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Estructura del Estado Colombiano bajo la influencia del conflicto armado
Autor 
Yisell Vanessa Charris Agamez
Código: 241757
Docente
Martín Humberto Casadiegos Santana
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Facultad de Educación, Artes y Humanidades
Derecho constitucional colombiano ll
Ocaña, Colombia junio de 2022
Conflicto armado en Colombia hacia el posconflicto
Introducción
Este ensayo, pretende aportar a la comprensión del proceso desde la perspectiva de la problemática agraria, de los conflictos sociales, económicos y políticos relacionados con el acceso y el uso de la tierra y los territorios, temas que serán abordados como aporte al informe a cargo de la Comisión. La preocupación en torno a esta guerra ha sido motivada en gran parte, por las magnitudes de víctimas humanas producidas, pero también han recibido atención las confrontaciones alrededor de los «proyectos de sociedad» asociados al conflicto, en los cuales están involucrados profundas divergencias en torno al acceso y el aprovechamiento de la tierra es un tema sobre el cual existe consenso entre quienes han investigado el proceso, como «factor desencadenante» del conflicto social y armado. Estas decisiones han respondido a la necesidad de ampliar los ingresos fiscales para asegurar pagos de deuda, a propósitos de ocupación del territorio y fundamentalmente a la acción de terratenientes y agroexportadores, en particular, interesados en el control de la tierra y de los trabajadores. Existe entonces un consenso básico en los diagnósticos, compartido por los interlocutores en las conversaciones de paz, que reconoce como factores ineludibles para su comprensión, así como para asumir su tratamiento y soluciones, las problemáticas del acceso a la tierra y el desarrollo rural, al cual se añade la necesidad de superar las restricciones a la participación política de la ciudadanía. (ACNUR,1998).
Desarrollo
La solidificación de un modelo agrario en vista de la enorme propiedad, animada luego por el paso de activos provenientes del narcotráfico, pasa por la motivación de avanzar en el mercado de tierras como sistema administrativo de dispersión de la tierra, impulso que hizo, a través de la norma 1133 de 2007, el programa Agro Ingreso Seguro y que se enfatizó en el proyecto de ley 133 en curso a la hora de esta revisión. En el desarrollo social colombiano, los grupos de poder han producido diversas modalidades de reparto de bienes y control de su población, aislando a las redes de sus terrenos y regiones convencionales y restringiendo el acceso a las mismas a través de estrategias que han unido la actividad eficiente del vicio con arreglos de adjudicación y diseminación de terrenos públicos. Los retratos de los primeros años del siglo XX presentan un despliegue de presiones creadas por la infraestructura restrictiva de la propiedad, el problema de los tipos de reparto de los terrenos crudos y la escasez de autenticidad de la propiedad, así como la incansabilidad de los tipos de fuerza relacionados igualmente con la enorme propiedad y practicados sin coacción a un código de trabajo. La expansión de las presiones en tierra se comunicó en la inundación de las haciendas en las tierras del área local (CICR, 2018).
La hostilidad sobre las tierras de área abierta y local fue adicionalmente animada por el desarrollo de los costos del expreso y la afluencia de activos externos de los intereses en curso y el pago de la mediación en Panamá. Las tensiones sobre los jornaleros de las áreas inclinadas los condujeron por el camino definitivamente conocido de las colonizaciones del centro y de los pantanos, y detrás de ellos se movieron los gestores de las finanzas, intentando apropiarse de los terrenos estimados por los colonos. El interés de los terratenientes se extendía más allá de los terrenos, ya que éstos eran inútiles si no había trabajo, y por ello dispusieron varios tipos de alquileres que decantaron a los especialistas a las haciendas, logrando su progreso "de colonos a habitantes", con la captura de los terrenos y su caso como propiedades reforzadas. Para ese año, el indicador mundial de infortunios fue de 2.5 billones de pesos por tierras desiertas y 8.4 billones de pesos por mercancías desiertas, cifra comparable al 1.96% del PIB a precios de 2007, mientras que el ciclo ha traído igualmente grados críticos de captación de tierras y capitales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
En este sentido, asistimos al refrito de la "separación entre el hacedor y el método para la creación", que en la libre empresa "ejemplar" se unió igualmente a la vileza, el despojo de tierras, la destrucción de viviendas y los rendimientos, pero para nuestra situación relacionada con la salida de más del 10% de la población absoluta y sin construir los establecimientos para el giro monetario y social (Corte Suprema de Justicia, 1926).
La región del Catatumbo no se escapa de este flagelo que se vive de hace muchos años atrás, por causa de peleas de estos grupos armados por los territorios, los cultivos ilícitos y la gran pasarela que ofrece esta región para poder distribuir las drogas y armamentos a diferentes partes del país y del extranjero. La zona nororiental del Catatumbo, en la rama de Norte de Santander, limita con Venezuela. El Catatumbo es un importante productor de coca, la sustancia natural con la que se produce la cocaína. De todos los distritos colombianos, Tibú, en el Catatumbo, tenía la segunda región más grande bajo desarrollo de coca (OEA,2009).
Algunas zonas del Catatumbo, especialmente en Tibú, son también un importante manantial de creación de petróleo en Colombia. En el Catatumbo hay tres bandas amuebladas que se disputan el control regional y realizan operaciones delictivas en las cercanías. El CICR no ha asegurado si el grupo de disidentes de las FARC presentes en el Catatumbo es esencial para el enfrentamiento equipado. El ELN tiene presencia operativa en el Catatumbo desde la década de 1970.
El Frente de Guerra Nororiental del ELN a partir de ahora tiene presencia en las cercanías y supuestamente cuenta con no menos de 400 hombres en el Catatumbo. Se acepta que la asociación apareció en el Catatumbo durante la década de 1990. Durante mucho tiempo, el jefe del EPL fue Víctor Ramón Navarro, también llamado Megateo, quien impulsó el narcotráfico en el Catatumbo y falleció durante un operativo policial en octubre de 2015. En la actualidad hay guerreros del EPL diseminados en varias zonas del Catatumbo, además de otros del sur en zonas de Cúcuta y Puerto Santander. (Fiscalía y MinDefensa 2019).
Hasta el tratado de no agresión de 2016, las unidades fundamentales de las FARC con presencia operativa en el Catatumbo eran el Frente 33, la organización Catatumbo y otras dos unidades menos variadas que tenían cierto nivel de independencia del Frente 33, llamadas «Resistencia Bari» y «Arturo Ruiz». El grupo disidente de las FARC tiene ahora presencia en algunos distritos del Catatumbo, como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, y supuestamente cuenta con no menos de 70 personas. Los combates extremos entre el ELN y el EPL obligaron en poco tiempo a un gran número de habitantes del Catatumbo a abandonar sus hogares. En abril de 2018, el EPL proclamó un «paro equipado» en el Catatumbo. (CICR, s.f).
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hacia finales de 2018 coincidieron en Colombia enfrentamientos amueblados representados por el DIH y diferentes circunstancias de brutalidad administradas por la regulación interna y la regulación mundial de las libertades básicas. En el caso de los diferentes encuentros, se aplicaría la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, también llamada Convención de Palermo, por ejemplo, el DIH, ya que estas futuras circunstancias gestionadas por el Estado en relación con las actividades para mantener el orden público el DIH es relevante en relación con las circunstanciasen las que el Estado está involucrado. Los ataques deben coordinarse exclusivamente contra los guerreros y no contra la población no militar. El artículo 13 del Protocolo Adicional II impide que las dos personas y la población no militar sean objeto de agresiones.
Asimismo, se hará una diferenciación entre los objetos de los ciudadanos normales y los objetivos militares. Se deniegan los asaltos cuando se supone que pueden causar la pérdida accidental de vidas de ciudadanos normales, lesiones a ciudadanos normales, daños a objetos de ciudadanos normales, o ambas cosas, que serían extremadamente comparables al beneficio militar esperado (Presidencia de la República, 2013).
Conclusiones
Estas relaciones sociales han sido forzadas a través de estrategias de entrega continua de los territorios del país a los grandes terratenientes, impulsando su sindicación y legitimadas y construidas a través de sistemas políticos, militares y filosóficos. Estas limitaciones han sido perturbadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Colombia resultó ser esencial para el arreglo global de las relaciones desbordadas por la estrategia internacional de los Estados Unidos, especialmente por el precepto de la seguridad pública, trabajado dentro de la estructura de la Guerra Fría y postergado hasta el presente. Por otra parte, las estrategias monetarias se han inclinado hacia la sección del capital especulativo y la obtención de tierras y terrenos para la autorización de recursos, mientras se restringe la mejora de la economía a través de las limitaciones en la compensación del trabajo y los giros útiles, por lo que se sabe remunerados por las importaciones ayudadas por las alianzas internacionales. No será imaginable que se pretenda detener el conflicto repitiendo las estrategias que lo han creado e impulsado su desarrollo.
En este sentido, el desarrollo, la dispersión y la ósmosis de un honesto esclarecimiento de cuáles han sido las variables organizadoras del conflicto, cuáles han sido los componentes planificados y aplicados para legitimarlas y hacer retroceder sus pertenencias para conjugar la solicitud de dominio, será una ayuda significativa para reforzar las razones para cambiar y democratizar el arreglo de las relaciones políticas, monetarias y sociales vigentes, al servicio de las personas que han sido sus víctimas.
Referencias
ACNUR, (1998), Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, https://www.refworld.org/docid/3c3da07f7.html (consultado el 18 de julio de 2019).
CICR, (2018), Cinco conflictos armados en Colombia: ¿qué está pasando? https://www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando.
CICR, (s.f). Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, “regla 129”; https://ihldatabases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129
Código Penal de Colombia, art. 165.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2019) “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”,
Corte Suprema de Justicia, (1926). Sentencia de la Sala de Negocios Generales.
Efectos del conflicto armado en el Catatumbo Colombiano; (s.f) Editorial Redipe
Fiscalía y MinDefensa (2019), arrestarán a cabo que asesinó a exguerrillero de las FARC”, Noticias Uno Colombia, video de YouTube, subido el 28 de abril de 2019, https://www.youtube.com/watch?v=AjK6mrgQoQg 
OEA/Ser.L/V/II. de la ONU 57, 31 de diciembre de 2009, http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/CitizenSec.pdf, párr. 227.
Presidencia de la República, (2013). Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Informe general, Bogotá.

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