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Tomo III

Derecho Penal I

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LA CIENCIA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio
en sus cincuenta años como investigador del derecho
TOMO III
JURISDICCIÓN Y CONTROL CONSTITUCIONAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 438
Coordinadora académica: Elvia Lucía Flores Ávalos
Coordinadora editorial: Karla Beatriz Templos Núñez
Edición: Doris Adriana Torres Rodríguez
Formación en computadora: José Antonio Bautista Sánchez
Diseño de portada: Laura Ivonne Sánchez Zúñiga
LA CIENCIA
DEL DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio
en sus cincuenta años como investigador del derecho
EDUARDO FERRER MAC-GREGOR
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Coordinadores
TOMO III
JURISDICCIÓN Y CONTROL
CONSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO MEXICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
MARCIAL PONS
MÉXICO, 2008
Primera edición: 2008
DR © 2008. Universidad Nacional Autónoma de México
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad de la Investigación en Humanidades
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.
Impreso y hecho en México
ISBN 978-970-32-5375-3 (obra completa)
ISBN 978-970-32-5378-4 (tomo III)
CONTENIDO
Prólogo. Héctor Fix-Zamudio y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Héctor FIX-FIERRO
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV
Eduardo FERRER MAC-GREGOR
Arturo ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Semblanza del maestro Héctor Fix-Zamudio . . . . . . . . . . . XXXV
Eduardo FERRER MAC-GREGOR
CAPÍTULO V
JUSTICIA Y CONTROL CONSTITUCIONAL
Argüição de descumprimento de preceito fundamental (Sua dou-
trina em face de uma situação concreta) . . . . . . . . . . . . . 3
José Afonso DA SILVA
Aspectos de la justicia constitucional en Guatemala . . . . . . . . 23
Mario AGUIRRE GODOY
Del control político al control constitucional: el principio de lega-
lidad penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Gilbert ARMIJO
Breves consideraciones jurídicas y filosóficas sobre la justicia
constitucional en México al iniciar el siglo XXI . . . . . . . . . 89
Juan Federico ARRIOLA
VII
La justicia constitucional en México: algunas ideas en torno a su
consolidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Manlio Fabio CASARÍN LEÓN
Eguaglianza e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale
italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Alfonso CELOTTO
Justicia constitucional y derechos humanos . . . . . . . . . . . . . 139
Roberto CUÉLLAR M.
Nuevas variaciones sobre el tema cultural de la justicia constitu-
cional en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Rafael ESTRADA MICHEL
La justicia constitucional en Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . 175
Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA
La protección del orden constitucional . . . . . . . . . . . . . . . 197
Mara GÓMEZ PÉREZ
Titularidad y legitimación ante la jurisdicción constitucional. Una
perspectiva comparada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Tania GROPPI
Una consolidada apertura en el control judicial de constitucionali-
dad argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Ricardo HARO
La jurisdicción constitucional. Estudio de macrocomparación . . . 273
María del Pilar HERNÁNDEZ
La aceptación de un moderno sistema de protección de derechos
humanos por la justicia constitucional en Eslovenia . . . . . . . 307
Arne Marjan MAV�I�
CONTENIDOVIII
La justicia constitucional chilena después de la reforma de 2005
(notas sobre la inaplicabilidad de las leyes y el recurso de pro-
tección) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Enrique NAVARRO BELTRÁN
Figuras emblemáticas de la justicia constitucional en Venezuela . . 351
Mariolga QUINTERO TIRADO
Alberto BLANCO-URIBE QUINTERO
La jurisdicción constitucional en Chile (después de la reforma de
2005 de la ley fundamental) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Lautaro RÍOS ÁLVAREZ
La jurisdicción constitucional en la República de Panamá (necesi-
dad de un Código Procesal Constitucional) . . . . . . . . . . . 423
Sebastián RODRÍGUEZ ROBLES
El control de constitucionalidad en el arbitraje . . . . . . . . . . . 441
Jorge A. ROJAS
Control jurisdiccional y discrecionalidad administrativa. Por qué
juzgar no es administrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
José ROLDÁN XOPA
La giustizia costituzionale italiana tra finzione e realtà, ovverosia
tra esibizione della “diffusione” e vocazione all “accentra-
mento” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Antonio RUGGERI
La indefensión jurisdiccional del Poder Constituyente y la des-
trucción de la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Carlos RUIZ MIGUEL
El proceso integrador del control de constitucionalidad en Colom-
bia (fragmentos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Luis Carlos SÁCHICA APONTE
CONTENIDO IX
Justicia constitucional y amparo en Paraguay . . . . . . . . . . . . 575
Jorge SILVERO SALGUEIRO
Sobre la jurisdicción constitucional en Argentina . . . . . . . . . . 591
Gustavo A. SZARANGOWICZ
Sebastián D. TOLEDO
El control constitucional de los reglamentos parlamentarios . . . . 637
Francisco TORTOLERO CERVANTES
La justicia constitucional en el Uruguay. Coordinación de los
principios de separación de poderes y sometimiento de toda la
normativa a la Constitución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Leslie VAN ROMPAEY
La jurisdicción constitucional en el Perú . . . . . . . . . . . . . . 687
Fernando VIDAL RAMÍREZ
CAPÍTULO VI
CONTROL DIFUSO
Lo confuso del control difuso de la Constitución. Propuesta de in-
terpretación del artículo 133 constitucional . . . . . . . . . . . 699
José de Jesús GUDIÑO PELAYO
El control difuso de la constitucionalidad en Venezuela: el estado
actual de la cuestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
José Vicente HARO GARCÍA
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como instrumento de interpretación constitucional
de jueces de legalidad (posible aproximación a un control difu-
so de la constitucionalidad de carácter legítimo en México) . . . 765
Olga SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS
CONTENIDOX
CAPÍTULO VII
CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL
Articulación de los medios de control de la constitucionalidad na-
cionales y locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Rafael COELLO CETINA
La garantía jurisdiccional del municipio en España y México.
Estudio comparado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893
Pedro TORRES ESTRADA
Michael NÚÑEZ TORRES
La autonomía del municipio y su defensa constitucional en Méxi-
co y España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923
Salvador VALENCIA CARMONA
Sumario general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
CONTENIDO XI
PRÓLOGO
HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNAM*
Apenas hay palabras para expresar el orgullo que significa para mí —co-
mo hijo, como discípulo, como jurista mexicano, y como sucesor del ho-
menajeado en la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM— escribir unas palabras de presentación para esta obra que debe
considerarse excepcional por muchos motivos, lo que el lector descubrirá
fácilmente. Tampoco las hay para describir la gran dificultad que signifi-
ca este empeño, que fácilmente puede fracasar en mi caso, por exceso o
por defecto, en la ponderación de los méritos académicos y personales de
Héctor Fix-Zamudio y de todo lo que le debe nuestro Instituto. Ésa es
una tarea que otros habrán de realizar con mejor fortuna. Por ello, deseo
intentar una reflexión distinta, que estoy seguro que él mismo aprobaría,
pues siempre ha insistido en que sus méritos son compartidos. Me pre-
gunto entonces lo siguiente: ¿cuáles son los factores“estructurales” y
“culturales”, y no solamente personales o circunstanciales, que ayudan a
explicar por qué Héctor Fix-Zamudio representa mejor que nadie los va-
lores académicos y éticos que cultiva el Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas? Y ¿por qué su figura y el Instituto han llegado a tener la influencia
y el prestigio del que gozan actualmente en el mundo jurídico-político de
México e Iberoamérica, principalmente?
En un interesante y provocador ensayo sobre la profesión jurídica me-
xicana y lo que llaman sus “estrategias internacionales”, dos sociólogos
del derecho, Yves Dezalay y Byrant Garth, identifican al Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) como una institución forma-
XIII
* Agradezco los benevolentes y útiles comentarios de Jacqueline Martínez, Sergio
López-Ayllón y Juan Vega.
www.juridicas.unam.mx
da por académicos que, por carecer de capital político y social, decidie-
ron invertir en el “derecho puro”, es decir, en la revaloración del derecho
como elemento autónomo del Estado, a partir de una concepción más
técnica, abierta e internacional de los estudios jurídicos.1 Dezalay y
Garth señalan que Héctor Fix-Zamudio es la “figura clave” en el Institu-
to, y dicen de él lo siguiente:
Durante su periodo como director, el IIJ pasó de ser un pequeño centro a
la sombra de la Facultad de Derecho de la UNAM a convertirse en una
institución académica independiente y con más prestigio… Fix-Zamudio
no provenía de una familia rica o bien relacionada; en cambio, decidió in-
vertir plenamente en las ideas de la investigación jurídica de tiempo com-
pleto, la selección meritocrática y la apertura hacia los enfoques del exte-
rior. Todavía activo en el IIJ, Fix-Zamudio mismo dio el tono y guió con
el ejemplo, logrando considerable reconocimiento por su obra académica,
especialmente en el campo del amparo.2
Más adelante, Dezalay y Garth señalan que varios miembros del IIJ,
pertenecientes a una nueva generación, se incorporaron al gobierno en
distintos momentos:
…el Instituto de Investigaciones Jurídicas había utilizado su producción
académica para incrementar su prestigio relativo, y su estatus de elite con-
tribuyó a atraer a algunos de los más talentosos y ambiciosos estudiantes
de derecho, e incluso a algunos de los mejor relacionados… Sin embargo,
en contraste con Héctor Fix-Zamudio, una nueva generación se ha aprove-
chado de los fenómenos internacionales y sus inversiones en el derecho
para desarrollar una nueva política del derecho dentro de la elite gober-
nante del Estado.3
Con independencia de que se comparta o no la visión que tienen De-
zalay y Garth de las “estrategias” de los académicos del Instituto para in-
FIX-ZAMUDIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASXIV
1 Dezalay, Yves y Bryant G. Garth, “De elite dividida a profesión cosmopolita. Los
abogados y las estrategias internacionales en la construcción de la autonomía del derecho
en México”, en Fix-Fierro, Héctor (ed.), Del gobierno de los abogados al imperio de las
leyes. Estudios sociojurídicos sobre educación y profesión jurídicas en el México con-
temporáneo, México, UNAM, 2006, pp. 206 y ss. (la versión original de este ensayo se
publicó en 1995 como documento de trabajo de la American Bar Foundation).
2 Ibidem, p. 207.
3 Ibidem, p. 228.
fluir en la política del derecho, subsiste el hecho de que muchos de sus
miembros, antiguos y actuales, han participado en la construcción y la
reforma de algunas de las más importantes instituciones jurídicas del
Estado mexicano a partir de la década de los ochenta. Resulta evidente
que este hecho no se puede explicar únicamente por los méritos persona-
les de los participantes, así como tampoco por las relaciones personales o
políticas que hayan tenido con el grupo gobernante respectivo. Sin em-
bargo, Dezalay y Garth sí apuntan a la interrelación de algunos de los
factores explicativos, y sobre ellos conviene hacer una reflexión más
amplia.
Dezalay y Garth sitúan en la gestión de Héctor Fix-Zamudio como di-
rector del IIJ (1966-1978) el inicio de la profesionalización de la investi-
gación jurídica. En efecto, hasta mediados de la década de los sesenta no
existía en nuestro país una carrera académica institucionalizada en el
campo del derecho. Había muy pocos profesores de tiempo completo en
las escuelas y facultades de derecho, por lo que los autores de los libros
y manuales jurídicos más conocidos o prestigiados eran casi siempre
profesores que tenían despacho propio o laboraban en alguna institución
del sector público. Por tanto, no existía propiamente una carrera acadé-
mica con dedicación exclusiva, porque la inversión que requería el “de-
recho puro” era de muy largo plazo y muy incierta, mucho más que aho-
ra, en que las condiciones que la hacen posible han mejorado
notablemente.
Varios factores institucionales y circunstanciales contribuyeron a la
profesionalización de la investigación jurídica en el IIJ. En primer lugar,
la autonomía del IIJ respecto de la Facultad de Derecho, que se recono-
ció en 1948, fue un elemento crucial. Hasta el día de hoy la investigación
jurídica no ha logrado institucionalizarse ni profesionalizarse plenamente
en nuestro país. En las escuelas de derecho, tanto públicas como priva-
das, la investigación es escasa, ya sea porque en general no se considera
una actividad “rentable” y útil, o bien, porque los profesores de tiempo
completo (los “profesores-investigadores”) son absorbidos casi totalmen-
te por las actividades docentes.
En segundo lugar, durante el rectorado del doctor Ignacio Chávez
(1961-1966) se inició en la Universidad Nacional un programa de forma-
ción del personal académico, programa que continuó bajo el rectorado
del ingeniero Javier Barrios Sierra (1966-1970). Este programa permitió
PRÓLOGO XV
el ingreso al IIJ de varios jóvenes becarios, muchos de los cuales realiza-
ron posteriormente estudios de posgrado en el extranjero. Para todos
ellos, Héctor Fix-Zamudio es, y sigue siendo, “El Maestro Fix”, con in-
dependencia de que hayan sido sus discípulos directos. A la distancia, re-
sulta claro que esos jóvenes investigadores no conformaron simplemente
un grupo de edades próximas, sino una verdadera generación —la pri-
mera generación como tal del Instituto— que compartía, y en mucho
comparte todavía, una misma idea de la investigación y de las tareas de
la política jurídica, en gran medida bajo el ejemplo y guía del Maestro
Fix.4 Y si bien muchos de ellos desempeñaron importantes funciones pú-
blicas en las décadas siguientes, varios han regresado a la vida académi-
ca en el IIJ. No hay duda de que debemos al Maestro Fix y a esa genera-
ción la creación del fuerte sentido de comunidad y pertenencia que
caracteriza al Instituto y que comparten las nuevas generaciones, a pesar
del considerable crecimiento de la planta académica en estos años.5
En tercer lugar, una clave del éxito del Instituto radica en la continui-
dad. En un país donde la vida de las instituciones es todavía bastante
precaria, en parte porque existe escasa continuidad en los programas y
las políticas institucionales, el Instituto destaca por haber mantenido una
FIX-ZAMUDIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASXVI
4 En una perspectiva sociológica, el concepto de “generación” tiene varios significa-
dos. Uno de ellos, que se remonta a Wilhelm Dilthey y Karl Mannheim, designa a un
grupo que comparte una “posición” socio-histórica similar, lo que trae consigo una cierta
identidad del pensamiento, la acción y el sentimiento. Así, las generaciones, o grupos
dentro de ellas, pueden conformar en cierto modo actores colectivos en el acontecer so-
ciohistórico. Véase Majce, Gerhard, voz “Generation” en Endruweit, Günter y Gisela
Trommmsdorff (eds.), Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart, Enke-dtv, 1989, vol. 1, pp.
233 y 234. En el caso de esta primera generación del IIJ que nos ocupa, quedaría por ex-
plorar si sus integrantes pretendían lograr objetivos de cambio jurídico-institucional, y
las razones por las que pensabanque podrían lograrlo a través de la labor académica.
5 Así lo revela una encuesta realizada en febrero de 2007 entre los investigadores
del Instituto. A la pregunta “¿Qué tanto se siente usted parte de la comunidad del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas?”, 79.9% contestó que “mucho” y 16.3% que “algo”. Cu-
riosamente, fue más elevado el porcentaje de quienes dijeron sentirse “parte de la
UNAM” (95.1%), pero eso quizá pueda explicarse por el hecho de que es más fácil iden-
tificarse con un ente abstracto, y sobre todo, porque la pregunta no se refería a la “comu-
nidad” de la Universidad.
Respecto al crecimiento de la planta académica, en 1966 había solamente cuatro in-
vestigadores de tiempo completo. En 1980 ya eran 26; en 2000, el número se había
elevado a 71, y en la actualidad son más de 90. Véase XL aniversario del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, 1980 e Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas. Sexagésimo aniversario, México, UNAM, 2000.
misma orientación general de su quehacer. La continuidad no se refleja
exclusiva, ni siquiera primordialmente, en el crecimiento constante de la
planta académica, del número de eventos académicos y de títulos publi-
cados. Sin duda esto ha ocurrido y de manera muy notable,6 pero ello se
debe, en parte al menos, a los procesos naturales de crecimiento de la so-
ciedad y, por tanto, de los recursos dedicados a la educación superior. El
valor más profundo de la continuidad radica sobre todo en la posibilidad
de realizar proyectos de largo aliento, así como en la de innovar y cons-
truir sobre la base de lo existente.7
La continuidad y el creciente prestigio de una carrera en la investiga-
ción jurídica han sido, en cuarto término, un elemento que favorece la re-
novación generacional. Después de esa primera generación, entre media-
dos de la década de los ochenta y mediados de los noventa ingresó en el
Instituto una nueva generación, y en estos momentos está incorporándo-
se otra más. Cada una de estas generaciones se ha caracterizado por una
formación cada vez más sólida y amplia, con estudios en distintos países
del extranjero (España, Italia, Francia, Alemania, principalmente), lo que
ha permitido la considerable ampliación de las redes y los contactos aca-
démicos del Instituto, dentro y fuera del país.8
PRÓLOGO XVII
6 Véanse los informes anuales de labores del director del IIJ, publicados a partir de
1980 en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado (consultables en www.bibliojuridi-
ca.org).
7 Menciono como ejemplos de tales proyectos, entre otros, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos comentada (1985, con 19 ediciones hasta 2006), el
Diccionario Jurídico Mexicano (1982, dos ediciones y numerosas reimpresiones), la
Enciclopedia Jurídica Mexicana (2002) y la Latinoamericana (2006), y los Derechos del
pueblo mexicano (obra patrocinada por la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, también con varias ediciones).
8 Esta actividad de expansión se ha manifestado, sobre todo, en la celebración de
numerosos convenios de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, median-
te los cuales se acuerdan diversas formas de cooperación académica, como la realización
de congresos y otros eventos, la publicación de revistas y libros en coedición, la elabora-
ción de estudios y análisis jurídicos, la impartición de diplomados y cursos de maestría y
doctorado, etcétera.
En relación con lo anterior, resulta indispensable mencionar que la fundación del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Constitucional en México en 1975, así como el hecho de
que la presidencia la han ocupado dos juristas mexicanos —Héctor Fix-Zamudio y Jorge
Carpizo— y de que su sede se encuentra en el propio IIJ, ha resultado crucial para cimen-
tar el prestigio académico del IIJ en el continente americano y en Europa occidental.
Hemos dicho que Dezalay y Garth insisten en la importancia de que
en el Instituto se haya cultivado lo que ellos llaman el “derecho puro”, o
“autónomo”, a partir de una visión más abierta e internacional de los
estudios jurídicos. En realidad, ésta ha sido la vocación explícita del
Instituto —que nació en 1940 con el nombre de Instituto de Derecho
Comparado de México—, pues sus fundadores pretendían contribuir al
perfeccionamiento del orden jurídico nacional a través del método com-
parativo. Esta visión, que puede parecer evidente en la actualidad, no lo
era de ningún modo entonces en aquel tiempo, no sólo por las considera-
bles dificultades de acceso al derecho extranjero, sino porque en el me-
dio jurídico mexicano se iba introduciendo un creciente nacionalismo
—reflejo del clima nacionalista imperante en el país— que propiciaba su
aislamiento frente al exterior. Quizá no sea casualidad que haya sido un
distinguido profesor español, don Felipe Sánchez Román, a quien se de-
be la iniciativa directa de fundar el Instituto, pero las autoridades de la
entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia sabían de la importancia
que tenía contar con un instituto de estudios jurídicos de esta naturaleza
y, sobre todo, estaban conscientes del avance del “nacionalismo jurídico”
y sus peligros. En su discurso con motivo de la inauguración del Instituto
el 7 de mayo de 1940, don Manuel Gual Vidal, director de la Escuela, se-
ñaló que la fundación del Instituto estaba referida “a la situación de Mé-
xico en el continente, a nuestras relaciones de espíritu, de idioma y de
tradiciones jurídicas, y por otra parte, al hecho, también comprobado y
doloroso, de que México se haya venido apartando cada vez más de las
corrientes de ese derecho”.9 Y continuó diciendo:
México, sin concurrir a los congresos que en Sudamérica se han celebra-
do; México, sin hacer estudios de derecho comparado, como no sea por el
esfuerzo individual y personal de algunos estudiosos de la materia; Méxi-
co, que a pesar de tener el mérito de ser cabeza en este movimiento, ha
abandonado hoy el movimiento mismo. Y lo encontramos totalmente ais-
lado, sin conocer la legislación de otros países con los que nos liga la tra-
dición jurídica, desorientado por las diversas influencias que han sufrido
esos países. Es, pues, propósito definido y concreto del Instituto de Dere-
cho Comparado de México, hacer una revisión de esos problemas, estudiar
FIX-ZAMUDIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASXVIII
9 Véase “Discurso del Lic. Manuel Gual Vidal, Director de la Escuela Nacional de
Jurisprudencia, en la inauguración del Instituto de Derecho Comparado de México el 7
de mayo de 1940”, en Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto (ed.), XXV Aniversario del Insti-
tuto de Derecho Comparado de México (1940-1965), México, UNAM, 1965, p. 140.
el derecho de otros países, pero especialmente del continente americano,
con la tendencia, nada más la tendencia… de llegar a la unificación, en ca-
da una de sus materias, del derecho americano.10
Puede decirse que, entre los investigadores del Instituto, fue Héctor
Fix-Zamudio quien mejor recibió, de manos de su maestro más cercano y
querido, don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo (1906-1985), y quien más
profundizó, desde sus primeros trabajos, esta herencia fundacional, mis-
ma que muy pronto lo puso en contradicción con los juristas que recha-
zaban las “teorías jurídicas extranjerizantes” que se cultivaban en el
Instituto. Entre ellos destaca don Ignacio Burgoa Orihuela, quien era un
reconocido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y autor de
un prestigioso manual sobre el juicio de amparo mexicano.11 No se trata-
ba de una mera diferencia de criterio jurídico, de la dilucidación de teo-
rías jurídicas “correctas” o “falsas”, sino de una visión particular sobre el
derecho y los estudios jurídicos mismos, y quizá en ello haya influido la
mayor o menor distancia de los participantes frente al establishment jurí-
dico-gubernamental de entonces. En todo caso, los comparatistas del
Instituto no creían estar haciendo nada extraordinario, pues simplemente
consideraban que había que tomar en cuenta los avances generales dela
ciencia jurídica para entender mejor el derecho nacional. Después de to-
do, los creadores de las instituciones jurídicas nacionales más importan-
tes habían sido juristas profundamente interesados en las experiencias de
otras latitudes, y ellos mismos estaban conscientes de estar adaptando lo
que creían mejor de esas experiencias para la solución de los problemas
nacionales. Se entiende, por ello, que los representantes del nacionalismo
jurídico hayan percibido como muy incómoda una actitud intelectual
que, por ser meramente académica y no ideológica, constituía una crítica
demoledora de los mitos y prejuicios que sostenían.
PRÓLOGO XIX
10 Idem. El licenciado Gual Vidal insistió en su discurso en que la fundación del
Instituto pretendía contribuir también a la unificación del derecho nacional, igualmente a
través de los estudios comparados.
11 La reacción del profesor Burgoa, expresada, sin decir nombres, en el prólogo a su
obra más conocida, resulta tanto más explicable, por cuanto Héctor Fix-Zamudio propo-
nía —desde su tesis de licenciatura (1955), intitulada La garantía jurisdiccional de la
Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo, y recogida
más tarde en su libro El juicio de amparo, México, Porrúa, 1964— utilizar los conceptos
de la teoría general del proceso —elaborada principalmente por juristas alemanes, italia-
nos y españoles— para abordar la más nacional de las instituciones jurídicas mexicanas.
Irónicamente, ha sido esa herencia “extranjerizante” la que ha contri-
buido, con el tiempo, a hacer de Héctor Fix-Zamudio el estudioso de
las instituciones jurídicas mexicanas, como el juicio de amparo, más
conocido en el extranjero, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
un participante relevante en los procesos de reforma jurídica nacional.
Fue en el Instituto donde se empezaron a estudiar, y de manera principal
por el propio Maestro Fix, algunas de las instituciones que estaban te-
niendo gran desarrollo en el extranjero durante la segunda posguerra, co-
mo el ombudsman, el consejo de la judicatura, y los tribunales constitu-
cionales,12 las que más tarde se incorporarían en el derecho mexicano
cuando se advirtió que resultaban imprescindibles para la renovación de
la vida pública del país.
Todos los elementos anteriores, como ya se dijo, no son suficientes
para entender por qué varios miembros del Instituto tuvieron un destaca-
do papel en la preparación y elaboración de algunas de las reformas más
importantes de las décadas de los ochenta y noventa. Además de las ca-
pacidades individuales y las relaciones personales que pudieron haber in-
fluido, se requiere un contexto social y político que explique la necesi-
dad del cambio jurídico e institucional. En efecto, a partir de 1982 y con
más fuerza en la década de los noventa, se produce una profunda trans-
formación de las normas e instituciones del derecho mexicano, como
consecuencia de la necesidad de encauzar, acompañar y consolidar jurí-
dicamente la liberalización y la apertura de la economía mexicana, así
como el proceso de democratización política.13 Pero no se trataba de dar
simplemente “forma jurídica” a los cambios políticos y económicos, sino
que en este proceso el derecho empezó a asumir nuevas funciones de re-
gulación y legitimación, hasta el punto en que puede hablarse del surgi-
miento de un nuevo modelo o paradigma de derecho, y de una verdadera
FIX-ZAMUDIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASXX
12 En todos estos temas tiene Héctor Fix-Zamudio importantes obras precursoras en
la doctrina mexicana, que se remontan a la década de los sesenta.
13 De la amplia bibliografía que existe sobre los cambios jurídicos de estos años véa-
se, desde una perspectiva más sociojurídica, López-Ayllón, Sergio, Las transformaciones
del sistema jurídico mexicano. La encrucijada entre tradición y modernidad, México,
UNAM, 1997; López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor “«¡Tan cerca, tan lejos!» Esta-
do de derecho y cambio jurídico en México (1970-2000)”, en Fix-Fierro, Héctor et al.
(eds.), Culturas jurídicas latinas de Europa y América en tiempos de globalización, Mé-
xico, UNAM, 2003, pp. 503-603. Véase también Cossío Díaz, José Ramón, Cambio so-
cial y cambio jurídico, México, ITAM-Miguel Ángel Porrúa, 2001.
“transición jurídica”, para calificar al proceso que le da origen y al con-
texto en el que se desarrolla.14
Cabe preguntarse ahora si la intervención de Héctor Fix-Zamudio y de
otros miembros del Instituto en el proceso de cambio jurídico han tenido
alguna orientación en particular, o si carece de un claro hilo conductor.
Considérese, en este sentido, que los integrantes del Instituto participa-
ron en la creación, reforma o desarrollo, entre otras, de las siguientes ins-
tituciones: la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM
(1985); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1990); el Tri-
bunal Federal Electoral (1990, ahora Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación); el Tribunal Superior Agrario (1992); la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (1987 y 1994) y el Consejo de la Judicatu-
ra Federal (1994); el Instituto Federal Electoral (1990); el Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información (2002); el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (2004). Además, varios miembros (o ex miembros)
del Instituto han intervenido en otros importantes proyectos de reformas
constitucionales y legales (incluyendo los más recientes), tanto federales
como de algunas entidades federativas, entre las que destacan varias en
materia de procuración e impartición de justicia (como la introducción
de los “juicios orales”).
La mayoría de las instituciones y reformas mencionadas tienen un ele-
mento en común: los derechos humanos en un sentido amplio.15 Inde-
PRÓLOGO XXI
14 Sobre el concepto de transición en el campo del derecho, véase Fix-Fierro, Héctor
y López-Ayllón, Sergio, “Legitimidad contra legalidad. Los dilemas de la transición jurí-
dica y el Estado de derecho en México”, Política y Gobierno, México, vol. VIII, núm. 2,
segundo semestre de 2001, pp. 347-393, y “Cambio jurídico y autonomía del derecho: un
modelo de la transición jurídica en México”, en Caballero Juárez, José Antonio y Serna
de la Garza, José María (eds.), Transición y Estado de derecho en México, México,
UNAM, 2002, pp. 95-137. Véanse también los demás ensayos reunidos en este último
volumen, así como en González, María del Refugio y López-Ayllón, Sergio (coords.),
Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM, 1999.
15 En un sentido general, quizá habría que agregar aquí la democracia, pero se trata
de un concepto menos unívoco, respecto del cual seguramente habría menos consenso
entre los miembros del Instituto en cuanto a sus modalidades y alcances concretos. Por
ello, me concentro en el eje de los derechos humanos, considerando que su defensa inclu-
ye la promoción de la democracia.
En cuanto a otros campos distintos de los derechos humanos, conviene mencionar que
dos antiguos miembros del Instituto ejercieron importantes responsabilidades como ase-
sores jurídicos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, entre México, los Estados Unidos y Canadá (1991-1993), pero en general el IIJ ha te-
pendientemente de la necesidad “objetiva” de estudiar y promover estos
derechos en el mundo contemporáneo, ante la naturaleza del régimen po-
lítico entonces imperante, pero también debido a los ancestrales rezagos
del país en la materia, en la elección de los derechos humanos, como ins-
trumento de la política jurídica, radica una decisión estratégica (cons-
ciente o no) de gran fuerza y legitimidad, no sólo porque ese discurso es
capaz de desarmar preventivamente cualquier resistencia política directa
(¿quién puede estar abiertamente en contra de los derechos humanos?),
sino también porque se trata de figuras que naturalmente están insertas
en un contexto más amplio que el del Estado-nación.16
Como ya se ha señalado, tanto desde la perspectivade los derechos
humanos como desde el punto de vista del proceso más amplio de transi-
ción jurídica en México, el derecho acrecienta su relevancia no sólo co-
mo instrumento de la regulación social (en particular de la económica),
sino también como factor de la legitimidad política. Ante el desgaste de
los viejos modelos políticos (el presidencialismo), el sistema jurídico pa-
rece ofrecer una nueva legitimidad, caracterizada por la despolitización y
la racionalización de los conflictos, así como por la imparcialidad de sus
decisiones. En términos weberianos, se trata de la legitimidad que genera
la legalidad (aunque deba ser una legalidad no puramente formal). Esto
permite entender por qué la justicia en general, y los jueces y tribunales
en particular, asumen una nueva relevancia en el nuevo modelo de dere-
cho.17
Lo anterior requiere todavía un elemento más de explicación. Puesto
que la transición jurídica mexicana no se produjo mediante ruptura, hay
necesidad de legitimar internamente al nuevo derecho, sobre todo ante
los antiguos operadores jurídicos, que tienen que entenderlo y aplicarlo
en un contexto social más exigente. Es por ello que se recurre a la doctri-
na, cuya función es la de explorar y vincular al orden jurídico positivo
con modelos filosóficos y teóricos más amplios, pero también a las capa-
FIX-ZAMUDIO Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICASXXII
nido una orientación menos fuerte hacia los temas económicos y, en general, del derecho
privado.
16 Esta es una de las razones por las que Dezalay y Garth hablan de “estrategias in-
ternacionales”.
17 Sobre la legitimidad que ofrece el derecho en un contexto de transición, veáse
Fix-Fierro, Héctor y López-Ayllón, Sergio, “Legitimidad contra legalidad. Los dilemas
de la transición jurídica y el Estado de derecho en México”, Política y Gobierno, cit., no-
ta 14.
cidades operativas de los juristas académicos, pues ellos no sólo se han
apropiado de esos nuevos modelos, sino que ofrecen la ventaja —la legi-
timidad, en una palabra— de estar desvinculados de los intereses creados
y las prácticas habituales del viejo sistema. Es en este contexto que se re-
vela, en todas sus dimensiones, la importancia de la profesionalización y
la institucionalización de la investigación jurídica que se ha logrado en el
IIJ. En su lenguaje, tomado fundamentalmente de la sociología de Pierre
Bourdieu (1930-2002), Dezalay y Garth dirían que, en el marco de los
imperativos económicos y políticos que impone la globalización, el capi-
tal académico se transforma en capital jurídico-político, el que otorga
tanta mayor influencia a sus detentadores cuanto más deseado es por una
elite que desespera por recuperar, a través del derecho, parte de la legi-
timidad perdida.
Quiero terminar estas líneas en un tono más personal, que sólo puede
ser de gratitud hacia Héctor Fix-Zamudio. Lo que el Instituto, la ciencia
jurídica mexicana y la vida institucional del país le deben, se refleja,
aunque pálidamente, en los párrafos anteriores. Él ha sido ejemplo cons-
tante y guía certera para todos nosotros; ha sido, en suma, el ancla de las
generaciones del Instituto. La lista particular de lo que yo debo agrade-
cerle, en cambio, es mucho más larga, pero para ello me faltan, y me so-
bran nuevamente, las palabras. Porque en mi vida yo he cosechado mu-
cho de lo que no he sembrado, le pido ahora, con emoción, que reciba
este homenaje como parte de la cosecha de lo que ha sembrado durante
más de cincuenta años, y que todos deseamos que sean muchos más.
Héctor FIX-FIERRO*
PRÓLOGO XXIII
* Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
PREFACIO
En el año de 1956 aparecen los primeros trabajos de Héctor Fix-Zamu-
dio: “Derecho procesal constitucional”,1 “La garantía jurisdiccional de la
Constitución mexicana”,2 “El proceso constitucional”,3 “Estructura pro-
cesal del amparo”4 y “La aportación de Piero Calamandrei al derecho
procesal constitucional”.5 En octubre de ese mismo año ingresó al enton-
ces Instituto de Derecho Comparado (hoy de Investigaciones Jurídicas)
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
A cincuenta años de distancia se advierte la trascendencia de aquellas
primeras publicaciones que representan el inicio de una brillante carrera
académica. Y es por ello que en el año de 2006 comentamos con el doc-
tor Diego Valadés, en aquel momento director del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, la conveniencia de conmemorar las bodas
de oro académicas del maestro Fix-Zamudio. El doctor Valadés no sólo
acogió con beneplácito la idea sino que nos encomendó la delicada labor
de la coordinación del proyecto, que luego respaldó con entusiasmo el
actual director de ese Instituto, el doctor Héctor Fix-Fierro.
Se decidió que la obra homenaje tuviera como eje temático al derecho
procesal constitucional, debido a que esa disciplina ha constituido una
de sus preocupaciones fundamentales desde sus primeros ensayos y por
representar su principal forjador en los últimos cincuenta años. Así, la
presente obra se suma a los dos homenajes anteriores. El primero, publi-
cado por el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en
1988, conmemorando sus treinta años de investigación en las ciencias ju-
XXV
1 La Justicia, t. XXVII, núms. 309 y 310, enero y febrero de 1956, pp. 12300-12313
y 12361-12364.
2 Foro de México, núm. XXXV, febrero de 1956, pp. 3-12.
3 La Justicia, núm. 317, t. XXVII, septiembre de 1956, pp. 12625-12636.
4 La Justicia, núm. 318, t. XXVII, octubre de 1956, pp. 12706-12712.
5 Revista de la Facultad de Derecho de México, t. VI, núm. 24, octubre-diciembre
de 1956, pp. 191-211.
www.juridicas.unam.mx
rídicas;6 y el segundo, publicado una década después, en 1998, por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reconocimiento a su des-
tacada trayectoria en esa jurisdicción internacional.7
La labor de convocatoria y de recepción de los trabajos no fue senci-
lla. En principio se tuvo en consideración una lista inicial de los juristas
más cercanos al doctor Fix-Zamudio, que nos proporcionó gentilmente la
señora Evangelina Suárez, su eficiente secretaria de hace casi veinte
años. Posteriormente la lista fue creciendo de manera importante debido
a los muchos juristas que deseaban participar y que se enteraron del
proyecto.
El resultado es el que el lector tiene en sus manos; la participación de
más de cuatrocientos juristas a nivel mundial, en la que se unen académi-
cos, profesores, jueces, servidores públicos, discípulos y condiscípulos
de varias generaciones, lo que permite un enfoque plural y amplio de la
materia central de la obra y también de otras disciplinas jurídicas.
Para mayor claridad sistemática, la obra se divide en doce tomos, dis-
tribuidos en cuarenta y seis capítulos, referidos en su mayoría a las temá-
ticas de estudio de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional en su
concepción amplia. De esta forma, la obra se compone de los siguientes
tomos y capítulos:
TOMO I: TEORÍA GENERAL DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Capítulo I: Teoría general del derecho procesal constitucional
TOMO II: TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y DEMOCRACIA
Capítulo II: Tribunales, cortes y salas constitucionales
Capítulo III: Tribunal Constitucional y jurisdicción ordinaria
Capítulo IV: Tribunales constitucionales y democracia
TOMO III: JURISDICCIÓN Y CONTROL CONSTITUCIONAL
Capítulo V: Justicia y control constitucional
PREFACIOXXVI
6 Estudios en homenaje al doctor Héctor Fix-Zamudio, en sus treinta años como in-
vestigador de las ciencias jurídicas, México, UNAM, III ts., 1988.
7 Liber amicorum: Héctor Fix Zamudio, San José, Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, II ts., 1998.
Capítulo VI: Control difuso
Capítulo VII: Control constitucional local
TOMO IV: DERECHOS FUNDAMENTALES Y TUTELA CONSTITUCIONAL
Capítulo VIII: Derechos fundamentales y jurisdicción constitucional
Capítulo IX: Protección horizontal de los derechos fundamentales
Capítulo X: Protección jurisdiccional de los derechossociales
Capítulo XI: Bloque de constitucionalidad
TOMO V: JUEZ Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL
Capítulo XII: Juez constitucional
Capítulo XIII: Sentencia constitucional
Capítulo XIV: Jurisprudencia y precedente constitucional
TOMO VI: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ELECTORAL
Capítulo XV: Interpretación y argumentación constitucional
Capítulo XVI: Interpretación constitucional y derecho internacional
Capítulo XVII: Jurisdicción constitucional electoral
TOMO VII: PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD
Capítulo XVIII: Hábeas corpus
Capítulo XIX: Amparo
Capítulo XX: Hábeas data y protección de datos personales
Capítulo XXI: Ombudsman y procedimiento de investigación de la Su-
prema Corte
TOMO VIII: PROCESOS CONSTITUCIONALES ORGÁNICOS
Capítulo XXII: Control constitucional de leyes
Capítulo XXIII: Conflictos entre poderes y órganos del Estado
Capítulo XXIV: Inconstitucionalidad por omisión legislativa
Capítulo XXV: Juicio político y fuero parlamentario
Capítulo XXVI: Control jurisdiccional de la reforma constitucional
Capítulo XXVII: Responsabilidad patrimonial del Estado
PREFACIO XXVII
TOMO IX: DERECHOS HUMANOS Y TRIBUNALES INTERNACIONALES
Capítulo XXVIII: Derecho internacional y jurisdicción constitucional
transnacional
Capítulo XXIX: Corte Interamericana de Derechos Humanos
Capítulo XXX: Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Capítulo XXXI: Corte Penal Internacional
Capítulo XXXII: Corte Internacional de Justicia
TOMO X: TUTELA JUDICIAL Y DERECHO PROCESAL
Capítulo XXXIII: Debido proceso y tutela judicial
Capítulo XXXIV: Actualidad procesal
Capítulo XXXV: Prueba
Capítulo XXXVI: Derecho procesal civil internacional
TOMO XI: JUSTICIA, FEDERALISMO Y DERECHO CONSTITUCIONAL
Capítulo XXXVII: Administración y procuración de justicia
Capítulo XXXVIII: Estado federal y autonómico
Capítulo XXXIX: Actualidad constitucional
TOMO XII: MINISTERIO PÚBLICO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Y ACTUALIDAD JURÍDICA
Capítulo XL: Ministerio Público y derecho penal
Capítulo XLI: Derecho (contencioso) administrativo
Capítulo XLII: Derecho de la información
Capítulo XLIII: Derecho fiscal
Capítulo XLIV: Derecho indígena
Capítulo XLV: Derecho laboral
Capítulo XLVI: Derecho privado, informática y telecomunicaciones
Previamente a estos cuarenta y seis capítulos, en el tomo I aparece una
breve semblanza y el curriculum vitae del doctor Fix-Zamudio. Asimis-
mo, se incorpora un capítulo denominado Epistolario, que contiene se-
tenta y cuatro “cartas” que escribieron para esta emotiva ocasión los ju-
ristas y discípulos cercanos al Maestro.
PREFACIOXXVIII
A continuación señalamos los cuatrocientos treinta y tres juristas, de
treinta y siete nacionalidades que participan en la obra, por orden alfabé-
tico de países y autores:
ALEMANIA: Rainer Grote, Peter Häberle, Mathias Herdegen, Norbert
Lösing, Dieter Nohlen, Nicolas Nohlen y Hans-Peter Schneider.
ANDORRA: Antoni López Montanya.
ARGENTINA: Víctor Abramovich, Alberto Alvarado Velloso, Karina
Ansolabehere, Roland Arazi, Víctor Bazán, Roberto Omar Berizonce,
Pedro J. Bertolino, Mario Cámpora, Walter F. Carnota, Juan Cian-
ciardo, Christian Courtis, Alberto Ricardo Dalla Vía, Diego A. Do-
labjian, Edgardo Alberto Donna, Enrique Falcón, Gustavo Ferreyra,
Lucas Giardelli, Osvaldo Alfredo Gozaíni, Ricardo Haro, Juan Carlos
Hitters, Adelina Loianno, Gualberto Lucas Sosa, Pablo Manili, Anto-
nio María Hernández, Augusto M. Morello, Eduardo Oteiza, Jorge
Walter Peyrano, Oscar Puccinelli, Humberto Quiroga Lavié, Guido
Risso, Adolfo Armando Rivas, Jorge A. Rojas, Néstor Pedro Sagüés,
María Sofía Sagüés, Gustavo Szarangowicz, Sebastián Diego Toledo,
Fernando Toller, Carlos Vallefín, Jorge Reinaldo Vanossi, Alejandro
C. Verdaguer, Rodolfo L. Vigo, Eugenio Raúl Zaffaroni y Alberto
Zuppi.
BÉLGICA: Marcel Storme.
BOLIVIA: Jorge Asbun, René Baldivieso Guzmán y José Antonio Rivera
Santivañez.
BRASIL: José Afonso da Silva, José Carlos Barbosa Moreira, Paulo Bo-
navides, Antônio Augusto Cançado Trindade, Ivo Dantas, Paulo Ro-
berto de Gouvêa Medina, Ada Pellegrini Grinover y André Ramos
Tavares.
CABO VERDE: Jorge Carlos Fonseca.
COLOMBIA: Jaime Araujo Rentería, Ramiro Bejarano Guzmán, Mario
Cajas Sarria, Jaime Córdoba Triviño, Juan Carlos Esguerra Portoca-
rrero, Ana Giacomette Ferrer, Diana Guarnizo, José Gregorio Her-
nández Galindo, Alexei Julio Estrada, Diego López Medina, Hernán
Alejandro Olano García, Julio César Ortiz Gutiérrez, Néstor Osuna
Patiño, Jairo Parra Quijano, Carlos Restrepo Piedrahita, Ernesto Rey
PREFACIO XXIX
Cantor, Luis Carlos Sáchica Aponte, Ma. Auxiliadora Solano Monge,
Juan Carlos Upegui Mejía y Rodrigo Uprimny.
COSTA RICA: Gilbert Armijo, Sergio Artavia B., Rubén Hernández Va-
lle, Ernesto Jinesta L., Luis Paulino Mora Mora, Luis Fernando Sola-
no Carrera y Manuel E. Ventura Robles.
CUBA: Beatriz Bernal Gómez y Andry Matilla Correa.
CHILE: Andrés Bordalí Salamanca, José Luis Cea Egaña, Juan Colombo
Campbell, Cecilia Medina Quiroga, Enrique Navarro Beltrán, Hum-
berto Nogueira Alcalá, Miguel Otero Lathrop, Diego Palomo, Mari-
sol Peña Torres, Hugo Pereira Anabalón, Lautaro Ríos Álvarez y
Francisco Zúñiga.
ECUADOR: Hernán Salgado Pesantes y Santiago Efraín Velázquez
Coello.
EL SALVADOR: Enrique Anaya, Roberto Cuéllar M., Florentín Meléndez
y Manuel Montecinos.
ESPAÑA: Eliseo Ajá, Miguel Ángel Alegre Martínez, José Almagro Nose-
te, Manuel Aragón Reyes, Pedro Aragoneses Alonso, Rafael de Asís
Roig, Manuel Atienza, Lorena Bachmaier Winter, Mónica Beltrán
Gaos, Juan María Bilbao Ubillos, José Bonet Navarro, Joaquín Brage
Camazano, Lorenzo M. Bujosa Vadell, Rafael Bustos Gisbert, Raúl
Canosa Usera, Marc Carrillo, José Luis Cascajo Castro, Faustino
Cordón Moreno, Luis M. Cruz, Pedro Cruz Villalón, Isabel Davara F.
de Marcos, Miguel Ángel Davara Rodríguez, Francisco Javier Díaz
Revorio, José Julio Fernández Rodríguez, Francisco Fernández Sega-
do, Víctor Ferreres Comella, Ángela Figueruelo Burrieza, Eduardo
García de Enterría, Marina Gascón Abellán, Vicente Gimeno Sendra,
Jesús María González García, Jesús González Pérez, Pablo Gutiérrez
de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Jorge Lozano Miralles, Rafael
Márquez Piñero, Augusto Martín de la Vega, Fernando Martín Díz,
José Martín Ostos, Juan Montero Aroca, Pablo Morenilla, Víctor Mo-
reno Catena, Julio Muerza Esparza, Andrés de la Oliva Santos,
Andrés Ollero, Emilio Pajares Montolío, Luciano Parejo Alfonso,
Antonio-Enrique Pérez Luño, Javier Pérez Royo, Pablo Pérez Tremps,
Joan Picó I Junoy, Luis Prieto Sanchís, Francisco Ramos Méndez,
Fernando Rey Martínez, Juan Luis Requejo Pagés, Miguel Revenga
Sánchez, Pedro Rivas, Sonia Rodríguez Jiménez, Patricia Rodrí-
PREFACIOXXX
guez-Patrón, Fdo. Francisco Rubio Llorente, Carlos Ruiz Miguel, Pe-
dro Serna, Javier Tajadura Tejada, Isabel Tapia Fernández, Antonio
Torres del Moral, José Luis Vázquez Sotelo, Pedro de Vega y Carlos
Vidal Prado.
ESLOVENIA: Arne Marjan Mav� èi�.
ESTADOS UNIDOS: Martín Shapiro y Robert F. Williams.
FRANCIA: Jean-Claude Colliard.
GRECIA: Konstantinos D. Kerameus.
GUATEMALA: Mario Aguirre Godoy, Larry Andrade-Abularach, Mauro
Chacón Dorado y Jorge Mario García Laguardia.
HONDURAS: Francisco Daniel Gómez Bueso.
INGLATERRA: John Anthony Jolowicz.
ISRAEL: Stephen Goldstein.
ITALIA: Italo Augusto Andolina, Paolo Biavati, Michelangelo Bovero,
Federico Carpi, Alfonso Celotto, Sergio Chiarloni, Giuseppe de Ver-
gottini, Luigi Ferrajoli, Tania Groppi, Paolo Grossi, Pierfrancesco
Grossi, Ricardo Guastini, Luca Mezzetti, Marco Olivetti, Lucio Pego-
raro, Alessandro Pizzorusso, Giancarlo Rolla, Roberto Romboli,
Antonio Ruggeri, Michele Taruffo, Vincenzo Vigoritti y Gustavo Za-
grebelsky.
LITUANIA: Egidijus Jarašiûnas y Stasys Sta� èiokas.
MACAU: Paulo Cardinal.
MÉXICO: Juan Manuel Acuña, Jorge Adame Goddard, Horacio Aguilar
Álvarez de Alba, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, Emilio Álvarez
Icaza Longoria, Walter Arellano Hobelsberger, Gonzalo Armienta
Calderón, Juan Federico Arriola, Elisur Arteaga Nava, César Astudi-llo, Carlos Báez Silva, Daniel A. Barceló Rojas, Arturo Bárcena Zu-
bieta, Manuel Barquín Á., José Barragán Barragán, Luis de la Barre-
da Solórzano, Manuel Becerra Ramírez, Adriana Berrueco García,
Ingrid Brena Sesma, Luis Broderman Ferrer, Rodolfo Bucio Estrada,
Néstor de Buen Lozano, José Antonio Caballero, José Luis Caballero
Ochoa, Enrique Cáceres Nieto, Miguel Carbonell, Jaime Cárdenas,
Jorge Ulises Carmona Tinoco, Jorge Carpizo, Constancio Carrasco
Daza, Manlio Fabio Casarín León, Milton Emilio Castellanos Goût,
PREFACIO XXXI
Juventino V. Castro y Castro, Cynthia Chanut Esperón, David Cien-
fuegos, Germán Cisneros Farías, Rafael Coello Cetina, Víctor Ma-
nuel Collí Ek, Lorenzo Córdova Vianello, Edgar Corzo Sosa, José Ra-
món Cossío Díaz, José de Jesús Covarrubias Dueñas, Óscar Cruz
Barney, Osmar Armando Cruz Quiroz, Francisco José De Andrea S.,
Enrique Díaz Aranda, José Hugo Augusto Díaz-Estúa Avelino, Luis
Díaz Müller, Juan Díaz Romero, Javier Dondé Matute, Ma. Macarita
Elizondo Gasperín, Miguel Eraña Sánchez, Rafael Estrada Michel,
Jorge Fernández Ruiz, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Héctor Fix-Fie-
rro, Imer B. Flores, José Fernando Franco González Salas, Flavio
Galván Rivera, José Gamas Torruco, Máximo Gámiz Parral, Marco
César García Bueno, Gumesindo García Morelos, Sergio García Ra-
mírez, José Alfredo García Solís, Paula María García-Villegas Sán-
chez-Cordero, Raymundo Gil Rendón, Mara Gómez Pérez, Alonso
Gómez Robledo, Genaro David Góngora Pimentel, Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara y Carrancá, Carlos González Blanco, Héctor González
Chévez, Jorge Alberto González Galván, Nuria González Martín, Ma-
nuel González Oropeza, Raúl González Schmal, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juan Carlos Gutiérrez, Rodrigo Gutiérrez, Juan de Dios Gu-
tiérrez Baylón, Iván Carlo Gutiérrez Zapata, Manuel L. Hallivis Pela-
yo, Ma. del Pilar Hernández, María Amparo Hernández Chong Cuy,
Alfonso Herrera García, Carla Huerta, Francisco Ibarra Palafox,
Olga Islas de González Mariscal, Alfredo Islas Colín, Patricia
Kurczyn Villalobos, Mauricio Lara Guadarrama, Leoncio Lara
Sáenz, José Manuel Lastra Lastra, Gerardo Laveaga, Andrés Lira
González, Sergio López-Ayllón, Miguel Alejandro López Olvera, Mar-
garita Beatriz Luna Ramos, Ana Laura Magaloni Kerpel, Daniel Már-
quez, Raúl Márquez Romero, Fabiola Martínez Ramírez, Edgardo
Martínez Rojas, Mario Melgar Adalid, Ricardo Méndez Silva, Jorge
Meza Pérez, Javier Mijangos y González, Gonzalo Moctezuma Barra-
gán, César de Jesús Molina, Cecilia Mora-Donatto, Carlos A. Mora-
les-Paulín, Jorge Nader Kuri, José Ramón Narváez, Carlos F. Nata-
rén, César Nava Escudero, Salvador Olimpo Nava Gomar, Santiago
Nieto Castillo, Alfonso Oñate, Jorge R. Ordóñez E., José Emilio Ro-
lando Ordóñez Cifuentes, Lina Ornelas Núñez, J. Jesús Orozco Hen-
ríquez, José Ovalle Favela, Ruperto Patiño Manffer, Raúl Pérez
Johnston, Valeriano Pérez Maldonado, Carlos Pérez Vázquez, Raúl
PREFACIOXXXII
Plascencia Villanueva, José Luis Prado Maillard, Elvia Arcelia Quin-
tana Adriano, Alejandro Quijano Álvarez, Karla I. Quintana Osuna,
Emilio Rabasa Gamboa, Laura M. Rangel Hernández, Gabriela Ríos
Granados, José Roldán Xopa, Alberto Saíd, Pedro Salazar Ugarte, Ja-
vier Saldaña, Luis Gerardo Samaniego Santamaría, Alfredo Sánchez
Castañeda, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Rubén Sán-
chez Gil, Ulises Schmill, Ricardo J. Sepúlveda I., José Ma. Serna de la
Garza, Fernando Serrano Migallón, Dora María Sierra Madero, Juan
Carlos Silva Adaya, Fernando Silva García, José Luis Soberanes Fer-
nández, Humberto Suárez Camacho, Evangelina Suárez Estrada, Julio
Téllez Valdés, Karla Beatriz Templos Núñez, Rodolfo Terrazas Salga-
do, Pedro Torres Estrada, Francisco Tortolero Cervantes, José Juan
Trejo Orduña, Jean Claude Tron Petit, Gonzalo Uribarri Carpintero,
Diego Valadés, Clemente Valdés, Salvador Valencia Carmona, Sergio
Armando Valls Hernández, Francisco Vázquez-Gómez Bisogno, Ro-
dolfo Vázquez, Juan Vega Gómez, Ernesto Villanueva, Jorge Witker y
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
NICARAGUA: Iván Escobar Fornos y Francisco Rosales Arguello.
PANAMÁ: Arturo Hoyos y Sebastián Rodríguez Robles.
PARAGUAY: Jorge Silvero Salgueiro.
PERÚ: Samuel B. Abad Yupanqui, Ernesto Blume Fortini, Edgar Carpio
Marcos, Susana Ynes Castañeda Otsu, Luis Castillo Córdova, Jorge
Danós Ordóñez, Francisco Eguiguren Praeli, Eloy Espinosa-Saldaña
Barrera, Gerardo Eto Cruz, Domingo García Belaunde, Diego García
Sayán, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, César Landa,
Juan Monroy Gálvez, José F. Palomino Manchego, Carlos Parodi Re-
món, Elvito A. Rodríguez Domínguez y Fernando Vidal Ramírez.
POLONIA: Krystian Complak.
PORTUGAL: Jorge Miranda.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: Jean Cadet Odimba.
REPÚBLICA DOMINICANA: Eduardo Jorge Prats y Olivo A. Rodríguez
Huertas.
SUDÁFRICA: Wouter L. de Vos.
PREFACIO XXXIII
URUGUAY: Augusto Durán Martínez, Eduardo G. Esteva Gallicchio, Jai-
me Greif, Héctor Gros Espiell, Ángel Landoni Sosa y Leslie Van
Rompaey.
VENEZUELA: Alirio Abreu Burelli, Carlos Ayala Corao, Alberto Bau-
meister Toledo, Alberto Blanco-Uribe Quintero, Allan R. Brewer Ca-
rías, Jesús M. Casal H., José Vicente Haro García, Ricardo Henrí-
quez La Roche, Michael Núñez Torres y Mariolga Quintero Tirado.
Como podrá advertir el lector, se trata de un esfuerzo colectivo a nivel
mundial. La calidad y cantidad de los trabajos sólo pudo haberse logrado
por la autoridad moral e intelectual del convocante, que tanto ha contri-
buido al desarrollo del derecho público de nuestro tiempo y especialmen-
te a la consolidación de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional.
A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, de la editorial Marcial Pons y del Insti-
tuto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, agradecemos a cada
autor su entusiasta colaboración. Con profunda admiración y cariño la
comunidad jurídica internacional se une para honrar a uno de los juristas
de habla hispana más querido, respetado y reconocido en el mundo, con
motivo de sus cincuenta años (1956-2006) de continua y fructífera labor
intelectual.
¡Enhorabuena Maestro Héctor Fix-Zamudio!
Eduardo FERRER MAC-GREGOR
Arturo ZALDÍVAR LELO DE LARREA
Ciudad de México, Primavera de 2008
PREFACIOXXXIV
SEMBLANZA DEL MAESTRO HÉCTOR FIX-ZAMUDIO
Eduardo FERRER MAC-GREGOR
Héctor Fix-Zamudio nació en el centro histórico de la ciudad de México
el 4 de septiembre de 1924. Su abuelo paterno, Lucien Fix, llegó de
Francia en el siglo XIX. Es el primer hijo del matrimonio de don Felipe
Fix y Ruiz de Velasco originario de Cuernavaca, Morelos, y doña Ana
María Zamudio Cantú, que procedía de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Sus hermanos menores se llamaron Graciela, Jorge y René. Le sobrevive
su hermana Margarita, con quien mantiene una estrecha relación.
Estudió principalmente en escuelas públicas. La primaria la realizó en
dos instituciones: una anexa a la Normal de Maestros y otra denominada
República de Brasil. La secundaria en la Escuela Secundaria número 4:
Moisés Sáenz, ubicada en Santa María la Ribera, en pleno centro de la
ciudad de México. En esa época tuvo como maestros a José Calvo (lite-
ratura española), Ofelia Garza de del Castillo (español) y Carlos Pellicer
(historia universal), que influyeron en su formación humanista.
El bachillerato lo cursó en la Escuela Nacional Preparatoria en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, también en el centro histórico de la
ciudad de México (1940-1942). Fue en esa época donde definió su clara
vocación por la historia y el derecho, al optar por el bachillerato en el
área de “Humanidades”. Influyeron sensiblemente en su formación Eras-
mo Castellanos Quinto (literatura universal), Joaquín Ramírez Cabañas
(historia), Hilario Medina (historia universal), Agustín Yáñez (literatura),
Adolfo Menéndez Samará (introducción a la filosofía) y Juan Sánchez
Navarro (introducción a la historia del derecho).
Estudió derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facul-
tadde Derecho) de la UNAM (1942-1949). Entre sus maestros figuran
juristas de la talla de Juan Sánchez Navarro y Peón (introducción al estu-
dio del derecho), Javier de Cervantes (derecho romano), José Castillo
XXXV
www.juridicas.unam.mx
Larrañaga (derecho procesal), Mario de la Cueva (teoría del Estado),
Manuel Marván (derecho del trabajo), José Campillo Sáinz (derecho del
trabajo), José Castro Estrada (derecho administrativo), Leopoldo Aguilar
(derecho civil), Salvador Azuela (derecho constitucional), Antonio Mar-
tínez Báez (derecho constitucional), Antonio Carrillo Flores (derecho ad-
ministrativo) y Vicente Peniche López (juicio de amparo). Desde estu-
diante afloró su predilección por el estudio del juicio de amparo,
asistiendo como oyente a las clases impartidas por Alfonso Noriega
Cantú.
Se tituló con mención honorífica el 18 de enero de 1956, con la tesis
denominada La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana.
Ensayo de una estructuración procesal del amparo, que había concluido
en 1955. El jurado del examen estuvo integrado por Lucio Cabrera Ace-
vedo, José Castillo Larrañaga, Mariano Azuela Rivera y Niceto Alca-
lá-Zamora y Castillo. Dedicó cinco años a la elaboración de este trabajo,
que fue dirigido por los procesalistas José Castillo Larrañaga y Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo. Este último jurista español, radicado por más
de treinta años en México (1946-1976), influyó en su dedicación a la in-
vestigación y docencia. Fix-Zamudio se convirtió en uno de sus principa-
les discípulos dentro de la honda escuela que forjó.
Su inicial trabajo tuvo una gran repercusión en los años siguientes. Lo
publicó parcialmente en diversas revistas en ese mismo año (1956) y lue-
go de manera íntegra como parte de su primer libro: El juicio de amparo
(México, Porrúa, 1964). Constituye, por una parte, el primer estudio sis-
temático sobre la ciencia del derecho procesal constitucional como disci-
plina jurídico procesal. Por la otra, inicia la etapa que él mismo denomi-
na como de “reivindicación procesal del amparo”, entendiendo que la
máxima institución procesal mexicana debía estudiarse fundamentalmen-
te como proceso constitucional y no sólo como institución política.
En 1960 casó con María Cristina Fierro González, originaria de la ciu-
dad de México. Compañera inseparable que durante cuarenta y tres años
apoyó su trayectoria en funciones judiciales y como investigador jurídico.
Tuvieron cuatro hijos: Héctor Felipe, María Cristina, Carlos Enrique e
Imelda; y seis nietos: Valentina, Fabián, Markel, Verena, Adrián y Héctor
Daniel. Su familia ha representado un estímulo permanente de aliento en
sus labores académicas. Su primogénito, Héctor Fix- Fierro, siguiendo los
SEMBLANZAXXXVI
pasos de su padre, es un reconocido investigador y actualmente director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Realizó sus estudios de posgrado en la División de Estudios Superio-
res de la Facultad de Derecho de la propia UNAM (1964-1965), obte-
niendo el grado de doctor el 1o. de marzo de 1972, con la mención Mag-
na Cum Laude. El jurado estuvo integrado por Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo, en calidad de director, Luis Recaséns Siches, Alfonso Noriega
Cantú, Antonio Carrillo Flores y Antonio Martínez Báez. Su tesis de gra-
do fue ampliada en los años siguientes y publicada en España con el
nombre de La protección procesal de los derechos humanos ante las ju-
risdicciones nacionales (Madrid, Civitas, 1982).
Su actividad profesional se ha bifurcado en dos senderos: la función
judicial y la actividad académica. Han sido sus dos “vocaciones”, como
él mismo lo ha señalado. Siendo estudiante laboró durante breve tiempo
en una notaría e ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8
de junio de 1945, como auxiliar en la Secretaría de Acuerdos de la Se-
gunda Sala. Durante diecinueve años laboró en el Poder Judicial de la
Federación, ocupando diversos cargos judiciales: actuario con funciones
de secretario de Juzgado de Distrito (1957), secretario de Tribunal Cole-
giado de Circuito (1956-1957), hasta secretario de Estudio y Cuenta ads-
crito al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(1958-1964). Renunció el 30 de julio de 1964 para dedicarse de tiempo
completo a la enseñanza e investigación jurídicas. Esa decisión vocacio-
nal marcó su futuro académico, que ha mantenido a pesar de ofrecimien-
tos en varias ocasiones para ocupar el cargo de ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Ingresó como investigador por contrato al Instituto de Derecho Com-
parado (hoy de Investigaciones Jurídicas) en octubre de 1956 y de tiem-
po completo en agosto de 1964. Fue director de ese Instituto por doce
años (1966-1978) y designado investigador emérito del mismo por el
Consejo Universitario en 1987. Ha sido miembro del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) desde su creación en 1984, e investigador eméri-
to del mismo sistema desde 1996.
Como universitario ha tenido una destacada participación en momen-
tos difíciles de la UNAM, al redactar las bases jurídicas que llevaron a
superar el conflicto laboral de 1972. Contribuyó a los festejos de la auto-
nomía universitaria en 1979 y a la creación de la Defensoría de los Dere-
SEMBLANZA XXXVII
chos Universitarios en 1985. Formó parte de la Junta de Gobierno de la
UNAM (1981-1988).
Ha sido profesor de la asignatura Juicio de Amparo en su alma mater,
la Facultad de Derecho de la UNAM, durante treinta y dos años ininte-
rrumpidos (1964-1996). Además de impartir cátedra en la División de
Estudios de Posgrado de la misma Facultad (1966-1994), ha impartido
cursos y participado en numerosos congresos y seminarios en universida-
des nacionales y del extranjero.
Es miembro de un importante número de asociaciones científicas na-
cionales e internacionales, destacando la Academia Mexicana de Cien-
cias; El Colegio Nacional; la Academia Internacional de Derecho Com-
parado; la Asociación Internacional de Derecho Procesal; la Unión de
Profesores para el Estudio del Derecho Procesal Internacional; la Acade-
mia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina; el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal; el Instituto Iberoamericano de De-
recho Procesal Constitucional (presidente honorario desde 2003) y el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del cual fue Presi-
dente titular (1975-1992) y actualmente presidente honorario vitalicio
(desde 1992).
Entre sus principales premios y distinciones destacan: el Premio de la
Academia de la Investigación Científica (1963); el Premio Nacional de
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía (1982); el Premio Internacional
conferido por la UNESCO sobre la enseñanza de los derechos humanos
(1986); la Medalla al Mérito Universitario en el campo de la investiga-
ción (1990); el Premio Universidad Nacional en Investigación en Cien-
cias Sociales (1992); el Premio Nacional de Jurisprudencia, otorgado por
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (1994); la Medalla Belisario
Domínguez, otorgada por el Senado de la República (2002), y el Premio
Internacional “Justicia en el Mundo” otorgado por la Unión Internacional
de Magistrados (Madrid, 2004).
Ha recibido el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Sevi-
lla, España (1984); la Universidad de Colima, México (1992); la Univer-
sidad Externado de Colombia (1998); la Pontificia Universidad Católica
de Perú (2001); la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (2002);
la Universidad Complutense de Madrid (2003); la Universidad Los Andes
en Huancayo, Perú (2007), y el Centro de Investigación y Desarrollo del
Estado de Michoacán (2007).
SEMBLANZAXXXVIII
Durante más de cincuenta años sus investigaciones, siempre caracteri-
zadas por la utilización del método histórico comparativo, se han centra-
do en tres ejes fundamentales: el derecho procesal, el derecho constitu-
cional y los derechos humanos. De manera particular, representa el
principal forjador de una nueva disciplina jurídica que se encuentra en la
actualidad en plenodesarrollo: la ciencia del derecho procesal constitu-
cional, que da nombre precisamente a la presente obra colectiva en su
honor y en la que participan más de cuatrocientos juristas de treinta y
siete nacionalidades.
Tiene más de cuatrocientas publicaciones, entre las que figuran libros,
artículos, ensayos monográficos, traducciones, prólogos y presentacio-
nes, en el ámbito nacional como internacional. Autor de más de veinte li-
bros: Tres estudios sobre el mandato de seguridad brasileño (et al.,
1963); El juicio de amparo (1964); Veinticinco años de evolución de la
justicia constitucional. 1940-1965 (1968); Constitución y proceso civil
en Latinoamérica (1974); Los tribunales constitucionales y los derechos
humanos (1980, 2a. ed., 1985); Metodología, docencia e investigación
jurídicas (1981, 13a. ed., 2006); La protección jurídica y procesal de los
derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales (1982); Introduc-
ción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano (1983);
Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos humanos (1988); Pro-
tección jurídica de los derechos humanos. Estudios comparativos (1991,
2a. ed., 1999); Derecho procesal (con José Ovalle Favela, 1991, 2a. ed.,
1993); Ensayos sobre el derecho de amparo (1993, 3a. ed., 2003); Justi-
cia constitucional, ombudsman y derechos humanos (1993, 2a. ed.,
2001); Comentarios a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (1995); El Poder Judicial en el ordenamiento mexicano
(con José Ramón Cossío, 1996, 3a. reimp., 2003); El consejo de la judi-
catura (con Héctor Fix-Fierro, 1996); México y la declaración de dere-
chos humanos (coord., 1999); México y la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (2a. ed., 1999); Derecho constitucional mexicano y
comparado (con Salvador Valencia Carmona, 1999, 5a. ed., 2007);
Introducción al derecho procesal constitucional (2002); Función consti-
tucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo (2004); Estu-
dio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano (1994,
3a. ed., 2005); y El derecho de amparo en el mundo (coord. con Eduardo
Ferrer Mac-Gregor, 2006).
SEMBLANZA XXXIX
En el ámbito internacional destacó como juez de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (1986-1998), siendo su presidente durante
dos periodos consecutivos (1990-93 y 1995-97); y miembro de la Subco-
misión para la Prevención de Discriminaciones y la Protección de Mino-
rías de la ONU (suplente desde 1988 y titular 1998-2001), en Ginebra,
Suiza.
El maestro Héctor Fix-Zamudio tiene innumerables discípulos entre
los cuales se encuentran los principales juristas de nuestro país. Su es-
cuela se ha extendido allende las fronteras y su pensamiento está presen-
te en los cambios legislativos, jurisprudenciales e institucionales de Lati-
noamérica. Es considerado en la actualidad el jurista mexicano más
reconocido en el mundo y uno de los humanistas iberoamericanos de
mayor influencia, querido y respetado, en el derecho público de nuestro
tiempo.
SEMBLANZAXL
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL (SUA DOUTRINA EM FACE
DE UMA SITUAÇÃO CONCRETA)
José AFONSO DA SILVA*
SUMARIO: I. Relevância do tema. II. Descumprimento de pre-
ceitos fundamentais. Cabimento da ação. III. Dispositivos ar-
güidos e razões da argüição. IV. Função legislativa e o prin-
cípio da razoabilidade da lei. V. Conclusão.
I. RELEVÂNCIA DO TEMA1
1. A sede constitucional do tema está no art. 102, § 1, da Constituição de
1988, que assim dispõe: “A argüição de descumprimento de preceito fun-
damental decorrente desta Constituição será apreciado pelo Supremo Tri-
bunal Federal, na forma da lei”.
Ver-se-á que estamos diante de um caso especial de ação constitucional
que, uma vez proposta, gera um tipo de processo constitucional. Significa
isso que se trata de um instituto de direito processual constitucional.
O texto fará considerações teóricas sobre a argüição de descumpri-
mento de preceito fundamental decorrente da Constituição, como meio
adequado de apreciar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivos legas, ilustrando essas considerações com a análise de arti-
gos questionados da Lei complementar 101, de 4.5.2000. Só depois desse
estudo prévio é que estaremos aptos a responder sinteticamente aos que-
sitos apresentados.
* Profesor de Derecho constitucional, Brasil.
3
1 Texto organizado em homenagem para figurar num livro em homenagem ao Dr.
Héctor Fix-Zamudio, em comemoração ao seus 50 anos de investigar jurídico e porque
foi ele um sistematizador do direito processual constitucional.
www.juridicas.unam.mx
II. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS.
CABIMENTO DA AÇÃO
2. Preceitos fundamentais são aqueles que conformam a essência de
um conjunto normativo constitucional. São aqueles que conferem identi-
dade à Constituição. Diferenciam dos demais preceitos constitucionais
por sua importância, o que se dá em virtude dos valores que encampam e
de sua relevância para o desenvolvimento ulterior de todo o Direito.2 Co-
mo anota Celso Bastos e Alexis Vargas, tem-se que “[a] Constituição, ao
referir-se a preceitos fundamentais, demonstra o papel que o veículo pro-
cessual visa cumprir, que é o de proteger a Nação das situações que vio-
lentam aquilo que lhe é mais sagrado, e que há de mais valoroso no seu
sistema jurídico. Não é a lesão a qualquer norma formalmente constitu-
cional que poderá ensejar a argüição. Haverão de ser levados em conta os
preceitos maiores da Carta Política, que, por não estarem definidos na le-
gislação em comento, demandarão um trabalho doutrinário e jurispru-
dencial”.3
3. O descumprimento de preceito fundamental pode dar-se de diversas
maneiras. Certamente que a inconstitucionalidade de leis e atos normati-
vos constitui uma forma de descumprimento da Constituição ou de qual-
quer de seus princípios ou preceitos. Cármen Lúcia Antunes Rocha o
afirmou com todas as letras:
Consiste a inconstitucionalidade no descumprimento da Constituição, vale
dizer, no cometimento de um ato contrário a ela. Pode este ato vir do po-
der público, manifestando-se em qualquer de suas funções e o agravo tem,
então, um tratamento específico, e pode vir do particular, hipótese em que
a senda para a sua impugnação será definida em situação diversa daquela
primeira. Entretanto, ambas são reprimíveis, pois em qualquer delas terá
havido descompasso jurídico no acatamento obrigatório à Constituição.4
4. Mas o descumprimento não se confunde com a pura inconstitucio-
nalidade. Se o constituinte utilizou termos diversos é porque devem refe-
JOSÉ AFONSO DA SILVA4
2 Cfr. Ramos Tavares, André, Tratado da argüição de preceito fundamental, pp.
121, 123, 124 e 134.
3 “Argüição de descumprimento de preceito fundamental”, Revista de Direito Consti-
tucional e Internacional, p. 69, apud Ramos Tavares, André, op. cit., nota anterior, p. 123.
4 Cfr. Constituição e constitucionalidade, pp. 99 e 100.
rir-se a fenômenos também diferentes. Primeiro, porque o descumpri-
mento, para o fim da argüição prevista no § 1 do art. 102 da Cons-
tituição e na Lei 9.882, de 3.12.1999, se refere à violação de preceitos
fundamentais decorrentes da Constituição, enquanto a inconstitucionali-
dade constitui uma forma de violação de qualquer preceito ou princípio
constitucional. A lei só admite o descumprimento de preceito fundamen-
tal por atos do poder público (art. 1). Atos do poder público podem ser
normativos ou simplesmente materiais. Ora, é importante observar esse
aspecto, porque a ação direta de inconstitucionalidade só é cabível contra
lei ou ato normativo federal ou estadual (CF, art. 101, I, “a”). O Supremo
Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que não cabe ação direta
de inconstitucionalidade contra lei de efeito concreto, entendendo que só
é cabível contra lei normativa.
5. Pois bem, a argüição de descumprimento de preceito fundamental
não está subordinada a essa orientação. Se um ato concreto, como uma
lei de efeito concreto, descumpre preceito fundamental decorrenteda
Constituição, aí se compõe o pressuposto essencial de cabimento da ar-
güição. A respeito disso, lembra André Ramos Tavares: ficam superados
os empecilhos levantados até agora pelo Supremo Tribunal com a intro-
dução da argüição de descumprimento. “Não mais será preciso forçar
construções jurídicas, realizar verdadeiros ‘malabarismos mentais’, para
fins de considerar legislativos certos atos de cunho material, só para que
possam ser objeto de apreciação concentrada pelo Supremo sem que-
brantar os princípios por este adotados”.5
6. Como se vai ver adiante, os dispositivos impugnados, nesta oportu-
nidade, têm nítido caráter material, nada mais concreto do que uma regra
que reparte verba orçamentária entre órgãos estatais, ainda que estejam
dispondo também para o futuro. Desmostrar-se-á em seguida que es-
ses dispositivos (art. 18 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal) ofendem
preceitos fundamentais da Constituição: o princípio federalista com des-
respeito à autonomia dos Estados e Municípios (arts. 1, 18, 25, 29, 29A e
30), o princípios de divisão de poderes com desrespeito à autonomia dos
Poderes Judiciário e Legislativo (arts. 2, 51, IV, 52, XIII, e 99), o princí-
pio do devido processo legal no que concerne ao princípio da razoabili-
dade que nele se contém (art. 5, LIV), indiretamente o princípio da não
vinculação da receita, e ainda desrespeita o preceito do art. 169, com re-
ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 5
5 Op. cit., p. 195.
percussão no princípio da acessibilidade à Jurisdição (art. 5, XXXV), co-
mo se está sentindo em São Paulo.
7. Ora, se tais preceitos fundamentais são vulnerados por dispositivos
concretos de uma lei, nada mais apropriado para impugnar a sua validade
do que a argüição de descuprimento de preceito fundamental, mais do
que a própria ação direta de inconstitucionalidade que pode esbarrar no
entendimento de que não é ela meio adequado para aferir de inconstitu-
cionalidade de regras concreta. Significa isso que estão presentes os pres-
supostos do cabimento da ação, segundo a lei (art. 1) : a) para evitar les-
ão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público; b) para
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder públi-
co; c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional;
d) inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade.
8. Este último requisito merece atenção. O art. 4, § 1, da Lei 9 882/99,
é que o exige ao declarar que não será admitida argüição de descumpri-
mento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio efi-
caz de sanar a lesividade. Tem-se chamado a isso de princípio da subsi-
diariedade. É preciso interpretar essa regra conforme a Constituição, sob
pena de se anular uma ação constitucional por via de um requisito sim-
plesmente legal. Isso porque as leis processuais sempre oferecem meios
para a invocação do Poder Judiciário em qualquer hipótese. Por isso, não
é feliz a idéia de que se trata de subsidiariedade. A Constituição não po-
de ter querido estabelecer um mecanismo apenas subsidiário para uma
missão tão relevante qual seja proteger seus preceitos fundamentais. Ao
contrário, a Constituição entendeu necessário preordenar um instituto
próprio e adequado para o fim de argüir descumprimento de preceito fun-
damental. Para tal fim, essa é a ação apropriada e não outra, pouco im-
porta se encontrem no sistema outras ações que possam gerar o mesmo
resultado. Nesse sentido, a argüição é via principal, não podendo estar
sujeita a princípio da subsidiariedade. A exigência legal, para não se anu-
lar o mandamento constitucional, tem que ser entendida em face do siste-
ma da Constituição e da própria lei. E pode até ser que, antes de ser sub-
sidiária, a argüição seja o remédio adequado e que, por isso, afasta os
demais. Mais do que isso, porque se trata de meio autônomo para alcan-
çar o fim posto a ele pela Constituição. É preciso ter em mente que o § 1
do art. 102 da Constituição só autorizou a lei a dar a forma. É isso que
quer dizer “na forma da lei”. A lei, portanto, não está autorizada a ingres-
sar no conteúdo do dispositivo constitucional, menos ainda para impor li-
JOSÉ AFONSO DA SILVA6
mites que a própria Constituição não admitiu. Já escrevi a respeitos dos
limites das leis integrativas da Constituição em texto que vem a calhar:
“convém não olvidar que essas leis são puramente complementares das
normas constitucionais. Não podem, portanto, distorcer o sentido do pre-
ceito complementado, mudando o sentido da constituição. Isso desborda-
ria de sua competência, e implicaria verdadeira mutação constitucional
por via indireta. A doutrina não tem dúvida em declarar que absoluta-
mente não é lícito à lei complementar, seja de que tipo for, procurar fixar
o sentido ou o alcance duvidoso do texto constitucional, dando-lhe deter-
minada interpretação. Não existe interpretação autêntica da constituição.
Lei que o pretendesse efetivamente estaria emendando o estatuto políti-
co, e isso só é possível atendendo-se às regras expressas para tanto.”6 Em
suma, lei integrativa não pode inovar a norma integrada, criando empe-
cilho à sua eficácia.
9. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem tentando ajustar a
compreensão da norma a uma interpretação conforme a Constituição. Con-
tudo, ainda se apega ao princípio da subsidiariedade, dando a este certo re-
levo. Merece, no entanto, referir ao seguinte entendimento expendido pelo
Min. Celso de Mello, em despacho preliminar na ADPF 17-AP:
É claro que a mera possibilidade de utilização de outros meios processuais
não basta, só por si, para justificar a invocação do princípio da subsidiarie-
dade, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, reve-
lar-se-á essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sa-
nar, de modo eficaz, a situação de lesividade.
Isso significa, portanto, que o princípio da subsidiariedade não pode – e
não deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de
argüição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instru-
mento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva,
a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de pre-
ceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República.
Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsi-
diariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole
constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frus-
tração do sistema de proteção, instituído na carta política, de valores es-
senciais, de preceitos fundamentais e de direitos básicos, com grave com-
prometimento da própria efetividade da Constituição.
ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 7
6 Minha Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 230, citando sob nota 7, Mei-
relles Teixeira, J. H., Curso de direito constitucional, p. 362.
Perfeito. Falou o constitucionalista sensível aos valores essenciais da
Constituição. Pena que ainda insista tanto no princípio da subsidiarieda-
de, que, no fundo, não se compadece com a doutrina sustentada na decis-
ão. O Eminente Magistrado não poderia, de ofício, reconhecer a inconsti-
tucionalidade do § 1 do art. 4 da Lei 9.882/1999; vislumbra-se, contudo,
data venia, no seu despacho, certa inconformidade com a regra limitado-
ra. O apego ao princípio da subsidiariedade, no caso, tem, além do mais,
o inconveniente de oferecer uma visão abstrata, a dizer: você entrou com
a argüição; não há nenhuma outra ação proposta; mas isso não importa,
porque existe a ação popular ou a ação direta de inconstitucionalidade
que você poderia ter utilizado; por isso, indefiro a argüição. Esse é um
efeito danoso dessa doutrina da subsidiariedade, que afasta o conheci-
mento de uma ação apropriada porque, em abstrato, existe outra que po-
deria ter sido usada. Nem se sabe ainda se a outra é, de verdade, eficaz,
porque, a priori, não se pode admitir uma eficácia real de uma medida
ainda não proposta, e, mesmo

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