Paula Andrea Espitia-Remanentes de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Políticas de Seguridad Nacional de Colombia y México Incidencias y Consecuencias

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Remanentes de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Políticas de Seguridad 
Nacional de Colombia y México: Incidencias y Consecuencias 
 
Presentado por: 
Paula Andrea Espitia Muñoz 
 
 
 
 
Director: 
Douglas Eduardo Molina Orjuela 
 
 
 
 
 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales 
Relaciones Internacionales 
Bogotá D.C. 
2022 
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Remanentes de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Políticas de Seguridad 
Nacional de Colombia y México: Incidencias y Consecuencias 
 
 
Presentado por: 
Paula Andrea Espitia Muñoz 
 
 
 
Director: 
Douglas Eduardo Molina Orjuela 
 
 
 
Tesis de grado para optar por el título de Internacionalista 
 
 
 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales 
Relaciones Internacionales 
Bogotá D.C. 
2022 
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Tabla de contenido 
Introducción ............................................................................................................................ 5 
Justificación...……………………………………………………………...….………….... 7 
Capítulo 1: Descripción del problema..................................................................................... 9 
Capítulo 2: Marco Referencia ............................................................................................... 15 
2.1. Marco teórico ............................................................................................................. 12 
2.2. Marco conceptual ....................................................................................................... 19 
2.3. Marco contextual ........................................................................................................ 25 
2.3.1 Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina ............................................ 25 
2.3.2. Doctrina de Seguridad Nacional en México ........................................................ 26 
2.3.3. Doctrina Seguridad Nacional Colombia .............................................................. 29 
2.4. Antecedentes .................................................................................................................. 33 
2.4.1. Antecedentes internacionales ........................................................................... 33 
2.4.2. Antecedentes nacionales .................................................................................. 35 
2.4.2.1. Caso mexicano .......................................................................................... 35 
2.4.2.2. Caso colombiano. ...................................................................................... 38 
Capítulo 3: Diseño Metodológico ......................................................................................... 43 
Capítulo 4: Resultados .......................................................................................................... 46 
 4.1. Análisis de Entrevista ………………………………………………………...….. 50 
Capítulo 5: Conclusiones ...................................................................................................... 52 
 Anexo 1 ............................................................................................................................. 57 
Anexo 2 ............................................................................................................................. 57 
Anexo 3 ............................................................................................................................. 58 
Anexo 4 ............................................................................................................................. 60 
Anexo 5 ............................................................................................................................. 60 
3 
 
 
 
 
Bibliografía ........................................................................................................................... 76 
 
 
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Remanentes de la Doctrina de Seguridad Nacional en las Políticas de Seguridad 
Nacional de Colombia y México: Incidencias y Consecuencias 
Resumen 
 La Seguridad Nacional se consolidó como un asunto político durante la Guerra Fría. 
En el caso de América Latina, este ideal estuvo acompañado de la convicción que, solo a 
través de la seguridad del Estado, se garantizaba la de la sociedad, por lo cual se consideró 
el control militar como pieza clave de la Doctrina de Seguridad Nacional. 
 Para el caso específico de Colombia y México, la incidencia de las diversas doctrinas 
por parte de las administraciones vigentes y anteriores ha dejado un panorama incierto, donde 
han sido muchas las políticas y poco efectivos los resultados. Tal como se analiza a lo largo 
de esta investigación, se identifican las principales estrategias de Seguridad Nacional y su 
caracterización militar que ha tenido como principal consecuencia el abuso de poder y la 
deslegitimación de la democracia. En este aspecto, es importante tener en cuenta que, bajo 
este contexto, son limitados los análisis sobre la Doctrina de Seguridad Nacional y, por tanto, 
no se conoce con precisión la transformación de esta. Finalmente, se realiza un análisis de 
los problemas militares aún vigentes en la política de seguridad nacional y la necesidad de 
una redefinición de las funciones militares en la sociedad, lo cual parte de la base de 
modificar concepciones, ideologías y doctrinas. 
Palabras claves: Doctrina, Militarización, Seguridad Nacional, Estrategias, Gobierno 
Abstract 
 National Security was consolidated as a political issue during the Cold War. In the 
case of Latin America, this ideal was accompanied by the conviction that only through State 
security was society guaranteed, which is why military control was considered a key part of 
the National Security Doctrine. 
 For the specific case of Colombia and Mexico, the incidence of the various doctrines 
by the current and previous administrations has left an uncertain panorama, where the 
policies have been many and the results are not remarkably effective, as analyzed throughout 
this an investigation through which the main National Security strategies and their military 
5 
 
 
 
characterization are identified, which has had as a main consequence the abuse of power and 
the delegitimization of democracy. In this regard, it is important to consider that, in this 
context, analyzes of the National Security Doctrine are limited and, therefore, its 
transformation is not precisely known. Finally, an analysis is made of the military problems 
still in force in national security policy and the need for a redefinition of military functions 
in society, which starts from the basis of modifying conceptions, ideologies, and doctrines. 
Keywords: Doctrine, Militarization, National Security, Strategies, Government 
Introducción 
 A mediados del siglo XX, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, tras un largo 
proceso de formación del Estado moderno en la concepción occidental, se logra articular la 
democracia liberal, la cual impulsó la seguridad como un asunto político con varias 
dimensiones. No obstante, el inicio de la Guerra Fría, y su desarrollo se convirtió en un 
limitante que impidió la trascendencia democrática de la seguridad, al recalcar su extensión 
militar anterior. 
 Bajo este contexto, son diversos los casos en Latinoamérica que, tras la preocupación 
existente en el ámbito de seguridad pública, han demostrado que esta última está íntimamente 
relacionada con las estrategias de militarización definidas por objetivos de los gobiernos 
nacionales a cargo. De allí que en las últimas décadas uno de los problemas nacionales más 
reiterativos sea la Seguridad. 
 Además, el incremento de la violencia e inseguridad en los países de América Latina 
contribuye a la creación de un escenario con grandes retos por asumir por parte de losgobiernos, teniendo en cuenta no solo el nivel cualitativo de violencia, sino la disputa que 
existe por lograr adquirir el control territorial e institucional del Estado. Dentro de este 
panorama destacan Colombia y México por sus altas cifras de masacres, persecuciones y 
asesinatos muestran la falta de efectividad de las Doctrinas de Seguridad Nacional, de 
acuerdo con el estudio realizado por Leal Buitrago (1992). 
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Las cifras de masacres1, persecuciones y asesinatos han generado en estas dos 
naciones una crisis de Seguridad Nacional con semejanzas. En Colombia, según Indepaz 
(2020), se perpetraron 91 masacres con 381 muertos, y en lo corrido del 2021 ya son 135 las 
víctimas de las 36 masacres registradas. Para México, la consultora Integralia calcula que 
entre enero a octubre de 2019 se registraron más de 24.287 casos de homicidio doloroso. 
 Asimismo, la alerta roja que se ha generado al analizar los índices de criminalidad, 
que representan otro indicador importante en las estrategias de seguridad, se fueron 
inclinando a la implementación de medidas extraordinarias como el uso de la fuerza militar. 
 Al respecto, se parte desde la perspectiva de que la seguridad es un concepto 
eminentemente multidimensional e históricamente variable, en el cual se incluyen las 
funciones del cuerpo militar, pero no se debe caer en el error de limitar la Doctrina a solo 
este aspecto, como ha sucedido en los casos de Latinoamérica (Leal Buitrago, 1992). 
 Todo este escenario de la seguridad, si bien constituye uno de los temas con mayor 
preocupación para los gobiernos en las últimas décadas, ha sido un tema con un análisis 
limitado. Por esto, la investigación en curso propone un estudio de dos casos 
latinoamericanos, considerando que los cambios en el panorama internacional, el avance de 
la tecnología y las nuevas formas de comunicación, han dejado al descubierto un sinfín de 
denuncias y colocado de nuevo el análisis de los problemas militares. Así pues, surge la 
pregunta base de esta investigación ¿cómo ha sido la incidencia de la Doctrina de Seguridad 
Nacional en Colombia y México dentro de las administraciones de Iván Duque Márquez y 
Andrés Manuel López Obrador hasta a mediados del año 2021? 
 Si bien en un momento la doctrina tomó fuerza alrededor de una serie de principios 
que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los 
problemas sociales, tales principios tuvieron diversas influencias y se expandieron de forma 
diferente en distintos lugares. 
 
1 Teniendo en cuenta que según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) una masacre es un asesinato 
en masa, intencionado, de civiles que no participan en hostilidades, o que siendo combatientes no se 
encuentran en combate. Además, son ejecutadas por grupos armados y organizados en violación del derecho 
internacional humanitario (DIH). 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación procura como objetivo principal, 
analizar la incidencia de la doctrina de Seguridad Nacional de Colombia y México en las 
administraciones de Iván Duque Márquez y Andrés Manuel López Obrador, donde dentro de 
su desarrollo se priorizan la identificación de las principales factores, internos y externos que 
influyen en el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional en Latinoamérica; el análisis 
de la doctrina de Seguridad Nacional y su evolución histórica, principalmente en el caso 
Colombia y México; y el análisis de los remanentes de la doctrina de Seguridad Nacional en 
las Políticas de Seguridad en las administraciones Duque y Obrador, y los rezagos 
doctrinarios subsistentes en los dos países. 
De esta manera, se abarcarán seis objetivos específicos para el desarrollo de la 
presente investigación: 1) se identificarán los principales factores, internos y externos que 
influyen en el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional en Latinoamérica; 2) se refiere 
a la Doctrina como documento, con el fin de esclarecer las características básicas, conceptos 
y formulaciones a partir de su evolución histórica; 3) se expone los casos de estudio 
seleccionados para la investigación, Colombia y México, dentro de una perspectiva temporal, 
a través de la cual se busca analizar la incidencia de las diversas administraciones en el 
desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional; 4) analiza a profundidad la transformación 
de la doctrina en las administraciones vigentes de Iván Duque Márquez y Andrés Manuel 
López Obrador hasta mediados de 2021; 5) señala los rezagos doctrinarios subsistentes en 
Colombia y México que han sido un blanco de críticas desde la mirada internacional. 
Finalmente, 6) se discute las consecuencias de la doctrina en las instituciones militares 
nacionales de cada caso de estudio. Por lo tanto, como resultado lograr exponer la influencia 
de la Doctrina de Seguridad Nacional, dentro de las administraciones vigentes en Colombia 
y México por Iván Duque Márquez y Andrés Manuel López Obrador.
 
 
 
 
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Justificación 
 Con el fin de la Guerra Fría, se esperaba una nueva era de estabilidad, cooperación y menos 
amenazas para la seguridad mundial. Sin embargo, la utopía de la soberanía completa dentro de 
un nuevo orden mundial no se materializó para el llamado Tercer Mundo y la inestabilidad siguió 
definiendo a sus sociedades: los conflictos de diversos tipos, como los regionales, étnicos, 
religiosos y nacionalistas, reaparecieron. 
 Las amenazas de seguridad se convirtieron en problemas transnacionales en lugar de 
conflictos interestatales en este nuevo contexto, con ellos llegó la tendencia a la privatización de 
las guerras, principalmente en países inestables, que proporcionó justificación a teorías como los 
Estados inviables, que con las circunstancias sociales, económicas y políticas de las diversas 
administraciones en los países de Latinoamérica fue crucial para dar paso a la intervención militar 
como solución inmediata (Areiza, 2019). 
 Así, son necesarias definiciones amplias y rigurosas sobre la guerra con fines explicativos, 
pero, sobre todo, con la intención de que contribuyan a solucionar los graves problemas derivados 
de las confrontaciones armadas emergentes. 
 Por otro lado, la visión tradicional de seguridad nacional, con su predominio militar, llegó 
a Colombia y México como producto de la Guerra fría y sigue vigente dada la persistencia de la 
subversión y la reiterada desatención del conjunto de autoridades civiles a los problemas militares 
y de seguridad. 
Capítulo 1: Descripción del problema 
 La incidencia de la Doctrina de Seguridad Nacional es distintiva en Latinoamérica, casos 
como el colombiano y el mexicano han dado mucho de qué hablar ante los múltiples conflictos 
ocasionados por el exceso de militarismo inmerso en la Doctrina. De acuerdo con Areiza (2019), 
el proceso de formación de los Estados nacionales en Suramérica durante el siglo XIX tuvo como 
común denominador la inestabilidad económica y la dificultad de integración social. Por lo 
general, las instituciones militares fueron más fuertes que las demás instancias estatales, lo que 
facilitó que se autoproclamaran como dinamizadoras de la economía e integradoras de la sociedad. 
 Los militares asumían que tenían derecho a ocupar una posición destacada dentro de la 
sociedad, este sentimiento, junto con la certeza de ser responsable de mantener la identidad 
 
 
 
 
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nacional a través de la afirmación de sus valores fundamentales, son dos de los principales ideales 
que obstaculizaron el desarrollo de una doctrina de seguridad realmente productiva por y para la 
sociedad debido al hecho de que se enfocaban en mantener una ideología de poder y dominio más 
allá de una verdadera forma de garantizar la seguridad ciudadana. 
 De acuerdo con Loveman (1994) la idea militar de patria, como una identidad territorial 
distinta, se confundió con la idea de nación. Como resultadode estas consideraciones, el último 
remedio de la sociedad para resolver sus crisis es pedir la ayuda de sus instituciones militares. El 
militarismo tradicional y la profesionalización militar iban de la mano, al menos hasta la década 
de 1950, con el apoyo de esta ideología. 
 Cabe resaltar que esta fuerte tradición sugería que una de las funciones militares se asociaba 
con la intervención en la política interna de los países. Esta tradición fue reforzada por la tendencia 
militar a influir en los asuntos civiles, que resultó de la manera como se formaron los Estados 
nacionales en la región, algo a lo que Loveman (1994) denominó como la constitución de la tiranía. 
 Uno de los documentos que evidencia esta situación es el Acta de Seguridad Nacional, 
promulgada en Estados Unidos en 1947 (Comblin, 1979), el cual fue el principal instrumento para 
el desarrollo de la concepción del Estado de seguridad nacional, un estándar que seguirían los 
países en desarrollo como Colombia y México. Esta ley dio al gobierno federal el poder para 
movilizar y racionalizar la economía nacional al involucrar a los militares en ella, preparándolos 
para la eventualidad de una guerra. 
 Por medio de esa ley, se crearon el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), instituciones que establecieron un nuevo patrón para el Estado y la 
sociedad, en virtud del papel hegemónico que asumía Estados Unidos en el concierto político 
mundial (Forigua, 2012). Es en el contexto de la Guerra Fría, el momento clave de la historia donde 
el desarrollo institucional de la política estadounidense hacia América Latina facilitó que se 
difundiera la concepción norteamericana de seguridad nacional, que a su vez promovió el 
fundamento de la militarización como respuesta a las problemáticas sociales (Leal Buitrago, 2003). 
Estos factores fueron básicos en la configuración del viejo militarismo y se proyectaron 
hacia el que emergió en los años sesenta y su justificación doctrinaria, de las que hoy en día aún 
quedan secuelas (Leal Buitrago, 2003). 
 
 
 
 
9 
 Estados Unidos en sus esfuerzos por lograr un desarrollo internacional luego de la Guerra 
Mundial en 1945, brindaron asistencia financiera y técnica a Europa por medio de la AID, al ser 
un esfuerzo exitoso, la ayuda internacional se convirtió en política exterior, buscando crear 
mercados para reducir la pobreza, aumentar la producción de los países, y disminuir el comunismo. 
(USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE, 2021). El Memorando 68 del Consejo Nacional de 
Seguridad de EE. UU. resaltó la importancia que tenía Estados Unidos en la búsqueda de una 
mayor uniformidad en la estructura militar y tecnológica. Con ello, se crearon programas de ayuda 
militar bilateral (BMD), de 1952 a 1958, y fueron el motor para que los ejércitos latinoamericanos 
entraran en la órbita tecnológica y operativa de Estados Unidos. Así mismo, la Guerra Coreana 
influyó de la misma manera, ya que sus aplicaciones se utilizaron para desarrollar programas de 
información y formación para los latinoamericanos que asistían a cursos militares en Estados 
Unidos. Esos programas se impartieron desde 1953, al amparo de la “Ley de defensa mutua” 
formulada dos años antes (Gonzales, P citado por Leal Buitrago, 2003). 
 Finalmente, para 1960 nace como agencia la USAID que cuenta como misión “promote 
and demonstrate democratic values abroad, and advance a free, peaceful, and prosperous world… 
reduce poverty, strengthen democratic governance, and help people emerge from humanitarian 
crises and progress beyond assistance” (USAID, 2018). La USAID más allá de tener una 
orientación estratégica y neutral también enmarca un interés político del gobierno de EE.UU, lo 
que en América Latina le sirvió para asegurar la hegemonía comercial, militar y cultural. La 
intervención militar y política luego será acompañada de la Alianza para el Progreso, que más 
adelante retomaremos (Aguilar, 2008). 
 La formación militar latinoamericana en Estados Unidos y más tarde en la zona del Canal 
de Panamá ayudó a transferir el concepto norteamericano de seguridad nacional a las tropas de la 
región. Igualmente, con la Alianza para el progreso (ALPRO), de 1961-1970, donde en principio 
y de forma pública tenía el objetivo de combatir el subdesarrollo económico y la pobreza de 
América Latina, pero en realidad en términos de guerra fría, fue el instrumento que tuvo Estados 
Unidos para abordar la expansión de los movimientos comunistas (Morgenfeld, 2012). 
En ese sentido, la relación de Estados Unidos y América Laina se vio determinada por 
evitar los movimientos comunistas liderados por la Revolución cubana, apoyada por la Unión 
Soviética, y así lograr incrementar la hegemonía estadounidense en el continente. 
 
 
 
 
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 Al no darle importancia a la problemática militar, se desentendieron de conocerla: nunca 
analizaron la misión y las funciones específicas de las Fuerzas Militares, ni impartieron guías al 
respecto, algo que a lo largo tendría sus consecuencias. Las clases políticas toleraron a los militares 
y les reconocieron su utilidad sólo en los momentos de conflicto, pero una vez que los militares 
dejaban los gobiernos se acababa la atención. 
 De modo que el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional fue funcional a la política 
norteamericana hacia América Latina, ya que su planteamiento esquemático concordaba con la 
practicidad con la que Estados Unidos abordaba los problemas sociales de la región. Con el fin de 
la Guerra Fría se creyó que llegaría una era de estabilidad, cooperación y menos amenazas a la 
seguridad mundial. 
 No obstante, para países subdesarrollados, la utopía de alcanzar su soberanía plena dentro 
de un nuevo orden mundial se derrumbó y la inestabilidad continuó marcando a sus sociedades. 
Además, varias de las decisiones multilaterales que se tomaron fueron para realizar intervenciones 
en los países más inestables, con respaldos legitimadores como el de las Naciones Unidas. Surgió 
así, por ejemplo, el llamado derecho de injerencia2, con pretensiones humanitarias. 
En este nuevo contexto, la seguridad tomo una perspectiva multidimensional donde abarca 
nuevas amenazas para los Estados; las amenazas a la seguridad se perfilaron como problemas 
sociales de orden trasnacional y no como conflictos entre los Estados: el narcotráfico, la 
corrupción, el terrorismo, la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio 
ambiente son ejemplos de estas nuevas amenazas. Con ello, apareció la tendencia a la privatización 
de las guerras, principalmente en los países inestables, lo que proporcionó argumentos a teorías 
como la de los Estados inviables, esto mantuvo la influencia y permisibilidad de la fuerza castrense 
en asuntos de seguridad aun en contra de los preceptos internacionales que se adelantaban (Urueña, 
2017). 
 De otra parte, Estados Unidos se erigió como el centro del poder militar universal, aunque 
hubo ensayos multilaterales de cooperación excepcionales, como el de la Guerra del Golfo, que 
 
2 El concepto de derecho de injerencia fue mencionado en el siglo XVII, en la obra de Hugo Grocio De jure belli ac 
pacis (1625), como un derecho “concedido a la sociedad humana” para intervenir en el caso en que un tirano 
“hiciera padecer a sus súbditos un trato que nadie le ha autorizado tener”. Dos siglos más tarde, el principio de 
“intervención humanitaria” se pone en primer plano como una autorización para que una potencia intervenga para 
socorrer a sus ciudadanos o a minorías religiosas, en un territorio ajeno. 
 
 
 
 
11 
respondieron más a razones económicas que a necesidades estratégicas. Así mismo, la prosperidad 
económica alejó aún más a los países subdesarrollados de aquellos que basan su crecimiento más 
en la desregulación financiera internacional que en su gran capacidad tecnológica y productiva 
(Spielman, 2017). 
Parael caso colombiano desde la administración de Álvaro Uribe Vélez en el año 2001 y 
hasta el actual gobierno de Iván Duque, el modelo de seguridad democrática ha tenido en su 
política pública inmersa una política de Estado que asume la seguridad como un objetivo central, 
con la consecuente cartilla de política de Defensa y Seguridad Democrática, presentada en 2003. 
En ella confluyen las dos principales miradas latinoamericanas de la seguridad: la Doctrina de 
Seguridad Nacional y la seguridad humana. La política militar constituye el primer generador de 
violencia en el país, como el paramilitarismo ha sido instrumento del Estado Colombiano para 
combatir los grupos insurgentes (Díaz,2020). 
 No muy alejado, el caso mexicano donde los conceptos de seguridad han estado presentes 
en diversos ámbitos, a finales del siglo XX, se concentró principalmente en los problemas de 
gobernabilidad y control político; sin embargo, este país que se incluyó en América del Norte a 
través del TLCAN, diez años antes de los sucesos del 9/11 del 2001, definiendo las políticas de 
seguridad que rigen hasta la actualidad, donde se establece dentro de la seguridad interna la 
gobernabilidad mediante la consolidación de la democracia y la vigencia del estado de derecho, 
donde el problema se transforma en la operación del sistema de seguridad interna donde 
predominan los militares. Desde el 2010 la política publica fue priorizada, la guerra contra el 
narcotráfico y la violencia, impusieron todos los medios y unidades de las Fuerzas Armadas en pro 
de esta lucha, logrando dinámicas de acondicionamiento que impone la presencia militar. 
(Díaz,2020). 
 
 
 
 
12 
Capítulo 2: Marco Referencial 
2.1. Marco teórico 
 La seguridad, como muchos otros conceptos de las Ciencias Sociales, tiene una 
característica definitoria que puede expresarse de diversas maneras: la amplitud. Sin embargo, es 
conveniente señalar algunos elementos conceptuales y teóricos que se establecen dentro del 
concepto de seguridad. 
 Una primera aproximación teórica a este problema se tomará de la perspectiva estructural-
funcionalista de Parsons, que afirma que los sistemas sociales tienen características de orden e 
interdependencia que van desde la relación más básica entre uno y otro hasta configuraciones 
sociales muy complejas que permiten que el sistema funcione de forma equilibrada y estable, así 
como un determinado nivel de consenso. La presencia de un conflicto prolongado dentro del 
sistema tiende a profundizar y radicalizar las acciones de los actores, así como su participación 
insuficiente y la presencia de un comportamiento potencialmente desintegrador, lo que dificulta la 
resolución del conflicto a través de la conciliación de los intereses de las partes (Bilbao y Dauder, 
citado por Ropers, 2008). 
 En este sentido, los conflictos de larga duración, como sucede en el caso colombiano y los 
problemas de seguridad como en el caso mexicano pueden, desde el enfoque de la dinámica de los 
sistemas de Forrester (1968), ser explicado como un factor que no se desarrolla de forma lineal 
dentro del sistema, sino que es frecuentemente “equilibrado” o “controlado” por diversos factores 
(presión ideológica, simbólica, económica, militar, política o cultural), que buscan ordenar y 
conservar el orden por medio de la aparición, cuidado y manutención de reglamentos y leyes que 
propician, orientan o conducen al control. El énfasis en el factor negentrópico3 para equilibrar las 
tensiones que genera el conflicto en el sistema impide el análisis y la modificación de los patrones 
interactivos que pueden garantizar que el sistema sea sostenible a través del cambio en lugar del 
control social (Coleman, citado por Ropers: 2008). 
 Ahora bien, al respecto de esta primera teoría, la perspectiva estructural-funcionalista de 
Parsons, cabe resaltar que el estudio del comportamiento de los sistemas sociales mediante la 
construcción de un modelo de simulación informática pone de manifiesto las relaciones entre la 
 
3 La neguentropía se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y 
se plasme en los niveles que poseen los subsistemas dentro del mismo. 
 
 
 
 
13 
estructura del sistema y su comportamiento. Por lo tanto, para la investigación en curso, que lleva 
a cabo un hilo conductor histórico que se desarrolla desde el comienzo de la Guerra Fría, se 
requiere del análisis de los diversos actores para comprender el contexto y las problemáticas 
actuales. 
 El segundo enfoque teórico, el enfoque de la dinámica de los sistemas de Forrester, tiene 
una dimensión más externa, y discute el concepto de seguridad nacional, que se deriva de la 
relación entre Estados o sociedades, y hace hincapié en el logro y la unificación del poder de ese 
Estado sobre otros. Además, se cree que las amenazas para los intereses nacionales (Rockwell y 
Moss 1990) surgen de las acciones de otros Estados, por lo que la seguridad de la nación requiere 
un poder y una capacidad militar suficientes. 
 Por último, está la Doctrina Nacional de Seguridad. Es una teoría militar del Estado que 
busca la supervivencia de la nación frente a todas las fuerzas hostiles, así como el triunfo de los 
objetivos nacionales a través de la militarización e ideología de la seguridad, que incluye la 
ocupación de las instituciones del Estado (Comblin 1978: 67). De este modo, la doctrina surgió de 
un conflicto entre las Fuerzas Armadas-partido y el aparato represivo de las Fuerzas Armadas-
Estado, que sólo podía resolverse mediante una redefinición ideológica del papel del Ejército 
(Carranza 1978: 68). 
 Por otro lado, la unificación ideológica en torno al comunismo como enemigo redefinió 
tanto su estructura táctica como su posición política, haciéndola más consciente de su participación 
y, por tanto, desarrollando una tendencia a permanecer en el centro del poder disminuyendo el 
control de las entidades civiles (Leal 1989: 248). Otro de los vértices de la Teoría de la Seguridad 
fue el concepto del enemigo interno, descubriendo que había que luchar por nuevos tipos de 
guerras (Rial 1990: 370); es decir, el enemigo interno es cualquier adversario que opera dentro de 
las fronteras de la nación y supone una amenaza para los objetivos nacionales (Comblin 1978: 66). 
 Combinando los conceptos de enemigo clásico e interno, cualquier oponente o crítico del 
régimen se consideraba una grave amenaza para los valores políticos transcendentales de la nación, 
y cualquier respuesta a esta situación se concebía como un acto de defensa legítima. Como 
resultado del peligro al que se exponía la nación, la aplicación de la Doctrina Nacional de 
Seguridad justificó y legitimó las acciones represivas para mantener el orden social (Tapia Valdés 
1988: 244). Sin embargo, en lugar de proporcionar una seguridad absoluta, esta protección tendía 
 
 
 
 
14 
a crear inseguridad, hasta el punto de que cada ciudadano podría convertirse en una amenaza para 
la seguridad (Comblin 1978: 71). 
 Es desde estos elementos teóricos donde la lucha contra el comunismo brindó a los 
militares de la región un carácter de salvadores de la nación al presentarse como defensores y 
protectores del orden, considerando como obligación intervenir en política cuando es lo 
“permanente” y no lo “accidental” de la sociedad lo que está en peligro (Tapia Valdés 1988: 238-
239). Podemos concluir que la presencia en el sistema político de un conflicto armado interno de 
larga duración ha legitimado, a través de leyes, normativas y políticas sobre seguridad, un carácter 
negentrópico del sistema, en el que el control y no el cambio social4 es la tendencia natural de éste. 
 Desde la visión de la teoría realista se han señalado tres supuestos para abordar la realidad 
internacional: primero, que los Estados como unidades coherentes son los actores dominantes de 
la política mundial.Segundo, se supone que la fuerza es un instrumento eficaz en la política 
internacional, su empleo o amenaza de empleo sería el medio más eficaz para manejar las 
relaciones de poder. Tercero, se presupone una jerarquía de problemas en la agenda política 
mundial encabezada por cuestiones referidas a la seguridad militar y seguida en un orden 
secundario por temas económico-sociales. Lo anterior implica una visión en la que se le otorga 
gran coherencia a la acción estatal y en la que la política estaría cruzada siempre por los conflictos 
entre los Estados. 
 En consecuencia, las alianzas políticas entre los Estados se limitarían y se basarían sólo en 
la existencia de intereses compartidos, como por ámbitos militares que permitirán su 
supervivencia. 
 Adicionalmente, este enfoque tiende a centrar su atención en aspectos tradicionales de las 
agendas de relación entre los Estados, sin incorporar nuevos fenómenos que puedan alterar dichas 
tradiciones. Por lo anterior, se requiere asumir un enfoque que dé cuenta tanto de las 
condicionantes históricas presentes, como de la rapidez de las transformaciones que están 
sucediendo en el ámbito regional. 
 
4 “El cambio social puede definirse como la transformación de la cultura y de las instituciones sociales, en 
definitiva, de las pautas sociales a lo largo del tiempo. Dentro de las pautas sociales, se pueden diferenciar, las de 
carácter más estático como los roles sociales o las dinámicas” (Tech, 2021) 
 
 
 
 
15 
Ahora bien, desde el análisis de la Teoría de la interdependencia Keohane y Nye (2011), 
muestran la interdependencia asimétrica como producto de los efectos recíprocos entre países. 
Desde esta perspectiva, la teoría sostiene que la interdependencia asimétrica, produce efectos en 
las relaciones conformadas por un Estado grande y otro pequeño, esto en términos de distribución 
de poder, sea política o militar como es el caso de esta investigación; luego de esa relación, la 
política exterior convergen para ser complementadas y adoptadas por los Estados en relación, que 
finalmente, como consecuencia de esa relación de interdependencia asimétrica, genera en los 
Estados pequeños un espacio de vulnerabilidad en tanto sus condiciones y capacidades se vean 
modificadas o dominadas por el Estado más Grande. 
En este sentido, la teoría de la interdependencia sugiere que son las asimetrías en la 
dependencia: “las que son más probables de proporcionar fuentes de influencia para los actores en 
sus relaciones unos con otros” (Keohane y Nye 2011, 9). Por ejemplo, en la manera en la que se 
han hecho las relaciones de interdependencia entre EE. UU. y Colombia o EE. UU. y México, sin 
lugar a duda, logrado desde el poder militar con la intervención del gobierno. (Keohane y Nye 
2011). 
2.2. Marco conceptual 
 Se estima preciso fijar algunos de los conceptos que, de manera reiterada, se van a utilizar 
durante el presente trabajo. 
 En primer lugar, se hace referencia al concepto de seguridad, el cual tiene diversas 
perspectivas al ser analizado. Un reflejo de lo anterior es lo que establece en su momento la 
corriente realista, la cual otorga un énfasis en el aspecto militar del Estado, como una forma de 
protección de las potenciales amenazas a su seguridad; a diferencia de lo que postula una visión 
liberal, la cual establece la necesaria vinculación económica, y una manifestación mayor en el rol 
de otros actores del sistema internacional, además del Estado, como una forma de obtener un 
mayor grado de seguridad (Held y McGrew, 2003). 
Así, se revisa lo propuesto por la Escuela de Copenhague para el desarrollo de esta 
investigación. En el libro People, State and Fear (2008) De Barry Buzan, señala que “security is 
a relational phenomenon. Because security is relational, one cannot understand the national 
security of any given state without understanding the international pattern of security 
interdependence in which it is embedded.” (p.187), donde los aspectos de alianzas entre Estados 
 
 
 
 
16 
estar determinado por las rivalidades o amistades. Desde esta perspectiva los niveles y sectores 
(económicos, sociales, ambientales como los políticos y los militares) parecen ser más útiles para 
la observación de la seguridad. 
En este plano, la concepción y percepción de la seguridad se da principalmente dentro del 
campo político, y en este caso, dentro de un esquema decisional que privilegia la noción de Estado, 
como sucedió antes del siglo XXI en la gran mayoría de los países de América Latina. En este 
sentido, señala Pía Lombardo que “la influencia de los debates clásicos sobre las relaciones 
internacionales de la región ha permeado sin duda la reflexión acerca de la seguridad internacional. 
Es así como las distintas interpretaciones de seguridad han tenido, tienen y probablemente seguirán 
teniendo, un fuerte componente político en función de los equilibrios clásicos de la región” 
(Lombardo, 2016: 73). 
 Una visión muy similar es la que señala Fredy Rivera. Para el autor mencionado, existe un 
conflicto entre las corrientes teóricas estatocéntricas y antropocéntricas, en relación con el tema 
de seguridad. Ambas posiciones construyen una imagen relacionada a un escenario negativo, 
debido a que se aprecia una extrapolación en blanco y negro; es decir, donde las amenazas estaban 
simplificadas y controladas y donde la globalización aparece como una dimensión muy lejana 
(Rivera, 2018). Así también, para el mencionado autor, aquel era el esquema de pensamiento que 
prevalecía en el período de la Guerra Fría. 
 En este debate de doble postura, la postura de Montero (2013) quien afirma que “La 
seguridad implica un conjunto amplio de asuntos que trascienden a la seguridad pública, y que 
deben atenderse a través de políticas públicas, que integren al gobierno y a sus diferentes órdenes 
de forma coordinada” (p.204), es la que se considera adecuada para la investigación en curso. 
 Por otro lado, el concepto de ideología Militar diverge de Doctrina de Seguridad Nacional. 
Sin lugar a duda, la ideología militar puede ser cambiante y determinante de acuerdo al contexto 
en el que se viva, es evidente que los intereses militares antes y después de la segunda guerra 
mundial fueron cambiando, es así como en el artículo The armed forces and politics -- military 
rule in latin america by karen remmer / the military and society in haiti by michel S. laguerre / the 
military and democracy (1995) afirma que: 
if you want to understand the armed forces, observe what they do, not what they 
say they will do. It would perhaps be more accurate to assume that the military can 
 
 
 
 
17 
be and has been driven by both ideas and interests. Motives vary, and only careful 
empirical investigations across regimes and time periods would reveal when and 
where ideological commitment prevailed over political expediency, vice versa, or 
the two were joined (Pion-Berlin, 1995, p.6). 
Sin embargo, la ideología en el marco de las Fuerza armadas construye las bases de su 
actuar, la ideología sirve como plataforma para la formulación de las acciones a tomar como bien 
lo dice Schwam (2000) “Ideology then serves as the platform upon which formulations of the next 
stage of action are based. As such. ideology is the clement which lies together explanations based 
on class, economic development. professionalization and history, but further elucidate the 
motivations behind military interventionism, or behind military cooperation with the civilian 
authority” (p.116). Como resultado, la articulación de una ideología militar funciona como 
herramienta que impulsa y caracteriza el actuar de las Doctrinas de Seguridad. 
 Ahora bien, De acuerdo con Leal Buitrago (1992), La doctrina de Seguridad Nacional, se 
trata de una teoría macro militar del funcionamiento del Estado y de la sociedad que explica la 
importancia del personal militar "ocupando" lasinstituciones del Estado. Como resultado, ayudó 
a legitimar el nuevo militarismo que surgió en América Latina en la década de 1960. 
 En consecuencia, la doctrina no se sistematizó, aunque hubo algunas manifestaciones claras 
que pueden utilizarse para definir y comprenderla. Con el tiempo, la doctrina se convirtió en un 
tipo de etiqueta de "razón social" utilizada por varios sectores sociales para identificar una amplia 
gama de acciones militares en la región, la mayoría de las cuales tenían connotaciones ideológicas 
y objetivos políticos. (Leal Buitrago, 1992, p. 75). 
 En directa relación con lo mencionado, y dentro del esquema de pensamiento en América 
Latina durante la Guerra Fría, se manifestó en una visión propia del conflicto bipolar, donde si 
bien se tenía considerado, diversas hipótesis de conflicto de carácter convencional, es decir, dentro 
de un esquema de Estados Nacionales; también es cierto que el esquema predominante durante la 
Guerra Fría para los países de la mencionada región, tenía relación con la denominada doctrina de 
la Seguridad Nacional, la cual tenía una visión basada en la existencia de un “enemigo interno”. 
 No obstante, lo cierto es que en otros países dicha forma de percepción en torno a la 
seguridad derivó en una actuación absolutista del Estado, de tal forma que las amenazas no eran 
percibidas como un daño a la integridad territorial desde otros actores sino desde los Estados. De 
 
 
 
 
18 
modo que, la concepción de Seguridad Nacional se desarrolla desde una perspectiva institucional-
territorial en algunos países, mientras que en otros la concepción ideológica marca una 
preponderancia sobre los acontecimientos convencionales del conflicto. 
 Aquella percepción institucionalizada sobre la seguridad, la cual se manifiesta en una 
directa predisposición del Estado a maximizar sus recursos en elementos que permitan una 
adecuada “disuasión” en torno a eventuales adversarios con similares características, permiten 
establecer una visión altamente militarizada en lo que respecta a sus instrumentos de seguridad, 
como lo son las Fuerzas Armadas. 
 Ahora bien, frente al concepto de Seguridad Nacional de forma independiente este ha 
evolucionado en consonancia con las transformaciones globales, para hacer frente a los crecientes 
desafíos que presentan las circunstancias del mundo. El mundo globalizado actual se encuentra en 
un proceso de cambio continuo, debido a factores como la evolución constante de los centros de 
poder, la consolidación de nuevos actores internacionales, los cambios demográficos, la 
competencia por los recursos energéticos, alimenticios y económicos, así como el papel de las 
tecnologías en la sociedad del conocimiento. 
 Conforme a esta visión integral, la Seguridad Nacional, bajo la perspectiva de la CEPAL 
(2015), es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a 
garantizar la defensa de los países y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir 
junto a otros países y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos. 
 La ONU, y el PNUD, comenzaron a establecer dentro de las agendas internacionales de los 
países la concepción de la “Seguridad Humana”. 
 Lo anterior lo plantea Grasa, en el sentido de que, durante la década de los noventa la 
comunidad académica y política vinculada a temas de seguridad y desarrollo se familiarizó con 
expresiones y narrativas que hablaban de las "dimensiones no militares de la seguridad", de 
cambios en la naturaleza de los conflictos armados y violentos, así como, en el terreno del 
desarrollo, del "desarrollo humano", de las capacidades y de las necesidades. Se generalizó 
también la referencia a retos, riesgos y amenazas al desarrollo y a la seguridad de naturaleza nueva 
(Grasa, 2017). 
 
 
 
 
19 
 
 La concepción de Seguridad Humana no es absoluta, porque la misma Seguridad Humana, 
de acuerdo con la visión institucionalizada en términos políticos internacionales, establece que la 
mencionada seguridad se compone de una serie de múltiples “seguridades”, dentro de las cuales 
es posible mencionar la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ambiental, la 
seguridad alimentaria, por mencionar algunas. 
“La seguridad humana ubica el individuo, y no al Estado en el centro del debate de las 
políticas de defensa. La seguridad humana recurre a las regulaciones multilaterales, desde 
una mirada más comprensiva de la seguridad, no solo militar, sino también económica y 
social y sus medios de acción son primariamente la diplomacia, las mediaciones y la 
prevención de conflictos” (Diamint, R, 2001). 
 Siendo así, se reconocen los problemas que están evidenciando una serie de países a nivel 
mundial, dejando de lado la priorización de los medios militares, para enfocarse en otro tipo de 
problema/solución. 
 Y en estricto sentido, aquello es el principal elemento diferenciador de la concepción de la 
Seguridad Humana, debido a que cataloga un enfoque de prioridad diferente. De acuerdo con lo 
que plantea Pérez de Armiño (2007), se establece que en “el plano teórico, supone un profundo 
cuestionamiento del carácter estatocéntrico del concepto clásico de seguridad, así como también 
del enfoque "realista"”, el mainstream que históricamente ha dominado los estudios de Relaciones 
Internacionales. 
 Además, el desplazamiento del eje de atención desde el Estado hacia el individuo implica 
también un cambio de enfoque en el análisis que se realiza en diversos planos: así, por ejemplo, la 
prioridad pasa desde los derechos de los Estados (soberanía, no injerencia) a los derechos humanos 
de las personas, del mismo modo que hay también un cambio en cuanto a las preocupaciones y 
necesidades, desde las del Estado (intereses nacionales, poder militar) hacia las de las personas 
(necesidades básicas, libertades) ( De Armiño, K. P,2006) 
 
 
 
 
20 
2.3. Marco contextual 
2.3.1 Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina 
 La Doctrina Nacional de Seguridad representa el intento más importante en América Latina 
de militarizar el concepto de seguridad. Su importancia se deriva del hecho de que fue formada 
por fuerzas ideológicas y políticas fuera de la región y de las propias instituciones militares. No 
cabe duda de que es necesaria una mejor comprensión de estas circunstancias, ya que han 
demostrado ser útiles para guiar el comportamiento militar más allá de sus funciones 
fundamentales.5 
 Durante la Guerra Fría, la seguridad nacional se convirtió en una categoría política, 
especialmente en las zonas de influencia estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
este país rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para 
elaborar el concepto de Estado de seguridad nacional. En vista de las amenazas revolucionarias, 
la inestabilidad capitalista y el poder destructivo de las armas nucleares, este concepto se utilizó 
para designar la defensa militar y la seguridad interna (Junior, 2018). 
2.3.2. Doctrina de Seguridad Nacional en México 
 Según Benítez Manaut (1996), México basa su seguridad en un concepto integral acorde a 
la realidad geopolítica y socioeconómica del país, sostenido en la política exterior y sus doctrinas 
de no intervención, autodeterminación de los pueblos y búsqueda de solución pacífica de las 
controversias, en la doctrina de defensa, basada en los planes DNI, DNII y DNIII, correspondiendo 
al primero, la defensa ante un enemigo externo; el segundo, al mantenimiento del orden interno; y 
el tercero, al despliegue militar para la protección de la población en casos de desastre; en el diseño 
de políticas gubernamentales que logren el desarrollo socioeconómico del país; y la gobernabilidad 
bajo un sistema democrático de gobierno, que garantice la convivencia pacífica entre los 
mexicanos. 
 
5 pagina El artículo129 de la Constitución federal dice: como cultura de la violencia la relación entre actores como 
la guerrilla y las bandas emergentes que son un reducto de los grupos paramilitares que entraron en un proceso de 
negociación para su desarticulación a través de la ley de justicia y paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
proceso que logró por medio de la lucha electoral legitimar proyectos políticos liderados por los paramilitares en 
regiones de dominio político y económico que aún continúan a pesar del proceso de inserción de la vida civil. de 
Quintero, S & Molina, D (2013). La Ilegalidad: una herramienta de análisis para la naturaleza del conflicto en 
Colombia 
 
 
 
 
 
21 
 Durante el siglo XIX, el principal problema de México fue definir su territorio, población, 
cultura e identidad en un proyecto común, esta fue la principal problemática que dio origen al 
concepto rector para los planteamientos de la Seguridad Nacional en México. 
Desde ahí el Estado se caracterizó por poder controlar los movimientos armados, como 
resultado, algunos gobiernos entraron en acuerdo con grupos delincuenciales, mafias locales y 
organizaciones ilegales para obtener patrimonio u objetivos políticos ocasionales, mientras tanto 
estos conseguían protección y determinados privilegios, lo que finalmente genero corrupción. 
(Díaz,2020). 
En el periodo de Carlos Salina de Gortary (1988-1994) y de Ernesto Zedillo (1994-2000) 
también del PRI (Partido Revolucionario Institucional) tuvieron que enfrentar una problemática 
internacional, dentro de ellas se destacaba el terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, ataques 
cibernéticos, trata de personas, pobreza extrema, entre otros. De modo que, permitió la expansión 
del mercado nacional y de exportación de la droga, fortaleciendo económica, financiera y 
estructuralmente a varias organizaciones criminales o carteles, que experimentaron con el uso de 
la violencia como instrumento para lograr el control de todas las rutas y el mercado ilícito en 
general. 
A partir de este momento, se hicieron visibles las primeras intervenciones policiales y 
militares que no consiguieron el control de la Violencia Criminal, por el contrario, la motivaron y 
en respuesta, se fueron haciendo más comunes los ataques armados a funcionarios, policías, 
militares e instituciones estatales. Con la llegada del presidente Felipe Calderón (2006-2012) el 
país se dirigía hacia una crisis social y política, que se le iba más allá del control, como mecanismo 
de contención rápida declaró como Política Pública priorizada la Guerra contra el narcotráfico y 
la violencia, imponiendo una contraofensiva totalizadora, haciendo uso de todos los medios y 
unidades de las Fuerzas Armadas como lo son el Ejército, Aviación y Armada lo cual resultaba 
ilegal por la falta del sustento que otorga el Artículo 129 de la Constitución y del consentimiento 
del Senado de la República.6Sin lugar a duda, esto logro una rápida y pronta respuesta de los jefes 
 
6 pagina El artículo 129 de la Constitución federal dice: "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer 
más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias 
militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de 
la Unión o en los campamentos cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de 
tropas". de Instituciones, C. F., Electorales, P., & México, I. F. E. (2011). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. México, Porrúa. 
 
 
 
 
22 
de grupos delincuenciales fortaleciendo su capacidad económica y financiera, además de su 
influencia política desde los niveles más bajos del poder hasta el más alto, teniendo la facultad de 
ejecutar la justicia por sí mismos, obviando a las instituciones legítimamente encargadas de 
administrarla. 
El plan de guerra para destruir los grupos criminales con la fuerza del ejército en su 
totalidad, no se cumplió, sino, que provocó una mayor dispersión territorial en el accionar de la 
delincuencia y la violencia. Por otra parte, la intervención militar provocó mayor inestabilidad 
interna en la mayoría de las organizaciones. 
La mezcla de las Fuerzas Armadas y sus apoyos policiales interactuando directamente 
contra la delincuencia organizada en ciudades y pueblos, ha dado lugar a otra situación paradójica 
y contradictoria con los objetivos para los que fueron creados. En definitiva, cuando las fuerzas 
del gobierno se despliegan para evitar el accionar de los grupos criminales o contrainsurgentes, 
ocurren las tasas más elevadas de torturas y masacres (Díaz,2020). 
Es importante tener presente que esta nueva “militarización” es diferente de la época de la 
Guerra Fría, pues no implica ruptura del orden constitucional, sujetándose las Fuerzas Armadas a 
los poderes constitucionales legalmente establecidos. Esto se observa en todos los casos. En 
México se ha hablado de una significativa “militarización” promovida desde el nivel presidencial, 
para enfrentar al narcotráfico desde el cambio de gobierno en diciembre de 2006. 
2.3.3. Doctrina Seguridad Nacional Colombia 
 La política de Colombia está atada a los Estados Unidos, siguiendo la doctrina del 
presidente Marco Fidel Suárez (1918-1922) que lo consideraba como la Estrella Polar sobre todo 
al disminuir la influencia Francia e Inglaterra, a causa de la guerra mundial. 
 Así Colombia se mantuvo en constante unión con el Gobierno de Estados Unidos en la 
formulación de doctrinas contra lo que se conoce como enemigo interno. En la década de los 30 
comenzó a aparecer con más intensidad crímenes, lo que movilizo a nuevos lideres políticos en 
pro de un cambio en Colombia, uno de ellos Jorge Eliecer Gaitán Ayala, quien detono violencia a 
gran escala luego de su asesinato en abril de 1948. Esto coincidió con la novena Conferencia 
Panamericana presidida por el General estadounidense George Marshall, donde la Unión 
Panamericana cambia el nombre por el de Organización de Estados Americanos (OEA), se crearon 
 
 
 
 
23 
las bases jurídicas y políticas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con una 
Junta Interamericana de Defensa y un Colegio Interamericano de Defensa que articularían las 
orientaciones militares estadounidenses y la asociación estratégica entre ambos países 
(Díaz,2020). 
El Partido Comunista llamó a la autodefensa de las masas, ante esa resistencia a la guerra 
política y religiosa del Estado, el Estado decretó que cualquier oposición a las Fuerzas Armadas 
implicaba ejecución. Para 1949 se disolvió el Congreso para darle al Ejército nuevamente un 
escenario político y ocupara los ministerios de Gobierno, Justicia y Guerra. Bajo el mando 
estadounidense se firma el primer Pacto de Asistencia Militar de un país del continente con 
estadounidense y con ello recibió armamento destinado al conflicto interno. 
Para 1951 hubo dos hitos importantes que marcaron la Doctrina de Seguridad de Colombia, 
y fue la profesionalización de las fuerzas militares por parte del ejercito americano y la creación 
del Comando General de las Fuerzas armadas. El suministro de equipos modernos y 
entrenamientos de los altos medios del exterior, lograron ideas de Seguridad Nacional 
desarrolladas por Estados Unidos y con el Comando General de las Fuerzas Militares hubo fuerzas 
coordinadas que se potencializaron unas como ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional. 
Lo que puso en marcha un cambio de orientación y de comportamiento dirigido a un nuevo 
concepto de enemigo interno. (Muñoz Tejada, 2006) 
 Durante el Frente Nacional (1958-1974) se cruzaron dos ideologías que alimentaron la 
violencia política. A mediados de los años sesenta se extinguía la violencia de origen bipartidista 
y aparecía la que cuestionaba el sistema. Los militares avanzaban en un procesode despolitización 
con respecto a los partidos tradicionales. Su inmersión en la nueva violencia política que retaba al 
sistema aceleró ese proceso y les permitió llenar el vacío ideológico que se presentaba. Así se 
definió el componente colombiano de la Doctrina de Seguridad Nacional. No obstante, la doctrina 
redujo su influencia tras el proceso de democratización en América Latina. 
En 1965 se expide un Decreto Presidencial para la creación de grupos paramilitares, que 
tres años después sería convertido en Ley y en 1969 el Comando General de las Fuerzas Militares 
emite un “Reglamento de Combate contra Guerrillas” que organiza a la población en dos niveles: 
Defensa Civil y Juntas de Autodefensa (Calvo Ospina, 2016). Así legaliza el paramilitarismo y de 
 
 
 
 
24 
paso arrebatan el nombre primario con que se autodenominaron las guerrillas liberales y 
comunistas campesinas en la década del ‘50. 
En 1974 se estructura al Estado colombiano en función de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, que se originó en los años 50 en Francia durante sus guerras coloniales en Argelia y 
Vietnam, que era tomada desde la doctrina estadounidense de guerra convencional. Para 1977 los 
altos mandos exigieron un documento público, donde se podían tomar medidas de emergencia 
contra los enemigos, así se logro un Estado de sitio con la aplicación del decreto 1923 de 1978, 
conocido como el Estatuto de seguridad. 
En los años 90 América Latina con las reformas neoliberales hicieron a los narcotraficantes 
mucho más influyentes en la política, al incrementar su poder económico con más facilidades para 
lavar y proteger sus fortunas ilícitas en los bancos recién privatizados (Drug Enforcement 
Administration, 1994) Ello incrementó una alianza estratégica entre el narcotráfico y las Fuerzas 
Armadas, con servicios y favores interrelacionados. 
 Ante la presión nacional e internacional, el gobierno ataco al narcotráfico hasta 
desestabilizar los carteles de Cali y Medellín y así mismo, logró mediante negociaciones 
desmovilizar a los grupos guerrilleros M-19, parte del Ejército de Liberación de los Pobres (ELP). 
En 1994 se registraron 4.378 casos de violencia donde solo se pudo identificar los autores en 2.627 
casos. En estos 2.627, se identificó que las Fuerzas Armadas y organizaciones de seguridad fueron 
responsables de 2.336 casos, los paramilitares de 230 casos, y la insurgencia de 61 casos, datos 
tomados del Banco de Datos del año 1994 (Moreno, 2003). 
Una vez revisada la literatura sobre el fenómeno de Doctrina de Seguridad en el gobierno 
de Pastrana (1998 – 2002. Leal Buitrago (2011) expone que este periodo el cambio se vio reflejado 
en la actitud publica frente a la violación de derechos humanos en los militares, sin embargo, el 
gobierno adquirió una etiqueta de incompetencia política y fue poco a poco desacreditado, dada la 
falta de resultados con la Doctrina de Seguridad que manejaba con Estados Unidos. Al final, del 
gobierno de Pastrana, empeoró la situación del país, desprestigió la vía política, identificada con 
las conversaciones entre el gobierno y las FARC y sobre todo con los desmanes cometidos por 
esta guerrilla. 
 
 
 
 
25 
Sin embargo, el mercado de producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas llenó 
parcialmente nuevos propósitos para la agenda, hasta que a partir del 11 de septiembre de 2001 las 
características de la noción de seguridad nacional reaparecieron bajo el rótulo de la guerra contra 
el terrorismo, en la cual EE. UU. retomó su papel protagónico en la lucha antiterrorista y en la 
defensa de las libertades democráticas. Lo que hizo que los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-
2010) estuvieran estrechamente relacionados con las estrategias de Estados Unidos, reconociendo 
el terrorismo como una amenaza de seguridad y calificando a los grupos al margen de la ley como 
terroristas. En su gobierno se creó las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de 
brindar seguridad democrática, y más a delante se conoció el documento de “Política de Defensa 
y Seguridad Democrática” donde se identificaban las amenazas para el Estado, mencionaba los 
objetivos y las líneas de acción. Álvaro Uribe le otorgó a las Fuerzas Militares y a la Policía 
Nacional una profunda vigorización presupuestal técnica y operacional; así como un 
redimensionamiento de su alcance institucional. Los militares y policías en lógica de seguridad 
multidimensional se hacen presentes en todas las esferas de la acción social, todos en lucha de las 
estructuras criminales. (Badrán, F & Niño, C, 2020). 
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), se comprendió la 
imposibilidad de vencer militarmente a la guerrilla y fueron mantenidas durante años 
negociaciones de paz en La Habana, que culminaron con un acuerdo firmado en 2017 con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y este se integró como partido político con una 
asignación de senadores. 
 Finalmente, el gobierno de Iván Duque (2018) no respeta dichos acuerdos y recurre a las 
viejas tácticas de asesinar guerrilleros y líderes sindicales, lo que ha demostrado un incrementando 
nuevamente la violencia con objetivos políticos y provocando la reactivación de la guerrilla y 
protestas callejeras en las ciudades. 
Las Leyes, los decretos y la reglamentación militar han hecho del paramilitarismo un 
instrumento del Estado colombiano. Sin lugar a duda, el paramilitarismo se configura y amolda a 
las diferentes circunstancias para garantizar la estrategia de romper a cualquier otra organización 
que pueda amenazar ese control y aparentar democracia y civilidad. La imagen de Colombia 
apenas se afecta por las cifras y denuncias, pues no son reproducidas ampliamente ni por la prensa 
 
 
 
 
26 
nacional ni la internacional dados las presiones de los Estados Unidos para mostrarla como 
ejemplo de democracia. (Díaz,2020). 
 De acuerdo con Leal (2011), si bien esto permitió que los mandos militares de la década de 
los cincuenta tuvieran autonomía frente a los asuntos civiles y los partidos políticos. Como 
consecuencia: 
[...] los altos mandos asumieron en forma improvisada un diseño que no les correspondía, 
de acuerdo con las variadas percepciones de la situación de orden público. Las instituciones 
militares formularon una política general que se hizo explícita a través de expresiones 
anticomunistas, como producto de la combinación caprichosa de elementos como la 
tradición institucional, los conflictos del momento y la influencia proveniente de la 
concepción político-militar estadounidense y la Doctrina de Seguridad Nacional 
suramericana. No sólo hubo una ausencia de directrices políticas en el Estado que 
permitieran armonizar y unificar en cada etapa histórica el comportamiento militar, sino 
que se escamoteó la solución de los problemas sociales más acuciantes del país al darles 
tratamiento de orden público (Leal, 2011: 4). 
 De ahí que la concepción colombiana de seguridad y la definición de sus amenazas siempre 
hayan tenido un fuerte –y casi exclusivo– componente militar. 
2.4. Antecedentes 
2.4.1. Antecedentes internacionales 
 En la revisión bibliográfica llevada a cabo para la investigación propuesta, se identifica un 
primer trabajo correspondiente a Páez Murillo, Peón Escalante y Ramírez Pedraza (2018) titulado 
Contexto de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Revisión de literatura (2007-
2017), llevado a cabo en la Ciudad de México y el cual tuvo como objetivo realizar una revisión 
de la literatura científica que analiza los programas de seguridad ciudadana aplicados en países de 
América Latina y el Caribe en el periodo de 2007 a 2017. 
 Dentro del estudio, se analizó como tema principal la seguridad ciudadana, la cual surge 
como término evolutivo de la seguridad nacional, y la cual ha contado con diversas estrategias, 
programas y políticas que apuntan a resolver situacionesdelictivas desde el enfoque de seguridad 
humana, buscando dejar de lado la militarización de la seguridad, como lo propone la doctrina de 
 
 
 
 
27 
seguridad nacional, para ello se realiza una comparación entre algunos países como Chile, 
Argentina, Colombia y México. 
 Un segundo trabajo corresponde a Sabarots (2020) titulado de la doctrina de la seguridad 
nacional a la seguridad democrática, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. A través 
de esta investigación se realizó un análisis reflexivo en el marco de la seguridad-inseguridad con 
una dimensión fuertemente invocada en democracia: la participación comunitaria; realizando un 
análisis en específico de Argentina y Brasil. 
 Dentro de su investigación, el autor resalta la importancia del cambio de rumbo en cuanto 
al rol del Estado, las políticas en educación, ciencia y tecnología, las políticas en derechos humanos 
y las políticas públicas en seguridad que han cuestionado, reelaborado o simplemente interrumpido 
políticas y conquistas de derechos desplegadas durante el ciclo precedente de gobiernos populares. 
 A modo de conclusión, al igual que las investigaciones previas este autor señala que el reto 
más significativo en él ahora es sostener e incrementar las investigaciones y las vinculaciones de 
la academia con la gestión pública y en donde la participación ciudadana es vital para el porvenir 
del país y las medidas por las que se opta para dar solución a las problemáticas sociales. 
2.4.2. Antecedentes nacionales 
 2.4.2.1. Caso mexicano. 
 Un primer trabajo corresponde a Raúl Benítez Manaut y su libro titulado Seguridad y 
defensa en América del norte: Nuevos dilemas geopolíticos, capitulo 3 México: Seguridad 
nacional, defensa y nuevos desafíos en el siglo 21, del año 2015. 
 Al respecto el autor realiza un énfasis en las consecuencias de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en la geopolítica del hemisferio, ya que los gobiernos, súbitamente, debieron 
replantearse sus doctrinas de seguridad nacional y la forma en como están organizados sus sistemas 
de defensa, inteligencia, seguridad pública y control de fronteras. 
 En el caso mexicano no hubo excepción y a través de las nuevas solicitudes del gobierno 
estadounidense, se debieron realizar ajustes dentro de la doctrina que han sido influenciadas por 
los diversos gobiernos, con el fin de atender a las nuevas amenazas proclamadas por la OEA. 
 Por presión de Estados Unidos, se crearon sistemas novedosos de inteligencia en el seno 
de la PGR contra el narcotráfico y el crimen organizado, como el INCD–UEDO (ahora CENAPI) 
 
 
 
 
28 
y el CENDRO, con resultados cuestionables. En el seno de Gobernación, la permanencia del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en ella, y el desprendimiento que en 1999 
dio pie a la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), son los elementos estructurales–
institucionales sustantivos. Respecto del CISEN, la opinión pública constantemente debatió 
durante los gobiernos de Zedillo y Fox la falta de información sobre su estructura y actividades y 
el frágil sustento legal que regula su existencia 
 Desde otro panorama, el mismo autor Raúl Benítez Manaut, en su artículo La Defensa en 
México: el dilema entre la recesión democrática, la seguridad interior y los retos del siglo XXI. 
Estudios en Seguridad y Defensa del año 2018, expone que las Fuerzas Armadas siempre han 
desempeñado un papel importante para la política de seguridad interna en los países de América 
latina y para México no ha sido una excepción. Cuando los militares pasan a llenar vacíos de 
gobiernos políticos civiles que no han logrado cubrir, no impide que estos tampoco sean corruptos, 
ni tampoco que sean gobiernos totalmente democráticos. 
 En México la democracia llego a finales del siglo XX, se logró mantener la autonomía y 
los privilegios de las Fuerzas Armadas, luego de vivir con gobiernos autoritarios desde 1929 y 
2000, sin embargo, el sistema de defensa continúo siendo el mismo y, por ende, la doctrina de 
seguridad siguió sosteniéndose de un nacionalismo clásico. Aun así, se incorporó la cooperación 
militar internacional con el propósito de combatir organizaciones criminales y los nuevos 
problemas de seguridad global que imponía Estados Unidos. Para el 2007, la potencia diseña la 
Iniciativa Mérida, con el fin de ayudar a combatir la violencia por drogas, que dio como resultado 
que, en 10 años de implementación, haya sumado 2,745.9 millones de dólares; donde se calcula 
que el 30% ha sido asistencia militar directa (Riband y Finklea, 2017, como se citó en Benítez, 
2018). Sin lugar a duda, esto trajo consigo nuevas consecuencias legales, como el “Estado de 
emergencia” plasmada en la Ley DOF 21-12-2017, con el fin de evitar polémicas donde las Fuerzas 
Armadas están expuestos a violar derechos Humanos 
 El autor describe la doctrina de México desde dos estructuras y por mandato constitucional 
y una nueva que esta siendo integrada. La primera estructura de Doctrina Nacional de México 
busca la protección de la nación, el territorio y la población, aunque México no tenga enemigos 
externos específicos y esta cada vez sea mas difusa, se incluyen las amenazas irregulares como el 
crimen organizado; la segunda estructura de Doctrina Nacional de México, se centran en las 
 
 
 
 
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amenazas internas, como lo son los grupos armados o la declaración de guerra al narcotráfico en 
2007, lo que ha llevado el despliegue de Fuerzas Armadas a lo largo del país. La creación de los 
Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFEs) creado por primera vez en 1990, responde a 
los desafíos del Doctrina Nacional, se introducen desde ejército, fuerza aérea y armada y se acopla 
a la guerra al narcotráfico. Estas fuerzas especiales son las que se dedican a la guerra del 
narcotráfico y el rescate de la población; para el siglo XXI las Fuerzas Armadas combaten el 
Narcotráfico y la delincuencia como misiones internas fundamentales. Finalmente, la tercera y 
ultima Doctrina de Seguridad es la protección de la población ante desastres naturales. 
 Finalmente, en México se observó que al debilitarse muchas instituciones del régimen 
autoritario y no ser sustituidas por nuevas instituciones gubernamentales democráticas, favoreció 
al crimen organizado, Por ello “las instituciones de seguridad y justicia fueron incapaces de 
defender a la sociedad por debilidad o complicidad” (Valdés, 2013 como se citó en Benítez, 2018). 
Luego, en diciembre de 2006, los factores militares del combate al narcotráfico se volvieron 
dominantes: se militarizó tanto el aparato estatal de seguridad, como el de las organizaciones 
criminales, además de las estrategias internacionales para el combate al narcotráfico (Bagley, 2014 
como se citó en Benítez, 2018). 
 Como consecuencia esto ha dejado más de 150,000 muertos de 2007 a 2018 según diversas 
fuentes de información (De Mauleón, 2014 como se citó en Benítez, 2018). El incremento de los 
homicidios en el país entre 2016 y 2018 se ven reflejados por la inestabilidad causada por el 
reacomodo de poder y e influencias de los grupos criminales, principalmente luego de la caída del 
Cartel de Sinaloa. 
En suma, el autor concluye que las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico 
han generado problemas de derechos humanos. Hay grandes escándalos de violaciones de derechos 
humanos no aclarados por el ejército y la marina donde esto ha generado inconformidad en el seno 
de la sociedad civil y críticas por parte de organismos internacionales. 7 
2.4.2.2. Caso Colombiano. 
 En el ámbito nacional un primer trabajo corresponde a Leal Buitrago (1992) y su libro 
titulado La seguridad nacional a la deriva, el cual consta de seis capítulos en los que el autor se 
 
7 Molina, D Y Caicedo, S (2012): MOVIMIENTOS SOCIALES: VISIONES DE ALTERNATIVIDAD POLÍTICA 
DESDE SUR Y CENTRO AMÉRICA 
 
 
 
 
30centra en las vicisitudes de la seguridad nacional colombiana. Esta investigación se basa, en parte, 
en la continuidad de algunas de las ideas del autor desarrolladas en su libro El oficio de la Guerra: 
La Seguridad Nacional en Colombia, en el sentido de que cuatro de los capítulos del nuevo libro 
son una versión revisada y ampliada de algunas de las secciones del libro anterior. 
 Los principales aportes del autor se basan en la idea de redefinir la seguridad nacional, 
enfatizando que las problemáticas de seguridad en los países latinoamericanos han aumentado 
dramáticamente como resultado de la forma en que se configuró dicho tema en la mayoría de los 
países, con naciones destruidas o ausentes y poca capacidad para reconstruirlas o inventarlas. 
 Al respecto hace énfasis en que la visión hobbesiana prevaleció sobre la visión 
rousseauniana, de modo que el Estado buscó controlar el potencial agresivo de la acción humana 
mediante el uso de la fuerza, pero la fuerza no se puso al servicio de un concepto de libertad que 
el pueblo pudiera comprender; la violencia entre ciudadanos estaba excluida como un bien 
supremo, pero no se creía que sus causas eran erradicables mediante la fuerza letal. 
 Posteriormente, al analizar el caso colombiano, el autor concluye que, debido a la larga 
historia de la violencia guerrillera en Colombia, la seguridad nacional se ha priorizado sobre las 
cuestiones internas. Las referencias externas, que son la base de la profesionalización militar en 
los Estados modernos, sólo han aparecido en raras ocasiones, como en los incidentes fronterizos, 
principalmente con Venezuela, revelando el abandono oficial de varias regiones. 
 En este escenario, Leal Buitrago es claro al mencionar y concluir que la prolongada 
duración de los conflictos políticos armados y la velocidad de los cambios en la organización 
social del país durante el último medio siglo sirvieron de base para el crecimiento y diversificación 
de la violencia. Además de los delitos políticos, los delitos organizados, comunes y 
circunstanciales que han impulsado al país a la cabeza de las tasas de homicidio del mundo desde 
la segunda mitad de la década de 1980. 
 Este punto de partida es clave para la investigación en curso como referente contextual, ya 
que, desde este momento, la situación de seguridad del país se ha deteriorado, ya que los traficantes 
de drogas participan en actividades terroristas que se han convertido en una amenaza para la 
estabilidad del Estado. De acuerdo con Alzate (2014) los sectores dominantes del país, muchos de 
los cuales se beneficiaban económica y políticamente del tráfico de drogas, proporcionaron una 
mala solución política al problema, exponiendo los defectos del sistema de justicia del país. 
 
 
 
 
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 Por otra parte, se encuentra una segunda revisión bibliográfica correspondiente a Velásquez 
(2002), titulado Historia de la doctrina de la seguridad nacional, realizado en la Universidad del 
Cauca, Colombia. El autor busca establecer un contexto desde la formación de la Doctrina de la 
Seguridad Nacional y el cumplimiento de los objetivos bajo los cuales se constituye. La 
investigación parte de considerar la Doctrina Nacional de Seguridad como una ideología a través 
de la cual Estados Unidos consolidaba su dominio sobre los países latinoamericanos, durante la 
Segunda Guerra Mundial y al momento de enfrentarse a la Guerra Fría. 
 En este sentido el autor destaca que la doctrina en su trascurso no logra completar sus 
propósitos y que en cambio a raíz de esta las Fuerzas Armadas han sido indoctrinadas con un falso 
sentido de la no política, lo que ha llevado a la autocensura o la coerción en contra de los procesos 
deliberativos. 
Dentro de las investigaciones realizadas en el ámbito local, se encuentra un primer trabajo 
que corresponde a Jiménez (2009) titulado Aplicación e instrumentalización de la doctrina de 
seguridad nacional en Colombia (1978-1982): efectos en materia de derechos humanos, presentado 
por la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. 
Partiendo de la base que los estudios sobre seguridad en Colombia han incorporado en sus 
análisis las implicaciones políticas que la seguridad tiene para la consolidación de la democracia, 
la ciudadanía, la memoria, la verdad o los Derechos Humanos, la autora propone un análisis de la 
primera política estatal sobre seguridad que se implementó entre 1978 ha 1982, conocida como el 
Estatuto de Seguridad y los efectos que tuvo en la institucionalización de la protección y defensa 
de los Derechos Humanos. (Jiménez,2009) 
La investigación se divide en tres partes: la primera, en la que realiza un análisis de la 
instrumentalización del Estatuto a través de las relaciones cívico-militares, la ideologización y la 
ocupación y administración de las instituciones; la segunda parte, los alcances del Estatuto 
respecto a las violaciones de los derechos fundamentales y de los procedimientos legales, así como 
un intento por ver este fenómeno a través de la dinámica campo-ciudad. La última parte, explica 
el desmantelamiento del Estatuto en las postrimerías del gobierno en 1982. 
Dentro de los principales hallazgos de la autora, señala que el estatuto de seguridad se creó 
e instrumentalizó en Colombia entre 1978 y 1982 por parte de los militares, con la plausible 
 
 
 
 
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aprobación del presidente Julio Cesar Turbay Ayala, represento la aplicación en Colombia de los 
principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional (Jiménez,2009). 
Al respecto, la autora llega a la conclusión de que la instrumentalización de la Constitución 
Política por parte del ejército, y en menor grado de intervención, de la policía, permitió la 
yuxtaposición de funciones de estos entes, presentándose la militarización de la policía y la 
“policivización” de los militares, situación que desdibujó los ámbitos de competencia de seguridad 
interna y nacional. 
 Otra de las conclusiones a las que llega esta investigación se refiere a la aplicación del 
articulado del Estatuto por parte de las Fuerzas Armadas, el cual tuvo graves alcances respecto al 
tema de los derechos humanos y la violación de las garantías procesales y judiciales, permitiendo 
un modelo de “represión legal” con diversos tipos de prácticas violatorias. La intensidad y 
violencia de este instrumento fue distinta en las zonas rurales y en las ciudades colombianas. 
Un segundo trabajo corresponde a Galvis (2015) titulado Implicaciones de la política de 
seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe en el desarrollo de las estrategias de seguridad 
nacional de Venezuela, Brasil y Perú, de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, la cual fue una monografía de grado para optar por el título de internacionalista. 
La autora divide su investigación en cuatro capítulos, en una primera parte se analiza la 
situación de seguridad en Colombia tras la implementación de la Política de Seguridad 
Democrática (PSD). En un segundo momento, se busca explicar la situación resultante con 
Venezuela, analizando la relación entre ambas naciones y adicionalmente generar una revisión de 
los mecanismos implementados por Venezuela para hacer frente a la amenaza proveniente de 
Colombia. Un tercer capítulo aborda la relación colombo- brasilera en cuanto a temas de seguridad, 
estudiando los mecanismos implementados por Brasil para contrarrestar el dilema de seguridad 
con Colombia teniendo en cuenta el carácter de líder regional del Estado brasilero. Finalmente, el 
cuarto capítulo se destina al estudio del dilema de seguridad entre Perú y Colombia y los 
mecanismos implementados por el Estado peruano con el fin de garantizar su seguridad. 
Esta investigación permite reconocer uno de los hitos más importantes en términos de 
Seguridad Nacional para Colombia en una administración precedente y radical para el país como 
la de Álvaro Uribe Vélez. A través de la Política