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LOS AVATARES DEL LIBERALISMO EN AMERICA LATINA 
Neoliberalismo y poKtica: las paradojas 
de la «nueva ciudadanía» 
S U S A N A VILLAVICENCIO* 
Universidad de Buenos Aires 
Introducción 
La mirada que dirigimos aquí sobre algunas transformaciones sociales y políti-
cas ocurridas en las últimas décadas, pretenden explicitar el aspecto paradojal 
que ha asumido la política democrática en los países latinoamericanos. En el 
mismo momento en que la democracia política se extiende y se afíanza en la 
mayor parte de los pmses de la región, las exigencias de una economía globali-
zada y el predominio del mercado extendido a la sociedad en las prácticas 
neoliberales, modifica la naturaleza de este régimen político concebido como el 
gobierno de los iguales. La democracia liberal que hoy se afirma, tiene entre 
nosotros un doble sentido, por una parte representa la adquisición de la libertad 
de opinión y la pluralidad frente al autoritarismo precedente, por la otra marca 
la restricción en el carácter cívico de las acciones colectivas. Las preguntas por 
el sentido de la democracia, por las condiciones que la hacen posible, o bien las 
expresiones de malestar o de desilusión por las «promesas incumplidas», que se 
suceden en los discursos sobre la sociedad y la política, testimonian de los 
obstáculos que impone a la realización de la democracia, un mundo regido por 
los valores económicos. Percepciones de lo incumplido de la democracia, que 
se hacen también sentido común y conforman un clima de época de desafección 
y desconfianza. 
Jacques Ranciére ha llamado la atención a esta forma de oscurecimiento 
• Una primera versión de este artículo fije expuesta como ponencia en las Jomadas de Filo-
sofía y Política, UNR, Rosario, octubre 1999. Agradezco los comentarios de Ana María García 
Raggio, Patrice Vermeren y Elina Mecle. 
RIFP/16(2000) pp. 5-18 
Suxuiui Villavicencio 
de lo político, denominando post-democracia a esta democracia liberal. «La 
post-democracia —dice— designa la paradoja de hacer valer bajo el nombre de 
democracia la práctica consensual de borramiento de las formas de acción de-
mocrática».' En efecto esta victoria de la democracia revalorizada en su dimen-
sión formal e institucional, se acompaña de una desafección en relación justa-
mente a sus formas. Más que prestar una atención cuidadosa a las instituciones 
que garantizan la soberanía del pueblo por medio de las instituciones represen-
tativas, lo que importa es la adecuación de las formas de ejercicio de lo político 
al modo de ser de una sociedad «a las fuerzas que la mueven, a las necesidades, 
intereses y deseos entrecruzados que la tensan». La política se vuelve de este 
modo, la expresión de un cierto estado de lo social y, paradojalmente el libera-
lismo triunfante identifica ese social con el estado actual del desarrollo de las 
fuerzas productivas. 
La modernización económica que se da a escala global es, ya sabemos, 
más que un proceso económico. También la globalización es un discurso que 
plantea temas y presupuestos sobre la sociedad y la política. En el desplaza-
miento del Estado hacia el mercado, las dinámicas sociales y la acción política 
son interpretadas con los parámetros del mundo económico. El predominio que 
cobra la dimensión social y económica de la vida colectiva y la lógica producti-
vista que privilegia el interés y el placer del individuo, tienden así, a debilitar 
los lazos políticos. En el mismo sentido, el Estado se legitima más por su efica-
cia en el desempeño económico, que por el ejercicio de libertad política que 
pueda garantizar a sus ciudadanos. La degradación continua de la representa-
ción parlamentaria, el aumento de poder político de las instancias no-responsa-
bles, la centralidad de la figura presidencial, dan cuenta de una transformación 
de lo político semejante al que ocurre en otros países de gobiernos democráti-
cos, pero que adquieren en el contexto latinoamericano el significado de una 
mayor fragilidad institucional. 
Por otra parte, esta misma mirada llamará la atención sobre la emergencia 
de la «nueva ciudadanía», nuevo actor político acorde con los cambios en curso, 
y que viene a ocupar el lugar del ciudadano clásico considerado en crisis. Desde 
hace algún tiempo la cuestión de la ciudadanía se ha convertido en un punto de 
reflexión en el que confluyen diferentes cuestiones de carácter social, político y 
jundico suscitadas por las transformaciones globales y sus efectos en el proceso 
democrático. Circunstancias políticas como la crisis de los estados naciones, el 
peso de los regionalismos y de las matrices supranacionales, o bien transforma-
ciones sociales como la emergencia de nuevas identidades multiculturales, de 
nuevos derechos y el predominio de valores ligados a la vida económica, remi-
ten al concepto de ciudadanía que se constituye así en un buen ángulo de mira 
de las transformaciones de lo político. Repasando este mínimo registro de cues-
tiones involucradas constatamos también que el concepto clásico de ciudadanía, 
definido como estatus unitario de igualdad de derechos y obligaciones y anclada 
6 RIFP/16(2000) 
Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
en la pertenencia nacional, está puesto en cuestión, o bien, está en crisis, según 
la expresión de algunos analistas. 
La intención de este trabajo es interrogar este discurso de la «nueva ciuda-
danía», analizando los elementos que la componen conceptualmente y el desli-
zamiento de sentido que supone el uso de este término en el contexto de la 
hegemonía neoliberal. Si la referencia a una «nueva ciudadanía» podría querer 
significar una ampliación de su sentido, un incremento de derechos o una recu-
peración de la dimensión política, en este marco lo que se evidencia es, por el 
contrario, una retracción de derechos, y una disminución del componente iguali-
tario y de la dimensión cívica de la ciudadanía. Es por esto que nos evoca una 
paradoja la centralidad que adquiere la «nueva ciudadam'a» a la par del vacia-
miento de su contenido político. 
El cuestionamiento de la ciudadanía clásica 
La ciudadanía como concepto político, no tiene un sentido fijo sino una historia, 
y supuso en la determinación de sus bordes, de la frontera entre el adentro y el 
afuera, la cristalización en el concepto de las diferencias presentes en la socie-
dad. ¿Qué es un ciudadano?, ¿quiénes lo son?, ha llevado a la definición (y la 
redefinición) de los dominios que quedan a ambos lados de esa frontera. 
Su origen se remonta en la tradición política de occidente al mundo clásico 
griego, para el cual la ciudadanía implica una relación igualitaria de participa-
ción en la vida pública que se da entre los hombres libres. Esta primera plas-
mación del principio de igualdad que establece una relación de justicia (isono-
mía) y de entendimiento (isegoría) entre hombres libres, es asimismo un siste-
ma de exclusión que se cierra sobre un círculo de los iguales separado de los 
otros —esclavos, mujeres, metecos. La reapropiación en clave moderna de esta fi-
gura del ciudadano, traerá cambios en la determinación de esos criterios de discri-
minación, ya que la libertad y la igualdad son asignadas en el pensamiento polí-
tico de la modemidad, a todos los individuos en base al derecho natural. De allí 
entonces la incapacidad de cualquier ciencia, ética o política de fundarse en la 
desigualdad, y la consecuente remisión de la desigualdad política a una cuestión 
de convención o de concesión. Sin embargo, el principio moderno de la igual-
dad reúne en sí dos temas que se expresaran siempre en tensión. Por una parte 
el universalismo, la igualdad umversalmente fundada, que consagra la Declara-
ción de los Derechos del Hombre, por la otra, una igualdad dependiente del 
contrato político que define y delimita los dominios de regulación de esa igual-
dad. La forma representativa de gobierno que se instituye en la modemidad será 
reflejo de esta tensión propia del concepto moderno de ciudadanía, de igualmodo que estará presente en la tensión entre el universalismo de los derechos y 
la particularidad de su asignación.^ Los debates en tomo a las condiciones de la 
representación política, confrontarán en efecto, el derecho potencial de todos los 
RIFP/16(2000) 7 
Susana Villavicencio 
hombres a ser gobernantes y la distinción de los talentos y las capacidades 
individuales, que distingue a aquellos capaces de ejercer el poder político. 
¿Por qué decimos que ese concepto tradicional está devaluado? Hay dos 
formas de enfocar una respuesta La primera tiene su base en la distinción mar-
xista, ya considerada clásica, entre la democracia formal y la democracia sus-
tancial, que apunta a criticar el carácter abstracto de la ciudadanía Desde esta 
perspectiva la ciudadanía concebida como estatus de derechos y obligaciones 
representa el modo como el derecho burgués aisla el individuo de su base so-
cial, y como lo considera sólo desde el ángulo de su interés egoísta. Además, en 
tanto la democracia es sobre todo un régimen político, ésta tiene un carácter 
formal y la igualdad que enuncia en el plano del derecho, es encubridora de la 
desigualdad real que persiste y determina las relaciones de los hombres en la 
sociedad. Los derechos son en consecuencia igualmente formales y representan 
apenas la sombra de lo que una verdadera democracia debería ser. La crítica a 
los Derechos del Hombre llevada a cabo por Marx en La cuestión judía, y la 
distinción entre el burgués y el ciudadano, expresa nítidamente esta interpreta-
ción de la democracia que la pone bajo sospecha de abstracción y de ficción. 
Para que la democracia sea sustancial, hay que democratizar todas las instancias 
de la sociedad y oponer a la categoría abstracta de ciudadanía, otras categorías 
reales —las clases, los pueblos— que encaman una significación de la diferen-
cia plasmada en los intentos de socializarla De este modo a la sociedad demo-
crática formal se le contrapone una sociedad democrática real que cuestiona 
tanto la ciudadanía como los dispositivos institucionales de la soberanía del 
pueblo. Sin embargo, esta posición que reclamaba la supresión de la igualdad y 
la libertad formales e ilusorias en provecho de los derechos reales, derivó en 
nuevos totalitarismos en los cuales esos derechos finalmente nunca llegan.̂ 
Esta visión de las instituciones y del derecho burgués, toma una nueva 
forma en la crítica de izquierda al modelo de Estado de Bienestar que se 
desarrolló en las socialdemocracias occidentales, ya que la paradoja de la am-
pliación de la ciudadanía y de los derechos económicos y sociales que incor-
poró, estará en el crecimiento paralelo de un Estado al que se puede acusar de 
patemalismo y de nivelación del conflicto de clase en el acuerdo social que 
está en su base. 
Una segunda respuesta, deriva de la evolución interna de las sociedades 
democráticas. Sabemos que la democracia ha sido también sospechada por los 
mismos demócratas. Al analizar los hábitos de la sociedad americana, Tocque-
ville registra la irresistible tendencia a la «igualdad de condiciones» como una 
amenaza contenida en los principios mismos de la revolución democrática. Es 
en la sociedad civil, base real de la democracia, que se verifica esta tendencia a 
la nivelación de los estamentos y los valores. La esfera de lo político basada en 
este repEuto de las masas modernas asume un carácter amenazante para la liber-
tad, verdadera virtud política. El riesgo que se corre en esta sociedad democrátí-
8 RIFP / 16 (2000) 
Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
ca es una nueva forma de concentración de poder y de dominio, basada en la 
igualdad y en la delegación del poder. 
La crisis de la ciudadanía que puede remitirse a esta consideración de la 
sociedad democrática, se manifiesta como crisis de la representación. En efecto, 
en una sociedad igualitaria y en la cual la libertad es concebida de forma más 
privada que pública, lo político se delega en los representantes. No todos parti-
cipan en lo político, más aún, tal participación no es ni deseable ni aconsejable. 
Esta actitud marca una tendencia a la desatención de la política por parte del 
ciudadano que hoy se ve especialmente acentuada. La crisis de representación 
que enfrentan hoy muchas democracias occidentales se manifiesta tanto en la 
desconfianza en las formas clásicas de la mediación pob'tica, como en la pérdi-
da de credibilidad en la capacidad de muchos sectores de la sociedad de incidir 
en las decisiones de la esfera pob'tica, en la separación creciente entre el saber 
experto y el ciudadano entendido como fuente de la soberam'a. Lo que se deno-
mina y se constata como la apatía del ciudadano, figura opuesta a la imagen del 
ciudadano participativo y con capacidad de juicio poh'tico. 
¿Fin de la ciudadanía y de las formas de acción política que se asientan en 
su figura? No parece ser la respuesta. Por el contrario la figura del ciudadano 
retoma con nuevos énfasis en el discurso teórico de las democracias contempo-
ráneas. Una «nueva ciudadanía» se constituye en el seno de las sociedades libe-
rales y de los regímenes democráticos que se han extendido en Europa y Amé-
rica Latina en las últimas décadas del siglo XX. 
¿Qué hay de nuevo en la «nueva ciudadanía»? 
La categoría de «nueva ciudadanía» vendría a reempla2ar el concepto clásico de-
valuado o en crisis. Hay distintas variantes de este discurso que inscriben su refle-
xión en los nuevos contextos de supra-nacionalidad y en las consecuencias de la 
globalización económica y social. En efecto, las transformaciones sociales que se 
corresponden con el fenómeno de la globalización — n̂ueva economía, nuevas 
comunicaciones, nuevos hábitos en la vida cotidiana, nuevos riesgos planetarios—, 
replantean la relación de pertenencia nacional como base de la ciudadanía moder-
na y al mismo tiempo hacen prevalecer lo mercantil sobre lo cívico. 
La difusión que el término «nueva ciudadanía» ha adquirido en muchos 
escritos sociales y políticos de actualidad, no coincide sin embargo, con una 
determinación precisa de los elementos que la componen, ni de los fenómenos a 
los que remite. Por el contrario, bajo esta denominación pueden reunirse hechos 
tales como el aumento de las demandas de reconocimiento de derechos civiles 
elevadas a la justicia, las acciones de control del mercado ejercidas por los 
consumidores o por los usuarios de los servicios públicos privatizados, o el 
impacto de los medios en la creación de formas sociales de control de los actos 
y de los funcionarios de gobierno. 
RIFP/16(2000) 9 
Susana Villavicenciii 
Por otra parte en la expresión «nueva ciudadanía», quedan incorporados 
tanto el asociacionismo más o menos institucionalizado de los organismos no 
gubernamentales, que son mediadores entre sectores de la sociedad y el Estado 
en la resolución de problemas específicos, como las formas espontáneas de 
acción colectiva que asumen los reclamos de derechos de grupos minoritarios o 
las protestas frente a los riesgos de la mundialización económica. 
Otra cuestión es la valoración de esta transformación de la ciudadanía, ya 
que no son pocos los que ven en ella no sólo una emergencia inevitable de 
nuevas identidades y de nuevos actores, sino que consideran el cambio en sí 
mismo positivamente. El anclaje social más que político que tiene esta nueva 
ciudadanía, le dana, según esta perspectiva, más posibilidades de responder de 
modo eficaz a las necesidades de la vida colectiva en la que se ha vuelto domi-
nante la participación económica y social. Tal es por ejemplo, el análisis de la 
situación planteada por la presencia masiva de inmigrantes que constituyen sec-
tores crecientes de la población activa de las sociedades nacionales europeas." 
La relación que se puede establecer entre ciudadanos y extranjeros en situación 
regular y que disponen del derecho al trabajo y de beneficios sociales por una 
parte, y los inmigrantes ilegales por la otra, haría que la diferenciaclásica y 
fundada en la soberanía nacional entre ciudadanos y no ciudadanos, sea más 
débil que aquella que separa ambos grupos de los inmigrantes ilegales o en 
situación precaria. Este problema adquiere en el contexto europeo, el perfil de 
un cuestionamiento radical a las nociones de ciudadanía y de nacionalidad. Lo 
que aquí nos interesa mostrar es que, acorde con esta lectura, no se espera 
fundar la práctica participativa democrática en la ciudadanía política sino en 
esta ciudadanía de naturaleza económica y social. De este modo, son los llama-
dos «derechos acreedores», aquellos que el Estado debe garantizar a los indivi-
duos miembros de una sociedad, los que adquieren importancia frente a los 
clásicos derechos de la libertad, y se tomanan verdaderos derechos políticos. 
Así, según sostienen estos autores, la tendencia de las instituciones europeas a 
desarrollar fundamentalmente el derecho social (libertad de trabajo, derecho de 
los inmigrantes, igualdad de sexos) y a distribuirlo entre los ciudadanos euro-
peos y los extranjeros legalmente presentes en el espacio europeo, derivaría en 
un nuevo estatus político.̂ 
Estas prácticas jundicas y sociales que otorgan un nuevo piso post-nacio-
nal a la definición de la ciudadam'a, no son las únicas que replantean la relación 
entre lo político y lo social en la actualidad. En el marco de transformaciones 
económicas y culturales, y de la redefinición de prácticas políticas de mediación 
entre el Estado y la sociedad, las condiciones de ejercicio de la democracia y la 
ciudadanía se encuentran expuestas a un número de trastrocamientos que afec-
tan la naturaleza de los lazos sociales y poh'ticos. Son varios los procesos que 
podríamos mencionar aquí, la renovada importancia de lo local en contrapunto 
con los marcos supranacionales o regionales sena uno de ellos, pero nos céntra-
lo RIFP/16{20pO) 
Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
remos en los nuevos valores sociales que resignifícan el sentido de la ciudada-
nía desde la esfera económica, porque es alh' que se verifica el mayor cambio 
de sentido de este concepto político. Hemos sostenido anteriormente que el 
neoliberalismo no se limita a la definición de políticas públicas, sino que impli-
ca transformaciones en las representaciones y en las motivaciones de la acción 
colectiva. Así, la concepción de bien público, que es cuestionada respecto de 
muchos ámbitos como, por ejemplo, el de la educación superior, supone un 
nosotros que pueda representarse ese bien como «bien» y como «público». La 
expansión de valores individualistas y de una responsabilización individual por 
los éxitos o fracasos en la resolución de la vida, quiebran ese referente de un 
nosotros, como ha sido la ciudadanía en los estados democráticos, y reparte la 
población en «nosotros» y «ellos».̂ 
Tres son las figuras que identifica el discurso de la «nueva ciudadanía»: el 
usuario responsable, el consumidor y el contribuyente. Conformados por el len-
guaje y la lógica económica, estos nuevos ciudadanos son funcionales a la rede-
finición de los roles del Estado y la sociedad y suponen un reemplazo de la idea 
de comunidad histórica y política por la de organización de la producción y la 
redistribución de la riqueza. Definidos por su inserción en la vida social y eco-
nómica, es esta pertenencia que les da su identidad común y sus motivos ac-
ción. La participación en la vida económica ya no es sólo condición de la vida 
política, sino que en las sociedades modernas, plurales y multiculturales, se con-
vierte en el sostén más fuerte de la agregación. 
En esta constelación, la política pierde centralidad.^ Convertida en un sub-
sistema entre subsistemas, que funcionan con autonomía y racionalidad propias, 
la política como producción voluntaria de un orden, tal como la había concebi-
do el pensamiento moderno, es reemplazada por nuevas formas de composición 
que hacen depender el orden de un equilibrio autorregulado. Este descentra-
miento de la política, se traduce en el crecimiento del saber experto y en la 
intervención de agencias no responsables en las decisiones políticas en detri-
mento de los órganos propios de la política deliberativa. La participación ciuda-
dana, en la medida que su accionar se adecúa a este funcionamiento, refuerza la 
conformación de un orden homogéneo, sin fisuras, y sistémicamente regulado, 
Y es esta última perspectiva que hace de la «nueva ciudadanía» la contracara de 
la apatía o la crisis del ciudadano clásico. Hablamos de un discurso que tiende a 
funcionalizar lo político con las necesidades de lo social, de una coincidencia, 
por lo menos paradojal entre los objetivos políticos y las necesidades de la 
marcha de la economía de mercado. Podríamos agregar que se trata de un dis-
curso disciplinador de la inclusión, que homogeneiza y reproduce la política 
como asignación de funciones y lugares. 
RIFP / (6 (2000) 11 
Susana ViUavicencio 
«Nueva» y «vieja» ciudadanía en la política latinoamericana 
En nuestro país el discurso de la «nueva ciudadanía» tiene un carácter más 
ambiguo, puesto que, si bien invoca los fenómenos de innovación política, la 
aparición de nuevos actores y prácticas que suponen una ampliación del sentido 
de la ciudadanía y la superación de identidades corporativas precedentes, regis-
tra asimismo la indiferencia y el descreimiento frente a la política, o la puntuali-
dad de las acciones emprendidas. Si bien es cierto que estos hábitos de desafec-
ción no son exclusivos de las democracias latinoamericanas, importa más seña-
lar las diferencias que las similitudes. La conjunción que señalamos entre los 
cambios estructurales de la economía y la reinstalación de la democracia políti-
ca, constituyó el marco específico en el cual retoma a las ciencias sociales la 
preocupación por la ciudadanía y por la sociedad civil en estos países. De allí 
que la omnipresencia del modelo neoliberal de transformación económica, so-
cial y política que siguió al colapso del modelo estatal centralizado, sea una 
preocupación constante en los análisis de la política en América Latina. 
En efecto, las condiciones de fragmentación social, el aumento de la po-
breza y la marginalidad producidas por conjunción de las políticas de mercado 
y la desaparición de instituciones que administraban la justicia social, se expresa 
en la dimensión propiamente pob'tica como déficit o debilitamiento de la ciuda-
danía} Este debilitamiento se entiende como una escasa identificación con las 
instituciones políticas, repliegue en lo privado o adscripción a otras formas de 
identidad colectiva más puntuales o fragmentarias. En este marco la «nueva 
ciudadanía» se identifica con una «ciudadanía mínima»' que convive con am-
plios sectores marginados y con identidades políticas que persisten, aunque ero-
sionadas, de las anteriores matrices estatales. 
La primera de estas figuras, el «usuario responsable» está definido a partir 
de su inserción en los nuevos nichos de relaciones entre el Estado y la sociedad. 
Por una parte, el cuestionamiento del estatismo hizo hincapié en la responsabili-
dad individual del usuario y del funcionario. Por otra, en un registro del cambio 
en las actitudes y creencias de los actores, se destaca el apoyo de la población a 
la privatización de los servicios públicos, en la espera que una mejora de la 
gestión, reabsorbería el déficit y mejoraría la mala calidad de los servicios. 
Finalmente, la responsabilidad del usuario se funda en la creencia que las refor-
mas en el régimen de impuestos y el aumento de la masa de contribuyentes 
llevaría a una transformación de la relación al Estado y a la distribución de 
servicios. Estas expectativas dan lugar a una responsabilización individual que 
no se limita a los propios deberes, sino que se ejercería también en el control de 
los servicios a los que accede. Bajo el imperio de la consigna: «si uno paga sus 
impuestos también puede exigir un buen servicio», se crean distintas asociacio-
nes deconsumidores y de control de gestión de las empresas públicas privatiza-
das, sumando a la conciencia de contribuyente, la de consumidor responsable.'" 
12 RIFP/16(2000) 
Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
La participación ciudadana se interpreta entonces por el «ejercicio responsable 
de derechos y obligaciones», funcionales a las nuevas pautas económicas y cul-
turales compartidas en el escenario global. 
Las modalidades y las diferencias del consumo estarían por otra parte, 
alterando las posibilidades y las formas de ser ciudadano. «Muchas de las 
preguntas propias de los ciudadanos —a donde pertenezco y que derechos me 
da, como puedo informarme, quién representa mis intereses— se contestan 
más en el consumo privado de bienes y de los medios masivos que en las 
reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en espacios 
públicos.»" De este modo el discurso neoliberal, no sólo «naturaliza la dife-
rencia» y la distribuye en ganadores y perdedores, sino que refuerza esta iden-
tidad social, resignificando el sentido de la defensa de derechos. La demanda 
de «calidad» en el consumo de bienes y servicios, se interpreta como un dere-
cho del ciudadano, en el mismo sentido en que habría un derecho a la educa-
ción o a la salud pública. 
Una segunda figura de la «nueva ciudadanía», se afinca en un entramado 
de asociaciones civiles de diferente valencia y formas de organización, a dis-
tancia de aquellas otras que correspondían a la institución de la ciudadanía 
social, referidas a la experiencia populista. En este sentido, además de la valo-
ración de la estabilidad política y económica, representada por el ciudadano 
«usuario» o «consumidoD>, la nueva asociatividad estaría expresando el cam-
bio en la cultura política,'^ que pasa de las formas de acción determinadas por 
la centralización estatal, a la afirmación de una sociedad civil más autónoma. 
Sus acciones estarían representando la quiebra de una cultura política igualita-
ria y bolista, que identificaba la ciudadanía con el trabajador, lo público con el 
Estado, la acción colectiva con los movimientos políticos. Por el contrario, 
muchas de las asociaciones que confluyen en dar el perfil de la nueva ciudada-
nía, son vehículo de demandas parciales en defensa de derechos, algunas veces 
limitadas a situaciones locales o vecinales, o bien a cuestiones que involucran 
a alguna minoría. 
No siendo la Argentina un caso que pueda encuadrarse dentro de los pará-
metros que definen al multiculturalismo, las minorías se constituyen más bien a 
partir del reclamo de derechos vulnerados por algún sector del Estado, especial-
mente frente a prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, o frente a formas 
de discriminación de algún sector particular de la sociedad. En contraste con las 
anteriores organizaciones sociales, hay una coincidencia en caracterizar estas 
formas de agregación social por la falta de orientación al poder y de referencia 
a los intereses de clase. Por el contrario estas acciones colectivas están dirigidas 
a los ámbitos micro sociales y al control, son puntuales y muchas veces no 
alcanzan una participación generalizada. 
La importancia de estas acciones surgidas de la sociedad civil ha sido 
creciente y es un elemento de novedad en la reconsideración de lo poh'tico. Sin 
RIFP/16(20Q0) 13 
Susana Villavicencio 
embargo, hay algunas cuestiones que vale la pena señalar. La creciente impor-
tancia del llamado Tercer Sector y de organizaciones no gubernamentales que 
lo conforman, tiende a sustituir en el discurso neoliberal, la idea misma de 
sociedad civil. Son estas instancias que, frente a la retracción del Estado de su 
función asistencialista, operan como voceros, articuladores de las demandas de 
los sectores desfavorecidos, vehiculizando créditos de organismos internaciona-
les, e interviniendo en la distribución de recursos. Ahora bien, se trata de orga-
nismos «no responsables»'^ y que, si bien en la mayoría de los casos son demo-
cráticas, no están obligadas a promover sus valores o a reforzar la ciudadanía, 
cosa que el Estado no puede soslayar. 
Esta dimensión societal de la ciudadanía asume como dijimos, particulari-
dades referidas a la historia política país y a las actuales transformaciones mun-
diales de las que participa. Dos elementos estañan influyendo en los modos en 
que la sociedad civil se recompone hoy. Por una parte, la erosión de actores 
cuyo accionar político —en particular la presión directa sobre el Estado—, era 
consecuente con un modelo que fue a la vez de centralización estatal y de 
inclusión para los sectores trabajadores. De esta experiencia resta una sociedad 
civil poco cívica, que no distingue en su práctica política lo público de lo estatal 
y el valor de las instituciones republicanas en la participación democrática. Por 
otra parte, de la experiencia neoliberal tampoco surge reforzada esta dimensión 
cívica de la sociedad civil. Es por esto que, más allá de la creencia de algunos 
ortodoxos en los beneficios del cambio, no hay una coincidencia en aclamar el 
advenimiento de una «nueva ciudadanía», y por el contrario los diagnósticos de 
debilidad, de delegación o la persistencia de viejos hábitos clientelares contras-
tan con la imagen de una recreada sociedad civil. 
Sociedad civil, espacio público y democracia 
La noción de sociedad civil se enuncia hoy recurrentemente en los análisis de-
sarrollados por las ciencias sociales, que la consideran a la vez como fin y 
como medio de la acción política y social. Invocada como solución de toda 
inadecuación, de toda crisis de representación, es en la sociedad civil que podría 
anclarse la nueva política democrática. Desde un punto de vista normativo, no 
existe una verdadera democracia sin una sociedad civil activa y con capacidad 
de ejercicio de juicio político. De la reanimación de la sociedad civil dependerá 
cierta renovación de la credibilidad en la representación política, de la sociedad 
civil se espera que surjan bases asociativas que mediante una lógica intersubjeti-
va, y de su expresión en la opinión pública, actúe como generadora de ideas y 
como control de la política administrativa. Por otra parte, los dilemas de la 
institucionalización democrática, vengan de los márgenes de la pobreza siempre 
en aumento, o de las acciones de los sectores favorecidos que se repliegan en su 
individualismo, hacen hablar a una sociedad civil en la que la dimensión cívica 
14 RIFP/16 (2000) 
Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
es reemplazada o está sumida por lo económico, o en la que se reproducen 
prácticas que debilitan lo político. ¿Cómo interpretar esta oposición? 
Una posibilidad estaría en enfrentar dos nociones de sociedad civil y decir 
que hay una sociedad civil ideal y una sociedad civil real. Esa sociedad civil 
ideal, aparece como el remedio invocado cada vez que se diagnostica un déficit 
de ciudadanía, de diálogo, de concertación, o de dinamismo colectivo, y es 
invocada como objetivo de alcanzar, como realidad a construir cada vez que se 
busca representarse un horizonte de salida de la situación de cierre de las socie-
dades reales. A una posición de este tipo J. Alexander''* responde reconociendo 
que esa sociedad civil cívica, tal como la concibió el iluminismo no existe, y 
que por el contrario, la misma está interpenetrada en mayor o menor grado con 
otras esferas —economía, religión, ciencia, familia, estado—, cada una con cri-
terios de justicia y su propio sistema de recompensas. Estas esferas interfieren 
la sociedad civil, por ejemplo el saber experto que excluye a las personas ordi-
narias de las discusiones civiles, o el poder patriarcal que resta estatus civil a la 
mujer. Pero, según sostiene este teórico de la sociedad civil, ésta es fundamen-
talmente un ámbito de conflictividad en la cual se dan «interpenetraciones des-
tructivas» de lo civil y de lo «incivil», pero también pueden resultar «reparacio-
nes efectivas». La apuesta estáentonces en la construcción de un concepto real 
de sociedad civil, que emerge de la marcha tumultuosa de lo social y lo político. 
Otra posibilidad seri'a interrogar el concepto de sociedad civil y de ciuda-
danía desde una concepción que rescate la singularidad de la constitución del 
sujeto político. En esta línea de reflexión se ubica el siguiente cuestionamiento 
al concepto de espacio público dominante en las ciencias sociales y que deriva 
o bien en el diagnóstico de agotamiento de lo político, o bien en una prescrip-
ción de acciones para «realizaD> la sociedad civil cívica. 
Esta noción de espacio público tiene en principio dos dificultades. Corre el riesgo 
de ser totalmente absorbido en su significación politológica. En lugar de nombrar 
conceptualmente el conjunto de realidades sociales y políticas que dan lugar a 
investigaciones y a estudios positivos, históricos y filosóficos, da lugar a un con-
cepto idealizante de ciertas formas de relación entre los hombres (las relaciones 
conformes a la idea de espacio público) y orienta la reflexión teórica hacia el 
estudio de las posibilidades generales, históricas o prácticas de su realización. 
¿Cómo crear o reforzar el espacio público? ¿Cómo superar los hábitos heredados 
o las disposiciones presentes que le hacen obstáculo? ¿En qué género de institu-
ciones y en qué tipo de acciones políticas, se puede traducir este proyecto? En los 
análisis que responden a estas cuestiones, la noción misma de espacio público 
queda paradójicamente poco pensado. Los estudios frecuentemente ricos y concre-
tos de los contextos examinados en la perspectiva del espacio público, dejan la 
idea de espacio público en su estado de representación general, descamado, formal 
de un cierto tipo de relaciones humanas. Por otra parte corre el riesgo de crear 
paralelismos abstractos entre los procesos sociales, culturales, filosóficos muy di-
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Susana Villavicencio 
ferentes, de sostener una creencia en una evolución global de las estructuras, de 
los actores, de las mentalidades y no tomar en consideración las heterogeneidad, 
polémicas, interacciones, transferencias entre campos distintos.'̂ 
A estos dos riesgos de reproducir un discurso formal e idealizado, o de 
considerar procesos que son singulares y heterogéneos con una visión unifíca-
dora, oponemos, en una perspectiva de trabajo por el momento exploratoria, 
una idea de «espacio público» que tiene origen histórico y que se define por la 
actitud adoptada hacia su temporalidad histórica.'^ Así el espacio público (y la 
sociedad civil que es su base) no puede ser comprendido como una suerte de 
regla general, susceptible de aparecer como el funcionamiento posible, deseado, 
estimulado, de una multiplicidad de realidades sociales, sino como una configu-
ración que se instituye de modo cada vez singular, produciendo asociaciones y 
disociaciones, desniveles cada vez singulares. Una «nueva ciudadanía» pensada 
en ese contexto, puede comenzar a buscarse en las formas de expresión de esa 
multiplicidad y esas diferencias, que se cruzan y establecen relaciones inéditas y 
corren la frontera de los lugares y las funciones establecidas. 
Concluyendo entonces, en el deslizamiento del sentido de la ciudadanía que 
pretendimos analizar, subyace una visión homogeneizante, consensual de la de-
mocracia que borra el sentido de conflicto que tiene la poh'tica. Recuperar el 
término «nueva ciudadanía» de esta banalización de su sentido, implica retomar el 
principio emancipatorio, que es constitutivo de la ciudadanía y que se vincula con 
«el derecho a tener derechos». Las acciones emprendidas por ciertas contrafíguras 
del ciudadano clásico y movidas por la defensa del derecho a la política, como 
fueron en otro tiempo los movimientos proletarios o los movimientos de mujeres 
en la actualidad, representaron la quiebra de ese orden homogéneo, y una reposi-
ción de la política Es a través de este tipo de acciones que habrá que reconocer la 
singular experiencia de constitución de un sujeto político. 
NOTAS 
1. Jacques Ranciére, La mésenteme, Ed. Galilée, Pans, 1995, p. 139. «La democracia no es 
el régimen parlamentario o el Estado de derecho. Ella no es de inicio un estado de lo social, el 
reino del individualismo o aquel de las masas. La democracia es en general, el modo de subjeti-
vación de la política —si por política entendemos otra cosa que la organización de los cuerpos en 
comunidad y la gestión de lugares, poderes y funciones.» 
2. Seguimos aquí a J. Ranciére en su análisis del principio de igualdad clásico y moderno. 
Cfr. artículo «Égalite», en Encydopedie Philosophique Universelle, vol. 2, tomo 1 (1990), PUF, 
p. 757. «La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, testimonian esta tensión 
entre dos polos. Por una parte, la igualdad de los ciudadanos no puede fundarse sino en la 
igualdad de los hombres. Por la oün esta igualdad de derechos de los hombres propuesta en el 
primer artículo no es determinable sino por la especificación de atributos y de dominios de 
ejercicio de la ciudadanía propuestos en el artículo sexto.» 
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Neoliberalismo y política... la nueva «ciudadanía» 
3. C. Lefort entre otros filósofos han criticado esta visión de los derechos ciudadanos. Ver 
La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990. 
4. Sobre este tema ver D. Schnapper, op. cit., «Comment penser la citoyennete modeme?», 
Philosophie Politique, 8, 1997, PUF; O. Le C. Grandmaison y C. de Wenden, Les étrangers 
dans la cité. Experiences européennes, Pan's, La Découverte, 1993. 
5. Para estos autores, la constitución de una unidad económica entraña por su propia lógica la 
unidad política. El Tratado de Maastricht constituye una nueva etapa de un camino iniciado por las 
acciones económicas que se orientaron a la construcción de un mercado común. Los nuevos dere-
chos locales y regionales, otorgados a todos los europeos y que tratan los problemas de la pobreza el 
empleo, la educación, renovación urbana y rural, igualdad de sexos, dan lugar a la constmcción de 
«identidades miíltiples» y a una «nueva configuración que combina instancias políticas e intereses 
económicos de manera compleja», cfr. Elizabeth Mechan, «Citizenship and the European comu-
nity», Political Quaterly (abril-junio 1993), citado por Dominique Schnapper, op. cit., p. 15. 
6. Cfr. «Ciudadanía e identidad en un mundo global. El caso de Argentina», en Josep 
Muñoz y Jordi Riba (eds.), Treball i vida en una economía global, Ed. Llibreria Universitaria, 
Barcelona, 1999. 
7. Cfr. N. Lechner, «¿Por qué la política ya no es lo que fue?». Nexos, 216 (dic. 1995). 
8. Cfr. G. O'Donnell; caracteriza la «ciudadanía de baja intensidad», que remite a un ciuda-
dano que tiende a delegar en las autoridades constituidas y a situaciones de baja institucionaliza-
ción; ver «Estado, democratización y ciudadanía», Nueva Sociedad, 128, y también «¿Democra-
cia delegativa?», Contrapuntos, Buenos Aires, Paidós, 1997, p. 288. 
9. Una caracterización de la nueva ciudadanía como ciudadanía mínima la hemos tomado 
de I. Cheresky, aunque su trabajo está orientado a los aspectos de innovación política que surgen 
en el escenario democrático argentino; ver «¿Una nueva ciudadanía?» en H. Quiroga, S. Villavi-
cencio y P. Vermeren (comp.). Filosofías de la ciudadanía. Homo Sapiens, 1999, p. 160. 
10. Ibíd., p. 160. 
11. N. García Canclini, Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globa-
tización, México, Grijalbo, 1995, p. 13. 
12. Ver D. García Delgado, «Crisis de representación y nueva ciudadanía», en A. Isuani y 
D. Filmus (comp.). La argentina que viene: análisis y propuestas para una sociedad en transi-
ción, FlacsoAJnicef, Tesis Norma, Bs. As., 1998. 
13. Al respecto ver Elizabeth Jelín, Ciudadanía emergente o exclusión?: «este sector —dice— 
no responde orgánicamente a ninguna base social, ni debe someterse a ninguna forma de fiscaliza-
ción y control. Es non accountable. No rinde cuentassino a sus propios principios y conciencias, 
basados en la solidaridad y el compromiso. Existen riesgos de manipulación, arbitrariedad, falta de 
transparencia en sus objetivos y métodos de funcionamiento, no están obligadas a promover la 
ciudadanía y los derechos a actuar democráticamente, cosas que el Estado no puede soslayaD>; en 
Revi.'ila Sociedad, 8 (abril 19%), Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Bs. As., pp. 57-81. 
14. Jeffrey Alexander (ed.). Real civil societies, Dilemmas of institutionalization, SAGE, 
Studies in International Sociology 48, Londres, 1998, p. 11. 
15. Este argumento dio la base a un proyecto de investigación conjunta sobre las transfor-
maciones del espacio público y la ciudadanía Argentina y en Francia, en el marco del programa 
ECOS-SECYT A98H03. 
16. Esta línea retoma las reflexiones sobre el origen histórico del espacio público, como lo 
plantea M. Foucault; cfr. «Qu'est-ce que les Lumiéres?», Dits et Ecrits, IV, 339, y también J. 
Habermas, L'espace publique, Payot, París, 1986, y La inclusión del otro. Estudios de Teoría 
Política, Barcelona, Paidós, 1999. 
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Susana Villavicencio 
Susana Villavicencio. Profesora de Filosofía y de Ciencia Política en la Universidad de 
Buenos Aires. Coordinadora del Área de Epistemología y Filosofía de la Acción del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la misma Universidad. Investigadora aso-
ciada al Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne-Université Paris I. Ha pu-
blicado «Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia», con H. Quiroga y 
P. Vermeren (1999), y varios artículos en obras colectivas y revistas: «Nuevas reflexio-
nes en torno a la ciudadanía», en «Revista Sociedad», n." 7 (1995); «Droits de l'hom-
me, memoire et démocratie en Argentine», en R.P. Droit (ed.), «Jusqu'ou tole re r» 
(1996); «Sans meme un proces: L'impunité et les identites collectives», en J. Poulain 
(comp.), «Qu'est-ce que la Justice? Devant l'Autel de l'Histoire» (1996); «Filosofía y 
Universidad. Reflexiones en tomo a las tradiciones y a la actual reforma universitaria 
en Argentina», en H. Giannini y P. Bonzi (comps.), «Filosofía y democracia» (1997); 
«El hombre mediocre: Constitución de la ciudadanía por la ciencia y la educación en 
el pensamiento positivista argentino», «Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Ameri-
cana», vol. 15 (1999); «Política democrática y violencia», en VV.AA., «La mala fama 
de la democracia» (2000). 
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