SEGURIDAD AGROALIMENTARIA EN VENEZUELA

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SEGURIDAD AGROALIMENTARIA EN VENEZUELA
La cuestión agroalimentaria en Venezuela viene planteándose por efecto de la apertura económica iniciado en Venezuela en la década de los noventa. En consecuencia, uno de los significativos efectos en la agroindustria fue la creciente concentración de la producción de alimentos en unas pocas grandes empresas de capital privado y una acentuada transnacionalización del sector, limitando las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, desde 1999 se emprenden acciones por parte del Estado orientadas a la recuperación del sector agroindustrial con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y promover el desarrollo productivo en los niveles regional y local. 
En esta perspectiva, el objetivo de la presente producción escrita de naturaleza documental fue analizar la conformación de este nuevo perfil socio-productivo del sector agroalimentario venezolano, mediante el análisis de los procesos históricos y la esencia conceptual derivadas de las experiencias estatales en la materia agroalimentaria, específicamente la Red Mercado de Alimentos (MERCAL) y de Productora y distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL), ubicadas en la geografía nacional. Para ello se acudió a fuentes documentales impresas y digitales que aportaron datos e información provenientes de fuentes oficiales relativas a la temática en estudio, cuyo contenido posibilitó el entendimiento de los que constituye el concepto de seguridad agroalimentaria como un derechos social en Venezuela.
SEGURIDAD AGROALIMENTARIA EN VENEZUELA
	El concepto de seguridad agroalimentaria es definido en Encarta (2009) como la “disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente de estos por parte del público consumidor” (p. 1). Se interpreta del contenido textual que el concepto socio-económico de seguridad agroalimentaria enmarca la disponibilidad y acceso de la población, tanto físico como económico a productos alimenticios necesarios y saludables para el cuerpo humano. En tal sentido, se describen a continuación diferentes referentes históricos en relación al tema, así como factores intervinientes en el mismo.
	
Antecedentes Históricos
	Como punto de partida es conveniente referir la opinión de Morales (2009) quien reseña que “el abastecimiento agroalimentario en Venezuela se caracteriza por haberse estructurado en función del consumo de la población concentrada en los principales centros urbanos” (p. 2). Para el citado autor tal condición ha sido determinada por la progresiva y creciente vinculación del sector agroalimentario venezolano dependiente del nivel internacional, generando en consecuencia un alto grado de dependencia de las importaciones de materias primas para su procesamiento agroindustrial.
	Para Morales (ob. cit.), la referida vinculación entre el sistema agroalimentario venezolano y el sistema internacional data antes de la década del 70, aunque, explica que el proceso se incrementó con el auge petrolero a partir de 1973. Explica el citado autor, que dicha coyuntura es generada a consecuencia del descenso de atención al sector productivo agroalimentario, dejado a un lado como actividad productiva, incrementando en consecuencia los niveles de importaciones de alimentos para el sustento alimenticio nacional. Se inicia de esta manera una marcada contracción de la producción agrícola en Venezuela.
	Un factor determinante de la acentuada importación de productos agrícolas en Venezuela desde 1970 se debió a que el mercado internacional ofertó mejores precios y condiciones que los existentes en el país. Como efecto inmediato, las importaciones se fueron incrementando aceleradamente en detrimento de la producción agrícola nacional ante la demanda de productos importados. Esto se manifestaba en que los productos agrícolas provenientes de otros países eran mucho más económicos a causa de que eran producidos en condiciones de altísima productividad y por subsidios en muchos países.
	En consecuencia de lo anterior, el sector agrícola venezolano cayó en un aletargamiento en cuanto a su producción ante las desfavorables condiciones de competir con el mercado internacional al no poder expandirse la generación de productos en el contexto interno, sin embargo, las importaciones continuaban en ascenso y con ello la dependencia del mercado externo. Esta característica del mercado interno se vio estimulada por el Estado venezolano ante el impulso que brindó a los mercados internos de alimentos procesados con acentuados componentes importados, en contra de los mercados de alimentos nacionales, debido a que los precios de los productos procesados con materia prima externa eran inferiores a los producidos por el sector agrícola nacional.
	Un efecto inmediato de las condiciones expuestas se tradujo en el afianzamiento del poder económico de las empresas privadas transformadoras de alimentos, muchas de ellas con vinculaciones internacionales. Este tipo de acciones económicas fundamentadas en importaciones de materias primas se desarrolló por intermedio de la influencia del Estado quien a través de la creación de la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA), articuló prácticas de abastecimiento agroalimentario, siguiendo políticas favorables al mercado externo como proveedor de alimentos básicos. 
Entre 1975 y 1980, la nación importó directamente o por delegación a terceros volúmenes y cantidades monetarias sencillamente impresionantes. Estas enormes cantidades de alimentos importados se vieron beneficiadas por dos clases de subsidios: por un lado, los otorgados por el Estado venezolano; por otro, aquellos prestados por los países de origen interesados en exportar sus excedentes agrícolas. En la práctica la CMA mediante subsidios provenientes del Estado favoreció el abastecimiento de materias primas baratas para los grandes consorcios agroindustriales con sede en Venezuela.
No obstante, a pesar de la gigantesca cantidad de subsidios otorgados, no se logró satisfacer la demanda alimentaria y nutricional de la población. Por el contrario, durante el lapso referido se inició un alarmante incremento del precio de los alimentos, dando lugar a la implementación de políticas de ajuste económico y apertura neoliberal que acentuaron la ya marcada debilidad del sector agroindustrial nacional. Con la apertura neoliberal entre 1989 y 1999 manifiestas en medidas de ajuste macroeconómico se orientaron hacia la apertura del sector agrícola al comercio internacional de productos alimenticios. 
A la anterior condición se sumó la tendencia a limitada superficie cultivable del territorio nacional, propiciando el abandono, por parte de los productores, de rubros específicos de la producción. La disminución del área sembrada marcó obviamente una reducción significativa de la producción agrícola nacional, que a su vez aceleró el incremento de las importaciones y produjo un fuerte deterioro de la balanza comercial agroalimentaria. En efecto, los alimentos importados constituyeron un producto primordial en el abastecimiento alimentario.
Los sucesivos cambios políticos a partir de 1993 generaron cambios en el escenario del Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) entregado a un a un integrante de la dirección de la principal organización gremial de los productores agrícolas del país, la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), cuya gestión implementó una serie de medidas: entre otras, promover y estimular la producción nacional de alimentos y materias primas para su procesamiento agroindustrial mediante la fijación de precios mínimos de garantía a los cultivos denominados “sensibles” además de establecer el financiamiento oportuno y preferencial, junto con medidas destinadas a enfrentar la competencia externa desleal.
Obviamente, tales acciones, particularmente la de concertación de precios mínimos, originaron profundas reacciones de los empresarios vinculados a las principales agroindustrias,quienes consideraron que afectaban sus intereses. En los años precedentes estas empresas se habían visto significativamente beneficiadas con la política de apertura y la correspondiente desarticulación de aranceles para las importaciones de las materias primas para su procesamiento agroindustrial. La nueva política los afectaba de manera directa.
Con la entrada en 1994 del nuevo presidente, Rafael Caldera, la cartera ministerial de agricultura, igualmente fue cedida a personaje vinculado al medio agropecuario. Una de las acciones enmarcadas en una “política de emergencia” se inició con una ley de refinanciación a los agricultores con la banca, una política de concertación en las relaciones con la agroindustria, la armonización de la denominada “franja de precios” con la que se había acordado en el seno del Pacto Andino y la creación de una “economía solidaria” sustentada en la consolidación de la red de distribución de alimentos a precios subsidiados para los sectores urbanos de menores recursos.
No obstante los esfuerzos destinados por el gobierno para equilibrar los intereses de la agricultura y de la agroindustria con el propósito de lograr un adecuado comportamiento de la producción agrícola nacional, esta continuó descendiendo aceleradamente. La magnitud del descenso se manifestó no solamente la producción de cereales sino la de la mayoría de los rubros que conforman el sector agrícola continuó cayendo hasta alcanzar, en el ciclo productivo 1995-1996, un cuadro de absoluto estancamiento. 
Los factores agravantes de la situación se atribuyen a la sobrevaluación del bolívar desde 1983 y de la tendencia declinante de los precios de los alimentos en el mercado mundial, los altos porcentajes de inflación, el índice de precios correspondiente a los alimentos, salvo algunos meses, siguió situándose por encima del índice general de precios. A pesar de los intentos del gobierno para aminorar la crisis social, alimentaria y nutricional, la pobreza continuó extendiéndose hasta alcanzar niveles alarmantes, según cifras que alcanzaron que 14 millones de personas (79% de la población) permanecieran en los estratos de pobreza relativa y pobreza crítica. 
Según variadas fuentes especializadas en la materia económica, en el panorama de contracción sumido la producción nacional, con consecuente incremento de la inflación y crisis social, el sector agroindustrial, luego de una breve fase recesiva, logró expandirse significativamente. En 1991 registró un crecimiento de 8%, una recuperación relevante con respecto a 1989 y 1990, años en los cuales se habían registrado tasas negativas de -18% y -2% respectivamente. Esta expansión puede ser también apreciada al considerar el ya referido incremento de las importaciones de materias primas para su procesamiento agroindustrial, y se verifica también si se considera el volumen de ventas, que se ubicaron entre 7% y 20% por encima de las de 1990.
Pese a las alentadoras estadísticas que indicaban que el sector agroindustrial crecía, la producción agrícola, sobre todo de bienes para el procesamiento agroindustrial, no mostraba el mismo comportamiento. No se manifestaba en un incremento sustantivo de la producción agrícola del país. Esto se interpreta en una contracción de la producción agrícola, que en todo caso favoreció la agricultura de los países de los que provenían la mayor parte de las importaciones. Paralelamente en Venezuela se producía un total estancamiento del sector agroalimentarios ante una transnacionalización de la industria agroalimentaria. 
Como referente histórico de las consecuencias de la etapa neoliberal en análisis, no sólo se limitaron a la producción sino que también afectaron la estructura de distribución urbana de alimentos. Ejemplo de ello, el primer establecimiento de la empresa Makro S.A. en 1990 en asociación entre Empresas Polar y consorcio holandés, cuya integración orientó las políticas y estrategias comerciales en el sistema de distribución de alimentos a cargo del capital privado provenientes del extranjero. Esto implicó una transformación muy importante en el sistema de distribución urbana de alimentos. 
Tal iniciativa significó la apertura vertiginosa de inversiones internacionales y nacionales manifiestas en redes privadas de comercializadoras de alimentos procesados en las ciudades más importantes del país, y con ello un acelerado proceso de transformación de la estructura de distribución urbana de alimentos. Surgieron así cadenas comercializadoras de alimentos, como CADA, MAXYS, Hipermercados Éxito, Makro, entre otros tantos, provenientes de capital mayoritariamente extranjero.
A consecuencia de la expansión significativa de los denominados hipermercados como grandes distribuidores y el acentuado decrecimiento de establecimientos menores (bodegas, supermercados independientes y cadenas de supermercados) y del poder económico que desplegaban los hipermercados, la mayoría de los establecimientos detallistas eran progresivamente sustituidos en un nivel micro, al igual que el sector agroalimentario en un nivel macro nacional, ante las consecuencias del ejercicio de las leyes del mercado, propias del modelo capitalista neoliberal.
En tal sentido, era notorio el avasallante efecto de los capitales internos y foráneos sobre el sector agroalimentario venezolano el cual se encontraba disminuido ante la supremacía de los grandes distribuidores, como los hipermercados, que ostentaron una nueva hegemonía a partir de su capacidad para jerarquizar, organizar y dirigir la dinámica del sistema agroalimentario apoyado en cuantiosos capitales y ante la ineficacia del Estado por desarrollar el mercado agro productor interno.
Periodo desde 1999 hasta la Actualidad
	Con la ascensión presidencial de Hugo Chávez a partir de 1999 se inicia un proceso transformador de la República venezolana. En materia agroalimentaria la política agrícola del gobierno se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y de la Alimentación preparado por el Ministerio de la Producción y el Comercio, con el objetivo de rescatar, transformar y dinamizar las cadenas agro-productivas propiciando la competitividad y el desarrollo sustentable, promover el desarrollo del medio rural y garantizar la seguridad alimentaria.
	En cifras, en el transcurso de 2000 el sector agrícola primario marcó un crecimiento próximo a 5% en comparación con el año previo. Ejemplo de ello se tradujo en el análisis de dos rubros: el maíz blanco y el café. El primero constituye la materia prima para el procesamiento de uno de los alimentos que conforman la dieta básica de la población, mientras que el segundo podría constituirse, por sus características, en uno de los principales productos de exportación. La producción de ambos cultivos registró una expansión significativa, básicamente debido a las políticas de financiamiento y a las expectativas de precios y recepción de las cosechas convenidas entre los productores agrícolas y las agroindustrias.
Como información notoria, a pesar de los acuerdos, la industria de harina pre-cocida de maíz y un importante sector de la industria de café se negaron a adquirir esa producción, alegando, en el caso del maíz, una supuesta contracción de la demanda y suficientes inventarios hasta octubre de 2001 y, en el caso del café, las limitaciones en los flujos de caja para cancelar la cosecha y mantener inventarios. Fueron alegatos esgrimidos por empresas de capital privado, entre ellas, empresas Polar.
Ante tal escenario el Estado venezolano tuvo que intervenir para resolver el problema. En el caso del café, el Estado acordó solicitar un crédito adicional por la cantidad de 8.600 millones de bolívares con cargo al presupuesto de la Corporación Casa, con la intención de constituir un fondo rotatorio para adquirir esa producción de café. En el caso del maíz blanco, se solicitó ante el Ministerio de Finanzas la exoneración de los impuestos de importación de harina de soya y de maíz amarillo, materias primas utilizadas por la Industria de Alimentos Balanceados(IABA); en consecuencia, la producción de maíz blanco fue adquirida por esa industria, igualmente procesadora de harina pre-cocida de maíz, a cambio de que el Estado otorgue a la IABA preferencias arancelarias para la importación de maíz amarillo, harina de soya, fríjol de soya y aceite de soya. No obstante, como solución temporal, las ventajosas condiciones arancelarias para la importación de soya en el exterior constituyeron un riesgo para los productores nacionales de maíz amarillo y de oleaginosas.
Cabe destacar que las importaciones continuaron siendo muy significativas cuantificadas en 1.627 millones de dólares en 1999, 1.748 en 2000, 1.958 en 2001 y 1.660 en 2002. Por su parte el efecto inflación continuó en incremento y el índice de precios de alimentos, según las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), continuó por encima del índice general de precios: 10,6% en 2000; 16,1% en 2001 y 28,3% en 2002. 
A partir de ruptura del hilo constitucional el 11 de abril de 2002, se generó un “paro económico” que, entre otras consecuencias, hizo que muchas empresas, entre ellas, alimenticias, decidieran detener su producción. A este evento se sumó el paro petrolero del mismo año, el cual fue superado. En consecuencia el gobierno implementó una serie de medidas que generaron cambios en la política económica: el control de cambios y de precios; la decisión de participar en la importación directa de mercancías; el incremento del salario mínimo; y la aplicación de nuevos impuestos al valor agregado, al débito bancario y a los activos empresariales. Estas medidas orientaron la política económica del gobierno, dando prioridad a la producción interna, apoyándose en el control de cambio y de precios como instrumentos de incentivo industrial. 
De esta forma comenzó a fortalecerse la participación del Estado en la economía, y en particular en los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de bienes agroalimentarios. En este marco se creó la empresa estatal MERCAL, C.A. orientada a proveer seguridad alimentaria a la población de menores recursos. La empresa fue creada con el propósito de efectuar el mercadeo y la comercialización (al mayor y al detal) de productos alimenticios y otros de primera necesidad, a precios solidarios y significativamente subsidiados, con el fin de mantener abastecida a la población de escasos recursos. 
La proyección de MERCAL era beneficiar a 10 millones de personas al concluir 2004, pero este objetivo no fue suficiente. Para 2005 se articularon más de 13.000 puntos de venta y más de 4.000 casas de alimentación, en los que expendían un promedio de 4.000 toneladas mensuales de alimentos a unos diez millones de consumidores. Se abría así un proceso de verdadero cambio respecto a la estructura de la distribución urbana de alimentos. MERCAL logró captar un importante segmento del mercado debido probablemente al nivel de precios con los que opera y a los enormes recursos financieros con que cuenta.
Cabe destacar que las condiciones favorables de operaciones de MERCAL le permitieron participar progresivamente en la jerarquización, organización y dirección del sector agroalimentario del país como componente importante del núcleo del cual emergen acciones que garantizarían la reproducción de las bases económicas y sociales de los diversos complejos agroindustriales que constituyen el sector agroalimentario venezolano, antes bajo control de las grandes cadenas privadas. No obstante, el notorio desarrollo de la empresa comenzó a mostrar signos de agotamiento.
Uno de los factores de debilitamiento de MERCAL lo representó el hecho que no estuvo en condiciones de continuar atendiendo la creciente demanda de los consumidores, muchos de los cuales experimentaron un incremento de sus ingresos provenientes, entre otras fuentes, de los diversos programas sociales ejecutados por el Estado, que a su vez se venía fortaleciendo financieramente gracias al incremento de la renta petrolera. En cifras, para 2007 la demanda de alimentos había crecido un 30% en relación con 2006, pero no fue posible satisfacerla. Como resultado, se produjo una escasez de alimentos, tanto en las tiendas Mercal como en los supermercados e hipermercados, y un consecuente incremento de los precios.
Ante tal coyuntura el Estado en procura de la recuperación del abastecimiento alimentario, creó en 2008 la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), que se unió a las operaciones desarrolladas por Mercal. Pese a los lineamientos correctivos con la creación de nuevas empresas estatales para afrontar el problema de desabastecimiento y el incremento de los precios, las importaciones continuaban en ascenso, cuantificados en millones de dólares por concepto de compras de alimentos en el mercado internacional. En tal sentido, el Gobierno venezolano estableció acuerdos sobre alimentos y energía entre Venezuela y Argentina, entre los que sobresale el acuerdo entre PDVAL y la empresa COTO-CICSA para el abastecimiento de alimentos a Venezuela.
Lo antes expuesto denota las intenciones del Estado en materia agroalimentaria, particularmente dirigida a los sectores de menores recursos se orientan en inversión social, sobre todo el relacionado con los programas que garanticen la seguridad alimentaria. En tal sentido, las líneas estratégicas gubernamentales incremento del crédito público para las operaciones destinadas a garantizar la soberanía alimentaria y preservar la inversión social y la seguridad y defensa integral en los términos previstos en la Carta Magna. 
Un aspecto relevante del interés por lograr una sostenible seguridad agroalimentaria, el Estado venezolano desarrolló el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), con el propósito expreso de la construcción de un Estado Social de justicia y bienestar que enuncia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; para ello es indispensable garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con preferencia de aquellos producidos en el país, considerando las condiciones especiales particulares de la geografía, el clima, la tradición, cultura y organización social venezolana.
CONCLUSIÓN
	La seguridad agroindustrial en la República Bolivariana de Venezuela conforma un conjunto de acciones Estatales conducentes a garantizar en el ámbito nacional el acceso oportuno y de calidad por parte de la población consumidora a productos alimenticios necesarios y saludables. De allí que la producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo socioeconómico de la nación, en concordancia con el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) la cual consagra la disponibilidad de productos agrícolas para la nación.
	En tal sentido, la seguridad agroalimentaria en Venezuela conforma uno de los principales desafíos a escala mundial, pues uno de los potenciales logros que se espera en el ámbito es la autosuficiencia en materia de producción de alimentos y productos agrícolas, al mismo tiempo que persiste y se agudiza el pertinaz problema de la subnutrición en grandes sectores de la población latinoamericana. En el país, la seguridad agroalimentaria posee rango legal cuya intencionalidad pretende generar las condiciones favorables para la producción de alimentos básicos capaces de ajustarse a los requerimientos nutricionales para humanos, manteniendo en el nivel apropiado los equilibrios económicos y ecológicos, preservándose aquellos cultivos autóctonos que sean potencialmente proveedores de energía y nutrientes de bajo costo.
	Igualmente es necesario generar fortalezas técnicas y productivas, con los requisitos mínimos de calidad e inocuidad que requiere la producción de alimentos, para que las iniciativas sean auto-sostenibles en el tiempo. Para ello no se deben reproducir políticas anteriores de transferencia de recursos del Estado a losproductores mediante otorgamiento de créditos y financiamiento sin control, con el consecuente el riesgo de no alcanzar los fines propuestos en materia agroalimentaria. Es conveniente considerar programas de capacitación y transferencia tecnológica orientadas a un efectivo incremento de la productividad y un mejor desempeño gerencial de la actividad.
	En función de lo antes expuesto, es oportuno producir cambios en pro de la reactivación de la agroindustria y la mejora de la calidad de vida, distantes de elementos que ponen en riesgo el éxito de las políticas alimenticias. Es visible que entre tales políticas basadas en gran medida en los subsidios, no son viables sin una importante fuente de ingresos como la que se está generando actualmente la proveniente de la industria petrolera. Se debe profundizar y analizar la estructura socio-productiva de la industria de agro-alimentaria para poder medir el verdadero alcance e impacto económico y social de las políticas que en materia de seguridad alimentaria e innovación se están desarrollando. 
REFERENCIAS
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente (1999, diciembre 30). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5453. (Extraordinario).
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008). [Página Web en Línea]. Disponible: http://www.minpal.gob.ve/index [Consulta: Noviembre, 2012].
Mercado de Alimentos MERCAL (2005). [Página Web en Línea]. Disponible: http://www.mercal.gov.ve/ [Consulta: Noviembre, 2012].
Morales, A. (2009). La cuestión agroalimentaria en Venezuela. [Texto en Línea]. Disponible: http://www.nuso.org.ve [Consulta: Noviembre, 2012].
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