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EL MERCADO COMO OBSTÁCULO A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: LA 
CONCENTRACIÓN DE LA PRENSA 
ESCRITA EN CHILE EN LA ERA 
DEMOCRÁTICA 
Javier Couso S. 
Working Paper nº 23, Julio de 2011
w w w . p l a t a f o r m a d e m o c r a t i c a . o r g 
2 
 
El mercado como obstáculo a la libertad de 
expresión: la concentración de la prensa 
escrita en Chile en la era democrática 
 
Javier Couso S. 
 
 
 
I) Medios de comunicación y democracia: La paradoja chilena. 
 
Como se sabe, la existencia de un sistema de medios de comunicación pluralista y capaz 
de cuestionar a la autoridad pública y a los grandes intereses privados representa un 
acervo crucial de una democracia en forma.1 Esto es particularmente relevante en el 
contexto de sociedades contemporáneas de masas, en que los medios de comunicación 
constituyen una de las formas privilegiadas en que se materializa la llamada ‘esfera 
pública’, esto es, el ámbito en que se somete a escrutinio la acción del poder estatal y 
privado, y donde, en general, los ciudadanos deliberan sobre asuntos colectivos.2 Quizá 
por esto último es que –junto a la presencia de un poder judicial independiente— la 
existencia de una prensa libre y pluralista representa uno de los indicadores claves de la 
‘salud’ de un régimen democrático al punto que, cuando los medios de comunicación se 
encuentran en riesgo, se puede pronosticar que en el mediano plazo será el propio 
régimen democrático el que encuentre en peligro. 
El trabajo que el lector tiene en sus manos analiza la situación de la libertad de 
expresión en Chile, un país generalmente considerado como un modelo de transición 
democrática y progreso económico y social dentro del contexto latinoamericano.3 El 
caso chileno reviste especial interés dado que, a pesar ser considerado también en lo que 
concierne a la libertad de expresión como un caso exitoso,4 se revela –en un análisis 
más minucioso— como un país en que la libertad de expresión deja mucho que desear. 
¿Cómo se explica esta aparente paradoja? En este estudio, argumentamos que ello se 
debe a los ‘lentes’ con los que se observa la situación chilena en este ámbito. Así, para 
 
1
 Véase a Alex S. Jones, Losing the News. The Future of the News That Feeds Democracy (Oxford 
University Press, 2009) 
2
 Véase a Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society (MIT Press, 1989). 
3
 Véase a Alan Angell, Democracy after Pinochet: Politics, Parties and Elections in Chile (Institute for the 
Study of the Americas, University of London, 2007) y a George Philip, Democracy in Latin America: 
Surviving Conflict and Crisis (Polity Press, 2003). 
4
 Véase el Informe 2009 sobre Chile de ‘Human Rights Watch’ y el informe 2010 de ‘Freedom House’ 
(donde se clasifica a Chile como un país ‘libre’, comparándose favorablemente con países como Brasil, 
Argentina o Colombia, que son considerados sólo como ‘parcialmente libres’ por esta organización). 
3 
 
quienes adhieren a una aproximación ‘libertaria’ del asunto –esto es, para los cuales 
sólo el Estado representa una amenaza para la existencia de una prensa libre y 
pluralista— Chile es un país en el cual la libertad de expresión es plena, y por ende 
donde sus medios de comunicación funcionan bien. Por otra parte, para quienes adoptan 
una aproximación ‘liberal-igualitaria’, no sólo el Estado puede amenazar el despliegue 
de una prensa libre y pluralista, sino que también el mercado, el cual mediante 
mecanismos menos visibles –pero no por ello menos efectivos— en la práctica puede 
‘silenciar’ las voces de vastos segmentos de la ciudadanía. 
Como veremos más adelante, este es precisamente el problema que enfrenta Chile en 
relación a sus medios de comunicación: un mercado excesivamente concentrado en un 
puñado de actores, particularmente en el ámbito de la prensa diaria escrita, que tiene 
además un sesgo ideológico muy marcado y que se vincula excesivamente a grupos 
empresariales muy identificados con el gobierno actual. En este contexto, el periodismo 
crítico –incluido el de investigación— tiene escaso desarrollo en los medios 
hegemónicos, lo que deja fuera del debate democrático importantes asuntos que sólo 
llegan a oídos de la opinión pública cuando ‘revientan’ en hechos violentos que suelen 
terminar estigmatizando a los grupos –en su mayoría desventajados— que por años 
experimentaron un silenciamiento de sus demandas y preocupaciones. 
II. Perspectivas ‘liberatarias’ e ‘igualitarias’ en el diagnóstico de la prensa chilena. 
Dentro del contexto latinoamericano la situación de los medios de comunicación en 
Chile es peculiar, ya que, luego de un paulatino perfeccionamiento de la regulación de 
los medios de comunicación,5 que fue eliminando las cortapisas que el Estado ponía a la 
plena libertad de expresión incluso en los años inmediatamente posteriores al periodo 
autoritario,6 en la actualidad es el mercado el que supone un mayor riesgo para la 
existencia de un vigoroso debate democrático y un escrutinio del poder estatal y 
privado. En efecto, y como veremos más adelante, el Chile contemporáneo representa 
 
5
 Como veremos en este informe, luego de una sucesiva y persistente serie de fallos del sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en que se condenó al Estado de Chile por atentados contra la 
libertad de expresión, eventualmente este reformó sustancialmente la legislación que regula la libertad 
de expresión, al tiempo que introdujo también una ley de acceso a la información. Estas reformas 
legales (y, en el último caso, constitucional también) han reducido sustancialmente los casos de ataques 
a la libertad de expresión por parte de entidades estatales en el país. Para un exhaustivo análisis de la 
evolución en esta materia, véase Libertad de Expresión en Chile, Felipe González Morales, ed. 2006. 
6
 Un botón de muestra del progreso experimentado por Chile en materia de ataques a la libertad de 
expresión perpetrados por órganos del Estado es contrastar los informes sobre esta materia elaborados 
por Human Rights Watch (HRW) a inicios y luego a fines de la década del 2000. En efecto, en el Informe 
correspondiente al año 2001, HRW sintetizaba la situación de la libertad de expresión en Chile de la 
siguiente manera: “Chile va detrás del continente en materia de libertad de expresión (…) es urgente la 
reforma de leyes anticuadas (ya que) el record de Chile en materia de libertad de expresión ha mejorado 
poco desde el fin del régimen militar”. Véase sitio web de 
HRW:http://www.hrw.org/en/news/2001/03/14/chile-trails-continent-free-expression-issues. En el año 
2009, en contraste, HRW sostenía que: “Chile ha eliminado muchas de las normas legales heredadas de 
la dictadura militar que constreñían a la prensa (adicionalmente) en agosto de 2008 la Presidenta 
Michelle Bachelet promulgó una ley que crea un Consejo por la transparencia independiente (que) 
entrará en vigencia en abril del 2009”. Véase sitio web de HRW: http://www.hrw.org/en/node/79211. 
4 
 
un muy claro ejemplo de lo que el jurista norteamericano Owen Fiss7 ha denominado 
‘La ironía de la libertad de expresión’, que describe en los siguientes términos: 
“Los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era el enemigo natural 
de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era al 
Estado a quien había que poner límites. Hay una gran dosis de sabiduría en esta 
concepción, pero se trata de una verdad a medias. Ciertamente, el Estado puede ser 
opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad (…) la presunción 
tradicional en contra del Estado induce a error, y (el) Estado puede convertirse en un 
amigo de la libertad en lugar de su enemigo” 8 
El contexto en el que Fiss desarrolla su argumento es, por supuesto, el de una 
democracia (Estados Unidos) en que el derecho a la libertadde expresión se encuentra 
muy bien protegido contra eventuales ataques por parte de los poderes públicos y, por 
ello, su argumento está dirigido a defender un activo rol del Estado para que voces 
‘silenciadas’ por las fuerzas del mercado puedan hacerse escuchar. De ahí que apoye 
subsidios directos a medios de comunicación que transmiten los intereses y aspiraciones 
de grupos sistemáticamente desventajados y considere apropiadas regulaciones a la 
propaganda electoral que la hagan más equitativa. 
El criterio defendido por Fiss contrasta, sin embargo, frontalmente con el defendido por 
organizaciones como la influyente ‘Freedom House’, cuyo reporte anual sobre libertad 
de la prensa se construye a partir de parámetros muy diferentes. En efecto, en la 
descripción de la metodología que la anterior utiliza para clasificar a los más de 
doscientos países que analiza como ‘libres’, ‘ parcialmente libres’ o ‘no libres’ 
‘Freedom House’ sostiene lo siguiente: 
“El presente estudio se basa en un criterio universal. Todos tienen el derecho a la 
libertad de opinión y expresión; este derecho incluye la libertad de expresar opiniones 
sin interferencias y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de 
cualquier medio, sin importar la fronteras”.9 
Lo interesante de esta descripción del criterio básico utilizado por esta organización 
para clasificar a todos los países del mundo respecto al estado de su prensa es que, a 
pesar del alegato de la supuesta ‘universalidad’ del criterio utilizado, el contraste entre 
este último y el utilizado por Fiss revela que, lejos de ser universal, el criterio es 
bastante específico, ya que se alinea muy claramente con lo que Isahia Berlin 
denominaba ‘libertad negativa’,10 es decir, una forma de concebir la libertad que 
sostiene que los individuos deben ser ‘dejados en paz’ por el Estado, sin que éste 
 
7
 Owen Fiss, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, es considerado uno de los 
más destacados constitucionalistas de los Estados Unidos, particularmente en el ámbito de la libertad de 
expresión. 
8
 Véase a Owen Fiss, La ironía de la libertad de expresión (Gedisa, 1999), página 12. 
9 La descripción del criterio metodológico a partir del cual se construye el índice de libertad de prensa de 
‘Freedom House’ y que se transcribe aquí se encuentra en el sitio web de la organización: 
http://www.freedomhouse.org/uploads/pfs/371.pdf . 
10
 Véase Isaiah Berlin,, Dos Conceptos de Libertad y Otros Escritos (Alianza, Editorial, 2001). 
5 
 
interfiera con su autonomía, en la medida que ellos no interfieran con los derechos de 
los demás. Esta concepción ‘negativa’ de la libertad ha sido objeto, en décadas 
recientes, de devastadoras críticas por parte de autores como John Rawls,11 Amartya 
Sen12 y Ronald Dworkin,13 los cuales –también a partir de posiciones liberales— han 
articulado una concepción ‘positiva’ de la libertad, que incluye la posibilidad de que el 
Estado intervenga decisivamente en el mercado, de manera de garantizar una ‘igual 
libertad’ para todos, lo que a su vez se espera permita el desarrollo de las 
potencialidades individuales de todas las personas. A este tipo de aproximación a la 
libertad se le conoce en la filosofía política contemporánea como ‘liberalismo 
igualitario’. 
Muy en línea con la aproximación recién descrita, Owen Fiss sostiene que la noción de 
que sólo el Estado representa un peligro para la libertad de expresión es ciega respecto 
del ‘efecto silenciador’ 14 que tiene para muchos grupos sociales un sistema de medios 
de comunicación enteramente entregado al mercado, que a su juicio también puede 
dañar seriamente la deliberación democrática. En un argumento que evoca la metáfora 
de una manifestación callejera de varios miles de personas en que sólo algunos cuentan 
con megáfonos (y logran hacerse escuchar), mientras que otros muchos intentan 
inútilmente vociferar sus mensajes sin el más mínimo éxito, Fiss sostiene que un 
régimen que sólo garantiza la no-interferencia del Estado no cumple con su rol de velar 
por un vigoroso y pluralista debate democrático. Por el contrario, tal rol demanda del 
Estado un decidido apoyo a políticas que permitan que grupos sin acceso a los recursos 
económicos para crear medios masivos de comunicación puedan hacerlo. De ahí que, en 
contraste con las posturas ‘libertarias’ que sólo ven en el Estado un riesgo para la 
libertad de expresión Fiss, cree que “el fomentar un debate completo y abierto –
asegurando que el público oiga todo lo que debería – constituye un fin legítimo para el 
Estado.” 
Si bien para los entusiastas observadores de los nuevos medios de comunicación 
(medios digitales, blogs, twitter, las redes sociales, etc.) introducidos a partir de la 
revolución tecnológica de la internet el escenario de los medios habría cambiado tanto 
como para hacer obsoletas las preocupaciones de Fiss, el hecho es que –al menos en 
Chile, y probablemente en otras democracias latinoamericanas también— los nuevos 
medios de comunicación digital no han transformado radicalmente el escenario de 
configuración de la agenda pública que producen los medios tradicionales. Así, de 
manera parecida a como la radio y –algunas décadas después— la televisión no 
sustituyeron el rol crucial que los grandes conglomerados de la prensa escrita en papel 
tenían para influir la agenda pública, hasta el momento los nuevos medios no han 
demostrado ser capaces de alterar el poder de pautear la agenda de la opinión pública 
 
11
 Véanse sus libros Teoría de la Justicia (Fondo de Cultura Económica, 2006) y ‘El Liberalismo Político’ 
(Crítica, 2004). 
12
 Véase su libro La idea de Justicia (Taurus, 2010). 
13
 Véase su libro Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad (Paidós, 2003) 
14
 “El rico puede (silenciar al pobre por el expediente) de dominar el espacio publicitario en los medios de 
comunicación y en otros ámbitos públicos hasta tal grado que el público, de hecho, sólo oiga su mensaje. 
En consecuencia, la voz de los menos ricos puede quedar ahogada, simplemente”. Véase Fiss, op. cit. 
página 29. 
6 
 
que siguen exhibiendo los medios de comunicación tradicionales, y en particular la 
prensa escrita. 
Quizá lo anterior se deba a que las audiencias de los nuevos medios se encuentran aún 
demasiado fragmentadas (y por tanto existe escasas posibilidades de generar opinión 
más allá de un círculo más o menos reducido de personas), pero lo más probable es que 
la causa radique en que hasta ahora los nuevos medios digitales no han podido competir 
con los medios tradicionales en el costo que implica financiar el ‘ejército’ de reporteros 
y corresponsales que finalmente ‘producen’ los ítem noticiosos que son luego 
reproducidos (amplificados, comentados, analizados, etc.) por los nuevos medios, 
quedando ésta en una situación de dependencia respecto de los medios tradicionales. 
Por lo dicho más arriba, el peso de la prensa escrita en papel no puede minimizarse, ya 
que la producción de noticias relevantes para el proceso político (esos ‘ítems noticiosos’ 
que excluyen la entretención, el deporte, la jardinería etc.) siguen siendo producidas en 
gran medida por la prensa diaria en papel. Es precisamente ese poder de elaborar lo que 
Alex Jones denomina “la médula de la noticia”,15 lo que permite a los diarios chilenos 
estructurar en buena parte la agenda noticiosa del país, aprovechando de paso de darle el 
giro (‘spin’) que tanto contribuye a ‘generar’ opinión pública. 
Más allá del debate académico, planteamientos como los del profesor Fiss han sido 
recogido por el sistema Interamericano de Derecho Humanos, específicamente por la 
“Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” del mismo, que ha señalado que: 
“(…) si estos medios están controlados por un número reducido de individuos o 
sectores sociales, o bien por uno solo, se generauna carencia de pluralidad que impide 
el funcionamiento de la democracia”.16 
Como veremos más adelante en este trabajo, las admoniciones de Fiss y la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión no pueden ser más apropiadas para describir la 
situación que prevalece en Chile, un país en que –insistimos— luego de un gradual –
pero seguro— avance en materia de eliminación de las formas estatales de restricción a 
la libertad de expresión ocurridas en la primera década de la transición democrática,17 
 
15
 Véase a Alex Jones, Losing the News. The Future of the News That Feeds Democracy (Oxford University 
Press, 2009), pp: 1-2. 
16
 Véase Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violaciones indirectas a la libertad de 
expresión: El impacto de la concentración en la propiedad de los medios de comunicación social, página 
133. Citado en el Capítulo ‘Libertad de Expresión: Acceso a la Información y Libertad de Comunicación’ 
del Informe Anual Sobre de Derechos Humanos en Chile 2010 (Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales), pp.: 157-158. 
17
 Entre las más importantes acciones adoptadas por el Estado de Chile para terminar con los atentados 
a la libertad de expresión perpetrados por parte de órganos estatales destaca la aprobación de la Ley Nº 
19.733, “Sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo” (más conocida como 
la “Ley de Prensa”) aprobada en junio del 2001, y que vino a sustituir la antigua Ley Nº 16.643 “Sobre 
Abusos de Publicidad”, que permitía a los tribunales de justicia decretar la censura previa en casos en 
que se viera afectada la honra de las personas. Asimismo, destaca la derogación de las normas de 
‘desacato’ (que ofrecían especial protección a la honra de una larga lista de autoridades públicas), 
establecidas por el antiguo artículo 6to, letra ‘b’ de la Ley Nº 12.927, y la derogación del artículo 16 de la 
“Ley de Seguridad Interior del Estado”. Finalmente, destaca la adopción de la Ley Nº 20.285 “Sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, que implementó el reconocimiento constitucional del 
7 
 
enfrenta ahora un severo desafío en materia de pluralismo y diversidad de su prensa 
escrita producto de fuerzas de mercado que –a su vez— todavía exhiben las huellas de 
un ‘momento fundacional’ ocurrido hace décadas atrás, cuando la dictadura militar 
clausuró todos los diarios que no le eran afines, proveyendo a sus medios ‘aliados’ de 
una crucial ventaja competitiva que aun hoy se hace sentir. 
III. La libertad de expresión en la transición chilena: desde la hostilidad del Estado 
a la concentración de mercado. 
a) El Estado como perpetrador de atentados a la libertad de expresión. 
Como señalábamos más arriba, durante la primera época de la transición chilena los 
ataques a la libertad de expresión provinieron desde el Estado, aunque no del Poder 
Ejecutivo –como es, y ha sido, la regla general en América Latina—, sino que de 
agencias autónomas como el Consejo de Calificación Cinematográfica y, 
paradojalmente, del propio Poder Judicial, que impuso censura previa a una serie de 
libros en uso de legislación heredada de la dictadura y en algunos casos previa a dicho 
régimen. En efecto, y como lo consigna el especialista en libertad de expresión Felipe 
González,18 entre el inicio de la transición (en 1990) y el año 2002 el mencionado 
Consejo de Calificación Cinematográfico impidió la exhibición en Chile de 28 filmes y 
más de 250 videos.19 Asimismo, durante el mismo periodo la judicatura decretó la 
censura previa de una serie de libros de alto valor noticioso, incluido uno de periodismo 
de investigación que revelaba casos de corrupción al interior de la propia Corte 
Suprema de Justicia, y que significó que su autora fuera acogida como asilada política 
por parte de los Estados Unidos.20 
Producto de los casos de censura previa que mencionamos, eventualmente el Estado 
chileno fue demandado y condenado por el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en numerosas ocasiones,21 lo cual impulsó al gobierno a enviar al Congreso y 
 
derecho de acceso a la información pública, que a su vez había sido incorporado por la reforma 
efectuada el año 2005 al artículo 8vo. de la Constitución Política, que ahora establece que: “Son públicos 
los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 
utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos 
o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. Por cierto, existen aún algunas 
normas legales que son objetables desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero en general la 
tendencia ha sido a la instauración de un contexto en que las entidades estatales respetan la libertad de 
expresión. 
18
 Quien se desempeña en la actualidad como integrante de la Comisión Inter-Americana de Derechos 
Humanos. 
19
 Véase Felipe González Morales, “Censura Judicial y Libertad de Expresión: Sistema Interamericano y 
Derecho Chileno”, capítulo del libro Libertad de Expresión en Chile, Felipe González M., editor. (2006). 
20
 Véase el libro de Alejandra Matus El Libro Negro de la Justicia (Editorial Planeta, 1999). 
21
Véanse, entre otros, los siguientes casos: Corte Interamericana de Derechos Humanos, “La última 
tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros), Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C, Nº 73; Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Humberto Palamara Iribarne v. Chile”, Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005; y Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Claude Reyes y 
otros vs. Chile”. Serie C, N° 151. 
8 
 
lograr que el legislativo aprobara una serie de reformas legales dirigidas a terminar con 
las normas que autorizaban al Poder Judicial a decretar censura judicial o al Consejo de 
Calificación Cinematográfico a prohibir la exhibición de ciertos largometrajes y videos. 
b) El problema de la concentración: 
Dado el perfeccionamiento de la legislación en materia de libertad de expresión y 
acceso a la información pública y el impacto positivo que ella ha tenido en la actitud de 
entidades estatales en este ámbito, a veinte años del fin de la dictadura el problema 
central en el ámbito de la libertad de expresión no es la censura sino que la 
concentración de la prensa escrita. En efecto, aún cuando ya en el 2001 Sunkel y 
Geoffroy habían denunciado la concentración de los medios de comunicación en 
Chile,22 la situación en este campo una década después sólo ha empeorado, 
particularmente en el ámbito de la prensa escrita.23 
Si bien una mirada superficial de la actual situación de la prensa escrita en Chile podría 
sugerir cierta diversidad, puesto que se publican una buena cantidad de diarios, una 
mirada más detenida revela que son muy pocos los actores involucrados en este 
mercado. De acuerdo a un estudio reciente (Labarca & Matta, 2011),24 se publican en 
Chile un total de nueve diarios en papel que aparecen por lo menos cinco veces a la 
semana. El total incluye siete diarios pagados, ‘El Mercurio’, ‘ La Tercera’, ‘ Las 
Ultimas Noticias’, ‘ La Cuarta’, ‘ La Segunda’, ‘ El Diario Financiero’ y ‘ Estrategia’, así 
como otros dos (‘Publimetro’ y ‘ La Hora’), que se distribuyen gratuitamente en el 
sistema de ferrocarril urbano subterráneo de la ciudad de Santiago. 
La aparente diversidad de la prensa escrita diaria que lo antedicho sugiere se viene abajo 
cuando se constata que el consorcio ‘El Mercurio Sociedad Anónima Periodística 
(S.A.P.)’ no sólo es dueño del diario que lleva el mismo nombre, sino que también del 
matutino ‘Las Ultimas Noticias’ y del vespertino ‘La Segunda’,así como de la mayor 
parte de los diarios regionales del país. Por otra parte, el ‘Consorcio Periodístico de 
Chile’ (‘ Copesa’) es dueño de los matutinos ‘La Tercera’ y la ‘La Cuarta’ y del diario 
gratuito ‘La Hora’, así como de un diario regional (en la ciudad de Concepción). 
Si se tiene en consideración que los diarios gratuitos entregados en el Metro de Santiago 
sólo contienen unas pocas páginas donde se reproducen básicamente cables de entidades 
nacionales y extranjeras y unas pocas notas de entretención, y que tanto el ‘Diario 
Financiero’ como ‘Estrategia’ son diarios especializados en asuntos financieros, 
aparece con nitidez que en la actualidad los dos consorcios periodísticos mencionados 
 
22
 Véase a Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy, Concentración Económica de los Medios de 
Comunicación (LOM Ediciones, 2001). En este trabajo los autores demostraban que en términos de 
participación del mercado publicitario los diarios de los consorcios ‘El Mercurio’ y ‘Copesa’ concentraban 
cerca del 95 % del total, mientras que en materia de lectores en la ciudad capital, Santiago, acaparaban 
cerca del 90 % del total. 
23
 Véase el estudio de María Olivia Monckeberg, Los Magnates de la Prensa. Concentración de Medios de 
Comunicación en Chile (Editorial Debate, 2009). En este libro, Monckeberg constata en el 2009 que las 
mismas dos empresas mencionadas por Sunkel y Geoffroy casi diez años antes continúan concentrando 
la casi totalidad de los diarios en papel del país y la publicidad publicada en dichos medios. 
24
 Radiografìa al Sistema Chileno de Medios (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2011), p. 
32, nota 8 (citando un Informe del SVCL). 
9 
 
más arriba dominan sin contrapeso la prensa escrita diaria del país. De hecho, de 
acuerdo a un estudio citado por María Olivia Monckeberg, los diarios de los dos 
grandes consorcios señalados concentraban más de un 80 % de la circulación y lectoría 
de diarios en el país. 
En términos cuantitativos, Monckeberg anota que en el 2008 el diario ‘El Mercurio’ de 
Santiago lograba una circulación de 223.772 ejemplares los días Sábado y Domingo y 
de 153.468 los días de semana (en promedio, un 20,7 % del total de diarios publicados 
en Chile). Mientras tanto, ‘La Tercera’ lograba en el mismo año una circulación de 
189.071 los fines de semana y de 83.378 los días de semana (en promedio 113.576 o el 
13,4 % del total). Estas cifras se complementaban con ‘La Cuarta’ (otro diario del 
conglomerado ‘Copesa’), que tuvo el 2008 un promedio de circulación de 139.607 
ejemplares (un 16,5 % del total), con ‘Las Últimas Noticias’ (perteneciente al consorcio 
‘El Mercurio’), que alcanzaba los 134.175 ejemplares (o el 15,9 % del total) y con ‘La 
Hora’ (de ‘Copesa’, con 106.393 ejemplares o el 12,5 5 del total). Finalmente, 
Monckeberg menciona al vespertino ‘La Segunda’ (propiedad de el consorcio ‘El 
Mercurio’, con 34.283 ejemplares (o el 4 % del total).25 
La concentración de la circulación en un par de conglomerados se refleja también en la 
capacidad de atraer inversión publicitaria por el duopolio ‘El Mercurio 
S.A.P.’/‘ Copesa’. En efecto, de acuerdo a Monckeberg, el mismo año 2008, el primero 
capturaba el 54,8 % del total de los avisos de publicidad en diarios del país. En tanto, 
‘Copesa’ alcanzaba a cerca de la mitad de ese porcentaje (25, 3 %). En resumidas 
cuentas, también en este ámbito el duopolio llegaba a más del 80 % de control del 
mercado. 
c) El sesgo ideológico de la prensa escrita chilena: 
Agravando un problema de por sí serio (la concentración), los dos grupos empresariales 
que controlan el grueso del mercado de la prensa escrita diaria en Chile exhiben una 
muy similar línea editorial –de cuño derechista— en materias políticas y económicas, 
aunque se diferencian en algunas materias culturales, como el rol que atribuyen a la 
Iglesia Católica en cuestiones éticas. Este elemento del problema es significativo, ya 
que si bien se podría argumentar que la concentración de los medios de comunicación 
no representa por sí sola un problema, en la medida que los pocos actores en que está 
concentrada la propiedad de los medios exhiban aproximaciones políticas, sociales y 
culturales diversas y ojalá contrastantes, el hecho es que en Chile los dueños de la 
prensa escrita comparten un marcado sesgo ideológico que hace muy difícil que otras 
perspectivas tengan presencia en este ámbito tan crucial para la definición y 
características de la agenda pública nacional. 
Complicando aún más las cosas, el gobierno pasó recientemente a manos de una 
coalición afín a los grupos empresariales que controlan la prensa escrita. Así, producto 
de la peculiar combinación ‘concentración más sesgo ideológico’ que marca al sistema 
de medios escritos chilenos, sumada a la existencia de un gobierno afín, ha redundado 
en el impactante resultado de que al momento de elaborarse el presente trabajo no 
existía en Chile un solo diario de oposición al gobierno, algo insólito en un país que 
 
25
 Los datos son de la consultora ‘Valida’, citados por María Olivia Monckeberg., op. cit. página 411. 
10 
 
muchos especialistas consideran una de las democracias más consolidadas de la región 
latinoamericana. 
Este estado de cosas inevitablemente se ha traducido en una mucho menor 
‘accountability’ del gobierno y un debate público muy empobrecido, en el que las voces 
disidentes están restringidas a las columnas de opinión de algunos opositores al 
gobierno que los medios dominantes toleran. El problema es que, sin embargo, hasta los 
más talentosos e inquisitivos columnistas de opinión que están en oposición al gobierno 
dependen (para elaborar sus comentarios críticos) de las noticias que los medios 
dominantes estén dispuestos a publicar. 
Las características de la prensa escrita chilena que hemos descrito son coherentes con 
un diseño constitucional profundamente libertario. Así, aún cuando la Constitución 
Política de 1980 prohibió el monopolio estatal de los medios de comunicación,26 el 
constituyente no se puso en la hipótesis de que fueran las fuerzas del mercado las que 
generaran un escenario de concentración que en la práctica produce un efecto parecido a 
que si hubiera sido el Estado el que monopolizara la prensa escrita. Este problema es 
revelado por un reciente informe de derechos humanos chileno que, en lo pertinente, 
señala: 
“‘ La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de 
comunicación social’, consigna nuestra Constitución, pero en Chile la realidad es otra, 
dado que no es el Estado el gran concentrador de medios sino determinados grupos 
empresariales, lo que constituye un oligopolio. Ahora bien, sea que los medios de 
comunicación se concentren en el Estado o en un pequeño grupo de particulares, el 
daño al ejercicio de la libertad de expresión es el mismo. En ambos casos, quien ve 
vulnerada la cantidad y calidad de la información que recibe es la sociedad, lo cual 
según los estándares interamericanos, implica una afectación a la dimensión social, 
colectiva o democrática de la libertad de expresión y por lo tanto hay una obligación 
para el Estado de garantizar la pluralidad de voces.”27 
 
26
 A propósito de la Constitución chilena reconoce En señala: “La Constitución asegura a todas las 
personas: 12º. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 
libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá 
establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural o jurídica 
ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su 
declaración o rectificaciónsea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el 
medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o 
jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones 
que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, 
podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, 
autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio 
de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y 
atribuciones del referido Consejo. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la 
producción cinematográfica.” 
27
Véase Capítulo ‘Libertad de Expresión: Acceso a la Información y Libertad de Comunicación’ del 
Informe Anual Sobre de Derechos Humanos en Chile 2010 (Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales), página 157. 
11 
 
Como se advierte del pasaje transcrito, para la ciudadanía el daño es parecido en 
términos de acceso a información relevante, sea que el efecto silenciador provenga de 
un monopolio estatal de los medios de comunicación o de un oligopolio de grupos 
empresariales que dominan sin contrapesos el mercado al tiempo que comparten un 
mismo sesgo ideológico. En ambos casos, la calidad y diversidad de la información que 
el ciudadano reciba será deficiente. Dicho esto, y considerando que la prensa diaria en 
papel juega en Chile un rol crucial a la hora de ‘poner la agenda’ noticiosa del país 
(introduciendo el marco a partir del cual la televisión, la radios y la prensa digital 
desarrollan su actividad periodística), el impacto de la inexistencia de un diario de 
oposición en papel es mucho mayor de lo que a primera vista cabría suponer. 
Es posible que para algún lector el énfasis atribuido en este trabajo a la capacidad de la 
prensa diaria para contribuir a la configuración de la agenda pública y para ‘generar 
opinión’ aparezca como algo exagerado en un país con un alto grado de digitalización y 
acceso a la televisión por cable, donde presumiblemente los ‘nuevos medios’ estarían en 
condiciones de competir por la capacidad de modelar la opinión pública.28 Dicho esto, 
las entrevistas en profundidad efectuadas en el marco de este Informe a editores, 
periodistas y otros actores del mundo de las telecomunicaciones confirman que en Chile 
la prensa diaria en papel sigue siendo crucial a la hora de poner sobre la mesa los 
asuntos a partir de los cuales los demás medios de comunicación (tradicionales y no 
tradicionales, así como las redes sociales) debatirán. 
En todo caso, cabe subrayar que el peso que la prensa diaria continúa teniendo –aún en 
esta ‘era digital’— en la configuración de la agenda pública no se limita a la realidad 
chilena. En efecto, aún en España (un país con medios digitales muy dinámicos), el 
director del diario El País, reconocía a comienzos del 2011, que “Los periódicos siguen 
desempeñando un papel formidable en la formación de la opinión pública en las 
democracias”.29 
Recapitulando este punto, considerando la hegemonía que en Chile tienen los dos 
consorcios periodísticos mencionados más arriba a la hora de generar los ‘ítem’ 
noticiosos que luego son comentados y analizados por otros medios de comunicación, la 
‘generación de opinión’ en Chile se ve severamente restringida por la falta de diversidad 
que se ha anotado. 
 
28
 De acuerdo a diversos reportes especializados, Chile se encuentra –junto a Brasil y a México— entre 
los países más digitalizados de América Latina. Entre otros, véase el Ranking Motorola de Ciudades 
Digitales de América Latina 2009, 
http://www.emol.com/documentos/archivos/2010/08/10/20100810153944.pdf; Este estudio es 
consistente con lo que informado por el Informe “Los caminos hacia una sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe”, en que se reportaba que Chile se encontraba ya entonces entre los países 
con mayor penetración de Internet de la región. Véase el sitio 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/11575/DGE2195-CONF91-3.pdf 
29
 Véase Javier Moreno, en el “XII Congreso de Periodismo Digital” celebrado en Huesca. 13 de marzo de 
2011. La transcripción de esta entrevista se puede ver en 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Moreno/anos/pocos/muchos/dejara/haber/periodicos/papel
/elpepisoc/20110311elpepisoc_11/Tes. 
 
12 
 
Aquí es importante hacer una precisión. Todo lo que se ha afirmado más arriba no 
implica que noticias importantes que resulten incómodas para la agenda político-
económica de los dueños de los consorcios periodísticos hegemónicos o del gobierno no 
lleguen a conocimiento de la población en general. En esta era de la globalización de las 
comunicaciones ello sería imposible. De hecho, el medio digital chileno ‘El 
Mostrador’30 ha jugado en algunas ocasiones el rol de ‘destapar’ noticias que luego la 
prensa diaria en papel se ha visto obligada a publicar (aunque en ocasiones ‘enterrada’ 
en secciones obscuras del diario o enmarcada en titulares sesgados). Asimismo, el otro 
gran medio digital que genera noticias en Chile, el portal ‘Terra’,31 ha sido también 
importante para dar a conocer noticias de alto impacto público. En este sentido, la 
situación no es tan peligrosa para la libertad de expresión como lo sería en un contexto 
en que no existieran medios digitales o en que no se pudiera acceder a la prensa global 
mediante la internet. Dicho esto, los medios digitales son aún muy precarios en su 
capacidad de descubrir o elaborar ítem noticiosos, fundamentalmente por la falta de un 
cuerpo suficientemente grande –y distribuido a lo largo del país— de reporteros capaces 
de recolectar noticias y, por lo tanto, incapaces de influir decisivamente en la 
conformación de la agenda noticiosa. Existen, por cierto, casos excepcionales en que la 
entidad de lo revelado por los medios digitales es de tal envergadura que la prensa 
escrita en papel y los medios audiovisuales no pueden sino destacarlo, pero este tipo de 
situaciones son en general escasas y poco frecuentes. Adicionalmente, al menos en 
Chile, los medios digitales tienen escasas posibilidades de hacer seguimiento de las 
noticias que han hecho públicas ellas mismas. Mucho menos para embarcarse en 
periodismo de investigación. 
Conscientes del importante rol que juegan en Chile los diarios en papel en la producción 
de la agenda noticiosa del país y en su contribución a generar opinión pública en 
materia política, económica y cultural, desde la desaparición del centroizquierdista 
diario ‘La Época’ (en julio de 1998), han existido varios intentos de introducir nuevos 
diarios con aproximaciones más progresistas que las del consorcio ‘El Mercurio’ y 
‘Copesa’.32 Estos esfuerzos, sin embargo, han fracasado uno tras otro. El motivo de 
estos intentos fallidos (y de la quiebra del mencionado diario ‘La Época’, que logró 
sobrevivir diez años en total) es la cohesión ideológica del empresariado chileno, que 
sistemáticamente se negó a comprar publicidad al diario La Época33 o en los otros 
 
30
 El Mostrador es un diario electrónico de centro-izquierda fundado el año 2000 que, ocasionalmente, 
ha logrado dar ‘golpes’ noticiosos de que se han hecho eco medios más tradicionales. 
31
 El portal Terra es otro diario digital de propiedad de la empresa Telefónica. 
32
 En enero de 2005, algunas de las personas que habían participado en la propiedad del diario ‘La 
Epoca’ fundaron el diario ‘Siete’, que alcanzó a existir por algo más de un año (hasta junio del 2006). 
Asimismo, en marzo de 2010 el ambientalista Marcel Claude fundó el diario ‘Uno’, que alcanzó a 
publicarse hasta octubre del mismo año. 
33
 El ‘veto’ que el empresariado chileno impuso a inicios de los noventa al diario ‘La Época’ en materiade avisaje publicitario –producto de sus diferencias ideológicas con el mismo— ha sido hasta ahora 
escasamente investigado. Dicho esto, dos tesis recientes de alumnos de periodismo de la Universidad 
Diego Portales aportan importantes antecedentes al respecto. Así, de acuerdo a una de ellas: “Existió 
una resistencia de los avisadores para publicar sus avisos en La Época por ser un diario identificado con 
la oposición de esa época. ¿Qué podían ganar avisando en un medio identificado políticamente con los 
adversarios al régimen militar? ¿Por qué debían solidarizar con este medio de comunicación? ¿Para qué 
correr el riesgo de enemistarse con la autoridad vigente y aparecer respaldando a un medio de tendencia 
opositora? Está claro que en materia de mercado la solidaridad no corre (…).” Véase la tesis de 
13 
 
diarios que en los últimos años se han intentado introducir al mercado. Aquí es 
importante subrayar que dada la baja población lectora de diarios en Chile (poco más de 
medio millón al día, en un país con una población de más de diecisiete millones de 
habitantes), es prácticamente imposible que un diario complejo, esto es, que cubra todo 
tipo de noticias –desde política a economía, espectáculos y deporte, etc.— se financie 
sólo con las ventas y suscripciones, sino que es crucial contar también con publicidad. 
Asimismo, es importante tener en consideración que las ‘barreras de entrada’ de nuevos 
diarios en papel no se reducen a la negativa de grupos empresariales comprometidos 
con un agenda neoliberal en lo económico y conservadora en lo político, sino que un 
contexto histórico que explicaremos a continuación. 
En efecto, ante este escenario tan peculiar, que la especialista en medios de 
comunicación María Olivia Monckeberg ha denominado como un ‘caso de laboratorio’, 
cabe preguntarse cómo se llegó a este estado de cosas. En otras palabras, ¿Fue Chile 
siempre un país con estos grados de concentración? ¿Hasta qué punto la situación actual 
representa el legado de la dictadura? En la sección siguiente, pasamos revista a estas 
preguntas. 
IV. Los orígenes de la concentración de la prensa escrita en Chile. 
La fuerte concentración de la propiedad de la prensa escrita diaria que exhibe Chile en 
la actualidad contrasta no sólo con la situación existente hasta el golpe militar de 1973, 
sino que también con la prevaleciente hacia fines de la dictadura y comienzos de la 
transición democrática. 
Como lo reportan Sunkel y Geoffroy 34 en la década de los sesenta, y durante el 
Gobierno de la Unidad Popular, la prensa chilena exhibía una gran diversidad y 
pluralismo. En efecto, no sólo se publicaban los diarios de las ya mencionadas cadenas 
periodísticas ‘El Mercurio’ y ‘ Copesa’, sino que varios otros, la gran mayoría de los 
cuales se encontraban vinculados a partidos políticos de la época. Estos incluían el 
diario ‘Clarín’; ‘ La Prensa’ (vinculado al centrista Partido Demócrata Cristiano); ‘Puro 
Chile’; ‘ Tribuna’ (vinculado al derechista Partido Nacional); ‘El Siglo’ (publicado por 
el Partido Comunista), ‘Las Noticias de Última Hora’ (vinculado al Partido Socialista); 
 
Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales “Diario La Época”, de Sergio 
Benavides Tala y Nicolás Sepúlveda (2002), p. 76. De acuerdo a uno de los informantes de esta tesis, 
Álvaro Medina, más que algo coordinado, el boicot de avisaje publicitario a La Época fue algo implícito, 
pero no por ello menos efectivo: “(…) yo creo que no hubo conspiración, un grupo de gente que se reunió 
para decir: “no vamos a auspiciar La Época, hagamos que muera” (...) Lo que sí, yo creo que los 
empresarios naturalmente se alejaban de La Época, sin necesidad de complot, era un tema de la marca 
de fábrica, o sea, un diario con una tendencia político cultural de centro izquierda (...) entonces eso no 
les gustaba a los empresarios y naturalmente no se acercaban a La Época, a pesar de que tenía buenos 
niveles de lectura (…) tú no quieres aparecer allí” (Benavides & Sepúlveda, 2002), p. 97. Esta apreciación 
es compartida por quien fuera uno de los dueños de La Época, Fernando Molina, quien coincide en que: 
“(…) el avisaje privado era muy difícil de penetrar (…) muchas empresas te pagaban el aviso y te pedían 
que no lo publicaras. Había quienes pensaban, no sé si espontáneo o inducido por parte del Gobierno, 
que si se metían con el diario, atacaban a Pinochet. Entonces simplemente no lo hacían”. Véase la tesis 
de Natalia Cabrera y otros, “Diario La Época y Diario Siete: La izquierda gana elecciones y pierde en los 
quioscos”, Facultad de Comunicación y Letras, Escuela de Periodismo, Universidad Diego Portales 
(Santiago, Chile, 2007), p. 19. 
34
 Sunkel y Geoffroy, op. cit., pp.: 29-30. 
14 
 
y el vespertino ‘La Tarde’.35 Asimismo, existían en el país una serie de diarios 
regionales independientes de las cadenas periodísticas ya señaladas, los que durante los 
años del régimen militar fueron gradualmente adquiridos por el consorcio ‘El Mercurio’ 
y –en mucho menor medida— por Copesa, o que simplemente cerraron. 
La diversidad existente en la prensa escrita chilena fue brutalmente interrumpida –así 
muchos otros aspectos de la vida institucional del país— en un solo día, producto del 
golpe de estado. En efecto, el mismo 11 de septiembre de 1973 las autoridades militares 
decretaron la prohibición de todos los diarios, con la sola excepción de ‘El Mercurio’ y 
‘La Tercera’.36 Así, de un plumazo, se reconfiguraba dramáticamente la escena 
periodística nacional en materia de prensa escrita. 
Dadas las características represivas del gobierno autoritario que siguió al golpe de 1973, 
sólo en las postrimerías del régimen militar se inaugurarían dos nuevos diarios, ‘Fortín 
Mapocho’ y ‘ La Época’, el primero, un diario de ‘trinchera’ que, luego de jugar un 
importante rol de denuncia de los atropellos de la dictadura (a partir de 1987) terminaría 
cerrando en 1991. El segundo, un diario mucho más complejo y competitivo con los del 
consorcio ‘El Mercurio’ y ‘Copesa’, fue fundado en 1987 y logró publicarse hasta 1998, 
cuando debió cerrar por problemas de financiamiento. 
Una vez asumido el poder (en 1990), el gobierno de la Concertación de Partidos por la 
Democracia no sintió urgencia por abordar el problema de la falta de pluralismo y 
diversidad de la prensa escrita en Chile. Quizá porque tenía muchos desafíos complejos 
en diferentes planos (político, militar, derechos humanos, economía, etc.) y en el 
contexto de que en esa coyuntura, existía al menos un diario que le era afín (‘La 
Epoca’) y que intentaba compensar la fuerte influencia de los diarios de los consorcios 
mayoritarios, el hecho es que las nuevas autoridades democráticas no abordaron el 
problema de la escasa diversidad de los medios.37 En las palabras del experto en materia 
 
35
 La lista de diarios suministrada por Sunkel y Geofrrey ha sido suplementada por lo consignado por 
Carlos Huneeus, en The Pinochet Regime (Lynne Rienner, 2007), página 57. 
36
 La decisión de las autoridades militares fue adoptada el mismo día del golpe de estado (el 11 de 
Septiembre de 1973), mediante el denominado ‘Bando Nº 15’, que señalaba lo siguiente: “La Junta de 
Gobierno, desea mantener informada a la opinión pública sobre acontecimientos nacionales. De acuerdo 
a lo dispuesto en los bandos hasta ahora emitidos y por encontrarse el país en Estado de Sitio, se ha 
dispuesto ejercer sobre los medios de publicación (sic) una estricta Censura de Prensa. Como una primera 
medida precautoria, durante el día 12 de Septiembre de 1973, se ha autorizado solamente la emisión 
(sic) de los siguientes diarios: El Mercurio y La Tercera de la Hora. Paulatinamente se irán autorizando 
otras publicaciones. Se considerará que las Empresas no indicadas en esteBando deben considerarse de 
hecho clausuradas (…). Junta de Gobierno de la Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Distribución 
Según Plan “B”. Santiago, 11 de septiembre de 1973.” Citado en Sofía Correa, Consuelo Figueroa, 
Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña, Documentos del siglo XX chileno (Editorial 
Sudamericana, 2003), página 386. 
37
Como lo documentan Cabrera y otros, op. cit., dada la negativa del grueso del empresariado chileno 
de comprar avisaje publicitario en La Época, una vez que la Concertación de Partidos por la Democracia 
accedió al poder (en 1990), surgieron fuertes expectativas de que al menos habría acceso al importante 
avisaje publicitario del Estado. En las palabras del ya mencionado Fernando Molina: “Con Aylwin, había 
una gran esperanza de que ahora sí que íbamos a tener un avisaje razonable. Pero era ridículo que la 
publicidad estatal normal no la distribuyeran, como se hace en todas partes del mundo”. Sin embargo, 
reportan Cabrera y otros: “Las reuniones para exigir un aporte monetario traducido en avisos 
publicitarios fueron varias. Molina tocó innumerables veces las burocráticas puertas del gobierno. ¿La 
respuesta? Tanto el Presidente, como sus ministros, vaticinaban un cambio positivo: ‘Sí, va haber apoyo’, 
15 
 
de libertad de expresión, Pedro Anguita, los gobiernos de la Concertación, en la 
práctica, adhirieron a la tesis de que “la mejor política legislativa relativa a los medios 
de comunicación es no tenerla”.38 
Esta actitud tan complaciente tendría, sin embargo, efectos catastróficos para el futuro 
de la prensa escrita chilena. En efecto, el adoptar una actitud neutral en un contexto en 
que los dados estaban ya muy cargados por efecto de legado del régimen militar a un 
duopolio que además contaba con la abrumadora simpatía de la derecha empresarial –en 
un país en que en general los grupos económicos se caracterizan aún por ser bastante 
ideológicos— finalmente derivó en la completa hegemonía de los dos consorcios que 
han dominado la prensa escrita chilena por casi cuatro décadas. 
Como señalábamos más arriba, la concentración y el sesgo de la prensa escrita chilena y 
el consiguiente problema que genera para el debate democrático chileno no fue tan 
agudo durante los veinte años en que el control del gobierno estuvo en manos de una 
coalición de centro-izquierda –dada la fuerte influencia que en Chile tiene el poder 
ejecutivo para influir en la agenda pública—, pero quedó en evidencia de manera casi 
escandalosa una vez que la derecha (en el 2010) accedió al poder. En ese momento, los 
chilenos nos dimos cuenta que no existía en el país un solo diario de oposición al nuevo 
gobierno. 
V. Hacia una política para una mayor diversidad y una mejor calidad de la prensa 
escrita en Chile. 
Subyacente a la noción de que la diversidad en la oferta periodística promueve un rol 
activo de la prensa en su papel de ‘watchdog’ de la política y del poder está la idea de 
que la competencia induce a los diversos actores de todo mercado a mejorar la calidad 
del producto que elaboran, en este caso, el periodismo que realizan. 
Como lo subraya el politólogo norteamericano Robert Entman,39 para que los medios de 
comunicación contribuyan a un debate democrático digno de tal nombre deben ejercer 
sus labores periodísticas adhiriendo a los siguientes estándares: a) precisión; b) 
minimización de los sesgos; c) escrutinio efectivo del gobierno y; d) separación de la 
producción de las noticias de la sección editorial y de publicidad del medio.40 En la 
agenda promovida por Entman se asume, sin embargo, que existen diversos medios de 
comunicación que compiten entre sí por la lectoría, para lo cual un periodismo de 
calidad representa una herramienta competitiva valiosa. 
 
dijo en una oportunidad el Primer Mandatario. ‘Lo vamos a intentar’, afirmaba José Joaquín Brunner, 
Ministro Secretario General de Gobierno en otra instancia. Lo cierto es que nunca se dio el cambio que 
todo el personal del diario esperaba, ni siquiera considerando que el Presidente del medio, había sido 
nombrado por el primer mandatario en el directorio de Codelco. De lo anterior, se enteró todo el equipo 
de periodistas.” Véase Natalia Cabrera y otros, op. cit., p. 19. 
38
 Véase a Pedro Anguita, El derecho a la información en Chile. Análisis de la Ley 19.733 sobre libertades 
de opinión e información y ejercicio del periodismo (Lexis Nexos, 2005), página 216. Citado en Capítulo 
‘Libertad de Expresión: Acceso a la Información y Libertad de Comunicación’ del Informe Anual Sobre de 
Derechos Humanos en Chile 2010 (Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales), página158. 
39
 Citado por Alex Jones, op. cit., página 43. 
40
 Ibid. 
16 
 
Uno de los daños ‘colaterales’ que se suma a los ya señalados en este trabajo se 
encuentra la pobre calidad del periodismo que elaboran los diarios pertenecientes al 
duopolio ‘El Mercurio’/‘ Copesa’. En efecto, adicionalmente a la concentración y 
homogeneidad ideológica de la prensa escrita chilena se suma una escasa adhesión a los 
principios de un periodismo de calidad articulados por Entman. En efecto, en relación al 
primer estándar planteado (la precisión o exactitud de lo informado), este se encuentra 
muy pobremente implementado por la prensa chilena, en no poca medida debido a la 
existencia de una suerte de ‘ley’ no escrita que prohíbe que las imprecisiones de los 
medios rivales sean informadas por el otro miembro del duopolio a la población. En 
relación al segundo estándar de calidad mencionado (el equilibrio o minimización del 
sesgo ideológico) este tampoco gobierna el actuar de los dos consorcios hegemónicos, 
que no tienen mayor problema en utilizar sus medios de comunicación para promover 
abiertamente agendas políticas, económicas y culturales específicas. En relación al 
tercer estándar mencionado (el escrutinio efectivo del gobierno) este sí se cumplió 
durante las dos décadas durante las cuales gobernó una coalición de centro-izquierda a 
la cual los dueños del consorcio se oponían, pero ha estado mayoritariamente ausente 
durante el tiempo en que ha gobernado una administración afín a los dos consorcios que 
hemos descrito en este trabajo. Finalmente, y en relación al cuarto y último estándar 
promovido mencionado (la separación de la producción de las noticias de la sección 
editorial y de publicidad del medio) este sencillamente no ha sido jamás parte de la 
cultura de la prensa escrita nacional, por lo que no debe sorprender que no se 
implemente en lo más mínimo. 
Ante este panorama de una prensa escrita concentrada, sesgada políticamente y de poca 
calidad periodística, surge la pregunta acerca de qué se puede hacer para comenzar a 
modificar este pobre status quo. Por cierto, dar una cabal respuesta a tal problema 
escapa a las posibilidades de este trabajo, pero se pueden adelantar algunas ideas que a 
mi juicio contribuirían a mover un poco un escenario que aparece petrificado ya hace 
varias décadas. 
En primer término, debe subrayarse algo que no debe hacerse a propósito de abordar 
este problema. En efecto, toda política estatal dirigida a abordar las tres lacras de la 
prensa escrita chilena mencionadas más arriba debe hacerse cuidando que el remedio no 
sea peor que la enfermedad, para utilizar una metáfora manida, pero útil en este caso. 
¿Cuál sería el caso de una medicina que resulta peor que la enfermedad en este 
contexto? El que, a propósito de buscar introducir mayor diversidad y pluralismo 
ideológico en la prensa escrita, el gobierno aproveche la coyuntura para intentar 
eliminar medios abiertamente críticos u hostiles a sus políticas. Dada la historia de 
atentados a la libre expresión perpetrados por agencias del estado, toda política pública 
que busque promover la diversidad y el pluralismo en la prensa debe ser 
extremadamenteconciente que no puede intentar ese objetivo a costa de acallar a los 
medios que ya existen. Esto, porque en materia de medios de comunicación no se puede 
actuar ante situaciones monopólicas como se haría respecto de productos o servicios que 
no tengan las connotaciones simbólico-políticas que caracterizan a los medios de 
comunicación. En consecuencia, no parece recomendable decretar la disolución de un 
consorcio periodístico a la manera en que la Corte Suprema de los Estados Unidos 
sentenció la disolución de la ITT en las llamadas ‘Baby Bells’. En el caso de medios de 
comunicación, el peligro de que sientan que su labor inquisitiva puede exponerlos a una 
arbitraria disolución podría crear una suerte de ‘autocensura’ que no es aceptable en un 
régimen plenamente democrático. 
17 
 
Una vez que se adquiera conciencia de la necesidad de tomar los resguardos 
mencionados, es urgente, sin embargo, que el Estado se tome en serio los peligros de la 
concentración y el sesgo en materia de medios de comunicación y actúe en 
consecuencia. Una posibilidad es que el grueso del trabajo lo hagan agencias 
administrativas. Así, por ejemplo, es posible concebir la creación de una agencia 
administrativa autónoma del gobierno especialmente dedicada a velar por el pluralismo 
y la diversidad en el ámbito de los medios de comunicación escritos y dotado de un 
fuerte presupuesto –que hoy Chile está en condiciones de financiar sin mayores 
dificultades— para otorgar ‘capital semilla’ u otro tipo de subsidios directos para la 
creación de uno o más diarios nacionales que puedan competir en igualdad de 
condiciones con los dos consorcios consolidados. Esta agencia podría además tener 
entre sus mandatos el fomento de la creación de diarios regionales y/o locales que 
compitan con los que pertenecen a los dos conglomerados que hoy concentran el grueso 
de la oferta. 
La agencia en cuestión debería estar integrada por un directorio independiente del 
gobierno y que consulte la presencia de ex editores, académicos y miembros de la 
sociedad civil, y contar con una división de estudios de la prensa que monitoree 
constantemente el nivel de competencia. De lo que se trata es de intentar compensar la 
falta de competencia que ha existido en este campo por demasiado tiempo, no de 
pulverizar los consorcios existentes a pretexto de que tienen un actuar monopólico. 
Conclusión 
En este trabajo se ha subrayado la paradoja de que, a pesar de que Chile es 
generalmente considerado como un país que goza de una prensa ‘libre’, carece sin 
embargo de un solo diario de oposición, producto de la fuerte concentración, sesgo 
ideológico común y afinidad con el actual gobierno que exhiben los consorcios que 
dominan tal mercado. Esta situación por cierto refleja las limitaciones de la metodología 
de organizaciones como ‘Freedom House’ (que en el 2010 catalogó a Chile como parte 
del tercio de países del mundo que contaban con una prensa ‘libre’), en particular, su 
foco unilateral respecto del potencial ‘silenciador’ del Estado y su incapacidad de ver el 
daño que en ocasiones inflinge el mercado a la igual libertad de los ciudadanos para 
expresar su opinión y ser escuchados por quienes toman las decisiones colectivas, algo 
que ocurre actualmente en Chile en el caso de la prensa escrita. 
En este contexto, es urgente reconocer que existe el problema y pensar en políticas que 
–sin atentar contra los derechos expresivos de los actores periodísticos que ya existen— 
den cuenta del problema asertivamente, incluyendo la posibilidad de otorgar subsidios, 
crear medios de comunicación público-privados y otras medidas que garanticen una 
prensa diversa y pluralista, que realice eficazmente su rol de guardián del poder público 
y privado. 
18 
 
 
 
El Autor 
 
Javier Couso es Profesor y Director del ‘Programa de Derecho Constitucional’ de la 
Universidad Diego Portales (Santiago de Chile). También es miembro del Comité 
Ejecutivo de la ‘Asociación Internacional de Derecho Constitucional’ (IACL). En el 
2006, fue ‘Tinker Distinguished Visiting Professor of Law' en la University of 
Wisconsin at Madison, y ha dictado conferencias en las universidades de Harvard, 
Bolonia y Bocconi. Sus campos de especialización son el Derecho Constitucional 
Comparado y la Sociología del Derecho.