ADA(1) - Ivanna Castro

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Ivanna Montserrat Castro Caballero
Sí, porque tiene como capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor René 
Cano Ávila, lleva signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad y se 
encuentra en la lista Oficial de Buques de la Armada.
6. Un navío de la empresa salvadoreña Atlacatl fue abordado y embargado por la 
Secretaría de Marina de México durante una operación de rutina para revisar 
embarcaciones que conectan a ese país con los Estados Unidos. Tras una larga 
persecución, en su interior se encontraron sustancias psicotrópicas ilegales y 
trabajadores indocumentados. Los abogados de la naviera señalan que la Semar no 
cuentan con facultades para este tipo de operativos y, por tanto, la retención del navío 
es ilegal. ¿Los argumentos de los abogados de la naviera tienen sustento?
La inmunidad de jurisdicción de un Estado surge de la idea de que sería inadecuado que los 
tribunales de un Estado sostengan que otro Estado está bajo su jurisdicción. Por ende, las entidades 
estatales son inmunes ante la jurisdicción de los tribunales de otro Estado. En general, las entidades 
estatales tienen la posibilidad de renunciar a esa inmunidad.
Sin embargo, los buques de propiedad privada fletados, arrendados o requisados por un gobierno 
extranjero, en tanto sigan siendo poseídos y explotados por él, gozan en cierta medida de 
inmunidad respecto de medidas de detención, embargo, secuestro y ejecución, pero no 
necesariamente respecto de acciones reales que no vayan seguidas de detención o embargo. En 
resumidas cuentas, se desprende que las acciones contra los buques pertenecientes a un Estado o 
poseídos o explotados por él pueden admitirse si de hecho no afectan al gobierno extranjero, ya se 
trate de acciones reales contra los buques o de acciones personales contra los propietarios o 
fletadores privados de los buques.
Así que, si realizaron acciones que pongan en riesgo a las zonas que se encuentran bajo jurisdicción 
de la Semar, no tienen sustento, además de ser un buque que no se especifica como militar o 
comercial. 
7. Completa el siguiente párrafo: El Tribunal Internacional del Derecho del Mar 
(Hamburgo) el 15 de diciembre de 2012, en la que ordenó __________________ del 
buque escuela de la Armada argentina ARA LIBERTAD, que había sido embargado 
dos meses y medio antes por autoridades judiciales de Ghana en el puerto de Tema 
(próximo a la capital Accra), en ejecución de acuerdos judiciales norteamericanos 
dictados en los juicios planteados por dos fondos de inversión para recuperar el 
capital de emisiones de deuda de la República Argentina tras el impago de 2001.
a)la inmediata liberación
b)la legalidad del embargo
b) legalidad de embargo
8. ¿Por qué resolvió de dicho modo el TIDMel caso anterior relativo al buque ARA 
LIBERTAD?
Ivanna Montserrat Castro Caballero
Puesto que la existencia de una reclamación legal válida: La parte que busca imponer el embargo 
debe tener una reclamación legal válida contra la otra parte, ya sea por incumplimiento de contrato, 
daños, deudas impagas, entre otros., sustentado en: 
✓ La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas 
en inglés): En particular, el artículo 220 de la UNCLOS establece que los Estados tienen 
el derecho de tomar medidas cautelares, como el embargo legal, para garantizar el 
cumplimiento de sus leyes y regulaciones.
✓ La Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Embargo 
Preventivo de Buques (1952): Esta convención establece reglas y procedimientos 
uniformes para la imposición de embargos preventivos en el marco de litigios civiles y 
comerciales.
✓ La jurisprudencia internacional: La práctica y la jurisprudencia internacional también han 
establecido los fundamentos del embargo legal en el derecho marítimo internacional. 
9. El buque médico militar “Soberanía nacional” ha tenido un percance con una 
embarcación civil a la salida del puerto en Salina Cruz, Oaxaca. En el momento del 
incidente, la nave se encontraba sin los correspondientes distintivos de la Secretaría 
de Marina. Debido a los daños humanos y materiales, el abogado de la familia 
perjudicada desea llevar a juicio penal y civil al capitán responsable de la nave. Sin 
embargo, el abogado de este último señala que únicamente un tribunal militar puede 
conocer el caso ya que la embarcación pertenece a la Semar, bajo el mando de un 
capitán de la Semar y con tripulación de la Semar. ¿Quién tiene razón?
El abogado, puesto que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos, la Ley 
Orgánica y la de la Fuerza Militar, los distintivos son una forma de identificar visualmente la 
nacionalidad o la afiliación de un barco militar, pero no son un requisito legal para la jurisdicción 
de un tribunal militar, además ellos tienen la capacidad de investigar y juzgar delitos militares 
cometidos por miembros del ejército, la marina o la fuerza aérea, así como delitos cometidos en el 
marco de operaciones militares o en zonas de conflicto.
10. Un portaviones japonés encalló en un arrecife de coral australiano. Los 
representantes nipones aducen inmunidad soberana para escapar del pago de daños 
y perjuicios al ecosistema natural del país, mientras que los australianos no 
únicamente quieren el pago compensatorio puesto que, dicen, el daño es irreversible. 
En consecuencia, demandan que los responsables sean también procesados ante la 
justicia australiana. ¿Cuál de las reclamaciones procede?
La de Japón, puesto que los buques de guerra y los buques gubernamentales utilizados con fines 
no comerciales gozan de inmunidad soberana absoluta en las aguas internacionales. Esto significa 
que los Estados no pueden ejercer su jurisdicción penal o civil sobre estos buques, excepto en 
situaciones muy limitadas y específicas.
Ivanna Montserrat Castro Caballero
11. En el navío de bandera panameña “Riverdale” se ha documentado, por parte de 
periodistas independientes, la utilización de mano de obra casi-esclava cada vez que 
la nación centroamericana arrenda la embarcación a un subcontratista malayo. La 
prensa panameña ha estallado en indignación y exige que las prácticas cesen de 
manera inmediata y los responsables de las pésimas condiciones de vida de los 
tripulantes sean castigadas con cárcel para los funcionarios implicados en un contrato 
que tiene visos de corrupción de altos funcionarios. ¿Tiene algún sustento legal esta 
petición?
Sí, puesto que los crímenes que incluyen la esclavitud se consideran en contra la humanidad y son 
tomados como delitos internacionales y están sujetos a la jurisdicción universal. Esto significa que 
cualquier Estado puede procesar a los responsables de estos delitos, independientemente de la 
nacionalidad o el lugar donde se cometieron los hechos. Además, los tribunales internacionales, 
como la Corte Penal Internacional, también tienen competencia para juzgar a los responsables de 
crímenes contra la humanidad.
12. La flota turca se encuentra en el ojo del huracán ya que tuvieron conocimiento hace 
un par de días del naufragio cerca de sus costas de un navío ucraniano que 
transportaba a un centenar de refugiados de la guerra. Las autoridades turcas aducen 
que no podían intervenir ya que la zona donde se produjo el naufragio se trata de una 
zona en permanente conflicto militar desde que Rusia comenzó su intervención en el 
país del este europeo. ¿Tiene justificación la omisión turca de salvamento de los 
refugiados ucranianos que se ahogaron en el mar?
La intervención en aguas con conflicto de guerra está regulada por el derecho internacional 
humanitario y depende de las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, cualquier 
intervención en aguas con conflicto de guerra debe cumplir con las normas del derecho 
internacional humanitario, incluyendo el respeto por la vida y la dignidad humana, la distinción 
entre combatientes y no combatientes, la proporcionalidad en el uso de la fuerzay la protección 
de los bienes culturales y el medio ambiente. 
Por lo que, si la intervención no cuenta con una base legal sólida y autorización de las autoridades 
competentes, podría ser considerada como una violación del derecho internacional y podría tener 
graves consecuencias para el Estado o la organización que la llevó a cabo. De igual manera, si la 
intervención pudiera desestabilizar la situación política o afectar los intereses de otros Estados o 
grupos de poder, podría ser considerada como inapropiada o indeseable. En algunos casos, los 
Estados pueden preferir mantenerse neutrales o evitar involucrarse en conflictos para proteger sus 
intereses o mantener la estabilidad regional.