ddhh UNIFICADO DE UNIDADES - Lucio Quiñonez Colman

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15/5/2023

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1 CiRDH, Caso Villagran Morales v. Guatemala (Niños de la Calle), Sentencia de Fondo de 19 de
noviembre de 1999.
2 ONU, Human Rights Committee, General Comment Nº 6 Right to life, 1982.
ONU, Human Rights Committee, General Comment Nº 14 Right to life, 1984.

3 CrIDH, Caso Aloeboetoe y Otros v. Suriname, Sentencia de Reparaciones del 10 de septiembre de 1993.

4 CrIDH, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Voto
Razonado Concurrente del Juez Sergio García Ramírez.

5 CrIDH, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia de Fondo de 25 de noviembre de 2000, Voto
Razonado del Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo.
6 CrIDH, Opinión Consultiva 17 del 28 de agosto de 2002, Condición jurídica y derechos humanos del
niño, Voto Razonado del Juez Antonio Augusto Cançao Trindade.

7 OEA. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Suscrita en Cartagena de Indias,
Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General. Entrada en vigor el 28 de febrero de 1987.

8 CrIDH, Caso Loayza Tamayo v. Perú, Sentencia de Fondo de 17 de septiembre de 1997.

9 SN, Convención sobre la Esclavitud, Adoptada or la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza el 25 de
septiembre de 1926, Entrada en vigor el 9 de marzo de 1927. Esta Convención fue modificada por su
Protocolo del 7 de diciembre de 1953, Adoptado en New York, USA. La función de este Protocolo es
adecuar la Convención a la nueva terminología propia de la posterior existencia de la ONU.

Unidad N° III: Derecho a la libertad: distintas manifestaciones. -
Dr: Rolando Lineras Profesor Titular
Dra: Gisela Gómez J.T.P.
Dra: Maria Soledad Gonzales Camargo J.T.P.
Dr: Julio García J.T.P.
La libertad personal podemos decir, constituye uno de los pilares sobre los que
se afirma la convivencia humana; como derecho ampara las situaciones de
hecho que se traducen en movimientos físicos de las personas y que les permite
organizar su vida individual o social conforme a sus libres opciones y
convicciones. En un sentido amplio la libertad seria la capacidad de hacer o no
hacer todo lo que este lícitamente permitido. Pero este derecho fundamental no
es absoluto ya que el Estado puede privar a una persona de su libertad física
bajo determinadas circunstancias, con estricta sujeción a la ley y con el debido
respeto a ciertas garantías que representan límites infranqueables al ejercicio de
la autoridad por parte del poder público.
La libertad personal es un derecho complejo, traduciéndose en un prerrequisito
para el ejercicio de muchos derechos.
La encontramos regulado entre otros en: CADH Art. 7, CEDH Art. 5; PIDCP Art.
9, 10 y 11.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH):
Articulo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad,
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o
tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de
su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran
ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se
viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez
o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán
interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de
autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes
alimentarios.
CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH)
Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser
privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al
procedimiento establecido por la ley:
a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un
tribunal competente.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una
obligación establecida por la ley.
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para
hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan
indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime

necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de
haberla cometido.
d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente
acordada con el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a
derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible
de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de
un toxicómano o de un vagabundo.
f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho,
de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que
esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve
plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de
cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones
previstas en el párrafo 1, c), del presente artículo deberá ser conducida sin
dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para
ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable
o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede
ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado
en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o
internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a
fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de
libertad y ordene su puesta en libertad, si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en
condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una
reparación.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS (PIDCP)
Artículo 9:
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de
las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada
contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable
o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto
del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso,
para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad
posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera
ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho
efectivo a obtener reparación.
Artículo 10
1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
2.
a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separadosde los adultos y deberán ser
llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su
enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial
será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores
delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
Artículo 11

Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación
contractual.
Alumnos, el presente tema debe ser ampliado con bibliografía señalada en el
programa. Sugerimos lectura del Caso “Tibi vs. Ecuador”, 2004 CrIDH; Caso
“Romero Feris vs. Argentina”, 2019, CrIDH
Para comenzar a hablar de este derecho diremos que al ser intrínseca la relación
entre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, los analizaremos juntos y
luego la libertad de expresión, que es más bien un derecho instrumental que
sirve a los tres primeros.
La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho pluridimensional
que comprende los derechos de divulgar la propia religión o pensamiento, a
conservar o cambiar dicha religión o pensamiento y a realizar manifestaciones
acordes a dichas creencias.
Encuentra regulación en el Artículo 12 de la CADH entre otros.
Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar
de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de
creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o
libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos
reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
Se sugiere ampliar el tema con la bibliografía señalada y lectura del Caso “Diana
Ortiz vs. Guatemala”, 1996, CIDH.
La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal de una
persona, que se desarrolla en un ámbito reservado, el cual tiene como propósito
principal mantenerse confidencial.
Así lo establece la CADH, cuando en su Artículo 11 reza:
Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
Uno de los elementos principales del derecho a la privacidad es el derecho a la
inviolabilidad de la correspondencia, es decir todas aquellas comunicaciones en
que los participantes tengan expectativa razonable de privacidad. También
podemos hacer mención del derecho a acceso que toda persona debe tener con
respecto a la información relativa a su vida privada que se encuentra almacenada
en cualquier base de datos y el derecho de corrección que tiene las personas
sobre la información incorrecta que sobre ellas se haya almacenado.

Se sugiere ampliar el tema con la bibliografía señalada en el programa, otros
instrumentos legales y lectura del Caso “X e Y vs. Argentina, 1996, CADH
La CADH establece en su Articulo 13:
Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de
la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo
de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
Para determinar el ámbito de aplicación de este derecho debemos comprender
su doble dimensión:
Su dimensión individual: “la libertad de expresión no se agota en el
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende
además inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número destinatarios. Cuando
la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende
el derecho de difundir informaciones e ideas – por cualquier… procedimiento -,
está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la
información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de
divulgación directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de
expresarse libremente. De allí la importancia de régimen legal aplicable a la
prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella…” (CrIDH
Opinión Consultiva 5 del 13 de noviembre de 1985, La Colegiación obligatoria de
periodistas).
Su dimensión social: “la libertad de expresión es un medio para el intercambio
de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres
humanos. Así como comprende el derecho de cada uno tratar de comunicar a
los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a
conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia
el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros
como el derecho a difundir la propia”. (CrIDH, Opinión Consultiva 5 del 13 de
noviembre de 1985, La Colegiación obligatoria de periodistas).

La libertad de expresión esuno de los pilares fundamentales de la democracia,
solo la existencia de un régimen auténticamente democrático puede asegurar la
vigencia de la libertad de expresión. Al efecto se ha expresado la CrEDH que: “la
libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal
sociedad (democrática), una de las condiciones primordiales para su progreso y
para el desarrollo de los hombres”. CrEDH, Caso Olmedo Bustos “La última
tentación de Cristo” vs. Chile, Sentencia de fondo de 5 de febrero de 2001. Por
su parte no se debe perder de vista el papel fundamental que tiene la libertad de
expresión en los procesos electorales.
En cuanto a las restricciones que se puede imponer al ejercicio de este derecho
la CrIDH ha reconocido que: “la libertad de expresión no es un derecho absoluto,
este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la
Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención Americana, en su
artículo 13.2 prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de
expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades
ulteriores por el ejercicio abusivo de ese derecho…” (CrIDH, Caso “Herrera Ulloa
vs. Costa Rica”, Sentencia de 2 de julio de 2002).
Las restricciones al derecho a la libertad de expresión, deben cumplir una serie
de requisitos, deben estar expresamente fijadas en la ley; deben estar
destinadas a proteger ya se los derechos o la reputación de los demás o la
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública
y por ultimo deben ser necesarias en una sociedad democrática.
Se sugiere ampliar el tema con la bibliografía señalada en el programa, otros
instrumentos legales y lectura del Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, CrIDH
Sentencia de 2 de julio de 2002.
Podemos definir al derecho de acceso a la información como el derecho a una
persona de buscar y recibir información en poder del Estado y/o de las

administraciones públicas, reconociéndolo como un derecho fundamental para
una sociedad en democracia. Atañe a todas las personas, sin importar la edad,
sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia,
discapacidad, o alguna otra característica física, intelectual, profesional o
patrimonial existente y deberán ser informadas de la actualidad del Estado.
Este derecho es un componente del derecho a la libertad de expresión, el cual
ya fue abordado anteriormente.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 establece:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.”
Alumnos, el presente cuadernillo es una guía orientativa de la unidad,
queda en cada uno de ustedes profundizar el desarrollo y posterior estudio
de los temas abordados.

:
Dr: Rolando Lineras Prof. Tit.
Dra: Gisela Gómez J.T.P
Dra: Maria Soledad Gonzales Camargo J.T.P
Dr: Julio García J.T.P
La Constitución de 1853-1860, siguiendo las pautas de legitimidad política
propias de su época, no programó una democracia participativa, sino
representativa, Por ello, no enunciaba la totalidad de los derechos políticos
de los habitantes. Muchos eran implícitos, derivados del art. 33 del texto
constitucional, o fueron elaborados por el derecho consuetudinario
constitucional posterior. La reforma constitucional de 1994, adherida a una
visión más actualizada del concepto de democracia (en el sentido de
tornarla más participativa), enunció formalmente una serie de derechos en
los nuevos arts. 36 a 40, partiendo del supuesto de garantizar "el pleno
ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía
popular y de las leyes que se dicten en consecuencia" (art. 37).
Son anexos a la participación en la vida estatal, como sufragar, elegir
diputados y senadores, presidente y vicepresidente y constituyentes,
formar partidos políticos y a la resistencia a la opresión, así como también
el derecho de iniciativa popular de leyes. Conviene alertar que hay derechos
que llamamos generales, que inciden en cualquier ámbito, como el gremial
y el político (así, el de peticionar a las autoridades, la libertad de expresión,
el de reunión, etcétera). A todo lo dicho corresponde agregar los derechos
emergentes de documentos internacionales con jerarquía constitucional, a
tenor del art. 75, inc. 22, de la Constitución.

Así El art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título de
derechos políticos, indica: "Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección
de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad,
a las funciones públicas de su país". Añade el ine. 2 de este mismo
artículo: "La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal".
Este derecho inferido del art. 33 de la Const. nacional (derecho no
enumerado). dentro del marco de la Constitución de 1949, fue negado a los
comunistas extranjeros que residían en el país, "pasibles de expulsión por
sus actividades disolventes", argumentando la Corte que aquel derecho
estaba pensado "para salvaguardia de las libertades argentinas y no para su
aniquilamiento".
La Constitución nacional no menciona expresamente al derecho de
reunión. No obstante, la Corte Suprema ha dicho de él que es un derecho
esencial y primario, tal vez el principal, "pues más que un derecho concreto
y aislado constituye la condición normal para el ejercicio de los demás
derechos en una sociedad organizada según el régimen democrático". La
Corte Suprema ha sostenido que ese derecho tiene su origen en la libertad
individual, de palabra y de asociación, y que nace de la soberanía del pueblo
y de la forma republicana de gobierno, hallándose implícitamente
comprendido en el art. 33, entre los derechos constitucionales no
enumerados. Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica (art. 15)
establece: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El
ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas

por la ley, que "sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de
la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger
la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás".
Según la Corte Suprema, el ejercicio del derecho de reunión requiere
indispensablemente una causa lícita para el encuentro, pero al respecto, no
pueden ser prohibidas las reunionesen razón de las ideas, opiniones o
doctrinas de sus promotores, sino de los fines por los cuales han sido
convocadas al contrario, pueden ser negadas las que contraríen normas de
la moralidad social, tiendan a suprimir las libertades individuales o
conspiren contra la libertad política.
La libertad de asociación se diferencia de la libertad de reunión en la medida
en que las asociaciones tienen naturaleza permanente o al menos aspiran a
dicha permanencia, en contraste con el carácter accidental de las reuniones.
Las asociaciones generalmente adquieren además algún tipo de estructura
organizativa como nos define la Opinión Consultiva N° 5: “ la libertad de
asociación es el derecho del individuo de unirse con otros en forma
voluntaria y durable para la realización de un fin lícito. Las
asociaciones se caracterizan por su permanencia y estabilidad, el
carácter ideal o espiritual, por oposición al físico o materia, de la
unión, por la estructura más o menos compleja que se desarrolla en el
tiempo y por la tendencia a expandirse y a cobijar el mayor número de
miembros interesados en los fines.”
El art. 14 de la Const. nacional declara el derecho de "asociarse con fines
útiles". El Pacto de San José de Costa Rica, en su art. 16, establece que todas
las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos
o de cualquiera otra índole. Añade el inc. 2 que tal derecho sólo puede estar
sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad

o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los
derechos y libertades de los demás. Como nota particular, el inc. 3 del art.
16 del Pacto agrega que el derecho a asociarse "no impide la imposición de
restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de
asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía". El art. 14
de la Const. nacional, repetimos, señala el derecho de "asociarse con fines
útiles". Es un concepto de contenido general, que se puede plasmar en el
ámbito mercantil pero también en el cultural, religioso, deportivo, político,
etcétera. Lo "útil" es lo que satisfaga ciertos objetivos, y éstos varían de
sujeto a sujeto, por lo cual pueden existir sociedades o asociaciones de la
más diversa índole. El mensaje constitucional es impedir la asociación con
objetivo» contrarios a los principios y valores de la Constitución, o lesivos
a las pautas del art. 19 (es decir, si afectan la moral o el orden público, o
perjudican a terceros). La Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que el
derecho de asociación es reglamentable como cualquiera, al no existir en la
Constitución derechos absolutos, Sin embargo, esas normas regulatorias no
pueden establecer requisitos irrazonables, ni la autoridad de aplicación
imponerlos. En "Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual"
(sentencia del 21/11/06), la Corte Suprema determinó que el "fin ulil"
requerido por el art. 14 de la Const. nacional se cumplía si la asociación del
caso adoptaba cualquier objetivo, sin recurrir a la violencia, ni ofender el y
la moral pública, ni perjudicar a terceros. Además, no debe propender a
destruir las "cláusulas inmutables" enunciadas en los arts. I° y 33 de la ley
suprema. Por lo demás, juzgó que la lucha contra la discriminación
importaba una empresa de bien común por parte de una asociación y
justificaba concederle personería jurídica. El derecho a constituir, a ingresar
y a retirarse de las asociaciones y sociedades, dentro de pautas razonables
de reglamentación, legitimadas por el mismo art. 14 de la Const. nacional,
cuando menciona las leyes que son aplicables al ejercicio de los derechos
constitucionales. Los tratados de derechos humanos constitucionalizados
por el art. 75, inc. 22, regulan los aspectos relacionados con la libertad de
asociación. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(art. XXII), Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art.III), Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22), Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (arts. 2°, 4° y 5°), Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) (art. 16), Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 7° y 14) y
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 15).
La CIDH se ha referido en el caso “BAENA RICARDO. “Esta libertad supone
que casa persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no
formar parte de la asociación. Se trata pues del derecho fundamental de
agruparse para la realización común de un fin lícito sin precisiones o
intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. -
El derecho al nombre es el derecho de cada persona a cotar con un nombre
que le atribuya identidad jurídica. En este sentido es un derecho
complementario al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Es importante señalar que por nombre debemos entender no solo el nombre
en sentido común, sino el conjunto de todos los elementos que conforman
normalmente el nombre en un sistema jurídico determinado, como los
apellidos.
El derecho al nombre se trata de una facultad constitucional
sobreentendida o tácita, emergente de los arts. 14 y 33 de la ley suprema. El
Pacto San José de Costa Rica, que puntualiza: "Toda persona tiene derecho
a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La
ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante
nombres supuestos, si fuere necesario" (art. 18). El derecho al nombre
presupone la existencia de un derecho constitucional a la identidad. La
CEDH no contiene una norma expresa sobre el derecho al nombre, se ha
referido a la importancia de los nombres a la luz del derecho a la vida
privada y familiar reconociendo al nombre como un medio para la
identificación personal y la vinculación de una familia”

La CIDH en el caso ALBARO J. ROBELO G. explica un concepto más bien
político o sociológico de nacionalidad, y lo define de la siguiente manera:
La nacionalidad está relacionada al concepto de nación. El Nacional de un
estado es el individuo que pertenece a un grupo particular y comparte
factores comunes como el origen, historia, idiomas, costumbres y la
conciencia de un destino común, aunque no necesariamente pertenezca al
Estado. La nacionalidad es una lazo cultural e histórico que una a individuo
con la Nación. Existe un elemento de solidaridad racial, política e
institucional que constituye a la Nación. Es el estado propio de la persona
nacida o naturalizada en una Nación.- La Corte Interamericana En Opinión
Consultiva N° 4 define a la nacionalidad, haciéndolo desde un concepto
jurídico del mismo término y lo define: “como el vínculo político que
liga a una persona con un estado determinado por medio del cual se
obliga con el relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su
protección diplomática… La nacionalidad conforme se acepta
mayoritariamente, sede ser considerada como un estado natural del
ser humano, Tal estado no solo el fundamento mismo de su
capacidad política sino también de parte de su capacidad civil”.
En el ámbito Nacional el Congreso debe regular la naturalización y la
nacionalidad "con sujeción al principio de la nacionalidad natural"(art. 75,
inc. 12), surge para los argentinos nativos el derecho a ser ciudadanos y
nacionales de la República. Otros artículos de la Constitución refieren a los
derechos de los ciudadanos (arts. 8°, 21, etcétera).
Dentro de los derechos Civiles y políticos, este derecho es el más abarcativo
y complejo, como los referentes derechos económicos, sociales y culturales.
En la CEDH solo aparece referencia expresa al derecho a contraer
matrimonio, más no en otros tratados, en la Comisión Europea de D.H lo
abordan desde la Óptica del derecho a la vida privada y familiar, dentro del
derecho autónomo a la protección de la familia.

La definición de familia tiene un contenido propio, citando a la Corte
Europea, al misma ha dicho: “ es importante considera el alcance que tiene
el concepto de familia para radicar los deberes y facultades a los que
hacemos referencia. La corte europea de derechos Humanos ha sostenido
en diversas ocasiones que el concepto de vida familiar no esta reducido
únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho
done las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio.
Con esto se hace referencia al obligación estatal de asegurar medidas que
posibiliten la convivencia entre los familiares, por un lado absteniéndose
de tomar medidas ilegitimas que imposibiliten su vida o dificulten esa
convivencia y por otro tomando medidas positivas para ese fin (crIDH-
OPINIÓN.CONSULTIVA N° 17).
El derecho del hombre y la mujer de formar una familia implica la potestad
inherente y privativa de los padres a decidir el número y esparcimiento de
sus hijos sin que el estado pueda impedírselo, en este sentido la Declaración
para el progreso y el Desarrollo Social establece en su art. 4: “ la familia
como unidad básica de la sociedad y el medio natural para el
desenvolvimiento y bienestar de sus miembros, especialmente los niños y
los jóvenes deben ser ayudada y protegida para que pueda asumir
plenamente sus responsabilidades en la comunidad.” Los padres tienen el
derecho exclusivo a determinar libre y responsablemente el número y
esparcimiento de sus hijos, incluso a fundar una familia y decidir el método
pro el cual desean tener a sus hijos de acuerdo a los avances de la genética
y la ginecología, siempre que estos métodos sean permitidos por la
legislación.-
La corte Europea ha sostenido que el derecho al matrimonio no incluye el
derecho al divorcio, sin embargo no podemos compartir esa posición
porque de acuerdo al principio por homine regla de hermenéutica regente
en el derecho internacional de los derechos humanos, los trabajos
preparatorios no pueden ser utilizados para hacer una interpretación
restrictiva de un derecho consagrado. Asimismo los textos de la CADH,
CEDH y PIDCP, se desprende la institución de una verdadera libertad de

matrimonio, por l que consideramos que al matrimonio se deben aplicar
reglas generales aplicables a las libertades fundamentales.
La CADH reconoce el derecho al matrimonio solo en parejas de sexos
opuestos, sin embargo la Carta de Derechos Fundamentales de la
comunidad Europea en su art. 9 omite hacer esa especificación,
probablemente como ha dicho al Corte Europea debe ser acorde a la
necesidades actuales. Con relación al reconocimiento del derecho al
matrimonio de personas transexuales con otras de su mismo sexo biológico
no hay disposición expresa en ninguno de los tratados de DIDH que diga
que parámetros deben evaluarse para considerar a una persona como
hombre o mujer, sin embargo el principio de desarrollo progresivo de los
derechos humanos plantea la duda de que si ante las condiciones actuales
deben ser evaluados otros tipos de elementos y no el natural. La Corte
Europea sostuvo por mucho tiempo que negar este tipo de matrimonio no
es violatorio de los derechos humanos, y recientemente se ha decidido
cambiar el sentido de sus jurisprudencias y determinar que es una
obligación estatal el conceder a las personas en esa situación el derecho al
matrimonio.
En cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio, no se establece una,
la DUDH habla de edad núbil. Sin embargo al Recomendación sobre el
Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer
matrimonio y el Registro de los matrimonios si establece en su principio II
una edad mínima de años, antes de la cual nadie deberá contraer
matrimonio, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y de
interés de los contrayentes dispense del requisito de la edad, ahora esto es
solo una recomendación , tocará a cada legislación interna de cada país
establecer el requisito tomando en cuenta que no sea una edad demasiado
temprana y siempre que se atienda al principio de interés superior del
menor.
El Sr Juez Sergio García Ramirez en relación a protección que ofrece el art
17 de la CADH ha dicho que no es privativa a los matrimonios civiles de
carácter contractual, sinó que incluye a las uniones de hecho” es evidente
que el matrimonio como contrato o institución de derecho civil no

constituye y menos aún en muchos países americanos la única forma de
formar una Familia, El derechos familiar moderno ha girado
apreciablemente en el sentido que la libertad, la equidad, y la realidad
imponen. Estas otras formas de integrar la unión doméstica producto de la
libre decisión de las personas merecen el respeto y la salvaguarda la ley y
de las instituciones como acredita el derecho comparado. Así en el numeral
3 del art. 17de la CADH establece eel libre y pleno consentimiento de los
cónyuges como conditio sine qua non para la celebración del matrimonio
el cual también es contemplado aso en la DUDH y e PICDP. La Convención
sobre el consentimiento para el matrimonio la edad mínima para contraer
matrimonio y el registro de los matrimonios establece en su art. 1.1: No
podrán contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre
consentimiento de ambos contrayentes, expresado por estos en persona,
después de la debida publicidad, ante la autoridad competente para
formalizar el matrimonio y testigos de acuerdo con la ley. Y el art 1.2. “ sin
perjuicio d ellos dispuesto en el párrafo 1, no será necesario que una de las
partes esté presente cuando la autoridad competente este convencido de
que las circunstancias son excepcionales y de que tal parte ante la autoridad
competente uy de modo prescripto por la ley, ha expresado su
consentimiento de modo prescripto pro la ley, ha expresado su
consentimiento sin haber restirado posteriormente” (Consentimiento por
poder).- y en este sentido también lo expresa en el principio I la
Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio y la edad
mínima para contraer matrimonio: “solo permitirá el matrimonio por poder
cuando las autoridades competentes estén convencido de que cada una de
las partes ha expresado su pleno y libre consentimiento ante una autoridad
competente en presencia de testigos y del modo prescripto por la ley sin
haberlo retirado posteriormente.”
La Corte Europea ha mantenido que las obligaciones estatales relativas al
acceso a la institución y a la protección de las mismas son solo dentro de
su jurisdicción, pues el reconocimiento de los matrimonios contraídos fuera
de su jurisdicción estatal es un tema que compete únicamente al derecho
internacional privado.-

La CrIDH puntualiza 4 premisas fundamentales:
1. Que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.-2. Que tales usos y goces se pueden subordinar por mandato de una ley,
al interés social.-
3. Que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de
utilidad púbica o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por ley.-
4. Y que dicha privación se hará mediante el pago de una justa
indemnización
De acuerdo con la CIDH el concepto de propiedad privada se refiere al
“derecho de disponer de algo de cualquier manera legal, de poseerlo, usarlo
e impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho”,
considera la CIDH que la propiedad, “es el dominio o derecho indefinido de
usar, controlar y disponer que se pueda ejercer lícitamente sobre la cosa u
objetos determinados”, es una definición de un derecho Civil y no
abarcativa por el derecho internacional de los derechos humanos, y este
abarca todo el rango de los derechos patrimoniales ciertos. En este sentido
el Juez Sergio Ramirez ha comentado. “ no es posible desconocer, por el
contrario es necesario reconocer que heterogénea integración de ese
patrimonio individual que no solo se compone con el derecho real de
propiedad sobre los bienes legalmente susceptibles de ella y titulados en
con secuencia, sino también por lo que alguna vez denominó
desprendimientos de la propiedad, uso, usufructo, habitación y por otras
manifestaciones de tenencia legítima que la ley común protege de manera
semejante a la propiedad” En este sentido la Corte Europea ha reconocido
que las meras expectativas de derecho en principio no son objetos de su
protección pero si podrías serlo las expectativas de propiedad de alcanzar
cierto grado de certeza y exigibilidad. Por Ej: la expectativa de recibir ciertas
sumas de dinero por la venta de un bien cuando esta todavía no ha sido
pactada no forma parte del derecho humano de propiedad sin embargo su

expectativa de recibir una suma de dinero producto de una venta cuando la
obligación de pagar al comprador se fundamente en un titulo ejecutable por
sentencia judicial, si lo es., porque son certezas de recibir el pago de un
salario, y se consideran dentro del ámbito de protección que se
fundamenten en el reconocimiento judicial de un derecho patrimonial y la
que se fundamentan en títulos ejecutables.
Este derecho tiene por sí una proyección además de individual, colectiva.
Es un derecho de la persona en tanto miembro de una colectividad socio –
económica lo que implica connotaciones importantes a la hora de consagrar
el alcance de este derecho.
Es común que el ejercicio del derecho de propiedad no solo sea realizado
por los individuos de manera directa, sino además de manera indirecta,
mediante la participación que una persona tiene sobre un patrimonio
colectivo, y que constituye un derecho individual, pues también son bienes
que conllevan efectos de protección Internacional.
a. En este sentido un individuo aún conservando íntegramente su título
de participación puede verse afectado en su patrimonio de verse
menoscabado o afectado el patrimonio colectivo por injerencias
estatales tales como la expropiación. En esos casos el Protocolo N °1
de la CEDH en su artículo 1 reconoce expresamente el derecho de
propiedad de las personas jurídicas. En este sentido la CrIDH se
refirío a la forma en que una persona puede ser legítimamente
privada de su uso y goce de sus bienes y reiteró que la privación de
los bienes de una persona debe fundarse en razones de utilidad
pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa
indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas
establecidas por ley.- Determina además que el término Interés
´público debe ser entendido en sentido amplio, no se puede entender
que la única causa legitima para que un estado prive a una persona
de sus bienes sea la necesidad de utilizar los mismos para uso de la
población en general, pues existen otras causas que podrían
entenderse como de interés social como el desarrollo económico /ej
expropiación para la instalación de una fábrica privada que va a

generar empleos (o la necesidad de mantener el imperio de los
derechos (asegurar el cumplimiento de obligaciones civiles o fiscales.
En cuando al requisito de cumplir las formas establecidas en la ley,
salvo en los casos en que la privación de la propiedad se de por causas
de naturaleza penal no es necesario de un proceso previo pero si de
que hayan medios de impugnación disponibles para controlar la
legalidad y la nacionalidad de las medidas tomadas. En cuanto a la
justa indemnización no hay reglas imperativas sobre como
calcularlas y en principio corresponde a casa estado determinarlo, sin
embargo hay ciertos elementos que necesariamente deben ser
evaluados como:
a. La indemnización no puede entenderse en el sentido de que libere
al estado de realizar la indemnización pecuniaria correspondiente
si la propiedad donde ha sido recolocado es e menor valor, o hay
gasto emergente de la recolocación.-
b. Es aceptable descontar de la indemnización el valor de los
beneficios que la expropiación puede tener para el propietario
como el aumento del valor de otras propiedad que tenga
adyacente a la expropiada, pero deben existir recursos para que el
afectado impugne la existencia y el valor de dichos beneficios, úes
es especialmente peligroso el presumir sin posibilidad de prueba
en contrario la existencia de beneficios y el desconsiderar las
condiciones personales del afectado a la hora de valorarlos.
c. Es aplicable calcular la depreciación entre el valor de la propiedad
al momento de su adquisición por parte del propietario y el valor
al momento de la expropiación.
d. La inflación debe ser tomada en cuenta para determinar el monto
de la indemnización, así como la depreciación monetaria.
e. Una indemnización justa debe contener los intereses desde el
momento de la expropiación hasta que se fija el monto
indemnizatorio, asi como desde que se fija este hasta que esté
pagado.

f. Una indemnización justa puede ser inferior al valor de mercado
de la propiedad, porque el valor de mercado constituye una
expectativa de derecho en el casi de venta de la propiedad y no un
derecho adquirido.-

Art 22 de la CADH juntamente con el Comité de Derechos Humanos de la
ONU consideran que “ el derecho de circulación se trata del derecho de
toda persona de trasladarse libremente de un lugar a otro y a
establecerse libremente en el lugar de su elección . El disfrute de este
derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo particular de la
persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una
condición indispensable para el libre desarrollo de la persona.”
Para el ejercicio de este derecho la mayoría de los sistemas jurídicos
requieren de ciertas documentaciones por ejemplo licencias de conducir,
pasaportes, y los procedimientos para la obtención de tales deben ser
accesibles a toda la población y libres de todo tipo de discriminación y
cuando se vay a aprivar a una persona de alguno de estos documentos se
debe atender siempre al principio de legalidad ya que la CrEDH ha
encontrado violatoria del derecho de libertad de circulación la confiscación
arbitraria de documentos de esta naturaleza.
Además no solo implica que una persona no pueda ser desplazada y
trasladada contra su voluntad de un lugar a otro del territorio del estado,
sinó que no se le impida por cualquier medio hacerlo cuando así lo desee,
sobre todo cuando sea desplazada de su lugar de residencia o se impida
regresar al mismo, esto corresponde tanto a nacionalescomo extranjeros
que se encuentren en dicho territorio.
La DIDH reserva este derecho para las personas que se encuentran
legalemnte en el territorio del estado donde estén al respecto el comité de
derechos humanos de la INU ha señalado: “ el tema respecto a si un
extranjero se encuentra legalmente en el territorio de un estado es un asunto

regulado pro el derecho interno en el cual puede someter la entrada de u
extranjero al territorio estatal a restricciones siempre y cuando esas sean
compatibles con las obligaciones internacionales del estado . En este sentido el
comité ha sostenido que un extranjero que ha entrado ilegalmente a un país,
pero cuyo estado ha sido regularizado debe considerarse como que se
encuentra legalmente en el territorio para los efectos del artículo 12”.-

Los derechos políticos no son concedidos a todas las personas en general,
sinó que su ejercicio está reservados solo para los ciudadanos, quedando
dentro del margen de apreciación estatal definir quienes serán considerados
ciudadanos, sin ser arbitraria o discriminatoria esa definición. Distinguimos
los derechos políticos de los derechos civiles especialmente del punto de
vista de su naturaleza misma. Los derechos políticos son aquellos que
vinculan a la nacionalidad, la ciudadanía y sus derivaciones como ser el
sufragio, y la participación política, así como también la conducción de los
asuntos públicos. En su análisis revisten especial interés los principios de
igualdad y no discriminación tal cual veremos. Con respecto a la
nacionalidad y la ciudadanía por lo general hay consenso en señalar que la
primera refiere a lo natural, real o sociológico, al vínculo fáctico que une a
las personas con un lugar o país ya sea por el nacimiento o por la voluntad
de pertenecer o formar parte del lugar. La ciudadanía tendría una
connotación jurídica que se pauta en relación a lo formal y a los requisitos
que debe revestir la persona para adquirir la categoría de ciudadano. En
ambos casos se incluyen no solo derechos sino también deberes. La
regulación relativa a la nacionalidad y la ciudadanía emerge de las
constituciones de los estados y se vinculan directamente con la Teoría del
Estado y la forma en la cual se aproximarán los individuos a un sistema de
gobierno que legitime la autoridad y el poder. Por cierto se verifica un
estrecho nexo entre la nacionalidad y la ciudadanía. Los propios Estados lo
establecen para alejar dudas en relación al ejercicio concretos de derecho y
deberes. Se regula entonces el derecho a participar de los asuntos públicos,
directa o indirectamente; el derecho a votar con todas las garantías que

implica este acto como ser la universalidad y la intimidad; el derecho a
acceder a la administración pública sin distinciones de ninguna naturaleza.
Un elemento interesante radica en analizar quien detenta la titularidad del
derecho político. A modo de ejemplo podrán sufragar en determinado país
al igual que postularse a los cargos aquellos que reúnan determinadas
condiciones previstas por lo general en los textos constitucionales. Por
ejemplo: la edad (los menores no votan); el lugar de nacimiento o
avecinamiento; el tiempo en el cual se permanece en un lugar; etc. Por otro
lado del punto de vista del Derecho Internacional la regulación de la
nacionalidad no es un tema menor. La vinculación del hombre con su
origen ha sido objeto de tratamientos jurídicos a lo largo de la historia
variando los elementos según la voluntad de cada estado: ius soli (relativo
al suelo donde se nace); ius sanguini (según sea hijo de nacionales mas allá
del lugar donde nace).Estos elementos pueden verse juntos o separados. Por
último ius labori (atiende al lugar donde se trabaja).
En cuanto a su naturaleza la CDHONMU ha dicho que son derechos
individuales distintos del derecho general que tienen los pueblos a su
autodeterminación, por lo que pueden ser objeto de peticiones individuales,
puesto que se hayan contemplados en la CADH, pues son de competencia
de los organismos internacionales de derechos humanos.
La CIDH estableció en base a los instrumentos normativos que la regulan
que “ está facultada para examinar y evaluar en que medida la legislación
interna de los estados partes garantiza o protege los derechos estipulados
en la Convención y si adecuado ejercicio y naturalmente entre estos, los
derechos políticos. Igualmente la Comisión Interamericana de derechos
humanos está facultad para verificar con relación a estos , si la realización
de elecciones periódicas, auténticas, con sufragio Universal, igual y secreto
se producen en un marco de garantías necesarias para que los resultados
representen la voluntad popular, incluida la posibilidad de que los electores
puedan si fuere el caso, recurrir efectivamente contra un procesos electoral
que consideren viciado, defectuoso o irregular o que desconoce o queden
desconocer el derecho de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país”. Aún la CIDH reconoce que

los poderes de supervisión no son absolutos. Así lo dijo: “reconocer el grado
de deferencia que corresponde otorgar a los estados en la organización de
sus instituciones políticas para dar efecto al derecho al voto y a participar
en el gobierno. La comisión solo debe interferir en los casos en que e estado
ha restringido la esencia y la eficacia del derecho de las personas a
participar en su gobierno”. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos
consagra en el artículo 25 el derecho a participar en la dirección de asuntos
políticos en forma directa o indirecta; votar y ser electos; acceder en
condiciones de igualdad a funciones públicas. En relación al ejercicio del
voto se prevé que el sufragio universal y el voto secreto como formas de
asegurar la igualdad y la libertad en la expresión de voluntadde los
electores. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos estableció en el artículo 23 los derechos políticos sin perjuicio de
la remisión a otros artículos que deben observarse para su pleno ejercicio
como la igualdad y no discriminación: Inciso 1: “Todos los ciudadanos deben
gozar de los siguientes derechos y responsabilidades: a) participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, realizadas
por el sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores y c) de tener acceso en condiciones de
igualdad a las funciones públicas del país.” El inciso 2 del artículo 23 establece
que: “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental,
condena por juez competente en proceso penal”.

:
Dr: Rolando Lineras Prof. Tit.
Dra: Gisela Gómez J.T.P
Dra: MariaSoledad Gonzales Camargo J.T.P
Dr: Julio García J.T.P
Comenzaremos refiriéndonos a la relación entre los dos conceptos de no
discriminación y la igualdad ante la Ley, como dijo el Juez Piza Escalante: “…los
conceptos de igualdad y de no discriminación se corresponden mutuamente,
como las dos caras de una misma institución: la igualdad es la cara positiva de
la no discriminación, la no discriminación es la cara negativa de la igualdad, y
ambas expresiones de un valor jurídico de igualdad que está implícito en el
concepto mismo de Derecho como orden de justicia para el bien común”. A pesar
de complementarse son, dos derechos autónomos.
El distinguir entre dos conceptos y recalcar su autonomía sí es de suma
importancia para efectos de determinar la responsabilidad Estatal. Debemos
hacer énfasis en que el principio de igualdad ante la Ley contenido en el artículo
24 de la CADH prohíbe toda discriminación legal o de origen legal, es decir
contenida propiamente en la ley o producida por la interpretación Estatal de la
misma.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH)
Articulo 1.1 Obligación de respetar los derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Articulo 24 Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación a igual protección de la ley.
CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH)
Artículo 14. Prohibición de discriminación.
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de
ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza,
color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación.
Protocolo Nº 7 CEDH
Articulo 5 Igualdad entre los esposos.
Los esposos deben gozar de igualdad de derechos y responsabilidades de
carácter de derecho privado entre ellos, y en sus relaciones con sus niños,
respecto al matrimonio y en el evento de su disolución. Este artículo no debe
prevenir a los Estado de tomar las medidas que sean necesarias en el interés de
los niños.
Artículo 1.- Prohibición general de la discriminación.
1. El goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados
sin discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua,
religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación.
2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de cualquier autoridad
pública, basada en particular en los motivos mencionados en el apartado 1.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS (PIDCP)
Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto.
Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
A los DESC se les llama con frecuencia en el mundo jurídico como “Derechos
Humanos de Segunda Generación”. Son indivisibles e interdependientes.
En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el
instrumento rector en materia de DESC es el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, también conocido como: Protocolo de San Salvador.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH)
Preámbulo.
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria
(Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la
Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos
humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos
encargados de esa materia.
CAPITULO III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por
vía legislativa u otros medios apropiados.
CARTA DE LA OEA
Artículo 33.
El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un
proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo
que permita y contribuya a la plena realización de la persona humana.
Artículo 34
Los Estados miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la
eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del
ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones
relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo
integral.
El derecho a la salud está directamente relacionado con los derechos a la vida y
a la integridad personal, su alcance ha sido ampliamente detallado en la
Observación General Nº 14 del CDESCONU.
De acuerdo al CDESCONU el derecho a la salud contiene libertades que
“incluyen el derecho de controlar el propio cuerpo y la salud, incluida la libertad
sexual y reproductiva y el derecho de estar libre de injerencias, tales como la
tortura, tratamiento médico no consensual y experimentación”. Estas libertades
a las que se refiere el COMITÉ forman parte de otros derechos autónomos.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PSS)
Artículo 10. Derecho a la Salud

1. Toca persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social;
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estado Partes se
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmentea
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a) La atención
primaria de la salud, entendido como tal la asistencia sanitaria esencial puesta
al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b) la extensión
de los beneficios de los servicios de la salud a todos los individuos sujetos a la
jurisdicción del Estado; c) la total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas; d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades
endémicas profesionales y de otra índole; e) la educación de la población sobre
la prevención y tratamiento sobre los problemas de la salud, y f) la satisfacción
de las necesidades de la salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus
condiciones de pobreza sean más vulnerables.
CARTA DE LA OEA
Artículo 34.
Los Estados Miembros…convienen asimismo dedicar sus máximos esfuerzos a
la consecución de las siguientes metas básicas: i) Defensa del potencial humano
mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia
médica…
SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PIDESC)
Artículo 12
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo
de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.
Este derecho forma parte esencial del derecho a un nivel de vida adecuado y por
lo mismo es señalado expresamente en el PIDESC. El CDESCONU se ha
referido a su contenido y alcance en su Observación General Nº 4.
Debe ser entendido en un sentido amplio, debe verse como el derecho a vivir en
un lugar en seguridad, paz y dignidad.
Su goce no depende de la capacidad económica, incluye el derecho a acceso
desde la vivienda a las facilidades y recursos esenciales.
Este derecho comprende la obligación estatal de brindar seguridad jurídica
respecto a la ocupación habitacional.
CARTA DE LA OEA: Articulo 34
PIDESC: Articulo 11
El derecho a la educación comprende derechos individuales a los que nos
referimos posteriormente, pero, además, obligaciones positivas de desarrollo
para el Estado. Mientras que el Estado está en la obligación de crear un sistema
educativo completo, sus obligaciones específicas varían dependiendo de los
niveles de educación, podemos separar estas obligaciones en dos grupos
especiales:
a) La gratuidad y la obligatoriedad de la educación primera;
b) Desarrollo progresivo de la calidad y accesibilidad de los otros niveles del
sistema educativo.
La educación como proceso de enseñanza es fundamental para crear una
consciencia de respeto y ejercicio de los derechos humanos.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PSS)
Artículo 13. Derecho a la Educación.
CARTA DE LA OEA

Artículo 34
Los Estados Miembros…convienen asimismo dedicar sus máximos esfuerzos a
la consecución de las siguientes metas básicas: h) Erradicación rápida del
analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la
educación.
Artículo 47
Los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de
desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura
orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como
fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.
Artículo 49
Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de
acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la
educación, sobre las siguientes bases:
a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y
se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella.
Cuando la imparta el Estado, será gratuita;
b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte
posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de
manera que, sin perjuicio de la formación general de los educandos, satisfaga
las necesidades del desarrollo de cada país, y
c) La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener
su alto nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas
correspondientes.
Artículo 50
Los Estados miembros prestarán especial atención a la erradicación del
analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos y habilitación
para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la
población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el
cumplimiento de estos propósitos.

Este derecho que debe interpretarse conforme los principios generales de la
prohibición de discriminación tiene la particularidad de que genera como
obligación principal que el Estado deba intervenir en las contrataciones laborales
que se den entre particulares para asegurar su cumplimiento, presenta una
limitante a la capacidad de contratación con la que cuentan la mayoría de los
negocios particulares.
Esta tutelado también por otros instrumentos y mecanismos internacionales,
especialmente los emanados de la Organización Internacional del Trabajo (OTI),
Convenio Nº 100 sobre Igualdad de Remuneración y Convenio Nº 111 sobre la
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PSS)
Artículo 6. Derecho al Trabajo
Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo
SUPDH: Articulo 6; 7.
DERECHOS SINDICALES:
El derecho a la libertad Sindical constituye una ley especial con respecto al
derecho de libertad de asociación, que por la importancia que tienen los
sindicatos en el plano social como actores de contrapeso frente a quienes
ostenten el poder económico, se les ha dado autonomía normativa. Este DESC
de naturaleza laboral ha sido desarrollado por la OTI en el Convenio Nº 87 sobre
la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio Nº
98 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PSS)
Artículo 8. Derechos Sindicales.
CARTA DE LA OEA:
Artículo 45
SUPDH: Articulo 8
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO.

El derecho al medio ambiente sano esta solo recogido como tal en el PSS, sin
embargo, en los otros documentos es un derecho que se puede desprender del
derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado.
El Derecho Ambiental Internacional a alcanzado auge como una rama autónoma
a través de la firma de los tratados especializados en la materia como por
ejemplo La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Protocolo de Kyoto y el Convenio sobre Diversidad Biológica.
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
(PSS)
Artículo 11
El Comité de Derechos Económicos,