionalidad política que caracteriza al Estado moderno desde el 
siglo XVI: «Cuando el gobierno está ya no en relación con el medio, 
sino con el acontecimiento, acaecido en el medio, la circulación ad-
quiere la forma de circulación comercial, económica o política, que 
igualmente es un dispositivo de seguridad del mismo modo que la 
circulación urbana» (Foucault, 2006, p.46). 
Tecnologías de poder en guayaquil
25
En este contexto, la percepción de los conflictos específicos de la po-
blación y el aislamiento del nivel de realidad al que llamamos eco-
nomía, hicieron que el problema del gobierno fuera pensado desde 
la idea de gestionar y administrar la circulación de la población y el 
capital económico. Cómo gobernarse, cómo ser gobernado, cómo 
gobernar a los demás son cuestionamientos que en su multiplicidad 
y complejidad se perfilan en el escenario público y problematizan 
el manejo del poder, lo que obliga a redireccionar los instrumentos 
de gobierno hacia un fin económico-político: «Determinar de qué 
modo se estableció el dominio de la práctica de gobierno, sus dife-
rentes objetos, sus reglas generales, sus objetivos para gobernar de la 
mejor manera posible. En suma, es el estudio de la racionalización 
de la práctica gubernamental en el ejercicio de la soberanía política» 
(Foucault, 2006, pp.17-21).
En el recuento de contextos genealógicos de gubernamentalización 
del Estado moderno, se refleja el paso de un gobierno centrado en 
las estructuras de la soberanía, a uno racionalizado que es soportado 
en técnicas de gobierno de la población o «economía política». Pero, 
esto no indica que se haya dado un proceso de ruptura en el desa-
rrollo del Estado, y mucho menos de eliminación o superación de la 
soberanía por la biopolítica,5 puesto que la llegada de una tecnología 
de poder no significa la eliminación de otra; por el contrario, coe-
xisten y se dinamizan entre ellas. A propósito, Foucault (1999) in-
dica: «Es necesario que no comprendamos en absoluto este proceso 
histórico como la sustitución de una sociedad de soberanía por una 
sociedad disciplinada, y después de una sociedad disciplinada por 
una, digamos, de gobierno. Lo que se da en efecto, es un triángulo; 
soberanía-disciplina-gestión gubernamental cuya meta principal es 
5 Biopolítica es el nombre que da Foucault a una forma específica de gobierno que aspira a la gestión de los 
procesos biológicos de la población. Sostiene que la biopolítica es efecto de una preocupación anterior del 
poder político: El biopoder, un conjunto de estrategias de saber y relaciones de poder que en el siglo XVII 
se articulan sobre lo viviente en Occidente. Recuperado de http://www.elciudadano.cl/2012/11/11/59961/
la-biopolitica-de-foucault-un-concepto-esencial-para-comprender-la-sociedad-contemporanea/
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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la población y cuyos mecanismos esenciales son los dispositivos de 
seguridad» (p.194). 
Por tanto, la finalidad de la amalgama de dispositivos gubernamen-
tales es el control de una población y un capital, el cual es gene-
rado gracias a la conducción racional de la población que se haya 
controlada por dispositivos estatales. Para lograr este control, los 
dispositivos son insertos en la cotidianidad, lo que consiente que las 
jerarquías de dominación se mantengan estables y respondan a un 
orden determinado. 
Tenemos así que las relaciones de poder se consolidan ya a partir 
de un entramado de prácticas intencionadas a dirigir poblaciones, y 
por medio de dispositivos orientan acciones y voluntades hacia un 
objetivo estratégico: controlar las dinámicas de transacción en un 
territorio delimitado, implementando técnicas de poder político que 
articuladas a ciertas prácticas coercitivas permiten regular la circu-
lación de población y capital.
Esimportante aclarar que el dispositivo se define no solo por los 
elementos que articulan la red, sino también por la disposición fun-
cional de cada elemento. Este factor de posición supone que los 
elementos que componen el dispositivo no son significantes en sí 
mismos; su significado deriva de la posición relativa y móvil que 
este tenga dentro de un conjunto. Es por esto que un dispositivo no 
es un universal; está articulado por prácticas diversas y, por tanto, 
debe comportar una red ensanchada por líneas. 
En este sentido, la definición que Deleuze (2005) tiene de disposi-
tivo sugiere que este contiene cuatro líneas en su base: 1) Línea de 
visibilidad: lo que se ve y lo que no; 2)Líneas de enunciación: lo que 
puede ser dicho de un dispositivo; 3) Líneas de fuerza: permite una 
forma concreta al dispositivo, regulando el tipo de relaciones que se 
producen; y 4) Las líneas de subjetivación: se refieren al tipo de indi-
Tecnologías de poder en guayaquil
27
viduo que crea el dispositivo. Estas líneas permiten cartografiar las 
relaciones que ensanchan el dispositivo, para comprender el proceso 
que lo lleva a estructurase como tal.
Ahora, ya que la analítica de la gubernamentalidad privilegia los 
lugares donde la racionalidad es operacional y práctica, como en la 
recolección de impuestos, el contrabando, las hambrunas, el diseño 
urbano, las campañas de vacunación, etcétera —pues es allí donde 
se hace posible rastrear en qué consiste el gobierno económico de la 
población— (Castro, 2011), podemos preguntar qué pasa en escena-
rios donde los tipos de control efectivos no corresponden a disposi-
tivos provenientes del Estado ni tampoco a las lógicas del mercado 
legal; es decir, ¿pueden acaso existir órdenes de regulación diversos 
o formas paralelas de gubernamentalidad? 
En esta medida, y reiterando que la gubernamentalidad es la racio-
nalidad inmanente a las relaciones de poder, se precisa problema-
tizar cómo la proliferación de dispositivos que se hacen efectivos a 
la sombra del Estado moderno, generan nuevos tipos de guberna-
mentalidad, lo que obliga a hablar de gubernamentalidades, y no solo 
de una gubernamentalidad, lo cual permite adaptar este método 
conceptual al análisis de procesos de racionalización del poder que 
desbordan al Estado institucional:
Lo que buscamos, entonces, no es saber lo que es verdadero o falso, 
fundado o no fundado, real o ilusorio, científico o ideológico, legítimo o 
abusivo. Buscamos saber cuáles son los lazos, las conexiones, que pue-
den ser señaladas entre mecanismos de coerción y elementos de conoci-
miento, que juegos de reenvió y apoyo se desarrollan entre uno y otros, 
que hace que un tal elemento de conocimiento pueda tomar unos efec-
tos de poder referidos, en un sistema tal a un elemento verdadero o pro-
bable, incierto o falso y lo que hace que tal procedimiento de coerción 
adquiera la forma y las justificaciones propias de un elemento racional, 
calculado, técnicamente eficaz (Foucault, 2006, p. 26).
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
28
Así las cosas, lo que tenemos hasta aquí es una grilla metodológica 
adaptable al análisis de tácticas y estrategias de gobierno que surgen 
paralelas al Estado moderno. Bajo este enfoque, se trata de com-
prender cómo actores diferentes al Estado logran regular territorios, 
capital y poblaciones, compitiéndole en atributos, usurpando su fi-
gura de autoridad y dictaminando estándares de conducta con fines 
privados e incluso ilegales.
Gubernamentalizacion de la ilegalidad
En la actualidad, se hace innegable la existencia de sectores don-
de la población y el capital son regulados bajo criterios que no son 
propiamente principios de un Estado de Derecho; por el contrario, 
distan de ser formales o legales.6 En este sentido, las investigaciones 
clásicas sobre gubernamentalidad, si bien algunas rebasan el estu-
dio del proceso histórico de racionalización del Estado moderno, se 
agotan en descripciones de dispositivos que aunque no provengan 
del Estado, se positivizan dentro de los márgenes legales, ignorando 
por defecto que «El Estado interviene en el orden económico única-
mente como ley, dentro de este marco jurídico; si ese poder se limita 
en efecto a las intervenciones legales, podrá aparecer algo, un orden 
económico, que será a la vez el efecto y el principio de su propia 
regulación» (Foucault, 2006, p.49).
De ahí la necesidad de adaptar la acepción gubernamentalidad al 
estudio de dispositivos que emergen en terrenos donde la autoridad 
efectiva del Estado moderno es nula, limitada o compartida, ante lo 
que se ha denominado la retirada del Estado, acaecida por el hecho 
de que este renuncia a sus funciones por la impotencia o por la ne-
gociación de sus funciones con particulares (Mbembe, 2011; Coma-
6 Al respecto, ver los trabajos de Comaroff (2006), sobre los gobiernos privados en Sudáfrica. Igualmente, 
Michael Misse (2009) y el problema de las mercancías políticas, en Brasil, además de los trabajos de Reno 
(2000), sobre el Estado fantasma en Rusia. 
Tecnologías de poder en guayaquil
29
roff, 2006), hecho este que desdibuja la línea entre lo legal e ilegal, 
en cuanto configura un juego doble entre la anomia y lo instituido, 
que hace posible que aparezcan nuevos actores de autoridad, en un 
escenario que necesita ser regulado. Ahora, si el Estado es desplaza-
do ¿quién se encarga de regular?, ¿de dónde emanan los dispositivos 
de control? 
La racionalización de dispositivos efectivos, en escenarios donde la 
administración del poder no está a cargo del Estado formal, es po-
sible debido a la «ausencia de regulación hegemónica del Estado 
y a la existencia de una organización que es capaz de cumplir los 
contratos o normas informales mediante el uso de la fuerza gracias 
a su amplia capacidad coercitiva. Evento que sucede con mayor fre-
cuencia en lugares donde los vacíos y fisuras estatales son notables» 
(Garzón, 2008, p.147). 
Estas fisuras brindan la posibilidad para que agentes distintos al Es-
tado entren a suplir lo que en principio son funciones de este, con-
solidando organizaciones que implantan dispositivos de control que 
casi siempre son una estrategia para fines económicos privados. En 
este contexto, asistimos a la configuración de un orden paralelo al 
estatal; una organización del poder intencionada para controlar los 
flujos de capital y población, inmersos en un mercado subterráneo 
que escapa al arbitrio del Estado moderno:
Allí donde la aspiración, e incluso la supervivencia dependen de la capa-
cidad para moverse con rapidez, la capacidad para producir el material 
necesario para la movilidad de la ciudadanía ha caído en manos de es-
tados fantasmas delictivos, se da entonces un desdoblamiento del Esta-
do la existencia de mundos paralelos de gobierno clandestino, soldados 
irregulares y economías ocultas (Comaroff, 2006, pp.21-26).
Surge, así, una suerte de Estado paralelo que debido a la inacción o 
retirada del Estado (Mbembe, 2011) se muestra como la posibilidad 
para el establecimiento de formas de control alternas, que configu-
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
30
ran dominios económicos y sociales. La fisura que permite estos 
desdoblamientos de poder vale ser vista como una crisis en la red 
de dispositivos legales, porque abre paso a la entrada de agentes de 
poder inéditos que, al margen de la ley, instauran sus propias lógi-
cas de gobierno configurando un sistema informal de normas, una 
ética secreta o una racionalidad ilegal. Pero ¿cuál es ese espacio no 
regulado, esa grilla que se escapa al control estatal y de la ley, que 
sustenta esta forma de Estado paralelo?
Las investigaciones muestran cómo prácticas que aparecen a la 
sombra del Estado moderno, evidencian que al margen de lo legal 
ha surgido un mercado subterráneo, una economía informal7 que 
logra ser el eje dinámico de transacciones domésticas y cotidianas 
en algunas poblaciones, (Membe, 2011; Comaroff, 2006). Esta eco-
nomía informal, al moverse en los márgenesdel Estado, necesita a 
su vez, como todo tipo de economía, alguna clase de regulación que 
proteja a los que participan de la misma y sus recursos. En efecto, en 
estos ámbitos informales cabe preguntar cómo se gobiernan, a pesar 
de que rodean y rompen visiblemente algunas lógicas formales del 
Estado y del mercado formal.
Comprender esto es un elemento central para entender la intención 
de la gubernamentalización de la ilegalidad, y por qué la economía 
informal, que en apariencia es un mercado anómico, necesita, y de 
hecho concentra, grandes dispositivos de regulación:
De hecho lo económico debe entenderse como un conjunto de activida-
des reguladas[…] cuyas reglas tienen niveles, formas, orígenes, fechas y 
cronologías diferentes. Estas reglas pueden ser un hábito, una prescrip-
ción religiosa, pueden ser una ética, un reglamento corporativo y así 
mismo una ley. De todos modos, lo económico solo puede considerarse 
7 En la economía informal se encuentran todas las actividades económicas que evaden impuestos, haciendo 
caso omiso al costo que supone el cumplimiento de las leyes y normas administrativas que rigen local 
y nacionalmente, e ignorando de este modo las «relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias 
comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social» 
(Portes, 1989, pp.10-11). 
Tecnologías de poder en guayaquil
31
como un conjunto de actividades, y quien dice actividades, dice forzosa-
mente actividades reguladas (Foucault, 2006, p.195).
Esta economía informal hace parte de una red de relaciones en las 
que está implicada una forma particular de ejercicio del poder y de 
configuración de saber (Castro, 2010). Y dado que esa red dispone 
de determinados efectos, y no otros, para lograr un objetivo econó-
mico-político, se deduce que lo que está en juego en esta relación 
es un poder que dispone y necesita de un orden determinado para 
funcionar, así como de un conjunto de saberes que lo legitiman, 
aseguran o respaldan.
En la actualidad, se sabe de la importancia de la economía informal, 
con respecto de la economía establecida. Se sabe que para ciertos 
países como Brasil o Italia, la economía informal es causa y efec-
to de un dinamismo innegable, que no sería posible entender, úni-
camente con los parámetros de la racionalidad formal (Maffesoli, 
2005). Existen teorías económicas que han empezado a tomar en 
serio la llamada dinámica de la economía informal; es decir, esa diná-
mica que hace el llamado a “arreglárselas como sea”, a la economía 
familiar, a la solidaridad económica, a todos esos sistemas de inter-
cambio que rompen y rodean las leyes económicas.
El dominio sobre prácticas económicas informales e ilegales ha 
permitido a los actores de gobierno que surgen en estos contextos, 
no solo la obtención de grandes rentas, sino el establecimiento de 
formas de control o gubernamentalidad que también monopolizan 
los recursos y el capital. Así, vinculan la posesión de capital con 
la tenencia de poder gubernamental, obteniendo como resultado la 
consolidación de un poder coercitivo que, a diferencia del Estado 
moderno, concentra no solo lo político, sino los recursos. 
Por lo expuesto, el propósito de estos actores es la consolidación, 
a través del uso de dispositivos de control y de capacidades defini-
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
32
torias del Estado —control de territorios, personas y extracción de 
impuestos—, de formas particulares de dominación absoluta sobre 
la población que resulten en la institucionalización de sistemas de 
producción basados en la recaudación de tasas informales; formas 
de dominación que encuentran su condición de posibilidad en el 
mantenimiento de la debilidad o ausencia del Estado. Precisamente, 
por esto es que se puede pensar que la ausencia del Estado, en los 
ámbitos donde surgen estos actores, nunca es total (Raeymarques, 
2008; Mbembe, 2000, 2011), pues, aunque marque el fin de un go-
bierno central efectivo, no es así de la gobernanza, ya que surgen 
nuevas formas de dominación, de rendición de cuentas y control 
(Doornbos, 2002).
Históricamente, la limitación al poder del Estado se vio ligada a que 
la sociedad disponía de medios para negociar concesiones, y esta, 
como poseedora de bienes, le compraba derechos al Estado; el im-
puesto era el mecanismo, en razón a que conllevaba garantías para 
los hombres. Gracias a esta contraprestación surgió la figura del 
ciudadano como poseedor de derechos. Ciudadano es, potencial-
mente, todo miembro de la sociedad. Aquí es donde, este esquema 
desaparece. El que pueda pagar o sufrir extorsión por parte de estos 
actores no será dañado, aunque nada impide que así sea. El que no 
pueda hacerlo, solo logrará sobrevivir, convirtiéndose en empleado 
para trabajos primarios, producción de mercancías o engrosando las 
filas de los actores de violencia. Las personas sometidas a estos tipos 
de poder paralelos no tienen garantías de protección o mecanismos 
neutrales que permitan su defensa. 
En consecuencia, ciertos sectores sociales marginales contienen en 
la estructura de sus redes económicas y sociales un conjunto de pau-
tas visibles o implícitas que rigen los procesos de intercambio en 
su cotidianidad efectiva; quien media estas relaciones es un agente 
paralelo al Estado, que lo hace en función de intereses privados y 
Tecnologías de poder en guayaquil
33
se ajusta, para camuflarse, a un doble lenguaje entre la anomia y lo 
instituido. Aun así, rara vez este tipo de poblaciones se desprende 
de las lógicas de regulación implantadas; esto, porque, en efecto, 
hay porciones de población que en la legalidad no tendrían el po-
der adquisitivo que les permite la informalidad, en virtud a que la 
economía formal no ofrece garantías de participación de grandes 
segmentos de la población; población excluida que, marginada de 
los flujos de capital formal, crea estrategias de supervivencia apenas 
lógicas, eclosionando todas al margen del mercado formal y, por 
tanto, genera tipos de transacción informal que necesitan para su 
funcionalidad estructuras de regulación: 
No solo la población más necesitada se involucra en mercados clandes-
tino. Sectores económicos que son protagonistas en lavado de activos, 
invierten y también pagan por protección; esferas políticas que se bene-
fician de la presencia del crimen para hacer alianzas que les generen vo-
tos, que a cambio de dinero pueden moldear el sistema legal generando 
un entorno de impunidad y que pueden decidir hacia donde enfocar la 
acción de los ejércitos y al policía, también tiene una importante partici-
pación en estas prácticas (Garzón, 2008, p.144). 
No cabe duda de que en estos espacios existe una alta legitimidad 
del comercio informal, que al ajustarse a las fuerzas existentes y 
presentar diversas centralidades de negociación y heterogeneidad de 
beneficios, encuentra un lugar de predilección para el accionar de 
agentes de todo tipo. Esta racionalidad ha llegado al punto en que 
los actores económicos prefieran, incluso en los momentos de pleno 
empleo, trabajar en la economía informal, más que establecerse en 
un empleo permanente, remunerado a medias, y estar sujetos a un 
patrón (Maffesoli, 2005).
Sin embargo, la decisión de los agentes informales de pertenecer 
a estas estructuras, no siempre es libre; las organizaciones crean 
sistemas de intimidación para obligar su participación. Entre otras 
estrategias «están las extorsiones, secuestros, apropiación de acti-
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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vos» (Giraldo y Muñoz, 2012, p.18), pues los agentes ilegales que 
ejecutan dichas prácticas participan como reguladores de los merca-
dos informales sirviendo como mediadores de conflictos e incluso 
creando sistemas de entrada y salida de agentes (Portes, 1989). Di-
chas estrategias les garantiza el control de territorios y poblaciones, 
llegando a cumplir las funciones estatales de regulación económica, 
reclamo de tributos, administraciónde justicia y seguridad; todo 
eso, en el marco de economías subterráneas o informales. 
Algunos análisis sobre el problema indican que este fenómeno se da 
en particular en países donde la debilidad institucional genera incenti-
vos para que los individuos ingresen y permanezcan en estas activida-
des, lo que redunda en economías informales, alternas o subterráneas 
(Shneider & Enste 2000; Azuma & Grossman 2002). 
La rentabilidad de estas prácticas es producto de la incapacidad del 
Estado para vigilar todas las actividades económicas. Los crimina-
les encuentran en la economía informal un espacio vulnerable, una 
fisura de coerción en la cual establecen relaciones productivas fuera 
del control institucional; en consecuencia, la coexistencia de lo ilí-
cito y lo informal favorece la aparición de economías criminales.8
8 Aunque todas estas prácticas tienen una característica común y es la ausencia del Estado, se hace ne-
cesario diferenciar entre las prácticas económicas informales, que pueden derivar en ilegalidades, y las 
prácticas ilícitas y criminales. «Es evidente que la globalización de los mercados, la pérdida de capacidad 
reguladora del Estado y la internalización del crimen organizado –que se aceleraron en la década de 1980- 
pusieron de manifiesto que las tradicionales equiparaciones entre economía informal y economía ilegal se 
habían vuelto insostenibles» (Giraldo y Naranjo, 2011, p.14). Para un autor como Sousa, el factor funda-
mental para la diferenciación de estas tres economías radica «en el poder del estado y en la confianza en 
la legitimidad de sus instituciones» (Sousa, 2004, p.151), centrando la distinción en los medios utilizados 
para las transacciones y el grado de tolerancia social e institucional que alcanza cada una. Mientras las 
estructuras criminales se caracterizan por desarrollar actividades ilegales con alta rentabilidad o legales, 
a través de métodos como la violencia, todas estas a gran medida y escala, las economías informales se 
desarrollan en el marco de una actividad tolerada de explotación a pequeña escala, de mercancías ilícitas, 
por fuerza del sistema político social (Azuma & Grossman, 2002).Como en muchas partes del mundo la 
actividad informal es desarrollada casi siempre por unidades productivas que trabajan fuera del marco de 
la ley, sin los permisos correspondientes y sin cumplir con requisitos mínimos de seguridad y de manejo 
ambiental, es muy factible que en la mayoría de los casos se acuda al uso de tecnologías no idóneas y, 
en algunos casos, en interacción con la actividad criminal. Esta ilegalidad, en ocasiones, considerada 
«inocente», está relacionada también con el accionar del bandido clásico que actuaba solo, o en asocio 
circunstancial con otros, para llevar a cabo negocios o prácticas de ilegalidad tradicional como la estafa y 
el robo. 
Tecnologías de poder en guayaquil
35
Los fenómenos informales, sustrato del comportamiento anómico, 
no son más que la imagen espejo de las estructuras formales (Maffe-
soli, 2005). Es ampliamente conocida la manera en que la economía 
informal se implica en la dinámica social juzgada corrupta, como 
dar una suma de dinero al policía para burlar la multa, sacar papeles 
oficiales por medio de la “mordida”, obtener permisos de salubridad 
o fraudes semejantes (Maffesoli, 2005). Es claro también que frente 
a las estructuras formales de mercado, actores sociales marginales 
desarrollen en su lógica cotidiana una economía propia, una forma 
propia de intercambio; relaciones espontáneas, reproducidas por la 
necesidad de intercambio que demuestran la existencia de lógicas 
económicas informales, alternativas y paralelas al mercado formal.
En el oscuro mundo de la subcontratación, lo informal se confunde 
con lo ilícito, ya sea contratando a trabajadores sin papeles, pagan-
do sobornos o ejerciendo el contrabando (Comaroff, 2006), lo que 
no quiere decir que siempre las economías subterráneas o informa-
les estén contaminadas por la ilegalidad o la criminalidad; pero, sí se 
demuestra que el Estado moderno no es el que media las relaciones 
de poder en estos entornos y son otros agentes los que se atribuyen 
sus funciones.
En consecuencia, las funciones del Estado moderno pueden ser 
ofertadas por otros agentes; por tanto, dichas funciones pueden con-
vertirse en mercancías políticas;9 una oferta de bienes y servicios 
ajustada con recursos de coerción política (Misse, 2009). Estas mer-
cancías establecen gran parte de las relaciones funcionales dentro 
de los dispositivos de control ilegal, pues permiten que el gobierno 
9 Michel Misse (2009) denominó mercancías políticas al «conjunto de diferentes bienes o servicios com-
puestos por recursos políticos (no necesariamente bienes o servicios públicos o de base estatal) que pue-
den ser constituidos como objeto privado de apropiación para intercambio (libre o forzada, legal o ilegal, 
criminal o no) por otras mercancías, utilidades o dinero. Mercancías políticas son todos esos servicios 
que surgen de la apropiación privada de los medios de incriminación, como de la expropiación de recursos 
políticos monopolizados por el estado pata la obtenidos de beneficios económicos» (p.120).
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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ilegal sea legítimo, gracias a la verificación de efectividad y rapidez 
con las que se aplican las normas.
En efecto, estos factores representan una porción mayor del funcio-
namiento de la riqueza social y política, y hace parte de los procesos 
de interacción individual subyacentes donde se juegan las relacio-
nes de lucha por el poder; es la potencia contra el poder (Mafesolli, 
2005). En este sentido, es importante reconocer la economía infor-
mal como una dimensión del mercado y el poder, donde se articulan 
prácticas de sobrevivencia para unos, y de control social y acumula-
ción de capital para otros, lo que refleja la compleja red de relacio-
nes sociales que pueden ser reguladas por dispositivos ilegales. 
Por lo planteado, no solo hay que analizar una economía informal, 
juzgada por unos potenciadora y, por otros, destructiva, sino obser-
var cómo se ha encajonado esta forma de comercio con el ámbito 
ilícito y clandestino. De ahí que la gubernamentalidad aporta un 
enfoque pertinente para vislumbrar cómo se construyen los proce-
sos de racionalización ilegal, por ende, de dominación alterna o pa-
ralela al Estado institucional, una base teórica fuerte que ayuda al 
entendimiento de relaciones de poder positivas, en escenarios donde 
el Estado no es el precursor, pues la clandestinidad de los dispositi-
vos ilegales los blinda ante la lógica hegemónica legal. 
37
Segunda parte
Guayaquil: entre la bohemia,el progreso y la informalidad
En Guayaquil se encuentra eternamente concentrada 
Antioquia con sus defectos, sus sismatiquerías, 
supersticiones, brujerías…; con todos sus vicios 
y todas sus virtudes. 
(Upegui, 2004, p.259). 
Es por su historia particular que Guayaquil representa un escena-
rio de observación perfecto para una cartografía real de dispositivos 
sujetos a estrategias ilegales. Por esto, permite la aplicación meto-
dológica de la gubernamentalidad en una investigación que se ocupa 
por la red de relaciones que se reproducen y engendran un gobierno 
racionalizado, al margen del Estado legal. En este sentido, y a modo 
de diagnóstico, se realiza un repaso del contenido histórico que an-
taño dio vida al barrio Guayaquil y gracias al cual es posible rastrear 
genealógicamente prácticas históricas efectuadas en los límites mer-
cantiles de este barrio tradicional.
En Guayaquil perviven prácticas ilegales que no han sido simples 
desviaciones de la «buena» conducta normativa, tal como la propo-
nen los códigos del Estado. Han sido códigos morales por derecho 
propio, y compiten con lo expresado en la imagen del Estado; prác-
ticas que difieren de la moral establecida, pero están arraigadas en la 
cultura y hacen parte fundante de tradiciones históricas, lo que con 
frecuencia hace que estas seenfrenten a la imagen de legalidad que 
presume el Estado moderno. 
A partir de estas características es coherente plantear que el barrio 
Guayaquil es un escenario en el cual es posible rastrear histórica-
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
38
mente tácticas de regulación que han proliferado agenciadas por 
agentes distintos a los estatales, lo que dota de pertinencia el estudio 
de las relaciones de poder actuales en este lugar partiendo, claro 
está, de una genealogía de las prácticas que han llevado a una guber-
namentalización de la ilegalidad en este lugar.
Fundación, florecimiento y decadencia
La historia de este sector se remonta a finales del siglo XIX. Previo 
a su fundación, todas las actividades de comercialización e inter-
cambio de alimentos y bienes en la ciudad se limitaban al sector 
de la Plaza de Flórez y el Parque Berrío. Sin embargo, la ciudad se 
encontraba en crecimiento demográfico y territorial, por lo cual se 
hizo necesaria la instalación de una nueva plaza que respondiera a 
esa creciente demanda (Ocampo, 2010). Esta sería Guayaquil. 
A mitad del siglo XX surgieron aquí bares, restaurantes, prenderías, 
tiendas de abarrotes y cafés; aparecieron también los vendedores 
ambulantes y el intercambio informal. El comercio crecía y el te-
rritorio se extendía hasta el Parque Berrío; florecimiento mercantil 
que estuvo acompañado por el primer tren de Berrío, la inaugura-
ción de la Estación Cisneros y la estación del tren de Amagá, con lo 
cual Guayaquil se convirtió en un lugar de tráfico obligado de todas 
las clases sociales, aspecto que lo transformó de un lugar pobre y 
desolado, a un punto obligado de referencia y encuentro, donde se 
movían grandes cantidades de dinero y personas.
La plaza de mercado, el ferrocarril, los hoteles y residencias fue-
ron el comienzo de lo que muchos llaman «una ciudad dentro de 
otra», un apelativo merecido debido a la diversidad de actividades 
que convergían en el lugar. Entre el auge económico, comercial, in-
dustrial y humano, no obstante existiría un mundo contradictorio 
donde también habitaba la inseguridad, la delincuencia, la violen-
Tecnologías de poder en guayaquil
39
cia y la prostitución; características significativas en la estructura de 
relaciones informales e ilegales en este barrio que generó temor a la 
Alcaldía de Medellín, pues presuponían que Guayaquil llegaría a 
tragarse el resto de la ciudad (Ocampo, 2010); temor que se materia-
lizó en la implementación de un plan para descentralizar el mercado 
de alimentos y bienes de esta zona, reubicando a los comerciantes 
agrícolas en otras plazas de la ciudad. Se construye, para tal fin, la 
Plaza Minorista; así, se desplaza y reubica la población que daba 
vida a Guayaquil. 
Cuando el Estado inicia los desalojos, «se iba la gente trabajado-
ra y la esencia del barrio donde todo era más barato, y quedaban 
los indigentes, drogadictos y prostitutas» (Ocampo, 2010, p.14). En 
este momento, Guayaquil surgió un espacio sin «Dios ni ley», con 
lo cual se configuró la ausencia de regulación hegemónica Estatal 
suficiente y necesaria; fenómeno que trajo consigo la emergencia de 
actores inéditos de violencia y control, paralelos al Estado.
La historia contada e histografiada de Guayaquil devela que en los 
años 70 y 80 se vivió una época de cuasi-anarquía como resulta-
do de la retirada del Estado (Mbembe, 2011); sin embargo, en esta 
época llegaron también comerciantes de municipios del oriente 
antioqueño, quienes compraron los locales destinados a cantinas 
y prostíbulos para edificar sobre sus ruinas negocios prósperos de 
cachivaches, telas y traperas. La evolución del comercio llevó a la 
creación de los primeros sanandresitos, unos edificios de estrechos 
corredores y pequeños locales que se abastecían de mercancías de 
contrabando traídas de San Andrés y la Guajira. Introducían en el 
mercado, electrodomésticos, perfumes, ropa y juguetería, que por 
sus precios bajos, debido al fraude aduanero, tenían como principa-
les compradores a familias de estratos bajo y medio. 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
40
Con la llegada de los comerciantes surgió la necesidad de algún tipo 
de orden en el sector, sustentado en cuerpo privado de seguridad, 
que brindara protección a sus negocios y que los clientes y visitan-
tes pudieran transitar y consumir tranquilos. Un testimonio de ello 
viene acompañado del relato vivencial contado por don Jaime10 un 
comerciante del sector de Guayaquil, quien con voz ronca y men-
guada por los años, comenta su llegada al barrio y los cambios en 
las dinámicas del lugar: «A mí me tocó la época dura de los 80; en 
ese entonces, daba miedo estar aquí; solo se veían putas y viciosos; 
lo atracaban a uno donde fuera. Afortunadamente, los comerciantes 
han logrado mejorar la cara del sector y ya se puede decir que tra-
bajamos con tranquilidad» (Comerciante, entrevista 3, agosto 4 de 
2010). (Véase anexo 3.). 
El contrabando y el auge comercial 
La evolución del comercio que se llevó a cabo en Guayaquil, tuvo 
en el contrabando su motor principal. Por esto, puede leerse en este 
el dispositivo clave para establecer y comprender la genealogía de 
la gubernamentalidad ilegal en el sector. En efecto, este permitió la 
introducción, en el mercado, de electrodomésticos, perfumes, ropa 
y juguetería, que por sus precios bajos, debido al fraude aduanero, 
tenían como principales compradores a familias de estratos bajo y 
medio.11 El contrabando fue, así, impulsor del resurgimiento eco-
nómico del sector, a pesar de que no era una práctica nueva, pues 
desde la época colonial existía un sistema de intercambio informal 
que ya difería de las leyes económicas establecidas.12 
10 El nombre real ha sido cambiado para cuidar la identidad del entrevistado.
11 Véase el texto de María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez Gaviria (septiembre-diciembre, 
1985). Minería, comercio y sociedad en Antioquia 1760-1800. Lecturas de economía, (18), pp.52-113.
12 Luego, en el siglo XIX, desde la Independencia, y como respuesta al establecimiento de las políticas aran-
celarias para la regulación comercial dictadas por los criollos que ostentaban el poder, aparece el con-
trabando como alternativa estratégica para la evasión de estas medidas fiscales. Muestra de lo anterior 
se encuentra en el memorial de Comuneros donde se denuncia que «proliferaban en toda Antioquia los 
cultivos clandestinos de tabaco y el contrabando de aguardiente» (Sierra, 1989, p.10); un dato más actual 
Tecnologías de poder en guayaquil
41
Como consecuencia, el contrabando trajo grandes flujos de dinero 
que aumentaron notablemente la circulación de capital en esta eco-
nomía informal, y con ello, respuesta a la necesidad de un sector 
marginal de la sociedad que no tenía mayores opciones para subsis-
tir y/o para incluirse en el mercado. Sin embargo, la considerable 
fuerza que cobró el contrabando, se debió además a que las mer-
cancías traídas servían, no solo para insertar a las clases medias y 
pobres al consumo, sino también para lavar dineros que provenían 
del narcotráfico:13
[…] en la década de los setentas se presenta los síntomas iníciales de 
lo que sería la más grande crisis económica y social en la historia re-
ciente de Medellín. Aparecen indicadores de aumento del desempleo, y 
con él la criminalidad y la inseguridad general, aunque Colombia en su 
conjunto afrontó entre 1970 y 1980 un periodo crítico en su economía, 
esta crisis fue no sólo mayor sino catastrófica para Antioquia, especial-
mente para Medellín, que llegó a tener la tasa de desempleo más alta 
del país. El sector manufacturero no sólo había perdido dinámica, sino 
que se mostraba incapaz para afrontar la situación creada con los al-
tos índices de desempleo, la recesión económica y la imposición desde 
el gobierno central de un nuevo modelo de desarrollo fundamentado 
en las actividades financieras y de la construcción. Es entonces cuando 
el contrabando, primero, y luego el narcotráfico,aparecen como alterna-
tiva para miles de personas que no tenían en el mercado legal ninguna, 
o muy poca, posibilidad de encontrar empleo o de ejercer una actividad 
económica rentable. (Corrales, 2010). 
Para este momento, el auge de la economía del barrio —sustentada 
en lo criminal— se convierte en el motor de su destino, y la ilegali-
dad se logra solapar en su informalidad instalándose para siempre 
como telón de fondo en la vida de Guayaquil. Es así como el capital 
económico que movía, y las personas que de él dependían, se vieron 
permeadas por los intereses criminales del narcotráfico (Anexo 1):
como el registrado por el periódico El Mundo en 2011, indica la persistencia e incremento de esta activi-
dad, a pesar de las medidas estatales implementadas para su contención.
13 El narcotráfico heredó del contrabando el conocimiento de rutas y tácticas de evasión estatal, además del 
ingenio para camuflar y transportar las mercancías. 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
42
Comerciantes que llegaron en esta época de los 80, empezaron con poco 
dinero comprando locales, comprando primas y los cafés de mala muer-
te, para luego construir edificios y lavar plata en los negocios; la mayoría 
eran contrabandistas. Hacer edificios de la noche a la mañana no es 
gratuito. El dinero que financió el emprendimiento de muchos provenía 
de las arcas de mafiosos que patrocinaron algunos de estos comerciantes 
para que montaran sus negocios y limpiar, así, dinero del contrabando y 
del narcotráfico también. (Escapero, entrevista 1, junio 4, 2012).
De lo expuesto, es viable afirmar que en ocasiones prácticas tra-
dicionales impulsadas por el contexto inmediato y cotidiano son, 
ciertamente, prácticas ilegales, aunque altamente legítimas. 
En la actualidad, Guayaquil aún es el escenario de circulación de gran 
parte del capital que se mueve en la ciudad. Algunos datos indican 
que el 90% del comercio del sector ya es legal; además, cuentan con 
organizaciones formales como la Asociación de comerciantes forma-
les de Guayaquil (Asoguayaquil), un gremio que busca la formaliza-
ción y la capacitación de los comerciantes. «Al comienzo no fue fácil, 
porque la gente quería permanecer en el anonimato», recuerdan Ma-
ría Fernanda Mira Espinosa, directora Ejecutiva de Asoguayaquil, y 
Jorge Alberto Sánchez Jaramillo, presidente de la Junta Directiva. El 
aumento de «legalidad» o formalización del comercio en el sector va 
en aumento, según lo que indican algunos datos institucionales; sin 
embargo, la «ilegalidad en el comercio mueve cerca de $8 billones 
anuales en el país y $2 billones en Antioquia, socavando las finanzas 
públicas, el empleo y la economía» (Ocampo, El Colombiano, 4 octu-
bre, 2012), lo que indica una persistencia de las prácticas ilegales que 
se solapan en la economía informal de este sector.
El contrabando: germen de la gubernamentalidad ilegal
A lo largo de la historia del barrio Guayaquil, se hacen visibles e 
innegables algunas prácticas informales, ilegales y criminales que, a 
pesar de ser fenómenos de origen remoto, han mutado y mejorado 
Tecnologías de poder en guayaquil
43
sus métodos, llegando a pervivir en el tiempo con continuidad y 
vigencia. Esto convierte al barrio Guayaquil en el epicentro de ló-
gicas de poder paralelas a la institucionalidad que, soportadas en la 
economía del sector —gran parte tuvo sus inicios en lo informal o 
ilegal—, dan origen a una ética y orden clandestinos y por fuera de 
la legalidad del Estado. 
El contrabando es un ejemplo concreto de una práctica delictiva 
tradicional en la historia de Guayaquil que ayuda a configurar un 
orden distinto a la imagen del Estado. Mientras la imagen del Es-
tado institucional implica una moral singular y estándar, de hecho, 
la manera correcta de hacer las cosas, las prácticas sociales denotan 
múltiples tipos de moral y racionalidades que pueden llegar a ser 
contrarias al deber ser del Estado. Así, lo que fácilmente se puede 
etiquetar como crimen, también se puede ver, por ejemplo, como 
una moralidad que expresa algo distinto a las fronteras arbitraria-
mente impuestas por la ley del Estado (Migdal, 2011). 
El contrabando ha configurado una suerte de ética distinta y para-
lela al Estado. En efecto, ha insertado lógicas de transacción que 
rodean las normas formales establecidas, retroalimentando econo-
mías subterráneas donde están insertos individuos excluidos del 
mercado formal, quienes encuentran en economías informales o ile-
gales, formas alternativas de supervivencia. Por ello, las consecuen-
cias de una práctica de este tipo no han sido sólo económicas; antes 
bien, han erosionado la figura del Estado, pues han posibilitado el 
surgimiento de órdenes alternos, con sistemas de justicia y coacción 
propios, determinados por actores de violencia privada. Órdenes 
que, en ocasiones, para quienes se encuentran en los mismos, son 
tan legítimos o más que el estatal. 
Dado que un dispositivo como el contrabando puede ensancharse 
más allá de lo meramente económico, ponderamos esta actividad 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
44
ilegal como una de las prácticas con mayor relevancia en la historia 
de gubernamentalización ilegal de Guayaquil, por cuanto servirá 
de metarrelato económico y ético a formas de dominio y de coac-
ción privadas. De esta manera, el contrabando aparece como un 
indicador que permite investigar aspectos relevantes de la sociedad, 
cuestiones relativas a la tradición y la modernidad y el proceso de 
racionalización que caracteriza el camino del Estado hacia la época 
moderna.
Ahora, el contrabando no es una práctica que por sí misma erosione 
la imagen de Estado, pues necesita de tácticas ilegales de apoyo que 
lo acompañen operativamente, como el soborno o fraude aduanero, 
tácticas ilegales que involucran actores legales encargados de la fun-
cionalidad del Estado que, por corrupción, ciegan la acción institu-
cional a favor de fines ilegales; puesto en estos términos, en algunos 
momentos, el contrabando termina por crear un entramado en que 
el Estado mismo —sus representantes— le es funcional:
De esta manera se configura una compleja red que tiene múltiples co-
nexiones, todas dirigidas a preservar el mercado ilegal. Este orden so-
cial paralelo involucra niños, jóvenes, mujeres, poblaciones marginadas, 
pero también políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública, 
jueces, fiscales y legisladores. Estas redes ilícitas no solo se hallan es-
trechamente relacionadas con las actividades ilícitas del sector privado, 
sino que también se encuentran profundamente implícitas en el sector 
público y el sistema político (Garzón, 2008, p.144). 
Por esto, es importante tener en cuenta los flujos de circulación 
que tiene el contrabando con instancias formales —económicas y 
políticas—; sobre todo, en aras de construir un piso diagnóstico 
para el posterior análisis de los dispositivos ilegales emergentes en 
este territorio. Para tal fin, se debe pensar en el territorio, a partir 
de su configuración actual, «como una construcción social en un 
espacio donde múltiples actores establecen relaciones económicas, 
sociales, culturales, políticas e institucionales, condicionadas por 
Tecnologías de poder en guayaquil
45
determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos 
actores. Además del área geográfica se trata de las interacciones 
entre actores, instituciones y estructuras de poder» (PNUD, 2011, 
p.31); pues, desde esa perspectiva, es posible incluir elementos que 
articulan la circulación de población y capital, con el territorio en el 
que convergen.
En relación con estas conexiones de lo legal e informal, encontramos 
que en Guayaquil confluye la informalidad de los venteros ambulan-
tes que ocupan espacio público de manera ilegal, pero sus productos 
son legales,14 y los negocios formales que en algunos casos importan 
sus productos, ingresándolos al mercado local ilegalmente —valién-
dose de fraudes técnicos de aduana, falsificando registroso declaran-
do cantidades menores de mercancías— utilizan su habilidad y des-
trezas para sobornar funcionarios encargados de investigar, contener 
o sancionar como en el caso del contrabando (Anexo 1):
Una cosa que hacen mucho los comerciantes es reclamar con una misma 
factura dos contenedores; los comerciantes del sector pagan el soborno 
en bloque, es decir, se reúnen y entre todos dan una cuota para pagar 
el soborno en conjunto; quien no paga es denunciado al día siguiente y 
allanado su negocio por la policía aduanera. Para evitar a los policías, 
hacen que los contenedores lleguen en la madrugada a descargar para 
pagar menos sobornos, pues son menos los policías a esa hora. Con-
tratan como a 50 personas para terminar lo más pronto de descargar y, 
en segundos, no dejan ni rastro. Además, los remates de aduana que se 
hacen en algunos locales de Guayaquil ofrecen mercancías que son ven-
didas por los oficiales de aduana a particulares del Centro. (Escapero, 
entrevista 1, junio 4, 2012). 
Es esta la manera como el contrabando configura un orden paralelo 
que a veces de manera informal, subterránea, y, otras, de manera 
explícita, va en contracorriente de las normas establecidas que pre-
14 La diferencia básica entre el mercado formal/ informal no depende del producto final, sino de cómo este se 
produzca o intercambie (Portes, 1989). Por tanto, artículos como ropa, comida, o repuestos —bienes lícitos 
en el mercado formal— pueden provenir de transacciones mediadas por acuerdos legalmente regulados o, 
por el contrario, de circunstancias que evaden las normas establecidas. 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
46
tenden decir y mandar lo que es universalmente correcto para el 
conjunto de la sociedad. Es una forma de convivencia que en la me-
dida de lo posible rodea las reglas oficiales, impuestas o acordadas, 
del buen comportamiento y de las formas de vida (Maffesoli, 2005).
Por todo lo hasta aquí dicho, el entorno comercial y de gran circu-
lación de población y capital de Guayaquil, es escenario de tran-
sacciones paralelas, ilegales y subterráneas que permiten identificar 
claramente relaciones de poder reproducidas en procesos de entre-
cruzamiento entre control económico y social, con lo cual la econo-
mía que se desarrolló a partir del contrabando sería para las formas 
privadas de coacción, lo que el mercantilismo para el surgimiento 
del Estado moderno. Determinar cómo operan estos actores priva-
dos de coacción será lo que resta por indagar. 
47
Tercera parte
El orden paralelo de la ilegalidad
Sobre dispositivos ilegales emergentes en Guayaquil
Asumida la noción metodológica de la gubernamentalidad y su fun-
cionalidad como grilla de análisis para el proceso de racionalización 
de las formas de gobierno paralelas al Estado institucional, luego de 
esbozadas las particularidades históricas y contextuales del barrio 
Guayaquil, entramos en el análisis de dispositivos ilegales, desci-
frando la red de prácticas que, articuladas, regulan de facto en este 
lugar. El horizonte para identificar estas prácticas es la pregunta por 
los procesos de regulación paralelos al Estado, que implican, en su 
ejecución, la instauración de dispositivos de control y tienen tránsito 
del control económico al control social.
La historia contada de Guayaquil revela que en los 70 y 80 se vivió 
una época de cuasi-anarquía como resultado de la retirada del Esta-
do (Mbembe, 2011); sin embargo, con la llegada de los comerciantes 
surgió la necesidad de un cuerpo privado de seguridad que brindara 
protección a sus negocios y que los clientes y visitantes pudieran 
transitar y consumir tranquilos. Un testimonio de ello viene acom-
pañado del relato vivencial contado por don Jaime, un comerciante 
del sector de Guayaquil, quien con voz ronca y menguada por los 
años, comenta su llegada al barrio y los cambios en las dinámicas 
del lugar (Anexo 3): «A mí me tocó la época dura de los 80, en ese 
entonces daba miedo estar aquí, solo se veían putas y viciosos, lo 
atracaban a uno donde fuera. Afortunadamente los comerciantes 
han logrado mejorar la cara del sector y ya se puede decir que traba-
jamos con tranquilidad» (Comerciante, entrevista 3, agosto 4, 2012). 
DANIELA ANDREA SUÁREZ NARANJO
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El grupo armado que se encargó de la vigilancia del sector, desde 
entonces, es identificado por comerciantes, vendedores ambulantes 
y habitantes de calle como Las convivir.15 
Así las reconocen en su imaginario común, como consecuencia del 
legado que dejaron los servicios especiales de vigilancia y seguridad 
privada creados por decreto del Gobierno nacional en 1994. Para ese 
momento, el Estado formal contaba con una fuerza pública y de po-
licía incapaz de contener los problemas de orden nacional —como el 
conflicto armado y el narcotráfico— lo que influyó en un vacío estatal 
de seguridad que fue razón y justificación para la creación de esta or-
ganización que trabajaría de la mano de las fuerzas militares. 
En sus orígenes, esta organización estuvo conformada por miem-
bros civiles, algunos de los cuales eran expolicías y paramilitares, 
por lo que aportaron conocimiento en el manejo operativo de la se-
guridad, el acceso a armas con salvo conducto, y formación militar, 
además de contactos con agentes institucionales que facilitaban su 
operación.
En Medellín, su operación fue avalada por la Gobernación de An-
tioquia, en cabeza del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. La 
desmantelación formal de este grupo se dio en julio de 1998,16 de-
bido, entre otras razones, a los excesos en el uso de la violencia y 
las denuncias públicas de sus relaciones con el narcotráfico y los 
paramilitares. 
15 En Guayaquil operan grupos delincuenciales denominados «combos». Estas organizaciones tienen mono-
polio sobre algunas rentas ilegales, entre otras, el tráfico de repuestos robados, la venta de estupefacien-
tes. Sin embargo, no las estudiamos, pues solo poseen el monopolio de algunas rentas; en cambio, Las 
convivir son estructuras que responden a mandos periféricos de la Oficina de Envigado, lo que proporciona 
un campo de estudio mayor, en razón a que perciben rentas de negocios formales, informales e ilegales, 
además de ofertar mercancías políticas que las legitiman. 
16 «Para 1997, la Corte Constitucional, en una sentencia, aceptó la legalidad de «las convivir», pero les 
prohibió realizar labores de inteligencia y portar armas de uso restringido. Un decreto posterior obligaba 
a hacer públicos los nombres de los integrantes de éstas, y les exigió definir sus fronteras de operación» 
(Semana, 14 de abril, 2007). 
Tecnologías de poder en guayaquil
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Si bien estos grupos nacieron de manera legal y pública, su pos-
terior clausura de operaciones también lo fue; es decir, quedaron 
células armadas que siguieron funcionando y ofertando servicios 
de vigilancia, pero en la clandestinidad. Aún hoy, estas organiza-
ciones son las encargadas de vigilar y castigar en algunos sectores 
de Medellín: 
La comuna 10 “la candelaria” (sic), en la cual se encuentra el barrio 
Guayaquil, tiene una problemática grande frente a la seguridad, se han 
creado alrededor del sector grupos denominados convivir (sic) los cuales 
extorsionan, vigilan, venden sustancias alucinógenas, venden y alquilan 
de armas, controlan la prostitución y las plazas de vicio. Las denomina-
das Bacrim o convivir (sic) están focalizadas en algunos puntos estratégi-
cos de la comuna (sic) donde el comercio es el punto de operaciones para 
sus actos delictivos como: Plaza Botero, Avenida Colombia, Bayadera, 
La Minorista, Chagualo, Parque Berrio (sic), Sena y Guayaquil. Las 
llamadas convivir (sic) ubicadas en la comuna 10 (sic), las conforman 
jóvenes que no son de la comuna (sic) pues pertenecen a otras comunas 
o municipios aledaños y se ven atraídos del alto comercio de la comuna 
10 (sic) y del centro de la Ciudad (sic). (El Colombiano, 3 de octubre de 
2012). 
A pesar de que actúan en la sombra del mercado y del Estado, estas