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Podemos decir que, la Defensoría del Pueblo constituye una institución que se ha venido adoptando en muchos países de la región, a partir de las experiencias de varios países europeos, la cual tiene por mandato principal la protección de los derechos fundamentales de las personas frente a las entidades estatales, función a través de acciones de persuasión. Se trata, por lo tanto, de una entidad que desempeña distintas funciones, las cuales resultan fundamentales para la calidad del desempeño de un régimen democrático, en particular en un contexto de debilidad de las instituciones de control y de desconfianza en el aparato público. El caso de la Defensoría del Pueblo del Perú es particularmente revelador de las posibilidades y límites que enfrenta esta opción institucional para las democracias en América Latina.