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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD CARRERA DE GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO PARALELO: GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 4/1 ASIGNATURA: POLITICA PUBLICA TEMA: La aplicación del enfoque de coaliciones promotoras al cambio en las políticas de drogas en el Uruguay NOMBRE: Beltrán Bernabé Andrés Eduardo Fernández Vera Johann Geovanny José Pozo Johanna Janeth Rizzo Paredes Ginger Nicole Reyes Mateo Julissa Jamilex CURSO: 5 DOCENTE: Sclga. Vanessa Montenegro Hidalgo, Mgt LA LIBERTAD 2020-1 La aplicación del enfoque de coaliciones promotoras al cambio en las políticas de drogas en el Uruguay INTRODUCCIÓN En noviembre de 2012, en los EEUU aprobaron sendas iniciativas para legalizar y regular la producción, distribución, tenencia y el consumo recreacional del cannabis. Otros estados, también han dado un primer paso en esa dirección y promulgado a comienzos de 2013 proyectos de ley similares. Esta tendencia también puede ser observada en Uruguay donde en julio de 2013 el Congreso aprobó un proyecto de ley para legalizar y regular la producción de cannabis con un planteamiento similar a aquellos ya aprobados en EEUU. De resultar este aprobado, Uruguay será el primer país en establecer a nivel nacional una regulación de la producción, comercialización, tenencia y el consumo recreacional del cannabis. Si bien los intentos de regular los mercados de drogas siguen siendo excepcionales, la tendencia apunta a concebir el consumo de drogas como una cuestión que atañe fundamentalmente a la salud pública. Asimismo, los objetivos normativos se alejan de la meta utópica de una sociedad sin drogas, en beneficio de metas más accesibles de reducción de daños y disminución de la violencia relacionada con drogas. En efecto, el mismo planteamiento de la iniciativa evidencian que la mayoría de los ciudadanos uruguayos no apoyan la propuesta de regulación del cannabis planteada por el Gobierno, un rechazo incluso compartido por la mayoría de los votantes del partido oficialista. El ingreso al nuevo siglo aparejó la revisión de las políticas basadas en principios puramente prohibicionistas, establecidas en la década de 1930 en el sentido de favorecer políticas basadas en el enfoque de reducción de daños. Los cambios de las políticas de estupefacientes en el Uruguay resultan más pertinentes en vista de los efectos que la nueva política de regulación del cannabis puede ejercer sobre ámbitos cruciales como la salud o la economía, y sobre problemáticas sociales de gran envergadura como la marginalidad, la delincuencia y el narcotráfico, entre otros. La aplicación de políticas de estupefacientes que no han sido estudiadas en profundidad podría tener un impacto devastador en la sociedad y en la vida de las personas. Bien implementadas, por el contrario, podrían ser el primer paso hacia políticas de drogas más justas, cuya principal medida de éxito sea la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad. DESARROLLO El enfoque de las coaliciones promotoras de Sabatier y Jenkins-Smith El AdvocacyCoalition Framework (Enfoque de las Coaliciones Promotoras, en adelante ACF) fue propuesto a mediados de la década de los ochenta por Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith (1993; 1999). Su objetivo era estudiar las variables que producen los cambios en las políticas públicas tomando en consideración la función que cumplen los valores y las creencias de los grupos de interés, así como el aprendizaje y el conocimiento al que están expuestos los actores. Las políticas públicas pueden ser entendidas como las respuestas que el Estado puede dar (o no dar) a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. El ACF concibe el proceso político como una competición entre coaliciones de actores que defienden y promueven creencias e ideas sobre problemas y soluciones en la arena política. Sabatier y Jenkins-Smith (1993, 1999) comprenden los sistemas de creencias como estructuras tripartitas y jerárquicas, compuestas por tres categorías de valores de distinto rango. Distinguen en primer lugar un núcleo duro (deepcore) de axiomas normativos y profundamente arraigados que definen la visión que tiene el actor en relación al individuo, la sociedad y el mundo en general. Ello incluye creencias fundamentales sobre la naturaleza humana, sobre la distribución de la justicia o la identidad sociocultural. En segundo lugar, identifican un núcleo de la política (policycorebeliefs), consistente en percepciones causales, estrategias básicas y posiciones políticas sobre un campo o subsistema determinado de políticas públicas. Finalmente, señalan un conjunto de aspectos secundarios (secondaryaspects), integrado por consideraciones instrumentales acerca de cómo debe ser implementado el núcleo de la política. La multiplicidad de actores que participa en un subsistema puede ser muy amplia y de gran complejidad, por lo que Sabatier y Jenkins-Smith (1993; 1999) introducen el concepto de “coaliciones promotoras” (advocacycoalitions). Estas construcciones abstractas están conformadas por actores con intereses y criterios similares, pero no tienen por qué estar formalizados en una institución u organización. Aunque en los subsistemas inactivos o latentes puede haber una única coalición, en la mayoría de los casos habrá de dos a cuatro coaliciones importantes (Martinón, 2007: 287). A su vez, una novedad del enfoque es que los actores que conforman las coaliciones no son solamente líderes políticos, líderes de intereses privados y lobistas, sino también actores capaces de incidir indirectamente en la temática, como investigadores o periodistas. El objeto de estudio central del ACF es el cambio en las políticas públicas (policychange). Este cambio es entendido como la transformación de un sistema de creencias hegemónico dentro de un subsistema de políticas públicas. O, lo que es lo mismo, como todo cambio de rumbo con respecto a cómo esa política fue originalmente concebida. Los cambios pueden suceder como resultado de dos procesos. LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LAS COALICIONES PROMOTORAS A LOS CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS DE ESTUPEFACIENTES EN EL URUGUAY. En las últimas tres décadas, las políticas de estupefacientes en el Uruguay han cambiado considerablemente, pasando de un modelo prohibicionista a uno de reducción de daños. Actualmente, el Gobierno uruguayo se plantea la regulación legal de la producción, distribución, tenencia y el consumo recreacional del cannabis. Una coalición promotora contiene personas de diversos cargos en los que se incluyen funcionarios electos, de secretarías y agencias, líderes de grupos de interés, investigadores, activistas, entre otros que comparten un sistema de creencias particular y que muestran un grado de actividad coordinada a lo largo del tiempo. La competencia entre las diferentes coaliciones se lleva a cabo dentro de subsistemas de política. La estabilidad y cambio del subsistema de las políticas públicas es producto de la interacción de parámetros relativamente estables y eventos externos. Dicha interacción como afirma Parsons, enmarca las limitaciones y los recursos de los actores en el subsistema y las interacciones dentro del propio subsistema de políticas. El cambio de política puede manifestarse en una variación en los instrumentos que se utilizan para lograr determinados objetivos de política o en las modificaciones de acuerdos institucionales. Sin embargo, lo más común es que el cambio de política pública implique una alteración de sus objetivos. En este sentido, los objetivos políticos pueden ser multidimensionales en sí mismos, esta característica ayuda a entender y explicar el cambio de las políticas públicas. (Sanjurjo, 2013)En 2001, el entonces presidente Uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) reiteró su posición favorable a la legalización de las drogas, especialmente las drogas blandas y/o naturales, después de escuchar algunas propuestas realizadas por las juventudes de los partidos Socialista y Vertiente Artiguista de izquierda que buscaban meter a la agenda pública la despenalización del consumo de marihuana. En ese contexto, declaró ante los medios de comunicación que “todo el mundo debería legalizar el consumo de la droga”. El debate y la defensa del cambio de la política de cannabis por parte de la coalición reguladora también se desarrollaron en el terreno de la salud pública, hasta entonces el sistema de salud uruguayo no tenía protocolos y procedimientos para atender a los usuarios con consumos problemáticos de drogas. A esta dinámica de la discusión al interior del país en los terrenos de los derechos humanos y la salud pública se sumó el ámbito internacional cuando la Organización de los Estados Americanos en mayo de 2013 presentó el informe sobre las drogas en el hemisferio titulado Escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2015. El informe presentó una revisión de las políticas de drogas que se resumió en que el problema de las drogas debería ser abordado de manera diferenciada y flexible entre los países del hemisferio. En este contexto, la coalición dominante reguladora impulsó el abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas, especialmente el consumo de la pasta base. La solución fue la “legalización regulada y controlada de la marihuana”, con un fuerte rol desde el Estado sobre la producción. Así es como el 10 de diciembre de 2013 el Senado Uruguayo votó la ley 19172 sobre el control y regulación del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados. La coalición promotora de una liberalización del cannabis tercera coalición aumento del consumo de cannabis tras la dictadura Desde mediados de la década de 1990 existían también grupos de cultivadores de cannabis. En primer lugar, el presidente Batlle veía con buenos ojos el cambio de paradigma global en materia de políticas de estupefacientes y se declaraba partidario de dinamitar la cadena de narcotráfico, legalizando y regulando el mercado de drogas a nivel mundial. En segundo lugar, la crisis bancaria del año 2002 conmocionó al país entero, incluyendo al subsistema de drogas. En medio de esa crisis, que aparejó niveles récord de desempleo y un aumento exponencial de la población marginal, estalló el consumo de “pasta base de cocaína” (conocida también en Argentina como “paco”, PBC). La “droga de los pobres” se asoció (y se sigue asociando) con la ola de delitos que sacude desde entonces al país, convirtiéndose en el principal problema de seguridad de la población. Por un lado, la percepción del alto riesgo que conlleva el consumo de la PBC propició una minimización de la percepción del riesgo del consumo de cannabis. Por otro lado, cobró nueva importancia una de las dimensiones del discurso de “la escalera” (gatewaytheory), argumento según el cual los consumidores de cannabis corren mayor riesgo de convertirse en consumidores de PBC, debido a que para adquirir la droga deben recurrir a delincuentes, quienes, a su vez, están interesados en que los compradores den “el salto” cualitativo a drogas más adictivas y para ellos más lucrativas. el drástico aumento de consumidores de cannabis, así como el cambio en la percepción pública entre drogas de alto y bajo riesgo, fue visto por los promotores de una legalización del cultivo de cannabis como una ventana de oportunidad para incorporar la droga a la agenda de los derechos individuales. el discurso de “la escalera” propició que periodistas y políticos liberales adoptasen un discurso pragmático y abogaran por una separación del mercado de drogas que, a través de la legalización del cannabis, liberara a sus consumidores de los riesgos y ámbitos de violencia e ilegalidad a los que de otra manera se veían regularmente expuestos. Crearon colectivos de cultivadores y organizaciones sociales que promovían foros y debates con especialistas, así como campañas y marchas en favor de la legalización del cultivo de cannabis para consumo personal. 2008 el Movimiento por la Legalización del Cannabis. El impulso determinante llegaría tras la reelección del Frente Amplio en 2010, cuando el gobierno del presidente José Mújica en 2012 propuso iniciativa para legalizar y regular la producción, distribución, tenencia y el consumo recreacional y médico del cannabis, con el fin de separar el mercado de drogas y combatir el narcotráfico de manera más eficiente. la mayoría de los uruguayos no apoyan la propuesta de regulación La mayoría oficialista señalo que son altas las probabilidades de que se imponga legalmente un modelo liberalizador del cannabis en Uruguay en el transcurso del año 2014. MacCoun y Reuter identifican dos posiciones filosóficas básicas: la deontológica libertaria y la consecuencia lista. Este de ontologismo, diametralmente opuesto al moralista legal, es libertario y entiende que existe un derecho natural e inherente a cada ser humano de tomar drogas y de hacer con su cuerpo y vida lo que desee, siempre que con ello no perjudique a terceros. Consecuencia lista Según esta, los desenlaces de una acción constituyen la base para cualquier apreciación moral que se haga sobre dicha acción. Asimismo, el sujeto es responsable de todos los efectos negativos que pudieran derivarse de su acción, siempre que pueda atribuírsele negligencia o capacidad de predicción de tales efectos negativos. CONCLUSIÓN Las Coaliciones Defensoras nos deja muchas lecciones teóricas y prácticas. Esto es así porque si bien se trata de un marco analítico cuyo objetivo es facilitar el conocimiento de las políticas públicas, en realidad, también constituye una batería de herramientas prácticas para inducir a la negociación y al consenso, de manera de disminuir los enfrentamientos en áreas políticas de alta conflictividad. En escenarios en donde las coaliciones exponen sus intereses en materia de políticas públicas con un enfrentamiento exacerbado, es muy común que prolifere la sensación de desconfianza entre los grupos. En esos contextos, es muy poco probable que se logran consensos constructivos que permitan alguna ganancia a los contrincantes (o al menos, que haya la menor cantidad posible de perdedores). Asimismo, si existen niveles bajos de confiabilidad, es también improbable que las partes se perciban como enemigos y que consecuentemente, no conciban la posibilidad de colaborar para lograr un fin que beneficie a todos los involucrados. En dichas situaciones, el desafío será contraer esa profunda desconfianza, intentando que las partes coordinen estrategias o puntos de consenso intermedio, de manera de lograr un resultado de suma positiva, superando los de suma cero, en donde nadie se beneficia. Por el contrario, una de las lecciones del enfoque es que los “aspectos secundarios” de las políticas públicas, constituyen un buen comienzo, ya que es una manera de encauzar el diálogo y superar la desconfianza o falta de predisposición a la negociación, por dimensiones del problema que, al no ser centrales, probablemente atraigan discrepancias. Siempre existe algún grado de consenso entre las coaliciones, ya que, de no existir ningún tipo de acuerdo, el diálogo sería un diálogo de sordos. Una vez logrado ese paso, podría avanzarse haciacuestiones más problemáticas. Asimismo, otro mecanismo para disminuir el conflicto en torno a los aspectos secundarios es la información técnica. Cuando surge evidencia a favor de alguna de las coaliciones, existirá una mayor probabilidad a que la coalición que discrepa con esa información, reconozca su error y se retire del conflicto o, al menos, acepte buscar otra estrategia. Por tal motivo, puede ayudar que la información técnica la provea una institución técnica neutral, para que los actores no se sientan susceptibles. Bibliografía Diego, S. G. (23 y 24 de septiembre de 2013). la Aplicación del enfoque de coaliciones promotoras al cambio en las politicas de drogas en el uruguay. Sanjurjo, D. (13 de 06 de 2013). Obtenido de file:///C:/Users/artefacta/Documents/Downloads/6405%20(1).pdf
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