GUIA N 24

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Cátedra B I Mg. Alfonsina Guardia 
Abog. Francisco N. García I Docente Ayudante Graduado 
Abog. Fabián Roberto Mazzitello I Docente Ayudante Graduado 
 
El presente análisis da cuenta del trabajo realizado en clase por los docentes y fortalece 
la identificación de los ejes claves de la unidad. 
Francisco N. García & 
Fabián Roberto Mazzitello 
HISTORIA DEL DERECHO 
Y CONSTITUCIONAL ARGENTINA 
24. 
De la Revolución 
Productiva al 
Imperio del 
Mercado 
 
 
 
24. DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AL IMPERIO DEL MERCADO 
 
 
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EL ciclo Menemista 
La victoria de Menem sobre Angeloz fue inobjetable, obtuvo el 47% de los sufragios contra 
el 33% de su oponente, había triunfado un político diestro en su arte, carismático, conocedor de la 
realidad y del manejo del tiempo, que claramente se había caracterizado por su sagacidad en el 
manejo interno dentro del peronismo, y para el manejo de la cosa pública. A partir de su victoria 
junto a sus colaboradores minaron durante cada día la delicada situación del Gobierno que debía 
entregar su mandato, y reclamaban la entrega del mando para la solución de los problemas de la 
Nación, lográndose un traspaso democrático acordado el 8 de julio de 1989. Es verdad que la 
calificación de su gestión, será negativa o positiva de acuerdo a las convicciones u opiniones de 
quienes observen el accionar de este riojano. Luis Alberto Romero descubre en él “un estilo 
político mucho más tradicional” que el de Cafiero y su entorno, “que habían remodelado el 
peronismo a imagen y semejanza del alfonsinismo, con un estricto respeto a la institucionalidad 
republicana, propuestas modernas y democráticas, elaboradas por sectores de intelectuales, 
distanciados de las grandes corporaciones”. En cambio Menem, afirma Romero, “demostró una 
notable capacidad para reunir en torno suyo todos los segmentos del peronismo, desde los 
dirigentes sindicales, rechazados por Cafiero, hasta los antiguos militantes de la extrema derecha o 
la extrema izquierda de los años setenta, junto con todo tipo de caudillos o dirigentes locales 
desplazados por los renovadores...’’. Su paso por el poder dejó el trazo del fenómeno político 
llamado menemismo, tan denostado por unos, como observado con atención por otros. Con poco 
ingrediente ideológico y mucho pragmatismo. 
 
 Afiche de la campaña electoral de 1989 
Si determinado mérito no debe desconocérsele al hombre de Anillaco, es esa actitud 
acogedora o considerada, al menos, que surge de sus palabras o gestos. No se entenderá al 
menemismo si no se toman en consideración su voluntad de abrazar la economía de mercado, 
sólo que sin abjurar de las consignas peronistas; su vocación de alinearse con los Estados Unidos; 
su disposición por construir una coalición social que reclutase, por igual, a sus seguidores de Barrio 
Norte y de las villas miseria; su peculiar estilo de conducción, omnímodo y unipersonal, a la vez 
que capaz de delegar en dos poderosos ministros el peso de la administración pública, ese 
 
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coqueteo ideológico de los primeros periodos se fue convirtiendo en un travestismo político, 
ideológico que hasta se transmitió a su imagen que lo llevó a alejarse no solo de su imagen de 
caudillo del interior, sino también de sus palabras de revolución productiva y salariazo. 
 
La situación Interna 
Menem inició su presidencia con una medida, entre otras, que seguramente quiso 
mostrarla como símbolo de la Argentina más fraterna que fue la repatriación de los restos de Juan 
Manuel de Rosas, a esto le siguió algo mucho más actual y concreto ya que en octubre de 1989, 
indultó a los ex-comandantes condenados por su responsabilidad en la guerra de Malvinas, a otros 
cuarenta militares involucrados en actos contrarios a los derechos humanos, a cerca de setenta 
guerrilleros y a casi doscientos militares sublevados en los sucesos de Semana Santa, Monte 
Caseros y Villa Martelli, ya citados. 
Un año después, les llegaba el indulto incluso a los ex-comandantes aun detenidos, Videla, 
Massera y Viola, y asimismo al ex-cabecilla de Montoneros Mario Firmenich. Por supuesto que 
hubo organizaciones y referentes que pusieron el grito en el cielo, pero su voz no fue tan fuerte, 
como tampoco la de muchos peronistas que luego se reconvertirían en acérrimos defensores de 
los derechos humanos. Su afán por echar un manto de olvido sobre un pasado reciente pleno de 
odios, resentimientos y rencores, lo llevó a mostrar otras actitudes, como entrevistarse y alternar 
con el almirante Isaac F. Rojas, tan frontal enemigo del peronismo. 
 
Publicación que reflejaba la totalidad de los indultos dictados por Menem 
 
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La Economía Popular de Mercado y la situación Política 
El candidato popular y representante del federalismo del interior, en una especie de 
Facundo Quiroga del siglo XX, previo a asumir entregó el mando de la economía a los grupos 
concentrados del poder, dando un giro hacia lo que denominó “economía popular de mercado”, 
que en el fondo significaba una aproximación a la derecha liberal, lo que se vislumbraba con la 
incorporación al Gobierno de María Julia Alsogaray, hija y estandarte de la Unión del Centro 
Democrático, al frente de ENTEL, la telefónica del estado, lo que a su vez fue acompañado por el 
ofrecimiento hecho a Álvaro Alsogaray para ocupar la embajada en EEUU, el permanente contacto 
con el grupo Bunge y Born, que pasó a ser quien determinaba a través de representantes suyos en 
el gobierno, todo ello generó que dentro del Justicialismo aparecieran algunas diferencias. 
El eje duro sindical respondió de distintas formas, es así que la CGT se dividió encontrando 
por un lado, la denominada Mesa de Enlace, encabezada por el mercantil Andreoni, decidida a 
secundar los planes del presidente; y por el otro lado, el sector liderado por Saúl Ubaldini, llamado 
CGT Azopardo, dispuesto a jugar un rol al menos independiente y expectante. 
En el ámbito legislativo esta posición del menemismo, originó que un grupo de ocho 
diputados, entre los que se destacaría Carlos “Chacho” Álvarez, y que se denominaron como 
“Grupo de los ocho” confrontaron con el menemismo en especial en cuanto a la política 
económico-social implementada. Por su parte el Radicalismo estaba claramente debilitado luego 
de la derrota electoral y el fin de la gestión de Alfonsín, en busca de un liderazgo que pudiera 
reemplazarlo, lo que facilitó la gestión presidencial que pudo ir conquistando objetivos ambiciosos 
y difíciles, como el de las privatizaciones de los servicios públicos. 
El liderazgo de Menem se consolidó fuertemente dentro del justicialismo cuando el 
gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del partido justicialista, Antonio F. 
Cafiero, promovió en su provincia una consulta popular tendiente a pulsar la opinión pública sobre 
la posibilidad de reformar la constitución en ese Estado que permitiera su reelección. Un 67,20% 
de votos le dijo en forma increíble que no a su propuesta, que incluso era acompañada por gran 
parte del Radicalismo ya que dicha propuesta estaba basada en muchos de los puntos que habían 
trabajado ambos sectores desde las épocas del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y 
los Bonaerenses nos perdimos una gran reforma que resultaba ser sin dudas un proyecto acorde a 
los tiempos, el cual fortalecía a los Municipios jerarquizando y potenciando su autonomía. 
La consecuencia de dicha derrota trajo como consecuenciaque renunciara a la presidencia 
partidaria, la cual fue asumida por Menem, unificando el mando del Estado y el de su Partido 
como en las épocas en donde Perón ejercía ambos mandos. 
A la situación política convulsionada tenemos que sumarle un nuevo alzamiento militar que 
se produjo el 3 de diciembre de 1990, en Palermo y otros centros castrenses de Buenos Aires, 
donde una nueva rebelión carapintada, liderada por el coronel Seineldín se producía en la Nación. 
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El alzamiento fue sofocado no sin cruentas alternativas de lucha. Muchos militares y civiles fueron 
arrestados, entre ellos Seineldín, quien fue condenado por la justicia federal a prisión perpetua. 
Con este panorama se llegó a las elecciones nacionales de septiembre de 1991, donde el 
oficialismo se consagró ganador en diez de las trece provincias convocadas, consagrándose como 
gobernadores justicialistas Carlos A. Reutemann, Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, entre otros, 
en los importantes distritos de Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán, respectivamente. El 27 de 
octubre las elecciones fueron en otras ocho provincias, afirmándose la supremacía menemista. 
El electorado se inclinaba hacia esta posición ante los primeros éxitos obtenidos por el plan 
de convertibilidad del ministro Cavallo, que había frenado la inflación produciendo una 
proliferación del crédito. El triunfo del oficialismo generó que las tropas sindicales siempre atentas 
a quien controla el poder respondieran con la unificación de la CGT, con dirigentes dispuestos al 
diálogo y convivencia con el gobierno. Sólo algunos pocos gremios, el docente entre ellos, 
quedaron en posición contestataria con el régimen político. Más adelante, hacia principios de 
1993, el descenso del nivel de vida de los trabajadores como fruto del ajuste económico que 
implicaba el plan de convertibilidad, llevó a que se formaran en el campo sindical alianzas 
decididas a una actitud más firme frente a las políticas económicas implementadas. Tal el Grupo 
de los 15, liderado por Cavalieri, Zanola y Lescano, entre otros. Más frontal resultó el Congreso de 
Trabajadores Argentinos, con Mary Sánchez, Víctor de Gennaro y otros referentes. 
En ese contexto se avecinaban las elecciones para la renovación parcial de la Cámara de 
Diputados en octubre de 1993, la cual adquiría importancia atento a las aspiraciones de Menem 
en torno a una posible reforma de la Constitución que le permitiera su reelección en el cargo, 
elecciones a las que se llegaba con un proceso inflacionario que solo aparecía como un recuerdo, 
ya que en agosto no había habido inflación alguna, y a lo largo de ese año el índice sólo había 
trepado un 7,4%, todo ello favorecía al justicialismo que reunió un 42,3% de los votos contra un 
30% del radicalismo, imponiéndose en todas las provincias menos en cinco, entre ellas Córdoba, y 
con la sorpresa de que el menemismo triunfaba en la Capital Federal, donde normalmente las 
urnas no le eran favorables en donde se impuso aunque por estrecho margen. El camino hacia la 
reforma constitucional, que le permitiera la reelección parecía allanarse al menos en la 
consideración popular que se tenía del Gobierno. 
 
Los números de la Economía 
Ahora bien al analizar la economía menemista, no podemos dejar de ver y tratar de 
analizar porque el Justicialismo realizó ese el giro hacia el neo-liberalismo, imponiendo Menem un 
modelo centrado en la economía de mercado. El menemismo justificaba este giro como el ingreso 
al mundo, planteaba que había recibido una economía hiperinflacionaria, con bajo nivel de 
reservas en el Banco Central, que existía cesación de pagos de nuestra deuda externa y por ende 
se nos había cortado el crédito del exterior; que los paises desarrollados como EEUU, Canadá, 
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Europa Occidental, Japón, el sudeste asiático, el mismo Chile, Méjico, hacía ya tiempo que habían 
abandonado las recetas keynesianas, estatistas y distribucionistas, con mayor o menor énfasis, 
sosteniendo una política económica de libre mercado, con privatizaciones, ajuste fiscal, 
inversiones productivas y competitivas y fomento de las exportaciones; que Brasil, luego de la 
segunda guerra mundial, había sabido aprovechar una suerte de alianza en todos los ámbitos con 
los EEUU, lo que le reportó un crecimiento notable de su producto bruto, industrializándose aun 
en rubros sofisticados, mientras Argentina se mantenía cerrada en general a las posibilidades que 
en materia de créditos blandos, radicación de capitales e importación de tecnologías brindaba el 
mundo desarrollado de las post-guerra, que EEUU lideraba. 
Ante este discurso no resultó extraño en que Menem trazara una alianza con el ingeniero 
Alsogaray y a los integrantes del poderoso grupo Bunge y Born, de donde saldrían sus dos 
primeros ministros de economía, Miguel Roig, fallecido muy prematuramente, y su reemplazante 
Néstor Rapanelli. 
Aumento en las tarifas de los servicios públicos y en la nafta, congelamiento de precios, 
promesas de privatizaciones de entes estatales, ajuste fiscal, suspensión de los subsidios estatales 
a los sectores privados, fueron medidas que se constituyeron en el primitivo programa económico 
con estos dos ministros. Pero la inflación no cedió todo lo necesario a pesar de las políticas 
implementadas, incluyendo las cambiarías. Se produjo entonces el relevo de Rapanelli 
reemplazado por Antonio Erman González. Al comenzar 1990, con el fin de darle un respiro a las 
finanzas públicas y al sistema bancario, se dispuso un aplazamiento de los vencimientos de los 
depósitos a plazo y de los títulos públicos correspondientes a la deuda interna por un total de seis 
mil millones de dólares, cambiando dichas sumas y valores con la entrega de bonos externos serie 
1989. Esto no alcanzó a frenar las quiebras de algunos bancos y el dólar continuó su suba 
aparentemente incontenible. Los alimentos se encarecieron notoriamente. Continuaron las 
medidas respecto de la banca oficial, limitándose las actividades del Banco Hipotecario Nacional y 
del Banco Nacional de Desarrollo. Se intervino a éste y se le prohibió al Banco Central auxiliar al 
tesoro de la Nación en sus dificultades. 
La reducción del sector estatal fue amplia, jubilándose a masas de empleados y 
suprimiéndose numerosas reparticiones públicas, y se hizo hincapié en endurecer el aspecto 
impositivo. 
A partir de 1990, el impulso dado a las privatizaciones de las ineficientes y en general 
deficitarias empresas estatales de servicios públicos, comenzó a visualizarse, lanzándose en primer 
lugar los pliegos licitatorios de ENTEL y Aerolíneas Argentinas, por parte del ministro Dromi. A 
partir de allí se licitaron áreas petrolíferas y cerca de 10.000 kilómetros de caminos nacionales 
fueron entregados a las empresas encargadas del sistema de peaje. Miles de empleados 
ferroviarios fueron desplazados por la privatización de los ferrocarriles. La privatización de los 
teléfonos se consumó dividiendo al país en el área norte del país que se le concedió a dos 
compañías, una italiana y otra francesa, y la zona sur a Telefónica de España, mientras que Iberia 
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de España y un grupo económico local, Pescarmona, se hicieron cargo de Aerolíneas Argentinas. 
Todo este operativo privatizador se efectuó en medio de intensos debates. 
Por un lado los empleados cesantes, gremios, partidos opositores, medios informativos, 
consideraron que los servicios públicos involucradosperderían el necesario control del Estado 
respecto de su prestación; que los grupos económicos adquirentes de ellos detentarían una cuota 
de poder peligrosa, especialmente los extranjeros; y entendían que éstos llevarían al exterior sus 
ganancias pues no se aseguraba que ellas se reinvirtiesen en servicios y en el país; que las ventas 
se hacían por precios más bajos que su valor real; y a su vez que se generaba un fuerte aumento 
del desempleo, con ellos confrontaban quienes vinculados al neo-liberalismo, y por supuesto, el 
propio gobierno, razonaban que esos servicios públicos se prestaban en condiciones de extrema 
obsolescencia y precariedad con perjuicio de los habitantes; que la supresión del enorme déficit 
que ellos generaban ayudaría en la tarea de equilibrar las cuentas fiscales; que las empresas 
privadas concesionarias que ahora prestarían dichos servicios tributarían impuestos que 
contribuirían a paliar el déficit del tesoro; que los precios pagados por las empresas adjudicatarias 
serían un ingreso importante en la misma dirección del restablecimiento del equilibrio fiscal. 
Pero esta situación parecía no calmar a los mercados y el dólar no frenaba en su escalada, y 
finalmente González dejó el ministerio a principios de 1991. Menem entonces convocó a Domingo 
Felipe Cavallo para cubrir ese cargo, llegando quien había sido ministro a finales de la gestión de 
Viola, y se transformaría en un actor principal de este período. 
 
 
Domingo Cavallo ideólogo de la Convertibilidad donde 1 Peso equivalía a 1 Dólar 
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El plan económico que elaboró Cavallo, con connotaciones fuertemente monetaristas, 
tenía estos cimientos: 
1°) El cúmulo de moneda circulante, más la depositada en los bancos sería equivalente al 
monto de las reservas en dólares existentes en el Banco Central; 
2°) Partiendo de esta base se establecía la libre convertibilidad del austral, la moneda 
vigente, con el dólar, a razón de 10.000 australes por un dólar. Cualquier poseedor de 10.000 
australes podía convertirlo en un dólar acudiendo al organismo se ha dicho, le permitió a muchos 
renovar electrodomésticos, automotores, etc. Pero la apertura a la importación masiva de esos 
bienes convirtió a nuestra balanza comercial en deficitaria, mientras se iba erosionando el aparato 
productivo, a pesar de que el producto bruto crecía después de largos años. La Bolsa 
incrementaba sus operaciones dado el alto volumen de ingreso de capitales extranjeros, los que 
lograban jugosas ganancias, mejores que las que podían lograr en sus lugares de origen. Estos 
capitales eran denominados golondrina, ya que sus objetivos eran meramente especulativos, veloz 
para llegar e igualmente para irse, pues en general, no se radicaba entre nosotros generando 
inversiones permanentes que hicieran crecer nuestra productividad y con ello las posibilidades de 
empleo. En abril de ese año 1991 se percibía una notable disminución de la inflación que se 
confirmó en los meses subsiguientes, lográndose poco a poco la estabilidad de nuestro signo 
monetario. 
En el año 1992, el proceso privatizador se aceleró. Así se procedió con Agua y Energía, YPF, 
Gas del Estado, Hidronor, Segba, Tandanor, Somisa, petroquímicas, Transener, hipódromos; más 
adelante con puertos, central hidroeléctrica del Chocón, etc. Los precios de las adjudicaciones 
fueron utilizados por nuestro tesoro para equilibrar sus cuentas y mantener la convertibilidad, por 
aquellos años Alfonsín casi en solitario expresaba que el efecto privatizador había producido la 
venta hasta de las joyas de la abuela en clara alusión a los bienes de todos los argentinos incluso 
los vinculados a recursos naturales y reservas. 
 
El Proceso Privatizador, su marco legal, y políticas para su implementación 
La ley 23.696 fue el marco legal que le permitió, al capital financiero, apoderarse de gran 
parte del patrimonio estatal. Fue publicada el 23 de agosto de 1989, al comienzo del gobierno 
peronista. 
En su art. 8 dispuso que el Poder Ejecutivo declarase sujetas a privatización a las empresas 
del Estado, cuya declaración, según el artículo siguiente, debía ser ratificada por el Congreso. Sin 
perjuicio de ello, la misma norma, ante la urgencia en comenzar de inmediato, declaró sujetas a 
privatización a varios entes enumerados en listados anexos. Entre ellos se encontraban las 
empresas más relevantes como la Aerolíneas Argentinas, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, 
Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones. 
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Las privatizaciones, de acuerdo al art. 17, podían hacerse efectivas según varias 
modalidades, como la venta de los activos, la enajenación de acciones, locación, administración 
(con o sin opción a comprar), concesión, etc. Esta ley, en su capítulo III, inspirándose en el modelo 
de capitalismo popular británico, creó el Programa de Propiedad Participada. Según el mismo, el 
capital de las empresas podía ser adquirido por los empleados del ente. Este mecanismo, es decir 
la entrega de parte del paquete accionario a los trabajadores de la empresa a privatizar, fue 
utilizado para adormecer los reclamos contra la entrega al capital extranjero. 
El gobierno, con la finalidad de facilitar la privatización de las empresas estatales, 
implementó una política con varias aristas. Por un lado incrementó considerablemente las tarifas 
de las empresas estatales que iban a ser privatizadas, además acentuó intencionalmente la 
ineficiencia de las mismas, despidió, a gran parte de los trabajadores y dispuso que el Estado 
absorbiera los pasivos en la mayoría de los casos. Con el incremento de los servicios públicos logró 
un importante consenso popular respecto a las futuras privatizaciones, además, le evitó al a las 
empresas compradoras la impopular tarea de aumentar las tarifas, al menos en lo inmediato y le 
garantizó, desde el comienzo, altos márgenes de ganancia. El deterioro de los servicios que 
prestaban los ya ineficientes entes estatales se acentuó en el período anterior a las 
privatizaciones. De este modo, el gobierno menemista logró que se viera con simpatía la entrega 
de las empresas estatales al capital financiero, con la esperanza que mejorasen la calidad de las 
prestaciones. En este tema fue ejemplar lo sucedido con ENTel. Esta empresa habilitó, en 1990, 
sólo el 30% de las líneas que había instalado durante 1989. 
El Estado absorbió los pasivos de las empresas que se privatizaron, en la mayoría de los 
casos. YPF, por ejemplo, tenía, antes de su privatización, un pasivo de u$s 11.300 millones. El 
Estado condonó gran parte de la deuda impositiva y asumió obligaciones con organismos 
multilaterales por u$s 5.200 millones y con bancos comerciales por u$s 3.340 millones. El proceso 
de privatización en Argentina, se desarrolló entre 1990 y 1999, y se caracterizó por su rapidez y 
por haber alcanzado a la mayoría de las empresas estatales, veamos algunos ejemplos de ello. 
Aerolíneas Argentinas 
El decreto 1591 del 27 de diciembre de 1989 dispuso la privatización de Aerolíneas 
Argentinas Sociedad de Estado. El adquirente fue un consorcio controlado por Iberia Líneas Aéreas 
Españolas (20%), integrado también, entre otros, por Aldrey Iglesias, Cielos del Sur y Zanón.. A 
fines de noviembre de 1990 se firmó el contrato. El consorcio adquirente se obligaba a pagar un 
total de u$s 1.870 millones. De ellos sólo u$s 130 millones en dinero efectivo, mientras que u$s 
1.610 millones serían pagados en títulos de la deuda pública que se cotizaba, en aquel momento, 
en un 15% de su valornominal. Otros u$s 130 millones, que iban a ser abonados en dinero 
efectivo, fueron cancelados en Bonex con un valor nominal de u$s 142 millones. De los u$s 1.610 
millones que se iban a liquidar en títulos, se pagaron, en 1991, u$s 840 millones. Los u$s 770 
millones pendientes los adquirentes no los pagaron en su totalidad. 
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La integración del consorcio adquirente cambió luego de la compra. El capital español 
cobró mayor relevancia, Iberia pasó a tener el 30% y un conjunto de bancos españoles un 19%. 
Telecomunicaciones 
En 1990 también fue privatizada el 60% de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 
Para ello fue dividida en servicios básicos, internacionales y competitivos. El servicio básico, a su 
vez, fue fraccionado en dos zonas, norte y sur. Se fijó un precio de u$s 100 millones para la zona 
norte y u$s 114 millones para la zona sur. Este importe era, aproximadamente, lo que facturaba la 
empresa en un bimestre. Las adjudicatarias tendrían el monopolio del servicio por siete años con 
opción a tres más. 
La puja quedó reducida a tres grupos: Telefónica de España, STET – France Telecom y Bell 
Atlantic. Telefónica ganó en las dos zonas, pero como solamente podía instalarse en una, eligió la 
sur. Segunda resultó ser la Bell, sin embargo, luego de una dura puja, se tuvo que retirar, 
permitiendo que STET – France Telecom se quedase con la zona norte. A más del dinero efectivo, 
Telefónica debió entregar u$s 2.778 millones y STET – Telecom u$s 2.372 millones en títulos de la 
deuda pública que cotizaban en alrededor de un 14% del valor nominal. 
Telefónica de Argentina S.A. quedó controlada básicamente por el capital financiero 
español. El consorcio adquirente estaba integrado, entre otros, por el Citibank (20%), Banco Río 
(14,56%), Telefónica de España (10%), Banco Central de España (7,04%), Banco Hispanoamericano 
(5%), Banco de Tokio y Banco de Zurich. 
Telecom de Argentina S.A. fue adquirida por un consorcio donde también predominaba el 
capital europeo. La italiana STET participó con un 32,5% igual que la francesa France Telecom, 
mientras que la banca norteamericana si hizo presente a través del JP Morgan (10%). 
El Estado, que conservaba un 40% de las acciones de ambas empresas, vendió el 30% de 
Telefónica de Argentina, en diciembre de 1991, obteniendo u$s 838 millones. En marzo de 1992, 
liquidó el 30% de las acciones de Telecom de Argentina S.A. en u$s 1.227 millones. El 10% restante 
de cada empresa fue entregado a sus empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. 
Radio y Televisión 
En 1990, se entregaron, por quince años, las licencias de los canales de televisión 11 y 13 a 
las empresas Televisión Federal (Telefé) y Arte Televisivo Argentino S.A. (Artear) respectivamente. 
Por la primera licencia se pagaron u$s 8,2 millones de dólares y por la segunda u$s 5,7 millones. 
En 1991, se otorgaron las licencias de las radios nacionales Belgrano, Excelsior, Córdoba y Emisora 
Pampeana. 
Petróleo 
El proceso privatizador comenzó con una serie de decretos del gobierno menemista.. El 
1055/89 concesionó áreas petroleras desregulando además el mercado. El 1.212/89 continuó 
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con la desregulación, estableciendo, entre otras cuestiones, la liberación de los precios de los 
productos derivados. El decreto 1.589/89 reafirmó la apertura económica estableciendo la libre 
importación y exportación de petróleo y derivados y la eliminación de derechos y aranceles. Un 
nuevo decreto, el 2.778/90 transformó a YPF de sociedad del estado en sociedad anónima.En 
1990, Yacimientos Petrolíferos Fiscales entregó en concesión 37 áreas marginales por un importe 
de casi u$s 257 millones. En el consorcio adjudicatario se encontraba la British Gas y Welbers. 
En 1991, estando en vigencia la convertibilidad de la moneda, se continuó con la 
privatización del petróleo. Se dieron en concesión el 50% de cinco áreas petroleras centrales por 
un monto de poco más de u$s 615 millones de dólares. Al consorcio adjudicatario lo conformaban, 
entre otros, inversores de EE.UU., España y Francia. En el mismo año, también se concesionaron 
22 áreas secundarias por u$s 140,5 millones de dólares. Además, se enajenaron las siguientes 
áreas centrales: 90% de Tordillo por u$s 180 millones; 70% de El Huemul – Koluel Kaike por u$s 
170,5 millones, siendo adjudicatario el monopolio francés Totalfina; el 60% de Puesto Hernández 
en la provincia de Santa Cruz, por u$s 286,4 millones de dólares; el 90% de Vizcacheras en 
Mendoza por u$s 167,7 millones de dólares. 
Un paso fundamental en el marco jurídico fue la sanción, a fines de 1992, de la ley 24.145. 
Esta norma determinó la definitiva privatización de Y.P.F. y la federalización de los hidrocarburos. 
El artículo 6 de la ley aprobó lo dispuesto por el Decreto 2778/90, que, como se dijo, había 
transformado a YPF en sociedad anónima. 
El capital social, según el artículo 8, se representó en acciones de distintas clases. Las clase 
A (51%) pertenecían al Estado nacional. La clase B (39%) se asignaron los gobiernos provinciales. 
Las acciones clase C (10%) fueron reservadas para los trabajadores bajo el régimen de propiedad 
participada de la ley 23.696. Por fin, las acciones que los estados nacionales o provinciales 
vendiesen al capital privado se denominaban clase D. 
El gobierno encabezado por Menem se mostraba ansioso por entregar la petrolera estatal 
al capital financiero. Por ello, el artículo 10 de la ley 24.145 estableció que el Estado nacional y las 
provincias debían enajenar no menos del 50 % del capital social de YPF S.A.. La venta debía 
realizarse en un plazo máximo de tres años luego de la distribución de acciones. La primera oferta 
debía representar un mínimo del 20% del capital social. 
El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, quedaba facultado, 
según el artículo 18, para realizar y aprobar todos los actos jurídicos necesarios para efectiva 
privatización de YPF. 
Antes de venderse las acciones de Y.P.F., la empresa fue desguazada. Se desprendió de tres 
de sus seis refinerías. Se vendió el 70% de las empresas. Transportadora de Gas del Norte se 
vendió por un monto de u$s 210 millones, de los cuales sólo se pagó en efectivo u$s 28 millones, a 
un consorcio controlado por capitales de Canadá. Transportadora de Gas del Sur fue entregada, 
por u$s 356,2 millones de dólares, de los que solamente se pagaron en efectivo u$s 100 millones, 
a un grupo hegemonizado por capital norteamericano. Distribuidora de Gas Metropolitana se 
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vendió por u$s 300 millones, en efectivo u$s 44 millones, a un consorcio donde tuvo fuerte 
presencia el capital británico. Distribuidora de Gas Pampeana se enajenó al monopolio italiano 
Camuzzi . El monto de la venta fue de u$s 235,4 millones, pero en efectivo se pagaron u$s 18 
millones. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte se entregó en al grupo español de servicios 
energéticos Gas Natural Ban. La licencia para prestar el servicio público de distribución de gas se 
otorgó por un plazo de 35 años, prorrogable por 10 más. El monto establecido fue de u$s 155,6 
millones, de los cuales sólo se pagaron en efectivo u$s 28 millones. Más adelante se vendieron las 
acciones que el Estado había retenido. En definitiva, por la venta de Gas del Estado se obtuvieron 
poco más de 2.077 millones de dólares. 
Cabe señalar como llamativo en este proceso privatizador, la defensaque el 26 de 
septiembre de 1992, realizaba Néstor Kirchner cuando exponía ante la prensa local los motivos 
por los cuales apoyaba decididamente la transformación de la empresa estatal YPF, en una 
empresa privada, donde además de 
Además de gratificarse por la llegada de 500 millones de dólares, producto de la operación 
que “iban a servir para reconvertir Santa Cruz”, alegaba que se terminaría la empresa manejada 
por 15 o 20 gerentes y que por el contrario, para lo santacruceños, la privatización no era la 
entrega de la soberanía. 
 
 
Las privatizaciones contaron con el apoyo de los Gobernadores Justicialistas entre ellos se encontraba Néstor Kirchner 
 
24. DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AL IMPERIO DEL MERCADO 
 
 
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Energía Eléctrica 
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), que se encargaba de la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica en Buenos Aires, el conurbano y La Plata, también 
fue vendida en 1992. La empresa fue dividida en áreas. Como consecuencia se originaron cuatro 
entes dedicados a la generación (las centrales Puerto, Dock Sur, Costanera y Pedro de Mendoza) y 
otros tres de distribución (Edenor, Edesur y Edelap). A su vez, las líneas de transporte de alta 
tensión de SEGBA, de Agua y Energía Eléctrica y de Hidronor S.A. fueron fusionadas y transferidas 
a una nueva empresa que se denominó Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta 
Tensión (Transener). 
En 1992, se vendieron el 51% de las acciones de Edenor, Edesur y Edelap. Edenor se 
vendió, por u$s 428 millones, en efectivo se pagaron u$s 30 millones, a un consorcio controlado 
por capitales franceses y españoles. Durante 1998 y 1999 Edenor S.A. tuvo un resultado operativo 
de u$s 179,5 y u$s 199,1 millones. Edesur se vendió por u$s 511 millones, en efectivo se pagó u$s 
30 millones, y Edelap se entregó por u$s 139 millones, en efectiva u$s 5 millones. En 1995, se 
vendió el saldo de acciones en poder del Estado de Edesur por u$s 390 millones y en 1996 el saldo 
de Edenor. En 1993, se vendieron Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR), que explotaba 
el complejo hidroeléctrico Chocón – Cerros Colorados, y Trasener. Hidronor S.A. fue dividida en 
cinco hidroeléctricas: Chocón, Cerros Colorados, Alicurá, Piedra del Águila y Pichín Leufú. Se 
vendió el 59% del paquete accionario de las primeras cuatro, recaudándose 746,6 millones de 
dólares. La última se vendió, de modo total, en 1997. Trasener fue enajenada por 234,1 millones 
de dólares, se pagaron en efectivo u$s 30 millones, a un consorcio controlado por capitales 
británicos. 
Siderúrgicas 
En 1992, se privatizó el 80% de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA). El precio 
fijado fue u$s 152,1 millones y la adquirió el grupo Techint pagando en efectivo u$s 140 millones. 
Altos Hornos Zapla fue la primera siderúrgica que se instaló en el país. En 1992 se privatizó por 
u$s 33 millones. La adjudicataria fue una asociación entre la francesa Aubert & Duval S.A. y el 
norteamericano Citicorp Equity Investment S.A. 
Obras sanitarias 
Obras Sanitarias de la Nación se entregó en concesión a Aguas Argentinas. El contrato se 
celebró en abril de 1993. El 1º de mayo, la adjudicataria comenzó la gestión de los servicios de 
agua y saneamiento de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano, por el término de treinta años. 
El contrato garantizó a los concesionarios mecanismos de revisión de la tarifa ordinarios y 
extraordinarios, el derecho a exigir la conexión de todo habitante del sector de la concesión y la 
facultad de clausurar los pozos individuales. Aguas Argentinas nació de la alianza entre siete socios 
europeos y argentinos. La francesa Suez-Lyonnais des Eaux tiene la mayor parte del paquete 
accionario, le sigue, en orden de participación accionaria, Aguas de Barcelona. 
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Finanzas 
En el área de las finanzas, se comenzó con la privatización de ocho bancos provinciales. En 
1992, se vendió el 60% del Banco de la Provincia de Corrientes por u$s 15 millones. En 1994, se 
enajenó el 60% de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por u$s 86,3 millones. En 1998, le tocó el 
turno al Banco de la Provincia de Santa Fe. Se vendió el 90% por u$s 57,3 millones al Banco 
General de Negocios. La ley 24.855 dispuso la privatización del Banco Hipotecario Nacional. 
Todos estos ingresos dieron la posibilidad de sostener un sistema económico ficticio, que 
parecía habernos situado en el primer mundo, y por otra parte a poco de indagar comenzaba a 
generar aspectos negativos. 
 
La nueva economía 
A fines de 1994 algunos datos eran significativamente negativos en cuanto a la marcha de 
la economía de la República, ya que la misma se había convertido en una nación cara debido al 
plan de convertibilidad, los trabajadores poseían salarios congelados y se encontraban con precios 
en dólares que suavemente crecían, ya que nuestra moneda, el peso, estaba sobrevaluada. 
En ese año, el índice de desocupación creció al 14%, mientras que en 1995 llegaría al 18%. 
En 1994 el déficit de nuestra balanza comercial treparía a 5.800 millones de dólares. Una gruesa 
franja de jubilados, la mayor parte de ellos, subsisten a duras penas con una percepción mensual 
que oscila en los ciento cincuenta pesos. La administración de Menem intentó poner orden en ese 
caos, agravado por los incontables juicios de los jubilados al Estado en pago de actualizaciones, 
retroactividades, etc., proyectando la privatización de las cajas. De esta manera los aportantes, 
asalariados y patrones, harían sus depósitos previsionales, que son obligatorios, a empresas 
privadas, eliminándose en el futuro los subsidios del Estado para el pago de las jubilaciones y 
pensiones. 
Por otro lado, esas administradoras de fondos de jubilados y pensionados, denominadas 
AFJP, manejarían masas de dinero y acudirían al mercado de capitales para hacer inversiones con 
el interés convenido, ayudando de esta manera al proceso productivo. A esas AFJP les 
correspondería, a su tiempo, el pago de las prestaciones a los asalariados aportantes; se suponía 
que, bien administradas, podrían abonar el capital acumulado e intereses de cada empleado u 
obrero adherido al sistema, una jubilación que resultaría satisfactoria. Elevada la propuesta del 
poder ejecutivo al Congreso, éste creó un sistema por el cual las AFJP también podían ser bancos 
estatales, y además, le dejó a cada asalariado la opción de elegir, para hacer sus aportes y por 
ende, a su turno, para jubilarse, a una AFJP privada o al Estado, manteniendo parcialmente vigente 
el sistema anterior llamado de reparto. 
Este régimen híbrido, mixto, obligó a mantener las estructuras administrativas 
previsionales del Estado, y además el tesoro nacional deberá seguir cargando con sus 
24. DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AL IMPERIO DEL MERCADO 
 
 
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responsabilidades frente al sector pasivo, pero ahora, privado de los recursos de los aportantes a 
las AFJP, en virtud de haber optado éstos por la jubilación privada. Esta ley comenzó a regir a 
mediados de 1994. 
El efecto tequila producido a fines de 1994, nos provocó serios tropiezos, pues al retiro de 
los capitales foráneos especulativos, alteró nuestro cuadro financiero, se sumó la cancelación en 
gran escala de los préstamos de los ahorristas particulares a los bancos, como producto de la ola 
de desconfianza producida, provocándoles a éstos graves problemas e incluso en algunos casos la 
quiebra. 
Cavallo obtuvo préstamos de los círculos financieros internacionales y el gobierno socorrió 
alsistema bancario, paliándose paulatinamente la situación. Este fenómeno puso de relieve la 
excesiva dependencia que el modelo económico adoptado poseía con el mundo de las finanzas 
internacionales. En tanto, se desataba un agudo proceso recesivo. 
Desde la oposición condenaron el modelo como causa de la recesión, del desempleo, de la 
lenta agonía de una clase media que se va transformando en pobre. Al mismo tiempo, los 
opositores caen en la trampa de no cuestionar el sistema de estabilidad monetaria, ni proponen 
medidas concretas que puedan reactivar el aparato productivo que posibilite crear los puestos de 
trabajo que se reclaman 
 
El Menemismo y la corrupción 
Los casos de comprobada o presunta corrupción son ya demasiados. En 1990 fue acusado 
de haber cometido un negociado en la compra de juguetes por valor de un millón de dólares, el 
vice-gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Vanrell, el que se dio a la fuga. En 
septiembre de ese año, en Catamarca, fue hallado el cuerpo asesinado de María Soledad Morales, 
de 17 años, siendo señalado como victimario el hijo de un diputado nacional. La investigación del 
hecho y las denuncias producidas, revelaron un nivel de decadencia moral en sectores de la clase 
política de esa provincia, que consternan. El poder ejecutivo nacional separó al gobernador Ramón 
Saadi, interviniendo la provincia. 
Apenas iniciado 1991, el embajador de los EEUU, Terence Todman, denunció un pedido de 
coima para lograr facilitar el permiso de ampliación de la planta del frigorífico Swift en Rosario, 
siendo el implicado Emir Yoma, cuñado del presidente, quien renunció a su cargo de asesor del 
primer magistrado. 
 En marzo de 1991 hizo irrupción lo que se denominó el Yomagate. Un narcotraficante 
acusó en España a Amira Yoma, cuñada de Menem y directora de audiencias, a Ibrahim Al Ibrahim, 
ex-esposo de ésta y funcionario aduanero de jerarquía, y al secretario de Recursos Hídricos de la 
Nación, Mario Caserta, de integrar una banda delictiva que lavaba dólares productos del 
narcotráfico. Los tres fueron separados de sus cargos y procesados. 
24. DE LA REVOLUCIÓN PRODUCTIVA AL IMPERIO DEL MERCADO 
 
 
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Tapa de Página 12 sobre el Narcogate 
A renglón seguido estalló el escándalo de la leche en polvo. Se conoció que una partida de 
ese producto, elaborada en un establecimiento propiedad del secretario privado de la presidencia, 
Miguel ángel Vicco y vendida al Ministerio de Acción Social con intervención de otro asesor 
presidencial, Carlos Spadone, había sido declarada no apta para el consumo. 
 Y asi podemos citar otros casos que vinculaban a Monser Al Kassar, Gerardo Sofovich, 
Carlos Grosso, Jorge Escobar, gobernador de San Juan, y de otros gobernadores. Un manto de 
sospecha generalizada se instaló respecto del Gobierno, el cual con total desparpajo hacía uso y 
abuso del poder, y desestimando toda investigación sobre estas cuestiones. 
 
La Educación en épocas de Shopping 
La educación no tuvo avances en este período, la escuela primaria apenas alfabetiza y se 
inunda de deserción. La escuela media brinda cultura cada vez más pobre. La universidad resiste 
los avances del menemismo. 
Se dictan dos leyes importantes en este período. La nº 24.049, sancionada en 1991, 
estableciendo la transferencia de todos los servicios educativos no universitarios nacionales a las 
provincias y a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Adecuar la educación que se imparte 
a la índole, exigencias y necesidades de cada una de las regiones, pareciera ser algo importante, 
pero estas transferencias se realizaron sin recursos algunos, generando grandes problemas a los 
erarios provinciales, además de podar un sistema de educación nacional que resultaba ser de 
excelencia. La segunda ley, nº 24.195, buscaba integrar en un cuerpo legal al conjunto de normas 
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jurídicas básicas que rigen la organización y el funcionamiento del sistema de educación pública 
concebido como una unidad, en la que se integran y articulan, modalidades y carreras de la 
educación pública. 
 Se estructura el sistema educativo en los siguientes ciclos: a) La educación inicial o jardín 
de infantes, de tres años, para niños de 3 a 5 años. El último curso, para niños de 5 años, será 
obligatorio; b) La educación general básica, que es obligatoria en sus 9 años, con lo que el número 
de años de estudio forzosos para todo niño habitante de nuestro suelo, es ahora de 10 años en 
lugar de los anteriores 7 años; c) La educación polimodal, de tres años, d) Ciclo de educación 
superior de grado, universitaria y no universitaria; e) Educación cuaternaria o de post-grado, que 
profundiza y actualiza la formación de grado, la investigación, la especialización y la docencia; 5°) 
En el diseño curricular concertarán organismos nacionales, provinciales y la propia escueta que 
aplique dicho diseño; 6°) Se arbitran medios para la formación y perfeccionamiento docente; 7°) 
Asegura la financiación del esfuerzo a realizarse para poner en funcionamiento esta revolución 
copernicana en el proceso educativo nacional. 
Todo este esquema no solo fracasó en la práctica sino que género graves consecuencias 
para el sistema educativo de la Nación. 
Asimismo en julio de 1995, se sancionó la ley nº 24.521 de Educación Superior que avanzó 
contra principios de la Reforma de 1918 en cuanto a la conducción de las universidades, ya que si 
bien mantiene el cogobiemo (docentes, estudiantes, no docentes, graduados) de acuerdo a lo que 
determinen los estatutos de cada universidad, establecía en el artículo 53, inciso a) exige que 
dichos estatutos aseguren, en cuanto a los órganos colegiados de gobierno, “Que el claustro 
docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento 
(50%) de la totalidad de los miembros”. 
 
El reflejo sobre el debate de la Ley de Educación Superior en los medios y en la calle 
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 La ley, en su artículo 58, prevé que “Corresponde al Estado nacional asegurar el aporte 
financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales”, pero el artículo 
59, inciso c), admite que las universidades “Podrán dictar normas relativas a la generación de 
recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, 
derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que 
presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o 
actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de 
grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo 
de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para 
financiar gastos corrientes”. Es evidente que este párrafo va enderezado a admitir el 
arancelamiento de los estudios superiores. 
 
La política internacional 
También en este plano Menem adoptó una postura pragmática. En septiembre de 1989, 
apenas dos meses después de asumir, Menem visitó a EEUU, y conquistó la propia amistad del 
presidente George Bush. Nuestro propósito de adherir a un modelo de economía neoliberal, nos 
hizo candidatos a alcanzar que se nos incorporara al plan Brady, algo que se lograría pronto. 
Unilateralmente se levantaron todas las restricciones comerciales con Inglaterra derivadas de la 
situación bélica por Malvinas, y en octubre, en Madrid, celebramos con nuestra contendoraun 
acuerdo restableciendo relaciones consulares, produciendo el cese de las hostilidades, reduciendo 
el área de exclusión marítima e impulsando las relaciones comerciales. Se decidió postergar la 
discusión del tema de la soberanía sobre las islas. Se expresó que colocando esa cuestión “bajo un 
paraguas protector”. 
La democratización de América Ibérica (Chile, Paraguay, etc.), de Europa del Este, de la 
propia Rusia, tendencia impulsada por la hegemónica Washington, ese nuevo orden mundial 
existente a partir de la desaparición de la guerra fría, tuvo que afrontar su primer test con motivo, 
en 1990, de la invasión de Irak al pequeño estado de Kuwait, poderoso productor de petróleo, y 
por ende enclave muy sensible para la economía de Occidente. EEUU y gran parte de la 
comunidad internacional terciaron en favor del país agredido, produciéndose la temible 
experiencia de lo que se denominó guerra del Golfo. Menem no dudó un solo instante en alinearse 
con EEUU, y cuando esta potencia estableció el bloqueo comercial a Irak, dos naves de guerra 
argentinas fueron enviadas para colaborar con esa medida. Tropas argentinas también estarían 
presentes en Yugoslavia para apoyar a las Naciones Unidas en la tarea de resolver el intrincado 
problema de restablecer la paz en el desgraciado Estado europeo, anarquizado y víctima de una 
cruel guerra. 
En cuanto a nuestro entorno iberoamericano, el gobierno de Alfonsín ya había celebrado 
con Brasil acuerdos para la integración económica, que permitiera colocar en el populoso país 
vecino excedentes de nuestra producción no absorbidos por el mercado interno; lo mismo haría 
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Brasil con Argentina. La posibilidad de formar un bloque económico en el sur de América, como lo 
habían hecho los países de Europa Occidental con el Mercado Común Europeo, y luego lo harían 
Méjico, Canadá y Estados Unidos con el NAFTA., exigía una decisión y audacia que no le faltaban a 
esta administración. Y así, el 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron 
en Asunción un tratado de libre comercio y unión aduanera llamado “Mercosur” (Mercado Común 
de América del Sur). El mismo entró a regir el 1 de enero de 1995, estableciéndose por ende la 
franca entrada de mercaderías entre las cuatro naciones, mientras que la de productos de terceros 
países pagarían a su ingreso en los cuatro estados contratantes aranceles idénticos. Este nuevo 
mercado común, que responde a las exigencias de la inserción de la comunidad iberoamericana en 
la actual economía mundial, reúne a una población productora y consumidora que oscila en los 
doscientos millones de personas. En general, la iniciativa ha producido resultados positivos, 
incrementándose notoriamente nuestro comercio con Brasil especialmente. 
Otro aspecto de la actualidad internacional que ha repercutido dolorosamente entre 
nosotros, es el accionar terrorista, derivado de los enfrentamientos entre árabes e israelitas en 
Medio Oriente. En marzo de 1992 una fuerte carga explosiva demolió el edificio de la embajada 
israelí en Buenos Aires con un saldo de horror: casi treinta muertos y numerosos heridos. El hecho 
aberrante se repitió en 1994: una tremenda explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual 
Israelita Argentina, también en la capital, produciendo la muerte de cien personas y un centenar y 
medio de heridos. 
En cuanto a la problemática de Malvinas, luego de nuestra derrota, Gran Bretaña se 
aprovecha sobradamente, especialmente en cuanto a la explotación ictícola y petrolífera, materia 
esta última en que se han logrado algunos acuerdos con el gobierno británico, pero de dudoso 
beneficio para nuestro futuro. Lo cierto es que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
con Gran Bretaña, la declaración de que el tema de la soberanía quedaba aislado por un paraguas, 
la política de la seducción según se la ha llamado, no ha dado frutos, y según parece solo ha 
servido para endurecer la posición británica y de los kelpers. 
Este período se continúa con el análisis del Pacto de Olivos, y la Reforma Constitucional 
que con el voto de más del 50% de los argentinos le abrirían la puerta a un segundo mandato de 
Menem, el cual si bien continuaría con gran parte de estas políticas, se acentuarían las profundas 
diferencias económicas, el aumento de la desocupación, la corrupción, y una serie de hechos que 
ameritan un desarrollo posterior. 
 
_________________________________________________________________________ 
BIBLIOGRAFÍA 
• José Luis Romero – (Fondo de Cultura Económica) Breve Historia de la Argentina 
• Félix Luna. Breve Historia de los Argentinos 
• FELIX LUNA; Los Gobiernos Peronistas Editorial Diario La Nación 2003 
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• CATTARUZZA, Alejandro; Historia de la Argentina 1916-1955 Siglo XXI Editores 
• FELIX LUNA; Revoluciones Editorial Planeta 2006 
• FELIX LUNA; Alvear Hispanoamerica 
• BRAILOVSKY, Antonio Elio; Historia de las Crisis Argentinas 1880-1982 Editorial de 
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• ROCK, David; Argentina 1516-1987 Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsin. 
Allianza Singular. 
• NOVARO, Marcos; Historia de la Argentina 1955-2010 Siglo XXI Editores 
• GARCIA LEMA, Alberto Manuel, La Reforma por dentro, Ed.Planeta 
• RAPAPORT, Mario y colaboradores, Historia económica, política y social de la Argentina 
(1880-2000), Macchi, Buenos Aires, Buenos Aires, 2000