CLASE3 Historia II

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Historia política argentina II: 
Las Argentinas. Presente, pasado y futuro.
Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
Coordinador general
Facundo Sassone
Coordinadora académica
María Agustina Díaz
Autores y autoras de contenido
Santiago Régolo, Ramiro Ortega, Ramiro Ortega, 
Juan Pablo Enríquez, María Agustina Díaz y Andrea Cuellar
Editores y correctores de contenido
Daniela Drucaroff
Josefina Rousseaux
Tomás Litta
Diseño, diagramación, ilustración 
Lía Ursini
Titular del INCaP
Hernán Brienza
Ministro del Interior
Wado de Pedro
Presidente de la Nación
Alberto Fernández
Vicepresidenta de la Nación
Cristina Fernández 
de Kirchner
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 6.1. El alfonsinismo (1983-1989)
Luego de la Guerra de Malvinas, la dictadura militar comenzó a transitar el principio del fin. El reemplazo de 
Galtieri por Reynaldo Bignone abrió paso a una nueva etapa: el retorno democrático. El gobierno de facto 
convocó a elecciones para el día 30 de octubre de 1983.
Durante la campaña, el candidato de la UCR, Raúl Alfonsín, tomó como bandera el preámbulo de la 
Constitución Nacional y la defensa de los valores democráticos. Prometió enjuiciar a los responsables del 
terrorismo de Estado y reactivar la economía argentina, poniendo énfasis en la reconstrucción del aparato 
productivo. Con respecto a la deuda externa, propuso diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y sólo 
pagar la primera. También intentó vincular a parte del peronismo con la cúpula militar, denunciando la 
existencia de un pacto realizado entre esta última con algunos sectores del sindicalismo.
La sociedad argentina recibió el discurso radical, el 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín se convirtió en 
el primer presidente en derrotar en las urnas al peronismo con el 51,7% de los votos frente al 40,1% del 
justicialismo. Para el peronismo, aquella primera elección tras la muerte de Juan Perón y la brutal dictadura, 
fue una dura derrota que derivó en la renovación de muchos de sus cuadros dirigenciales. 
Aquellos meses en los que se transitó el retorno democrático, tuvieron una masiva 
participación popular, especialmente de los más jóvenes, en diversos espacios 
de militancia. Aún se conservan en la memoria colectiva los actos de campaña 
multitudinarios en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires y el clima 
de libertad en las artes y la cultura. La dictadura cívico-militar había perseguido a 
músicos y artistas populares, censurando y prohibiendo gran cantidad de obras. Dos 
sucesos de aquel momento simbolizan el clima cultural de la época: el regreso de 
Mercedes Sosa al escenario en 1982 y la visita de Silvio Rodríguez en 1984, recital en 
el que también participaron Víctor Heredia –cuya hermana estaba desaparecida-, 
León Gieco y Piero. Se produjo una renovación en el rock y también en el folclore, de 
la que participaron Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Raúl Carnota y Manolo Juárez. 
La política y el arte volvían a encontrarse, el nuevo aire de libertad despertaba 
esperanzas en el conjunto del pueblo argentino. 
Un balance general de este período contempla la recuperación de la democracia, las 
libertades civiles, el juicio a las Juntas Militares de la dictadura, una política exterior 
más autónoma y con un perfil más latinoamericano y una primera etapa, que intentó, 
en el plano económico, una política de desarrollo a la que se denominó primavera 
alfonsinista. Sin embargo, problemas como el de la deuda externa creciente y 
heredada, la fuga de capitales, las corridas cambiarias, la suba descontrolada 
de precios y la actuación de los grandes grupos económicos, terminaron por 
desestabilizar al gobierno y hundieron al país en una grave crisis social. 
Raúl Alfonsín tras 
asumir la presidencia 
de la Nación, 10 de 
diciembre de 1983.
1A. El largo camino de la democracia
Capítulo 6: El neoliberalismo en democracia (1983-2002)
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 6.1.1. Los derechos humanos después de la dictadura
Con el inicio de su mandato, el presidente Alfonsín impulsó un histórico juicio a 
los responsables del terrorismo de Estado, para lo cual, primero anuló la ley de 
autoamnistía dictada por la dictadura. En principio, instruyó al Consejo Supremo 
de las Fuerzas Armadas la investigación y sanción de los delitos cometidos, pero 
ante las demoras excesivas e injustificadas del tribunal militar, el 4 de octubre de 
1984 la Cámara Nacional de Apelaciones asumió el proceso -la Causa 13- y llevó 
a cabo el juicio. 
El informe de la CONADEP, creada por Alfonsín, fue presentado en 1985 y sirvió 
de base a la acusación jurídica, contaba con más de cincuenta mil folios y daba 
cuenta de, al menos, la desaparición de “cerca de nueve mil personas”. 
Los acusados fueron los integrantes de las tres primeras Juntas Militares: Jorge 
Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti (comandantes 
en jefe del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea, respectivamente, de la primera 
junta militar, entre 1976 y 1980). También, los jefes militares Roberto Eduardo 
Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo 
Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, que integraron la 
segunda y tercera junta hasta 1982. Durante el juicio, en la sala de la Cámara 
quedaron acreditados crímenes, secuestros, torturas, saqueos, detenciones 
clandestinas e ilegales. Las audiencias orales se desarrollaron entre el 22 de abril 
y el 14 de agosto de 1985, con la declaración de 833 personas, entre ellas, ex 
detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y represores. La sentencia 
fue dictada el 9 de diciembre de 1985, basada en 709 casos presentados durante 
el juicio. Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Agosti a 
cuatro años y seis meses, Viola a diecisiete años y Lambruschini a ocho años de 
prisión. A su vez, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.
El juicio y la condena a los integrantes de las Juntas fue un hito histórico. Aunque 
luego, basados en la teoría de los dos demonios y los tres niveles de responsabilidad, 
los juicios destinados al resto de los militares responsables quedaron cerrados 
por las leyes de Punto Final -cese de la persecución penal- y Obediencia Debida 
-exculpación de los oficiales inferiores- en 1986 y 1987 respectivamente, en un 
contexto de presiones por parte de los sectores castrenses. La teoría de los dos 
demonios fue una lectura de lo ocurrido, que equiparaba las responsabilidades 
entre quienes practicaron el terrorismo de Estado y quienes integraron grupos 
guerrilleros. Mientras que, con una tesis ya sostenida durante la campaña 
electoral de 1983, el gobierno propuso diferenciar los niveles de responsabilidad 
jurídica en los crímenes de la dictadura por parte de los militares, distinguiendo 
entre quienes dieron las órdenes, quienes la cumplieron y quienes las excedieron. 
Pese a esto, el gobierno de Alfonsín entendió que gran parte de la tarea había 
sido realizada, de acuerdo a los objetivos de averiguar la verdad y sancionar a los 
altos mandos, en su condición de principales responsables.
Juicio a las Juntas Militares, 1985. 
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Los levantamientos armados, liderados por un grupo 
de las Fuerzas Armadas llamado Carapintadas, 
liderados por oficiales como Aldo Rico, Seineldín y 
Barreiro, entre otros, en 1987 y 1988, presionaron 
fuertemente por el fin de los juicios. El primer 
levantamiento, el de la Semana Santa de 1987, 
generó una gran movilización popular a la Plaza 
de Mayo en defensa de la democracia, donde 
Alfonsín, tras haber ido a Campo de Mayo -foco de 
la insurrección-, dio un discurso acompañado de los 
principales dirigentes de la oposiciónpolítica y del 
sindicalismo. Allí se registró la conocida frase: “La 
casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.
A partir de 1983 comenzaron a conocerse en forma 
pública las atrocidades realizadas por las Fuerzas 
Armadas. La sociedad en su conjunto condenó a 
los responsables directos. Sin embargo, tuvo que 
pasar mucho tiempo para aceptar, reconocer y 
denunciar que parte de la sociedad civil había sido 
cómplice: una parte de la cúpula eclesiástica, del 
empresariado, del poder judicial y de los medios 
de comunicación también tenían responsabilidad 
en lo ocurrido. Un sector del campo vinculado a los 
partidos políticos tampoco se había involucrado 
en las denuncias de lo que había ocurrido. El PS 
ofreció dirigentes para ocupar cargos en el cuerpo 
de diplomáticos, tal es el caso de A. Ghioldi y W. 
Constanza. El Partido Radical y el Justicialista 
aportaron dirigentes para desenvolverse como 
intendentes u otros cargos del gobierno militar. 
El PC –movido por el acercamiento de Martínez 
de Hoz con la URSS- rechazó las denuncias de las 
desapariciones. La cúpula de la Iglesia Católica 
contó con obispos que apoyaron el accionar de la 
dictadura, llegando inclusive a presenciar sesiones 
de tortura en los centros clandestinos de detención. 
De más de 80 integrantes del Episcopado, sólo 
cuatro denunciaron lo ocurrido: Enrique Angelleli, 
que fue brutalmente asesinado, Jaime de Nevares, 
Miguel Hesayne y Jorge Novak. La SRA, por su 
parte, publicó una solicitada destacando los logros 
del gobierno y pidió que continuara actuando con 
fe en el camino iniciado. El poder económico y 
las empresas transnacionales completaron el 
cuadro de complicidades: las comisiones internas 
y los delegados fueron los blancos elegidos, tal 
como lo muestra lo ocurrido en la empresa Ford 
Motor Company, que convirtió su planta de General 
Pacheco en un centro de operaciones de las acciones 
represivas clandestinas124.
Levantamiento militar “carapintada”, Campo de mayo, 1987.
Sanción de la ley de obediencia debida, 1987
Fuente: Página/12, en Alfonsin.org
 
124. Véase Andersen, Martín (1993): Dossier secreto. El mito de la guerra sucia. Buenos Aires: Editorial Planeta. 
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125. Véase Restivo, Néstor y Rovelli, Horacio (2011): El accidente Grinspun, un ministro desobediente. Buenos Aires: 
Capital Intelectual. 
 6.1.2. De la primavera alfonsinista a la crisis
El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. 
Los primeros dos años del gobierno se vieron signados por la 
búsqueda de una política económica que no se ajustara a la 
ortodoxia neoliberal. Con ese horizonte, fue designado como 
ministro de Economía un hombre de la pequeña y mediana 
industria, Bernardo Grinspun, quien propuso aplicar una política 
de control al capital financiero, impulsar el mercado interno y 
proteger los intereses nacionales. También promovió la formación 
de un “club de deudores” latinoamericanos para alcanzar mejores 
condiciones frente a la renegociación de las condiciones de pago 
de la deuda externa125.
El programa propuesto no logró reunir el apoyo social necesario 
para enfrentar a aquellos sectores que verían sus intereses 
perjudicados. Uno de los principales enfrentamientos se produjo 
con el FMI, con quien Alfonsín estableció discusiones públicas 
luego de anunciar la decisión de establecer una moratoria por el 
término de seis meses, con el objeto de estudiar -a partir de la 
conformación de una comisión parlamentaria- la naturaleza de la 
deuda y determinar su carácter legítimo o no. Pero la oligarquía 
financiera interna articulada con el poder financiero transnacional 
-consolidado por la política económica aplicada en 1976- presionó 
fuertemente para que Alfonsín desplazara al ministro y a su plan 
mercado internista. El programa económico viró: se anunciaba 
entonces, que la prioridad sería impulsar las inversiones privadas, 
aumentar las exportaciones y el achicamiento de los gastos del 
Estado. Para ejecutar las nuevas directivas, asumió en esta cartera 
Juan Vital Sourrouille.
Alfonsín y su ministro de Economía, 
Bernardo Grinspun, reunidos en Olivos 
el 2 de octubre de 1984.
Fuente: La Nación, en Alfonsin.org
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En 1985, el Plan Austral –reemplazo del peso por una nueva moneda, el 
austral- marcó el fin de la iniciativa heterodoxa. Las nuevas directivas 
incluyeron la apertura económica, la privatización periférica, el ajuste en 
perjuicio de los trabajadores siguiendo las directivas del FMI y la aplicación 
del Plan Houston para fomentar inversiones extranjeras en petróleo.
El gobierno, fuertemente condicionado por una clase dominante 
fortalecida durante el proceso económico desarrollado por la dictadura 
cívico-militar, tuvo que enfrentar una grave situación económica, que 
intentó ser encauzada a través del Plan Primavera (1988) destinado a 
combatir la inflación. Dicho Plan, generó un aumento de las importaciones, 
que terminó dando el golpe de gracia a la producción local, puesta en 
jaque desde la época de Martínez de Hoz.
Durante el gobierno de Alfonsín, se gestó un amplio frente de oposición, 
protagonizado por un grupo de diputados justicialistas y particularmente 
por la CGT, conducida por Saúl Ubaldini. Con catorce paros generales, 
resistió los intentos de privatización de las empresas públicas y la 
aplicación del modelo neoliberal. Luego del protagonismo de un amplio 
sector del sindicalismo en la caída de la dictadura, la CGT se reunificó 
bajo la conducción del sector más combativo liderado por Ubaldini. Frente 
a las políticas de ajuste, la CGT convocó a un paro general con movilización 
para el 29 de agosto de 1985, presentando un Programa de 26 puntos que 
comprendía una propuesta integral en torno a las cuestiones económicas, 
políticas y sociales. Este programa proponía: declarar la ilegitimidad de 
la deuda externa; otorgar créditos hacia las actividades productivas; 
sancionar una nueva Ley de Entidades Financieras; nacionalizar los 
depósitos bancarios; desarrollar las empresas estructurales del Estado; 
explotar riquezas naturales e impulsar el desarrollo tecnológico; y la 
participación de los trabajadores en la conducción y gestión de las 
empresas estatales.
El Periodista Nº93, 20 de junio de 1986
Fuente: Archivo TEA, en Alfonsin.org
Durante esta etapa, otro factor que enfrentó al Movimiento Obrero con 
el gobierno de Alfonsín, fue el impulso de la Ley Mucci, que promovía la 
participación de las minorías en las conducciones gremiales (con un 25% 
de votos), el llamado a elecciones internas supervisadas por el poder 
judicial y la restricción en la utilización de los fondos sindicales. La lucha 
de la CGT frenó la sanción de la ley.
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126. Véase Roesler, Pablo. “Juicio por La Tablada: perpetua para el represor Arrillaga por la desaparición de un militante 
del MTP”,en Tiempo Argentina, 12 de abril de 2019. Disponible en: https://www.tiempoar.com.ar/nota/condenan-a-
prision-perpetua-a-arrillaga-por-la-desaparicion-de-un-militante-del-mtp-en-la-tablada (recuperado el 03-05-2019).
127. Leopoldo Moreau, por aquel entonces diputado nacional y hombre de confianza de Alfonsín, recuerda las 
amenazas que recibió en relación a esta iniciativa. Relata: “…tuvimos que librar una batalla dura. Yo era presidente 
de la comisión de comunicaciones y en el año 86, creo, un día recibí un llamado de Magnetto que me invitó a tomar 
un café. Y me planeó que había que derogar el artículo 45 de radiodifusión. Porque ellos en ese momento estaban 
queriendo hacerse de radio mitre, y abrir el proceso de concentración de medios, y ese artículo lo prohibía. Yo hablé 
con Alfonsín y nosotros nos mantuvimos firmes en no derogar el artículo 45. En el año 88 (habíamos perdido la 
elección parlamentaria del 87) nosotros presentamos un proyecto de radiodifusión el 3 de marzo del 88, que era 
mucho más restrictivo que éste. Éste establece un tope de 24 licencias, el nuestro establecía un tope de 4 licencias. 
Y no lo pudimos sancionar porque pierde Cafiero la interna frente a Menem, y ya el Grupo tenía un compromiso de 
Menem ¿Qué hacen? Nos impiden sancionar la ley. Nosotros mantenemos el art. 45 hasta el día en que se va Alfonsín, 
y esa es una de las razones por las cuales Magnetto le dice en la cara a Alfonsín, cuando Alfonsín pide apoyo para 
terminar el mandato porque faltaban seis meses: “No, el obstáculo es usted”, empujando esta salida. Y apenas el 
menemismo se hace del gobierno, con la Ley de Reforma del Estado deroga, en una ley ómnibus, el artículo 45 y ahí 
abre el camino a este fenomenal proceso de concentración que termina con doscientos y pico de licencias en mano 
de un grupo…” Declaraciones de Moreau en CN 23. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ddODHAzUI8
I&feature=youtu.be (recuperado el 03-05-2019).
En materia de política exterior, junto a la iniciativa del 
club de deudores -denominada el Consenso de Cartagena- 
el gobierno de Alfonsín impulsó también, a nivel regional, 
el grupo de Contadora, con el objetivo de llevar la paz a 
Centroamérica, donde Estados Unidos operaba fuertemente 
a favor de los contra-nicaragüenses para desestabilizar 
al sandinismo. Además, se destacó especialmente el 
acercamiento estratégico con Brasil, con cuyo presidente 
José Sarney realizó acuerdos que fueron las bases del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR); por otro lado, llegó 
a un acuerdo de paz con Chile por el conflicto del Canal del 
Beagle y tuvo un acercamiento con Cuba.
En el terreno militar, otro suceso debilitó aún más al 
gobierno. En enero de 1989 un grupo de jóvenes militantes del 
Movimiento Todos por la Patria tomaron el cuartel militar del 
Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, 
en la provincia de Buenos Aires. El grupo afirmó -tiempo 
después- que había recibido información certera indicando 
que en dicho cuartel se produciría un intento de golpe de 
Estado liderado por los carapintadas. Dejó un saldo de más 
de 30 muertos y la condena a los sobrevivientes de la toma. 
Durante el operativo de represión se produjeron violaciones 
a los derechos humanos, por el cual se responsabilizó al 
Estado argentino en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. En 2019, un tribunal oral condenó al jefe militar 
Alfredo Arrillaga por ser responsable, entre otros delitos, de 
la desaparición de José Díaz e Iván Ruiz. Arrillaga también 
fue condenado por participar en centros de detención ilegal 
en Mar del Plata y en hechos represivos como la Noche de 
las Corbatas126. 
Otro de los factores que debilitaron al gobierno fue la campaña 
crítica de los medios de comunicación. Desde el momento en 
el cual Alfonsín promovió una nueva Ley de Radiodifusión, 
se convirtió en el blanco del poder concentrado mediático 
que, al igual que el poder financiero, se habían fortalecido 
durante la última dictadura cívico-militar127.
En los meses siguientes se produjo una 
fuerte devaluación del austral y la inflación, 
que desembocó en una hiperinflación, se 
tornó incontrolable. Los grupos económicos 
concentrados apostaron a debilitar al 
gobierno negándose a vender dólares, 
dando un verdadero golpe financiero. En 
este marco de inestabilidad se llevaron 
a cabo las elecciones presidenciales el 
14 de mayo, resultando electo Carlos 
Saúl Menem, quien había vencido en 
las internas del PJ al histórico dirigente 
Antonio Cafiero. La situación social, por 
su parte, resultó incontenible. Ni el Plan 
Alimentario Nacional -la caja PAN, como 
era conocido popularmente- ni las ollas 
populares alcanzaron a paliar el hambre. El 
país se vio sacudido por una ola de saqueos 
a supermercados, que luego de una feroz 
represión dejó un saldo de 14 muertes. 
Alfonsín no pudo terminar su mandato y 
tuvo que presentar su renuncia antes de la 
fecha estipulada. 
Alfonsín junto a Fidel Castro, durante su 
visita a Cuba, 1986.
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128. Rapoport, Mario (2011): “Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas”; en Vázquez Blanco J., M. 
y Franchina S. (comp.): Aportes de Economía Política en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Buenos Aires: Ed. 
Prometeo. Págs. 135-165. Disponible en: www.mariorapoport.com.ar (recuperado el 3 de marzo de 2020).
 6.1.3. Fin de la experiencia alfonsinista
A modo de conclusión, señalamos que la derrota electoral de septiembre 
de 1987, en la que la UCR perdió gobernaciones y bancas legislativas 
a manos de la oposición, fue una señal del agotamiento del gobierno. 
La política de confrontación con el movimiento obrero organizado, le 
quitó la posibilidad de acercarse a una base social que, por otro lado, 
siempre fue mayoritariamente peronista. La caída llegó con un golpe 
económico promovido por sectores con los que, justamente, el propio 
Alfonsín había estado negociando en un contexto de tensión, como 
lo evidencia el día en que fue silbado mientras daba un discurso en 
la SRA en 1988 o la queja resignada de su ministro de Economía, Juan 
Carlos Pugliese, diciendo que “a los empresarios les había hablado con 
el corazón y contestado con el bolsillo”. 
En 1988 el país entró en cesación de pagos de la deuda externa, en 
medio de una gran crisis fiscal, falta de perspectivas de crecimiento y 
de reservas monetarias, anticipando el fin de ciclo alfonsinista. El 6 de 
febrero de 1989, el gobierno desreguló el mercado cambiario abriendo 
una corrida que, en poco tiempo, tornó caótica la situación económica 
y precipitó dramáticamente el final. Esto se dio en el marco de una 
hiperinflación trágica para los sectores más débiles de la sociedad, 
los comercios y la pequeña y mediana industria, y los saqueos a 
supermercados y almacenes. La deuda externa, una novedad para 
la democracia y un gran condicionante, creció de 43.000 millones 
de dólares en 1983 a casi 65.000 millones en 1989. La desocupación 
creció de 4,6 a 7,7%, el Producto Bruto Interno (PBI) registró caídas 
del -1,1 y -4,7 en 1988 y 1989 respectivamente. La inflación jaqueó 
permanentemente al gobierno; en 1985 con más de 600% provocó 
la renuncia de Grinspun, pero en 1989 la hiperinflación golpeó con 
dureza subiendo del 9,6% mensual a 78,4% en mayo, 114,5% en junio 
y 196,6% en julio128.
Los candidatos presidenciales para 1989 fueron Eduardo Angeloz por 
el oficialismo, una figura del liberalismo conservador, y Carlos Menem, 
quien ostentaba un aspecto de caudillo federal del siglo XIX y prometía 
una revolución productiva, salariazo y acercamiento a los países no 
alineados,lo que aparentaba un regreso a las políticas nacionalistas 
y populares. Alfonsín, sin apoyo, desmoralizado, entregó antes de 
tiempo la banda presidencial a Menem, quien el 14 de mayo había 
triunfado con el 47,51% y 312 electores de los 600 del por entonces 
vigente Colegio Electoral. Para fin de año, nada quedaba de aquella 
esperanza colectiva inicial y una gran sombra de incertidumbre cubría 
el horizonte. Alfonsín fue conciliador con sus enemigos -el capital 
concentrado y los acreedores externos- y excesivamente duro con 
sectores de los que, aun profesando otras identidades políticas, podía 
esperar colaboración.
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Raúl Alfonsín y Carlos Menem en Olivos. 
Fuente: Presidencia de la Nación. 
Se había logrado instaurar un modelo democrático en nuestro país, 
tras los años de la sangrienta dictadura cívico-militar, pero también 
empezaba a evidenciarse la insuficiencia para el desarrollo si no se 
avanzaba al mismo tiempo en la independencia económica y la justicia 
social, banderas históricas del movimiento nacional. Se profundizaba 
el camino de la crisis social. 
Los años noventa fueron la segunda Década Infame para los 
argentinos. El gobierno de Menem fue el de la defección: llevó 
adelante políticas contrarias a las de sus promesas de campaña. La 
explicación puede encontrarse en dos cuestiones que, si bien no 
son suficientes, al menos son insoslayables. Por un lado, la brutal 
ofensiva económica de las corporaciones, que encontraron una 
nueva forma de disciplinamiento social a partir de la “híper” del 1989 
y sus efectos devastadores en las relaciones sociales. Por el otro, un 
nuevo orden mundial que se disponía a subordinarse a la hegemonía 
unilateral de los Estados Unidos, tras la disolución de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a la imposición de las reglas del 
capitalismo financiero y el libre comercio global. Las transformaciones 
fueron de enorme trascendencia: el orden mundial instaurado en la 
posguerra a partir de 1945 se disolvía. Así, el país se incorporaba al 
concierto internacional dispuesto por el Consenso de Washington, 
como el más obediente alumno del neoliberalismo imperialista. 
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1B. Estado y modelos de estado
Capítulo 6: Estado y los intereses privados (1976-2001)
 
113. Fue tal su compromiso con los intereses generales del país que logró ganarse la enemistad del presidente de la 
Reserva Federal de Estados Unidos quien le sugirió al presidente de la República, Ricardo Alfonsín, en una reunión 
mantenida en Washington a fines de 1984 que “desplazara del Palacio de Hacienda a ese hombre que tropezaba 
de desplante en desplante” (en alusión a las discusiones que había mantenido Grinspun con los representantes 
del Fondo Monetario Internacional en Argentina en relación al pago de la deuda externa al informarles que el 
país aplicaría una moratoria unilateral de 6 meses de pago hasta tanto conocer la verdadera situación económica 
y financiera del país). En febrero de 1985 Grinspun fue reemplazado como ministro de Economía por Sourrouille 
(Galasso, 2017: 540-541).
 6.1.2. El período 1983-1989, gobierno democrático radical 
En materia económica, fue un período de extrema fragilidad, condi-
cionado, fundamentalmente, por la abultada deuda externa generada en 
el período anterior y por la imposibilidad de cumplimiento de los pagos 
en tiempo y forma establecidos, como siempre, por los prestamistas, 
entre los que se encontraban organismos multilaterales de crédito (el FMI 
y el Banco Mundial), bancos privados, y un grupo de países nucleados en 
el llamado Club de París. 
Para comprender la magnitud de la situación basta con dar cuenta, por 
ejemplo, del nivel de composición de la deuda externa del sector público. 
En 1981 la deuda externa del sector público representaba más del 55% 
del total, en 1984 pasó a representar alrededor del 77% y en 1989 cerca de 
un 92%. La modificación en los valores se deriva del proceso por el cual 
las fracciones dominantes locales le transfirieron al Estado gran parte de 
sus pasivos externos mediante diversos mecanismos (la nacionalización 
de la deuda privada durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del 
BCRA) y de la fuga de capitales locales al exterior que en el período 1981-
1989 se incrementó a un promedio anual de casi el 8% en relación a la 
deuda externa total. Hacia el final del período analizado la deuda externa 
llegó a representar el 60% del PBI, en un contexto de estancamiento 
económico y escasez de préstamos en el mercado internacional de 
capitales (Ortiz y Schorr, 2006: 313-314)
A diferencia del período anterior, donde la influencia de los grupos 
económicos privados fue directa a través de sus representantes en 
espacios de decisión estatal estratégico, durante el gobierno radical, 
se encontraron con fuertes resistencias de parte de los titulares del 
Ministerio de Economía. Primero Grinspun, quien provenía de la 
pequeña y mediana empresa nacional, y luego Sourrouille. Grinspun 
fue un destacado crítico del neoliberalismo, inclinado a la protección 
de los intereses nacionales, contra la especulación financiera y un gran 
promotor de la ampliación del mercado interno113. Sin embargo, los 
condicionamientos externos e internos obstaculizaron sus objetivos 
de reforma estructural necesarios para volver a encauzar al país en la 
senda de la producción y el crecimiento.
 Juan Vital Sourrouille, ministro de 
Economía del gobierno de Alfonsín e 
impulsor del Plan Austral.
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La gestión de la UCR recibió duros embates, condicionamientos y capacidad de veto por parte de las 
fracciones empresarias. Estas limitaciones sobre el partido de gobierno está asociada a diversos 
elementos. En primer término, porque esos actores eran importantes generadores y propietarios de 
divisas. En segundo lugar, por el poder de fijación de precios que ostentaban dichos actores derivado del 
control oligopólico de considerables sectores de la actividad económica. Tercero, por ser destinatarios de 
abultadas transferencias de recursos que se registraron en el período que se caracterizó, además, por una 
importante brecha fiscal. En cuarto lugar, por asumir ellos mismos un rol protagónico en el financiamiento 
de dicho déficit fiscal (Ortiz; Schorr, 2006: 320). 
En un diario de tirada nacional el periodista e investigador, Horacio Verbitsky, ratificó el modo en que 
se orquestó el “apoyo empresarial” al gobierno del período analizado, sosteniendo que “15 jefes de 
los grandes grupos económicos que durante la dictadura militar pasaron a ocupar un rol central en la 
economía argentina, acordaron con Alfonsín, durante una comida en Olivos, su apoyo a un nuevo programa 
económico que debía comenzar con un ajuste sobre el salario. Esa fue su condición para acomodarse a 
sus anchas en el escenario institucional democrático y abandonar a su suerte a los ex comandantes” (en 
Galasso, 2017: 541).
Las políticas económicas implementadas en el período anterior apuntaron a una mayor concentración 
de los tradicionales y a la formación de nuevos grupos económicos que en la década siguiente les 
permitió acrecentar aún más sus fortunas e influencia en los espacios de decisión y control estatal. Si 
bien durante el período del gobierno en análisis hubo atisbos de generar algunos cambios, la ola neoliberal 
estaba bloqueando las resistencias no sólo en Argentinasino también en otros países de la región, con 
excepción de Chile que ya había sido encauzado en esa vía, a través de las directrices emanadas de un 
gobierno de facto que se instaló en la Casa de la Moneda a ritmo de cañonazos en septiembre de 1973.
2B. La democracia. Punto de llegada y punto de inicio
Capítulo 4: La democracia que supimos conquistar. Un siglo de golpes de Estado 
y resistencias.
 4.7. El retorno y transición a la democracia
Por Lisandro Gómez74
Habiendo atravesado “…la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”75, una vez finalizado 
el proceso eleccionario convocado por parte de la Junta Militar, encabezada por Reynaldo Bignone, del que 
resultara electo Raúl Ricardo Alfonsín, Argentina entró en un agitado camino de institucionalización en 
pos de –entre otras necesidades- enmendar la falta de participación ciudadana en la política, resultado del 
terror impuesto por años de persecución ideológica76.
Ahora bien, en un contexto de participación política mayormente hegemonizado por estructuras partidarias, 
suele pasar desapercibido el trabajo que diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos 
y algunos actores institucionales creados por el gobierno constitucional luego de 1983 –como la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas o el Consejo para Consolidación de la Democracia- aportaron 
en el afianzamiento de la democracia. Repensar dicho rol en perspectiva y aun en la actualidad, es el objetivo 
central de este capítulo.
 
74. Abogado (UBA), aspirante al Doctorado en Ciencias Políticas (UNC), miembro del grupo de investigación sobre 
Análisis comparativo de los diseños institucionales en el Derecho Público Provincial Argentino (CIJS-CONICET), 
docente universitario (UNC): lisandro.n.gomez@gmail.com.
75. Así fue calificado por los autores del Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas, publicado por primera vez en 1984. Buenos Aires: Eudeba. Pág. 7.
76. No es objeto desarrollar los hechos ocurridos durante la dictadura, ni los vaivenes que dicha transición ha sufrido, 
sino que nos abocaremos a los actores que propiciaron el fortalecimiento de instituciones hasta entonces en desuso 
y sin prácticas vigentes.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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77. Puede ampliarse información acerca de los orígenes, el desarrollo y los aportes de cada organismo en el dossier de 
archivos producidos por la Comisión Provincial por la Memoria, disponible en: https://www.comisionporlamemoria.
org/project/dossiers-organismos-de-derechos-humanos/. También se recomienda la reseña histórica realizada 
por Hilda Sábato, disponible en: https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/10/IA2004-Dossier-2-
Los-organismos-de-derechos-humanos.pdf
 4.7.1. Los organismos de derechos humanos77 
Si bien la proliferación de este tipo de organizaciones ocurre en el 
contexto de hostilidad y peligro inminente creado por la dictadura, 
podemos identificar como antecedente a la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista, que vio sus 
orígenes hacia fines de la década del treinta, en un contexto de fuerte 
crecimiento de violencia institucional, no solo en nuestro país, sino en 
un mundo agitado y convulsionado por las atrocidades producidas por 
la Segunda Guerra. 
Hacia la década del sesenta y en el contexto de la aplicación del régimen 
represivo del Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES), 
durante el gobierno de Frondizi, se conformó la Comisión de Familiares 
de Detenidos (CoFaDe), que reclamaba por la inconstitucionalidad de 
las detenciones, las condiciones de detención de los presos políticos y 
gremiales, y promovía habeas corpus para su liberación. Fueron varias 
las organizaciones, comisiones y cuerpos de abogados que surgieron a 
fines de la década y principios de la siguiente en defensa y solidaridad con 
los presos políticos, gremiales y estudiantiles, también las de denuncia 
contra los secuestros, la represión, la tortura y las desapariciones. 
Avanzados los años setenta, en un contexto de profunda escalada de 
violencia y del accionar parapolicial de la Triple A, con detenciones masivas, 
asesinatos políticos y desapariciones, se conformaron dos organizaciones 
en defensa de los derechos humanos, la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) en 1975 y el Movimiento Ecuménico por 
los Derechos Humanos (MEDH) a principios de 1976, asociado a un 
sector de las iglesias evangélicas. 
Luego del golpe del 24 de marzo surgieron otras agrupaciones en 
reacción a la violencia perpetrada por el terrorismo de Estado. Estos 
grupos sostuvieron un activismo constante en búsqueda de paradero 
de miles de detenidos desaparecidos, recorriendo instituciones para 
presentar denuncias y buscar información, presentando habeas corpus, 
conciliando reuniones con altos mandos de las Fuerzas Armadas y 
recurriendo inútilmente a las jerarquías de la Iglesia Católica que sólo 
ofrecía un silencio cómplice.
Algunas de esas agrupaciones fueron el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), creado en 1979; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), 
que fue fundado en 1974, entre otros, por Adolfo Pérez Esquivel; la 
agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas, que comienza a funcionar en 1976, y dos de las organizaciones 
de mayor visibilidad, que desplegaron públicamente su reclamo a partir 
de 1977 en la Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de 
Plaza de Mayo.
La negación constante por parte de la dictadura de los delitos 
cometidos, se evidenció a partir de la visualización de los organismos 
de derechos humanos, especialmente durante el transcurso de la Copa 
Mundial de Fútbol en junio de 1978 y la posterior visita de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1979. Organismos de Derechos Humanos: 
SERPAJ, APDH, FEDEFAM,APM.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
14 Página
Una vez recobrada la democracia, surgieron, entre otras, la Asociación 
de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), fundada en 1984; la 
organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio (HIJOS), fundada en 1995; y comisiones por la 
Memoria, Verdad y Justicia en diversos territorios del país. 
En conjunto, todas estas organizaciones posibilitaron la reconstrucción 
de los hechos ocurridos durante el período 1976-1983. Fue gracias a su 
trabajo, su investigación, sus testimonios, denuncias y lucha, que fue 
posible identificar los cientos de centros clandestinos de detención 
(CCD), recuperar a 130 hijos e hijas de detenidas desaparecidas que 
dieron a luz en cautiverio y que fueron apropiados por la dictadura, 
y reconstruir la identidad social y política truncada por el régimen 
militar, con eje en la defensa de los derechos humanos. Aún hoy, 
queda mucho por desentrañar de esa trama criminal, el destino de los 
detenidos desaparecidos, los nietos aún secuestrados, los sitios de 
detención y tortura, la complicidad civil, empresarial, judicial, eclesial, 
sin claudicar las banderas de Memoria, para no olvidar; Verdad, para 
conocer; y Justicia, para ejemplificar.
 4.7.2. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP)
Cinco días después de asumidas las autoridades constitucionalesel 10 de diciembre de 1983, el Poder Ejecutivo creó la Comisión 
Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), con el objeto 
de esclarecer los hechos perpetrados por la dictadura militar entre 
1976 y 1983. Su misión se centró en la recopilación de testimonios 
de familiares y sobrevivientes, que ayudaron a comenzar a 
establecer un mapa del carácter sistemático y masivo de los 
crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas, sus esquemas 
represivos, sus campos de detención, tortura y exterminio 
diseminados en todo el país78 y sus prácticas inhumanas ejercidas 
sobre los detenidos: torturas, nacimientos en cautiverio, robo de 
bebés, detenidos arrojados al mar, fusilamientos, inhumaciones 
clandestinas, fosas comunes, desaparición de los cuerpos. 
La Comisión fue integrada por personalidades de diferentes 
ámbitos sociales, culturales e ideológicos, como el escritor Ernesto 
Sábato, el abogado Ricardo Colombres, el docente Ing. Hilario 
Fernández Long, el filósofo y matemático Gregorio Klimovsky y la 
periodista Magdalena Ruíz Guiñazú, entre otros.
El informe final Nunca Más elaborado por la Comisión, fue 
entregado al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984 y 
constituyó la base probatoria durante el juicio a las Juntas Militares 
en 1985.
 
78. El informe estimó la existencia de aproximadamente 340 centros clandestinos de detención (CCD), cifra que 
las investigaciones posteriores fueron incrementando. Estuvieron montados en clubes, fábricas, hospitales, 
dependencias militares y edificios públicos, entre otros lugares, todos ellos adaptados a los métodos utilizados para 
“combatir la subversión”, con toda la vaguedad que tal calificación puede significar y que legitimaba las atrocidades 
más inimaginables que puedan caber en la mente humana, ordenadas en un plan sistémico que incluso, con sus 
particularidades, se replicó en las dictaduras del resto de América Latina y que hoy, luego de la apertura de diversos 
archivos de la CIA, podemos vincular a través de la influencia de los Estados Unidos.
Informe de la Conadep.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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79. Nino, Carlos (1996): Radical evil on trial. Yale University, New Haven. La primera edición fue en inglés. 
80. Recordemos que los crímenes cometidos por los militares estaban sujetos a la jurisdicción militar, compuesta por 
juzgados internos. Los juzgados militares se limitaban a juzgar los procedimientos utilizados por los miembros de las 
fuerzas, pero el contexto reglamentario de las actuaciones justificaba todo tipo de crueldades, por lo que los “grupos 
de tareas”, tenían luz verde para ejercer el terrorismo estatal.
 4.7.3. El Consejo para la Consolidación de la Democracia
Paralelamente a las funciones desarrolladas por la CONADEP, 
se creó un organismo de asesoramiento técnico conocido como 
Consejo para la Consolidación de la Democracia, integrado 
por actores de diversos campos y pertenencias ideológicas 
y políticas, que centraron sus actividades en la producción 
de informes para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, proponiendo reformas sustanciales en el diseño 
institucional argentino.
En el seno del Consejo, se destacó la tarea del filósofo y 
jurista Carlos Nino, quien fue su coordinador y junto a su 
equipo realizó aportes sustanciales, entre ellos, un dictamen 
preliminar para una reforma constitucional. Nino analizó los 
impactos de juicios a militares en otras experiencias del mundo 
en un libro que terminó de escribir poco antes de su muerte 
en 1993, y que fue publicado en 1996 con el título Juicio al 
mal absoluto79. En él reflexiona acerca de cómo enfrentar las 
violaciones masivas a los derechos humanos y aborda, desde 
la óptica de la filosofía jurídica, las posturas que justificaron la 
necesidad de llevar a los responsables de los crímenes cometidos 
durante la dictadura argentina, frente a los estrados de la 
justicia ordinaria80. Su aporte fue central para la construcción 
de las políticas judiciales que, durante el gobierno de Alfonsín, 
pusieron a las jerarquías de las Fuerzas Armadas en el banquillo 
de los acusados.
 4.7.4. Los derechos humanos y su protección legal y judicial (1985-2019)
En este apartado, nos proponemos recorrer brevemente el complejo camino que 
tuvo que transitar nuestro país en pos del reconocimiento de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por la dictadura, haciendo eje en las normas que hicieron 
factible los procesos judiciales contra los autores de dichos delitos. 
Como todo resultado de un proceso social, el Derecho también es víctima de 
acciones y reacciones que fomentan o entorpecen –según el caso- la búsqueda de 
reparaciones acordes al clamor de la sociedad y sus actores.
Carlos Nino.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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 4.7.5. El juicio a las Juntas Militares
En 1985, el enjuiciamiento a las Juntas Militares impulsado 
por el gobierno de Alfonsín a través del Decreto 158/83, operó 
como puntapié inicial para dar paso a un largo proceso de 
acciones judiciales, que conllevaron reacciones militares y 
vaivenes sociales, en pos del esclarecimiento de los crímenes 
de lesa humanidad, la defensa de los derechos humanos y su 
reconocimiento legal.
Aquel juicio tuvo como principal objeto, probar la responsabilidad 
penal de los comandantes en el plan sistemático represivo 
organizado por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.
Durante el procedimiento, las defensas de los militares 
pretendieron justificar su accionar, oscilando entre dos 
argumentos disuasorios: la idea de la existencia de una “guerra” 
y la cuestión de la afectación de la garantía del juez natural. Cabe 
mencionar que los hechos fueron juzgados bajo el ordenamiento 
penal vigente a la hora de cometerse, cuestión que condicionó 
la prescripción de ciertas acciones. Al respecto, el tribunal y la 
fiscalía coincidieron en que algunos delitos cometidos por los 
militares, habían prescripto a la hora de ser juzgados.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, 
sostuvo que los delitos debían ser juzgados ateniéndose a la 
pertenencia militar de cada jerarca, es decir, que el juzgamiento 
debía distinguir cada una de las Fuerzas de la que provenían los 
acusados. Esta cuestión entorpeció el procedimiento, generando 
duras críticas por parte de la fiscalía y los organismos de Derechos 
Humanos. El resultado real de esta maniobra procedimental fue 
la absolución de algunos de los acusados.
Aun con estos sinsabores, la condena resultó un hito a nivel 
mundial: por primera vez, los crímenes realizados por militares 
en un contexto de golpe de Estado, fueron juzgados por la 
justicia ordinaria del país que los sufrió.
Rubens Grafigna, Emilio Massera, Jorge 
Videla y Armando Lambruschini durante el 
Juicio a las juntas, 1985.
Autor: Dani Yako.
 4.7.6. Leyes de impunidad: Punto Final, Obediencia Debida e Indultos
El accionar de la justicia ante los crímenes cometidos durante la dictadura generó 
tensiones en sectores de las Fuerzas Armadas que desencadenaron una serie 
de levantamientos militares. Las Fuerzas Armadas, que aún conservaban gran 
influencia en la vida política del país, a través de la presión ejercida mediante 
estos alzamientos y agitaciones, lograron la sanción de las leyes de Punto Final 
y de ObedienciaDebida, en un intento de conciliar la continuidad institucional.
La primera de ellas, sancionada a fines de 1986 implicó la creación de un plazo 
perentorio de sesenta días a partir de la publicación del texto legal, en el que 
debían realizarse las denuncias por los delitos cometidos en el marco del plan 
sistemático de desaparición de personas. Excluía del plazo de caducidad a los 
delitos de sustitución de estado civil y sustracción y apropiación de menores.
Por su parte, la Ley de Obediencia Debida, sancionada a mediados de 1987, 
supuso reconocer presuntamente que los crímenes cometidos por subordinados, 
no son punibles en tanto fueron cometidos bajo las órdenes de personal militar 
de rango superior.
Afiche de Madres de Plaza 
de Mayo, Marcha de la 
Resistencia.
Fuente: Archivos en uso.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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 4.7.7. La Reforma Constitucional: el nuevo paradigma de los derechos humanos
La reforma constitucional impulsada por los dos partidos mayoritarios, tras haber acordado 
en Olivos los puntos centrales a reformar, trajo aparejada la jerarquización de diversos 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos y abrió la posibilidad de que el 
Congreso, por medio de un mecanismo especial, incorpore con rango constitucional otros 
instrumentos de la misma materia que compartan, complementen y no modifiquen nuestra 
Constitución.
Este cambio presupuso una oleada de demandas en pos del cumplimiento de los derechos 
humanos en general, pero en particular y teniendo en cuenta la temática que nos ocupa, 
abrió a la posibilidad de adecuar ciertas normativas conforme a los nuevos estándares en la 
materia. 
En ese contexto, en 1998 fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto 
Final. Posteriormente, en 2003 se declararon nulos los beneficios que ambas normativas 
impusieron a los autores de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Esta 
situación, habilitó el juzgamiento de los responsables en el territorio nacional. 
La reapertura de diversas causas y la instancia de aquellas nuevas que habían resultado 
imposible llevar adelante por la sanción de la normativa que ponía punto final a procedimientos 
y denuncias, conformó el eje central de las políticas de derechos humanos del gobierno 
de Néstor Kirchner, que aún hoy continúan con causas que aportan al esclarecimiento de 
los hechos cometidos por el gobierno militar.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró la inconstitucionalidad 
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa Caso “Simón, J. H. y otros s/ 
privación ilegítima de la libertad, etc.”, resuelto el 14 de junio de 2005. También resolvió la 
inconstitucionalidad de los indultos decretados durante la presidencia de Carlos S. Menem, 
en el contexto de diversas causas, entre las que podemos destacar la que declaró que el 
beneficio obtenido por Martínez de Hoz resultaba contrario a la Constitución Nacional. 
Ambas declaraciones de inconstitucionalidad, operaron como luz verde a los propósitos 
de obtener “memoria, verdad y justicia”, colocando nuevamente en el tapete de la opinión 
pública la cuestión de los delitos en contra de la humanidad, cometidos por la dictadura.
Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y otros militares durante el juicio por el 
Plan sistemático de apropiación de niños, 5 de julio de 2012.
Autor: EFE.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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3C. Derechos humanos en el Siglo XXI
Capítulo 2: Del país del Genocidio Constituyente a la Argentina de los Derechos 
Humanos como política de Estado
 
12. Docente Universitario UNC y Abogado. Egresado (UBA). Aspirante al Doctorado en Ciencias Políticas (UNC). 
Miembro del Grupo de Investigación sobre Análisis comparativo de los diseños institucionales en el Derecho Público 
Provincial Argentino, (CIJS-CONICET). Mail: lisandro.n.gomez@gmail.com
13. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1992): Nunca Más. CONADEP. Buenos Aires: Eudeba. Pág 7.
 2.7. El retorno democrático: punto de llegada y punto de inicio
Por Lisandro Gómez12 y María Agustina Díaz
Habiendo atravesado “la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”13, implosionado el régimen 
militar, una vez finalizado el proceso eleccionario convocado por parte de la Junta Militar, encabezada por 
Reynaldo Bignone, del que resultara electo Raúl Ricardo Alfonsín, Argentina entró en un agitado camino 
de institucionalización democrática que, aún hoy, se continúa. Con marchas, límites y contramarchas, 
las garantías de los derechos humanos se volvieron una demanda persistente, especialmente por las 
organizaciones de derechos humanos, imposible de soslayar.
Cinco días después de asumidas las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, el Poder 
Ejecutivo creó la CONADEP, con el objeto de esclarecer los hechos perpetrados por la dictadura militar 
entre 1976 y 1983. Su misión se centró en la recopilación de testimonios de familiares y sobrevivientes, que 
ayudaron a comenzar a establecer un mapa del carácter sistemático y masivo de los crímenes perpetrados 
por las fuerzas armadas, sus esquemas represivos, sus campos de detención y exterminio diseminados en 
todo el país y sus prácticas inhumanas ejercidas sobre los detenidos: torturas, nacimientos en cautiverio, 
robo de bebés, detenidos arrojados al mar, fusilamientos, inhumaciones clandestinas, fosas comunes, 
desaparición de los cuerpos. 
La Comisión fue integrada por personalidades de diferentes ámbitos sociales, culturales e ideológicos, 
como el escritor Ernesto Sábato, el abogado Ricardo Colombres, el docente Ing. Hilario Fernández Long, el 
filósofo y matemático Gregorio Klimovsky y la periodista Magdalena Ruíz Guiñazú, entre otros.
El informe final Nunca Más elaborado por la Comisión, fue entregado al Presidente Alfonsín el 20 de 
septiembre de 1984 y constituyó la base probatoria durante el juicio a las Juntas Militares en 1985.
Paralelamente a las funciones desarrolladas por la CONADEP, se creó un organismo de asesoramiento 
técnico conocido como Consejo para la Consolidación de la Democracia, integrado por actores de diversos 
campos y pertenencias ideológicas y políticas, que centraron sus actividades en la producción de informes 
para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, proponiendo reformas sustanciales en el diseño 
institucional argentino.
En el seno del Consejo, se destacó la tarea del filósofo y jurista Carlos Nino, quien fue su coordinador 
y junto a su equipo realizó aportes sustanciales, entre ellos, un dictamen preliminar para una reforma 
constitucional. Nino analizó los impactos de los juicios a los militares en otras experiencias del mundo en 
un libro que terminó de escribir poco antes de su muerte en 1993, y que fue publicado en 1996 con el título 
“Juicio al Mal Absoluto”. Allí, reflexiona acerca de cómo enfrentar las violaciones masivas a los derechos 
humanos y aborda, desde la óptica de la filosofía jurídica, las posturas que justificaron la necesidad de 
llevar a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura argentina, frente a los estrados 
de la justicia ordinaria. Su aporte fue central para la construcción de las políticas judiciales que, durante 
el gobierno de Alfonsín, pusieron a las jerarquías de las fuerzas armadas en el banquillo de los acusados.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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En 1985, el enjuiciamiento a las Juntas Militares impulsado por 
el gobiernode Alfonsín a través del Decreto 158/83, operó como 
puntapié inicial para dar paso a un largo proceso de acciones judiciales, 
que conllevaron reacciones militares y vaivenes sociales, en pos del 
esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, la defensa de los 
derechos humanos y su reconocimiento legal. Aquel juicio tuvo como 
principal objeto, probar la responsabilidad penal de los comandantes 
en el plan sistemático represivo organizado por las fuerzas armadas 
durante la última dictadura.
Durante el procedimiento, las defensas de los militares pretendieron 
justificar su accionar, oscilando entre dos argumentos disuasorios: la 
idea de la existencia de una “guerra” y la cuestión de la afectación de 
la garantía del juez natural. Cabe mencionar que los hechos fueron 
juzgados bajo el ordenamiento penal vigente a la hora de cometerse, 
cuestión que condicionó la prescripción de ciertas acciones. Al 
respecto, el tribunal y la fiscalía coincidieron en que algunos delitos 
cometidos por los militares, habían prescrito a la hora de ser juzgados.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital, sostuvo 
que los delitos debían ser juzgados ateniéndose a la pertenencia 
militar de cada jerarca, es decir, que el juzgamiento debía distinguir 
cada una de las fuerzas de la que provenían los acusados. Esta cuestión 
entorpeció el procedimiento, generando duras críticas por parte de 
la fiscalía y los organismos de derechos humanos. El resultado real 
de esta maniobra procedimental fue la absolución de algunos de los 
acusados.
Aun con estos sinsabores, la condena resultó un hito a nivel mundial: 
por primera vez, los crímenes realizados por militares en un contexto 
de golpe de Estado, fueron juzgados por la justicia ordinaria del país 
que los sufrió.
Pero el accionar de la justicia ante los crímenes cometidos durante la 
dictadura generó tensiones en sectores de las fuerzas armadas que 
desencadenaron una serie de levantamientos militares. Las fuerzas 
armadas, que aún conservaban gran influencia en la vida política 
del país, a través de la presión ejercida mediante estos alzamientos 
y agitaciones, lograron la sanción de las leyes de Punto Final y 
de Obediencia Debida, en un intento de conciliar la continuidad 
institucional.
La primera de ellas, sancionada a fines de 1986 implicó la creación 
de un plazo perentorio de sesenta días a partir de la publicación del 
texto legal, en el que debían realizarse las denuncias por los delitos 
cometidos en el marco del plan sistemático de desaparición de 
personas. Excluía del plazo de caducidad a los delitos de sustitución 
de estado civil y sustracción y apropiación de menores. Por su 
parte, la Ley de Obediencia Debida, sancionada a mediados de 1987, 
supuso reconocer presuntamente que los crímenes cometidos por 
subordinados, no son punibles en tanto fueron cometidos bajo las 
órdenes de personal militar de rango superior. 
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Estas leyes, rechazadas por los organismos de derechos humanos y gran parte de 
la sociedad, dejaron impunes cientos crímenes de lesa humanidad y rescindieron 
el proceso de transición democrática. Los ejecutores de violaciones graves a los 
derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado convivieron por años, en 
las calles argentinas, con las familias de las víctimas y los sobrevivientes.
A esto se sumó, con la asunción de Carlos S. Menem a la presidencia, la firma de 
los “indultos de impunidad” entre 1989 y 1990, mediante los cuales se dejaron 
en libertad a más de 1200 militares y civiles condenados por homicidios, torturas, 
privaciones ilegales de libertad, desapariciones y falsedad de documentación, 
entre otros delitos. Estos indultos alcanzaron, entre otros, a los responsables de 
los alzamientos militares contra el gobierno de Alfonsín; a los ex miembros de la 
Junta de Comandantes (Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo) 
pese a sus condenas por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las 
Malvinas; a los condenadas en el Juicio a las Juntas de 1985, es decir, Jorge Rafael 
Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini; y al 
ex Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que estaba procesado por 
participación en secuestros y torturas.
En 1994 la reforma constitucional impulsada por los dos partidos mayoritarios, 
tras haber acordado en Olivos los puntos centrales a reformar, trajo aparejada la 
jerarquización de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
y abrió la posibilidad de que el Congreso, por medio de un mecanismo especial, 
incorpore con rango constitucional otros instrumentos de la misma materia que 
compartan, complementen y no modifiquen nuestra Constitución.
Este cambio presupuso una oleada de demandas en pos del cumplimiento de los 
derechos humanos en general, pero en particular, abrió a la posibilidad de adecuar 
ciertas normativas conforme a los nuevos estándares en la materia. 
En ese contexto, en 1998 fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y 
Punto Final. Posteriormente, en 2003 se declararon nulos los beneficios que 
ambas normativas impusieron a los autores de los delitos de lesa humanidad de 
la última dictadura. Esta situación, habilitó el juzgamiento de los responsables en 
el territorio nacional. La reapertura de diversas causas y la instancia de aquellas 
nuevas que habían resultado imposible llevar adelante por la sanción de la normativa 
que ponía punto final a procedimientos y denuncias, conformó el eje central de 
las políticas de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner, que aún hoy 
continúan con causas que aportan al esclarecimiento de los hechos cometidos por 
el gobierno militar.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró la 
inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la 
causa Caso “Simón, J. H. y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc.”, 
resuelto el 14 de junio de 2005. También resolvió la inconstitucionalidad 
de los indultos decretados durante la presidencia de Carlos S. Menem, en 
el contexto de diversas causas, entre las que podemos destacar la que 
declaró que el beneficio obtenido por Martínez de Hoz resultaba contrario 
a la Constitución Nacional. Ambas declaraciones de inconstitucionalidad, 
operaron como luz verde a los propósitos de obtener “Memoria, Verdad y 
Justicia”, colocando nuevamente en el tapete de la opinión pública la cuestión 
de los delitos en contra de la humanidad, cometidos por la dictadura.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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El 24 de marzo de 2004, el Presidente Néstor Kirchner, junto a su ministro de Defensa, José Pampuro, 
presidió un acto en el Colegio Militar. Luego de saludar a los estudiantes se dirigió al primer piso del edificio 
y ordenó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, a descolgar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y 
Reynaldo Benito Antonio Bignone. Ese mismo día, firmó el convenio de creación del Museo de la Memoria 
y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la ex Escuela Mecánica de la Armada, uno de 
los más siniestros Centros Clandestinos de Detención que se montaron durante la última dictadura como 
engranaje del sistema de terrorismo de Estado. Allí no sólo fueron secuestradas, detenidas ilegalmente, 
violadas, torturadas y asesinadas cientos de personas sino que, también, funcionó una maternidad 
clandestina. Estas fueron sus palabras en dicha jornada histórica: 
“Queridos Abuelas, Madres, Hijos: cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los 
brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos 
que este país se puedecambiar. 
Fueron muchas ilusiones, sueños, creímos en serio que se podía construir una patria diferente y 
también cuando escuchaba a Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
(H.I.J.O.S.) recién vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Es difícil, porque muchos especulan, 
porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad 
sobre la Argentina y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar 
en la patria. 
Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y 
hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente 
de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber 
callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. 
Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. 
A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la 
ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. 
Por eso Abuelas, Madres, hijos de detenidos desaparecidos, compañeros y compañeras que no 
están pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina, esto 
no puede ser un tira y afloje entre quién peleó más o peleó menos o algunos que hoy quieren volver 
a la superficie después de estar agachados durante años que no fueron capaces de reivindicar lo 
que tenían que reivindicar.
Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como Presidente de 
la Nación Argentina y de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy, no es un paso que 
deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vienen especulando mucho 
más en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban o 
deberían haber pensado. 
Por eso, sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y mirando; sé que se acordarán de 
aquellos tiempos; sé que por ahí no estuvimos a la altura de la historia, pero seguimos luchando 
como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos 
puedan hacer. Pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras.
Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a 
ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Dejaremos 
todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la 
injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del ’90 como epílogo de 
las cosas que nos tocaron vivir.
Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están presentes por 
más que no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos 
con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero 
tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una 
recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar 
y tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una 
generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado 
un sendero, su vida, sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están 
presentes en las manos de ustedes.
Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias”.
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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A partir de entonces, y durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández, decenas de museos, espacios para la memoria y sitios de 
georeferenciación de Centros Clandestinos de Detención fueron propiciados 
desde el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipios 
argentinos. En las escuelas, espacios educativos, centros culturales, museos 
y bibliotecas, se comenzaron a incorporar contenidos, producciones y 
programas vinculados a memoria reciente; y en los gobiernos provinciales, 
gestiones locales, sindicatos y universidades, se crearon áreas especializadas 
en derechos humanos.
El 27 de octubre de 2010, Néstor Kirchner falleció de manera repentina y fue 
despedido con profundas muestras de respeto y amor por cientos de miles 
de personas. Su compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia 
y con la lucha contra la impunidad, fue su legado más reconocido. Miles 
de jóvenes se volcaron masivamente a la militancia política, abrazando los 
pañuelos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como parte constitutiva 
de su identidad política. Hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado 
fueron creciendo en ámbitos de representación institucional.
En 2018, en el marco del centenario de la Reforma Universitaria, se creó 
en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional la Red Interuniversitaria 
de Derechos Humanos para curricularizar en la educación superior pública 
argentina los contenidos asociados a la temática. 
Con la asunción del presidente Alberto Fernández, hijos e hijas de 
desaparecidxs empezaron a ocupar lugares relevantes en la gestión. Tal 
es el caso de Eduardo “Wado” de Pedro, quien asumió como ministro del 
Interior, órgano del cual depende el Instituto Nacional de Capacitación 
Política; el de Fernanda Raverta, quien asumió como Directora Ejecutiva de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); el de Horacio 
Pietragalla como secretario de Derechos Humanos y el de Victoria Donda, 
quien preside el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI).
 2.8. Un país de pañuelos y de marchas circulares que avanzan
Por Daniela Drucaroff14, Josefina Rousseaux15, María Andrea Cuéllar Camarena16 y María Agustina Díaz
La última dictadura que sufrió nuestro país marcó un quiebre profundo en nuestra historia política, 
económica, social y cultural. Al culminar el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, 
producto de la brutalidad ejercida por parte de las fuerzas represivas, el Terrorismo de Estado y la 
sistemática violación a los derechos humanos, fue posible lograr un consenso que parecía inalcanzable 
hasta entonces, tras cinco décadas de recurrentes golpes de Estado: la democracia como valor supremo y 
el “Nunca Más” dictaduras, como horizonte deseable a alcanzar y construir. 
 
14. Realizó el profesorado de Enseñanza Media y Superior y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social 
(UBA) Mail: daniela.jaipur@gmail.com 
15. Licenciada en Sociología (UBA). Se desempeñó como docente de Economía Política Argentina (UBA). Actualmente 
se encuentra cursando la Licenciatura de Artes de la Escritura (UNA). Mail: josefinarousseaux@gmail.com
16. Abogada (Universidad de Guadalajara, México), magister en Derechos Humanos (UNLP), especialización en Género 
y Derecho (UBA), docente (UBA): mariandrea.cc@gmail.com 
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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Ahora bien, es importante señalar que los procesos dictatoriales en Argentina 
y la región fueron interrupciones violentas del sistema democrático 
vinculadas a determinados proyectos económicos o, en otras palabras, 
a determinadas formas de acumulación del capital y distribución de la 
riqueza. Es por ello que, junto con el rol de las Fuerzas Armadas como brazo 
ejecutor, hubo responsabilidades concretas de los grupos que concentran 
los capitales nacionalese internacionales y otros factores de poder, como 
las jerarquías de la Iglesia Católica y los medios de comunicación.
Para la concreción de los proyectos de las dictaduras fue necesaria la 
participación de doctrinarios, operadores jurídicos que dedicaron sus 
estudios e investigaciones a legitimar las acciones violatorias de los 
derechos fundamentales y su vinculación con la implantación de un nuevo 
modelo económico. 
Según el filósofo y teórico marxista, Antonio Gramsci, el Derecho es el 
efecto de la reorganización económica de la sociedad y, en ese sentido, debe 
entenderse como un fenómeno incrustado en la cultura y las relaciones 
sociales. El liberalismo occidental es la concepción filosófico-jurídica que 
subyace detrás de estos proyectos políticos, por lo tanto, es el individuo 
lo que prima sobre todas las cosas. El mercado como organizador social 
más eficiente que el obsoleto Estado proteccionista; la liberalización de la 
economía para integrar el proceso globalizador mundial (desprotegiendo 
las propias capacidades nacionales); y la asistencia de los organismos 
internacionales de crédito, fueron algunos de los ejes rectores del discurso 
neoliberal.
Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977 
expresó: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, 
no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo 
argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes 
incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo 
la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a 
millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Pero el proyecto ideológico neoliberal, impuesto inicialmente mediante sangrientas 
dictaduras e, incluso, vía la implementación de genocidios como en el caso argentino, 
logró atravesar los diversos ámbitos del quehacer jurídico, social, económico, cultural, 
educativo y político, sosteniendo buena parte de su contenido hasta nuestros días. 
Durante la década de los noventa y en los últimos años, estas ideas y prácticas se 
reactualizan alcanzando nuevas formas. Así, somos testigos en la región suramericana 
del derrocamiento de presidentes democráticamente elegidos; presenciamos la 
construcción de causas judiciales de persecución por motivos políticos y violatorias de 
las garantías fundamentales al debido proceso; asistimos a decretos de necesidad y 
urgencia que justifican la violencia institucional; y revivimos la represión de la protesta 
social. Todo eso, nuevamente, con la participación de los medios hegemónicos de 
comunicación.
Aunque nos incomode, cabe preguntarnos ¿Qué de todo aquel horror aún se reproduce 
y reproducimos en nuestra sociedad? Con el orgullo de haber alcanzado más de cuatro 
décadas de estabilidad institucional, no exentos de dolores y reveses, tenemos que 
pensar con franqueza qué de todo ese andamiaje ideológico aún nos atraviesa, para 
poder avanzar como pueblo y como sociedad. 
De hecho, tras la última dictadura militar la democracia asistió a una reposición vitalista, 
en tanto que fue necesaria una rehabilitación de una sociedad que no solamente había 
padecido crímenes cometidos desde el aparato estatal por la Junta Militar y también 
las transformaciones estructurales en la economía, sino que además parecía recién 
despertar y encontrar como algo del pasado ese horror. 
Historia política argentina II: Las Argentinas. Presente, pasado y futuro. Un recorrido nacional de los últimos 70 años.
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 2.8.1. La memoria es una acción que transforma el presente: el rol de los 
organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos
Sin lugar a dudas, la historia de nuestro país y de la democracia argentina hubieran 
sido diametralmente distintas sin la presencia de organizaciones que lucharon por una 
construcción identitaria distinta. Muchas de ellas nacieron en el contexto de hostilidad y 
peligro inminente creado por la dictadura, pero podemos identificar como antecedente 
a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, vinculada al Partido Comunista, que 
emergió hacia fines de la década del treinta, en un período de escalada de conflicto y de 
violencia institucional, no solo a nivel nacional, sino también internacional, caracterizado 
por un mundo agitado y convulsionado por la Segunda Guerra. 
Hacia la década del sesenta y en el contexto de la aplicación del régimen represivo 
del CONINTES, se conformó la Comisión de Familiares de Detenidos (CoFaDe), que 
reclamaba por la inconstitucionalidad de las detenciones, las condiciones de detención 
de los presos políticos y gremiales, y promovía habeas corpus para su liberación. Fueron 
varias las organizaciones, comisiones y cuerpos de abogados que surgieron a fines de 
los sesenta y principios de los setenta en defensa y solidaridad con los presos políticos, 
gremiales y estudiantiles, también las de denuncia contra los secuestros, la represión, la 
tortura y las desapariciones. 
Avanzados los años setenta, en un contexto de profunda escalada de violencia y 
del accionar parapolicial de la Triple A, con detenciones masivas, asesinatos políticos 
y desapariciones, se conformaron dos organizaciones en defensa de los derechos 
humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en 1975 y el 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) a principios de 1976, donde 
confluyeron iglesias protestantes, evangélicas, católicas y otros credos. La proliferación 
de organismos de derechos humanos se hizo visible a escala federal con la creación de 
algunas filiales de grandes organizaciones nacionales y otras autónomas. 
El manto de inocencia echado sobre la ciudadanía reafirmaba el carácter vital de la democracia joven que 
debía comenzar a consolidarse. La filósofa Silvia Schwarzböck advierte que la democracia inmediatamente 
posterior a la dictadura es vitalista, esto es: rehabilita, con la vigencia del Estado de derecho, el concepto 
de vida y en ese período la vida equivale a los derechos humanos. Pero la única vida que puede rehabilitar, 
tras los campos de concentración, es la vida de derecha (2016: 64).
Este fenómeno se expresa con el asedio que vivió el colectivo LGTTTBQI+ en el retorno democrático. ¿Qué 
identidades albergaban el derecho a la ciudadanía plena en ese período? Gays, lesbianas, transexualidades 
y todo sujeto político que no estaba acompasado con la noción de “normalidad” de la época fueron 
perseguidos policial y socialmente y obligados a permanecer en la clandestinidad.
Daniel Feierstein, en su libro El genocidio como práctica social, nos aporta herramientas para esta 
indagación colectiva y personal. El genocidio como práctica social supone un proceso que se despliega en 
el tiempo, que avanza con el tiempo, sea a través de un consenso activo o cuanto menos de un consenso 
pasivo manifestado como desinterés o naturalización hacia valores morales que debemos sin lugar a dudas 
transformar. El racismo, el odio a los pobres, la meritocracia como argumento que recubre la injusticia social 
de incapacidad personal, la misoginia y la homofobia, son algunas de las maneras en las que seguimos 
expresando lo que intentamos desterrar con la afirmación histórica del “Nunca Más”. 
Es importante destacar que “sin una fuerte transformación de nuestros procesos de construcción 
identitaria, sin una reformulación de los límites de nuestra responsabilidad ante el otro, sin entender que 
somos partes inescindibles de las prácticas sociales que se desarrollan en las sociedades que habitamos y, 
por lo tanto, responsables morales por sus efectos, no será viable la posibilidad de desterrar al genocidio 
como una posibilidad de “reorganización social” (Feierstein, 2014: 405).
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Luego del golpe del 24 de marzo, surgieron otras agrupaciones en reacción a la violencia 
perpetrada por el terrorismo