Belini- La industria peronista

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CLAUDIO BELINI 
LA INDUSTRIA PERONISTA 
1946-1955: políticas públicas 
y cambio estructural 
gc 
edhasa 
Diseño de interior: Juan Balaguer y Cristina Cermeño 
Primera edición: mayo de 2009 
Índice 
Introducción 	 9 
Capítulo 1. Los objetivos e instrumentos 
de la política industrial peronista 	 17 
Capítulo 2. Una batalla perdida: la siderurgia 	 29 
Capítulo 3. Negocios y política en los orígenes 
de la industria automotriz 	 55 
Capítulo 4. El nacimiento de la industria 
de la maquinaria agrícola 	 87 
Capítulo 5. El auge de la industria de artefactos para el hogar 	 113 
Capítulo 6. Prosperidad y depresión en la industria textil 	 143 
Capítulo 7. Estancamiento y expansión 
de la industria cementera 	 175 
Belini, Claudio Fabián 
La industria peronista : 1946-1955: políticas 
públicas y cambio estructural . - la ed. - Buenos 
Aires : Edhasa, 2009. 
224 p. ; 19,5x13,5 cm. - (Temas del siglo XX) 
ISBN 978-987-628-057-0 
1. Historia Política Argentina. I. Título 
CDD 320.982 
Conclusiones 	 199 
Fuentes Primarias 	 207 
Agradecimientos 	 219 
O Claudio Belini, 2009 
@ Edhasa, 2009 
Córdoba 744 2° C, Buenos Aires 
	 Avda. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona 
info@edhasa.com.ar 
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ISBN: 978-987-628-057-0 
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o procedimiento, comprendidos la reprografía 
y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares 
de ella mediante alquiler o préstamo público. 
Impreso por Cosmos Print S.R.L. 
Impreso en Argentina 
7 
Introducción 
La década peronista que va de 1946 a 1955 ha sido considerada 
como un período clave en la historia económica de la Argentina 
contemporánea. La orientación mercado-internista y el impulso 
a la sustitución de importaciones que la caracterizaron, perdura-
rían durante los siguientes treinta años. Por ello, la naturaleza de 
las relaciones entre el peronismo y la industria ha sido objeto de 
importante atención. Desde diversas perspectivas teóricas se han 
discutido, sin arribar a un consenso, las particularidades de la 
economía política peronista, los cambios en la estructura indus-
trial y el ritmo de crecimiento del sector manufacturero. Sin em-
bargo, contamos con pocos trabajos sobre su política industrial. 
Este libro se propone estudiar los contenidos de la política 
sectorial, analizar su implementación y evaluar su impacto sobre 
seis industrias. El objetivo es indagar los factores que mediaron 
entre las metas iniciales y los resultados. Más específicamente, 
mé interesa observar en qué medida la política peronista alentó 
el crecimiento y la diversificación industrial. Para responder es-
tas preguntas, el estudio de la política industrial se realiza a la luz 
de los recursos disponibles, las estrategias de los actores, las ca-
racterísticas de las organizaciones públicas y privadas involucra-
das, y el contexto económico y político. 1 Los casos seleccionados 
incluyen actividades cuya expansión se había iniciado en perío-
dos anteriores como la cementera y la textil, industrias produc-
toras de insumos básicos como el acero, y manufacturas que 
liderarían el patrón industrial y tecnológico de la segunda 
posguerra como la rama metalmecánica. Cada capítulo analiza, 
además, el impacto de las políticas sobre el desarrollo industrial 
y la ocupación obrera, los problemas derivados de la ejecución de 
9 
1 0 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
la política pública (algunos de ellos originados en particularida-
des de los sectores industriales: las economías de escala y diver-
sificación, las tecnologías de producción y los requerimientos de 
capital). Por último, se estudian las relaciones entre la burocra-
cia y los empresarios industriales, cuya naturaleza ha sido consi-
derada por la literatura como un factor clave para explicar el 
éxito o el fracaso de la industrialización en Asia y América La-
tina. 2 
El análisis de cada uno de los sectores permite observar los 
vínculos erigidos entre el gobierno, la burocracia y las cámaras 
empresariales. La relación entre estos actores ha permanecido 
opacada frente a dos temas que han ocupado la atención de los 
estudiosos: uno, el conflicto entre Juan Domingo Perón y la 
Unión Industrial Argentina (UTA); el otro, el surgimiento en 
1952 de la Confederación General Empresaria, una entidad li-
derada por José Gelbard y ligada al régimen (Brennan, 1997; 
Sidicaro, 2003). 
Este libro sostiene que, en la inmediata posguerra, existían 
importantes oportunidades para la sustitución de importaciones 
que alentaban emprender el camino de la reorientación de la 
economía hacia el mercado interno. Los hacedores de la política 
pública peronista entendían que este impulso hacia la industria-
lización no significaría un cierre de la economía sino una modi-
ficación de la composición de las importaciones. A la vez, soste-
nían que la diversificación de la estructura industrial atenuaría 
el impacto local de los ciclos de crecimiento y recesión del mer-
cado internacional. Una economía más diversificada y menos 
centrada en el mercado externo como motor del crecimiento 
permitiría una mayor estabilidad del cuerpo social y una mejor 
redistribución de la riqueza. 
Contrariamente a lo que se piensa, la política industrial pe-
ronista no puede definirse como autarquizante. Los objetivos 
propuestos en el Plan Quinquenal no implicaban una industria- 
CLAUDIO BELINI 
	
11 
lización a toda costa. Por otra parte, como tendré ocasión de de-
mostrar, hasta el estallido de la crisis del sector externo en 1949, 
las políticas peronistas no impusieron obstáculos a la importa-
ción de manufacturas, con excepción de algunos pocos produc-
tos. Y recién a partir de 1952 la escasez de dólares creó un marco 
de protección indiscriminada. 
En segundo lugar, este estudio sostiene que la política oficial 
combinó una serie de instrumentos a fin de alentar el crecimien-
to manufacturero: créditos; controles físicos sobre las importa-
ciones; tipos de cambio preferenciales para la introducción de 
maquinarias y materias primas, y para la exportación de manu-
facturas; un régimen de promoción sectorial; y, en menor medi-
da, incrementos de los aranceles y la intervención del "Estado 
empresario". Ello no conformó una política industrial, entendi-
da como un conjunto ordenado de instrumentos destinados a es-
timular el crecimiento de ciertas industrias seleccionadas en el 
marco de una política de desarrollo. Sin embargo, la política pe-
ronista marcó un cambio en la orientación de las políticas públi-
cas hacia el sector industrial con respecto a las décadas previas. 
Una serie de factores explican el fracaso de muchos objeti-
vos. Entre los que se originaban en su diseño debemos señalar 
que la política industrial careció de claras indicaciones entre los 
objetivos y los instrumentos mediante los cuales se alcanzarían 
los primeros. Esta ambigüedad confería un importante poder a 
la burocracia que, encargada de poner en marcha las políticas, 
no parecía hallarse capacitada para esta tarea. 
Para empeorar las cosas, Perón no pudo evitar la sucesión de 
conflictos entre los heterogéneos grupos políticos que se suma-
ron a su proyecto. En ocasiones, ello derivó en la purga de algu-
nos de los equipos técnicos más importantes como el grupo 
Bunge, un conjunto de economistas e ingenieros que se habían 
formado a la sombra de Alejandro Bunge y que encabezados por 
Emilio Llorens se integraron a la Secretaría de Industria entre 
12 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 CLAUDIO BELINI 
	 13 
1943 y 1947. En otros casos, los conflictos significaron el aleja-
miento de los pocos empresarios que habían apostado a una co-
laboración estrecha con Perón como los industriales textiles 
Rolando Lagomarsino y Ernesto Herbin, que ocuparon la estra-
tégica Secretaríade Industria y la presidencia del Banco de 
Crédito Industrial entre 1946 y 1947. Dos años más tarde, una 
crisis económica obligó a Perón a desprenderse de Miguel Miran-
da, quien había estado a cargo de la definición de la política eco-
nómica oficial desde la presidencia del Banco Central (BCRA) y 
del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). 
También debió renunciar el empresario metalúrgico Aquiles 
Merlini, que había reemplazado a Herbin en la presidencia del 
Banco Industrial. 
En relación con los vínculos con el empresariado, la inter-
vención oficial sobre la UTA impidió que los industriales partici-
paran de la elaboración del Primer Plan Quinquenal. En 1945, 
Perón había convocado a los empresarios a sumarse a los orga-
nismos públicos de consulta a fin de participar en la definición 
de las políticas sectoriales. Sin embargo, este proceso no avanzó 
hasta 1951. Entonces, la Confederación General de la Industria 
logró ser reconocida como un interlocutor legítimo por el régi-
men peronista. 
Pero si hasta entonces, ninguna entidad empresaria nacional 
obtuvo una representación en los organismos de consulta, ello 
no significó un aislamiento de la burocracia con respecto al 
mundo de los negocios. Como tendré ocasión de demostrar, las 
cámaras industriales mantuvieron fluidas relaciones con el go-
bierno de Perón. Además, el intervencionismo estatal multiplicó 
los contactos informales entre la burocracia y los empresarios. Y 
algunos industriales lograron obtener grandes ventajas de estos 
vínculos. 
Un condicionante central fueron los problemas creados por 
el deterioro de los términos del intercambio y las políticas agra- 
das. A partir de 1949, la caída de los precios internacionales de 
los productos de exportación y la reducción de su volumen como 
consecuencia de la política de precios oficiales y del ciclo de se-
quías que afectó a la región pampeana, redujeron notablemente 
la disponibilidad de divisas y desaceleraron el crecimiento indus-
trial. 
La crisis del sector externo alentó a los hacedores de la polí-
tica pública a identificar algunos de los problemas principales de 
su estrategia industrial. A partir de 1952, el régimen peronista 
concertó algunos acuerdos sectoriales y alentó una mayor parti-
cipación de las entidades empresarias en la aplicación de la po-
lítica pública. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a transitar 
un camino muy estrecho para responder a estas problemáticas 
sin desatender a sus bases sociales, al reclamar un incremento de 
la productividad, alentar el ingreso de capital extranjero y frenar 
con cierto éxito la inflación de costos. 
Un debate inconcluso 
Señalamos más arriba que pese a la importancia que se le otor-
gó al período peronista, no contamos con trabajos específicos de 
historia industrial. Los trabajos de Murmis y Portantiero (1971) 
y Jorge (1971) analizaron las transformaciones estructurales que 
dieron origen al peronismo pero no abordaron su desempeño en 
el poder. 
Por otra parte, los estudios de Ferrer (1963), Díaz Alejandro 
(1975), Mallon y Sourrouille ,(1976), Dorfman (1983), Katz y 
Kosacoff (1989), Lewis (1993), Schvarzer (1996) y Basualdo 
(2006) presentan miradas de largo plazo que revisan el período 
peronista sin detenerse en él. A pesar de que estos trabajos se ins-
criben en diversas perspectivas teóricas (que van desde algunas 
corrientes de la tradición marxista, pasando por el estructuralis- 
mo cepaliano y la teoría neoclásica) existe, con pocas excepcio-
nes, una mirada muy crítica de la experiencia peronista. En ge-
neral, los autores mencionados coinciden en sostener que en la 
segunda posguerra, la Argentina no aprovechó suficientemente 
las condiciones existentes para impulsar su economía. Para los 
estructuralistas y sus seguidores, Perón habría desperdiciado la 
oportunidad de una coyuntura económica favorable para pro-
mover una industrialización más acelerada. En cambio, una co-
rriente más crítica de la industrialización sustitutiva de importa-
ciones, que encuentra su mejor exponente en Díaz Alejandro, ha 
sostenido que las políticas peronistas constituyeron "respuestas 
tardías a la Gran Depresión" y que por lo tanto desoían las nue-
vas perspectivas que ofrecía la reanudación del comercio interna-
cional. Para este autor, el objetivo de las políticas peronistas no 
habría sido el crecimiento industrial sino el aumento del consu-
mo, la ocupación obrera y la seguridad económica de las masas y 
de los empresarios aún a costa de la formación de capital. 
El primer estudio de la política industrial peronista fue rea-
lizado por Hugh Schwartz (1967). Este autor sostuvo que la po-
lítica peronista combinó el uso del crédito público y el control de 
las importaciones a fin de alentar el crecimiento sectorial. La po-
lítica oficial fue escasamente selectiva a la hora de elegir qué in-
dustrias se alentarían. Y si bien esto era un rasgo compartido por 
otras naciones que se volcaban a la industrialización, en la 
Argentina se veía agravado por los fuertes subsidios otorgados. 
Otro punto importante de su trabajo fue la elaboración de nue-
vas estimaciones sobre la producción industrial que implicaron 
tasas de crecimiento notoriamente superiores a las estadísticas 
existentes. Este aporte no generó mayores discusiones, de mane-
ra que los estudios de historia económica han utilizado estadís-
ticas que muestran tasas de crecimiento industrial divergentes. 
En la misma época, una serie de artículos de Altimir, Santa-
maría y Sourrouille (1966 y 1967) revisaron los instrumentos de 
promoción industrial utilizados durante la posguerra y ofrecie-
ron una serie de evidencias de gran interés no sólo para el perí-
odo peronista. A diferencia de los escasos estudios sobre la polí-
tica industrial, los debates económicos durante la posguerra 
generaron varios trabajos. Uno de ellos, el escrito por Juan Llach 
(1984), ha ejercido una notable influencia en la historiografía, 
ayudando a construir una imagen sobre la política industrial pe-
ronista. Este autor ha señalado que durante la Segunda Guerra 
Mundial se enfrentaron dos proyectos de industrialización diver-
gentes. Por un lado, el plan económico elaborado por Federico 
Pinedo en 1940 al que Llach interpreta como una reforma par-
cial de la estrategia de desarrollo agroexportadora cuyo propósi-
to era impulsar la industrialización orientada al mercado exter-
no. En ese sentido, el Plan Pinedo habría constituido un lúcido 
reconocimiento de la hegemonía norteamericana y una proféti-
ca visualización de los límites del mercado interno. El fracaso 
político de este proyecto dejaría lugar a la estrategia de industria-
lización que impulsaría el peronismo. Ésta habría sido el resulta-
do de las presiones políticas de los Estados Unidos y de las necesi-
dades de Perón de cohesionar las bases sociales de su movimiento 
a través de la política salarial. Recientemente, Llach ha reelabora-
do su hipótesis en forma más crítica al sostener que la reorien-
tación de la economía argentina hacia la industrialización en la 
segunda posguerra constituyó una "fatal opción por la autar-
quía" (Llach, 2002: 96). 3 
Esta interpretación contrasta con la llamativa ausencia de 
estudios de historia industrial. Sólo en la última década se han 
comenzado a explorar las diversas dimensiones del problema. 
Entre los nuevos estudios se destacan los trabajos de Rougier 
(2001) y Girbal-Blacha (2003) sobre el Banco Industrial, que re-
saltaron el papel del crédito industrial y la contradicción entre el 
discurso y los resultados. Pero carecemos de análisis sobre otras 
dimensiones de la política industrial como la política aduanera 
14 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 1CLAUDIO BELINI 	 15 
y cambiaria, los regímenes de promoción, el papel del Estado 
empresario, entre otros temas. 
Notas 
1 La literatura sobre la elaboración y aplicación de la política pública es muy 
amplia e imposible de citar aquí. Para una perspectiva teórica sobre los proble-
mas de implementaciónvéanse Rein y Rabinovitz (1996). 
2 En un influyente libro, Evans (1995) propuso el uso del término "autono-
mía enraizada" para definir el tipo de relaciones entre el Estado, la burocracia y 
los empresarios que caracterizó a los países que se industrializaron exitosamente 
en el siglo XX. Para este autor, la efectividad de la intervención estatal no depen-
dería solo de una autonomía relativa con respecto de los capitalistas (siempre li-
mitada en último término por las constricciones impuestas por la acumulación 
de capital), sino de la combinación de ésta con la construcción de canales orgá-
nicos de comunicación entre la burocracia y los empresarios con el fin de nego-
ciar y reformular las metas y objetivos de las políticas públicas. La "autonomía 
enraizada" se caracterizaría por la existencia de un aparato burocrático moder-
no; un fluido intercambio de información entre éste y los empresarios; la dispo-
sición hacia la negociación y el acuerdo; y la reciprocidad, es decir, que los sub-
sidios y compensaciones que la política industrial otorga al sector privado sea 
acompañada de objetivos claros y cotejables. Sobre el tema véase también los ar-
tículos compilados por Maxfield y Schneider (1997). 
3 Para una discusión sobre esta interpretación véase Belini y Rougier (2006). 
Los objetivos e instrumentos 
de la política industrial peronista 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peronista 
puso en marcha una estrategia económica destinada a fomentar 
la expansión del mercado interno y acelerar la industrialización. 
Por entonces, la Argentina poseía la economía más diversificada 
e industrializada de América Latina. El ingreso per cápita era el 
más alto de la región. Durante los años de la Guerra, la econo-
mía argentina había mostrado un ritmo de crecimiento menor en 
relación a otras economías comparables del continente como las 
de Brasil y México (Thorp, 1997: 52-57; Bulmer Thomas, 1994: 
243-245). Si bien el país se había beneficiado del notable incre-
mento de los precios de los productos de exportación, el volumen 
de los mismos había descendido año tras año. En realidad, desde 
hacía por lo menos una década, el motor del crecimiento econó-
mico argentino se había trasladado desde el sector primario ex-
portador hacia la industria y el mercado interno. En 1943, por 
primera vez, la producción industrial superó la participación del 
sector primario en la composición del Producto Bruto Interno. 
Estos cambios no habían pasado inadvertidos para los analis-
tas. A mediados de la década de 1940 se había fortalecido una co-
rriente de opinión favorable a un cambio en la orientación eco-
nómica del país. Un grupo de economistas e ingenieros, algunos 
dirigentes del empresariado industrial y oficiales de las Fuerzas 
Armadas propugnaban una política de industrialización. Se en-
tendía que, luego de un breve período de altos precios mundia-
les para los productos agrícolas durante la posguerra, sobreven-
dría una etapa de dificultades. 
16 	 LA INDUSTRIA PERONISTA CAPÍTULO 1 
17 
Las perspectivas pesimistas invitaban a alentar la industriali-
zación. La diversificación de la estructura industrial crearía una 
economía menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado in-
ternacional. Pero la industrialización no significaría, per se, el 
cierre de la economía. Si bien habría que reorientar las importa-
ciones de los artículos de consumo finales hacia las maquinarias, 
el país continuaría importando.' Al mismo tiempo, los discípulos 
de Alejandro Bunge sostenían la necesidad de incrementar las ex-
portaciones de productos con mayor valor agregado. Estos diag-
nósticos fueron acompañados de un conjunto de propuestas y so-
luciones que, luego del ascenso de Juan Domingo Perón a la 
presidencia, inspiraron sus políticas (Instituto Alejandro Bunge, 
1945). 
La industrialización como meta requería el aliento del mer-
cado interno. El tamaño de éste era visto por algunos como uno 
de los principales obstáculos para el progreso industrial. La ver-
sión más elaborada de esta postura fue presentada por John 
Hopkins, un economista norteamericano que había sido contra-
tado por la Fundación Armour. En 1944, Hopkins señaló que el 
tamaño de la población argentina y la polarizada distribución del 
ingreso, excluían al obrero del mercado de los productos indus-
triales. 2 Aunque creía que el incremento de salarios y la reduc-
ción de los costos podían expandir el mercado interno, su adhe-
sión al principio de las ventajas comparativas lo llevaba a limitar 
cuidadosamente las industrias que debían alentarse. 
En cambio, los partidarios locales de la industrialización to-
maron distancia de esos principios. Al mismo tiempo confiaban 
más en la potencialidad del mercado interno, que podía incre-
mentarse mediante una distribución más igualitaria del ingreso. 
Este mecanismo fue el adoptado explícitamente por el peronis-
mo. En 1946, el gobierno de Perón puso en marcha una serie de 
innovaciones institucionales mediante las cuales ambicionaba 
controlar los recursos necesarios para "desarrollar el mercado 
interno hasta que predomine sobre el mercado externo como lo 
enseña la experiencia norteamericana" (BCRA, Memoria anual 
de 1946, 1947: 7). A pedido del equipo económico peronista en-
cabezado por Miranda y Lagomarsino, el gobierno militar dispu-
so, en marzo de 1946, la nacionalización del Banco Central y de 
los depósitos bancarios, y el control estatal sobre buena parte del 
comercio exterior. La primera medida confirió al gobierno una 
mayor autonomía en el manejo de la política monetaria y credi-
ticia con el fin de estimular la actividad productiva. Asimismo, 
el monopolio del IAPI sobre la comercialización de las cosechas, 
en un contexto de altos precios internacionales, permitió al 
Estado captar una parte importante de la renta agropecuaria, 
que se derivó hacia el sector urbano y particularmente hacia los 
asalariados. La nacionalización del comercio exterior también 
desligó los incrementos de los precios internacionales de la evo-
lución de los precios en el mercado interno. A su vez, el aliento 
del gobierno a las reivindicaciones salariales y el congelamiento 
de los alquileres rurales y urbanos incrementaron notablemente 
los salarios reales que, según los cálculos de Gerchunoff (1989), 
treparon un 60% entre 1946 y 1949. Si bien la aceleración de la 
inflación a partir de ese año provocó una reducción de los mis-
mos, para 1955 seguían siendo un 50% mayor a los de diez años 
atrás. Más importante aún, la política oficial transformó el pa-
trón de distribución del ingreso: la retribución a los asalariados 
superó por primera vez el porcentaje del ingreso neto de los em-
presarios y profesionales. 
Las reformas institucionales y la política industrial 
La nacionalización del Banco Central y del comercio exterior fue 
acompañada de otras reformas en el ámbito de la elaboración y 
aplicación de la política industrial. Los primeros antecedentes de 
18 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 CLAUDIO BELINI 	 19 
20 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
una política sectorial se remontaban a 1944, cuando el gobierno 
militar organizó el Banco de Crédito Industrial y la Secretaría de 
Industria y Comercio, además de establecer por decreto 
14.630/44 el primer régimen de promoción industrial. La crea-
ción del Banco, luego de una década de discusiones y proyectos, 
daba satisfacción a la demanda empresarial para obtener crédi-
tos de mediano y largo plazo de acuerdo a las necesidades del 
sector. La segunda medida respondía al interés de crear un orga-
nismo estatal especializado en el diseño de la política sectorial si-
milar al que desde 1898 tenía el sector primario. Finalmente, el 
decreto de industrias de interés nacional significó que, por pri-
mer vez desde el Estado, se rechazaba el concepto de "industria 
natural" (es decir, las manufacturas que procesaban materias 
primas nacionales, por las que se entendía especialmente las de 
la región pampeana) como criterio ordenador dela política in-
dustrial. La nueva concepción sostenía que serían pasibles de 
promoción las industrias que emplearan materias primas nacio-
nales y estuvieran orientadas al mercado interno y las manufac-
turas que, aunque utilizaran mayoritariamente insumos de im-
portación, elaboraran artículos de primera necesidad o de interés 
para la defensa nacional. El decreto 14.630/44 otorgaba al go-
bierno autoridad para declarar de interés nacional una industria 
por un período de dos a cinco años. Las manufacturas seleccio-
nadas contarían con beneficios de distinto tipo como cuotas de 
importación para bienes similares, tipos de cambio preferencia- 
les para la introducción de maquinarias e insumos y, en algunos 
casos, la elevación de los derechos aduaneros. 
Durante el gobierno de Perón estos instrumentos adquirie-
ron mayor complejidad. El banco expandió su estructura y su 
personal para atender un número creciente de operaciones. Por 
su parte, en 1949, la Secretaría de Industria fue elevada a cate-
goría ministerial e inició un proceso de diferenciación interna 
con el surgimiento de reparticiones especializadas en el análisis 
CLAUDIO BELINI 	 21 
de los problemas que afrontaban las diversas ramas industriales, 
la aplicación del régimen de industrias de interés nacional, la ad-
ministración de las cuotas de importación y de exportación de 
insumos y de productos manufacturados. 
El Ministerio de Industria incorporó bajo su autoridad a em-
presas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 
pero también creó nuevas como Gas del Estado, Agua y Energía 
y la empresa que explotaba el carbón de Río Turbio. En forma pa-
ralela, en 1947, organizó la Dirección Nacional de Industrias del 
Estado (DINIE), un organismo que intentó dotar de coherencia 
al manejo de empresas metalúrgicas, químicas, farmacéuticas y 
eléctricas que habían sido intervenidas durante la Guerra por 
pertenecer al capital alemán. 
La expansión de la empresa pública industrial también se dio 
bajo el amparo de los ministerios militares como la empresa In-
dustrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) bajo la ad-
ministración de la Aeronáutica, y Astilleros y Fábricas Navales del 
Estado (AFNE) dependiente de la Armada. Por su parte, Fabri-
caciones Militares, ente creado en 1941, expandió sus activida-
des vinculadas a la defensa nacional y, por intermedio de socie-
dades mixtas, alentó la producción de insumos básicos.' 
Para 1950 la Argentina poseía aquellas instituciones que los 
partidarios de la industrialización habían demandado durante 
décadas y que se estaban generalizando en las economías latinoa-
mericanas que impulsaban la industrialización. 
Los objetivos y los instrumentos de la política industrial 
Poco después de la asunción presidencial, Perón encomendó a la 
Secretaría Técnica la elaboración de un Plan Quinquenal (Berro-
tarán, 2003). En esta materia, la experiencia nacional era muy 
limitada. La confección de los proyectos económicos debió reali- 
zarse en medio de importantes constricciones derivadas de la es-
casez de equipos técnicos y la falta de estadísticas confiables, con 
la excepción de las vinculadas a la industria que venían realizán-
dose con cierta continuidad desde 1935. En 1946, por ejemplo, 
no existían cálculos aceptables sobre el Producto Bruto Interno 
ni sobre su composición, aunque se contaba con algunas estima-
ciones. 
En el caso de la política industrial, la tarea de formular sus li-
neamientos básicos fue encomendada al director de Economía y 
Política Industrial, ingeniero Emilio Llorens, quien junto a un 
grupo de economistas e ingenieros habían sido los impulsores del 
decreto 14.630/44 y de la creación de la Secretaría de Industria. 
La definición de los objetivos e instrumentos que se utilizarían 
fue realizada casi exclusivamente por esta burocracia, sin la par-
ticipación ni la colaboración de las organizaciones empresarias. 
El Plan estableció que serían objeto de fomento dos tipos de 
industrias. En primer lugar, se protegerían las manufacturas 
existentes, especialmente la textil algodonera y la metalúrgica. Se 
trataba de ramas que se habían expandido durante la Guerra y 
que se temía podían verse sometidas a una fuerte competencia 
externa. En segundo lugar, se estimularía el desarrollo de nuevas 
industrias. En este caso se encontraban un conjunto de activida-
des destinadas a sustituir importaciones como la producción de 
acero, laminados y productos químicos básicos. A ellas se suma-
ban otras que el gobierno se proponía estimular con el fin de 
conquistar mercados externos: las manufacturas de lana, la pro-
ducción de aceites vegetales y extractos opoterápicos. Por último, 
Fabricaciones Militares fomentaría otras industrias por su im-
portancia para la defensa nacional (Presidencia de la Nación, 
1946: 72, vol. 2). 
En suma, los objetivos del Plan involucraban el fomento de 
industrias que no contaban con ventajas comparativas. La polí-
tica sectorial no se circunscribía a la protección de las industrias 
existentes sino que involucraba nuevas actividades orientadas al 
mercado interno y a la exportación. Para alcanzar estas metas, el 
gobierno propuso la aplicación de un conjunto variado de ins-
trumentos, entre los cuales se destacaba la reforma aduanera y 
un nuevo proyecto de ley de Fomento Industrial. Por medio de la 
primera, se proponía el reemplazo de los aforos (es decir el valor 
oficial de las mercaderías sobre las que se estimaba el gravamen) 
por el de derechos específicos. Con ello se buscaba eliminar la 
desprotección causada por la distancia que separaba a los aforos 
de los valores de mercado. Además, la ley de reforma aduanera 
confirió al gobierno amplias atribuciones para incorporar nue-
vos productos e incrementar o rebajar los derechos de algunos 
productos que no estaban amparados por convenios comerciales. 
De esta manera, la tarifa aduanera se convertía, en teoría, en un 
instrumento privilegiado de la política industrial. En cuanto al 
proyecto de ley de Fomento Industrial, que finalmente no sería 
considerado por el Parlamento, proponía una profunda inter-
vención estatal con el fin de alentar la industrialización de una 
variedad de materias primas. 
Sin embargo, como tendremos ocasión de analizar en los ca-
pítulos siguientes, no fueron éstos los principales instrumentos 
de la política oficial. El rápido deterioro de las reservas de divi-
sas condujo a las autoridades económicas a preferir el empleo de 
aquellos instrumentos que podían ser aplicados con mayor arbi-
trariedad como los permisos previos de cambio, las cuotas de im-
portación y los tipos de cambio preferenciales para la introduc-
ción de materias primas y maquinarias. Estos instrumentos se 
sumaron a aquellos que se aplicaban desde 1944 como la políti-
ca crediticia del Banco Industrial y el régimen de industrias de 
interés nacional, bajo el cual se estimularon unas cuarenta ma-
nufacturas, especialmente siderometalúrgicas y químicas. 
¿Por qué la tarifa aduanera fue desplazada a un lugar margi-
nal? Diversos factores explican este proceso. En primer lugar, a 
22 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 CLAUDIO BELINI 	 23 
partir de septiembre de 1947, la Argentina debió enfrentar las di-
ficultades provocadas por la inconvertibilidad de la libra esterlina 
y el déficit del comercio exterior con Estados Unidos. Ello signifi-
caba que el gobierno debía diseñar una política de importaciones 
que discriminara los productos, y a la vez, el origen de los mis-
mos, desalentando los provenientes de Estados Unidos. Ambos 
objetivos no podían alcanzarse por medio de aranceles (Lucánge-
li, 1989). En segundo lugar, algunos de los sectores que la Secre-
taría de Industria quería estimular, entre los que se encontraban 
la industria metalúrgica y la textil, no podían beneficiarse de la 
reforma aduanera en virtud de que los derechos estaban garan-
tizados por los acuerdos bilaterales firmados con Gran Bretaña y 
otras naciones durante las décadas previas. La modificaciónde 
los mismos requería negociaciones, que podían derivar en un de-
terioro de las relaciones comerciales. 
La preferencia por el sistema de cuotas se basaba en que éstas 
constituían un instrumento más expeditivo para influir sobre las 
importaciones y el abastecimiento interno, a la vez, que permití-
an eludir la compleja red de intereses que se desplegaba en torno 
de la tarifa aduanera. 
El Primer Plan incluyó también estimaciones sobre el creci-
miento del valor agregado, el personal ocupado, la potencia ins-
talada y la producción de un conjunto variado de manufacturas, 
la mayoría de ellas insumos básicos. Entre las industrias cuyo 
crecimiento se auspiciaba, se encontraban algunas cuyo desen-
volvimiento había sido considerado, de acuerdo a la teoría de las 
ventajas comparativas, escasamente convenientes en los infor-
mes elaborados por Hopkins y por el Banco Central antes de su 
nacionalización. Este era el caso de la producción de acero y la-
minados, así como los hilados de algodón y rayón (BCRA, 1945a; 
Hopkins, 1944). 
Por otra parte, el Plan no instauró una jerarquía de objeti-
vos ni consagró un conjunto ordenado de instrumentos tendien- 
tes a alentar el crecimiento de la producción y el incremento de 
su eficiencia. La ausencia de claras indicaciones sobre los meca-
nismos específicos que se utilizarían para alcanzar una buena 
parte de los objetivos otorgó un amplio margen a la burocracia 
en la instrumentación de las políticas. 
Entre 1946 y 1947 el gobierno logró la ratificación parla-
mentaria para su reforma bancaria, el decreto de industrias de 
interés nacional, la aprobación de la ley de financiación del plan 
y la reforma aduanera. Durante los siguientes cinco años, el 
apoyo oficial permitió una diversificación de la producción in-
dustrial, especialmente en las industrias de consumo final. 
A pesar de estos éxitos, a partir de 1949 el crecimiento indus-
trial comenzó a verse afectado por la escasez de divisas origina-
da en la caída del volumen de las exportaciones tradicionales e 
intensificada por el deterioro de los precios internacionales. La 
combinación de ambos factores provocó una caída del 50% de la 
capacidad para importar de la economía entre 1948 y 1952. Si 
bien la escasez de divisas redujo la competencia de manufactu-
ras importadas, también limitó la introducción de insumos y de 
bienes de capital. Los efectos recesivos que esta situación creaba 
se vieron acentuados por la inflación que, alentada por una polí-
tica monetaria y crediticia expansiva, afectó la demanda interna. 
A comienzos de la década de 1950 se incrementó el inter-
vencionismo estatal en el manejo de la política industrial. En 
abril de 1952 el decreto 6472 adjudicó al Ministerio de Industria 
el otorgamiento de licencias para la instalación de nuevas plan-
tas o la ampliación de las existentes con el fin de propender a 
una reducción de los costos y la utilización racional de materias 
primas, maquinarias y mano de obra. 
Luego de la aplicación en 1952 de un plan antiinflacionario 
basado en acuerdos entre los sindicatos y los empresarios, el 
congelamiento de precios y la reducción del déficit fiscal, se pre-
sentó el Segundo Plan Quinquenal. En el orden de la política in- 
24 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 CLAUDIO BELINI 	 25 
dustrial, el Plan estableció una jerarquía de prioridades para or-
denar la sustitución de importaciones colocando en orden des-
cendente a la siderurgia, la industria metalúrgica, la producción 
de aluminio y de insumos químicos básicos (Presidencia de la 
Nación, 1953: 293). La medida, que relegaba a un lugar secun-
dario el fomento de las ramas alimenticia y textil, implicaba un 
reconocimiento de las necesidades de una mayor integración 
vertical del sector industrial. 
La política industrial continuó utilizando cuotas de importa-
ción, tipos de cambio diferenciales y créditos. El otorgamiento de 
las cuotas se hizo más sistemático mediante la intervención del 
Ministerio de Industria y el Banco Central. Esta última entidad 
reforzó su papel en la administración de la política a través de la 
recepción de presentaciones a favor de la protección de industrias 
por parte de empresas y cámaras. Además, el Banco comenzó a 
elaborar un presupuesto anual de divisas, para lo cual a partir de 
1953 contó con la colaboración de la Confederación General de 
la Industria. 
Sin embargo, la planificación de la sustitución de importa-
ciones en un contexto de aguda escasez de dólares no parecía al-
canzar. El régimen peronista seguía confiando en el ahorro in-
terno como fuente de capitalización. Por ello el interés por 
incrementar las exportaciones, lo que había derivado en un cam-
bio de política de precios hacia el sector primario y en el otorga-
miento de ventajas cambiarias a las exportaciones industriales. 
A pesar de estas medidas, los saldos de productos primarios para 
la exportación se mantuvieron estancados al tiempo que los pre-
cios de las exportaciones se derrumbaron poco después de la cri-
sis de Corea. Entonces, Perón decidió emplear otros instrumen-
tos para aliviar la escasez de dólares. En agosto de 1953, el 
gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley que creaba un 
régimen especial para el ingreso de capitales extranjeros destina-
dos a las inversiones productivas, especialmente en el sector in- 
dustrial. La medida significaba una rectificación de la política 
oficial que hasta entonces había marginado el aporte del capital 
extranjero. 
En el mensaje respectivo se señalaba que el desarrollo debía 
basarse en el ahorro nacional, aunque se reconocía que el capi-
tal extranjero permitía acelerarlo sin disminuir el consumo in-
terno. La legislación propuesta buscaba "hacer coincidir el inte-
rés del inversor con los intereses nacionales" (Diario de Sesiones 
de la Cámara de Diputados de la Nación, t.1, 1953: 671-673). Para 
ello introducía una severa fiscalización estatal sobre los capitales 
extranjeros que se radicaran en el país. En contraprestación se 
aseguraba el libre giro de utilidades hasta un límite del 8% del 
capital invertido, algo que había estado vedado a partir de 1949. 
A su vez, las empresas inscriptas podrían retirar el capital origi-
nario sólo a partir de los diez años de radicación. 
La ley 14.222 de inversiones extranjeras ha sido presentada 
por la historiografía como expresión del "cambio de rumbo" del 
peronismo. Sin embargo, las condiciones impuestas revelaban 
cierta cautela sobre los efectos del ingreso de capitales en la ba-
lanza de pagos. Así, el ministro de Asuntos Económicos Alfredo 
Gómez Morales alertaba sobre: 
La paradoja que se les presenta a muchos países que han 
mantenido condiciones excesivamente liberales para el 
capital extranjero, los cuales observan que los egresos de 
divisas por los conceptos señalados (beneficios, amorti-
zaciones y otras transferencias), sin contar las filtracio-
nes o egresos invisibles, representan con frecuencia can-
tidades superiores a los ingresos de nuevos capitales. En 
estas condiciones, no hay ninguna duda que esas inversio-
nes no son tan útiles, como se preconiza, para el desarrollo 
autónomo de la economía social de un país. (Gómez Mora-
les, 1953: 24). 
26 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 	 CLAUDIO BELINI 	 27 
28 	 LA INDUSTRIA PERONISTA CAPÍTULO 2 
Las prevenciones peronistas contrastaban con la mirada más 
ambigua que la CEPAL mantuvo sobre la contribución de las in-
versiones extranjeras en el desarrollo económico; la primera in-
cursión sobre el tema se expuso en 1954 en La cooperación inter-
nacional en la política de desarrollo latinoamericano, pero sólo en 
la década de 1960 el organismo llamaría la atención sobre la 
"dependencia financiera y tecnológica" originada por las inver-
siones extranjeras (CEPAL, 1988: 24-25, t. 1). 
Las prevenciones de Gómez Morales y la desconfianza que 
generaba el gobierno peronista en los círculos financieros inter-
nacionales hicieron que esta norma tuviera un escaso impacto 
ya que hasta finales de 1955 sóloingresaron inversiones por 
unos 12 millones de dólares. En los siguientes capítulos veremos 
cómo se aplicaron estos instrumentos, qué papel desempeñaron 
las instituciones a las que el gobierno peronista había encomen-
dado el manejo de la política industrial y cuál fue el impacto de 
la política. 
Notas 
1 Estas ideas desbordaban los círculos de los grupos nacionalistas para in-
cluir a economistas como Raúl Prebisch. Para este último caso, véase BCRA, 
Memoria anual de 1942, Buenos Aires, 1943: 29-35. Sobre el debate en torno a la 
industria véase Llach, 1984; Belini, 2006d y la bibliografía allí citada. 
2 Un error del diagnóstico de Hopkins fue su estimación del crecimiento po-
blacional. Basado en los datos disponibles, Hopkins sostuvo que era convenien-
te "preparar planes para una población igual a la actual para los próximos vein-
te años". Según su evaluación, la Argentina alcanzaría una población máxima de 
no más de 15 millones en 1958. Sin embargo, el censo de 1947 reveló otra rea-
lidad y el crecimiento de posguerra, debido tanto a la inmigración como al au-
mento vegetativo, elevó la población a unos 18 millones en 1953 y 20 millones 
en 1960 (Hopkins, 1944: 19 y 63-82). 
3 Un estudio de DINIE puede verse en Belini, 2001b, 2006b. Sobre el estado 
empresario véase Belini y Rougier, 2008. 
Una batalla perdida: la siderurgia) 
Pocos aspectos de la política industrial peronista han generado 
tantas controversias como el fallido intento de establecer una in-
dustria siderúrgica. Para quienes han revisado la cuestión desde 
el pensamiento económico ortodoxo, las políticas peronistas 
han sido acusadas de promover la autarquía. En cambio, otra co-
rriente de opinión ha sostenido que el fracaso en establecer la si-
derurgia retardó por décadas el desarrollo del país. 
En realidad, el régimen de Perón retomó el proyecto que 
había elaborado poco antes el general Manuel Savio, presidente 
de Fabricaciones Militares. Éste consistía en la creación de una 
planta integrada para abastecer inicialmente una porción de la 
demanda interna de acero y laminados. 2 Sin embargo, hasta co-
mienzos de la década de 1950, la creación de esa planta no era 
vista como un camino excluyente ni un proyecto de sustitución 
total de las importaciones. A partir de entonces, el fracaso de 
otras alternativas condujo a Perón a otorgar prioridad a la cons-
trucción la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA). Este 
capítulo se pregunta sobre las causas de este desplazamiento. 
Además, me propongo identificar cuáles fueron los factores que 
retardaron el proyecto SOMISA. 
La experiencia argentina anterior a 1946 
Durante la primera mitad del siglo XX la Argentina se abasteció 
de acero mediante la importación. Si bien a partir de 1896 se 
instalaron algunas plantas laminadoras, como la fundada por 
29 
Juan Pinoges que instaló el primer horno Siemens Martin de 4 
toneladas, la producción de acero y laminados era reducida. El 
consumo doméstico fluctuó de acuerdo a las posibilidades de la 
oferta mundial y la demanda interna. A comienzos del siglo XX, 
ésta creció alentada por el crecimiento económico y el auge de la 
construcción urbana. En torno del Centenario, el consumo supe-
ró, por primera vez, el millón de toneladas anuales. La Primera 
Guerra Mundial y la Gran Depresión provocaron caídas abrup-
tas, que sólo se revirtieron con la normalización del comercio in-
ternacional y la expansión interna de los años veinte y del perío-
do peronista. A pesar de estas oscilaciones, el mercado argentino 
era y continuaría siendo durante décadas el más importante de 
América Latina, alcanzando en varias oportunidades el millón de 
toneladas y superando largamente el consumo por habitante del 
resto de los países latinoamericanos (CEPAL, 1954: 76). 
Estas circunstancias fueron las que condujeron, a mediados 
de los años treinta, al Estado a asumir como problema la inexis-
tencia de una industria local. Haciéndose eco de las demandas 
de la UTA y de los sectores castrenses, en julio de 1936, el presi-
dente Agustín Justo creó una comisión para el estudio de un plan 
de fomento de la industria "en todas sus fases". Esta comisión, 
integrada por representantes ministeriales y empresarios, elabo-
ró un primer informe a principios de 1937 donde reclamó mo-
dificaciones aduaneras, exenciones para la introducción de ma-
quinarias y la prohibición de exportar chatarra que, a falta de 
abastecimiento externo, podía ser empleada para elaborar acero. 
Incluidas en un proyecto de ley, estas demandas fueron remiti-
das al Congreso en agosto de 1938 pero quedaron estancadas en 
la cámara baja. A comienzos de 1939, el presidente Roberto Ortiz 
reiteró la necesidad de fomentar al sector, aunque advirtió que 
no se proponía sustituir la corriente importadora. En octubre, 
Ortiz decretó la prohibición de exportar chatarra (DSHCSN, 
1938: 634-635, t. I; Ibíd., 1939: 36; Argentina Fabril, octubre de 
039: 58). A esta medida se agregaron otras introducidas por la 
(*Mara baja en la ley de presupuesto de 1939, que buscaban 
alentar la industria laminadora mediante la exención aduanera 
atirante cinco años para importar maquinarias y la supresión del 
derecho adicional del 10% sobre la chatarra y el acero. 
El Estado también jugó un papel central con la instalación de 
ki primera acería a través de la Fábrica Militar de Aceros de Va-
lettín Alsina. La construcción de la planta, que fue el resultado 
de las preocupaciones militares por la cuestión de la defensa na-
dona', enfrentó diversos contratiempos económicos y técnicos 
como la falta de un presupuesto propio y el fracaso del Ministe-
rio de Guerra en contratar una dirección técnica en el extranje-
M. Pese a estos inconvenientes, la fábrica comenzó a producir 
lingotes de acero en 1937 y, un año después, puso en marcha los 
trenes laminadores de chapas. 
La expansión de la producción nacional de acero se inició 
como respuesta a las condiciones creadas por la Guerra. Bajo el 
doble estímulo de un mercado cautivo y, en menor medida, de 
medidas de fomento comenzaron a instalarse nuevas plantas, al-
gunas de las cuales eran antiguas empresas metalúrgicas afectadas 
por la caída de las importaciones de acero. A Talleres Vulcano 
S.R.L. (ex Juan Pinoges) y la Fábrica Militar de Aceros, se sumaron 
La Cantábrica en 1940, Torres y Citati en 1942, TAMET (Talleres 
Metalúrgicos General San Martín), Rosati & Cristófaro en 1943, 
Acindar, la alemana Crefin y Establecimientos Metalúrgicos Santa 
Rosa, de capitales franceses, en 1944. De esta manera, ese año el 
número de hornos alcanzó los 22, con una capacidad de 327 to-
neladas. Por su parte, la producción de acero en lingotes ascendió 
de 13.900 toneladas en 1939 a 144.000 en 1945. 
Sin embargo, el crecimiento estaba siendo frenado por la es-
casez de insumos que reducían el rendimiento de los hornos al 
incrementar las reparaciones y acortar las campañas. En espe-
cial, era alarmante el incremento de la demanda de chatarra que 
&AUDIO BELINI 	 31 30 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
32 	 LA INDUSTRIA PERONISTA -CLAUDIO BELINI 	 33 
había ascendido de 10.000 toneladas en 1938 a 160.000 en 1945 
mientras que la oferta anual alcanzaba el 40%. Estas dificultades 
patentizaban la fragilidad de las bases de la industria. Otros in-
sumos como el arrabio y las ferroaleaciones si bien no escasea-
ron, vieron incrementar sus precios. Dificultades adicionales 
provenían de la imposibilidad de renovar equipos. La elección de 
hornos Siemens Martin de reducida capacidad y rendimiento, 
consecuencia del crecimiento de la industria en medio del retiro 
de la oferta mundial de maquinarias, explicaba el alto costo de 
fundición y la existencia de siete empresas para una producción 
de sólo 150.000 toneladas de lingotes de acero. 3 
La Guerra también imposibilitó la importación de trenes la-
minadores nuevos y equipos generadores. De hecho, TAMET y 
Acindar debieron adquirirlos a empresas vinculadas de Brasil y 
Chile respectivamente, reacondicionándolosen Argentina. Por 
su parte, Crefin, Santa Rosa y Rosati & Cristófaro los construye-
ron en el país según diseños extranjeros. Como resultado de 
estas limitaciones sólo dos de las siete firmas tenían acoplados a 
sus trenes de desbaste y de laminación, trenes laminadores me-
nores para la transformación de los perfiles intermedios. Ello 
condicionaba a la industria a producir hierro redondo destinado 
a la construcción, que era el tipo de mayor demanda en el mer-
cado. 
En conjunto, la producción de laminados ascendió desde 
10.400 toneladas en 1939 a 110.400 en 1945. Aunque el rubro 
principal era la producción de hierro redondo, también se elabo-
raron otros tipos. Vulcano siguió especializándose en la produc-
ción de perfiles doble T, actividad que había encarado en 1908 
gracias a la protección establecida en 1905 sobre perfiles de ma-
dera, cubriendo cerca del 50% de la demanda interna. TAMET se 
especializó en la producción de hierro redondo para trefilación 
destinado a cubrir sus propias necesidades. Por su parte, la 
Fábrica Militar de Aceros comenzó a laminar chapas convirtién- 
goce en la primera planta de Sudamérica y la única que ofreció 
ese producto en el mercado local durante décadas. 
A pesar de este impulso, la producción no cubría la deman-
dá interna. Las limitaciones que afrontaba la industria eran bien 
conocidas por los empresarios y los militares quienes comenza-
ron a elaborar proyectos de desarrollo sectorial. En 1941, la 
lDGFM inició la construcción del primer alto horno destinado a 
la producción de arrabio a partir de los yacimientos de hierro 
ubicados en Jujuy. Tres años más tarde, la firma sueca Svenska 
Entreprenad fue contratada para la construcción de la planta, 
tarea que finalizó en 1945. El proyecto tenía como objetivo ini-
ciar la explotación de los yacimientos norteños a fin de poder 
Contar con un suministro mínimo en caso de un corte abrupto 
de las importaciones. Si bien durante la Guerra las importacio-
nes de arrabio no habían decrecido, se había modificado su ori-
gen, acentuándose la dependencia con respecto al Brasil, conside-
rado por el Ejército como el principal rival militar. 4 La 
producción de arrabio alcanzó las 15.000 toneladas en 1946 pero 
la demanda ascendía entonces a las 60.000. Además, el arrabio 
nacional no era apto para el uso en hornos Siemens Martin por 
su alto contenido en fósforo. 
En realidad, el afianzamiento de la industria sólo podría pro-
venir de la instalación de una planta integrada. En septiembre de 
1944, Fabricaciones Militares lanzó una licitación para la presen-
tación de propuestas a fin de constituir una sociedad mixta entre 
el Estado y el capital privado. Aunque se presentaron seis ofreci-
mientos, sólo uno constituía una propuesta realizable. Se trataba 
de la auspiciada por las tres principales firmas metalúrgicas 
TAMET, Siam (Sociedad Industrial Americana de Maquinaria) y 
La Cantábrica, a las que se sumaban la importadora Moesler & 
Cía., y Armco Argentina, subsidiaria de Armco Internacional Co. 
Según este proyecto se construiría una acería con una capacidad 
de producción de 300.000 toneladas, ampliable hasta las 800.000. 
34 LA INDUSTRIA PERONISTA 
La planta utilizaría predominantemente materias primas de im-
portación, dejando los recursos locales como reservas para épocas 
de dificultades. El capital de la empresa totalizaría 100 millones de 
pesos de los cuales el 10% sería suscripto por el capital privado. 5 
Ante el resultado de la licitación el general Savio solicitó a los 
empresarios de la propuesta ganadora la incorporación del resto 
de las firmas del sector. El acuerdo se alcanzó un año después y, 
en enero de 1946, el proyecto fue elevado al gobierno. El plan es-
tablecía la organización de una empresa mixta para la elabora-
ción de 350.000 toneladas de productos semiterminados sobre 
la base de mineral de hierro y carbón de importación. El objeti-
vo era producir insumos para la industria metalúrgica a precios 
internacionales o superiores en un 5%. Con ese propósito, el 
Estado subsidiaría las diferencias entre el costo de producción y 
el precio de venta durante los primeros 12 años. A la vez, el plan 
otorgaba al capital privado un interés garantido del 4%. 
La planta se ubicaría en San Nicolás y no en el norte del país 
como Zapla. Esta localización respondía a la necesidad de redu-
cir los gastos de transporte de los insumos y la cercanía al cor-
dón industrial bonaerense, principal mercado consumidor. 
Por otra parte, el plan preveía la creación de una segunda so-
ciedad mixta con un capital de 80 millones de pesos que a dife-
rencia de la primera sería controlada por Armco en un 51% de 
su capital, reservándose el Estado un mínimo del 10%. El obje-
tivo de esta empresa sería la elaboración de planchas y chapas. 
Para Savio las ventajas del proyecto residían en que se obten-
drían productos semiterminados a precios internacionales. Por 
otro lado, la participación estatal en la planta laminadora con-
trolada por Armco le aseguraría un rendimiento que posibilita-
ría financiar parcialmente el subsidio otorgado a SOMISA. El 19 
de enero de 1946 se firmó un acta de ratificación de compromi-
sos y la realización de los estudios preliminares a cargo de 
Armco. 
LIDIO BELINI 
	
35 
En el seno del gobierno militar el plan fue criticado por el 
Ministro de Agricultura Pedro Marotta, para quien el proyecto 
Meaba una industria "antieconómica" que al depender de mate-
rias primas importadas sólo podría mantenerse con una fuerte 
protección. El ministro impugnó también el control de la socie-
dad mixta laminadora por Armco, que al absorber la mitad de la 
producción de SOMISA marginaría a las laminadoras locales. 
En febrero, Armco rehusó prolongar el ofrecimiento para la 
constitución de la sociedad mixta laminadora al establecerse que 
el plan sería sometido a consideración del Parlamento. Pese a 
estos inconvenientes, el plan recibió el respaldo del presidente 
Edelmiro Farrell. El 28 de febrero de 1946, cuatro días después 
de las elecciones que dieron el triunfo a Perón, el gobierno mili-
tar remitió el proyecto al Parlamento electo. 
En resumen, al final de la Guerra, el Estado estaba involu-
crado en el fomento de la industria siderúrgica a través de la ela-
boración de arrabio, el estímulo con medidas de liberación adua-
nera de la industria laminadora y la construcción de un acuerdo 
entre el Estado, capitalistas locales y extranjeros para la creación 
de una acería integrada. 
El proyecto SOMISA significaba una conquista de los grupos 
civiles y militares que habían propiciado el desarrollo siderúrgico. 
El proyecto se fundamentaba en la existencia de una alta deman-
da de productos de acero y en la posibilidad de importar las ma-
terias primas para su elaboración local, iniciando lentamente la 
explotación de los yacimientos de hierro y carbón. Por otra parte, 
la participación de capitales locales y extranjeros en la empresa, y 
las cláusulas que limitaban los subsidios estatales durante un pe-
ríodo de 12 años, permiten afirmar que en su concepción origi-
nal el plan se apartaba de un proyecto nacionalista y autarquizan-
te (García Matta y Maggi, 1942; Savio, 1942: 707-716). 
36 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
La política peronista en los años 
del Primer Plan Quinquenal 
El proyecto SOMISA 
En octubre de 1946 el gobierno peronista presentó el Plan Quin-
quenal entre cuyas metas se estableció la elevación de la produc-
ción de acero hasta las 315.000 toneladas en 1951. Este objetivo 
se alcanzaría mediante la concreción del Plan Siderúrgico, que 
también se proponía alentar a la industria laminadora. 
El apoyo de Perón a los planes de Savio no constituía un des-
lizamiento hacia la autarquía. En primer lugar, porque el Plan Si-
derúrgico sólo se proponía sustituir una parte de las importacio-
nes de acero. Por otro lado, en los años iniciales de su gobierno, 
Perón alentó la firma de convenios para favorecer una mayor 
complementariedad entre la economía argentinay la de los paí-
ses limítrofes. El más importante de ellos fue el firmado con 
Chile 1946. En él se preveía crear una entidad financiera bina-
cional para alentar las industrias chilenas derivadas de la mine-
ría. La Argentina adquiriría todo el acero de Huachipato que no 
se consumiera localmente a cambio de productos agrícolas. Aun-
que finalmente este convenio no fue aprobado por el Parlamento 
chileno, el gobierno peronista continuó explorando la firma de 
acuerdos de pareo de productos y de coordinación industrial. 
Mientras el gobierno firmaba el acuerdo con Chile, a finales 
de 1946, el Parlamento comenzó a discutir el Plan Siderúrgico. 
El proyecto fue objeto de un extenso y acalorado debate en la 
Cámara de Diputados, en donde no faltó la colaboración entre 
los bloques mayoritarios. Mediante un acuerdo de las bancadas 
peronista y radical se introdujeron cambios fundamentales al 
plan. Con el fin de evitar el control extranjero de la empresa, se 
limitó la participación accionaria de Armco, TAMET y Siam al 
2% del total cada una. La inclusión de estas dos últimas empre- 
ttAUDIO BELINI 
	
37 
¡as respondía a sus vínculos con los consorcios internacionales 
*RBED-Terres Rouges y Westinghouse respectivamente. Más im-
portante aún, la cámara abolió la posibilidad de que el capital pri-
Vado nacional controlase en el futuro más del 49% del capital ac-
donado de SOMISA. El capital social autorizado quedó 
Constituido por 8.000 acciones "A", de 10.000 pesos cada una co-
rrespondiente al aporte estatal, y 2.000 acciones "B" de 10.000 
pesos correspondiente al aporte privado. Las acciones "A" tenían 
diez votos cada una, las restantes sólo un voto. También se limi-
té la garantía del 4% de interés anual fijo, otorgado original-
'l'unte a las empresas firmantes del acta de enero de 1946, a las 
primeras 2.000 acciones "B" que suscribiera el capital privado y 
ala primera serie de 10 millones de pesos en caso de ampliación 
del capital. 6 
En suma, las reformas introducidas consolidaron el dominio 
estatal sobre SOMISA. Además, confirieron al IAPI amplia auto-
ridad sobre la financiación, los contratos y las importaciones 
para la construcción de SOMISA, lo que fortaleció la influencia 
de Miguel Miranda. 
En julio de 1947 tuvo lugar la constitución de SOMISA y la 
suscripción de la primera serie de acciones estatales por 16 mi-
llones de pesos. Al mes siguiente, fueron suscriptas acciones por 
parte del capital privado por unos dos millones de pesos, un 20% 
del total de su aporte en el capital autorizado. Por último, en di-
ciembre se realizó la primera suscripción pública que fue acom-
pañada de una gran demanda. 
En ese momento un episodio reveló las adversidades que co-
menzaban a enfrentar los planes de Fabricaciones Militares. Una 
licitación oficial para otorgar la construcción de una planta la- 
minadora, como la propuesta por el malogrado contrato con 
Armco, provocó una crisis política cuando el Ejército impugnó la 
decisión de Miranda de otorgar el proyecto a una empresa des-
conocida. Poco después, el descubrimiento de un desfalco millo- 
38 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
nario obligó a Perón a apartar a Miranda de los planes militares. 
Finalmente, en enero de 1948, el gobierno autorizó a Fabrica-
ciones Militares a construir la planta. 
Mientras tanto, SOMISA avanzaba lentamente. En marzo de 
1948, Armco presentó al directorio dos planes de trabajos, entre 
los cuales éste eligió el que implicaba el incremento de la capa-
cidad de producción hasta medio millón de toneladas, previén-
dose su ampliación hasta un millón. Ello significó la modifica-
ción de los costos, lo que obligó al gobierno a remitir un 
proyecto de ley para autorizar el incremento del capital de la em-
presa. Más importante aún, el proyecto oficial intentó modificar 
la ley constitutiva al devolver al capital privado la posibilidad de 
controlar el 90% del capital de la empresa después de sus prime-
ros cinco años de existencia. El objetivo era reforzar la participa-
ción futura del capital privado (DSCDN, 1948, t. II: 807-808). 
Aunque el proyecto recibió despacho por las comisiones respec-
tivas en 1949 no logró tratamiento parlamentario, lo que puso 
de manifiesto la renuencia de la bancada peronista para reducir 
el control estatal sobre la empresa. 
En 1949, el deterioro de las reservas de dólares planteó al go-
bierno la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento. 
En junio, se había autorizado a Fabricaciones Militares a iniciar 
tratativas con el Eximbank. Por entonces, el Ministerio de 
Defensa entendía que la financiación externa era la única solu-
ción viable y el propio Perón se había pronunciado a su favor.' 
Un año más tarde, el gobierno negociaba con bancos norteame-
ricanos y europeos para financiar total o parcialmente los 160 
millones de dólares en que se estimaba el costo total del proyec-
to. En el primer caso, se realizaron presentaciones oficiales ante 
el Eximbank para obtener un crédito de 52 millones para la 
construcción de la planta laminadora. En forma paralela, se ini-
ciaron negociaciones con el Banco de París y de los Países Bajos. 
En este caso, el crédito cubriría el 80% de las inversiones totales 
inAUDIO BELINI 	 39 
al 4,9% de interés y se amortizaría en cinco años, una vez pues-
ta en marcha la planta o a mas tardar a los tres años y medio de 
rrnado el contrato. Finalmente, ambas negociaciones fracasa- 
:0n. La exigencia de los acreedores de obtener la garantía del 
Banco Central fue desaconsejada por Gómez Morales. Para el 
Ministro, el nuevo compromiso se sumaría a otros ya existentes 
que presionaban sobre las escasas reservas de divisas. 
En cualquier caso, la construcción de la planta requería el in-
cremento del capital de SOMISA. Por ello, en septiembre de 
1950, el Poder Ejecutivo insistió ante el Congreso, pero esta vez 
eliminó el artículo que permitiría el control privado. En esta 
oportunidad, el proyecto de ley fue rápidamente considerado y 
aprobado por ambas cámaras (DSCDN, 1950, t. IV: 3188-3191, 
3467- 3469; DSCSN, 1950, t. II: 1760). Sin embargo, la empre-
sa no recibió aportes estatales de importancia hasta 1953. 8 La 
falta de financiamiento y la escasez de divisas permitieron reali-
zar exclusivamente las obras que no requerían dólares. De esta 
manera, en 1952 se completaron el ramal ferroviario y el barrio 
residencial, mientras que se inició la construcción del puerto. 
Por otra parte, la construcción de la planta laminadora a 
cargo de Fabricaciones Militares tampoco avanzó. En 1950, el 
anuncio de la venta de una planta en Estados Unidos, que había 
sido encargada por una empresa checoslovaca, reactivó el proyec-
to. Pero aunque Fabricaciones Militares recomendó su adquisi-
ción, el gobierno desoyó este consejo (Castiñeiras, 1972: 53-55). 
En suma, hacia 1952 el gobierno no había logrado ninguno 
de los objetivos del Plan Siderúrgico. Luego de la sanción de la 
ley, la construcción de SOMISA había quedado en manos del 
Estado. La organización de la empresa coincidió con el período 
de mayor disponibilidad de divisas. La ausencia de interés oficial 
se expresó en los escasos recursos económicos que el Estado le 
otorgó al proyecto. En definitiva, el gobierno no le concedió la 
prioridad que los militares creían indispensable. 
40 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
A comienzos de la década de 1950, la evaporación de las di-
visas creó un contexto más difícil para construir la acería ya que 
había que adquirir costosos equipos en el extranjero. Como 
puede observarse en el gráfico 1, el resultado de las dilaciones 
oficiales fue el estancamiento de la producción de acero. Algo si-
milar ocurrió con la elaboración de arrabio. El proyecto de 
Fabricaciones Militares para instalar un segundo alto horno en 
Zapla sufrió varios contratiempos. Finalmente, el ente encaró la 
obra bajo la dirección técnica de sus ingenieros. En abril de 1951, 
la inauguración del horno duplicó la capacidad de producción 
hasta las 40.000 toneladas, perola producción efectiva no supe-
ró las 19.000. 
Gráfico 1. Producción de arrabio, acero y laminados, 1946-1955. 
En toneladas 
700.000 
600.000 	 
500.000 
0 	 ... 1" 	 1 	 "-""" 	 -""""' 	 ..""""". 
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
arrabio 
	 —ID— acero 	 —á—laminados 
Fuente: Elaboración propia en base a CONADE, 1966. 
CLAUDIO B ELIN I 	 41 
La industria laminadora 
Mientras la construcción de SOMISA se vio postergada, la polí-
tica hacia la industria laminadora fue más exitosa. En agosto de 
1945, un grupo de empresarios había propuesto a la Secretaría 
de Industria la aplicación de licencias de importación a fin de 
proteger al sector. La Secretaría inició los estudios que el decreto 
14.630/44 ordenaba realizar. La Dirección de Economía y Polí-
tica Industrial recabó la opinión de los empresarios metalúrgi-
cos, el Centro de Importadores y los Ministerios militares. Los 
empresarios laminadores, que a la vez fabricaban artículos me-
talúrgicos, señalaron que la protección debía limitarse a los la-
minados que se elaboran localmente a fin de no encarecer los 
costos del conjunto de la industria metalúrgica (Secretaría de 
Industria y Comercio, 1947: 28). Por su parte, el Centro de Im-
portadores expresó su disconformidad con cualquier medida de 
protección al entender que la misma tendría efectos negativos 
sobre la industria local y que la producción nacional de laminados 
no estaba amenazada por la competencia externa debido a los pla-
nes de reconstrucción europeos y a las huelgas que paralizaban la 
producción norteamericana (Centro de Importadores, Memoria y 
Balances Generales, 1947: 27). En contraste, los Ministerios milita-
res se mostraron favorables a la protección. Aun cuando señala-
ron que los laminados locales solo eran aptos para la elaboración 
de hormigón armado, concluyeron que la industria merecía el 
apoyo estatal. 
El informe final de la Secretaría fue favorable. Consideró que 
la industria encuadraba en los criterios establecidos en el decreto 
14.630, al abastecer el mercado interno y servir a la defensa na-
cional. Con este apoyo la elaboración de hierro redondo fue de-
clarada de "interés nacional" por decreto 5.387 de marzo de 
1947. Dado que los derechos vigentes eran reducidos, a excepción 
del aplicado a los perfiles doble T que totalizaba el 42% sobre el 
400.000 
	
300.000 	 
	
200.000 	 
100.000 
42 	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
aforo, la Secretaría de Industria consideró que la elevación de los 
mismos (que por decreto 14.630 no podía superar el 50% de 
los valores establecidos) no ofrecía una protección suficiente. 
Por ello optó por el otorgamiento de permisos previos de im-
portación y la fijación de cuotas hasta 1949. En forma adicional, 
el Banco Central estableció un tipo de cambio preferencial para 
la importación de lingotes de acero. Pocos meses después, la ley 
12.987, creadora de SOMISA, le otorgó al sector prioridad en la 
asignación de divisas para la importación de materias primas y 
maquinarias. 
Tan pronto como se inició la implementación de la política 
comenzaron a manifestarse las primeras dificultades. El otorga-
miento de permisos previos y cuotas de importación significaba 
que la Secretaría debía calcular la producción nacional y fijar de 
acuerdo a ella cuotas a fin de abastecer la demanda interna. Dado 
que ésta variaba considerablemente de acuerdo a los planes de 
obras públicas, la expansión de la construcción y el crecimiento 
industrial, resultaba difícil apreciar las necesidades de importa-
ción. Estimada la demanda local en 200.000 toneladas, la Secre-
taría se abocó durante 1947 a garantizar el aprovisionamiento de 
la industria metalúrgica y frenar las importaciones que sumadas a 
la producción local superaran ese monto. En marzo de 1948, se 
creó un mecanismo de enlace entre los empresarios laminadores, 
el Estado y los consumidores industriales. Esta comisión, integra-
da por representantes de la Sección Siderurgia de la Cámara 
Argentina de Industriales Metalúrgicos (CAIM), el Centro de La-
minadores, el Centro de Importadores y los consumidores, permi-
tía un contacto más fluido entre las partes, potenciando la cons-
trucción de acuerdos para el mejor desempeño de la política. 
El establecimiento de cuotas de importación tuvo sus efectos 
inmediatos. A partir del segundo semestre de 1947, las importacio-
nes se frenaron y para 1948 descendieron, en el caso del hierro re-
dondo, a niveles ligeramente superiores a los de 1942. Dado el 
CLAUDIO BELINI 
	
43 
stock formado en 1947 y el incremento de la producción local, 
la demanda nacional fue satisfecha. Sin embargo, en julio de 
1948, frente a la escasez de algunos tipos de laminados, el go-
bierno debió autorizar nuevas importaciones. Por desgracia para 
la industria metalúrgica la medida llegó tarde ya que la restric-
ción de divisas y el descenso de la oferta internacional no resol-
vieron el problema. 
El episodio reveló los límites de la política oficial que no podía 
prever la evolución de la oferta mundial. La experiencia también 
Lmestionaba el sistema de cuotas que al mantener el control de los 
Importadores habituales y autorizar sólo la introducción de pe-
queños volúmenes, desincentivaba al importador acentuando la 
escasez. Por ello, en 1949 se optó reemplazar el sistema de cuotas 
por el de licencias de importación otorgadas a partir de la existen-
cia de operaciones en firme. 
En marzo de 1949, cumplido el período establecido para la 
protección de la industria, la Secretaría evaluó su desempeño. 
Poco después, extendió por tres años la aplicación de permisos 
previos y cuotas de importación para planchuela, hierro redon-
do y cuadrado en barras. El decreto 17.649/49 extendió la pro-
tección a otros laminados no planos con el objetivo de diversifi-
tar la producción, concentrada hasta entonces en la elaboración 
de hierro redondo. El efecto inmediato fue la reducción de las 
importaciones que descendieron hasta cifras insignificantes a 
mediados de la década de 1950. 
Con todo, la política oficial era más efectiva para comprimir 
las importaciones que para incrementar la producción, a la que 
afectaba indirectamente. Así, la producción de hierro redondo 
creció en 1950 un 28% con respecto del año anterior pero luego 
comenzó una reducción que alcanzó en 1953 un 44% con res-
pecto a 1950. 
En conjunto, entre 1946 y 1951 la producción de laminados 
se incrementó un 135%. Este crecimiento fue posible gracias a 
44 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
las nuevas inversiones que fueron estimuladas por la protección 
y los tipos de cambio preferenciales. En 1946 varias empresas 
iniciaron planes de expansión. En Rosario, Acindar reemplazó 
un motor a vapor de 450 HP que accionaba su tren de lamina-
ción por uno eléctrico de 1.200 HP e inició la construcción de 
un horno de 30 toneladas por colada. Paralelamente, encaró la 
construcción de la planta de Villa Constitución para la que ad-
quirió una usina Westinghouse de 5.000 kw, un tren laminador 
automático Morgan de alto rendimiento con una capacidad de 
250.000 toneladas anuales, un equipo de trefilación de 60.000 
toneladas para la fabricación de alambres de todo tipo y una 
planta de electrogalvanización de alambre de 30.000 toneladas. 
Por su parte, Santa Rosa instaló un horno de 30 toneladas, que 
comenzó a funcionar en 1948, y encaró la modernización de su 
planta. A principios de la década de 1950, mediante créditos del 
Banco Industrial y un incremento del capital, adquirió un tren 
de laminación de una capacidad de 60.000 toneladas de alam-
brón común y especial que comenzaría a funcionar en el primer 
semestre de 1953 y un equipo eléctrico de 3.600 HP. Otra firma, 
Rosati y Cristófaro incrementó sus inversiones en activo fijo un 
170% entre 1944 y 1948. Adquirió un establecimiento en Ciu-
dadela que destinó a construcciones mecánicas, mientras que en 
las plantas de Buenos Aires concentró sus tres hornos de 2.5, 3 
y 12 toneladas. En Arrecifes comenzó la instalaciónde un tren 
de laminación en caliente y en frío de 10.000 toneladas que pre-
veía poner en marcha a mediados de 1953. 
A estas grandes empresas se sumaban numerosos estableci-
mientos relaminadores, cuya perdurabilidad había sido juzgada 
precaria en 1947. Entonces producían en conjunto 30.000 tone-
ladas, mientras que para 1951 elaboraban unas 83.000 (Minis-
terio de Industria y Comercio, 1952: 21). 
Otras empresas tuvieron una política de inversiones más 
conservadora. Por ejemplo, TAMET tenía en 1954 los mismos 
CLAUDIO BELINI 
	
45 
equipos laminadores de 1943 aunque había establecido una plan-
ta en La Noria para la producción de alambre de alta resistencia 
en 1951. Por su parte, La Cantábrica no instaló nuevos hornos 
ni amplió su capacidad de laminación de manera que en 1951 su 
producción era sólo superior en 5.000 toneladas a la de 1946. 
Sólo en 1953, la empresa comenzó a modernizar sus trenes la-
minadores en Haedo. 
En conjunto, la política oficial fue muy favorable a estas em-
presas que se beneficiaron con la prolongación de las condiciones 
creadas por la Guerra gracias al control de las importaciones, los 
tipos de cambio preferenciales para la adquisición de maquinarias 
y materias primas, y los créditos de corto y largo plazo. 
Sin embargo, a fines de la década de 1940 la propia estrate-
gia económica oficial impuso límites a la expansión industrial. 
El deterioro de las reservas de divisas, postergó los planes de im-
portación de equipos. Acindar debió contraer créditos con ban-
cos norteamericanos a fin de poder finalizar su planta de Villa 
Constitución, cuyo montaje se retardó 18 meses por las trabas 
impuestas por el Banco Central para el pago de dólares. Otras 
firmas que no habían encarado su expansión se vieron también 
perjudicadas cuando lo intentaron después de 1949. La Cantá-
brica, que en 1951 había acordado la instalación de un nuevo 
tren de laminación continua con la United States Steel y la Ame-
rican Steel and Wire, debió suspender sus proyectos hasta 1953. 
En forma adicional, la escasez de divisas impulsó a los industria-
les a inmovilizar grandes capitales en materias primas que se 
Pensaba pronto escasearían. La Cantábrica cuadruplicó su acti-
vo circulante en 1948-1949. TAMET incrementó el rubro mate-
rias primas un 120% en un año. Para 1949 las materias primas 
y los productos elaborados constituían el 50% del activo fijo y 
circulante. 
Las dificultades causadas por el aplazamiento de los planes 
de expansión y la insuficiencia de divisas se transmitían a la in- 
46 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
dustria metalúrgica a través de la escasez de insumos básicos. 
Para 1950 éste, y no la competencia de productos importados, 
constituía el principal problema del sector. 
El Segundo Plan Quinquenal: 
un intento de coordinación e integración industrial 
Impulsado por la crisis del sector externo y el estancamiento de 
la producción industrial, en 1952 el gobierno propició la profun-
dización de la industrialización. El Segundo Plan otorgó a la si-
derurgia el primer lugar en la jerarquía establecida como base 
para la política industrial. Entre los objetivos que debían alcan-
zarse en 1957 se estableció que la producción de arrabio se in-
crementaría hasta las 640.000 toneladas, la producción de acero 
treparía a poco más de un millón, mientras que la elaboración 
de laminados rondaría esa cifra. El papel del Estado sería primor-
dial ya que se preveía que la totalidad de la producción de arra-
bio y más de la mitad de la de acero y laminados serían alcanza-
das por SOMISA y Fabricaciones Militares. 
A partir de 1952, la implementación de la política sectorial 
estableció por primera vez una relación entre la protección acor-
dada a las empresas laminadoras y el objetivo de crear una ace-
ría integrada. En efecto, hasta entonces ambas políticas se habí-
an mantenido aisladas e incluso habían sido administradas por 
dos agencias diferentes como el Ministerio de Industria y Fabri- 
caciones Militares. 
En realidad, la nueva política sectorial aplicada surgió de una 
iniciativa de los industriales metalúrgicos afectados por la esca-
sez de laminados. El 15 de enero de 1953 la CAIM presentó un 
proyecto consensuado con los empresarios siderúrgicos a fin de 
lograr la financiación de las obras de SOMISA. El plan consistía 
en sustituir las importaciones de laminados mediante la utiliza- 
CLAUDIO BELINI 
	
47 
ción de la capacidad instalada local que se había ampliado en los 
años de la posguerra y, con el ahorro de divisas generado, se fi-
nanciaría la acería de San Nicolás. Mientras se reducían las im-
portaciones de laminados, debía asegurarse a las empresas lami-
nadoras el abastecimiento de arrabio, chatarra y acero importado. 
Los industriales calculaban que las divisas necesarias para la in-
troducción de insumos demandaría unos 13 millones de dólares, 
cifra notoriamente menor que los 26 millones que implicaría la 
importación de laminados. Según los empresarios, ello permiti-
ría financiar las necesidades de divisas de SOMISA, calculadas 
con demasiado optimismo en ocho millones de dólares anuales 
(Metalurgia, enero/febrero, 1953: 5.) 
La propuesta significaba poner en manos de SOMISA y de 
su comisión de compras integrada por representantes oficiales y 
empresariales, las importaciones de arrabio y palanquilla; y en 
manos de los industriales e importadores tradicionales, las de ar-
tículos de acero, con lo que se buscaba reforzar el control de los 
mismos sobre el mercado interno. 
Un mes después, se firmó un acta entre las partes por la que 
se creó una Comisión Coordinadora y Asesora en la Secretaría de 
Defensa, cuya función era vigilar el cumplimiento del plan, co-
ordinar la acción de los Ministerios y asesorar al Ministerio de 
Industria en la fijación de los volúmenes de producción de cada 
firma. Sobre la base de los planes de producción privados y de las 
proyecciones de la demanda interna, el Ministerio de Industria 
emitiría los certificados de necesidad a fin de importar aquellos 
productos que la industria no podía fabricar. Así la importación 
de materias primas y semielaborados quedaría en manos de los 
propios consumidores o de importadores reconocidos. 
Paralelamente, una comisión de compras de SOMISA mono-
polizaba la importación, por su intermedio o por el IAPI, de pa-
lanquilla y arrabio, y la distribuía a los consumidores. Fabricacio-
nes Militares y el IAPI hacían lo propio con la chatarra nacional 
48 
	 LA INDUSTRIA PERONISTA 
y extranjera. Dado que existían notorias diferencias de costos 
entre la producción nacional y extranjera de arrabio y palanqui-
lla, se ideó un sistema de compensación por el cual se establecí-
an promedios de costos de ambos productos, otorgándose subsi-
dios a los consumidores de palanquilla y arrabio nacional que se 
financiaban con la diferencia de precio del producto importado 
por SOMISA y el promedio ponderado pagado por los consumido-
res locales. De esta manera se igualaban los costos de los insumos 
y los productos semielaborados (Finanzas, agosto/septiembre, 
1954: 70). 
La implementación de la nueva política provocó una drásti-
ca reducción de las importaciones de laminados, con la excep- 
 ción de chapas cuya elaboración sólo había sido encarada por la 
Fábrica Militar de Aceros. La producción de laminados se elevó 
en 1955 poco más de un 123% con respecto a 1952, alcanzando 
las 659.000 toneladas. Además, la producción se diversificó; la 
industria ya no producía sólo laminados redondos sino también 
alambrón, planchuelas, flejes y perfiles livianos. De esta forma, 
los empresarios laminadores consiguieron incrementar el uso de 
la capacidad instalada que hacia 1955 alcanzaba el millón de to-
neladas. Gracias a la reactivación de la economía en el último 
trimestre de 1953 y al mejoramiento en el abastecimiento de 
materias primas, la producción y las ventas se incrementaron en 
forma notable. La industria laminadora pasó de abastecer una 
cuarta parte del consumo doméstico