NAR_Bagley_Unidad_3

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POLÍTICAS DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS 
EN ESTADOS UNIDOS: 
¿QUÉ FUNCIONA Y QUÉ NO FUNCIONA?* 
BRUCE M. BAGLEY 
La administración del presidente George W. Bush (2001-2009) sos- 
tenía al final de su segundo mandato que Estados Unidos estaba "ga- 
nando" la "guerra contra las drogas" que había durado décadas1. Los úl- 
timos informes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas 
(ONDCP) y del Departamento de Estado indicaban como signos de 
progreso los records en las incautaciones de cocaína y en la erradicación 
en Colombia, además del desbaratamiento de las redes de contrabando 
en Colombia y México. "En el extranjero, los esfuerzos en contra de 
la droga han reducido poco a poco los canales que traen cocaína a los 
Estados Unidos" afirmaba la ONDCP en el informe de la Estrategia 
Nacional contra las Drogas en 2008. Pronunciamientos similares acerca 
del progreso en la guerra contra las drogas han sido emitidos de manera 
repetida por casi todos los gobiernos de Estados Unidos desde la admi- 
nistración Nixon, quien en 1973 afirmaba que Estados Unidos había 
dado vuelta la página de la adicción y el uso de drogas. En 1990, el "zar 
antidrogas" William Bennett, opinaba que Estados Unidos estaba en el 
"camino a la victoria" en cuanto al abuso de las drogas. A comienzos de 
2007, la ONDCP indicó que el breve incremento del precio de la cocaí- 
na era una clara evidencia del "éxito" de la guerra contra las drogas. 
Sin embargo, en 2007, los estadounidenses, sólo el 4.5% de la pobla- 
ción mundial, consumían casi el 60% de la producción ilegal de droga. 
Más aún, en Estados Unidos las drogas ilícitas, incluyendo la marihua- 
na, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y otras drogas sintéticas 
 
* Este texto fue traducido por María Mercedes Gómez. 
1 Los datos de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) 
durante la década de 2000 pueden ser consultados en http://www.whitehousedru- 
gpolicy.gov 
 
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284 BRUCE M. BAGLEY POLÍTICAS DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS EN ESTADOS UNIDOS ¿QUÉ FUNCIONA Y QUÉ NO FUNCIONA? 285 
 
como el éxtasis, son, en 2009, más disponibles, más puras y más baratas 
que hace 25 años. 
De hecho, a pesar de que en los años recientes en Estados Unidos 
hubo una cierta disminución en el uso total de drogas, especialmente 
entre los adolescentes (de 11,6 a 9,8% desde 2002 y una similar reduc- 
ción en el consumo de marihuana de 8,2% a 6,7%) la tendencia a largo 
plazo no es positiva. Si se extiende el análisis 15 años atrás, hasta 1992 
cuando el índice de consumo de drogas por adolescentes era sólo 5,3% 
y el de marihuana 3,4%, es claro que a pesar de que ha disminuido un 
poco en los últimos 5 años, el uso de drogas por adolescentes es hoy casi 
el doble de lo que era hace 15 años. 
Sin embargo, los índices de uso de drogas en Estados Unidos no son 
excepcionalmente altos si se los compara con los de otros países capita- 
listas desarrollados. Aproximadamente uno de cada quince estadouni- 
denses de más de 12 años usa actualmente alguna droga ilícita. Este es 
un dato mucho menor al registrado por ejemplo en Gran Bretaña y es 
similar al de España. La prevalencia en Estados Unidos y en Europa es 
más alta entre adolescentes mayores y jóvenes adultos, trepando hasta 
cerca del 40% de uso entre los estudiantes de último año de secundaria. 
La mayoría de los estadounidenses que prueba las drogas sólo las usa 
en contadas ocasiones y después las deja. El típico consumidor de largo 
plazo fuma marihuana y generalmente deja de hacerlo en algún mo- 
mento entre los 25 y los 30 años. 
Lo que estos datos no captan bien es el modelo negativo de compor- 
tamiento que acompaña el uso de drogas y se traduce en altos costos so- 
ciales, especialmente en los crímenes por drogas, en los efectos nocivos 
sobre la salud, en la mortalidad prematura y la pérdida de productividad 
económica. Estos problemas vinculados a la droga tienden a ser peores 
en Estados Unidos que en otros países ricos por la cantidad de estado- 
unidenses que son dependientes de drogas altamente adictivas y caras 
como la cocaína (en particular el crack), la heroína, y las metanfetami- 
nas. La marihuana, es por mucho, la droga más ampliamente usada en 
Estados Unidos, pero produce sólo una pequeña porción de los costos 
asociados al uso de drogas, en gran medida porque los costos de la ma 
rihuana son relativamente bajos y su distribución y venta generan bajos 
niveles comparativos de crimen y violencia. 
El uso compulsivo de drogas caras y altamente adictivas en Esta 
dos Unidos es el legado de cuatro grandes "epidemias" de drogas que se 
desarrollaron en el país durante las últimas cinco décadas. El t érmino 
 
"epidemia de drogas" se usa acá para subrayar el hecho de que el uso de 
drogas es un comportamiento aprendido, transmitido de una persona a 
otra. En efecto, las pruebas disponibles indican de manera inequívoca 
que son los amigos o familiares que usan drogas, más que los agresivos 
proveedores y traficantes los responsables principales de la iniciación al 
uso de las drogas. En una epidemia de drogas los índices de iniciación 
en un área determinada suben dramáticamente cuando usuarios nuevos 
de drogas muy contagiosas inician a amigos y compañeros. Pero al me- 
nos con la heroína, la cocaína y el crack, los adictos de largo plazo no son 
especialmente contagiosos. Con frecuencia están socialmente aislados 
de nuevos usuarios porque revelan los aspectos negativos y las conse- 
cuencias de la adicción. En la etapa siguiente de la epidemia, usualmen- 
te durante la década siguiente o en un tiempo menor, se presenta una 
caída rápida de la iniciación porque disminuye la población susceptible 
debido a que hay menos personas que no usan drogas o porque la repu- 
tación de las drogas se empaña debido al mayor conocimiento sobre las 
consecuencias adversas vinculadas al uso prolongado de un determinado 
tipo de droga. En la tercera etapa, el número de usuarios dependientes 
se estabiliza y normalmente disminuye de manera gradual durante los 
años siguientes. 
La primera epidemia moderna de drogas en Estados Unidos invo- 
lucró la heroína. Tuvo un comienzo rápido, a finales de la década de 
1970, principalmente en algunas grandes ciudades y con mayor fuerza 
entre comunidades urbanas negras e hispanas. El retorno de los sol- 
dados estadounidenses de Vietnam, en donde la heroína era abierta- 
mente disponible, parece haber sido un factor importante. El número 
anual de nuevos usuarios de heroína en Estados Unidos tuvo un nivel 
máximo a comienzos de la década de 1970 y luego cayó en casi el 
50% a finales de la década y se mantuvo bajo hasta mediados de la 
década de 1990 cuando comenzó una nueva epidemia de esa droga. 
Para muchos usuarios la primera epidemia fue letal y para los que 
sobrevivieron, las consecuencias de su adicción les generaron severos 
impedimentos de salud y el impedimento insuperable de conseguir un 
empleo productivo. 
La cocaína en polvo fue la fuente de la segunda epidemia de dro- 
gas en Estados Unidos. Esta epidemia fue más larga y alcanzó un 
pico más alto que la epidemia de la heroína. Propagada de manera 
ampliaa través de todas las razas y clases sociales, la iniciación a la 
cocaína alcanzó su punto máximo a comienzos de la década de 1980 
 
 
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y cayó bruscamente, en casi un 80%, a finales de esa década. La de- 
pendencia siempre sigue a la iniciación y el uso de la cocaína se hizo 
más preponderante a mediados de la década en la medida en que el 
grupo de quienes experimentaban con la droga crecía. El número de 
usuarios dependientes alcanzó la cima en 1988 y decayó moderada- 
mente a partir de entonces, durante la década de 1990 y a comienzos 
de 2000. 
La tercera epidemia implicó el uso del crack. A pesar de estar clara- 
mente vinculado con el polvo de cocaína, la epidemia del crack (cocaína 
fumable) se concentró en las minorías urbanas. El momento del inicio 
varió según la ciudad. En Los Angeles y Nueva York, por ejemplo, co- 
menzó alrededor de 1982. En Chicago, en 1988. Sin embargo, en todas 
las ciudades de Estados Unidos en las que hubo una iniciación de la epi- 
demia de crack durante la década de 1980, ésta parece haber alcanzado 
su pico en dos años y parece haber dejado una vez más a la población 
con un problema de adicción crónico y devastador. 
La cuarta epidemia importante de drogas que azotó a Estados Uni- 
dos implicó el uso de metanfetaminas. Esta epidemia se extendió gra- 
dualmente del oeste al este durante la década de 1990 y comienzos de 
2000 y afectó a dos terceras partes del país, principalmente a las regiones 
en las que la cocaína era menos común. Ya había alcanzado su pico y se 
había estabilizado en la costa Oeste cuando comenzaba la expansión 
rápida en los valles de los ríos Mississippi y Ohio a mediados de la dé- 
cada de 1990. En 2008 todavía no había infectado a la mayor parte de 
la costa Este. 
Ha habido otras epidemias (por ejemplo la del éxtasis), pero la he- 
roína, la cocaína (incluyendo el crack) y las metanfetaminas son respon- 
sables probablemente del 90% de los costos sociales asociados con el 
uso de drogas ilícitas en Estados Unidos durante los últimos cincuenta 
años. Es importante señalar que la caída pronunciada de los precios de 
la heroína y la cocaína en las calles de Estados Unidos desde finales de 
la década de 1970 no provocó nuevas epidemias que involucraran esas 
drogas. La iniciación en las drogas sube cuando los precios bajan, pero 
cuando una droga adquiere mala reputación es improbable que comien- 
ce una nueva epidemia, incluso si los precios se mantienen bajos. Un 
factor importante para la protección contra una nueva explosión de una 
droga, al menos por unos años, es la información acerca de las conse- 
cuencias negativas de su uso. 
I. Balance general de veinticinco años de políticas de 
control de drogas en Estados Unidos 
El Gobierno de los Estados Unidos gasta miles de millones de dóla- 
res por año en el control de las drogas. John Walters, el "zar antidrogas" 
de la administración Bush, estableció que los gastos federales en contra 
de las drogas ascendieron a USS 12.5 mil millones en 2006. Este total 
excluye gastos federales clave como el costo de procesos federales por 
drogas y encarcelamiento de prisioneros, que para la mayoría de los ana- 
listas deberían estar incluidos. Dejar esos costos fuera permite a Was- 
hington asegurar hoy que las políticas antidrogas de Estados Unidos 
igualan las políticas de reducción de la oferta (la mayoría de persecu- 
ción) y las políticas de reducción de la demanda (la mayoría de preven- 
ción y tratamiento). Incluir los gastos federales de los procesos federales 
y los costos de prisión, sin embargo, aumenta los costos anuales federales 
contra las drogas a aproximadamente US$ 17 mil millones por año. El 
Estado y los gobiernos locales en Estados Unidos gastan aún más, así 
que el total de los costos de la "guerra contra las drogas" ha excedido 
probablemente los USS 40 mil millones anuales durante los últimos 
años. El gasto total de la "guerra contra las drogas" en todos los niveles 
del Gobierno de los Estados Unidos durante los últimos veinticinco 
años se aproxima a la innecesaria y astronómica suma de US$ 1 billón. 
¿Qué tipo de programas de control de drogas funciona, si alguno 
funciona? ¿Qué programas tienen una mejor relación costo-beneficio? 
Acá se analizarán los principales elementos o aspectos de las políticas 
de drogas de Estados Unidos con un énfasis en el control de la demanda 
en Estados Unidos. Para establecer el contexto de la evaluación de las 
estrategias de control de la demanda es necesario empezar con un breve 
repaso y análisis de los programas de control de la oferta en Estados 
Unidos, incluyendo la erradicación e interdicción. 
II. Control de la oferta y programas de interdicción 
La mayoría de los programas antinarcóticos se concentran en la 
aplicación de las normas coercitivas, especialmente en contra de los 
vendedores y traficantes. Es interesante que un énfasis similar sea nor- 
malmente característico de las campañas contra las drogas de los paí- 
ses con aproximaciones menos prohibicionistas y punitivas, incluyendo 
Holanda. A pesar de que la erradicación y la sustitución de cultivos en 
 
 
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los países de origen y fuera del territorio de Estados Unidos, especial- 
mente en las repúblicas andinas de Colombia, Perú y Bolivia, reciben el 
mayor espacio en la cobertura mediática, significan relativamente poco 
en términos del presupuesto federal de drogas (aproximadamente US$ 
1.000 millones en 2006). Los esfuerzos de interdicción; el decomiso 
de cargamentos de droga y el arresto de "muías" o correos entrando a 
Estados Unidos, recibe mayores fondos; aproximadamente US$ 3.000 
millones en 2006. 
En la práctica, durante los últimos veinte años, la erradicación, la 
sustitución de cultivos en los países de origen, o los esfuerzos de inter- 
dicción no han demostrado capacidad de generar algo más que una re- 
ducción transitoria del consumo de drogas en los Estados Unidos (o en 
Europa en este caso). Tampoco ofrecen una promesa de mayor eficiencia 
en el futuro próximo. Estas políticas se concentran en la desintegración 
de las fases iniciales de las cadenas de producción y distribución cuando 
las drogas ilícitas son aún relativamente baratas y fáciles de reemplazar 
porque hay mucha tierra, trabajo y rutas alternativas disponibles para 
permitir la adaptación de los traficantes a las políticas y tácticas del Es- 
tado en contra de las drogas. En efecto, esta desintegración produce 
incrementos marginales en los costos del cultivo, refinamiento y contra- 
bando de las drogas ilícitas y no logran que la producción y el tráfico de 
drogas pierdan la suficiente rentabilidad para desestimular a las organi 
zaciones criminales transnacionales involucradas. 
III. La aplicación coercitiva de la ley y encarcelaciones 
La mayor parte de los recursos para el control de las drogas en Esta- 
dos Unidos está destinada a la aplicación coercitiva de las leyes que las 
prohíben. Entre1980 y 1990, se propagó la dependencia de las drogas 
y se multiplicaron rápidamente las violentas organizaciones de tráfico 
y mercado a la vez que el número de encarcelaciones por drogas fue de 
210.000. Entre 1990 y 2000 los problemas vinculados a la droga co- 
menzaron a reducirse, pero los encarcelamientos continuaron creciendo 
a pesar incluso del descenso en los índices de consumo, adicción y crí- 
menes relacionados con las drogas. Para 2007 la población carcelaria en 
Estados Unidos era de 2.200.000, la mitad de los cuales lo estaba por 
delitos vinculados a las drogas, (la mayoría no violentos). 
La justificación de la severidad de los castigos para los crímenes 
vinculados a las drogas afirma que los altos índices de encarcelamiento 
 
reducirían el uso y los problemas de las drogas. La teoría sostiene que 
la estricta aplicación de las leyes eleva los riesgos de traficar con drogas 
y así conduce a muchos traficantes a dejar el negocio. Además hace que 
los que continúan con el negocio suban los precios por el aumento en 
los riesgos. Con esta lógica el precio de las drogas ilícitas debería subir. 
Sin embargo, las tendencias del precio durante los últimos veinticinco 
años han seguido la dirección opuesta, es decir, han bajado. Por supuesto 
que es posible que los precios hayan bajado aún más de no haber sido 
por la masiva aplicación de la ley, como argumentan varios funcionarios. 
Sin embargo, incluso aceptando esa tesis contra fáctica, observando los 
inmensos costos que implica el encarcelamiento de tantos estadouni- 
denses por crímenes no violentos vinculados con la droga, (alrededor de 
US$ 30.000 a 40.000 por preso por año dependiendo del estado) para 
muchos analistas es evidente que el crecimiento de las encarcelaciones 
no es una política de control de drogas con una buena relación costo- 
beneficio. 
Más aún, no hay absolutamente ninguna evidencia que apoye la idea 
de que una más estricta aplicación de la ley haya hecho que la cocaína o 
cualquier droga sean de más difícil acceso para los estadounidenses. La 
fracción de estudiantes de secundaria que informan que la cocaína está 
disponible a pedido ha permanecido estable en 50% durante los últimos 
veinte años. 85% de los estudiantes de secundaria han afirmado de ma- 
nera consistente lo mismo en relación con la marihuana. 
¿Por qué entonces, frente a una evidencia tan abrumadora de que el 
énfasis en la aplicación estricta de ley, especialmente en las encarcela- 
ciones de quienes cometen delitos no violentos vinculados con la droga, 
no funciona bien y no presenta una buena relación costo-beneficio, el 
gobierno federal sigue insistiendo en esa estrategia? Cualquier expli- 
cación adecuada a este dilema requiere que el estudioso incursione en 
las dinámicas intermésticas2 de la formulación de políticas de drogas en 
los Estados Unidos contemporáneos. Para decirlo brevemente, se ponen 
en juego al menos cuatro niveles diferentes de explicación. Primero, es 
obvio que en la política contra las drogas de Estados Unidos hay un alto 
grado de dependencia de las decisiones pasadas, esto es, esas decisiones 
tomadas en el pasado marcan la política presente y hacen que las modi- 
ficaciones o las desviaciones de la actual estrategia y táctica prohibicio- 
 
2 Con este término se expresa la relación estrecha entre los asuntos domésticos e 
internacionales producida por la globalización (Nota de! Traductor). 
 
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nistas y punitivas sean difíciles, sino imposibles, de adoptar por parte de 
los tomadores de decisión. 
A pesar de que es posiblemente válida, esta explicación no da res- 
puesta a la pregunta de por qué el Gobierno de Estados Unidos tomó 
ese camino particular en primer lugar y por qué es tan difícil de cambiar 
hoy cuando se está frente a una importante evidencia empírica acerca de 
que la estrategia no está siendo exitosa en prevenir o reducir sustantiva- 
mente el uso y abuso de las drogas en la sociedad estadounidense. Una 
primera aproximación a una explicación más comprehensiva involucra 
el estudio del trasfondo puritano y religioso que tiene el rechazo al uso 
de las drogas. La sociedad en Estados Unidos es muy religiosa: todas las 
sectas protestantes, especialmente los grupos evangélicos, los católicos, 
los judíos y los musulmanes condenan unánimemente el uso de las dro- 
gas. Esta condena moral a las drogas pesa mucho en contra de cualquier 
cambio de aproximación en la política dominante actual anclada en la 
prohibición y el castigo. 
Segundo, las casi cinco décadas de epidemias cíclicas de drogas han 
reforzado de manera decidida el rechazo a las drogas basado en convic- 
ciones religiosas de la región central de Estados Unidos. El voto de la 
clase media ha reflejado y reforzado actitudes prohibicionistas rígidas y 
preferencias políticas de la mayoría de los votantes estadounidenses. En 
breve, los padres en Estados Unidos creen que sus hijos van a caer en 
la próxima epidemia de droga y usan su voto para apoyar las políticas 
prohibicionistas con la esperanza de que sus familias puedan quedar 
protegidas de tal peligro. 
Tercero y último, los acuerdos institucionales y electorales del sis- 
tema político en el cual la totalidad de la Cámara de Representantes 
(435 miembros) debe ser elegida o reelegida cada dos años, hace que 
experimentar con alternativas a las actuales políticas punitivas y prohi- 
bicionistas sea totalmente imposible. Cualquier Representante que de 
fienda públicamente una política no represiva puede perder la siguiente 
elección, lo que trunca cualquier posibilidad de incorporar críticas al 
proceso de elaboración de políticas del Congreso. El hecho de que una 
tercera parte del Senado (100 miembros por un período de seis años) 
deba presentarse a elección es también limitante, incluso si lo es un poco 
menos. El resultado final es que la innovación en las políticas contra 
las drogas en los niveles nacional o federal es virtualmente imposible e 
impermeable frente a las evaluaciones hechas sobre bases empíricas que 
concluyen que las políticas actuales no están funcionando. 
Al contrario, la política contra las drogas a nivel de los gobiernos 
estaduales está mucho más inclinada a la innovación. Esto se debe en 
gran medida al hecho de que los estados, más que el Gobierno Federal, 
soportan la mayor parte del peso administrativo y los costos derivados 
de la ejecución de las políticas federales actuales, tales como los encar- 
celamientos. El resultado es que estados como California, Nueva York y 
Florida han empezado a experimentar con las políticas de reducción de 
daños en lugar de las punitivas, en especial para los casos de los crímenes 
cometidos por jóvenes y sin usar la violencia. Los relativamente nuevos 
tribunales de drogas que surgieron en varios estados durante las últimas 
décadas y la Proposición n° 36 de California (que impone tratamiento 
antes que cárcel para los crímenes no violentos vinculados con la drogas) 
parecen prometer una reforma a las políticas contra las drogas a nivel de 
los estados en los próximos años. Presentaremos a continuación algunos 
de estos nuevos programas. 
IV. Prevención y educación 
La Corporación RAND, que estudia los programas de prevención 
en Estados Unidos, ha encontrado que los programas de prevención 
son al menos doce veces más eficientes en la reducción del uso de las 
drogas por parte de los estudiantes de primaria y secundaria por cada 
dólar gastado que los programas enfocadosen la oferta o los programas 
de interdicción3. A pesar de estos resultados positivos, es verdad que 
las evaluaciones empíricas no han demostrado que los programas de 
prevención más usados en las escuelas de Estados Unidos (por ejemplo 
el programa DARE4) tengan impactos significativos, de largo plazo, en 
la reducción del uso de las drogas entre la juventud de Estados Unidos. 
En efecto, incluso los programas de prevención más sofisticados parecen 
sólo producir descensos modestos y temporales en el consumo entre 
adolescentes que tienden a diluirse al final de la secundaria, o inmedia- 
tamente después de la graduación. 
Dado que un gran número de estos programas contemplan sólo 30 
horas de contacto con los estudiantes, no es sorprendente que sean rela- 
 
3 Los resultados de varias investigaciones sobre el uso de drogas publicados en los 
últimos veinte anos por la Drug Policy Research Center de la Corporación RAND 
pueden se consultados en: http://www.rand.org/multi/dprc/ 
4 Sobre el Drug Abuse Resistance Education program ver, http://www.dare.com/ 
home/default.asp 
 
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tivamente inefectivos para contrarrestar los efectos a favor de la droga 
que tiene la socialización con amigos y familiares, el cine y la televisión 
que son conocidos estímulos para la iniciación. Pero incluso recono- 
ciendo las limitaciones inherentes a esos programas, los costos presu- 
puestales por estudiante involucrado en los programas de prevención en 
las aulas son tan bajos que son moderadamente positivos en términos 
de costo-beneficio. 
Para mejorar la efectividad general de la prevención en la escuela, 
muchos expertos afirman que es necesario empezar temprano en los 
primeros años de primaria y continuar a lo largo de toda la secundaria, 
que sean dinámicos e interactivos en lugar de un discurso en el que los 
destinatarios tienen una actitud pasiva y que el número de horas de con- 
tacto sea incrementado sustantivamente. Además, muchos expertos sos- 
tienen que estos programas deben extenderse más allá de la secundaria 
bajo el modelo de educación pública continuada para jóvenes adultos. 
Las campañas antidrogas a través de los medios de comunicación no 
han mostrado, de acuerdo con investigaciones empíricas, ningún efecto 
sobre los patrones de uso de las drogas. Las evaluaciones de las cam 
pañas de los medios en contra de las drogas son obviamente difíciles 
y problemáticas porque es casi imposible aislar un grupo que no esté 
afectado por otros factores y medir de manera precisa el impacto que 
esas campañas tienen sobre él. Sin embargo, evaluaciones conocidas de 
las campañas de los medios (como la Westat y la de Annenberg School 
of Communications sobre la cara y ampliamente vista campaña telcvisi 
va contra las drogas5) indican que esos esfuerzos publicitarios no tienen 
efectos discernibles en el uso de drogas en Estados Unidos. 
De acuerdo con lo que se sabe sobre los de los ciclos pasados de 
las epidemias de drogas en Estados Unidos, especialmente en relación 
con las dinámicas de iniciación, estabilización y reducción gradual del 
uso, hay pocas dudas acerca de que la información acerca de los efec- 
tos negativos del abuso de las drogas es de fundamental importancia 
para la efectiva reducción de su uso en la sociedad estadounidense. Este 
conocimiento parece indicar entonces que campañas de información 
públicas, permanentes y ampliamente difundidas son más eficientes en 
el largo plazo que los caros, cortos y pretensiosos comerciales de tele- 
visión que parecen preferir las autoridades de Estados Unidos. Llegar a 
diversos grupos étnicos, raciales, etarios y de clase con mensajes apropia- 
 
5 Ver, http: www.westat.com y http: www.annenberg.usc.edu 
dos, diseñados para comunicar a los diversos segmentos de la población 
estadounidense de manera precisa, y en un lenguaje comprensible y re- 
producible, información empírica sobre las drogas podría por lo menos 
reducir los ciclos de las futuras epidemias de drogas en Estados Unidos 
y en otros países también. Dado que la curva de aprendizaje de cada 
generación de nuevos usuarios de drogas conlleva problemas diferentes 
de comunicación, las campañas no sólo deben ser permanentes y con- 
stantes, sino que deben además ser actualizadas y modificadas de acu- 
erdo con los patrones de consumo de la juventud. 
V. Tratamiento y rehabilitación 
En Estados Unidos los programas de tratamiento han sido sometidos 
a evaluaciones empíricas exhaustivas durante las dos últimas décadas. En 
2004, por ejemplo, aproximadamente un 1.100.000 consumidores siguie- 
ron algún tipo de tratamiento de su adicción. Los gastos del Gobierno 
federal ascendieron a US$ 2.400 millones y los gobiernos de los cincuenta 
estados gastaron una cifra similar para un presupuesto general por este 
concepto de US$ 6 mil millones. Los adictos a la heroína usualmente 
reciben metadona (sustituto sintético de la heroína). Los otros consu- 
midores en tratamiento reciben alguna forma de terapia psicológica. La 
mayoría abandona el programa antes de terminar el tratamiento y, entre 
los que lo completan, más de la mitad reincide en el consumo durante los 
cinco años siguientes o en menor tiempo. 
No obstante, las evaluaciones de los tratamientos en contra de las 
drogas muestran una buena relación costo-beneficio y esto es así por- 
que la mayoría de quienes entran a estos programas, especialmente los 
usuarios de heroína y cocaína, cometen graves delitos. Al menos mien- 
tras están en tratamiento, su uso de las drogas decae de la mano de su 
propensión a cometer delitos. Esta reducción en los delitos vinculada a 
los programas de tratamiento ayuda a las comunidades en las que viven 
los adictos tanto como a ellos mismos. 
Con los resultados positivos de estos programas es difícil entender 
por qué es tan limitada su disponibilidad en Estados Unidos. En un año 
normal, sólo 850.000 ó 1.000.000 de los tres o cuatro millones de con- 
sumidores de heroína, cocaína o metanfetamina tienen acceso a estos 
programas de tratamiento. 
Más sorprendente y preocupante aún es el hecho de que la admi- 
nistración Bush, después de dos décadas de aumentos constantes, re- 
 
 
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dujo los recursos de prevención de USS 1.860 millones en el año fis- 
cal 2007 a US$ 1.570 millones en el año fiscal 2008; una reducción 
de US$ 283.900.000. Desde el año fiscal 2002, el total de recursos 
federales para la prevención de las drogas decayó en casi 21% o, en 
US$ 421.300.000. A partir de ese mismo año los recursos totales del go- 
bierno federal para reducirla demanda se redujeron en USS 163.200.000. 
En el mismo período, los recursos destinados a detener la entrada de 
drogas a Estados Unidos y a desmantelar los mercados en el extranjero 
aumentó a un total de US$ 2.480 millones. Desde 2002, sólo los gastos 
en interdicción se extendieron a US$ 1.380 millones. Los recursos de 
interdicción involucran ahora el 25% del total delpresupuesto federal 
para drogas del año fiscal 2008. 
El tratamiento contra las drogas, como alternativa al encarcelamien- 
to se ha vuelto una respuesta de la que se habla más de lo que se imple- 
menta. Los tribunales de drogas, cuyos jueces buscan persuadir y obligar 
jurídicamente a quienes delinquen con drogas a entrar y permanecer en 
programas de tratamiento, ofrecen promesas de mayor cumplimiento, 
pero sólo brindan soluciones modestas e incrementales porque los crite- 
rios de selección para la admisión a esos programas son restrictivos y por 
lo general excluyen a los delincuentes violentos y reincidentes. 
La Proposición n° 36 de California, que permite a muchos de los 
detenidos por primera vez por posesión de drogas (no por tráfico) ser 
enviados a un tratamiento en lugar de a la cárcel, ha sido exitosa, parti- 
cularmente en la reducción del encarcelamiento de los infractores por 
primera vez sin el aumento paralelo de los índices de crímenes. Esos 
programas sólo se ocupan de los infractores menos serios, los no violen 
tos, y por eso sólo se dirige a un espectro limitado de los crímenes por 
drogas. 
VI. Conclusiones 
Las promesas iniciales hechas por el candidato George W. Bush 
(promesas nunca cumplidas por su administración) revelan un balance 
general negativo de la "guerra contra las drogas" en Estados Unidos. Sus 
prioridades en la política contra las drogas eran equivalentes a las que 
prevalecieron hace dos décadas durante la administración del presidente 
Ronald Reagan (1981-1989) cuando la clave de la estrategia de Estados 
Unidos era limitar la oferta de drogas. De la manera en que se omter- 
prete el presupuesto federal de drogas para el año fiscal 2008, Estados 
 
Unidos continúa claramente poniendo el énfasis en la interdicción y 
los programas internacionales para controlar la oferta como mecanismo 
privilegiado para resolver los problemas de droga del país. Sin embargo, 
ningún presupuesto federal, de ningún partido, puede darse el lujo de 
ignorar la abrumadora cantidad de investigaciones que demuestran que 
sólo una aproximación que haga un equilibrio entre los programas de 
reducción de la oferta y la demanda tienen un efecto real en los patrones 
de consumo y los costos sociales. Este es quizás el desafío mayor de la 
administración del presidente Barack Obama en relación con los nar- 
cóticos: repensar la estrategia de los Estados Unidos y reorganizar las 
políticas contra las drogas a nivel doméstico e internacional.