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http://www.neticoop.org.uy/article1559.html#nh1
Cooperativas de trabajo y Empresas Recuperadas
Por Lic. María del Pilar Orgaz*
Siguiendo con el análisis en torno al discurso político dominante sobre las cooperativas de trabajo y la evaluación real de las políticas implementadas queremos indagar en este número en el caso de las empresas recuperadas.
Las empresas recuperadas conforman un caso específico entre las cooperativas de trabajo. Tanto es así, que las Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) - con desarrollo en Buenos Aires- se vio limitada al intentar contener en su esfera a las a las distintas experiencias de empresas recuperadas que fueron conformándose a partir del 2001. ¿Por qué se vio limitada?
Porque las empresas recuperadas no responden a una lógica cooperativa en sus inicios. El paso de “Empresa Recuperada” a “Cooperativa” constituye un proceso lento de construcción colectiva y maduración organizacional.
Es así como se conformaron agrupaciones específicas del sector que intentan contener y representar a las empresas recuperadas elaborando estrategias de lucha conjuntas. A nivel nacional identificamos dos agrupaciones centrales: El MNR (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) dirigido por Eduardo Murúa y el MNFR (Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas) dirigido por el Dr. Luis Caro.
Desconociendo el interior de este movimiento, me llamó la atención la cantidad de “cruces de opinión” referentes a estas dos organizaciones y los ataques de unos y otros. A río revuelto, ganancia de pescadores dicen.
La cooperativa como hueco legal
Las empresas recuperadas conforman un mixture de opciones de organización - más o menos legales- pensadas para mantener la fuente de trabajo frente a situaciones de quiebre y/o vaciamiento empresarial. Desde la ocupación de fábricas y la resistencia violenta, hasta la compra de la empresa por parte de los trabajadores.
Conformarse en una Cooperativa de trabajo se ha constituido en la opción legal posible. Se ingresa así al mundo del cooperativismo por ser el “hueco legal” posible frente a una situación amenazante y caótica. Me pregunto que hubiera pasado si reclamos como los que hicieran inicialmente las trabajadoras de Bruckman tendientes a una estatización bajo control obrero hubieran tenido asidero legal. De haber ocurrido algo así en este momento estaríamos frente a un reclamo distinto, bastante alejado de los principios cooperativistas de autonomía y autogestión-.
Del discurso a las políticas
En el plano del discurso político no encontramos mucho más que eso: discurso. Se habla mucho, se realizan declaraciones de apoyo, pero por el momento sólo son signos de “visto bueno” más que políticas de apoyo real.
También es cierto que no se pueden tomar decisiones políticas improvisadas y basadas siempre en la urgencia de los hechos. No podemos exigir acciones autoritarias así como no podemos pretender ir por fuera del marco legal.
Pensar en un cambio de política implica pensar en poner en escena una discusión seria sobre cuestiones que no se discuten ¿quiénes son los dueños del capital?, ¿es cierto que no hay trabajo sin capital, o es al revés?, ¿hasta cuando este país le va a dar facilidades a los vaciadores de empresas?, ¿Que rol tienen los jueces?
En procesos de cambio primero vienen los síntomas, las excepciones, los signos de que algo de lo que está establecido ya no sirve. Cuando estas excepciones son cada vez más, cuando los signos de que algo anda mal se vuelven evidentes, se comienzan a replantear las bases. En este caso primero vinieron las ocupaciones, luego la búsqueda de “huecos legales”, luego la jurisprudencia [1], y finalmente las primeras leyes a favor de empresas recuperadas [2]. Ahora el reclamo se orienta a un nuevo marco legal neurálgico. Mas allá de las diferencias entre organizaciones del sector hay un reclamo que tiene que ver con 1) la modificación de la ley de quiebras, 2) la conformación de un régimen laboral-previsional especial y 3) la conformación de un fondo de asistencia para las empresas recuperadas.
Este movimiento generado, esta evidencia de la perversión del sistema puede volver a ser calma, puede apaciguar buenas intenciones, si no se insiste en reclamar aquello que es injusto, si no se insiste en mostrar los signos visibles de esa perversión.
En términos de políticas públicas se hace necesario el pasaje del nivel del discurso al nivel de la acción real y legal a largo plazo articulado en un proyecto económico e industrial.
¿Empresas Recuperadas o cooperativas?
La diferencia central entre el MNFR y el MNER es que el primero cree que es posible recuperar fábricas por la vía pacifica y legal aún en el marco actual; el segundo, en cambio, considera que la vía es la ocupación y la resistencia y establece un discurso combativo en relación al gobierno.
Ninguno de los dos basa su discurso en la conformación de cooperativas si no más bien en la promoción de un nuevo tipo de organización, más horizontal aún que las cooperativas. Entre las diferencias centrales están: 1) la promoción de un sistema de retribuciones totalmente igualitario entre los trabajadores (todos cobran los mismo), y no en función del trabajado aportado, 2) la constitución de las asambleas como órganos de gobierno y gestión. El consejo sería un ejecutor de las decisiones de la asamblea, y 3) El rechazo a la incorporación de cuadros gerenciales o de gerenciamiento externo.
Mas allá de estas propuestas que son tema de otro debate de sumo interés, cabe pensar la postura de IFICOTRA en este sentido.
Quizás para nosotros- defensores de la consolidación del cooperativismo de trabajo- lo ideal sería lograr que haya más cooperativas de trabajo y menos empresas recuperadas. Cuando la empresa deja de llamarse “empresa recuperada” es que ya no se define a partir de otro (empresa anterior) sino en función de uno mismo (empresa cooperativa). Cuando ya no es necesario recordar que la empresa fue de otro, es cuando logramos empresas cooperativas sólidas.
Política Pública y Voluntad Privada
Lo cierto es que como carne de cañón y objeto de disputas simbólicas por parte de sectores políticos que buscan rédito o exposición, los grupos de trabajadores de empresas recuperadas pasan de la euforia al llanto, de la desesperación a la acción, y muchas veces, del estrellato al anonimato. Unas mejor y otras peor, enfrentan como pueden los avatares de la “autogestión” - es decir- de la conducción de la empresa que pasó a sus manos.
Mas allá del marco legal que desde el Estado se pueda implementar, es necesario que en el seno de cada empresa recuperada se produzca un pasaje del “cooperativismo como opción legal” al “cooperativismo como proyecto de transformación”. No todo es política pública, se requiere también voluntad privada organizada colectiva y solidariamente.
PARTE 2
Las Cooperativas de Trabajo Conformadas a partir de Planes Sociales 
En el número anterior de Trabajo Compartido iniciábamos un debate en torno a las cooperativas de trabajo “entre el discurso político y la evaluación de su impacto”. En el mismo, decíamos que el Estado Nacional y - en el caso de Córdoba- el Estado Municipal de una u otra manera han actuado fomentando la formación de cooperativas y planteábamos la necesidad de hacer una evaluación de lo que para nosotros son las tres principales formas en las que se ha manifestado este apoyo: 
1) la implementación de planes sociales que promueven la formación de cooperativas de trabajo; 
2) el apoyo a las empresas recuperadas y; 
3) la contratación de cooperativas de trabajo para prestar servicios estatales. 
En este sentido, hoy nos interesa avanzar sobre la realidad de las cooperativas conformadas a partir de planes sociales. Específicamente, el plan Manos a la Obra y el Plan de Emergencia Habitacional.
El gobierno Nacional presidido por Kirchner ha realizado un giro en torno a la política social que hasta el momento se venía implementando frente a la crisis y a los altos índices de desocupación existentes. Este giro implicó realizar un pasaje de políticade subsidios que concebían al sujeto como un actor pasivo -planes trabajar, jefas y jefes-, a planes sociales asentados en los siguientes principios: asociatividad, descentralización de la gestión y desarrollo local.
El Plan Manos a la Obra se propone “financiar proyectos productivos que favorezcan la inclusión social nacidos a partir de las distintas experiencias, oficios, recursos y habilidades de los vecinos y de las características propias de cada municipio y localidad. (...) El Plan busca modificar la realidad de nuestro país, recuperando la comunicación y el encuentro entre las personas a partir del apoyo a los espacios de trabajo asociativo y productivo, sin desatender las urgentes problemáticas actuales.” (www.desarrollosocial.gov.ar) Concretamente, el Plan propone el otorgamiento de crédito y financiamiento a proyectos productivos que se conformen bajo la modalidad asociativa con un mínimo de tres participantes.
Por otro lado, el programa de Emergencia Habitacional -dependiente de la subsecretaria de vivienda del Gobierno nacional- tiene por finalidad “tender a solucionar la Emergencia Habitacional y Laboral, utilizando a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar organizados en forma de Cooperativas de Trabajo para la construcción de viviendas a fin de generar una política que simultáneamente resuelva los problemas habitacionales y de pleno empleo y producción, permitiendo aplicar fondos que actualmente están destinados a subsidios por desempleo en la emergencia, a la generación de un proceso productivo que permita la reinserción social y laboral.” (Fuente: http://www.vivienda.gov.ar/programas_emer.htm). El plan exige que las cooperativas estén formadas por 16 miembros de los cuáles 12 (75%) deberán ser titulares de planes Jefas y Jefes.
En la lógica de estos programas está poder promover una transformación de la población sujeto de los planes Jefas y Jefes. La intención es promover el trabajo y la autosustentabilidad de esta población.
Hasta aquí, la evaluación es positiva y representa un avance si tenemos en cuenta políticas pasadas. Sin embargo, volviendo a nuestro interés de analizar estás acciones a la luz de su aporte para la consolidación del sector de las cooperativas de trabajo, el balance se vuelve un tanto incierto.
Desde IFICOTRA hemos tenido la oportunidad de seguir algunas cooperativas conformadas a partir del Plan Manos a la Obra. Más allá de las valorables intenciones del gobierno en ese sentido, es necesario analizar las falencias y problemáticas que atraviesan estas cooperativas en materia de subsistencia y fundamentalmente en lo que se refiere a mejora- o no- de la calidad de vida de sus asociados. 
1- Cooperativistas sin opción 
Tanto en la mayoría de las líneas del Plan Manos a la obra, como en el Plan de Emergencia Habitacional, la conformación de una cooperativa de trabajo se presenta como la única opción. La modalidad cooperativa no es una elección.
Esto es clave y marca considerablemente el éxito futuro o no del emprendimiento. Obligamos, para obtener los beneficios de un plan, a conformar una cooperativa sin tener en cuenta la idiosincrasia de las personas y grupos que van a conformar tales cooperativas.
Cuando la marcha del emprendimiento requiere poner en funcionamiento los mecanismos esenciales del cooperativismo se pone a prueba este “ser cooperativo” generalmente con malos resultados: deserciones, abandono del proyecto, disputas, inercia, sumado a malos resultados comerciales que terminan por aniquilar el objetivo de generación de empleo. 
2- Capacitación 
Por disposición del INAES, antes de conformar una cooperativa, los socios deben acceder a una capacitación en la materia. En la capacitación se hace hincapié en la legislación cooperativa, los libros contables, los órganos de gobierno y aspectos jurídicos referentes a lo societario y laboral. Estos cursos son dados haciendo hincapié en conceptos técnicos y terminan por “marear a quienes lo reciben” teniendo la impresión de que se trata de algo sumamente complejo que requiere un saber especial en materia jurídica y contable.
La capacitación no incluye la reflexión sobre la organización cooperativa en tanto sus principios económicos y éticos fundamentales y desconoce aspectos fundamentales para el éxito de la empresa tales como: gestión y planificación comercial, organización del trabajo, manejo de costos, etc. Se olvida que se está promoviendo la formación de empresas que tienen por objetivo dar trabajo bien remunerado a sus asociados, en condiciones dignas y con perspectivas de mediano y largo plazo. 
3- Los intermediarios y ejecutores 
Como sello distintivo de esta gestión y de las políticas sociales implementadas aparece la vinculación con los municipios y la ONG de incidencia local para hacer llegar los beneficios de cada plan.
Esta estrategia ha resultado más favorable para lograr operatividad y efectividad. Sin embargo surgen algunos debates en torno a la cuestión: 1) Por un lado, sobre el papel de las ONG como “colaboradores” del estado. El sistema funciona como una especie de “privatización” de las funciones operativas del Estado. Dicha privatización a veces es “remunerada” a través de pagos de gastos operativos y honorarios de técnicos involucrados. Otras veces corre totalmente a cargo de la buena voluntad y acciones de cada organización. El debate implica preguntarse si algunas ONG no están pasando de ser fuertes actores de participación ciudadana a conformarse en equipos técnicos “en negro” del estado o - lo que es peor- en reductos de punteros políticos despojados de ideología. 2) El segundo debate surge en torno al papel de los municipios como operadores y el creciente poder de sus consejos consultivos. Saludamos con agrado la consolidación de consejos consultivos en los municipios como una forma de albergar las voces representativas de distintos sectores vinculados a una localidad. Estos consejos han tomado mas fuerza al tener a su cargo cuestiones como el control de los planes jefes y jefas y la recepción y visto bueno para proyectos sociales del plano nacional. Sin embargo, el debate se abre en torno a la politización de los planes sociales. El buen o mal funcionamiento de estos consejos y su grado de politización determina en gran medida la cantidad de planes otorgados para cada zona. Así encontramos una gran disparidad en la repartición geográfica de los planes sociales, dependiendo de la gestión local. Los planes no siguen así la lógica de las necesidades de sus potenciales beneficiarios; sino la de la habilidad y operatividad de los consejos, municipios y ONG locales. No se interviene en función de la necesidad de empleo y las condiciones productivas de una zona, sino en función de la habilidad de los intermediarios para conseguir planes.
Como dato curioso cabe aclarar que allí donde los planes pueden y son otorgados y promovidos tanto desde las ONG o agentes de desarrollo local como las cooperativas de servicios públicos, como por la Municipalidad, se asegura en cierta manera una democratización del acceso a los planes. Aquellos programas que sólo dependen del Municipio generalmente caen en los vicios del clientelismo político y dejan marginados a los potenciales beneficiarios ajenos a los intereses del gobernante de turno. 
4- La perdurabilidad de la fuente laboral 
En el discurso del gobierno sobre políticas sociales y empleo; en los artículos de moda del periodismo dominical; y en algunos sectores del movimiento cooperativo, se festejan los crecientes índices de registro de nuevas cooperativas. Sin embargo, la falta de control sobre las condiciones de continuidad de las mismas no nos permite analizar más claramente el fenómeno.
Lo cierto es que el Plan de Emergencia Habitacional, por ejemplo, prevé la conformación de cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas. ¿Pero que pasa cuando los trabajadores terminan de construir las viviendas previstas? ¿Que pasa con sus trabajo y su cooperativa? ¿Que pasa con los aportes que realizan durante ese periodo de tiempo?Estas cooperativas no reciben ningún tipo de asesoramiento y asistencia pensando en su continuidad y el mantenimiento de la fuente laboral. 
Nuestro Balance 
No es nuestra intención tirar por tierra los valorados cambios en materia de política social en el sentido antes expuesto. Sin embargo, es nuestra tarea velar por la conformación de cooperativas de trabajo genuinas, que representen una considerable mejora para las condiciones de vida de sus trabajadores asociados en el mediano plazo.
La promoción y la consolidación de cooperativas de trabajo no pueden responder únicamente a una política de tipo social. Apoyar la conformación de cooperativas de trabajo implica entender a estas como un tipo de organización empresaria no capitalista que implica asumir cambios a nivel económico, laboral, jurídico, político y cultural.
Si el apoyo a las cooperativas implica su promoción compulsiva a través de planes que derivan de una política social paliativa frente a los “malos resultados” de las políticas económicas, laborales, educativas y culturales; poco podemos esperar de esta gran cantidad de incipientes cooperativas de trabajo.
Creemos que la política implementada hasta el momento tiene mucho “material” para sentar las bases de una nueva política que integre los aspectos antes mencionados (economía, educación, cultural, empleo, etc.) Y que de respuesta a los debates planteados. Para aprovecharlo es necesario una reflexión y evaluación participativa que incluya a los distintos actores con un objetivo de crítica constructiva.
Bibliografía
Lavaca. Sin Patrón. “Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía.” Bs As. Diciembre 2004
La Serna, Carlos (coordinador). “La Economía Solidaria en Argentina, entre las necesidades y las aspiraciones”. IIFAP. Córdoba, Argentina. Marzo de 2004.
Material publicado en el Foro Cooperativa por miembros de MNER y MNFR.
*Responsable de Comunicación y Promoción Cooperativa de IFICOTRA (Instituto para el financiamiento de Cooperativas de Trabajo. Coop. Ltda.)
Mail: ificotra@yahoo.com.ar / Cdor. Daniel Pon: 0351 4890000. / Lic. Pilar Orgaz: 0351 155317290.
[1] En Córdoba, el fallo de la jueza Mansilla de Mosquera en el caso de la quiebra del periódico Comercio y Justicia representa un antecedente legal valioso para otros casos similares
[2] El 25 de noviembre de 2004 la legislatura porteña aprobó la ley de expropiación definitiva para trece cooperativas. Esta ley establece que los trabajadores deberán pagar el inmueble al valor de la quiebra en cuotas semestrales a lo largo de 20 años con tres de gracia
Publicado el 8 de junio de 2005
Trabajo compartido - Año 2- Nº11 Publicación virtual de IFICOTRA Córdoba 1/06/05