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Derecho Penal I

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UNAM

jessica g

17/8/2023

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Derecho Penal I

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Guía de actividades

División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 1

Módulo 21
Campos de formación y acción jurídica:
Derecho Ambiental

Unidad 1
Abordaje disciplinar

Sesión 1
Introducción al Derecho Ambiental

Texto de apoyo
Módulo 21. Campos de formación y acción jurídica: Derecho
Ambiental
Unidad 1. Abordaje disciplinar
Sesión 1. Introducción al Derecho Ambiental
Texto de apoyo
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 2
Índice

Presentación .......................................................................................................................................... 3
Concepto y trascendencia del Derecho Ambiental ................................................................................. 4
Evolución histórica internacional y nacional del Derecho Ambiental ...................................................... 9
Fuentes del Derecho Ambiental ........................................................................................................... 12
Fuentes formales ............................................................................................................................. 12
Proceso legislativo ........................................................................................................................ 12
Jurisprudencia .............................................................................................................................. 14
Costumbre .................................................................................................................................... 16
Principios generales del Derecho ................................................................................................. 18
Doctrina ........................................................................................................................................ 19
Fuentes reales o materiales ............................................................................................................. 20
Fuentes históricas ............................................................................................................................ 20
La relación del Derecho Ambiental con otras ramas del Derecho ........................................................ 21
Derecho Privado .............................................................................................................................. 21
Derecho Público ............................................................................................................................... 24
Derecho Social ................................................................................................................................. 25
Cierre ................................................................................................................................................... 26
Fuentes de consulta ............................................................................................................................ 27
Jurisprudencia .................................................................................................................................. 27
Legislación ....................................................................................................................................... 27

Derecho Ambiental
Fuente: Wikipedia

El Derecho es una herramienta política y social que no debe ser descartada en la construcción de
alternativas que tiendan a resolver problemas de carácter medioambiental. En esta primera sesión
analizarás en qué consiste el Derecho Ambiental, cuáles son las fuentes de las que emana, cómo es
su relación con otros campos jurídicos y cuál ha sido su evolución histórica a nivel internacional.

Recuerda que la esencia del orden jurídico es el dinamismo, al encontrarse sujeto a cambios
constantes, por lo que el abogado especializado en Derecho Ambiental tiene el compromiso de
actualizarse permanentemente.

Para comprender y explicar el Derecho, su objeto de estudio se divide en ramas o campos. Ante ello,
se tiene como primera clasificación el Derecho Público, el Privado y el Social, subdividiéndose a la vez
en otros campos, a los que se les adscribe un cuerpo normativo especializado. En este sentido, el
Derecho Ambiental, rama autónoma que surge del fecundo árbol llamado Derecho, se ubica en el
Derecho Social, toda vez que tiende a proteger grupos amplios de personas.

Cabe destacar que en ninguna materia existirá un término unívoco, es decir, que sea totalmente
absoluto, definitivo e incuestionable, ya que la finalidad de la ciencia es precisamente proponer varias
posturas o vertientes respecto a los hechos que suceden en la realidad o de los que somos capaces
de razonar. Así, para tratar de comprender la esencia del Derecho Ambiental, se partirá de la cita de
tres autores reconocidos en la materia y, posteriormente, se analizarán sus posturas para identificar
los aspectos en común sobre las mismas.

Déctor García considera que el Derecho Ambiental es:

…el conjunto de normas, principios y criterios, que unidos crean un régimen dentro del cual se
desarrollan las actividades del Estado tendientes a preservar, restaurar y mejorar el equilibrio ecológico,
así como la vigilancia de las actividades de los particulares y entidades públicas con el objeto de
prevenir, controlar la contaminación, y así lograr el desarrollo sustentable (Déctor, 2014:23).

Ferro y López, refiriéndose al concepto aportado por Silvia Jaquenod, dicen que esta rama del
Derecho se concibe como:

… la disciplina jurídica que investiga, estudia y analiza las diferentes relaciones entre los bienes
naturales y la actividad antrópica, orientando la regulación jurídica de las conductas y actitudes humanas
respecto al uso, explotación y aprovechamiento de recursos naturales, conservación de la naturaleza y
protección al ambiente (Ferro y López, 2006:36).

Por último, Carlos Andaluz indica que el Derecho Ambiental:

Es el conjunto de normas y principios de acatamiento imperativo, elaborados con la finalidad de regular
las conductas humanas para lograr el equilibrio entre las relaciones del hombre y el ambiente al que
pertenece, a fin de lograr un ambiente sano y el desarrollo sostenible (Andaluz, 2006:505).
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Ambiental
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Cabe señalar que el Derecho Ambiental tiene múltiples objetos de regulación, como
lo son los bienes o recursos naturales, el equilibrio ecológico, la protección al
ambiente, la prevención de la contaminación y el desarrollo sostenible. Esto se
traduce en un conglomerado de normas jurídicas con una tendencia multidisciplinar,
al regular uno o varios de esos aspectos con el auxilio de otras ciencias que,
aunque diferentes, están conectadas entre sí.

De las constantes respecto a dichas definiciones podemos encontrar las siguientes:

a. El Derecho Ambiental se estructura principalmentepor normas. No obstante, en su aplicación
pueden surgir ciertos problemas, por lo que será necesario aplicar, además, principios y
criterios jurídicos para salvar dichos desaciertos, como los emanados de nuestra propia
Constitución o de las interpretaciones de los tribunales respecto al entramado legal.
b. El poder público es el encargado de emitir y vigilar el cumplimiento de dichas normas, cuyo
destinatario son todas las personas, ya sean de Derecho Público o Privado, pues, en el
desarrollo de sus actividades, pueden alterar e inclusive dañar al medio ambiente, por lo que
requieren ser sancionados o conminados a reestablecer el equilibrio ecológico.
c. El Derecho Ambiental no sólo castiga conductas por quebranto al medio, también tiene fines
preventivos, determinando hechos que pueden lesionar al ambiente y, con base en ello,
establecer con antelación medidas para aminorar el impacto ambiental.
d. Temporalmente su objeto de protección no se limita al estado actual del medio ambiente sino
que propone alcances futuros, por lo que privilegia el desarrollo sustentable buscando que la
productividad actual no comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.

Como puedes observar, existen dos perspectivas para definir el Derecho Ambiental, una netamente
normativa y otra mayormente enfocada a lo disciplinar.

Dentro de las aportaciones disciplinares se encuentra la dogmática jurídica, que es una enseñanza
encargada de describir sistemáticamente las normas que componen un ordenamiento legal específico
tal y como existe, por lo que no emite juicios de valor respecto al mismo, aunque sí realiza
aportaciones en cuanto a los problemas que surgen en su interpretación o aplicación. Por otra parte, el
punto de vista científico aporta en el Derecho Ambiental, esencialmente, hacia la elaboración de
propuestas de mejora de acuerdo con el avance de sus hallazgos.

En este sentido, consideramos que el Derecho Ambiental es la rama del Derecho especializada en el
estudio profundo y crítico de las normas jurídicas que se enfocan en el desarrollo sustentable, la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en general a la protección del ambiente.
Esto es así toda vez que:

 Es una rama autónoma del Derecho: Aunque algunos autores refieren que es una vertiente del
Derecho Administrativo, no consideramos que ello sea así, toda vez que, si bien es cierto que la
actuación de la administración pública ambiental tiene mucho peso en la gestión, inspección y
vigilancia correspondiente, también lo es que esta materia rebasa dicho actuar y ha ido
generando principios propios de aplicación que no sólo surgen dentro del ámbito nacional, sino
también de la vertiente internacional. Además, la actuación de los particulares también se ha
visto influenciada y ha creado ciertas especificidades complementarias, por ejemplo, en las
llamadas cláusulas ambientales en los contratos de arrendamiento o la obligatoriedad de la
contratación de seguros que cubran este tipo de riesgos; esto independientemente de los delitos
Sistema
normativo
Aportaciones
disciplinares
Construcción
del Derecho
Ambiental
Jurídicas
Otras
ciencias
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que se han legislado en otros diversos ordenamientos, por lo que la dispersión normativa es
precisamente unas de las peculiaridades de esta materia. Por lo anterior, se presenta a
continuación el siguiente criterio que distingue claramente que no se trata de un régimen
administrativo ordinario:

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. ESTÁ SUJETA A UN RÉGIMEN DE ESPECIALIDAD REGULATORIA EN QUE CONFLUYEN
LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y OTROS ORDENAMIENTOS, LO QUE IMPLICA EL DEBER DE
INTERPRETARLOS DE MODO QUE PREVALEZCA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN Y REPARACIÓN.
Con la reforma al artículo 4º constitucional del 8 de febrero de 2012 no sólo se cambió la denominación
del derecho a un medio ambiente “adecuado”, por la de derecho a un medio ambiente “sano”, sino que
nació también un régimen especial de responsabilidad ambiental, pues se estableció que “el daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque”, y se realizó la acotación de que
ello se actualizará “en términos de lo dispuesto por la ley”. En el proceso de reforma se destacó así la
importancia de enfatizar el deber de garantía del Estado, la responsabilidad ambiental solidaria y
participativa del Estado y la sociedad. A partir de ello puede afirmarse que, dentro de la materia
ambiental, existe un género más de especialidad o especificidad que es la relativa a la responsabilidad
ambiental que, de esta forma, debe diferenciarse de la responsabilidad administrativa ordinaria. Es una
responsabilidad de rango constitucional, que coexiste, en ese entendido, con la responsabilidad penal,
civil, administrativa y otras determinadas en el ordenamiento fundamental. Este reconocimiento de un
régimen especial de responsabilidad ambiental atiende a los principios de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, destacadamente de sus principios 13, 15 y 16, mismos que gozan de
aceptación generalizada en el ámbito internacional y han imbuido la legislación nacional en la materia y,
por ello, orientan el alcance y especificidad del régimen de responsabilidad ambiental que tiene, como
objetivo general, asegurar la reparación del daño ambiental, pero no sólo ello, sino la prevención e
internalización de los riesgos ambientales. Ahora bien, la ley que regula lo relativo a la responsabilidad
ambiental en el ámbito nacional es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013) que, en ese sentido, es la ley especial en la materia de
responsabilidad ambiental; sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho ordenamiento coexiste con
otros de rango general y que contienen también previsiones relacionadas con la responsabilidad
ambiental (destacadamente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos). De
ahí que deba estarse a una interpretación sistemática de los ordenamientos aplicables que mejor
maximice el mandato de protección y reparación establecido en el artículo 4º constitucional (Tesis:
I.18o.A.71 A [10a]).

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Ambiental
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 Es una disciplina vinculada con el avance científico, que implica un estudio profundo y crítico
centrado en las normas jurídicas ambientales. No significa que este campo del Derecho se
encuentre desligados de otros acontecimientos de la realidad, de otras ciencias y de fenómenos
que aún no han sido regulados por las autoridades o que al día de hoy son desconocidos. El
Derecho es un sistema esencialmente regulatorio de la conducta del hombre, pero la naturaleza
de éste a lo largo de la historia se ha mostrado en una constante búsqueda de conocimiento
debido a los cuestionamientos que siempre se ha planteado y el Derecho Ambiental, desde
luego, no es la excepción. Así, veremos que puede ser abordado desde el punto de vista
filosófico, sociológico, económico, político, artístico, religioso, etcétera. Además, como se ha
señalado, el Derecho es un campo de conocimientoen adecuación constante respecto a las
nuevas realidades, por lo que se requiere por parte de los operadores jurídicos abordar estos
temas con una visión analítica y propositiva respecto a la basta normatividad vigente, así como a
la que surja en el devenir. Asimismo, cabe señalar que el Derecho Ambiental es totalmente
multidisciplinario, situación a la que un buen abogado no debe temer; en cambio, debe ser
sensible, pues los saberes de otros expertos le ayudarán a desempeñarse de forma más efectiva
en este ámbito.
 Tiene un objeto de regulación múltiple respecto a todos los recursos naturales existentes.
Estos recursos pueden ser parte de la atmósfera, los ecosistemas acuáticos y en cualquier
situación terrestre, tales como son por lo menos los relativos a su:

o Desarrollo sustentable: Implica evaluar de forma no sólo ambiental sino también económica y
social la productividad humana, sin que se vean mermadas tanto la satisfacción de nuestras
necesidades como de las generaciones futuras.
o Preservación: Conlleva la difícil tarea de mantener las condiciones que permitan la
continuidad de los ecosistemas, hábitats naturales y componentes de la biodiversidad.
o Restauración: Recuperación o restablecimiento de las condiciones que faciliten el desarrollo
de los procesos naturales.
o Protección: A través de políticas y medidas jurídicas para controlar o sancionar su deterioro.

Es menester subrayar que la trascendencia del Derecho Ambiental radica en que da un soporte
jurídico nacional a un derecho humano de tercera generación, reconocido por la Declaración de
Estocolmo del 16 de junio de 1972 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano), en donde por primera vez se estipuló en un instrumento internacional que la especie
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humana tiene derecho a un medio ambiente de calidad, por lo que protegerlo y mejorarlo es un deber
para garantizar una vida con dignidad, tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Cabe recordar que los derechos humanos de la llamada tercera generación son denominados también
“derechos de la solidaridad”, mismos que fueron conformándose a partir de la segunda mitad del siglo
XX al término de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948). Estos derechos se caracterizan por defender derechos de los pueblos o intereses colectivos,
incluso globales y surgen por una necesidad de cooperación entre las naciones, así como entre los
distintos grupos que las integran (Derechos de Colaboración Internacional). De igual forma, prevén la
acción de determinados colectivos que formulan declaraciones sectoriales a favor de muchedumbres
discriminadas: conjuntos etarios, minorías étnicas o religiosas, países en vías de desarrollo, etcétera.
Así, los bienes jurídicamente tutelados son la paz, el desarrollo, un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, la libre disposición de recursos naturales y la propiedad sobre el
patrimonio común de la humanidad.

Esquema 2. Generaciones de derechos humanos

Evolución histórica internacional y nacional del Derecho Ambiental

Si bien es cierto que a lo largo de la historia el Derecho ha contribuido con aportaciones que beneficien
el medio ambiente (por ejemplo, en las Doce Tablas de la cultura romana existía una disposición que
prohibía la sepultura de cadáveres en terrenos urbanos para evitar la contaminación), puede decirse
que el surgimiento y auge del Derecho Ambiental, tal y como lo concebimos actualmente, comenzó en
los años setenta con la Declaración de Estocolmo y se encuentra vinculado con cierta toma de
conciencia de los desastres ecológicos en el planeta derivados del crecimiento desmedido de las urbes
y del desarrollo industrial característico de las sociedades de consumo.

P
ri
m
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ra
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Derechos
políticos y
civiles S
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Derecho
económicos,
sociales y
culturales
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Derechos
humanos en
el
ciberespecio
Derechos
de los
pueblos y
de
solidaridad
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A partir de ahí, el tema del medio ambiente recibió una mayor difusión y politización, por lo que los
Estados comenzaron a implementar gran cantidad de disposiciones en la materia (que serán tratadas
ampliamente en otra sesión). México no fue la excepción y se vio en la necesidad de adoptarlas y
adaptarlas paulatinamente a su propio sistema, debido en parte a la necesidad de acceder a
mecanismos de financiamiento externo o de cooperación internacional, independientemente del
deterioro que ya era perceptible en nuestro país. En este sentido, la actual Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) refiere lo siguiente:

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo nacional se centró en el impulso a
la industrialización a través de la sustitución de importaciones. El medio fundamental fue la intervención
directa del Estado en la economía, que incluía la protección de un mercado interno. La industrialización
subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las del sector primario;
generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, así como un
desarrollo urbano industrial que no previó sus efectos ambientales ni reguló adecuadamente sus
resultados en términos de manejo de residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas
en los cuerpos de agua (SEMARNAT, 2019).

Así, en 1971 surge la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, entre cuyos
objetivos, además de los que se encuentran explícitos en su denominación, lo es también regular el
adecuado manejo de recursos y bienes naturales. Su cumplimiento estaba a cargo de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia (SSA) y del Consejo de Salubridad Nacional, que podían coordinarse con otras
secretarías de Estado tratándose de aguas, suelos y actividades comerciales e industriales.

En el año de 1977 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento Interior de
la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas que contó con una Dirección de Ecología
Urbana, entre cuyas funciones estaban el realizar estudios para determinar la forma en que los
asentamientos humanos afectaban el medio ambiente, a fin de proponer lineamientos para crear una
política ecológica y coordinarse con otras autoridades para generar programas de divulgación masiva
orientados a la sensibilización sobre acciones preventivas, así como determinar el impacto ambiental
de diversas obras. Años después dicha dirección pasó a ser una subsecretaría hasta que en el año
1983 surgió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE).

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Lo anterior estaba alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), en donde por primera vez
un presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, contempla dentro de los temas relevantes de la agenda
nacional la contaminación y la disminución de recursos como problemas graves, entre otros factores,
debido a la inadecuada evaluación del impacto ambiental de obras nuevas, la falta de procesos
productivos adecuados, el desconocimiento de la capacidad de soportede los ecosistemas, la
explotación irracional de los recursos, la ausencia de responsabilidad de la ciudadanía, la carencia de
un marco jurídico efectivo y la falta de mecanismos de financiamiento.

Entonces, comenzó un despliegue masivo e institucionalizado respecto al manejo adecuado de los
recursos naturales, el fomento de tecnologías amigables y la implementación de medidas para evitar la
concentración desmedida de personas en grandes urbes, como la Ciudad de México. De acuerdo con
esto, se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previendo
la preservación de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades económicas. Así, en 1984,
también se reformó la ley secundaria, a fin de que el Estado estuviera facultado para emitir cuerpos
normativos complementarios.

No obstante, fue necesaria otra reforma estructural, la cual ocurrió en el año de 1987, en donde entre
otros artículos, el 27 y 73 constitucionales fueron modificados para que el Congreso de la Unión
pudiera expedir válidamente leyes federales. Cabe señalar que la recién creada Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (10 de agosto de 1987), también fue autorizada para crear disposiciones locales en
la materia.

Por último, con estas reformas al sistema, se sentaron las bases para la expedición de la actual Ley
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, además de 31 leyes locales y 5
reglamentos, sin olvidarnos de las autoridades administrativas que surgieron, como el Instituto
Nacional de Ecología (INE; hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC]), la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) y la reciente creación de los Juzgados de Distrito en materia
ambiental.

En este apartado revisaremos los mecanismos por los cuales se origina el Derecho Ambiental. Para
ello, seguiremos la teoría clásica que agrupa a las fuentes del Derecho en tres clases (esquema 3).

Esquema 3. Fuentes del Derecho

Fuentes formales

Se refieren a los procesos de creación de las normas que se encuentran sujetos a determinados
requisitos o formalidades; a su vez, se clasifican en:

Proceso legislativo

Es el conjunto de pasos que deben seguir uno o varios órganos del Estado con el fin de crear leyes. Así,
entendemos por ley al conjunto de normas jurídicas que son el resultado de un proceso legislativo; en
tanto que norma es una regla o precepto de conducta.

De conformidad con nuestro sistema, los pasos precisos que deben observarse para promulgar una ley
se encuentran en primer término en la Constitución, para implementar leyes federales, cuyo ámbito
espacial de validez abarca todo el territorio de la República Mexicana, mientras que el proceso de
creación de las leyes locales deberá ajustarse a las condiciones señaladas en los cuerpos normativos
de las entidades federativas.

1. Formales
* Proceso legislativo
* Jurisprudencia
* Costumbre
* Principios generales del Derecho
* Doctrina
2. Reales o materiales
3. Históricas
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Esquema 4. Momentos de desarrollo de las leyes

Toda vez que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental, nos referiremos al
proceso federal de creación (aplicable también a la derogación o reforma), mismo que se encuentra
regulado en el artículo 72 constitucional con varias hipótesis. Todo proyecto de ley ambiental, al no ser
una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, puede discutirse indistintamente en ella o en la
Cámara de Senadores.

Si revisamos el sitio leyes federales vigentes en la página web de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, podremos darnos cuenta de la abundancia
legislativa de las normas ambientales.

 Ley Federal de Sanidad Animal
 Ley Federal de Sanidad Vegetal
 Ley Federal de Variedades Vegetales
 Ley Federal del Mar
 Ley General de Cambio Climático
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
 Ley General de Vida Silvestre
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
 Ley que Declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio
y las demás Substancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que
puedan Producir Energía Nuclear
Ley
Normas,
preceptos o reglas
de conducta
Proceso
legislativo Validez
jurídica
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 Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear

Jurisprudencia

Es un término multívoco (que tiene varios significados) y hace referencia al Derecho y a la ciencia (la
prudencia puesta al servicio del Derecho) o a una serie de criterios interpretativos elaborados y
aplicados por determinados tribunales, de conformidad con el décimo párrafo del artículo 94 de nuestra
Constitución que establece de forma expresa:

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y
normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

Cabe aclarar que, para efectos de nuestra materia, utilizaremos el vocablo en el
sentido de criterio interpretativo.

La Ley de Amparo contiene distintas clasificaciones de las jurisprudencias, entre las cuales
destacamos los siguientes tipos:

Cuadro 1. Tipos de jurisprudencia
Clasificación por
su forma de
establecimiento
¿Quién puede
establecerla? ¿A quién obliga? ¿Cómo se establece?
Por reiteración
de criterios
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas).
Salas de la Corte (tratándose de la
que decrete el Pleno):

Plenos de Circuito; los tribunales
colegiados y unitarios de circuito; los
juzgados de distrito, tribunales militares y
judiciales del orden común de los
Estados y de la Ciudad de México, y
tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales (art. 217).
Cuando “se sustente un
mismo criterio en cinco
sentencias no
interrumpidas por otra en
contrario”, resueltas en
diferentes sesiones (art.
222).
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Tribunales
Colegiados de
Circuito.
Tribunales Colegiados y Unitarios de
circuito, los Juzgados de Distrito:
tribunales militares y judiciales del orden
común de las entidades federativas;
tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales que se ubiquen
dentro del circuito correspondiente (art.
217).
Por
contradicción de
tesis
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas).
Aplica lo arriba señalado.
Al dilucidar los criterios
discrepantes sostenidos
entre las Salas de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, entre los
Plenos de Circuito o entre
los tribunales colegiados de
circuito, en los asuntos de
su competencia (art. 225).
Plenos de Circuito.
Tribunales colegiados y unitarios de
circuito; juzgadosde distrito;
tribunales militares y judiciales del
orden común de las entidades
federativas; tribunales
administrativos y del trabajo, locales
o federales que se ubiquen dentro
del circuito correspondiente (art.
217).
Por sustitución
Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(Pleno o Salas).
Aplica lo arriba señalado.
Previa petición con
motivo de un caso
concreto, una vez
resuelto, expresando las
razones por las cuales
deba hacerse.
Plenos de Circuito.
Fuente: Ley de Amparo.

Además de lo anterior, cabe recordar que la jurisprudencia puede detenerse o dejar de tener
continuidad y carácter obligatorio cuando se pronuncie una sentencia en contrario. Tratándose de
nuestra materia, si entramos a la sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación de 1917 a la fecha y tecleamos la materia ambiental, encontraremos varios
criterios aislados y, desde luego, también jurisprudencia. Por ejemplo:

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA GESTIÓN AMBIENTAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 420,
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. De la interpretación sistemática de citado precepto
legal, cuya materia de protección es el medio ambiente y la gestión ambiental, se considera que
los elementos objetivos que integran el tipo penal pueden identificarse a partir de su
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segmentación en tres momentos, cada uno de los cuales resulta necesario para tener por
configurada la conducta típica: (1) alguno de los verbos rectores que describen las distintas
acciones típicas; (2) la identificación genérica de los objetos del delito en las formas enumeradas,
y (3) al menos una de las condiciones o circunstancias de riesgo en las cuales es necesario que
se encuentren los objetos del ilícito para que la conducta desplegada resulte típica. Tales
elementos objetivos se encuentran en la redacción de la porción normativa en cuestión de la
siguiente forma: (a) en primer lugar, los verbos rectores: realizar cualquier actividad con fines de
tráfico, capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país; (b) en segundo
lugar, los objetos del ilícito: algún ejemplar, producto, subproducto o recursos genéticos de una
especie de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, y (c) en tercer y último lugar, las
condiciones o circunstancias de riesgo en las que la especie de flora o fauna silvestre terrestre o
acuática, a la que pertenecen el ejemplar, los productos, subproductos o recursos genéticos,
deberá encontrarse, esto es, que esté en veda, que sea considerada endémica, amenazada, en
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del
que el Estado mexicano sea parte. Luego, la frase “en veda” califica alternativamente a los
objetos del ilícito de la misma forma que el resto de las categorías de riesgo enlistadas en el tipo
penal. Esto es, la alternancia de cualidades específicas de los objetos del ilícito para una correcta
adecuación típica comienza justamente con la posibilidad de que las especies de flora o fauna
silvestres, terrestres o acuáticas se encuentren bajo una declaratoria de veda. Por tanto, el
juzgador deberá verificar que en la conducta a encuadrar concurra alguna de las opciones que
cada uno de los tres estadios descritos ofrecen, de lo contrario, no podrá tenerse por acreditada
la conducta delictiva (Tesis: 1a./J. 135/2017 [10a]).

Costumbre

El término costumbre se refiere a la conducta que se repite constantemente en el tiempo por un grupo
amplio de personas que la consideran obligatoria, aunque no sea ley. Por lo tanto, desde el punto de
vista jurídico, deberá tener dos elementos:

a. Elemento objetivo u observable: Una conducta repetida en el tiempo, inclusive de generación en
generación.
b. Elemento subjetivo o intangible: La consideración grupal de que dicha conducta es obligatoria.

Por otra parte, para ser considerada fuente de derechos y obligaciones, la costumbre necesita ser
referida por una disposición normativa.

En la fracción VIII, inciso A, del artículo 2º constitucional, se determina respecto a
los miembros y comunidades indígenas “que podrán acceder de manera plena a la
jurisdicción estatal” y que para garantizar este derecho fundamental deben tomarse
en consideración sus costumbres y características culturales, lo que no excluye la
utilización de sus tierras y recursos naturales.

A nivel secundario, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece
en la fracción XXXV del artículo 7, que el “manejo forestal comunitario” deberá ser
bajo los principios de “sustentabilidad, equidad, inclusión y respeto a las tradiciones,
usos y costumbres”; los cuales son muy importantes para respetar los derechos de
las comunidades indígenas.

Respecto al Derecho Ambiental Internacional, también la costumbre es una fuente importante de
Derecho, de conformidad con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece en su
artículo 38 que para decidir en las controversias de orden internacional que le sean sometidas deben
aplicarse:

 Las convenciones internacionales.
 La “costumbre internacional”, es decir, las prácticas generalmente aceptadas como si fueran
Derecho.
 Los principios generales del Derecho reconocidos.
 Las decisiones judiciales.
 Las doctrinas de los publicistas de mayor competencia.

Del año 2000 a la fecha, han sido sometidos a la Corte, entre otros, los siguientes
casos:

 Planta de celulosa en el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay).
 Caza de la Ballena en el Antártico (Australia contra Japón).
 Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del Río San Juan
(Nicaragua contra Costa Rica).
 Fumigación aérea de herbicidas (Ecuador contra Colombia).

Los principios son verdades fundamentales para la ciencia jurídica que tienen aplicación práctica en la
resolución de conflictos. Éstos se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, ya que son muy útiles
para brindar directrices en casos de integración de la ley al existir un vacío normativo. Su aplicación
está prevista conforme al principio de legalidad establecido en el último párrafo del artículo 14
constitucional, que señala que en las sentencias de resolución de casos diferentes a los de materia
penal, éstas deben ceñirse a la letra de la ley o a su interpretación jurídica y, a falta de ellas, deben
fundamentarse en los principios generales del Derecho. En este sentido, cualquier operador jurídico
puede citarlos válidamente conforme a nuestro sistema, en todos aquellos asuntos en los que sea
parte.

Algunos de estos principios son los siguientes:

 Lo que no está prohibido está permitido.
 Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
 Quien puede lo más, puede lo menos.
 Nadie está obligado a lo imposible.
 El que afirma está obligado a probar.
 Primero en tiempo, primero en Derecho.
 El género se deroga por la especie.
 No hay pena sin ley.
 Lo que es notorio no necesita probarse.

En el ámbito internacional, múltiples principios rectores derivan de varios tratados y convenios, que
sirven de directrices para los Estadosy para todas las personas en general en la protección del medio
ambiente. Es tal su variedad que existen puntos de vista distintos sobre cuáles deben ser los
considerados como prioritarios para su aplicación.

El informe “Principios marco sobre derechos humanos y el medio ambiente”
básicamente está dirigido a los gobiernos de los Estados miembro. Consúltalo.

 Oficina de la Naciones Unidas (2018). Principios marco sobre derechos humanos
y el medio ambiente. ONU: Nairobi. Recuperado de:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FP_Report
Spanish.PDF

Doctrina

Por doctrina se entiende a las opiniones razonadas de personas expertas en la materia, mismas que
se vuelven una fuente para el Derecho cuando son retomadas al momento de la creación de una ley o
cuerpo normativo, o bien, son tomadas en consideración para fundamentar algún tipo de resolución.

En ese sentido, y a modo de ejemplo, cabe destacar que en la elaboración de las Normas Oficiales
Mexicanas son consultadas varias instituciones y peritos en la materia.

Para la elaboración de la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y
Especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo,
participaron, entre otras, representantes de las siguientes instancias:

 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
 Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE)
 Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A. C., Unidad Guaymas (CIAD)
 Cornell University
o Department of Ecology and Evolutionary Biology
o Neotropical Bird Conservation Program
 El Colegio de la Frontera Sur, Campus San Cristóbal de las Casas, Chis.
 Instituto de Ecología, A. C.
o Centro Regional del Bajío
o Departamento de Hongos y Departamento de Ecología Vegetal
o Departamento de Ecología Funcional

Se enfocan en la realidad, en cuanto aquellos acontecimientos de carácter político, económico, social
o cultural que precisan el contenido o razón de ser de la norma. Son las condiciones fácticas que se
manifiestan en una sociedad concreta y que tienen la capacidad de influir en la forma de ser del
Derecho.

En la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de
México de Flora y Fauna Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, se explican las múltiples y
complejas situaciones de varias formas de vida que se consideraron para elaborar la
lista de especies en riesgo de extinción, lo que implicó hacer estudios de campo por
expertos de instituciones situadas en diversas entidades de la República Mexicana.
Lo anterior influyó en la creación de este cuerpo normativo para darle materia o
contenido.

Fuentes históricas

Las fuentes históricas se refieren a todos aquellos documentos de carácter jurídico que sentaron las
bases para las normas actuales. Si bien es cierto que no se trata de Derecho vigente, nos ayudan a
comprender el origen y contenido de las disposiciones que sí lo son.

La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en
el DOF el 11 de enero de 1982, sirvió de base a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente que comenzó su vigencia el 1 de marzo de 1988.
No obstante, conforme a los artículos transitorios de esta última, mientras se
expedían las nuevas disposiciones reglamentarias, siguieron en vigor las anteriores.

De igual forma, todos los procedimientos y recursos administrativos iniciados bajo la
vigencia de la ley abrogada se tramitaron y resolvieron conforme a las disposiciones
anteriores. Sin embargo, al día de hoy rige plenamente la Ley General.

El Derecho es un todo que tiene múltiples formas de expresarse y, para estudiarlo, tradicionalmente se
ha dividido en partes, facilitando así su comprensión. Estas partes varían dependiendo de la óptica de
cada autor. En este módulo, se realizará una clasificación tricotómica y, posteriormente, se hará
referencia a las ramas del Derecho que –consideramos– tienen una más estrecha relación con la
materia ambiental.

Esquema 5. Clasificación de los principales campos del Derecho

Derecho Privado

El Derecho Civil regula varios aspectos de la persona, como lo son sus atributos, hechos importantes
en su vida (nacimiento, matrimonio, muerte), su patrimonio (obligaciones, contratos, sucesión) y la
adscripción a un grupo familiar con todos los derechos y obligaciones que ello comprende. Imagínate
que eres propietario de un inmueble y decides darlo en arrendamiento, sin embargo, tu arrendatario
recibe una visita de PROFEPA e inicia un procedimiento en su contra por un derrame de residuos
peligrosos sobre tu propiedad. Desde luego, esto podría afectar gravemente tu patrimonio, por lo que
surge una pregunta: ¿Qué derechos tienes frente al arrendatario? El Derecho Civil nos ayudará a no
perder de vista dos aspectos importantes:

1. La protección del patrimonio a través del diseño de relaciones contractuales preventivas.
Derecho
Privado
* Derecho Civil
* Derecho Mercantil
Público
* Derecho Constitucional
* Derecho Administrativo
* Derecho Penal
Social * Derecho Agrario
Relaciones entre
particulares
Relaciones entre
el Estados y los
particulares
Protección de
grupos
vulnerables
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Ambiental
Unidad 1. Abordaje disciplinar
Sesión 1. Introducción al Derecho Ambiental
Texto de apoyo
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 22
2. En el caso de generación de daños y perjuicios, nos brinda el soporte sustantivo para solicitar una
indemnización por daños y perjuicios.

CLÁUSULA XXXX.- ASPECTOS AMBIENTALES

(A) Salvo por los materiales peligrosos que se contengan en los productos usados
por EL ARRENDATARIO en cantidades mínimas para la limpieza habitual, EL
ARRENDATARIO no permitirá que ninguna persona introduzca materiales
peligrosos al inmueble arrendado o sus alrededores, sin el previo consentimiento
por escrito del ARRENDADOR.
EL ARRENDATARIO, a su cuenta y costo, operará sus actividades en el
inmueble arrendado con estricto apego a los requerimientos ambientales y
deberá subsanar en forma satisfactoria para el ARRENDADOR cualquier
liberación de materiales peligrosos por parte del ARRENDATARIO, sus
representantes, empleados, trabajadores, contratistas, subarrendatarios o
invitados. Ambas partes entenderán por requerimientos ambientales, a todas las
leyes, reglamentos, disposiciones, reglas, códigos, sentencias y demás
resoluciones gubernamentales aplicables, ya sean presentes o futuras, en
relación con las condiciones ambientales aplicables, ya sean presentes o futuras,
en relación con las condiciones ambientales en el inmueble arrendado o sus
arrendadores.
(B) EL ARRENDATARIO se obliga a indemnizar, defender y sacar en paz y a salvo
al ARRENDADOR de cualquier demanda, juicio, daños, perjuicios,penas,
multas, gastos (incluyendo gastos de reparación, remoción, acciones de
corrección o limpieza), responsabilidades, pérdidas y costos (incluyendo , sin
limitación, honorarios de abogados, de consultores y de peritos), que resultaren
durante o posteriormente al plazo del arrendamiento dada la contaminación por
materiales peligrosos como resultado del uso o de las actividades del
ARRENDATARIO, o de sus empleados o contratistas o invitados. Las
obligaciones del ARRENDATARIO conforme a la presente cláusula continuarán
vigentes aún después de la terminación de este Contrato.
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Sesión 1. Introducción al Derecho Ambiental
Texto de apoyo
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 23
(C) Previa notificación, EL ARRENDADOR o sus representantes tendrán acceso al
inmueble arrendado, así como el derecho de realizar inspecciones y pruebas a
fin de determinar si EL ARRENDATARIO ha cumplido o no con los
requerimientos ambientales. Dichas inspecciones y pruebas serán a cargo del
ARRENDADOR, salvo que de ellas se desprenda que EL ARRENDATARIO no
ha cumplido con los requerimientos, en cuyo caso EL ARRENDATARIO deberá
reembolsar al ARRENDADOR los costos de dichas inspecciones y pruebas.
(D) Cuando el ARRENDADOR lo solicite por escrito, EL ARRENDATARIO a su
exclusiva cuenta y costo entregará al ARRENDADOR, antes de la terminación de
la vigencia del arrendamiento, una evaluación de impacto ambiental fase 1
dirigido por una empresa que el ARRENDADOR haya autorizado previamente
por escrito, en el que exprese que el inmueble arrendado está libre de
contaminación de materiales peligrosos. En caso que dicha Fase 1 revele la
existencia de materiales peligrosos que sean resultado del uso y posesión del
inmueble arrendado, EL ARRENDATARIO deberá remediarlo, sin que sea
exonerado de cualquier otro tipo de responsabilidades.

Por lo que se refiere al Derecho Mercantil que rige a los comerciantes y a los actos de comercio, la
parte contractual también cobra relevancia ya que, en muchas ocasiones para el cumplimiento de las
disposiciones ambientales, las personas deben contratar especialistas para gestión ambiental,
unidades de verificación, auditores, laboratorios, incluso para la recolección y transporte de residuos,
sean peligrosos o no. En tal caso, es muy importante verificar que el prestador de servicios cuente con
las acreditaciones y autorizaciones correspondientes para desempeñarse en una determinada área,
por lo que un buen auxiliar para verificar dicha situación puede ser la página de la Entidad Mexicana
de Acreditación (EMA).

Además, cabe hacer notar que ciertas instituciones bancarias al revisar estados financieros verifican la
existencia, o no, de algún pasivo ambiental, a fin de verificar si puede otorgarse un financiamiento.
También cabe señalar que muchas compañías de seguros ya comercializan contratos de
responsabilidad civil ambiental, que es opcional excepto para el desarrollo de actividades altamente
riesgosas.

El Derecho Constitucional es la base de todo el sistema jurídico, no sólo del ambiental. Su
trascendencia es tal que dedicaremos una sesión exclusivamente a tratar este tema, iniciando con
analizar lo referente a los derechos humanos (parte dogmática) y a las facultades de los Poderes de la
Unión respecto al medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sustentable (parte orgánica).

Por lo que hace al Derecho Administrativo, éste también tiene una gran incidencia con el Derecho
Ambiental toda vez que al regular la estructura y funciones del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de
las leyes, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sienta las primeras bases jurídicas
para la actual SEMARNAT que, como parte de sus atribuciones debe impulsar la protección,
restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales,
bienes y servicios ambientales para asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a un medio
ambiente sano. Por ello, todas las funciones de gestión y algunas de supervisión o vigilancia están a
su cargo, o forman parte de alguna otra dependencia con atribuciones similares.

En este caso es necesario recordar que, además de las normas estructurales, también debemos
emplear normas relativas a los actos administrativos, como la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo que se aplica para seguir procedimientos y emitir resoluciones por parte de órganos y
organismos de la Administración Pública.

Si llegara a existir conflicto por alguna providencia dictada por ese tipo de autoridades, por ejemplo, la
aplicación de una multa por infraccionar una norma administrativa federal, recurriremos entonces al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se rige tanto por la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo como por su propia ley orgánica.

Independientemente de ello, no olvidemos que cuando una ley especial señala reglas para realizar
ciertos actos o prácticas, como la Ley de Aguas Nacionales, deben prevalecer las normas específicas
sobre las generales, por lo que las leyes comentadas se aplicarán de forma supletoria.

Por lo último, también es necesario recordar que, tratándose de jurisdicción estatal, las propias
entidades federativas cuentan con leyes similares en su competencia.

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División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 25
El Derecho Penal señala tanto las conductas consideradas como delitos, como las sanciones que les
corresponden por su comisión. El Código Penal Federal actualmente cuenta con el título vigésimo
quinto, “Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”, que a su vez tiene 5 capítulos:

1. De las actividades tecnológicas y peligrosas
2. De la biodiversidad
3. De la bioseguridad
4. Delitos contra la gestión ambiental
5. Disposiciones comunes de los delitos contra el ambiente

Derecho Social

Los grupos vulnerables necesitan una defensa más amplia, debido a que por sus especiales
circunstancias de vida (condición económica, cultural, étnica, lingüística, etcétera) se encuentran en un
estado de mayor desprotección frente a otros. Por ello, sus derechos también se llaman “derechos
categoristas”, ya que se aplican a grupos vulnerables, como lo son los indígenas y campesinos.

Así, el Derecho Agrario regula las relaciones que surgen de la propiedad agraria; su fundamento
primordial está en los artículos constitucionales 2 y 27, que tratan sobre los pueblos indígenas y el
dominio de aguas, tierras, recursos naturales y energía en nuestro país.

Respecto a las comunidades indígenas, cabe destacar que tienen derecho a “conservar y mejorar [su]
hábitat” (CPEUM, art. 2°, fracción V,), así como usar y disfrutar de forma preferente los recursos
naturales de los lugares que habitan además de preservar la integridad de sus tierras accediendo “a
las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra [conforme a las disposiciones
constitucionales] y las leyes de la materia” (CPEUM, art. 2°, fracción VI), por lo que juegan un papel
muy importante en la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente junto con los
comuneros y ejidatarios, quienes también pueden adoptar las condiciones que más les convengan
para el mejor aprovechamiento de sus recursos productivos, mismas que han sido en ocasiones
menos lesivas que las de otrosgrupos sociales; no obstante, han tenido que enfrentar grandes luchas
por la conservación de sus territorios y sus recursos.

Cierre
Fuente: Flaticon

Como revisaste en esta sesión, el Derecho Ambiental es la disciplina especializada en el tratado de las
normas jurídicas que se enfocan en el desarrollo sustentable, la preservación y la restauración del
equilibrio ecológico, así como –en general– en la protección del ambiente. Su origen se encuentra en
las denuncias y protestas de la sociedad civil que hicieron eco en los gobiernos de los Estados y que,
a nivel internacional, empezaron a emitir una serie de principios de protección ambiental planetaria.

México no fue ajeno a esos principios y, en el régimen del presidente Miguel De la Madrid Hurtado,
comenzó un despliegue político que generó el surgimiento de las bases legales que hoy en día están
vigentes, por lo que el Derecho Ambiental es considerado una rama autónoma del Derecho.

Fuentes de consulta
Fuente: Flaticon

 Andaluz, C. (2006). Manual de Derecho Ambiental. Lima: Proterra.
 Déctor, R. (2014, enero-febrero). Elementos de estudio del Derecho Ambiental. AMICUS CURIAE,
2(1), 1-29. Recuperado de:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/49282/44328
 Ferro, A. y López, P. L. (2006). Derecho Ambiental. México: IURE.
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Antecedentes [sitio web].
Recuperado de: http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes

Jurisprudencia

 Tesis: 1a./J. 135/2017 (10a). Semanario Judicial de la Federación. Décima época, l. 49, diciembre
de 2017, T. I, p. 286. Recuperado de: https://goo.gl/R9oL8m
 Tesis: I.18o.A.71 A (10a). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima época, l. 53,
abril de 2018, T. III, p. 2066. Recuperado de: https://goo.gl/tzXkJs

Legislación

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (ECIJ).
 Ley de Amparo (LA).
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
http://www.flaticon.com/free-icon/three-books_74982
http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/viewFile/49282/44328
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes
https://goo.gl/R9oL8m
https://goo.gl/tzXkJs
Módulo 21. Campos de formación y acción jurídica: Derecho
Ambiental
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Sesión 1. Introducción al Derecho Ambiental
Texto de apoyo
División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 28
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
 NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de Flora y Fauna
Silvestres-Categorías de Riesgo y Especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista
de especies en riesgo.

TEXTO DE APOYO 1

Derecho Penal I

UNAM

Derecho Penal I

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