Caso Derechos Humanos

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CASO AYOTZINAPA
El Departamento de Estado de Estados Unidos es frío al advertir que en México se violan sistemáticamente los derechos humanos y se cometen ejecuciones extrajudiciales y pone como ejemplo los casos de Ayotzinapa, donde ha reinado la impunidad. El 26 de septiembre, en México mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local.
Contexto:
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
En la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron atacados por la policía municipal y según la versión del gobierno de entonces, entregó los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos (aunque la existencia del grupo no ha podido comprobarse judicialmente).
Durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que calificó como la "verdad histórica".
Sin embargo, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron esta teoría oficial, diciendo que no era científicamente posible.
Los familiares de los estudiantes también rechazan esta versión y piden que se sigan otras líneas de investigación establecidas por el GIEI.
Acerca del caso y afectados:
Durante estos sucesos las víctimas directas de diferentes violaciones de derechos humanos fueron más de 180 personas, la gran mayoría de ellos jóvenes y muchos menores de edad: 1) Seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (incluyendo un normalista con claras señales de haber sido torturado, y otros dos con disparos a quemarropa, es decir a menos de 15 cm de distancia1 ; y con tres víctimas mortales en el ataque a Los Avispones, incluyendo un menor de edad), en cuatro escenarios diferentes:
el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte (en este caso en dos episodios diferentes), el camino del Andariego en la zona industrial de Iguala, la carretera saliendo de Iguala frente el Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa a 15 km de la ciudad camino de Chilpancingo. 
2) Más de 40 resultaron heridas, algunas de ellas de suma gravedad que fueron intervenidas quirúrgicamente, y uno de ellos todavía se encuentra en coma y/o estado de estupor. Estas víctimas se produjeron en los hechos referidos del escenario inicial en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, en el segundo ataque tres horas después en el mismo lugar y en el cruce de Santa Teresa donde se dieron dos ataques consecutivos. 
3) Cerca de otras 80 personas, incluyendo estudiantes de Ayotzinapa, maestros y otras personas que se movilizaron en su apoyo, sufrieron diferentes formas de persecución y atentados contra sus vidas en al menos tres escenarios, incluyendo los choferes de los autobuses afectados: la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, la zona previa al Palacio de Justicia y colonia Pajaritos, y la zona de la colonia 24 de Febrero en Iguala. 
4) Otras 30 personas en el caso del autobús de Los Avispones en el escenario del cruce de Santa Teresa sufrieron ataques contra sus vidas y sobrevivieron. 5) 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos forzosamente3 de dos lugares y autobuses diferentes, uno en el centro de la ciudad y otro en las afueras de Iguala.
6) Entre las víctimas hay que considerar también a los familiares de estas víctimas directas que son al menos 700 personas, considerando solamente los familiares directos y especialmente los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Los presuntos culpables
El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, presuntos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes siguen detenidos y continúan siendo investigados. La versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato. De hecho la versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación. Tomás Zerón fue el jefe de la primera investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Escenarios de los diferentes ataques:
Como ha sido señalado, los ataques y persecución que se dieron esa noche fueron al menos nueve en distintos lugares y momentos, y algunos de ellos se prolongaron en el tiempo. Los distintos ataques directos fueron: 
1. Escenario de la calle Galeana, persecución policial con disparos primero al aire y luego contra los autobuses y normalistas que tratan de salir de la ciudad, 21:30 horas del día 26 de septiembre de 2014.
2. Cruce entre Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Con cierre de las calles por patrullas policiales en una distancia corta, con concentración de 3 autobuses (dos Costa Line y un Estrella de Oro) y unos 70 normalistas que se encuentran entre dos fuegos de al menos diez patrullas policiales delante y detrás de los autobuses, con participación de policías de Iguala y de Cocula. En dicho escenario se atacó de manera indiscriminada a normalistas que trataban de mover una patrulla para poder salir, hiriendo de extrema gravedad a un normalista y a otros dos de forma grave. Del tercer autobús, Estrella de Oro 1568, fueron detenidos y posteriormente desaparecidios cerca de 25 normalistas. La acción duró de las 21:45 a las 22:40 horas aproximadamente. El informe de balística señala que en este caso los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros.
3. Salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia deIguala. Un autobús, Estrella de Oro 1531 con 15-20 normalistas es detenido y destrozado por policías municipales de Iguala y sus ocupantes golpeados, obligados a bajar del autobús, detenidos y desaparecidos posteriormente. Según un testigo, se disparó contra uno de los normalistas. La acción duró aproximadamente 45 min-1 hora, desde las 21:40 horas del día 26, es decir, en un escenario simultáneo al ataque en Juan N. Álvarez y Periférico Norte. 
4. Salida de Iguala a Chilpancingo, un poco antes del Palacio de Justicia. Un autobús Estrella Roja, que había sido tomado por un grupo de 14 normalistas, es detenido y sus ocupantes amenazados por la policía que no llega a disparar. Posteriormente, son perseguidos hasta que se esconden en un cerro y, una hora después, son nuevamente perseguidos cuando tratan de bajar a la carretera. Los hechos se dan entre las 22:00 y las 23:00 horas del día 26. 
5. Ataque contra el autobús de Los Avispones en el cruce de Santa Teresa a 15 km de Iguala en la carretera a Chilpancingo y contra varios vehículos más. Resultan muertos dos ocupantes, al menos cuatro heridos muy graves y varios heridos graves. Otra mujer resulta muerta y varios ocupantes de dos taxis heridos. Aproximadamente se dio a las 23:30 horas del día 26. El informe de balística señala que los disparos se dirigían al interior del autobús donde se encontraban los pasajeros. 
6. Después, en un segundo ataque en el mismo lugar, otro taxi y un camión son baleados produciéndose varios heridos de gravedad. A las 23:40 horas del día 26. 
7. Carretera de entrada a Iguala y Periférico, persecución de normalistas hasta la colonia 24 de Febrero. Un grupo de 14 normalistas es perseguido en la noche cuando tratan de agruparse con sus compañeros y son objeto de intentos de atropellamiento, amenazas, pedradas y disparos hasta que se esconden en una casa (10 normalistas) y un cerro (4 normalistas). Se da entre las 23:15 y las 24:00 horas del día 26. 
8. Ataque en Juan N. Álvarez y Periférico Norte contra rueda de prensa de normalistas, donde hay periodistas y maestros que llegaron a apoyar a los estudiantes. Tiempo antes, patrullaje de policía municipal y de protección civil. Dos normalistas resultan muertos por disparos a quemarropa, un herido grave que se refugia en la clínica “Hospital Cristina” junto con 24 normalistas y un maestro, pasando casi 1:45 h desde el ataque hasta ser trasladado para ser atendido en el hospital de Iguala. El ataque se dio a las 00:30 horas del día 27. Otras personas que fueron a atender a los normalistas resultan heridas y las ráfagas suponen un ataque directo contra la vida de muchas personas más que se encontraban presentes. 
9. Muerte de un normalista que es torturado y ejecutado en el escenario del camino del Andariego, en la zona industrial de Iguala. El hecho se dio en las horas de la madrugada, probablemente entre 01:00 y 02:00 horas del día 27.
Tiempo en que se desarrolló la acción 
El ataque contra los normalistas y también contra el equipo de fútbol de Los Avispones y varios vehículos, se desarrolló durante cerca de 3 horas por parte de policías de Iguala, de Cocula y otros agresores (21:40 a 00:30 horas), y tras un tiempo de 2 horas de vigilancia previa (de 17:59 a 20:00 horas) de sus movimientos antes de llegar a la ciudad de Iguala. Dicho monitoreo previo se dio por parte de Policía Estatal, Federal y Ejército. Los ataques con intervención de al menos dos cuerpos policiales municipales de dos ciudades distintas, de Iguala y Cocula, en dos diferentes escenarios (Juan N. Álvarez con Periférico Norte, y carretera de salida Iguala-Chilpancingo a la altura del Palacio de Justicia), tuvo cerca de una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y simultánea, incluso a veces con la participación en los dos lugares de los mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario del autobús detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la presencia de Policía Estatal y /o ministerial en ambos escenarios y una patrulla ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos de un grupo de sobrevivientes.
El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios, así como de los ataques en distintos momentos que muestran los documentos, testimonios y peritajes evaluados por el GIEI, da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche, señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes. Sin perjuicio de que no se conoce el contenido de las comunicaciones, en el momento en que se estaban desarrollando los ataques hubo comunicación entre dos de los inculpados como responsables de estos hechos, el Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores.
Los ataques que han sido documentados y analizados en este estudio muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala (Costa Line 2012 y 2512 y Estrella de Oro 1568 en Juan N. Álvarez), cuando ya habían salido de la ciudad a no dejar que siguieran su camino (Estrella de Oro 1531, en Palacio de Justicia), y cuando parecía que siguieran huyendo a acabar con cualquier posibilidad de huida (autobús Castro-Tours de Los Avispones en el cruce de Santa Teresa). La acción de toma de camiones ha sido práctica habitual en Ayotzinapa y otras escuelas normales10, sin conllevar nunca una respuesta violenta de ese tipo, en la misma entrevista que le realizaron a la victimas comentaban que era algo normal tenia un convenio con la empresa de autobuses Costa Alta por productos de aseo personal.
Los escenarios de violencia de esa noche muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo por el hecho de que se trataba de Policía Municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas. Tampoco los mecanismos de protección o investigación del gobierno del Estado de Guerrero funcionaron para ello.
Según el informe la Comisión Parlamentaria de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, “ningún oficial tanto de la Fiscalía de la Región Norte de Iguala (PGJE), como elementos de otros cuerpos policiales o de seguridad con presencia en Iguala.
Derechos:
Si es una conducta clasificada como grave violación a los derechos humanos que no solo tienen un grave impacto y trasgresión a las personas que se ven afectadas, sino que ofende a toda la conciencia de la humanidad, que nadie acepta. Es un acto inhumano, tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia.
Los instrumentos internacionales finca o depositan su confianza en las autoridades que son quienes tienen a su disposición las arma y el poder. El Estado mediante las autoridades propenden por el bienestar de la sociedad y cuando una sociedad no esta en armonía y en bienestar es culpa de ellos. También es un instrumento, los particulares cuando estos acuesten por complicidad o aquiescencia de las autoridades.
Desde mi perspectiva las graves violaciones contra los DH fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y posible tortura.
Ahora:
Ya basta de impunidad, ya basta de violaciones de derechos humanos. Que investiguen al ejército, a la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto— exige María Jesús Tlatempa Bello. Ya han pasado 7 años deimpunidad con los 43 jóvenes desaparecidos y aun no se sabe nada de ello.
A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
Organización y tratados:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH: Una de las fuentes, cercana al grupo de expertos de la CIDH, explica que la presencia de los militares en la noche de los hechos es mayor y más profunda de lo que se sabía hasta ahora. Desde mayo, integrantes del grupo de la CIDH y la comisión presidencial han visitado cuarteles y bodegas militares en Iguala, Chilpancingo y Acapulco, recopilando información sobre el quehacer castrense durante el ataque, antes y después. La conclusión es que los militares tuvieron información en tiempo real sobre el ataque y que estuvieron en más escenarios de los que reconocieron en un primer momento, información que ocultaron.
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
Ejecución extralegal:
· Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 DE DICIEMBRE DE 1948 
· Artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 16 DE DICIMEBRE DE 1966 
· Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre /Instrumento interamericano del Sistema Americano de Derechos. 2 DE MAYO DE 1948 
· Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es el mismo Pacto San Jose de Costa Rica. 22 DE NOVIMEBRE DE 1969 
· Los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
· Art. 103 C. Penal, art. 135
· Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, este es un instrumento ONU. Ahora denominado Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
· Mandato del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias.
· Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley”
· Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Desaparición forzada:
· CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
· CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS
Tortura:
· Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
· Protocolo de Estambul
· Art. 178 Ley 599 de 2000
¿Hay desaparición forzada en el caso narrado?
En efecto, de acuerdo al caso presentado y basándonos en el informe de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron cuarenta y tres (43) normalistas de Ayotzinapa los detenidos y desaparecidos forzosamente en dos diferentes escenarios. El primero se desarrolla en pleno Cruce entre Juan N. Álvarez y Periférico Norte, se hallaba un cierre de las calles por patrullas policiales en una distancia corta, con una concentración de alrededor tres (3) autobuses (dos Costa Line y un Estrella de Oro) dentro de los cuales alrededor de setenta (70) normalistas se encuentran entre dos fuegos de al menos diez patrullas policiales delante y detrás de los autobuses, con participación de policías de Iguala y de Cocula. En dicho escenario, los estudiantes que se encontraban en el tercer autobús, Estrella de Oro 1568, fueron detenidos y posteriormente desaparecidos cerca de veinte y cinco (25) normalistas. La acción duró de las 21:45 a las 22:40 horas aproximadamente. Por otro lado, el segundo escenario se ejecuta a la salida de Iguala a Chilpancingo, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Un autobús, Estrella de Oro 1531 con 15-20 normalistas es detenido y destrozado por policías municipales de Iguala y sus ocupantes golpeados, obligados a bajar del autobús, detenidos y desaparecidos posteriormente. La acción duró aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos a una (1) hora, desde las 21:40 horas del día 26, es decir, en un escenario simultáneo al ataque en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Contemplando la descripción de los hechos, podemos evidenciar en totalidad que hay cuarenta y tres (43) estudiantes normalistas – Observar anexos listado de desaparecidos- los cuales fueron sometidos a desaparición forzada, esto está tipificado como crimen de lesa humanidad. Para ello, se acudirá a la legislación penal colombiana quien en su artículo 165 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) establece que la desaparición forzada se categoriza como tal cuando cumple las siguiente condiciones: en primera instancia, que “El particular someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma”, precisamente el informe actual de los hechos establece que en ambos escenarios tanto en a la salida de Iguala como en cruce entre Juan N. Álvarez y Periférico Norte, los policías municipales detuvieron y siguiente a ello desaparecieron los estudiantes normalistas, tesis opuesta a la del gobierno del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, en la cual la versión oficial establecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato. De hecho, la versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación. Ahora, en complemento a lo anterior, se requiere en especial para categorizar la desaparición forzosa que le preceda “su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayendo del amparo de la ley”, hay desaparición forzada, contemplando que no solo es una detención arbitraria que vulnera el derecho a la libertad, sino que genera total desprotección de la víctima y vulnera derechos como la vida digna, por lo tratos crueles, inhumanos y degradantes. También el derecho a la seguridad personal, garantías judiciales, derecho a la familia a no ser separados, al trabajo, a la educación, etc. En consonación con el informe proporcionado por GIEI, establecia que a pesar de que los policías municipales se encubrieran en capuchas estaban actuando de forma abierta y aunque amparándose en la noche, estaban presentes en un escenario del centro de la ciudad y a la salida de la misma. Los hechos se dieron frente a numerosos testigos, que indicaban que la policía y distintas autoridades actuaban de forma coordinada desde hacía tiempo. Incluso es la misma negación de la desaparición por parte de las autoridades que los conduce a ocultar las pruebas que puedan incriminar a los autores. Por ejemplo, los números de las patrullas de Cocula fueron cambiados y las fatigas alteradas para tratar de borrar las huellas de su participación. 
Adicionalmente, en el inciso segundo del mismo artículo citado de la Ley 599 de 2000, se hace claridad que “A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior” es preciso el caso en el que la desaparición forzada de personas fue una estrategia para borrar las huellas del crimen, conducta bajo la cual se está privando la libertad, derechos y garantías legales a los estudiantes, extendiendo la confusión y la ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal, además de ser llevada a cabo por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia, y extiende el terror de sufrir el mismo destino, hacia todos aquellos que pueden identificarse con las víctimas. Hoy en día a pesar del procesode búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.
Este hecho contrasta con otro tipo de acciones de desaparición forzada en donde se da un modus operandi más clandestino desde el inicio y que podría haberse dado en lugares de más difícil identificación de los autores como en la carretera o en un lugar menos accesible o transitado. Incluso varios normalistas sobrevivientes se preguntaron por qué ellos habían sobrevivido, o los heridos evacuados, si luego el resto iba a ser desaparecido. Es probable que en dicha acción predomine la existencia de numerosos testigos presenciales en una calle de la ciudad (y no así en el escenario del autobús Estrella de Oro 1531 del Palacio de Justicia de donde no fue trasladado ningún herido al hospital). La masividad de la acción, el gran número de víctimas, la extensión en tan diferentes escenarios y tiempos, su realización ante muchos posibles testigos, la detención de los normalistas, el uso de patrullas municipales identificables, entre otros factores, parecen mostrar más una acción orientada a no dejar salir los autobuses y/o a castigar a los normalistas por su acción, que a ocultar desde el inicio los hechos. 
Anexos:
Lista de estudiantes desaparecidos: 1) Felipe Arnulfo Rosa, 2) Benjamín Ascencio Bautista, 3) Israel Caballero Sánchez, 4) Abel García Hernández, 5) Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 6) Dorian González Parral, 7) Jorge Luis González Parral, 8) Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 9) José Luis Luna Torres, 10) Mauricio Ortega Valerio, 11) Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 12) Abelardo Vázquez Peniten, 13) Adan Abraján de la Cruz, 14) Christian Tomás Colón Garnica, 15) Luis Ángel Francisco Arzola, 16) Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 17) Israel Jacinto Lugardo, 18) Julio César López Patolzin, 19) José Ángel Navarrete González, 20) Marcial Pablo Baranda, 21) Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 22) Alexander Mora Venancio, 23) Bernardo Flores Alcaraz, 24) Luis Ángel Abarca Carrillo, 25) Jorge Álvarez Nava, 26) José Ángel Campos Cantor, 27) Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 28) Giovanni Galindes Guerrero, 29) Jhosivani Guerrero de la Cruz, 30) Cutberto Ortiz Ramos, 31) Everardo Rodríguez Bello, 32) Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 33) Martín Getsemany Sánchez García, 34) Jonás Trujillo González, 35) José Eduardo Bartolo Tlatempa, 36) Leonel Castro Abarca, 37) Miguel Ángel Hernández Martínez, 38) Carlos Iván Ramírez Villarreal, 39) Jorge Antonio Tizapa Legideño, 40) Antonio Santana Maestro, 41) Marco Antonio Gómez Molina, 42) César Manuel González Hernández y 43) Saúl Bruno García.