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74 Marten Brienen ∗∗∗∗ Educación, el Estado y las comunidades: la escuela rural boliviana como campo de batalla en el siglo XX. Modernización y resistencia comunitaria Hablando de la construcción nacional en los países de mayor densidad de población indígena, como los países centroandinos y centroamericanos, ya no se considera novedosa la idea de que en general los proyectos destinados a la transformación de las sociedades rurales — es decir, indígenas — no pudiesen contar con mucho entusiasmo por parte de las poblaciones de las comunidades indígenas que eran los objetos de esta trasformación modernizadora concebida por gobiernos criollos con fuertes complejos de superioridad racial. En el caso boliviano de fines del siglo XIX, como nos han mostrado autores como Tristan Platt, Marie-Danielle Demélas y Marta Irurozqui, estos proyectos de modernización social iban destinados sobre todo a la destrucción del ayllu, que se consideraba un fenómeno indígena atávico que obstaculizaba el progreso «natural» del estado-nación descrito en el positivismo de Auguste Comte y Herbert Spencer, y así condenaba a la Patria al subdesarrollo eterno por su insistencia en mantener las tradiciones incaicas.1 Así, estos proyectos de modernización forzada — implementados por primera vez por el general Mariano Melgarejo en 1866 — tenían por objeto la resolución de lo que se consideraba el «problema indígena»; la definición de éste, aunque nunca explícitamente concretado, se centraba en primer lugar en la presencia misma de las «masas indígenas» y su supuesta insistencia en la conservación de sus tradiciones y estructuras sociales, que por definición criolla eran antimodernas y contraproductivas. El hecho de que el indígena rechazara la modernidad ofrecida por el estado boliviano se atribuía a la incompetencia mental causada por la inferioridad de la raza indígena.2 Dados que el problema indígena se consideraba en general responsable del subdesarrollo boliviano y que el estado buscaba solucionarlo a través de un programa de modernización forzada que acentuaba la destrucción del ayllu, no es nada sorprendente que la ∗ Лейденский университет, Нидерланды. Текст выступления на конференции «Исторические судьбы Латинской Америки в ХХ веке» в мае 2000 г. 75 reacción comunitaria a los proyectos modernizadores estatales no fuera positiva; las comunidades resistían por vías legales tanto que por vía de la violencia los intentos de destruir el ayllu. La constante presión sobre la sobrevivencia comunitaria tal vez resultó en la devastación de muchos de los ayllus individuales con los que contaba el Altiplano a principios del siglo XIX, pero igualmente señaló una nueva era de cooperación entre los que sobrevivieron hasta el siglo XX, así que la conclusión de los historiadores en cuanto a la eficacia del proyecto modernizador del liberalismo boliviano del siglo XIX debe ser, no obstante la innegable reducción del número de ayllus, que este proyecto, en vez de destruir el ayllu, resultó en el fortalecimiento de los ayllus que aprendían a lo largo del trayecto la importancia de coordinación y cooperación entre ellos.3 La falta de éxito del estado se ha atribuido en parte a la falta de recursos del cual sufría – ya que simplemente no contaba con las fuerzas necesarias para ejecutar los proyectos que concebía y porque en lo financiero los presupuestos nacionales y departamentales dependían demasiado de la contribución indígena – pero importa también hacer notar que la base teórica de la que se concebían los proyectos y medidas legales faltaba de entendimiento del universo rural indígena, presumiendo, como lo dictaban los escritos positivistas de la era, que el indígena era incapaz de mayor organización y de adaptación a nuevas circunstancias.4 La subestimación de la competencia mental del indígena a su vez juega un papel subestimado en la historiografía moderna referente a la lucha entre comunidades y estado. El hecho de que el siglo XIX boliviano se caracterizara por una constante lucha entre ayllus tradicionales y estado modernizador nos ha llevado hasta un punto en el que los historiadores interesados hemos adoptado la noción indigenista de los liberales positivistas, la cual insinúa que la contienda entre estado y ayllu se pueda entender como una lucha entre lo moderno y lo tradicional. El ayllu, según la teoría, tiene sus raíces en el pasado incaico5 y hasta debería considerarse la herencia directa del Inca precolombino, preservando las tradiciones sociales, religiosas y culturales de los antepasados en la vida diaria de los miembros comunitarios. Obviamente, cuando el estado amenace la sobrevivencia de las tradiciones culturales y sociales del ayllu por sus proyectos de modernización, el indígena resistirá estos intentos modernizadores por la vía legal o por la fuerza, si es necesario.6 El estado, a su vez, se entiende como un instituto casi demoniaco de poder criollo que tenía un deseo obsesivo de modernizar el país y sus gentes a todo costo, destruyendo las tradiciones incaicas que según él obstaculizaran el progreso positivista. Hemos aquí un modelo bastante simplista del siglo XIX boliviano, 76 en el que juegan sus papeles opuestos los ayllus tradicionales y el estado modernizador. A diferencia de los indigenistas de principios del siglo XX, nuestro modelo ya no atribuye la resistencia comunitaria al proyecto nacionalizante a sus supuestas deficiencias mentales y su ignorancia general, sino ahora a su tradicionalidad cultural: las nociones de modernidad que buscaba implantar el estado criollo eran “ajenas a las realidades andinas”.7 Esta diferencia no es, en realidad, muy grande y sigue la tradición histórica y antropológica que dicta la incompatibilidad de los mundos andino y criollo; el aspecto racista se ha rechazado, pero al igual nos quedamos con la dualidad indigenista que opone la modernidad criolla a la tradicionalidad indígena como polos opuestos.8 El problema que nos enfrenta es que la noción de un mundo andino tradicional que se oponga a la modernidad bajo toda circunstancia no es ni atractiva ni convincente. Los conocimientos que tenemos de la dinámica interna y externa del ayllu no se reúnen bien con la noción de una tradicionalidad total: la sobrevivencia del ayllu en el siglo XXI sugiere un dinamismo y capacidades de adaptación que niegan un tradicionalismo absoluto. Ningún sistema social y económico puede sobrevivir 500 años de opresión, modernización, contactos interculturales y de cambios significativos, si es incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias constante y eficazmente. Es importante que nos demos cuenta de que durante estos siglos el ayllu no haya existido en un estado estático de aislamiento total del mundo occidental. El contacto prolongado con el mundo criollo, no solamente a través del criollo mismo sino también del indígena migrante que optaba por la vida urbana, no puede sino haber influenciado significantemente sobre la vida diaria del ayllu, su funcionamiento y su estructura: es por esto también que los antropólogos que hablan del ayllu como herencia incaica, observan que gran parte de los miembros del ayllu tienen aspecto «fisiológico hispánico».9 La insistencia del antropólogo y del historiador en la tradicionalidad y raíces prehispánicas del ayllu ya no es expresión de una realidad histórica, sino de un fuerte deseo nuestro de entender al indígena como un ser intacto por la modernidad y una negación del dinamismo del indio: el indio sigue teniendo el aspecto del salvaje noble y puro de Jean-Jacques Rousseau.10 No tiene sentido negar que el ayllu tenga sus raíces precolombinas, pero tampoco no tiene sentido negar que los tenga en el pasado hispánico: lo mismo se puede decir en relación a la cultura criolla de la Altiplanicie. Más sentido tiene observar que los dos forman parte de la misma dinámicaintercultural.11 Visto así, el tema de la resistencia comunitaria a la modernización criolla tiene otro aspecto por completo: si aceptamos que el indígena del 77 ayllu no vivía nunca en un aislamiento cultural y que era capaz de adaptarse a las circunstancias de su época, la cuestión de la resistencia comunitaria ya no la podemos explicar simplemente refiriéndonos al tradicionalismo inherente a su cultura estática. Marta Irurozqui, en sus últimos trabajos, ha sugerido que las comunidades indígenas de Bolivia no rechazaban la modernidad y la ciudadanía por su tradicionalidad, sino las condiciones bajo las cuales quería modernizarlas el estado nacional.12 Ella nos expone que la modernización criolla del siglo XIX se caracterizaba por mala aplicación de los planes mismos y que resultaban en la expansión del latifundio y del gamonalismo; la indecisión estatal y la corrupción local causaron alarma y desconfianza por parte de los ayllus, ya que resultaron en la pérdida de terrenos y derechos ciudadanos.13 Dándonos cuenta de que el proyecto modernizador de fines del siglo XIX les robó en la práctica a muchos de los ayllus sus terrenos y derechos, no hay porqué referirnos a la tradicionalidad: este hecho en sí es suficiente explicación para la resistencia comunitaria de aquella época.14 Es importante hacer notar en este momento que, según Irurozqui, la mayoría de los problemas originaban en el nivel de las autoridades locales. La invención de la educación rural e indigenal No cabe duda de que las intenciones del estado en desarrollar un sistema de educación rural – dirigida específicamente a la población indígena – a principios del siglo XX fueran de dar un nuevo impulso al proyecto modernizador. La idea de que la educación pudiera servir como arma en la lucha pro-modernización había nacido ya en los años anteriores a la Guerra Federal, como parte de un movimiento de redefinición del problema indígena, que ya no insistía en que el indígena fuera incapaz de comprender las nociones de modernidad y progreso, sino que su historia y posición social causaran su resistencia al proyecto estatal de renovación social. La consecuencia de este cambio de mentalidad criolla en torno a las «Masas Indígenas» era que el indígena ya no necesariamente constituía un obstáculo a todo progreso, sino que necesitaba la tutela del estado para trasformarlo en ciudadano productivo y obedecedor: la educación sería el método más adecuado para esta tutela y trasformación, ya que no dependía de la fuerza – que a su vez provocaría la violencia rural – sino de una suave persuasión.15 El indio educado sería capaz de reconocer las ventajas de la modernidad y de su incorporación a la nación, y optaría por una vida productiva en vez de mantener sus tradiciones atávicas y estilo de vida atrasado. La educación rural formaba parte integrante de la estrategia estatal para la metamorfosis social del país.16 78 Este proyecto de educación rural civilizadora recibió su primer gran impulso a partir de 1905, cuando el gobierno liberal de Ismael Montes introdujo en el país un sistema de escuelas ambulantes modelándolo a base del sistema utilizado en los territorios indígenas de Estados Unidos.17 El maestro ambulante recorría un trayecto específico entre comunidades de indígenas, para lo cual percibía un premio económico bastante miserable; la intención, como legislada por primera vez en 1907, era meramente la alfabetización y enseñanza religiosa y moral, como preparatorias a la venida de la escuela fija, pero ya en 1908 se consideraba un fracaso el sistema por falta de resultados, y mayor oposición de parte de las autoridades locales.18 No era antes del 1915 que se fundó la primera escuela normal rural, instituto de enseñanza para maestros rurales, en Umala – la cual no sobrevivía mucho tiempo por gran cantidad de problemas insuperables, como la falta de estudiantes; más significativo se puede considerar el hecho de que los pocos egresados se trasladaran a las ciudades y centros urbanos en busca de trabajo.19 A gran diferencia de los anteriores proyectos de trasformación social del indígena, las escuelas – supuestamente los motores de la modernización – se veían recibidas con mucho entusiasmo por las comunidades indígenas a las que debería últimamente destruir. Hasta las primeras escuelas ambulantes se volvían muy populares, aunque ofrecían nada más que la alfabetización y siendo muy pocas, funcionando en general con maestros improvisados.20 Tan grande era el deseo de las comunidades de recibir una educación, que muchas estaban dispuestas a pagar la escuela por su propia cuenta y mandaban sus representantes a la sede de gobierno, La Paz, para pedir autorización para la fundación de una escuela particular.21 Como lo indican autores como Raúl Calderón y Roberto Choque, el entusiasmo comunitario por la escuela y la educación tenía sus raíces en la defensa de la comunidad;22 la alfabetización les proporcionaba a los comunarios la posibilidad de utilizar las leyes vigentes para la defensa de los terrenos y de la ciudadanía como también les daba la libertad de evitar los intermediarios mestizos – ¿gamonales? – para mantener contactos con las autoridades.23 No es por nada tampoco que los hacendados se oponían fuertemente a la educación rural, ya que les dificultaba la tarea de incorporar los terrenos comunitarios a los suyos, y de convertir los comuneros libres en sus colonos. Decían los hacendados que las escuelas servían meramente para convertir a los indígenas en agitadores y rebeldes, y tenemos a nuestra disposición testimonios personales que nos pintan una imagen bastante despreciativa de represión y persecución de indígenas alfabetizados por el mero hecho de saber leer y escribir.24 79 El hecho de que durante el período abarcado entre 1905 – la venida de la escuela ambulante como parte integrante de una política educativa dirigida a la población indígena – y 1936 – año en el que llega al poder el Coronel Toro – la mayor parte de las escuelas indigenales eran del tipo particular, es decir que financiado por la comunidad misma, significa que desafortunadamente no disponemos de cifras en cuanto al número de escuelas en existencia. Podemos apuntar que el número total de escuelas haya crecido entre esos años, pero estas estadísticas se basan casi exclusivamente en las escuelas urbanas:25 lo que sí podemos decir sobre el funcionamiento de las escuelas indigenales es que seguían sin maestros titulares, visto que Georges Rouma mencionó en su informe de 1931 que los alumnos de las normales rurales terminaban sus carreras trabajando en los mismos centros urbanos de los que venían. Ni la vida del campo, ni el pago parecen haber sido muy atractivos.26 Seguro es que, aunque creciendo el número de escuelas indigenales, no eran muchas. La situación de la educación indigenal cambió significativamente con la venida de la década de los 1930. En 1931 se fundó en el departamento de La Paz la famosa escuela-ayllu de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ambos considerados en la actualidad como los héroes de la redención indígena. Este nuevo tipo de escuela era modelado, teóricamente, por la estructura interna de la comunidad indígena incaica, formando parte integrante de la comunidad misma, evitando así el aspecto ajeno de la escuela fiscal; involucraba a los comunitarios en el mantenimiento y se dirigía a la enseñanza de ideas prácticas de agricultura y ganadería. Lo nuevo de Warisata, como se llamaba esta primera escuela-ayllu o núcleo escolar indígena, era que la escuela fija consistiría en diferentes partes: una central administrativa en la región de población más densa, y una serie de seccionales en otras partes del cantón. La administración de la escuela fue compartida con el colegio de “Amautas”, representantes de la comunidad misma, compartiendo así la responsabilidad para el funcionamiento de la escuela con los mismos indígenas.27En sí, el núcleo escolar era un paso significativo en la dirección de una educación propiamente rural-indígena.28 De por sí, el experimento de Warisata no tenía verdadera importancia para la educación rural fuera del cantón hasta la llegada al poder de los Militares Socialistas en 1936, quienes adoptaban una filosofía política que según diferentes autores se puede definir como cualquier corriente político entre el nacional-socialismo hitleriano y el socialismo marxista, según preferencia personal del autor interesado. De hecho, ellos tenían un fuerte interés en la reconstrucción de la nación después de la desastrosa Guerra del Chaco (1932-1935) durante la cual perdía el país gran parte de su territorio nacional, además que 80 dejó arruinada la economía nacional. Según los militar-socialistas, la reconstrucción nacional dependía en gran parte de la exitosa incorporación del indígena a la vida y economía nacionales, noción que en sí no se diferenciaba mucho de las teorías liberales de la época anterior; a diferencia, empero, de sus antecesores liberales, empezaron ellos el primer proyecto gubernamental de introducir la escuela fiscal al campo en cantidades significativas.29 Importante también es la creación de una Dirección General de Educación Indigenal y Campesina, dirección que hasta entonces no existía dentro del ministerio del ramo, indicando el interés serio que tenían los militares-socialistas en implementar un verdadero proyecto de educación indígena. El ministro del ramo educacional, Alfredo Peñaranda, se interesó por el proyecto warisateño y adoptó este modelo como modelo nacional y oficial de la nueva dirección que tomare la educación indígena, empezando así una reforma educativo-rural que cambiaría la estructura de la educación indígena para siempre. Este ministro recorría durante su breve carrera educativa las zonas indígenas del país, fundando núcleo tras núcleo en todo el territorio nacional.30 Además se dictó la medida legal por la cual todas las fábricas, empresas mineras y haciendas con más de 30 niños en edad escolar dependientes estaban obligadas a fundar escuelas a su propia cuenta.31 Obviamente, la resistencia a tal medida fue tremenda por parte de las haciendas y fábricas, pero por lo menos las empresas mineras – que se dieron cuenta de que el nuevo gobierno nu era su aliado como los regímenes anteriores al de Daniel Salamanca – se vieron obligados a construir las escuelas: detalle significante es que éstas se consideraban también entre las mejores escuelas rurales del país, por los recursos disponibles y la seriedad con la que implementaban en general estas empresas dicha medida. No obstante la resistencia hacendera en contra de la fundación de escuelas, tenemos pedidas oficiales de comunidades indígenas de colonos de hacienda en las que se pide ejecución de dicha ley en la hacienda: hasta 1945, se estima que de las 1,500 haciendas con población escolar mayor de 30 niños, solamente 193 han instalado escuelas, la mayoría de ellas por insistencia de los colonos.32 Hecho que confunde la cuestión de las escuelas rurales para comunidades de indígenas es él de que hubiera, a partir de 1931, dos tipos distintos de escuelas rurales: la denominación rural se aplicaba a todas las escuelas fuera de las capitales de departamentos y de provincias, incluyendo así las escuelas de centros urbanos en el campo, como de las capitales secundarias y terceras (hasta quintas) de provincia y aldeas blanco-mestizas; la escuela indigenal incluye solamente las escuelas matrices y seccionales de lo núcleos escolares campesinos y excluye las escuelas particulares de haciendas y comunidades, que 81 también se denominaban “rurales”. La distinción entre escuelas rurales para indígenas y para blanco-mestizos era casi imposible de hacer antes de 1946, cuando se optó por denominar a las últimas de escuelas “cantonales”, manteniendo una distinción completa entre escuelas para indígenas y para no-indígenas. Esta situación dificulta la tarea de enumerar las escuelas rurales para indígenas antes de 1946.33 El incremento de números de alumnos de las escuelas propiamente “indigenales” – es decir las que dependen de núcleos escolares campesinos y selvícolas, que entre 1942 y 1948 crece de 8,323 a 40,016, debe considerarse importante; el número de escuelas indigenales entre los mismos años se eleva de 118 a 898.34 Estos incrementos parecen bastante impresionantes, pero aún así no lo son: la misión educativa estadounidense (El Servicio Cooperativo Interamericano de Educación que dependía del Institute of Inter- American Affairs que operaba desde Washington) fue instrumental en la reforma educativa de mediados de la década de los 1940, insistiendo que el sistema “nuclear” se convirtiera en sistema único, eliminando las escuelas “unitarias” rurales que operaban por todo el país.35 Las “unitarias” para indígenas se convirtieron en escuelas seccionales, dependientes de los núcleos escolares campesinos. Por consecuente, podemos apuntar que en el mismo período el número de alumnos de escuelas “rurales” baja de 67,963 a 35,514, quedando casi igual el número total de alumnos fuera de las ciudades.36 Desgraciadamente faltan los datos provenientes de las escuelas rurales particulares, de las cuales no hay datos de asistencia: considerando que había en 1948 unos 676 – según cifras oficiales – podríamos estimar que entre 10,000 y 15,000 alumnos indígenas asistían en forma regular a estas instituciones.37 Esto significa que en 1948, si calculamos bien los datos proveídos por el ministerio del ramo, alrededor del 10% de la población indígena de edad escolar asistía a las escuelas, mientras en las ciudades esta cifra se elevase al 75%.38 Aún así, si comparamos las cifras de 1931 con las de 1948, la asistencia escolar ha sido multiplicada por tres: gran parte de este incremento se ha dado en las zonas indígenas, en las cuales los números de niños asistentes creció de unos 10,000 a 55,000 (incluyendo nuestras estimaciones en torno a las instituciones particulares). La población escolar indígena de 1948 es casi igual a la total de 1928; no negamos que la escolaridad urbana hubiese visto un mejoro mucho más impresionante, pero aún así queda claro que a partir de 1931, por primera vez, había un intento serio de escolarizar el campo boliviano y de alfabetizar al indígena. 82 La escuela como intermediario entre estado y comunidad La escolarización del agro boliviano, como lo hemos en los párrafos anteriores, ha sido el producto tanto del deseo gubernamental de civilizar al indígena boliviano como del deseo comunitario de escolarizarse; los núcleos eran todos el producto de un proyecto específico del gobierno para la expansión del sistema escolar por el territorio nacional, mientras las particulares eran el resultado exclusivo del deseo indígena de tener escuelas en sus comunidades. Aunque no sepamos cuántos estudiantes había en estas últimas, si es claro que formaron una porción significativa de la población escolarizada indígena.39 Considerando que la educación rural formaba parte de un proyecto de modernización social del estado, el hecho de que la escuela se hiciera tan generalmente deseada en las comunidades indígenas es significativo, no sólo por sus funciones “civilizadoras” y alfabetizadoras, sino también porque en muchos de los lugares más remotos estas escuelas eran las primeras instituciones del estado central que supieran infiltrar las comunidades directamente, es decir sin la intervención de las autoridades locales: éstas, como lo ha mostrado Irurozqui, pueden ser estimados responsables para gran parte del conflicto entre comunidades y estado central a fines del siglo XIX. La escuela y el maestro, por su presencia directa y su autonomía relativa, funcionaban en muchos casos como nexos directos entre estado central y comunidad; eran los maestros que podían denunciar los abusos, fraudesy la represión por parte de las autoridades y élites locales, sobre todo dado que el Ministro de Educación era también Ministro de Asuntos Indigenales. Ya que los hacendados y corregidores resistían, en general, la venida de las escuelas “agitadoras”, el antagonismo entre éstos y el maestro ya era presente antes de la venida de aquél. En los casos más extremos, podemos notar que el ministro responsable actuó para resolver los casos denunciados y no es sorprendente que las comunidades mismas señalaron la posibilidad de acudir directamente al ministro de asuntos indígenas, en vez de perderse el tiempo negociando con las autoridades locales y que lo hicieron a través del maestro: en primer lugar porque éste sabía escribir y en el segundo lugar porque la mayoría de ellos provenían de las mismas localidades en las que trabajaban. En este sentido, la escuela era una forma para evitar la intermediación de las autoridades locales. El preceptor funcionaba igualmente como fuente de informaciones cuasi-independiente de las autoridades locales, como muestra el hecho de que gran parte de las estadísticas en torno a la vida rural provenían no de estas autoridades sino de las escuelas: las estadísticas referentes a 83 la situación en cuanto al servidumbre y pongueaje, coleccionadas en 1937 provenían de las escuelas indigenales y rurales.40 De este punto de vista, la escuela formaba un nexo de tremenda importancia para los proyectos de construcción nacional, evitando cuando era necesario la dependencia de las autoridades locales para implementar sus planes. El mero hecho de que el estado, a través del Ministerio de Educación, tenía posibilidades de infiltrar al campo directamente, sin intervención de intermediarios, debe ser considerado como un cambio significativo en las relaciones internas del país. El campo de batalla Algunos historiadores dedicados a la historia de la educación boliviana hablan de una “lucha por la escuela” por parte de las comunidades indígenas, sugiriendo así una oposición a la escuela indigenal por parte del gobierno boliviano:41 como lo hemos visto, aquella sugerencia no es conforme a los esfuerzos que hacía del Ministerio del ramo para desarrollar un programa de educación indigenal. Al contrario, el Ministerio se interesaba bastante – sobre todo a partir de 1936 – por la expansión del sistema educativo en el campo boliviano, aunque siempre destinando mayores recursos a las escuelas urbanas y de vecinos. El hecho de que le faltaran los recursos para la introducción de escuelas en todo el campo, unido al de que las autoridades y élites locales en muchos de los casos se opusieran a la educación del indígena, sí había resultado en una situación en la que las comunidades, sean de colonos o de ayllus, tenían que esforzarse ellas mismas por la construcción y el mantenimiento de los establecimientos escolares, dependiendo éstos mayormente de los recursos propios de las comunidades a las que referimos. La expansión de la educación rural boliviana, entonces, puede describirse mejor como un esfuerzo indígena que una lucha. El hecho de que gran parte de la expansión educativa hacia el campo dependiera de las comunidades mismas es significante, no solamente porque indica que al estado le faltaban los recursos necesarios para efectuar su proyecto de integración y construcción nacional, sino sobre todo porque es indicativo del fuerte deseo por parte de ellas de escolarizarse y de obtener acceso a la educación; siendo aún más limitados sus recursos financieros – y muchas veces pagando al maestro local in natura – la construcción y el mantenimiento de una escuela significaban un sacrificio comunitario bastante grande. No solamente el sacrificio económico debemos considerar: la construcción y el funcionamiento de una escuela “de agitadores” incitaban resistencia fuerte por parte de los vecinos y hacendados, y esta resistencia era a su 84 vez violenta. También las autoridades locales resistían la venida de escuelas a sus cantones, ayllus y aldeas, ya que la alfabetización se consideraba un peligro para el orden establecido de sub-prefectos, corregidores y mayordomos. De este punto de vista, tal vez sería posible hablar de una “lucha”.42 El mero hecho de que en general las comunidades indígenas diesen la bienvenida a las escuelas y sus preceptores significaba que por primera vez el estado era capaz de introducir un instrumento suyo de modernización dentro de las comunidades que tanto despreciaba. En muchos casos, la escuela – de las cuales no había muchos hasta principios de la década de los 1930 – era la única representante del estado nacional en la campiña y así se convertía en el instrumento más adecuado de infiltración estatal. Una consecuencia importante de este hecho es que el maestro rural así se convertía rápidamente en representante del estado nacional dentro de las comunidades: como representante del estado tenía la tarea de civilizar al indígena, pero al mismo tiempo funcionaba el maestro como portavoz de la comunidad hacia el estado. En muchos casos, el maestro se veía como nexo de trascendental importancia entre gobierno central y comunidad indígena, teniendo sólo él una línea abierta y directa con el ministerio y a través de éste, con el gobierno nacional. A través del maestro, se podía evitar la mediación de autoridades locales y clericales para el mantenimiento de contactos entre los dos partidos interesados en el proyecto de construcción nacional; en muchos casos, fue el mismo maestro quien tenía posibilidades para indicar abusos, corrupción y fraudes por parte de las autoridades locales, como eran los mayordomos, corregidores, hacendados, municipalidades y hasta incluyendo las sub-prefecturas.43 Del punto de vista de la civilización del indígena – motivo inicial del estado para la concepción de la expansión del sistema educativo – la escuela se puede entender como un instrumento de la modernización contraproductivo, dado que no resultó nunca en el abandono general del ayllu, sino al contrario en su fortalecimiento, pero al mismo tiempo que la escuela actuaba en la defensa comunitaria también introducía elementos de la modernidad a ella; la alfabetización no sólo se dejaba utilizar para la autodefensa comunitaria, pero también abría el paso hacia una mayor participación política – hay ejemplos de indígenas letrados que obtienen el sufragio – y hacia una integración mayor en la vida nacional, a través del acceso a los recursos del estado central y de las redes nacionales de información.44 El intercambio de informaciones y el acceso a las vías legales para la defensa comunitaria también insinúan una participación en la vida nacional que antes no había en esta forma. Visto que las autoridades locales no siempre cooperaban 85 con el estado nacional en sus proyectos renovadores y modernizadores – que amenazaban su superioridad social y económica – la escuela como instituto para la civilización del indígena tenía posibilidades de infiltrar en los lugares en los cuales la influencia política del estado era limitada por oposición de las élites regionales.45 1 Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World 18th to 20th Centuries, Madison, 1987; Irurozqui M.Las paradojas de la tributación. Ciudadanía y política estatal indígena en Bolivia, 1825-1900.// Revista de Indias, 1999.vol. LIX/217, pp. 705-740; Irurozqui M.The Sound of the Patutos: Politicisation and Indigenous Rebellions in Bolivia, 1826-1921 // Journal of Latin American Studies, 2000, vol. XXII/1, pp. 85-114; Demélas M.D. L’invention politique. Bolivie, Equateur, Pérou au XIXe Siècle. Paris, 1992. 2 Demélas M.D. Op.cit. P. 361-371. 3 Ticona E., Albó X. Jesús de Machaqa: la marka rebelde. vol. III. La Paz, 1997. P. 93-97. 4 Demélas M.D. Op.cit. P. 361-371 5 En el caso de los Aymara, por lo menos, se puede discutir estanoción ya que los Aymara resistían exitosamente al imperialismo cultural y religioso del Inca. 6 Así lo expresan también Neil Rasnake y Alberto Flores: Neil Rasnake, Domination and Cultural Resistance, P. 46-48 y Alberto Flores Galindo, In Search of an Inca, P. 207. 7 Resistance, Rebellion, and Consciousness. P. 318. 8 Painter M. Re-creating Peasant Economy in Southern Peru. 9 Harris O. Ethnic Identity and Market Relations. P. 359. Ella nos dice que a finales del siglo XVII toda cultura indígena ya había mestizado en sus aspectos culturales y económicos, a causa de la interacción constante con lo occidental. 10 Painter M. Op.cit. P.99-105 11 Para la defensa de esta hipótesis: Marisol de la Cadena, Indigenous Mestizos 12 Irurozqui M. The Sound of the Patutos. P. 99-101. 13 Ibidem. 14 Irurozqui M. A bala, piedra y palo. P. 80. 15 Soria Choque V. Los caciques apoderados y la lucha por la escuela (1900- 1952). 1992. P. 49-51 16 Irurozqui M. A bala, piedra y palo. P. 113; Soria Choque V. Op.cit. P. 49-51. 17 Getino Conseco E. Bolivia: influencia de las transformaciones socio-políticas en la educación. (n.p.). Barcelona, 1989. P. 58. 18 Ibid. P. 77-79. 19 Interesa darse cuenta que uno de los problemas enfrentados por los alumnos de las normales rurales era la de la práctica de la que faltaban: la inexistencia de escuelas elementales – es decir fijas – hizo imposible la aplicación en práctica de teorías y conocimientos. Choque, “La problemática”, p. 16. 86 20 Calderón Jemio R. La “deuda social” de los liberales de principio de siglo: una aproximación a la educación elemental entre 1900-1918.// Revista Data. 1994.vol. V, P. 68-72. 21 Este fenómeno ya se daba a principios del proyecto educacional, es decir en la época del primer gobierno de Montes. - Calderón J. Op.cit.; Getino C.E. Op.cit. P. 102. 22 Soria Choque V. Los caciques apoderados y la lucha por la escuela; Choque Canqui R. La problemática de la educación indigenal// Revista Data. 1994. vol. V. P. 9-34; Calderón Jemio R. Op.cit. 23 Soria V. Op.cit. P.60-61. 24 Mamani Capchiri H. La educación india en la visión de la sociedad criolla, 1920-1943. P. 85-88 25 Sólo del departamento de Chuquisaca en el año 1929 existe la cifra de 68 escuelas indigenales funcionando; Joaquín Mercado, Los problemas de la educación rural boliviana, p. 1. 26 Getino C.E. Op.cit. P. 102. 27 También Amauttas, Amawtas o Amawt’as, según preferencia del autor. 28 La historia, tal como una propaganda tremenda en favor de la escuela-ayllu se puede encontrar en la autobiografía del inventor suyo, Elizardo Pérez, Warisata. 29 Uno de los primeros hechos del nuevo gobierno es de crear un presupuesto extraordinario de Bs. 1,000,000 exclusivamente para la creación de escuelas indigenales. - Archivo de La Paz (ALP).ME/ME-COP36, No. 341, p. 343, 6 julio 1936, Oficial Mayor del Ministerio de Instrucción Pública al Director General de Educación Indigenal; RS30/05/36 30 Pérez E. Warisata. La escuela-ayllu. La Paz, 1992. P. 159; Eran diez los núcleos creados sólo en 1936, según el mensaje presidencial de 1936: Getino C.E. Op.cit. P. 118. 31 DS19/08/38 32 ALP/ME/MECOR45, 16 oct 1945, Ministro de Educación al Presidente del Honorable Congreso Nacional: ref. decreto supremo no 320, de 15 de mayo de 1945, complementario del DecLey de 19 de agosto de 1936. Al mismo tiempo, funcionan en el territorio nacional 326 escuelas particulares de ayllus: ALP/ME/MECOR45, 21 mayo 1945, Toribio Claure: INFORME Labores de la ex-vocalía. Estas cifras son aproximadas y hay otras aproximaciones que dan cifras mayores. 33 ALP/ME/MECOR45, sin fecha, del jefe del departamento escolar a la Honorable Cámara del Congreso Nacional: Petición de informe 90/45. 34 ALP/ME/MEVAR48-I, 4 feb 1948: INFORME LABORES STADÍSTICAS; Donoso Torres V. El estado actual de la educación en Bolivia. Informe a la misión Magruder. La Paz, 1942. P.16-17. 35 Sobre el interamericanismo educativo, véase: Siekmeyer J. Aid, Nationalism, and Inter-American Relations. Guatemala, Bolivia, and the United States 1945- 1961, Lewiston, 1999.; National Archives and Records Administration 87 (Washington, D.C.) /RG229/BOX1175, Map 7a “Special Reports”, 22 Noviembre 1946: Colonel Arthur Harris, “report on educational program Bolivia”, p. E4 36 ALP/ME/MEVAR48-I, 4 feb 1948:INFORME LABORES ESTADÍSTICAS; Donoso Torres V. Op.cit. P. 16-17 37 El número mínimo para la autorización fue de 30 alumnos cada escuela, pero los informes de inspectores de la época coinciden en que en general menos de la mitad de este número mínimo asistía; hace falta notar que los datos del ministerio en cuanto a escuelas particulares no tienen credibilidad alguna 38 Calculado de las cifras en: ALP/ME, MECOR48, 21 Junio 1948: INFORME Labor realizada en la sección estadística, 1948. 39 Desafortunadamente nos faltan también datos sobre el porcentaje de “particulares” que fueron convertidas en “unitarias” o “seccionales”. 40 Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (La Paz)/MIN1-101 Educación y Asuntos Indigenales, del Ministro de Educación al Ministro de RREE, de fecha 18 de enero de 1937: Estadísticas Rurales. 41 Como son Roberto Choque, Raúl Conde y Vitaliano Soria. 42 Hecho que queda bastante claro a base de los documentos del Ministerio de Educación y de la Prefectura Departamental de La Paz (a encontrarse en ALP y ALP/ME). 43 Tenemos a nuestra disposición bastante documentos de este tipo, indicando el maestro irregularidades al nivel de las autoridades locales; en general, el ministro de educación tenía jurisdicción para intervenir, siendo también ministro de asuntos indigenales y por lo tanto responsable para el buen trato de los indígenas. 44 Irurozqui M. The Sound of the Patutos. P. 105. 45 Este aspecto de la escuela ha sido subestimado en la historiografía, que sobre todo ha sido dedicado a la importancia para la autodefensa comunitaria.
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