ARTICULO DE INVESTIGACION

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REFORMA RURAL: ¿MECANISMO LEGAL IDONEO PARA REPARAR A LAS 
VICTIMAS EN EL PROCESO DE PAZ? 
RURAL REFORM: SUITABLE LEGAL MECHANISM TO REPAIR VICTIMS IN THE 
PEACE PROCESS? 
 
 
 
 
JUAN MANUEL MOLINA QUINTERO 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BOGOTÁ 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 
BOGOTÁ D.C. 
2021 
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TABLA DE CONTENIDO 
RESUMEN…………………………………………………………………………………….... 2 
ABSTRACT ……………………………………………………………………………………. 2 
INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………….. 3 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ACUERDOS DE PAZ Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ……………………………………………….................................................. 4 
Antecedentes históricos del campo colombiano y violencia en las zonas rurales ......... 4 
Acuerdos de paz y reforma rural ……………………………………………………… 8 
Ordenamiento territorial a partir de los acuerdos de paz en Colombia……………... 10 
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS HACIA LA CORRECTA REPARACIÓN DE 
LAS VICTÍMAS……………………………………………………………………………… 11 
REFORMA RURAL COMO MECANISMO REPARADOR EN EL ESTADO 
COLOMBIANO……………………………………………………………………………… 16 
Derecho a la igualdad como eje fundamental dentro del ordenamiento territorial …16 
Justicia restaurativa y reforma rural como mecanismos idóneos para reparar a las 
víctimas……………………………………………………………………………………...... 18 
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………… 21 
REFERENCIAS…………………………………………………………………………….... 22 
 
2 
 
 
 
RESUMEN: 
La jurisdicción especial para la paz (JEP) en cumplimiento del acuerdo de paz determino 
ejecutar nuevos planes de ordenamiento territorial. Los cuales intentan reestructurar las brechas 
que existen entre las comunidades rurales y urbanas. Por medio de políticas públicas territoriales 
e investigaciones se estudiará los antecedentes, las políticas a seguir y la idoneidad de la 
reparación en aras de garantizar los derechos sociales de las víctimas. 
PALABRAS CLAVES: 
Postconflicto, políticas públicas, reparación integral, proceso de paz. 
ABSTRACT: 
The special jurisdiction of peace (JEP) in compliance with the peace agreement 
determined to implement new land use plans. Which try to restructure the gaps that exist between 
rural and urban communities. Through territorial public policies and investigations, the 
antecedents, the policies to be followed and the suitability of the reparation will be studied in 
order to guarantee the social rights of the victims. 
KEYWORKS: 
Post-Conflict, public policies, comprehensive reparation, peace process. 
 
 
 
 
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INTRODUCCIÓN 
Este artículo hace un estudio de los acuerdos de paz realizados durante la época 
presidencial del expresidente de la Republica de Colombia Juan Manuel Santos con las extintas 
fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (en adelante FARC). En concreto; el punto 1 del 
acuerdo de paz relacionado con la reintegración y reestructuración de las ciudades rurales de 
Colombia, y como estas se transformarán en ciudades mixtas (urbano – rural) en beneficio de las 
víctimas del conflicto armado. 
Se busca con la siguiente investigación desde una óptica jurídica e investigativa el 
estudio de los acuerdos de paz logrados por el estado y las FARC, su desarrollo por medio de las 
políticas de estado elaboradoras por el estado y sus dificultades al aplicar dicho acuerdo para 
beneficiar los derechos de las víctimas y las colectividades que actualmente sufren la 
desigualdad social generada por los flagelos de la guerra interna en el estado colombiano. 
Se pretende con el artículo en mención analizar la situación actual de las víctimas del 
conflicto armado, a las cuales se les debe reparar integralmente para cumplir con los acuerdos de 
paz y mantener una paz estable y duradera, a su vez; este se intenta dilucidar las opciones que 
surgen para las minorías como consecuencia de los acuerdos de paz, los cuales son el eje 
principal para la correcta reparación dentro del estado, respetar sus derechos será imperativo en 
el entendido que todos los ciudadanos residentes de Colombia son el estado. Este documento va 
dirigido a todas las personas interesadas en lo acordado entre las partes del conflicto (víctimas y 
estado) y todo aquel interesado en el estudio de los acuerdos de paz en Colombia. en específico, 
su desarrollo del campo al urbanismo. 
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Se desarrollará el presente artículo bajo tres temáticas. En primera instancia se abordará 
la norma imperante del acuerdo de paz en Colombia y como se llegó a dicho acuerdo en relación 
con la reparación rural para cada una de las víctimas. A continuación, se hará un breve estudio 
sobre las propuestas y el desarrollo de las Políticas Públicas diseñadas después de los acuerdos y 
Finalmente, revisar la idoneidad de la reparación a las víctimas por medio de las políticas 
públicas establecidas por los gobiernos de turno, con ello; lograr políticas eficientes y 
concordantes en materia de ordenamiento territorial. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ACUERDO DE PAZ Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
Antecedentes históricos del campo colombiano y violencia en las zonas rurales 
El conflicto territorial es uno de los puntos de partida que nos permite analizar las 
problemáticas socio-culturales que han surgido en los Estados a lo largo de los tiempos que han 
ocasionado innumerables confrontaciones y conflictos a nivel global y regional (entre los estados 
o dentro de los mismos). En el caso colombiano, el primer antecedente dentro del territorio que 
antes se le conocía como la Nueva Granada (actualmente Colombia) fue en la época de la 
conquista por parte de la corona española, esta instauró las leyes de las indias las cuales fueron 
elaboradas durante el mandato de los monarcas Carlos I y Felipe II. Estas normas se ejecutaron 
en todas las zonas colonizadas que se encontraban bajo el yugo de los imperios españoles e 
ingleses durante la época de la colonización y conquista de estos dos imperios hacia el continente 
americano. Esta es la razón de ser de la distribución del territorio la cual fue estrictamente de 
carácter expansionista y arbitraria. Estas medidas perjudicarían a los ciudadanos dentro del 
territorio de la nueva granada a tal grado que los criollos que no eran reconocidos por los 
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europeos deciden tomar decisiones drásticas para poder instaurar sus propias normas (Pérez, 
2010). 
La Nueva Granada (Colombia) estaba subordinada por las políticas que le imponía la 
Corona Española hasta el momento de su independencia en 1810, cuando el estado se determinó 
a cambiar sus políticas estatales, instauro la estructura centralista dentro del estado colombiano, 
esto ocasionó la ardua discusión entre los partidos en auge (centralista y federalistas), estos 
entraron en disputas ideológicas en razón de conceptos y pensamientos diferentes en cada partido 
político para la elaboración y realización de políticas relacionadas con el sistema económico, 
político, social y estructural a aplicar en Colombia. 
Una vez conseguida la independencia el estado colombiano se distribuyó que manera 
inequitativa, estopasó porque las políticas centralistas de esa época desconocieron los derechos 
de los demás ciudadanos que vivían en provincias (precisamente por mejorar las capitales sobre 
las otras regiones). También algunos soldados de la guerra de independencia se situaron en zonas 
donde to tenían su domicilio (Pérez, 2010), por ello y por varias políticas de gobierno se generó 
un alto grado de desigualdad entre la burguesía (criollos) y el pueblo campesino. En 
consecuencia, Al paso de los siglos se desarrolló paulatinamente avances solo para las grandes 
ciudades (Bogotá, Medellín, entre otros) en lo relacionado con la infraestructura y los servicios 
públicos; desconociendo en cada mandato presidencial la brecha que se generaba entre los 
habitantes de la capital y los que vivían fuera de ella. 
En este orden, hay que recalcar que la desigualdad se ha desarrollado porque se 
desconoció la finalidad que debería perseguir el estado (cumplimiento de los derechos 
consagrados en la Constitución) en cuanto a la falta de oportunidades y la igualdad de derechos 
hacia los colombianos en relación con los residentes de las grandes ciudades las cuales crecieron 
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exponencialmente. Este fue uno de los factores que ocasiono cambios de domicilio por varios 
habitantes para buscar la garantía de sus derechos fundamentales en ciudades que si les podían 
otorgar el correcto desarrollo de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, el crecimiento 
poblacional que sufrieron estas ciudades condujo a que en las mismas se concentrara una gran 
cantidad de habitantes y, en consecuencia, aumentara la delincuencia dentro de ellas. 
Toda esta situación vulneraba el derecho a la igualdad de oportunidades entre un 
habitante de ciudad y uno de campo. Cabe señalar; que los problemas en las zonas rurales nacen 
no simplemente por la desigualdad social, en los años 80, a los campesinos se les vulneran los 
derechos a la propiedad y a la paz. Los grupos armados al margen de la ley desplazan a todas las 
comunidades y se expropian de manera ilegal de la propiedad de tienen por derecho. Además, el 
narcotráfico ocasiona terror y zozobra a los habitantes de las zonas rurales (Nubia, 2011). 
Lo importante a destacar en estas circunstancias históricas señaladas previamente, es que 
el estado debe reconocer que tiene una deuda histórica hacia los más desamparados (campesinos 
y sus familias) al ser ciudadanos residentes en Colombia, como todos los demás, tienen derechos 
que el estado les debe garantizar porque han sido víctimas de todos los flagelos que han 
transcurrido desde que se independizo el estado colombiano del imperio español. Por ello, los 
acuerdos de paz son pertinente en aras a materializar el estado social de derecho consagrado en la 
constituyente de 1991, La paz es un fin esencial y es una garantía que debe perseguir el estado 
para respetar los derechos de las personas (en especial el de las minorías) bajo el concepto de 
estado social de derecho, el cual debe entenderse como la prioridad para el otorgamiento de 
derechos a los ciudadanos. Por medio de la paz y la igualdad es importante considerar el 
reconocimiento de la sociedad afligida por la violencia desmedida, la desigualdad socio-cultural 
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y socio-económica que acarreó una significativa cantidad de víctimas las cuales deben ser 
reparadas. 
Entre las guerras que surgieron durante el establecimiento político del estado colombiano 
(patria boba, reconquista, guerra de los 1000 días, entre otras), la guerra ocasionada entre las 
FARC y el estado, han ocasionado constantemente violaciones de derechos fundamentales de 
carácter constitucional y convencional que han recaído sobre las personas que convivían 
diariamente con este conflicto armado, así vulnerándosele sus derechos civiles, sociales y 
culturales. Uno de los factores que perjudicaron la realización de los derechos de las víctimas fue 
la demografía colombiana, la cual al ser tan irregular ha perjudicado la correcta tutela de los 
derechos de los más indefensos (Flórez y Rodríguez, 2016). La creciente desigualdad recae sobre 
las sociedades, porque el gobierno de turno ha permitido el lucro por encima de los derechos; lo 
que provoca una brecha socio-cultural entre los ciudadanos, permitiéndoles ciertos derechos a 
unas minorías. La constitución política entonces deberá estar al servicio de todos los 
colombianos y garantizar el derecho a la paz, derecho a la igualdad, derecho al mínimo vital, 
derecho al trabajo entre otros. 
El crecimiento de los cultivos ilícitos agrando la desigualdad en el estado. En 
consecuencia, la mayoría de las zonas rurales se vieron obligadas a desplazarse a las ciudades 
que les garantizara sus derechos mínimos. Pero lo que ocurría cuando los campesinos se dirigían 
a las grandes ciudades era que ellos carecían de los recursos económicos para progresar en el 
estado neo-liberal impuesto por el estado a lo largo de los años. Entonces consecuencialmente la 
delincuencia y el crimen organizado creció en las ciudades y las zonas rurales se empobrecieron 
cada vez más. 
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Por ello, es importante el reconocimiento de las partes del conflicto armado de las 
víctimas, de garantizar eficientemente la reparación y las garantías de no repetición dentro del 
acuerdo de paz y con ello evitar que el estado pueda recaer en los errores del pasado. 
Acuerdos de paz y reforma rural 
La reforma rural es el punto de partida de las negociaciones dialogadas entre el estado y 
las extintas FARC, Es importante tratar de entrada la reforma rural porque las partes 
involucradas saben que tienen que resolver sus diferencias y compensar a los terceros que se les 
vulnero los derechos durante la época de guerra, también es importante en razón que la creación 
del grupo armado nace por la inadecuada repartición de tierras en Colombia. Entonces resulta 
trascendente dentro de los puntos de negociación hacer hincapié en el tema de la reforma rural y 
la restructuración del estado colombiano. 
Dentro de las negociaciones acordadas con el estado colombiano se observa como las dos 
partes negociantes encuentran consensos relacionados con el tema de la reforma rural, entonces 
dentro del acuerdo final será el punto a estudiar y analizar. 
En el denominado acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera se busca garantizar el bienestar de la zona rural con relación a la 
población que convive en los lugares que han sufrido los flagelos de la guerra armada 
colombiana, las FARC entonces enfatizan en las situaciones problemáticas como la propiedad de 
la tierra (quien es el legitimado en alegar su derecho a la propiedad) y la concentración de la 
riqueza para una pequeña cantidad de personas, estas políticas han perjudicado gravemente a los 
habitantes más vulnerables de las zonas rurales (niños, niñas y mujeres). La reparación de las 
víctimas en el acuerdo de paz será entonces la integración de la zona rural con la urbana, el 
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estado tendrá que velar por la concreción de sus derechos fundamentales hacia las víctimas 
promoviendo la igualdad de condiciones de las zonas afectadas dentro del conflicto armado. 
Es importante dentro del proceso de paz establecer los principios en los puntos del 
acuerdo de paz porque al estar inmersos derechos fundamentales será menester que dentro de los 
acuerdos existan lineamientos a seguir. cabe resaltar los siguientes para la transformación del 
campo a la urbanidad: transformación estructural, priorización, integralidad, restablecimiento y 
participación (Acuerdos de paz, 2016). Se traen a colación estos principios porque cada uno 
guarda relación con la correcta reparación de los campesinos afectados por el conflicto armado. 
Sabiendo los conceptos previos del acuerdo de paz, es necesario analizar los mecanismos de 
reparación que se proponen a usar las partes para el correctodesarrollo de la reforma rural. 
En primera medida, el uso de la tierra es determinante para el desarrollo del sector 
agrónomo, la explotación de la tierra debe ser sostenible, esto quiere decir que ayude y no 
perjudique a las comunidades con relación a sus derechos individuales, colectivos y ambientales, 
entonces en el acuerdo de paz se busca la formalización de la propiedad sin perjuicio de otros 
derechos y de este modo, promover la correcta distribución de la tierra. El mecanismo que usa el 
estado colombiano para garantizar el derecho la propiedad será crear el fondo de tierras para la 
reforma rural, entre otros mecanismos como el subsidio integral para la compra, crédito especial 
para la compra y demás que el estado se compromete a regular para garantizar el acceso a la 
tierra (Acuerdos de paz, 2016). 
Otro programa creado en el acuerdo firmado por el estado y las FARC son los programas 
de desarrollo con enfoque territorial (en adelante PDET), los PDET buscan la transformación de 
la zona rural para asegurar el bienestar de las zonas, la protección de los arraigos de algunas 
comunidades indígenas en relación con sus costumbres multiculturales, el desarrollo y progreso 
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del campesinado, reintegración de las zonas afectadas por el conflicto colombiano, promoción el 
campo colombiano como zona de reconciliación de las partes involucradas en el conflicto, entre 
otros. Dentro de estos programas se busca proteger todas las zonas rurales del país, esto a partir 
de los criterios de priorización los cuales serán: los niveles de pobreza, grado de afectación del 
conflicto, capacidad de gestión y la erradicación de los cultivos ilícitos. 
Para lograr todos los objetivos previamente expuestos será necesario implementar planes 
nacionales para la reforma rural (Acuerdo de paz, 2016) integral la cual deberá superar varias 
circunstancias de hecho que han sido complejas de erradicar para el estado. Dentro del acuerdo 
se compromete el estado a desarrollar los acuerdos de manera que se evite la pobreza en la zona 
rural, el cierre de brechas entre el campo y la ciudad garantizando la vida digna de los 
colombianos de las zonas más marginadas por la pobreza y la violencia. 
Ordenamiento territorial a partir de los acuerdos de paz en Colombia 
En Colombia, son importantes los acuerdos de paz de cualquier índole porque se intenta 
por parte del estado crear nuevas estrategias y políticas para el mejoramiento y el bienestar de la 
sociedad afectada por el conflicto armado. Los acuerdos de paz deben ser el eje central de una 
nueva política de gobierno que sea más social y democrática para todas las personas que vivan en 
la nación, tengamos en cuenta que el primer paso para las negociaciones de paz son las garantías 
de la justicia dialógica entre las partes involucradas dentro del proceso de paz que propende por 
la atención de las prioridades de los más afectados en el conflicto y crear nuevos espacios para 
garantizar derechos corresponde a la labor del estado. 
Las iniciativas acordadas en la habana en ocasión al acuerdo de paz buscan la 
reorganización del estado colombiano creando la política de desarrollo agrario integral, la cual 
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busca el reconocimiento al campesino en su titularidad del derecho a la propiedad (Flórez y 
Rodríguez, 2016), las políticas territoriales pretenden acabar con las desigualdades entre los 
colombianos, entonces los acuerdos de paz deben ser el punto de partida de las políticas a futuro 
de los gobernantes de pretendan ser los que dirijan políticas del territorio respetando los acuerdos 
pactados, sobre todo la reforma rural. 
En conclusión, entre las políticas más relevantes para establecer una paz estable y 
duradera encontramos políticas como la correcta restructuración de las zonas rurales para que 
están sean ciudades que logren garantizan derechos básicos, elaborar políticas de auxilio por 
parte del estado creando oportunidades laborales, de educación, alimentación, entre otros. En 
este orden, una vez el estado tenga claro el factor territorial lo siguiente será, la reparación del 
estado a las víctimas y si es suficiente las políticas de estado colombiano para cerrar la brecha de 
desigualdad que tantas víctimas ha dejado desde la creación del estado colombiano. 
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS HACIA LA CORRECTA REPARACIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS 
Las políticas del estado colombiano una vez celebrados los acuerdos de paz en Colombia, 
cambiaron el enfoque hacia unas nuevas políticas más equitativas para las familias marginadas 
por el conflicto. Las políticas a tratar por cada gobernante de turno deberán proteger y 
materializar los acuerdos de paz dentro de sus planes de gobierno, por ello, se hará una propuesta 
concreta sobre los lineamientos o los objetivos a tener en cuenta dentro de las políticas públicas 
territoriales en el marco del postconflicto. 
Como primer punto a estudiar esta “la búsqueda de un marco articulado de política 
pública estrategias para una reforma rural” (Sánchez León, 2017, p. 49), la cual requiere que las 
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políticas a ejecutar por los gobiernos de turno deben ser eficientes dentro de los acuerdos de paz, 
es un pacto que debe cumplir el estado con los ciudadanos. La manera óptima para hacerlo es por 
medio de elaboración de grandes proyectos (de largo plazo) y que la medición de ellos o su 
estudio se haga en el menor plazo posible. Otro eje o factor a considerar en la elaboración de 
política pública es la elaboración de proyectos de seguridad pública, de esta manera; entablar una 
paz estable y duradera para las comunidades que sufren el postconflicto. 
Los esquemas a considerar para estructurar la correcta ejecución de políticas públicas en 
el estado colombiano las podemos observar en primera instancia en el enfoque de restitución de 
propiedades, la cual debe estar conectada con la visión de reparación de derechos humanos 
(Sánchez, 2017). Este enfoque permite darles a las personas que fueron vulneradas en su derecho 
a la propiedad, restablecer su derecho como propietarios; a su vez, cuando la persona que fue 
vulnerada su legítimo derecho, podrá recibir por parte del estado las garantías de no repetición y 
sana convivencia dentro de su hogar. Con ello el estado busca por un lado garantizar la 
reparación hacia las víctimas por los métodos planteados en los acuerdos de paz, haciendo que la 
víctima sea restituida en sus derechos individuales y también en sus derechos colectivos una vez 
que el estado se comprometa en garantizar un futuro estable para las víctimas del conflicto. 
Como segundo punto o enfoque encontramos el “modelo de reforma agraria” (Sánchez 
León, 2017, p. 51), este esquema diferente al anterior lo que propone es crear un sistema de 
distribución el cual aplique políticas más eficientes y con ello pueda elaborar nuevas propuestas 
mejorando el manejo y el control de la tierra, con ello podrá crear políticas que hagan progresar 
las condiciones mínimas de las personas y de sus familias, de este modo el estado podrá cumplir 
sus objetivos hacia la sociedad la cual puede autoabastecerse no solo para su comunidad o la 
ciudad, sino para el crecimiento del estado. Estas medidas en principio serian desfavorables e 
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ineficientes y eso ocasionaría el cumplimiento tardío o no cumplimiento de las obligaciones 
pactadas entre el gobierno nacional y el extinto grupo FARC, por ello no es recomendable este 
tipo de política pública salvo la comunidad así lo elija con su gobernante por medio de los 
mecanismos de participación ciudadana (voto popular). 
Como último enfoque o punto a examinar para elaborar políticas públicas, se puede 
considerar “la explotación la tierra para producir rentas económicas a corto plazo” (Sánchez 
León, 2017, p. 53), esto quiere decir que las tierras sean distribuidas a los que mejor las sepan 
explotar, de esta manera se genera másutilidades hacia las comunidades que por culpa del 
conflicto armado no han logrado progresar en un estado neo-liberal que busca la explotación de 
los recursos en beneficio de unos pocos, así se garantiza el progreso de las minorías de manera 
integral en el estado social de derecho. 
Este análisis y estudio de políticas públicas hace alusión a la reflexión; en cuanto si el 
estado en la ejecución de sus políticas está cumpliendo con lo acordado en los acuerdos de paz, 
en principio se puede afirmar que el proceso agrario y reforma rural va encaminado a generar 
réditos en las zonas rurales. Tal afirmación, se hace porque a la fecha los organismos creados 
para establecer el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición han usado 
todos los mecanismos a su disposición para realizar la correcta restitución del campo. La justicia 
restaurativa promueve los acuerdos de paz y han contribuido en sus organismos a la 
materialización y correcto funcionamiento de las políticas por parte del estado. 
Las acciones de restitución de tierras que ejercen los particulares dentro de la jurisdicción 
especial para la paz a la fecha es el mecanismo más eficiente para garantizarle los derechos a las 
victimas porque se ha observado que históricamente el estado no podía responder a las 
necesidades de las comunidades afectadas para el restablecimiento de sus derechos en sistemas 
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de justicia transicional diferentes al que se trae a colación. Por ello, se denota un panorama 
optimista en relación a las políticas públicas de estado. Sin embargo, para que dicho sistema 
reparador sea eficaz (entiéndase eficaz como el mecanismo para materializar en concreto las 
políticas de estado) debemos revisar la parte que ha sido perjudicada en el conflicto armado y si 
las víctimas están de acuerdo o no con la aplicación de las políticas públicas, será importante que 
los involucrados dentro del proceso de paz sean reparados y así el sujeto pasivo (victima) pueda 
prosperar en el estado colombiano. 
Para la correcta reparación, entonces será imperativo garantizar el principio de 
participación de la comunidad en conexidad con la esencia de la constituyente de 1991, esta es el 
establecimiento del estado social de derecho. Entonces es menester revisar como la participación 
de las personas se materializa no simplemente en las políticas públicas, sino también en el diario 
vivir de las víctimas del conflicto, a continuación, se analiza la participación de las víctimas de 
conflicto en el restablecimiento de las zonas rurales colombianas. 
Las víctimas del conflicto en las zonas rurales por medio del acuerdo de paz tienen la 
posibilidad de exigir sus derechos de manera que sus peticiones y reclamos sean escuchadas por 
el estado. Los ciudadanos desde la entrada en vigencia de la constitución de 1991, son participes 
de las políticas del estado. Gracias a la nueva constitución el estado se desprende de aquella 
constitución arcaica de 1886 que era ajena a las responsabilidades sociales del estado. Por medio 
de la participación de los ciudadanos, estos pueden desarrollar nuevos modelos que ayuden en el 
caso en concreto la reparación y el desarrollo de las garantías de no repetición para la sociedad. 
Aunque será importante considerar todas las dificultades al momento de ejecutar las políticas que 
se encuentren dentro de los planes de gobierno de cada servidor público, porque la 
administración debe superar las situaciones de hecho que se presenten dentro de las alcaldías, 
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municipios, corregimientos entre otros, también se debe ejecutar dichas políticas en un marco de 
coordinación y colaboración entre las administraciones del estado. En este orden, hay que 
considerar el poder descendente que ejercen en las alcaldías locales y municipales que por su 
asimetría podrían desconocer las políticas necesarias dentro de las zonas rurales existiendo un 
desconocimiento entre población y territorio (Escobar, 1999), situación a tener en cuenta en la 
ejecución de políticas públicas relacionadas con la reforma rural en razón del proceso de paz. 
Una vez analizadas las circunstancias que enfrenta el estado colombiano relacionado con 
la estructura, gestión y administración del mismo. Siempre será importante que la ciudadanía se 
informe y documente sobre el desarrollo de las políticas elaboradas con el estado y si estas 
estaban cumpliendo con los acuerdos de paz, sobre todo, el punto más importante dentro del 
proceso de paz y expuesto en este escrito, este es la reforma rural. Lo trascendental dentro del 
nuevo modelo presentado dentro del proceso de paz serán los principios consagrados en este 
porque determina la elaboración del proceso de paz para la transformación del campo hacia la 
urbanidad con ello la protección de los menores y madres cabeza de familia. 
El estado tiene los instrumentos legales como lo son la restitución de tierras, la cual es la 
eficiente política integral a implementar y el camino a seguir de las políticas públicas en 
Colombia (Sánchez, 2017). se tendrá en cuenta que las políticas se ajusten al bienestar de la 
sociedad afectada por la guerra, por medio de las directrices y políticas que puedan mejoren la 
vida de las personas, las políticas deben estar enfatizadas en la educación, el trabajo y la vida. 
Las aplicaciones de estos derechos deben ser igualitarias con la sociedad y con el medio 
ambiente para no afectar la ruralidad en su totalidad. Estos conceptos que consagra la 
constitución política de Colombia deben estudiarse rigurosamente en la construcción de políticas 
de paz, equidad y justicia. 
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En este orden, una vez revisado los antecedentes históricos, el acuerdo de paz en su 
acápite de la reforma rural, el ordenamiento territorial colombiano y las políticas públicas 
relacionadas a los acuerdos de paz, será pertinente saber si el gobierno es apto para cumplir con 
los objetivos del proceso de paz y si el estado puede reparar a las víctimas por medio de los 
mecanismos que se han expuesto. 
REFORMA RURAL COMO MECANISMO REPARADOR EN EL ESTADO 
COLOMBIANO 
Derecho a la igualdad como eje fundamental dentro del ordenamiento territorial 
Las circunstancias a tener en cuenta dentro del proyecto de urbanización del sector rural 
serán la ley sobre el ordenamiento social de la propiedad rural la cual entre otras cosas quiere 
“eliminar la extinción de dominio en vía administrativa y cambiarla por vía judicial” (Camargo, 
2018, p. 39) lo cual sería una situación bastante desafortunada e inconveniente, esto en base que 
la administración es capaz de realizar a cabalidad dicha función. Otro factor a considerar, es la 
“amnistía a la acumulación a bienes baldíos los cuales generar incertidumbre en un estado de 
derecho” (Camargo, 2018, p. 39), el cual cambiaría la condición del victimario de ilegal a legal. 
El campo colombiano ha sufrido de innumerables hechos violentos que afectaron la 
situación socio-económica de Colombia, esto ocasiono la sectorización entre las provincias y las 
ciudades que a su vez las han separado y categorizado en zonas rurales y urbanas. En 
consecuencia, el perjuicio que nace por el conflicto entre el estado y las FARC no solo genero 
desigualdad económica sino también daños cuantiosos (monetarios) en materia migratoria y 
cultural. Esta situación de hecho genero una amplia brecha social y económica. Por ello, es 
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fundamental el derecho de la igualdad dentro de las políticas de estado porque basados en este 
derecho se puede mejorar la flagrante desigualdad que se presenta en la mayoría de Colombia. 
La ley 338 de 1997 es importante dentro de las zonas rurales porque con ella se busca que 
el estado una vez inicie la urbanización en las ciudades rurales debe proveer los servicios 
públicos y bienes necesarios en aras de garantizar los derechos individuales y sociales de las 
víctimas, la implementaciónde estas políticas requieren una significativa inyección de capital 
por parte del estado para incrementar la calidad de vida de las víctimas del conflicto, el 
compromiso del estado con los campesinos será el resurgimiento de las zonas agrarias que se 
expropiaron ilegalmente las extintas FARC de manera abusiva y hostil. 
Resulta conveniente en este orden elaborar políticas en pro del desarrollo del 
ordenamiento territorial, el estado podrá igualar las condiciones de bienestar y progreso de las 
zonas rurales. Entonces el estado tiene la obligación de examinar a detalle cada política pública a 
implementar y ejecutar para evitar que las zonas que deben restaurar no sean violatorias de los 
derechos a la naturaleza y al goce de un ambiente sano. Lo importante en la correcta ejecución de 
las políticas públicas territoriales será que el estado haga la labor que le corresponda de manera 
eficiente, recordemos el caso del campesinado en el paro agrario del 2014, donde el estado 
incumplió el compromiso de políticas agrarias más constructivas (Camargo y Noguera 2018). 
Dentro de sus exigencias se encontraban: la inclusión de una política rural que beneficiara al 
sector agro en los temas de inversión y participación en la planeación de sus territorios. Las 
políticas públicas deben ejecutarse para el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas 
de la sociedad, resulta imprescindible que exista una relación entre los acuerdos de paz en 
materia de la reforma rural con las víctimas, a su vez, logre beneficiar a terceros que quieran 
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contribuir al crecimiento del sector agrario y modernizarlo a uno industrializado garante de 
derechos que puedan restituir y resocializar las zonas rurales. 
Por ello para la adecuada realización de la reparación hacia las víctimas, lo primero es la 
correcta planeación y ejecución de políticas relacionadas con el ordenamiento territorial 
colombiano. Lo fundamental a tener en consideración para la aplicación de políticas justas y 
eficientes dentro del ordenamiento territorial será: “proteger el ecosistema desarrollando 
ciudades que sean sostenibles, se haga uso adecuado de la tierra (explotación responsable de la 
tierra para el crecimiento del sector agrario), justicia distributiva entre las personas que puedan y 
quieran colaborar con la explotación y distribución de las zonas rurales, fortalecer la paz dentro 
de las comunidades afectadas por el conflicto armado”(Carvajal and Noguera, 2018). 
Justicia restaurativa y reforma rural como mecanismos idóneos para reparar a las víctimas 
El proceso de paz en Colombia es el punto de partida para crear nuevas estructuras 
sociales y culturales en los territorios marginados por el conflicto armado, el estado debe 
promover y ejecutar las políticas que le competan para la materialización de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, una vez elaborados los esquemas que permitan la reforma rural 
de Colombia. Es necesario saber si la justicia restaurativa es el mecanismo mediante el cual se 
puede reparar en conjunto a las víctimas y sus familias. La justicia restaurativa tiene por objetivo 
poner en funcionamiento el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 
Las victimas puedan ser parte del proceso de paz y sentir que el sistema judicial le restaura sus 
derechos. 
La justicia restaurativa según el código de procedimiento penal es “todo proceso en el 
que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en 
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la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la 
participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a 
atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la 
reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la 
restitución y el servicio a la comunidad” (Ley 906 de 2004 - Congreso de la República, 2004). 
Esto nos ayuda a dilucidar que la justicia retributiva es aquella que busca sancionar y la 
restaurativa es aquella que prioriza la restauración ante la sanción (C-080-18 Corte 
Constitucional de Colombia, 2018). 
En concordancia a lo establecido en el código de procedimiento penal y el 
pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional, se infiere que la justicia restaurativa es el 
método más idóneo para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, a sabiendas de 
la complejidad del conflicto armado entre el estado y las FARC. Lo importante después del 
postconflicto será que las victimas entiendan que el proceso de paz priorizó en el punto de la 
reforma rural para la correcta reparación, también la Corte enfatizo que la justicia restaurativa se 
fundamenta en la reparación de las víctimas y por esto los acuerdos de paz tienen todas las 
garantías para proceder en el estado colombiano. 
El proceso de paz encuentra en la justicia restaurativa el mecanismo por medio del cual 
se puede resarcir los daños cometidos entre las partes del conflicto y los terceros (las victimas), 
de esta manera se erradica el sesgo arcaico que se tenía sobre el concepto de justicia. Al ser este 
nuevo concepto de justicia (justicia restaurativa) el tramite más pertinente y conveniente a 
establecer, porque es otro modelo de justicia que beneficia a las victimas sin desconocer los 
derechos de orden internacional a los cuales está suscrito el estado colombiano (derechos 
humanos), referente a ello; los organismos internacionales observan la justicia restaurativa como 
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el modelo mediante el cual se podrá reparar a las víctimas y evitar un posible escenario de post-
guerra. 
La justicia retributiva dentro del contexto actual de Colombia resultaría improcedente e 
inútil debido que este tipo de justicia solo es aplicable en situaciones de delincuencia común, por 
ello es pertinente que la justicia retributiva se deba destinar a los particulares. La justicia 
ordinaria (retributiva) haría imposible un acuerdo de paz estable y duradero. La justicia 
retributiva aplicada en un contexto de postconflicto no ayudaría a las víctimas del conflicto 
armado para su reparación y su garantía constitucional de justicia y equidad. La justicia 
restaurativa se preocupa de las aflicciones de las víctimas, por esto si se habla de justicia en su 
sentido más amplio se debe implementar y plantear este nuevo escenario de post-conflicto, es de 
recalcar que la restauración no se puede familiarizar con populismo punitivo; todo lo contrario, 
es la manera más idónea para la clarificación y la corrección de los problemas que aquejan a los 
ciudadanos. 
Cabe mencionar que el modelo de justicia restaurativa dentro de un marco de justicia 
transicional no tiene precedentes en los sistemas judiciales en los contextos armados en otros 
estados, un ejemplo de ello son los conflictos que se resolvieron dentro de tribunales ad-hoc 
como fueron el tribunal de Núremberg, tribunal para la ex-Yugoslavia y Ruanda los cuales se 
resolvieron bajo el enfoque de justicia transicional, pero que aplicaban sistema de justicia 
retributiva sentando en cada precedente desazón e inconformismo en las victimas, por ello, 
resulta fundamental el sistema de justicia restaurativa para la solución de conflictos y un cambio 
de paradigma de la justicia transicional. Resulta un hecho importante para el estado y el mundo 
la promesa de una justicia restaurativa instaurada en Colombia (Bohórquez, Fernández y Mejía, 
2020). 
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Esto quiere decir que la normatividad que existe dentro del ordenamiento jurídico 
colombiano está ligada y es paralela al sistema de justicia que busca implementar los organismos 
internacionales en cada estado. Las garantías hacia la reparación integral están dadas siempre y 
cuando el estado colombiano atienda sus problemas sociales, judiciales y administrativos.Una 
vez el estado haya priorizado la legalidad dentro de la administración, podrá por medio de los 
mecanismos constitucionales, legales y judiciales otorgar a las víctimas del conflicto armado 
seguridad jurídica y la correspondiente tutela de sus derechos en concordancia con los acuerdos 
de paz firmados en la habana Cuba. 
CONCLUSIONES 
En el marco jurídico del proceso de paz en Colombia, para la realización de una paz 
estable y duradera como se acordó entre las partes del conflicto armado. Será imperativo revisar 
los antecedentes del conflicto armado, los sistemas normativos y su materialización dentro del 
contexto de las desigualdades sociales. Partiendo del reconocimiento de la vulneración de los 
derechos por parte de los actores o victimarios de los campesinos y las minorías vulnerables del 
conflicto bélico. 
Una vez establecido el compromiso de las partes, habrá que usar todos los mecanismos 
legales y judiciales que tenga a su disposición el estado dentro del eje esencial del estado social 
de derecho para primar la reparación de las víctimas sobre intereses de terceros. 
Realizar consensos entre las personas o empresas que quieran contribuir a dar el siguiente 
paso de las zonas rurales a zonas urbanas, siempre y cuando estas puedan ser sostenibles, una vez 
conseguido el objetivo, revisar si la reforma rural y la justicia restaurativa han satisfecho las 
expectativas de las víctimas del conflicto dentro del marco de lo acordado. 
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REFERENCIAS 
 
C-080-18 Corte Constitucional de Colombia (2018). Available at: 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-080-18.htm (Accessed: 8 July 
2021). 
Camargo, S. R. M. (2018) ‘La Reforma Rural Integral y su implementación’, Diálogos de 
saberes, (48), pp. 25–45. doi: 10.18041/0124-0021/dialogos.48.2018.4377. 
Carvajal, J. E. C. and Noguera, A. L. (2018) ‘El ordenamiento del territorio urbano y rural, 
imperativo para garantizar igualdad en los territorios’, Revista Digital de Derecho 
Administrativo, (20), pp. 455–463. doi: 10.18601/21452946.n20.16. 
Ley 906 de 2004 - Congreso de la República (2004). Available at: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14787 (Accessed: 
8 July 2021). 
Sánchez León, N. C. (2017) Estrategias para una reforma rural transicional. Ediciones 
Antropos Ltda. Bogotá, D.C: Dejusticia (Documentos Dejusticia, 35).