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RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
DEL CONFLICTO INTERNO EN CLAVE DE ACCIÓN SIN DAÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
 
 
RONALD EDWARD VILLAMIL CARVAJAL 
Historiador, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
Código 04868293 
 
 
 
Trabajo Final para optar al título de 
Especialista en Acción sin Daño y Construcción de Paz 
 
 
Coordinadora del Programa Académico 
Martha Nubia Bello Albarracín 
Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN EN ACCIÓN SIN DAÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
CIUDAD UNIVERSITARIA, BOGOTÁ D.C. 
DICIEMBRE DE 2012
2 
 
ÍNDICE	
 
RESUMENES 
PREÁMBULO 
I. CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTO INTERNO 
Y ESTRATEGIAS PARA SU APROPIACIÓN SOCIAL 
1. Contexto normativo e institucional de la construcción de memoria histórica 
en el marco de la justicia transicional 
2. Apuestas del Grupo de Memoria Histórica 
3. Estudio de caso: Alto Nordeste Antioqueño e informe público «Silenciar la 
Democracia. Las Masacres de Remedios y Segovia, 1982 – 1997» 
4. Estrategia de socialización e impacto público de la investigación: balance y 
perspectivas desde los enfoques de ASD y ESC 
II. ALCANCE DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMO INSTRUMENTO DE 
JUSTICIA TRANSICIONAL 
1. Incidencia de las recomendaciones de política pública del Informe sobre las 
masacres de Remedios y Segovia 
2. Retos y Acciones estratégicas para el fortalecimiento de las experiencias de 
exigibilidad de derechos en el caso del Nordeste Antioqueño 
III. RECURSO PEDAGÓGICO MULTIMEDIA 
1. Planteamiento y pertinencia de un recurso pedagógico multimedia en 
perspectiva del enfoque de ASD y Construcción de Paz 
2. Guion para la elaboración de un recurso pedagógico multimedia sobre la 
recuperación y construcción de la memoria histórica para el Alto Nordeste 
Antioqueño 
COLOFÓN 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
ANEXO (PROPUESTA DE GUION MULTIMEDIA)
3 
 
 
RESUMENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
DEL CONFLICTO INTERNO EN CLAVE DE ACCIÓN SIN DAÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo ofrece una reflexión acerca de la capacidad, los alcances y los límites de 
los procesos de construcción de memoria histórica en el marco de la justicia 
transicional en Colombia durante el período 2005 – 2011. Puntualmente, se analizan 
las estrategias de socialización y apropiación social de las investigaciones llevadas a 
cabo por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR), con el fin de precisar desde los aportes de los 
4 
enfoques de Acción sin Daño y de Sensibilidad al Conflicto, el nivel de incidencia 
de la memoria histórica en el ciclo de formulación de política pública orientada a la 
satisfacción de derechos vulnerados por efecto del conflicto armado interno, la 
definición de criterios para los procesos de exigibilidad de derechos y el 
fortalecimiento de los ejes angulares de la justicia transicional: verdad, justicia, 
reparación y garantías para la no repetición. Para ello se toma como referente la 
investigación llevada a cabo por el GMH en los municipios de Remedios y Segovia 
en el Alto Nordeste Antioqueño, cuyo primer producto fue la publicación de un 
informe público en 2011. 
 
El ejercicio concluye con la formulación de un recurso pedagógico multimedia que 
potencie en el mediano y largo plazo la socialización, la apropiación, la 
multiplicación y el empoderamiento de la memoria histórica por parte de las 
víctimas directas, la comunidad afectada y la sociedad civil nacional, y contribuya 
con el fortalecimiento de los procesos de exigibilidad de derechos y formulación de 
políticas públicas orientadas a la reparación simbólica, las capacidades locales para 
la transformación del conflicto social y armado, y la construcción de paz. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Conflicto Armado Interno, Justicia Transicional, Memoria Histórica, Pedagogía y 
Apropiación Social, Acción Sin Daño y Construcción de Paz 
 
TITLE OF THE DISSERTATION OF GRADE 
 
RESOURCES FOR THE CONSTRUCTION OF HISTORICAL MEMORY THEY 
INTERNAL CONFLICT IN DO NO HARM KEY AND PEACE BUILDING 
 
5 
 
SUMMARY 
 
This work offers a reflection on the capacity, scope and limits of the construction 
processes of historical memory in the context of transitional justice in Colombia 
during the period 2005-2011. Specifically, we analyze the strategies of socialization 
and social appropriation of the investigations carried out by the Historical Memory 
Group (GMH) of the National Commission for Reparation and Reconciliation 
(CNRR), in order to clarify from the contributions of the approaches no Harm and 
conflict sensitivity, the incidence level of historical memory in the development 
cycle of public policy aimed at the satisfaction of rights violated as a result of the 
armed conflict, the definition of criteria for the process of enforcement of rights and 
strengthening of the rotary axes of transitional justice: truth, justice, reparation and 
guarantees of non-repetition. This is taken as a reference to research carried out by 
GMH in the municipalities of Remedios and Segovia in Upper Northeast 
Antioquia, whose first product was the publication of a public report in 2011. 
 
The exercise concludes with the formulation of a multimedia educational resource 
that enhances the medium and long term socialization, appropriation, 
multiplication and empowerment of historical memory by the direct victims, the 
affected community and national civil society, and contribute to strengthening the 
process of claiming rights and public policy oriented symbolic reparation, local 
capacity to transform the social and armed conflict, and peacebuilding. 
 
KEY WORDS 
 
Internal Armed Conflict, Transitional Justice, Historical Memory, Pedagogy and 
Social Ownership, Do No Harm and Peacebuilding. 
6 
 
COORDINACIÓN ESPECIALIZACIÓN 
 
Martha Nubia Bello Albarracín 
 
NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR (AÑO DE NACIMIENTO) 
 
Ronald Edward Villamil Carvajal (1976) 
Contacto Autor: revillamilc@unal.edu.co 
 
7 
 
 
PREÁMBULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente trabajo ofrece una reflexión acerca de la capacidad, los alcances y los 
límites de los procesos de construcción de memoria histórica en el marco de la 
justicia transicional en Colombia durante el período 2005–2011. 
 
Puntualmente, se analizan las estrategias de socialización y apropiación 
social de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Memoria Histórica 
(GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el fin 
de precisar desde los aportes de los enfoques de Acción sin Daño y de Sensibilidad 
al Conflicto, el nivel de incidencia de la memoria histórica en el ciclo de 
formulación de política pública orientada a la satisfacción de derechos vulnerados 
por efecto del conflicto armado interno, así como la definición de criterios para los 
procesos de exigibilidad de derechos y el fortalecimiento de los ejes angulares de la 
justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías para la no repetición. 
 
8 
Para ello se toma como referente la investigación llevada a cabo por el GMH 
en los municipios de Remedios y Segovia en el Alto Nordeste Antioqueño, cuyo 
primer producto fue la publicación de un informe público en 2011, examinando los 
límites y los alcances de las estrategias de impacto público de la investigación 
realizada, con el ánimo de contribuir con elementos reflexivos y propositivos que 
fortalezcan sus aspectos positivos, reduzcan la generación de daño y permitan una 
mayor interacción entre las investigaciones y las necesidades locales para la 
transformación del conflicto y la construcción de paz. 
 
De esta manera, y conbase en la reflexión propuesta, nuestro objetivo 
central consiste en construir el guion para un recurso pedagógico multimedia que 
potencie en el mediano y largo plazo la socialización, la apropiación, la 
multiplicación y el empoderamiento de la memoria histórica por parte de las 
víctimas directas, la comunidad afectada y la sociedad civil nacional, y contribuya 
con el fortalecimiento de los procesos de exigibilidad de derechos y formulación de 
políticas públicas orientadas a la reparación simbólica, las capacidades locales para 
la transformación del conflicto social y armado, y la construcción de paz. 
 
En este sentido, el presente trabajo aspira dar respuestas específicas a los 
siguientes interrogantes: ¿Cómo fue el proceso de socialización e impacto público 
llevado a cabo para el Informe sobre las masacres de Remedios y Segovia a nivel 
local, regional y nacional? ¿Se generó daño en la implementación de dicha 
estrategia?; ¿Qué incidencia institucional han logrado las recomendaciones de 
política pública del Informe para la reparación integral de los daños identificados 
con la investigación adelantada?; A partir de las características y condiciones 
actuales del contexto regional, y de la situación puntual de las víctimas en materia 
de exigibilidad y garantía de derechos, y condiciones para la no repetición de los 
hechos violentos, ¿qué recursos o dispositivos pedagógicos y/o metodológicos 
9 
permitirían un mayor nivel de apropiación, multiplicación y empoderamiento de la 
memoria histórica del proceso de violencia?; ¿Qué capacidades y/o posibilidades 
para la transformación positiva del conflicto armado y la construcción de paz se 
podrían promover con estos recursos o dispositivos?; Con base en la investigación 
adelantada sobre la recuperación y construcción de la memoria histórica para el 
Alto Nordeste Antioqueño, ¿a partir de qué información concretar la elaboración de 
un recurso multimedia? ¿Qué metodología garantiza la concertación y 
participación de las víctimas en el proceso e elaboración, diseño y concreción del 
recurso pedagógico? ¿Cuál sería la propuesta de guion y a qué criterios políticos e 
investigativos respondería? 
 
De esta forma, a partir de la investigación adelantada sobre la recuperación 
de la memoria histórica del proceso de violencia política ocurrido en los municipios 
de Remedios y Segovia durante el lapso 1982–1997 por parte del GMH, y con base 
en la resolución de las anteriores preguntas, el presente trabajo posibilitará 
encuentros, permitirá diálogos y facilitará intercambio de conceptos y herramientas 
entre los procesos de construcción de memoria histórica y los enfoques de 
Sensibilidad al Conflicto (ESC), Acción sin Daño (ASD) y Construcción de Paz. 
 
Consideramos que es pertinente fortalecer las articulaciones e interacciones 
entre la construcción de memoria histórica con el reconocimiento de capacidades 
para la transformación positiva del conflicto y la construcción de paz en contextos 
diversos; con la dimensión psicosocial del daño en la medida en que la memoria es 
un instrumento que posibilita el diagnóstico, la identificación y la valoración del 
daño individual y colectivo causado por la violencia; con la construcción de 
democracia y de ciudadanía; con la exigibilidad y la satisfacción oportuna de los 
derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. 
 
10 
El trabajo está compuesto por cuatro secciones. En la primera, titulada 
Construcción de la memoria histórica del conflicto interno y estrategias para su apropiación 
social, se presenta el contexto normativo e institucional de la construcción de 
memoria histórica en el marco de la justicia transicional en Colombia y las apuestas 
ético–políticas del Grupo de Memoria Histórica, se enmarca el estudio de caso 
particular como es la investigación sobre la recuperación de memoria histórica en el 
Alto Nordeste Antioqueño y se analiza la estrategia de socialización e impacto 
público adelantada por el GMH desde los enfoques de ASD y ESC, tratando de 
identificar la posible generación de daño dentro de dicha estrategia. 
 
En la segunda sección denominada Alcance de la memoria histórica como 
instrumento de justicia transicional, se identifican los factores de incidencia de las 
recomendaciones de política pública del Informe sobre las masacres de Remedios y 
Segovia, así como los retos y acciones estratégicas para el fortalecimiento de las 
experiencias de exigibilidad de derechos en el caso del Nordeste Antioqueño. Se 
trata de reconocer el impacto que dichas recomendaciones propiciaron para la 
incidencia dentro del ciclo de política pública del período 2005–2011 orientado a la 
reparación integral de los daños individuales y colectivos identificados en el 
proceso de recuperación de memoria histórica de la región. De la misma manera, 
plantear los criterios que potencien los procesos de exigibilidad de derechos y las 
capacidades locales para la construcción de memoria histórica como aportes a la no 
generación de daño, a la transformación del conflicto social y armado, y a la 
construcción de paz. 
 
En la sección tercera titulada Recurso pedagógico multimedia, se plantea la 
pertinencia de un recurso pedagógico multimedia en perspectiva del enfoque de 
ASD y Construcción de Paz para el contexto específico del Alto Nordeste 
Antioqueño, y se presenta sus características, estructura y proceso de construcción 
11 
y consolidación colectiva. Por último, la cuarta sección, a manera de anexo, 
presenta el correspondiente guion. 
 
En el presente trabajo intervienen activamente las víctimas directas e 
indirectas que aportaron su testimonio para la investigación, los pares regionales 
que acompañaron y retroalimentaron la elaboración del Informe público, las 
personas pertenecientes al GMH que aportaron con su trabajo en el proceso de 
investigación e impacto público del Informe escrito y personas colaboradoras de 
otros espacios e instituciones cuyo aporte ha sido fundamental para el desarrollo de 
la investigación. 
12 
 
 
I. CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL 
CONFLICTO INTERNO Y ESTRATEGIAS PARA SU 
APROPIACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Contexto normativo e institucional de la construcción de memoria histórica en el marco 
de la justicia transicional 
 
Los procesos institucionales en temas de construcción de memoria histórica del 
conflicto armado interno en Colombia tienen su epicentro con la formulación de la 
Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz1. Partimos de la base que las políticas públicas 
implementadas con dicho instrumento se orientaron principalmente a la 
desmovilización de grupos armados ilegales y la reincorporación a la vida civil de 
sus integrantes, dejando el tema de la reparación integral de las víctimas de la 
violencia política circunscrita casi exclusivamente a la dimensión económica de la 
 
1 Congreso de la República. (2005) Ley 975 del 25 de julio de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Bogotá: Diario Oficial. 
13 
misma mediante mecanismos de tipo administrativo. Si bien la Ley de Justicia y Paz 
incorporó los principios motores de la justicia transicional, su posterior 
implementación sacrificó una real y efectiva actuación de la dimensión simbólica de 
la reparación, como también la satisfacción plena de los derechos vulnerados y las 
garantías para la no repetición de los hechos violentos. Paradójicamente, en el 
contexto particular de los procesos y escenarios judiciales paulatinamente emergió 
el ascenso y fortalecimiento de la recuperación de memoria como insumo para la 
construcciónde la verdad judicial. 
 
No obstante, la incorporación de la memoria histórica como elemento 
articulador de los postulados básicos de la justicia transicional: verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición obedeció más a procesos de movilización y 
demanda social que a una formulación explícita de política pública derivada de la 
propia Ley de Justicia y Paz. La incidencia de sectores de la sociedad civil ―en 
particular la academia, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, 
medios de comunicación y agencias de cooperación internacional― dentro del 
debate público acerca de los límites de la Ley de Justicia y Paz en materia de 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, paulatinamente 
dinamizaron y posicionaron el papel de la memoria como eje articulador de los 
procesos de construcción y esclarecimiento de verdad histórica del conflicto 
armado interno. 
 
Es así como dentro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
(CNRR) —organismo de carácter mixto e interinstitucional encargado de regular, 
implementar y ejecutar muchos de los mandatos de la Ley de Justicia y Paz— se 
creó el Grupo de Memoria Histórica (GMH) como una de sus áreas funcionales 
encargada de la presentación de «un informe público sobre las razones para el 
surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales» [Art. 51, Parág. 52.2], único 
14 
artículo de la Ley de Justicia y Paz orientado hacia el esclarecimiento de la verdad 
histórica del conflicto como medida de reparación simbólica y de satisfacción de 
derechos vulnerados. 
 
El desarrollo de la labor del GMH estuvo inscrito dentro de los marcos 
normativos de la Ley 975 de 2005, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y 
de los estándares jurídicos internacionales en torno a los derechos de las víctimas a 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 
 
A partir de estos mínimos normativos, el GMH se constituyó como un 
equipo de investigación con autonomía académica y operativa, rigor científico y 
veracidad que implementó una metodología interdisciplinaria e independiente 
para adelantar procesos de recuperación de la memoria histórica del conflicto 
armado interno con opción preferencial por las voces silenciadas y/o suprimidas de 
la escena pública; con énfasis en la perspectiva regional de las víctimas y los actores 
del conflicto teniendo en cuenta la temporalidad de los hechos e incluyendo 
enfoques diferenciales de género, etnicidad y etáreo en el análisis; realizando una 
priorización sobre las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, de tal forma que la reconstrucción de la memoria de los 
hechos y la consecuente identificación, diagnóstico y valoración de los daños e 
impactos contribuyera de forma constructiva a la recuperación del tejido social en 
las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país. De igual manera, el 
GMH incluyó recomendaciones o propuestas de política pública que propiciarían el 
ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 
de no repetición, principios inscritos dentro de la Ley de Justicia y Paz de 20052. 
 
2 Cf. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. (2008) Plan de Acción 2007-2008. 
Bogotá: CNRR, pp. 135-180; Grupo de Memoria Histórica, GMH. (Agosto de 2008) Programa de investigación: 
Narrativas y voces del conflicto. Bogotá: GMH. 
15 
 
A partir de esta ruta el GMH adelantó procesos de recuperación de la 
memoria histórica del conflicto armado interno apoyados metodológicamente en 
los casos emblemáticos y transversales. Los primeros son eventos y procesos en los 
cuales se condensan elementos particulares del conflicto armado, que se distinguen 
no sólo por la naturaleza de los hechos, sino por su capacidad explicativa y su 
fuerza ilustrativa. Lo que se busca con el caso emblemático es producir una 
memoria histórica basada en eventos y territorios concretos que permitan conectar 
las vivencias de los sujetos y las comunidades con los procesos políticos y sociales 
más amplios, incorporando así mismo la relación entre las perspectivas local, 
regional y nacional3. Por su parte, los casos transversales documentan procesos de 
larga duración y en contextos amplios sobre temas como enfoque diferencial y 
tratamiento de lógicas de victimización particulares4; análisis conceptual, 
historiográfico y jurídico5. La experiencia acumulada también permitió la 
sistematización de propuestas metodológicas, pedagógicas y de difusión amplia de 
 
3 Grupo de Memoria Histórica. (2008) Trujillo: Una tragedia que no cesa. Bogotá: Editorial Planeta; (2009) 
La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra. Bogotá: Ediciones Semana; (2010) La Rochela. Memorias de un 
Crimen contra la Justicia. Bogotá: Ediciones Semana; (2010) Bojayá: la guerra sin límites. Bogotá: Ediciones Semana; 
(2010) La masacre de Bahía Portete: mujeres wayuu en la mira. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) La masacre de El 
Tigre. Reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz – Putumayo. Bogotá: GMH; (2011) 
Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) San Carlos: 
Memorias del éxodo en la guerra. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) Silenciar la Democracia: Las masacres de Remedios 
y Segovia, 1982-1997. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de 
Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC). Bogotá: Ediciones Semana; (2012) El Placer: mujeres, coca y guerra en el 
Bajo Putumayo. Bogotá: Ediciones Semana; (2012) «Nuestra vida ha sido nuestra lucha». Resistencia y memoria en el 
Cauca Indígena. Bogotá: Ediciones Semana. 
4 Grupo de Memoria Histórica. (2010) La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en 
la Costa Caribe, 1960–2010. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe 
colombiano. Bogotá: Ediciones Semana; (2011) Mujeres que hacen historia. Tierras, cuerpo y política en el Caribe 
colombiano. Bogotá: Ediciones Semana. 
5 Grupo de Memoria Histórica. (2012) Justicia y Paz: ¿verdad judicial o verdad histórica? Bogotá: Ediciones 
Semana; (2012) Justicia y Paz: los silencios y los olvidos de la verdad. Bogotá: Ediciones Semana; (2012) Justicia y Paz: 
tierras y territorios en las versiones de los paramilitares. Bogotá: Ediciones Semana; (2012) Encuesta Nacional: ¿qué 
piensan los colombianos después de siete años de justicia y paz? Bogotá: Ediciones Semana. 
16 
la recuperación de memoria histórica en medio del conflicto armado interno y con 
opción preferencial por la voz de las víctimas y las comunidades afectadas6. 
 
El GMH desarrolló su labor entre los años 2007 a 2011, momento en el cual 
sus competencias son retomadas por el Centro de Memoria Histórica (CMH) en su 
nueva condición de establecimiento público creado por el artículo 146 de la Ley 
1448 de 20117 —más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— y 
reglamentado en el Decreto Ley 4803 de 20118. Las últimas publicaciones de casos 
emblemáticos y transversales del GMH se socializaron en octubre 2012, mientras 
que para 2013 se tiene proyectado la publicación y socialización del Informe 
General, con lo cual termina definitivamente su vigencia legal de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Ley 4158 de 20119. 
 
2. Apuestas del Grupo de Memoria Histórica 
 
Dado el contexto de conflicto armado interno que padece el país desde hace más de 
medio siglo, los procesos de reconstrucción de la memoria histórica se constituyen 
en oportunidades para la expresión de las víctimas, de sus demandas económicas, 
legales y culturales en la esfera pública, pero también en instancia de enunciación6 Grupo de Memoria Histórica. (2009) Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria 
histórica. Bogotá: GMH; (2009) Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas. Bogotá: Punto Aparte 
Editores; (2009) El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual. Bogotá: Editorial Kimpres; (2011) La 
memoria histórica desde la perspectiva de género. Conceptos y herramientas. Bogotá: GMH; (2010) Plataforma 
Multimedia La tierra ya no es pa’l que la trabaja. Bogotá: GMH; (2010) Plataforma Multimedia La Rochela. Memorias de 
un Crimen contra la Justicia. Bogotá: GMH; (2011) Una historia de paz para contar, recontar y no olvidar. Cartilla sobre 
la historia de la ATCC. Bogotá: GMH. 
7 Congreso de la República. (2011) Ley 1448 del 10 de junio de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario 
Oficial. 
8 Presidencia de la República. (2011) Decreto Ley 4803 del 20 de diciembre de 2011, por el cual se establece la 
estructura del Centro de Memoria Histórica. Bogotá: Diario Oficial. 
9 Presidencia de la República. (2011) Decreto Ley 4158 del 3 de noviembre de 2011, por el cual se determina la 
adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial. 
17 
de los discursos y motivaciones de los perpetradores, de balance de las conflictivas 
relaciones de estos con la población civil y, desde luego, en oportunidad de 
identificación de responsabilidades y deberes del Estado frente al conflicto. Ante 
esta realidad, la demanda social de verdad y memoria en Colombia es ante todo 
una demanda de democracia cuyos alcances es necesario potenciar bajo los 
enfoques y herramientas de la Acción sin Daño para su adecuada transformación 
en propuestas de políticas públicas que propendan por la reparación integral de las 
víctimas y la superación positiva del conflicto armado interno. 
 
Ante este panorama, la labor del GMH se fundamentó en la reconstrucción 
de la memoria y la verdad históricas de lo sucedido en el conflicto armado interno 
siguiendo criterios de independencia académica, rigor científico y veracidad. Este 
ejercicio se sustentó en la convicción de que es posible establecer un vínculo 
indisoluble entre la construcción de la memoria y la construcción democrática. Se 
trata de un proceso que parte del reconocimiento de unos mínimos ético–políticos, 
entre los que sobresalen: a) el carácter político de la memoria; b) el papel 
fundamental de la memoria histórica en los procesos de democratización en 
situaciones de conflicto; c) la memoria histórica como un escenario para el diálogo, 
la negociación y el reconocimiento de las diferencias con miras a un proyecto 
democrático incluyente; d) la memoria en sí misma como una forma de justicia; e) 
la memoria histórica como una forma de reparación simbólica que complementa 
pero no sustituye las obligaciones de reparación y garantía de derechos del Estado 
y la sociedad; f) la memoria como un mecanismo de empoderamiento de las 
víctimas y la sociedad; y, g) el derecho a la memoria y el reconocimiento de la 
verdad como derechos inalienables de las víctimas y de la sociedad10. 
 
 
10 Cf. Grupo de Memoria Histórica, GMH. (Agosto de 2008) Programa de investigación: Narrativas y voces 
del conflicto. Bogotá: GMH. 
18 
El esfuerzo sistemático del GMH para la construcción de la memoria 
histórica propendió por ofrecer una explicación acerca de la naturaleza del 
fenómeno violento en términos de sus causas profundas, de las complejas 
interacciones económicas, sociales y políticas (nacionales e internacionales) que han 
afectado la emergencia de la violencia, su dinámica y las variaciones en su 
intensidad. De igual forma, en ofrecer una aproximación a los daños e impactos 
humanos y demográficos de la violencia asociada al conflicto, así como sobre la 
estructura social y económica del país. Desde este punto de vista, la construcción de 
la verdad y la memoria históricas se perfilan en últimas como un eslabón central, o 
mediador, en la transición de la violencia a la paz y la democracia. 
 
A partir del trabajo adelantado por el GMH se hace necesario reforzar el 
papel estructurante de la memoria en la lucha por los derechos humanos, la justicia 
y la construcción de la democracia. Y ese papel se expresa por lo menos en tres 
aspectos diferenciables: a) en la reapropiación crítica del pasado con sentido de 
futuro; b) en la resignificación del tiempo del conflicto que se puede concretar en 
conmemoraciones, rituales y recursos pedagógicos, c) en la resignificación de los 
lugares asociados a los patrones de victimización, a saber, lugares de memoria, 
monumentos públicos, iconografía o archivos, con el fin de darle dimensión y 
visibilidad pública a la memoria del conflicto. 
 
En suma, la construcción de memoria histórica lucha contra las políticas y 
estrategias del silencio y del olvido, al tiempo que fortalece la construcción de 
democracia y ciudadanía. Por tal razón, las investigaciones del GMH también 
ofrecieron —además de la reconstrucción de los hechos, el análisis de los contextos 
donde se inscriben tales hechos, los diagnósticos y valoración de los daños e 
impactos, el análisis de las iniciativas y prácticas de memoria— el estudio 
pormenorizado de la actuación de la justicia y las instituciones del Estado sobre los 
19 
hechos victimizantes, así como un conjunto de recomendaciones y propuestas de 
políticas públicas para su implementación en el mediano y largo plazo. 
 
3. Estudio de caso: Alto Nordeste Antioqueño e informe público «Silenciar la Democracia. 
Las Masacres de Remedios y Segovia, 1982 – 1997» 
 
El GMH definió el proceso de violencia política desatado en el Alto Nordeste 
Antioqueño (municipios de Remedios y Segovia11) durante el período 1982–1997, 
como uno de los casos emblemáticos que caracterizan al conflicto armado interno 
colombiano, razón por la cual desarrolló un proyecto de investigación en 
concertación con las víctimas, las comunidades afectadas y pares regionales12 cuyo 
propósito general fue la recuperación de la memoria histórica de la región. Como 
primer producto de dicha investigación, el GMH publicó y socializó en noviembre 
de 2011 el Informe escrito: Silenciar la Democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 
1982-199713. 
 
A través de este Informe fue posible reconstruir un proceso regional 
emblemático de la violencia contra las disidencias políticas y sus consecuentes 
afectaciones a la democracia. En efecto, en Segovia y Remedios durante el periodo 
1982–1997, fue recurrente la violencia contra la población civil especialmente 
dirigida a la oposición política, la organización comunitaria y la movilización social, 
expresada por la recurrencia a las masacres de grandes dimensiones e impactos14. 
 
11 Esta denominación administrativa tiene origen en la distancia entre los municipios y Medellín, la 
capital departamental. 
12 Pares regionales son aquellas personas que desde su condición de guardianes de la memoria de la 
región participaron activamente en la investigación. 
13 Silenciar la Democracia…, Op. Cit. 
14 Durante el período 1982–1997 en Remedios y Segovia ocurrieron 14 eventos de este tipo que dejaron 
147 víctimas fatales. De este conjunto, cuatro masacres son hitos de la violencia contra las disidencias políticas 
debido a sus objetivos, la identidad de las víctimas y la de los territorios atacados: 1) veredas Cañaveral y 
Continúa en la siguiente página 
20 
Esta violencia fue articulada por miembros activos de la Fuerza Pública que 
operaban en la región (Ejército y Policía), en asociación con civiles y grupos 
paramilitares. Como resultado, se restringió el ejerciciopleno de la ciudadanía, los 
procesos democráticos y el disenso en medio de la guerra. 
 
A partir del proceso de investigación15 y con base en los enfoques de Acción 
sin Daño16 y Sensibilidad al Conflicto17, la metodología de divisores y conectores 
para la paz sobre este caso arroja los siguientes indicadores. En primer lugar la 
violencia política desatada en el Alto Nordeste durante el período 1982–1997 tuvo 
como desenlace el exterminio de las Juntas Cívicas, el Comité de Derechos 
Humanos y los movimientos políticos alternativos como el Movimiento Obrero 
Independiente y Revolucionario (MOIR), el Partido Comunista (PC) y la Unión 
Patriótica (UP), así como la desnaturalización de los sindicatos y la proscripción de 
la movilización social. 
 
La cronicidad del conflicto armado y de su consecuente victimización o 
revictimización provocó en las comunidades la agudización de las afectaciones 
psicosociales, manifestadas en actitudes colectivas de dolor, desesperanza, 
 
Manila, Remedios, 4 a 12 de agosto de 1983; 2) Segovia y La Cruzada, 11 de noviembre de 1988; 3) La Paz y El 
Tigrito, Segovia, 22 de abril de 1996, y 4) Remedios, 2 de agosto de 1997. 
15 La investigación se desarrolló entre los años 2008 y 2010 en Bogotá, Medellín, Remedios y Segovia. 
16 Cf. Bello, M. N. (2011) El contexto colombiano: el conflicto armado, las crisis humanitarias y la Acción 
sin Daño. En Bello, M. N. & Vásquez, O. (Comp.) (2011) Acción sin daño: reflexiones para el contexto colombiano. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC), pp. 19–41; (2010) Introducción, contexto y perspectivas sobre Acción sin Daño y Construcción de Paz. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC), Serie Acción sin Daño, Módulo N° 1. 
17 Cf. Vásquez, O. (2011) Sensibilidad al conflicto y Acción sin Daño: retos de su aplicación en nuestro 
contexto. En Bello, M. N. & Vásquez, O. (Comp.) (2011) Acción sin daño: reflexiones para el contexto colombiano. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC), pp. 93–118; (2010) Sensibilidad al conflicto: principios, estrategias metodológicas y herramientas. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC), Serie Acción sin Daño, Módulo N° 13. 
21 
abandono y padecimiento sin ningún tipo de tratamiento especializado. De la 
misma manera, el paulatino empobrecimiento sistemático de la población, la 
desarticulación de núcleos familiares, el abandono de niños y adultos mayores, y el 
particular impacto sobre las mujeres viudas en un contexto hostil a la emergencia 
de la mujer como sujeto social, productivo y político, propio de la predominante 
cultura minera de corte machista de los enclaves minero–energéticos. 
 
Las iniciativas y prácticas de la memoria de los hechos violentos agenciadas 
y promovidas por las víctimas también fueron objeto de silenciamiento y 
proscripción, imponiéndose la memoria hegemónica de los victimarios. En 
consecuencia, actualmente la población en general —y las víctimas en particular— 
carecen del mínimo espacio de representación, asociación o acompañamiento. Los 
lazos sociales y comunitarios, así como los espacios de debate público se encuentran 
totalmente deslegitimados por la acción de la violencia política. 
 
Este agudo proceso de violencia política en la región fue acompañado por 
actuaciones parciales y limitadas de la justicia que no han permitido la satisfacción 
oportuna del derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no 
repetición. La actuación de la justicia está a medio camino. En el campo penal, para 
las masacres de 1988 y 1996 se profirieron sentencias condenatorias, mientras que la 
impunidad es un factor compartido en las masacres de 1983 y 1997. Cuando la 
justicia penal ordinaria falló contra los victimarios (1988 y 1996), los procesos 
penales se demoraron en proferir sus primeras sentencias: en el caso de 1988 las 
víctimas tuvieron que esperar casi 16 años, y en el caso de 1996 pasaron 11 años 
para que una parte de sus derechos les fuera satisfecha en algún grado. De otro 
lado, las actuaciones del campo disciplinario respecto a las faltas de los miembros 
de la Fuerza Pública en la masacre de 1988 no se ajustaron a la gravedad de los 
hechos, mientras que no hubo ningún fallo en relación con los hechos de 1983, 1996 
22 
y 1997. Así mismo, la justicia penal militar no profirió fallo alguno por la actuación 
de miembros de la Fuerza Pública (acción u omisión) en las cuatro masacres. En 
conjunto, existen carencias en la investigación y en las decisiones judiciales que 
afectan el adecuado reconocimiento y restablecimiento de los derechos violados. Se 
requieren, entonces, de medidas adicionales de justicia y reparación en función de 
los daños causados. 
 
De otra parte, el Alto Nordeste actualmente es una de las regiones más 
aisladas de la política institucional regional y nacional, a pesar de su condición 
histórica de enclave, de frontera abierta y de epicentro de la apertura democrática 
de la década de 1980 en toda la nación. Sus condiciones estructurales en materia de 
vías de comunicación, agroindustria, servicios públicos, salud, educación y 
vivienda son precarias y deficientes. Representa una de las zonas más 
contaminadas del mundo por efecto de la contaminación ambiental, producto del 
vertimiento de insumos químicos (cianuro y mercurio) y desechos de la explotación 
minera sobre las fuentes de agua. Problemas como la corrupción, la cooptación de 
las instituciones públicas locales por parte de los actores armados ilegales y el 
impacto desestabilizador del conflicto armado en las políticas públicas locales han 
obstaculizado seriamente el proceso de modernización política y socioeconómica en 
la zona. 
 
El caso del Alto Nordeste es ilustrativo, además, del carácter estructural del 
proceso de violencia que padecen varias regiones del país. Se trata de la emergencia 
de múltiples conflictos políticos, económicos y socioculturales de larga duración 
aún no posicionados dentro de la agenda pública para su adecuada transformación. 
Lo particular en este caso, consistió en la delegación de la política a la guerra. Es 
decir, el tratamiento de los conflictos de larga duración por parte del Estado 
regional y central fue delegado en los actores armados tanto institucionales como 
23 
ilegales para su tratamiento y resolución, con lo cual los conflictos y demandas 
sociales fueron asumidos como problemas de orden público18, más no como 
oportunidad para la construcción de la democracia y la ciudadanía dentro de la 
institucionalidad civil19. 
 
Sobre la base del reconocimiento del carácter estructural, sistemático y de 
larga duración del proceso de violencia política en la región, resulta concluyente 
afirmar que sus daños e impactos son más profundos y complejos. Estos han 
ocasionado rupturas y transformaciones en los proyectos individuales y colectivos 
de la población, incluyendo la alteración de una trayectoria de cambio político que 
se venía forjando a partir de las oportunidades creadas por las aperturas políticas, 
las reformas democráticas del Estado y el auge de la movilización social y política 
de la izquierda en los años 1980. 
 
En efecto, la violencia del período 1982–1997 se caracterizó por el daño 
causado por la estigmatización y el exterminio de la disidencia social y política. Éste 
se expresó en la negación del ejercicio pleno de la ciudadanía, la restricción del 
proceso democrático y la construcción precaria de una institucionalidad civil del 
Estado regional. A esto se sumó el daño social relacionado con el colapso de lasrelaciones comunitarias como consecuencia del miedo y la desconfianza 
generalizada. La reunión de los daños políticos y sociales volvió precaria la 
supervivencia de las víctimas, lo que se puso de manifiesto en la desestabilización 
psicosocial, el empobrecimiento y la ruptura de sus proyectos de vida. 
 
 
18 Cf. Zapata, M. L. (2009) Acción sin daño y reflexiones sobre prácticas de paz. Una aproximación a la 
experiencia colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 7–10. 
19 Cf. Galtung, J. (2008) “Visiones de la paz para el siglo XXI”. Paz por medios pacíficos, Paz y conflicto, 
desarrollo y civilización. España: Colección Red Gernika, pp. 22–26. 
24 
Estos daños e impactos de la violencia política sobre las comunidades del 
Nordeste se han prolongado y profundizado debido a la continuidad de la 
violencia en la región, la cual se reeditó después de 1997 con el incremento de la 
violencia guerrillera en 1998, y posteriormente con el establecimiento del Bloque 
Metro de las AUC en el año 2000 y el Bloque central Bolívar en 2003, como cambios 
propios de la expansión de la segunda generación paramilitar en el país. Desde 
2008 se presenta la violencia ejercida por las bandas emergentes como “Los 
Urabeños” y “Águilas Negras”, bandas de narcotraficantes como “Los Paisas” y “Los 
Rastrojos”, y bandas de delincuentes comunes en abierta disputa por el control 
territorial y el dominio de las economía formal e informal de la explotación 
aurífera20. En consecuencia, la violencia en esta región minera de Antioquia sigue 
siendo hoy una realidad vigente que demanda la atención y respuesta inmediata 
del Estado en materia de seguridad, reconstrucción social, reparación integral y 
justicia21. 
 
4. Estrategia de socialización e impacto público de la investigación: balance y perspectivas 
desde los enfoques de ASD y ESC 
 
Recuperar y construir memoria histórica en medio del conflicto armado es una 
labor difícil, por los potenciales riesgos que implica tanto para los testimoniantes 
como para los equipos de investigación que acompañan estos procesos. 
 
En efecto, el ejercicio de recuperar memoria histórica puede producir daños, 
implícitos o explícitos, como la re-victimización (exponer a las personas a nuevas 
situaciones de riesgo psicológico o físico ante las amenazas de posibles implicados 
 
20 Noticias RCN. (22 de octubre de 2012) La Guerra Del Oro. 
http://www.youtube.com/watch?v=ypahnPg4EaE&feature=youtu.be 
21 Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas – SAT (abril de 2012). Informe de Riesgo N° 002-
12A.I., municipios de Remedios, Segovia y Zaragoza en Antioquia. 
25 
como responsables materiales o intelectuales de los hechos), la estigmatización 
(señalamiento y descalificación de las personas por su condición de víctimas o por 
sus esfuerzos en ser escuchadas o atendidas adecuadamente), o el aislamiento 
social (desconocer o silenciar la voz de las personas o condicionar su 
fortalecimiento individual o colectivo para los procesos de incidencia en la agenda 
pública). De igual manera, un manejo no adecuado del acopio testimonial o de la 
realización de un taller de memoria puede generar el recrudecimiento de conflictos 
familiares, comunitarios o colectivos; revivir el rol de las víctimas en su eterna 
repetición del dolor sin lograr trascenderlo y transformarlo positiva y 
constructivamente; generar procesos de tergiversación o alteración de los hechos y, 
con ello, potenciar diferencias, posibilitar exclusiones y marginalizaciones22. 
 
Entonces, ¿cómo no producir daño desde este ejercicio?, ¿cómo prevenir 
posibles daños?, ¿cómo atenuar los efectos de posibles daños causados? 
 
El caso del Alto Nordeste contempla un escenario en el cual no hay 
presencia de organizaciones de víctimas como tampoco de organizaciones sociales 
que las acompañen debido a la cronicidad del conflicto en la región desde hace tres 
décadas. Lo anterior significó superar varios desafíos metodológicos en la medida 
en que el interlocutor no fue una comunidad o una organización social y/o política, 
sino personas aisladas y fragmentadas entre sí y con actitudes de desconfianza ante 
sus pares y hacia los desconocidos. Esto incrementó los riesgos de seguridad y 
acrecentó el impacto emocional tanto para el equipo de investigación como para las 
personas que colaboraron en la investigación, lo cual sumado a las características 
adversas del contexto local condicionó la realización de talleres colectivos y el 
abordaje de temas que representaban riesgos para los actores armados emplazados 
 
22 Cf. Grupo de Memoria Histórica. (2009) Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir 
memoria histórica. Bogotá: GMH. 
26 
en el territorio. Ante este escenario, la recuperación y construcción de memoria 
histórica estuvo condicionada por procesos de generación de confianzas mutuas 
supremamente difíciles de conseguir, lo cual confiere especialmente a la 
recuperación del testimonio un valor muy significativo dentro del conjunto de 
casos emblemáticos desarrollados por el GMH. 
 
Pero no solamente estas condiciones impactaron el proceso de investigación, 
haciéndolo aún más complejo y adverso, sino que también determinó las acciones 
encaminadas a potenciar el tema de la socialización y apropiación social de la 
investigación, las cuales de por sí poseen unos alcances limitados en el marco de la 
vigencia de la Justicia Transicional en Colombia. 
 
Al respecto, el GMH implementó una estrategia de impacto público para cada 
una de las investigaciones realizadas, concretada en eventos para la visibilización 
amplia de los resultados de las investigaciones a nivel local, regional y nacional. 
Dicha estrategia, más conocida como la Semana por la Memoria23, fue posible gracias 
al decidido esfuerzo económico y técnico de la cooperación internacional, y se 
constituyó en un esfuerzo significativo para la presentación pública de los procesos 
de recuperación de memoria histórica adelantados, dado un escenario institucional 
y un contexto político y social adverso para la promoción y visibilización de la 
memoria como instrumento de política pública con sentido de transformación 
social y reparación integral24. 
 
 
23 El primer evento de este tipo tuvo lugar en septiembre de 2008, paralelo a la Semana por la Paz, con 
motivo de la presentación pública del informe Trujillo: Una tragedia que no cesa. Desde entonces se 
institucionalizó como el principal mecanismo de difusión y socialización amplia del trabajo investigativo del 
GMH hasta su última versión en 2011. 
24 Cf. Acevedo Arango, O. (2012) Geografías de la memoria. Posiciones de las víctimas en Colombia en el 
período de justicia transicional (2005-2010). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
27 
La agenda de la Semana por la Memoria contempló actividades como los actos 
de presentación pública de los informes y demás productos resultado de las 
investigaciones realizadas tanto en Bogotá como en la respectiva región con la 
participación de las víctimas, representantes de la institucionalidad nacional y 
regional y de la comunidad internacional; ruedas de prensa y posicionamiento 
estratégico de los informes en los medios de comunicación con cobertura nacional y 
regional; conversatorios y eventos académicos con la participación de las víctimas y 
expertos nacionales e internacionales; presentación de exposiciones fotográficas; 
presentación de obras teatrales; exposición de iniciativas de memoria y muestras 
audiovisuales. 
 
No obstante lo anterior, desde el análisis de políticas públicas y del enfoque 
de ASD, cabe cuestionar si una estrategia de difusión ampliade los procesos de 
recuperación de memoria garantiza o permite su real y adecuada socialización, 
apropiación, multiplicación y empoderamiento especialmente por parte de las 
víctimas y las comunidades afectadas, garantizando con ello la continuidad 
temporal en la recuperación de la memoria desde lo local para contrarrestar olvidos 
y desatenciones que lleven a la no satisfacción oportuna y plena de los derechos 
vulnerados, a la no reparación integral individual y colectiva de los daños 
causados, y a no permitir las garantías para la no repetición de los procesos de 
victimización padecidos. Se trata de desafíos que el actual marco institucional 
derivado de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras está llamado a potenciar 
dentro de los esfuerzos encaminados hacia la formulación de política pública con 
alcance de reparación integral. 
 
Esto es especialmente pertinente en momentos donde la valoración social 
sobre la memoria histórica no debe centrarse únicamente con el reconocimiento del 
sufrimiento de las víctimas, sino que también es un asunto que comprende la 
28 
significación que como sociedad damos al origen y sentidos del conflicto armado, al 
cómo entendemos nuestro presente y a partir de qué presupuestos queremos 
construir nuestro futuro25. En este sentido, el ejercicio de recuperar memoria 
histórica debe satisfacer plenamente los principios de la justicia transicional, pero al 
mismo tiempo debe contribuir a la transformación de las lógicas que alimentan el 
conflicto armado y generar posibilidades para la no repetición y la construcción de 
paz especialmente desde lo local. 
 
Para el caso de la investigación del Alto Nordeste su estrategia de impacto 
público fue materializada en dos grandes momentos. En primer lugar, durante el 
proceso de investigación26 se realizaron tres eventos enmarcados dentro de la II 
Semana por la Memoria en Antioquia27: un taller para gestoras y gestores de memoria 
con la participación de varias organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. de 
Medellín y Antioquia; un foro académico con la participación de víctimas, expertos 
académicos y organizaciones sociales y defensoras de DD.HH. que acompañaron 
en algún momento los procesos de exigibilidad de derechos de las comunidades del 
Nordeste, y un acto de conmemoración pública a propósito de los 21 años de la 
masacre del 11 de noviembre de 1988. 
 
Para las víctimas del Alto Nordeste, la II Semana por la Memoria ofreció la 
oportunidad de reunirse y participar tanto del espacio académico y de reflexión del 
Foro, como de los actos conmemorativos del 11 de noviembre, fortaleciendo de esta 
manera la idea de un acompañamiento a mediano plazo por parte del GMH, que 
fuera más allá del acopio testimonial y la colaboración para el trabajo de campo. 
También fue significativa la participación de representantes de organizaciones de 
 
25 Cf. Antequera Guzmán, J. D. (2011) La memoria histórica como relato emblemático. Consideraciones en 
medio de la emergencia de políticas de memoria en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
26 La investigación se desarrolló entre los años 2008 y 2010 en Bogotá, Medellín, Remedios y Segovia. 
27 Evento realizado del 7 al 11 de noviembre de 2009 en la ciudad de Medellín. 
29 
víctimas del Nordeste (Amalfi, Vegachí, Zaragoza) en el Taller de gestoras y 
gestores de memoria. 
 
Para el GMH la realización del evento en su conjunto posibilitó estrategias 
de articulación para fortalecer los espacios públicos de formación, reflexión y 
sensibilización en torno a los retos y posibilidades de la memoria histórica de las 
víctimas o afectados del conflicto armado interno, en el empeño por alcanzar 
verdad, justicia y reparación integral. En un escenario heterogéneo y fructífero en 
términos políticos y organizativos como Medellín, se logró establecer y consolidar 
respaldos que a futuro vigorizaron y fortalecieron canales de comunicación e 
intercambio de información importantes para el posterior desarrollo de los demás 
casos emblemáticos que sobre Antioquia fueron adelantados por GMH28. No 
obstante, a pesar de que se trató de actividades que innovaron la agenda de la 
Semana por la Memoria —en la medida en que se superó el esquema base de la 
socialización para incidir en el campo de la apropiación social de la memoria— 
institucionalmente no tuvieron continuidad para las experiencias de los demás 
casos emblemáticos presentados en 2010 y 2011. 
 
El segundo momento consistió en la presentación pública del informe escrito 
dentro de la IV Semana por la Memoria29, mediante la realización de cuatro 
actividades: una rueda de prensa en Bogotá donde se expusieron los contenidos y 
apuestas generales del informe; acto de inauguración general de la IV Semana por la 
Memoria en Bogotá; lanzamiento y presentación nacional del Informe en Medellín, 
y entrega oficial del Informe a las víctimas y comunidad afectada en Remedios y 
Segovia. 
 
28 Se trata de las investigaciones realizadas sobre los casos de Comuna 13, San Carlos y La Chinita. 
29 Evento realizado del 15 de noviembre al 6 de diciembre de 2011 con actividades en Bogotá, Medellín, 
Cartagena, San Carlos (Antioquia), Remedios y Segovia (Antioquia) y La India (Santander). 
30 
 
En estos eventos la participación de las víctimas de la región tuvo un carácter 
marginal en la medida en que solamente estuvieron presentes algunas de ellas en el 
acto de apertura de Bogotá, y solamente una en el acto de lanzamiento de 
Medellín. En este último evento hubo presencia de víctimas en condición de 
desplazamiento forzado que actualmente viven en dicha ciudad, pero en su 
conjunto, no hubo una participación activa en otro tipo de actividades ni a nivel de 
medios. 
 
Dificultades de tipo logístico, técnico y humano —pero sobre todo de 
ausencia en la decisión institucional por posicionar públicamente el caso—, se 
conjugaron en este tipo de resultado. Además, los eventos no generaron una 
apropiación social adecuada de los resultados de la investigación, provocando que 
el proceso de investigación adelantado esté en mora de ser multiplicado y 
empoderado especialmente por parte de las víctimas y demás comunidad 
afectada30. 
 
En rigor, se trató de eventos que persiguieron la presentación y difusión 
amplia del resultado de la investigación, pero que descuidaron significativamente 
el posicionamiento estratégico de las tesis y apuestas del Informe tanto en los 
medios de comunicación como en la agenda pública31, así como las realidades y 
problemáticas actuales de la región como son la presencia activa del conflicto 
armado y las violaciones permanentes a los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, el abandono institucional de parte de los gobiernos 
regional y nacional, las carencias asociadas a un acceso limitado y parcial a la 
justicia por parte de las víctimas, las urgentes necesidades en materia de atención 
 
30 Cf. Entrevista ASD, N° 2, Mujer adulta. 
31 Cf. Entrevista ASD, N° 1, Hombre adulto. 
31 
psicosocial a las víctimas y reparación material y simbólica de la comunidad 
victimizada, y los efectos devastadores del daño social y político para la 
democracia32. 
 
Lo anterior se evidencia en la medida en que el Informe sobre el Alto 
Nordeste no tuvo una incidencia significativa en los medios, a pesar de que este es 
uno de los objetivos centrales de la Semana por la Memoria. La rueda de prensa en 
Bogotá contó con una muy escaza presencia de medios de cobertura nacional, y los 
mensajes del Informe y la región no tuvieron eco. Por otro lado, a nivel nacional, la 
prensa escrita sólo registró una alusión general33, mientras que la regional dedicó 
un único artículo34. Por su parte,la radio y la televisión a nivel nacional y regional 
no registraron siquiera una nota informativa. Con ello se sacrificó el mínimo 
posicionamiento de las apuestas del Informe en los espacios de construcción del 
debate público a mediano y largo plazo. 
 
En gran medida, lo anterior fue motivado por la poca capacidad de 
posicionar un Informe público cuyas tesis, apuestas y mensajes cuestionan 
fuertemente la responsabilidad del Estado —en cabeza de la Fuerza Pública y las 
élites regionales— en un proceso crónico y sistemático de victimización, 
especialmente en un contexto y una coyuntura política y social adversa a este tipo 
de debates. De la misma manera, se trataba de develar las lógicas de un conflicto 
armado regional con proyección nacional, en las cuales emergen responsabilidades 
de sectores tradicionalmente significativos en la esfera del poder político y 
económico nacional. Pero también en estos resultados jugó un papel determinante 
la escaza incidencia dentro del ciclo de política pública tanto del GMH como de la 
 
32 Cf. Entrevista ASD, N° 3, Hombre y mujer, adultos y desplazados. 
33 (5 de noviembre de 2011) Cinco en memoria. Revista Semana, Bogotá. 
34 (25 de noviembre de 2011) Segovia, una violencia sin duelo. El Mundo, Medellín. 
32 
CNRR, especialmente como actores propositivos dentro del escenario político e 
institucional del momento, dado también el precario balance de la Ley de Justicia y 
Paz como política pública eficaz contra la impunidad y las garantías de no 
repetición. 
33 
 
 
II. ALCANCE DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMO 
INSTRUMENTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Incidencia de las recomendaciones de política pública del Informe sobre las masacres de 
Remedios y Segovia 
 
En la medida en que el análisis de política pública y el enfoque de ASD busca 
posicionar como prioritaria la protección y respeto de la dignidad, la autonomía y la 
libertad de los individuos y sus comunidades, para de esta manera mantener 
vigentes la defensa y promoción de los derechos humanos y el Estado social de 
derecho de forma integral, tanto para las intervenciones humanitarias en 
situaciones de conflicto como para las iniciativas dirigidas al desarrollo y a la 
construcción de paz35, consideramos pertinente en este acápite plantear algunas 
 
35 Cf. Urrego, J. H. (2011) Contribuciones al análisis y la incidencia en políticas públicas desde el 
enfoque de Acción sin Daño. En Bello, M. N. & Vásquez, O. (Comp.) (2011) Acción sin daño: reflexiones para el 
contexto colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la 
Paz y la Convivencia (PIUPC), pp. 63–90; (2010) Análisis e incidencias en políticas públicas en el contexto colombiano y 
Continúa en la siguiente página 
34 
reflexiones orientadas a cómo posibilitar desde la construcción de memoria 
histórica mayores niveles de incidencia para la reparación integral, la 
transformación del conflicto y la construcción de paz desde lo local, a través de la 
experiencia concreta del proceso de investigación y la estrategia de impacto público 
llevados a cabo en el Alto Nordeste Antioqueño por parte del GMH. 
 
En efecto, el informe Silenciar la Democracia planteó una serie de 
recomendaciones orientadas a garantizar los derechos de las victimas a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición y, en este sentido, se 
propusieron una serie de acciones dirigidas a las entidades competentes de orden 
local, departamental, nacional e incluso internacional36. 
 
RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA, INFORME SILENCIAR LA DEMOCRACIA 
JUSTICIA TRANSICIONAL ENTIDADES ESTATALES E INTERNACIONALES 
VERDAD 4 NACIONAL 18 
JUSTICIA 6 DEPARTAMENTAL – MUNICIPAL 2 
REPARACIÓN 7 NACIONAL – DEPARTAMENTAL – MUNICIPAL 3 
NO REPETICIÓN 7 INTERNACIONAL 1 
 24 24 
 
Fue claro en dichas recomendaciones la necesidad de diferenciar y, al mismo 
tiempo, complementar aquellas medidas orientadas a la reparación integral de las 
víctimas de la violencia política, de las políticas sociales regulares del Estado en 
materia de garantía de derechos ciudadanos. De igual manera se enfatizó en la 
necesidad de contemplar una serie de acciones de carácter regional y nacional que 
recogieran la situación del Alto Nordeste como emblemática de los enclaves 
 
el enfoque de Acción sin Daño. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias 
para la Paz y la Convivencia (PIUPC), Serie Acción sin Daño, Módulo N° 11. 
36 Silenciar la Democracia…, Op. Cit., pp. 329–336. 
35 
minero–energéticos del país, considerando que la problemática de Remedios y 
Segovia así como la sostenibilidad del modelo de desarrollo minero exportador, se 
insertan en un contexto que va más allá de la región para develar lógicas 
estructurales que han venido alimentando el conflicto armado interno y la 
cronicidad de la victimización en contextos más amplios. 
 
No obstante, el acompañamiento y compromiso de la institucionalidad 
estatal dentro de los procesos de socialización e incidencia de los informes 
producidos por el GMH dentro del ciclo de formulación de política pública37 
paulatinamente se vio disminuido, primero por su gradual ausencia de los actos 
públicos de lanzamiento, y segundo por el nulo eco al conjunto de 
recomendaciones de política pública que todos los informes publicados hasta el año 
2011 incorporaron como instrumentos para la incidencia de los procesos de 
recuperación de memoria histórica en el ciclo de política orientada a la superación 
del conflicto armado, la reparación integral de las víctimas y las garantías para la no 
repetición de los hechos violentos. Al respecto, la única decisión institucional, sin 
que necesariamente se haya implementado en acciones concretas, fue la elevación a 
nivel de directiva de las recomendaciones planteadas por el primer informe Trujillo: 
Una tragedia que no cesa, por parte de la Procuraduría General de la Nación en 200838. 
 
1.1 Condiciones y criterios para la incidencia 
 
 
37 Cf. Roth, A.–N. (2007) Conceptos, teorías y herramientas para el análisis de las políticas públicas. En 
Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones Aurora, quinta reimpresión, pp. 17–
55. 
38 Procuraduría General de la Nación. (2008) Directiva N° 019 del 11 de septiembre de 2008, por la cual se 
dictan instrucciones para garantizar los derechos de las víctimas de los hechos violentos sucedidos en el municipio de 
Trujillo, Valle del Cauca. Bogotá. 
36 
Mediante el ejercicio de recordar y de recuperar memoria histórica, se retornó a 
una región y un periodo de nuestra historia reciente que se pretenden en el olvido. 
Se trata de reconocer un proceso de violencia en una región que ha sido olvidada o 
relegada por la institucionalidad civil, la academia, el periodismo —tanto en el 
departamento de Antioquia como en el país— desconociendo su fortaleza 
productiva alrededor del oro, su álgido conflicto social y su importancia política 
como uno de los centros de mayor dinamismo de la movilización y protesta social 
entre 1985 y 1995 en toda la Nación. Por tales motivos, el Estado, la sociedad 
nacional, el departamento y la sociedad antioqueña, tienen una deuda con el 
Nordeste Antioqueño que crece día a día. 
 
Recordar este proceso de violencia significa reconocer que existe una deuda 
del Estado, que empieza con la participación activa de miembros de la Fuerza 
Pública en los actos de violencia, en su falla en la protección de la vida e integridad 
personal de los ciudadanos y en el incumplimiento de las garantías para la libreelección, la conformación y el ejercicio de sus preferencias políticas. Igualmente, en 
las carencias asociadas a un acceso limitado y parcial a la justicia por parte de las 
víctimas. 
 
Así mismo, existe una deuda que surge del compromiso con un modelo de 
desarrollo que privilegia el aislamiento del enclave minero de empresa extranjera, 
por sobre la plena articulación territorial de la región al mercado departamental y 
nacional. Este modelo de explotación aurífera monopólica de multinacional —tanto 
pasado como presente— genera al mismo tiempo ingentes riquezas y una pobre 
redistribución de éstas que se manifiesta en carencias crónicas de bienes públicos, y 
que renueva la vigencia de esas búsquedas alternativas que quedaron suspendidas 
en medio del terror y el exterminio. 
 
37 
Pero también existe una deuda de la sociedad civil colombiana con el 
Nordeste y sus víctimas. Por ejemplo, uno de los elementos más tristes e 
indignantes es que no se documentan sucesos desconocidos o escondidos a la 
opinión pública. Aquí no hay nada nuevo. Todos estos ejercicios de terror fueron 
siempre registrados por la prensa nacional y regional. Sin embargo, la valoración 
que en su momento se hizo sobre estos hechos nos deja dos elementos para la 
reflexión: ¿cuál fue la importancia que se le brindó en los medios de comunicación? 
y ¿cuál fue la respuesta de la sociedad ante el conocimiento de estos hechos? Si 
siempre se supo qué había pasado, preguntas pertinentes para la actualidad 
resurgen al recordar el proceso del Nordeste. Como sociedad, ¿cómo valoramos 
nuestros muertos?, ¿qué queremos escuchar?, ¿qué queremos ver?, ¿qué hacemos 
como sociedad frente a esa información? Esta interpelación a la sociedad 
colombiana, las víctimas del Nordeste la condensan en sus palabras con la siguiente 
frase: «hace más daño la indiferencia de los buenos que las acciones de los malos»39. 
 
A través de estas deudas se reconoce del carácter político de la memoria 
histórica y su aporte invaluable en la definición, implementación y ejecución de 
políticas públicas con sentido de construcción de ciudadanía, reparación integral y 
satisfacción de derechos vulnerados por la violencia política. Esto es especialmente 
válido en la medida en que la memoria es un campo de lucha en el que se dirime 
qué versión del pasado debe prevalecer en función del futuro que se quiere 
construir, aceptando que la memoria se construye desde relaciones asimétricas, es 
decir, no todas las memorias acceden en igualdad de condiciones a la escena 
política. Por ejemplo, indígenas y campesinos no están en posiciones equivalentes a 
las élites, y las víctimas no tienen los mismos recursos para decir su verdad que los 
 
39 Diario de campo, MH. 
38 
victimarios. De ahí el papel fundamental de la memoria histórica en los procesos de 
democratización en situaciones de conflicto. 
 
1.2 Fortalecimiento de procesos organizativos 
 
Las recomendaciones del informe Silenciar la Democracia insisten en la necesidad de 
potenciar las capacidades locales de paz con miras al restablecimiento de las 
garantías para el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía, la recomposición 
social y económica de la región, y la ejecución de procesos de reparación integral a 
las víctimas y comunidad afectada, lo cual se constituye en los principales retos que 
la experiencia del Alto Nordeste plantea a una política pública y las experiencias de 
exigibilidad de derechos orientadas hacia la transformación del conflicto social y 
armado desde lo local. 
 
Las condiciones para una paz sostenible, positiva y duradera en la región 
serán posibles cuando el Estado atienda los conflictos y violencias del presente, 
comenzando por el desmantelamiento de los actores criminales que han emergido 
de la desmovilización del Bloque Central Bolívar, y los otros grupos armados 
ilegales que han arribado a la competencia por el territorio, como garantía para la 
no repetición de los hechos violentos y contribuir así al establecimiento de 
condiciones para la realización de una reparación y una satisfacción viables y 
efectivas, sobre la base del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las 
víctimas y comunidad afectada de la región y su capacidad de incidencia válida y 
legítima en la definición y construcción de Estado y sociedad. 
 
De esta manera, la memoria histórica fortalece su rol en tanto mecanismo de 
empoderamiento de las víctimas. En el ejercicio de memoria las víctimas 
individualizadas, locales y regionales, pasan a víctimas organizadas, víctimas–
39 
ciudadanos, creadoras de memorias ciudadanas, sujetos históricos con capacidad 
de incidencia en lo político. En Colombia la violencia paraliza y destruye, pero 
también ha obligado a la movilización y generación de nuevos liderazgos. En este 
sentido, la memoria histórica se constituye como un escenario para el diálogo, la 
negociación y el reconocimiento de las diferencias con miras a un proyecto 
democrático incluyente. 
 
1.3 Documentación, sistematización, investigación y comunicación 
 
Con el caso del Alto Nordeste resulta imperativo el concurso de propuestas de 
intervención, acompañamiento, desarrollo o ayuda humanitaria que involucren 
directamente a las personas y comunidades de la región, y que contribuyan con la 
reproducción de la memoria histórica a largo plazo, con miras a sensibilizar y 
propiciar acciones para la construcción colectiva de conocimiento y la 
transformación positiva del conflicto social y armado, el fortalecimiento de la 
identidad y el reconocimiento de los hechos y de la verdad, especialmente 
importante en regiones que como el Alto Nordeste se pretenden en el olvido por 
parte del Estado regional y nacional, la sociedad civil y la academia. 
 
En este sentido, incentivar la cultura del recuerdo, en contraposición a los 
dispositivos del olvido imperantes, se constituye en un recurso valioso para poner 
de presente las relaciones entre los problemas y las posibilidades de transformación 
hacia una paz positiva, desarrollando potencialidades y construyendo cultura de 
paz desde un ejercicio pedagógico basado en una construcción de memoria social 
de lo individual a lo colectivo. 
 
Para ello, los procesos de concertación adelantados con las víctimas, las 
comunidades afectadas y los pares regionales de la investigación proponen la 
40 
implementación de talleres para la formación de gestoras y gestores de memoria; 
acompañamiento permanente para los procesos de recuperación de la memoria a 
mediano y largo plazo; la incorporación de una cátedra permanente de memoria y 
derechos humanos dentro del pensum de las instituciones educativas formales de 
la región; la articulación con redes de apoyo que posibiliten la reconstrucción de las 
prácticas e iniciativas de memoria agenciadas a lo largo del tiempo y que fueron 
objeto de exterminio, así como la capacitación, financiación y difusión de las nuevas 
iniciativas locales de memoria; la concreción de recursos pedagógicos como 
cuadernos de memoria y plataformas multimedia, los cuales posibilitarían la 
continuidad temporal en la recuperación y preservación de la memoria histórica de 
la región a largo plazo. 
 
De la misma manera, y teniendo en cuenta el nuevo escenario político e 
institucional que posibilita la Ley de Víctimas, resulta necesario articular una 
estrategia de comunicaciones que no solamente incluya el posicionamiento de los 
procesos de recuperación de memoria adelantados en los medios de comunicación, 
sino que diversifique e incluya otros mecanismos y espacios vitales para su efectiva 
incorporación dentro de la agenda pública y para su adecuada divulgación, 
apropiación y empoderamiento político, social e institucional. Una mayor 
articulación e interacción con las universidades y centros de pensamiento; con lacooperación y comunidad internacional; con las redes de bibliotecas públicas y 
privadas; con las organizaciones sociales y de víctimas; con redes y comunidades 
de política; con las instituciones culturales y aquellas encargadas de velar por la 
reparación integral de las víctimas, se constituye en un primer paso en esta 
dirección. 
 
Se trata de procesos y acciones para garantizar el derecho a la memoria y el 
reconocimiento de la verdad como derechos inalienables de las víctimas y de la 
41 
sociedad. Estos derechos suponen, como contrapartida, un deber de memoria para 
el Estado; esto es, el deber del Estado de preservar la memoria colectiva, 
obedeciendo al principio de que la historia de la violencia de un pueblo es parte de 
su patrimonio, y por tanto, debe ser preservado y protegido del olvido. 
 
2. Retos y Acciones estratégicas para el fortalecimiento de las experiencias de exigibilidad de 
derechos en el caso del Nordeste Antioqueño 
 
Una estrategia de exigibilidad integral de derechos para este caso40, implica 
necesariamente que el Estado asuma como imperativo el compromiso de adoptar y 
cumplir las recomendaciones de política pública planteadas en el respectivo 
Informe, las cuales cuentan con mecanismos aún más eficaces para su 
implementación dado el nuevo marco político e institucional perfilado con la nueva 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con ello, tanto el Estado como la sociedad 
colombiana abonan esfuerzos para garantizar uno de los pilares de la construcción 
de memoria histórica como es su papel fundamental en los procesos de 
democratización en situaciones de conflicto. Como ya se ha advertido, memoria y 
democracia están íntimamente ligadas; se recupera memoria y se construye verdad 
para que les sirva a las víctimas y a la sociedad, para la transformación del pasado 
que se quiere superar en virtud del futuro que se desea construir. Una ruta inicial 
se expone a continuación, donde se indican los retos a transformar en materia de 
exigibilidad política, social y jurídica. 
 
 
40 Cf. Montealegre, D. M. Los Derechos Humanos y la democracia como referentes para la Acción sin 
Daño. En Bello, M. N. & Vásquez, O. (Comp.) (2011) Acción sin daño: reflexiones para el contexto colombiano. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia 
(PIUPC), pp. 43–60; (2010) Derechos humanos, democracia y Acción sin Daño. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC), Serie Acción sin Daño, 
Módulo N° 12. 
42 
2.1 Retos en materia de exigibilidad política 
 
«El contexto de esa época era un contexto organizativo de todo. 
Para el 86, 87, 88... Un contexto organizativo pues: allá ya estaba la 
Junta Cívica. Empezaron todas las expresiones sociales de 
campesinos: acciones comunales, juntas barriales, comités de 
campaña... Bueno... Pero, a la par, los partidos tradicionales también 
fueron respetados en el juego político. Nunca, en ese contexto, se le 
prohibió al Partido Liberal, al Partido Conservador, hacer 
proselitismo. Nada. Era todo un debate político, la gente 
organizada… Esa fue una época interesante que nunca volverá» 41 
 
Entre 1982 y 1997 Remedios y Segovia vivieron un periodo de intensa agitación 
política. Por un lado, los conflictos sociales propios de la condición histórica de 
enclave incrementados por el auge de los precios internacionales del oro de 
principios de los años 1980, así como el acelerado crecimiento demográfico —
causantes de carencias de bienes y servicios públicos y de vivienda— derivaron en 
un movimiento social liderado por el sindicalismo histórico de la región y las 
organizaciones cívicas, cuya protesta pública empezó a sentirse fuertemente desde 
1985. Paralelamente, en este periodo se conformó la Unión Patriótica (UP), que en 
la región recogió el trabajo previo de larga tradición del Partido Comunista (PC). En 
este movimiento político convergieron personas con algún grado de simpatía y/o 
militancia con el PC, A Luchar, el Partido Liberal, el Partido Conservador y líderes 
sociales que nunca habían tenido una adscripción político–partidista. Desde la 
apertura electoral en 1986, fruto de la descentralización político administrativa del 
Estado, tanto la UP como el movimiento social regional se transformaron en actores 
determinantes del proceso electoral y la protesta social, convirtiéndose a la postre 
en blanco particular del escalamiento de la violencia del conflicto armado. 
 
41 Testimonio MH, N° 08, Hombre adulto y desplazado. 
43 
 
En este sentido, para el periodo 1982–1997 el GMH pudo documentar 347 
víctimas civiles fatales del conflicto armado, 103 de los cuales eran gestores de la 
movilización social y política. Entre estos, 49 eran líderes comunitarios, 24 
sindicalistas, 8 autoridades políticas (alcaldes y concejales) y 5 defensores de 
derechos humanos. Gran parte de las víctimas concurrieron en la movilización 
social a través de las Juntas Cívicas, el Comité de Derechos Humanos y los 
sindicatos, mas no necesariamente a través de una adscripción político–partidista. 
Se trata de formas de organización y de exigibilidad de derechos políticos y sociales 
objeto de silenciamiento, desnaturalización y proscripción de la región. 
 
De la misma manera, 51 de las 103 víctimas eran militantes: 33 de la Unión 
Patriótica (UP), 8 del Partido Comunista (PC), 5 del Partido Liberal, 4 del 
Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) y 1 del Partido 
Conservador. Estas cifras son parciales respecto a la violencia política porque 
personas que no eran portadoras de una identidad política fueron atacadas en 
territorios que eran representados como bastiones sociales y políticos de la 
izquierda, situación que se repitió en las masacres de 1983, 1988 y 1996. Mientras 
que en otros casos, especialmente durante la escalada de violencia del año 1997, se 
presentaron ataques intencionales a personas en razón de sus vínculos familiares 
con quienes eran portadores de una identidad política de izquierda. 
 
En consecuencia, la organización popular en sus diversas manifestaciones, 
de carácter político como el Partido Comunista, el MOIR, la Unión Patriótica, A 
Luchar; o de carácter social como las Juntas Cívicas, los sindicatos de la Frontino 
Gold Mines, del municipio, del magisterio, los comités de Derechos Humanos, así 
44 
como las organizaciones comunitarias en barrios y veredas42, constituyeron el 
blanco privilegiado de la violencia política que se expresó en grandes masacres, 
pero también en asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, la cual estuvo 
dirigida a aconductar políticamente a la sociedad regional, buscando castigar sus 
preferencias electorales, sus proyectos organizativos, políticos y sociales, e impedir 
el ejercicio del gobierno local por parte de fuerzas políticas alternativas. 
 
Por ello, el daño político resultante es causado por la violación crónica de los 
derechos humanos fundamentales a la vida e integridad personal. Se trata de la 
pérdida de la pluralidad política y la limitación del ejercicio de la democracia a 
través de la violencia, que se manifestó en la desintegración de procesos 
organizativos comunitarios y partidistas, la imposibilidad del ejercicio de los 
derechos políticos democráticos para elegir o ser elegido a través del mecanismo 
electoral, y la imposibilidad del ejercicio del derecho a la libre expresión con la 
proscripción de las manifestaciones públicas de protesta social. Los sobrevivientes 
lo condensan de la siguiente forma: «cambiamos nuestros proyectos de vida para 
conservar nuestras vidas»43. 
 
En consecuencia, los retos de la reparación integral y la satisfacción plena de 
los derechos