21 Resumen James - Resistencia e Integración cap 2

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Texto de James: Resistencia e Integración 
 
Capítulo 2: Supervivencia del Peronismo: la resistencia en las fábricas 
 
 
El colapso del compromiso: Lonardi (1955) y la Jefatura Sindical Peronista 
 
La revolución libertadora fue iniciada con Eduardo Lonardi, que sirvió como 
mediador/interregno entre las autoridades sindicales peronistas y a las autoridades no 
peronistas. Su gobierno fue el primero de la Revolución Libertadora, y en su discurso al 
asumir la presidencia afirma que no había "ni vencedores, ni vencidos". Aseguró que su 
gobierno respetaría las medidas sociales logradas hasta ese entonces, aka CGT. Para 
evidenciar eso, designa como ministro de trabajo a Cerrutti Costa, quien hasta entonces 
había sido el principal asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. 
 
Durante esta época se llevaron a cabo los "comandos civiles", que eran ataques por parte 
de los radicales, activistas sociales, apoyados por las FFAA. Ellos se consideraban como 
una milicia civil, que servía como garantía contra del resurgimiento del peronismo. 
 
Con el fin de contrapesar la creciente presión que ejercían sobre Lonardi y Cerrutti Costa, la 
CGT emitió en octubre un comunicado donde se solicitaba al gobierno poner fin a la 
ocupación de algunos locales gremiales por gente armada y, al mismo tiempo, se 
reafirmaba su deseo de celebrar elecciones democráticas lo antes posible → esto crea 
acuerdo entre CGT + gobierno, donde elecciones se celebrarían en todos los gremios y a la 
designación por la central obrera de interventores en aquellos sindicatos ocupados por 
antiperonistas. 
 
Aun así, los gremialistas antipersonalistas no quedaron contentos con este acuerdo y 
ejercieron poder sobre el gobierno para que lo reviera. Se oponían a la inauguración de un 
proceso electoral sindical que casi seguramente confirma el dominio de los gremios y la 
CGT por los peronistas, así como a la intervención de los sindicatos donde ahora los 
antiperonistas tenían mayor poder. Cuando muchos de los interventores de la CGT no 
pudieron desalojar a los grupos antiperonistas que habían ocupado los sindicatos, se 
comenzó a perder confianza por parte de la dirigencia peronista hacia el gobierno. Esta 
crisis convenció al ala tradicional y liberal de que sólo el alejamiento de Lonardi, y junto con 
el de la influencia de los nacionalistas católicos, partidarios de la conciliación, aseguraría 
una aplicación cabalmente antiperonista de los principios de la revolución realizada contra 
Perón. 
 
El 13 de noviembre asumió Aramburu. La primera tentativa por integrar los sindicatos 
peronistas a un Estado no peronista había fracasado. Tras renovados ataques de los 
antiperonistas contra locales sindicales, y al no responder Aramburu al pacto que había 
hecho Lonardi, la CGT declaró el 14 de noviembre una huelga general por tiempo 
indeterminado. Ese mismo día el gobierno declaró ilegal la huelga y dos días después 
intervino la CGT y todos los sindicatos. Había comenzado la política anti sindical en el 
gobierno de Aramburu. 
 
Factores determinantes en trasfondo de la ruptura: el surgimiento de las bases 
 
El sector de Lonardi admitía que el peronismo conservará el dominio de la clase trabajadora 
y sus instituciones con la condición de que, tras una breve depuración de los más 
implicados en la corrupción del régimen, los sindicatos respetaran la acción del gobierno y 
se limitaran a la representación de los trabajadores. El ala nacionalista del anti peronismo 
(apoyaba a Lonardi) concordaba con buena parte de los realizado por Perón. Al poner el 
énfasis en la justicia social, el peronismo apelaba al ideal de armonía y orden sociales, de 
inspiración principalmente católica, que postulaba ese grupo. El problema era el de límites y 
excesos. Si los sindicatos admitían la necesidad de mantenerse en su propia esfera, 
entonces estos podrían desempeñar un importante papel como órganos de control social y 
expresión de la clase trabajadora. Todo esto demuestra que no debería haber habido 
problemas para una cooperación entre gobierno y sindicatos. No fue una intransigente 
lealtad hacia su supuesto líder lo que obstaculizo el acuerdo. ¿Entonces cuál fue el 
problema? 
 
Es preciso tomar en cuenta dos factores. Primero, el hecho de que la CGT comenzó a dudar 
de la capacidad de Lonardi de cumplir con sus promesas. En la práctica el sector 
nacionalista del gobierno carecía de autoridad suficiente, dentro de las FFAA o de la policía, 
para impedir los ataques del “comando civil” (como explique antes sectores antiperonistas). 
Cerrutti Costa y el sector nacionalista eran militar y políticamente demasiado débiles como 
para dar las seguridades prácticas que los dirigentes sindicales necesitaban para 
convencerse de que efectuando una concesión tras otra no desgastan su liderazgo. El 
segundo factor fue la actividad de las llamadas bases peronistas. La dirigencia sindical en 
ningún momento tuvo libertad de actuar como creían conveniente. La amplitud de la 
resistencia ofrecida por la militancia peronista de base al golpe contra Perón, y la dureza de 
la respuesta a esa resistencia, contribuyen en medida importante a determinar los 
acontecimientos de esos meses. Expresión de esta Resistencia Peronista fue el 
llamamiento no oficial para la simbólica fecha del 17 de octubre, ignorando la orden dada 
por la CGT de que debía ser un día laboral normal. Es oportuno aclarar que la índole de 
esta oposición de las bases fue fundamentalmente espontánea, instintiva y confusa 
(throwback semana trágica). Los canales más frecuentes de reacción consisten en 
iniciativas espontáneas y atomizadas, que con frecuencia asumen la forma de huelgas no 
oficiales. Este fenómeno de resistencia por parte de los afiliados de base comprometía las 
negociaciones en el gobierno y los dirigentes sindicales, amenazando a estos últimos con 
quitarles su apoyo si concedían demasiado. Otra huelga general fue proclamada por las 
bases para el 14 de noviembre, pero esta vez con Aramburu en el poder (asume el 13 de 
nov de 1955). El gobierno intervino la CGT y todos los sindicatos que la integraban. 
 
Aramburu y la clase obrera: primeros elementos de una política 
 
La política del nuevo gobierno se basó en el supuesto de que el peronismo constituía una 
aberración que debía ser borrada de la sociedad argentina. En primer
lugar, se intervino la CGT y se designaron supervisores militares en todos sus sindicatos. En 
segundo lugar, se llevó a cabo una política de represión e intimidación del sindicalismo y sus 
activistas. Finalmente, se llevó a cabo un plan para aumentar la productividad y racionalizar 
el trabajo, que marchó con un intento de frenar los salarios y reestructurar el funcionamiento 
del sistema de negociaciones colectivas. 
 
Impacto del peronismo en el nivel de taller y planta durante la era de Perón 
 
Una de las principales preocupaciones de la política económica del nuevo gobierno 
peronista fue la de aumentar la productividad de la industria argentina. Durante el régimen 
peronista se estimaba que aumentar la productividad del trabajo era vital para alcanzar la 
acumulación de capital necesaria con el fin de que la Argentina avanzara hacia una nueva 
etapa de crecimiento económico, basada en la producción de maquinaria pesada y bienes 
de consumo duraderos de tipo intermedio (Segundo Plan Quinquenal). Sin embargo, desde 
el punto de vista del empleador el problema no era de naturaleza primordialmente 
económica sino social. Había un insatisfactorio equilibrio de fuerzas generado en el plano 
del taller o la planta por una clase trabajadora confiada en sí misma y por un poderoso 
movimiento sindical que contaba con el apoyo del Estado peronista. 
 
Los empleadores elaboraron una estrategia con el fin de contrarrestar el poder obrero en los 
sitios de trabajo: 
 
- Planes para acelerar la producción (los altos salarios y otros beneficios habían 
reducidola intensidad del trabajo). 
 
- Plan para eliminar ciertas cláusulas acordadas durante el gobierno peronista. Una 
de las más importantes consistía en la comisión interna de delegados gremiales. 
 
Los empleadores vieron en los delegados un importante obstáculo contra la racionalización 
eficaz y la imposición de disciplina laboral. Los emperadores argentinos tropezaron con una 
resistencia considerable cuando intentaron poner en práctica su estrategia. Los trabajadores 
cuestionan, en un sentido directamente básico, la legitimidad de muchas de las premisas 
de las cuales partían los empleadores. Esto indica que el concepto de pago por resultados 
todavía era inaceptable para muchos trabajadores. Para estos la manera legítima de 
mejorar los niveles de vida consistía en actualizar los salarios básicos estipulados por los 
contratos y congelados muchos de ellos desde 1950. Mientras que para los empleadores las 
cláusulas eran un obstáculo para la racionalización eficaz, las prácticas laborales y las 
previsiones consagradas por ellas eran para los obreros una garantía esencial de la calidad 
de vida en los sitios de trabajo. Más allá de estas disputas, el autor aclara que aun así los 
trabajadores reconocían el derecho de los empresarios a ejercer el control y la autoridad. Lo 
que pasaba es que se había formado una cultura de taller que cada vez más desafiaba esta 
forma de ver la organización capitalista de producción. 
 
Racionalización y represión en el taller y la planta: la Revolución Libertadora llega al 
lugar del trabajo 
Una vez resuelto el problema del poder de los delegados gremiales, el gobierno de 
Aramburu dirigió su atención al tema de la productividad. Se le permitió a los empleadores 
concluir acuerdos especiales con sus trabajadores en lo relativo a nuevos sistemas de 
producción y al margen de las cláusulas arregladas durante la presidencia de Perón. Como 
reacción a esas políticas importantes sectores de la clase trabajadora se embarcaron en la 
larga lucha defensiva que llegaría a ser conocida como “la Resistencia”. Debilitado el poder 
de las comisiones internas, los deseos de los empleadores se convirtieron en la práctica 
común, lo que disminuye las garantías de juicio imparcial que el trabajador individual 
pudiera tener en caso de disputa con el sector patronal. 
 
Sin embargo, una vez más los empleadores fueron decepcionados en lo relativo a 
resultados de largo término. Aunque hubo amplia supresión de “obstáculos para la 
productividad”, no hubo aplicación en escala total de los planes de racionalización, ni 
renovación general de los contratos en un sentido vasto que consagra legalmente nuevos 
acuerdos de alcance nacional para toda la industria. Esto se debió en parte a la actitud 
ambigua del gobierno cuando había que interpretar la ley frente a casos reales. Esta 
ambigüedad puede ser explicada por la resistencia de los trabajadores. El efecto total de la 
supresión de cláusulas que regulan las condiciones de trabajo y el ataque contra la 
organización laboral en el nivel de taller y planta fue tal que los obreros consideraron este 
periodo como uno de abuso empresarial sin restricciones. 
 
Organización de la resistencia en las fábricas. 
 
Fue precisamente para defenderse de ese “revanchismo” apoyado por el gobierno que los 
trabajadores emprendieron en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a 
mantener las conquista logradas con Perón. El proceso fue espontáneo y localizado. Había 
cada vez más signos de confianza y de comités semi clandestinos. De todas formas, no era 
un proceso uniforme. Mucho depende del grado de organización sindical que tenía cada 
fábrica. El reconocimiento militar otorgado a los comités demostró que admitían que no 
habían logrado eliminar efectivamente las comisiones internas. Esta idea se reforzó en 1956 
cuando la elección de delegados ante las comisiones fue favorable a los peronistas. La 
convocatoria misma a esas comisiones demostraba que los militares habían fracasado en 
imponer a representantes obreros designados por ellos. 
 
Socialistas y comunistas en la época de Aramburu 
 
Los socialistas tuvieron una posición ambigua en el gobierno de Aramburu, resultado de su 
necesidad de limitar la actividad peronista. Por un lado, criticaron abiertamente a los 
militares por coaligarse con los empleadores en el ataque a las condiciones y derechos 
básicos de los trabajadores. Por otro, condenaban al gobierno cuando reconocía las 
comisiones de trabajadores de base, dominadas por los peronistas. El Partido Socialista 
elaboró una actitud de queja hacia la clase obrera por su incapacidad de comprender que 
sus verdaderos intereses se encontraban al margen del peronismo. 
Si bien los comunistas compartían muchas de las mismas actitudes de los socialistas frente 
al peronismo, en general adoptaron un enfoque más realista. Ellos 
sabían que luchar en el mismo terreno que el de los peronistas les dejaba muy poco margen 
que les permitiera diferenciarse de ellos. Nunca hicieron peligrar el poder peronista sobre la 
mayoría de los obreros. 
 
Hacia 1956, el gobierno había llegado a aceptar que era imposible borrar tranquilamente al 
peronismo de los sindicatos por medio de decretos o simple represión. La política que 
emergió de esta visión consistió en mantener la línea dura y en una tentativa por disminuir 
el continuo dominio absoluto de peronismo en los gremios. Se intentó entonces poner en 
mano de los antiperonistas una porción significativa, aunque minoritaria, del movimiento 
gremial. Esa política tuvo escaso éxito. Los resultados de las elecciones sindicales de 
octubre de ese año no hicieron más que expresar la tendencia de las elecciones de las 
comisiones internas. 
 
La lucha salarial durante el gobierno de Aramburu 
 
Los salarios reales cayeron en 1957 debido a la inflación. Durante ese periodo hubo una 
redistribución de la renta que desfavorece a la clase trabajadora. Sin embargo, más que por 
los efectos de la inflación (inflación no era alguno nuevo), la cuestión de los salarios cobro 
significado por el antagonismo de clases reforzado en la época. La declinación de los 
niveles de vida resultaba más bien de una derrota política (la caída de Perón) antes que de 
circunstancias económicas adversas. Era el resultado del constante ataque gubernamental 
contra sindicatos y de una congelación salarial respaldada por el gobierno. 
 
Las luchas salariales ayudaron a consolidar el movimiento de resistencia. La huelga más 
grave fue el paro metalúrgico a fines de 1956. La huelga fue dirigida por comités de 
militantes de base que constituyeron una formidable estructura organizativa. Aunque no 
triunfó en lo relativo a reclamaciones salariales llegó a constituir un símbolo de orgullo de la 
clase obrera por su capacidad de organizarse y enfrentar a los empleadores y al Estado. La 
ira ante la ferocidad de la represión y la declaración de las huelgas como ilegales se 
combinó con el orgullo de la resistencia obrera, constituyendo la cultura de la época.