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Estudios Jurisprudenciales y Análisis 
de los Elementos Normativos
por deudas. Igualmente, la precisión relativa a los 
criterios para imposición de la multa es necesaria, 
porque el cargo de la demanda parte de la base 
de que la ley discrimina a quienes no tienen la 
capacidad económica de pagar la multa frente 
a quienes sí la tienen, como si la capacidad 
económica no fuera un factor que tuviera que 
tenerse en cuenta para graduar el monto de la 
misma.
En primer lugar, es indispensable indicar que, 
según las previsiones del artículo 35 del Código 
Penal, la multa es una sanción de categoría 
principal que consiste en la imposición de una 
carga pecuniaria al responsable del delito. En 
otros términos, es la imposición de una erogación 
dineraria al responsable del delito, a favor del 
tesoro público.De conformidad con la definición 
legal y con el tratamiento de la jurisprudencia, 
la multa es una manifestación de la potestad 
punitiva del Estado que refleja el monopolio del 
poder coercitivo y el reproche social de la conducta 
de quien quebranta el orden público. La Corte ha 
dicho que la multa “constituye, por regla general, 
una sanción pecuniaria impuesta al particular 
como consecuencia de una conducta punible o 
por el incumplimiento de un deber y, como toda 
sanción, sus elementos esenciales deben estar 
determinados en una ley previa a la comisión del 
hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el 
respectivo reajuste”[1], lo cual demuestra que es el 
propio Estado, no los particulares, el que define 
sus elementos estructurales, las condiciones para 
su imposición y la cuantía de la misma.La multa 
es, pues, una sanción cuyo monopolio impositivo 
está en manos del Estado, que la aplica con el fin 
de “forzar, ante la intimidación de su aplicación, 
al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer 
las determinaciones legales”. (…) Ahora bien, 
dado su carácter pecuniario, es apenas obvio que 
la multa se fije en un monto líquido de dinero, con 
lo cual la misma se convierte en un verdadero 
crédito a favor del Estado. De allí que en el 
lenguaje corriente la multa pueda considerarse 
como una “deuda” que el condenado adquiere 
con el Estado. Sin embargo, atendiendo a 
la naturaleza sancionatoria de la multa, la 
jurisprudencia ha entendido que aquella no 
configura una “deuda” en el mismo sentido en 
que lo son los créditos civiles. Y es que no existe 
razón alguna para considerar que, como en 
ambos casos el medio liberatorio de la obligación 
es el dinero, la naturaleza jurídica de los créditos 
sea la misma. Ciertamente, el origen de la multa 
es el comportamiento delictual del individuo, no 
su capacidad transaccional, y su finalidad no es 
el enriquecimiento del erario, sino la represión de 
la conducta socialmente reprochable. Más aún, la 
multa no es una carga pecuniaria de naturaleza 
resarcitoria que persiga reparar el daño provocado 
por el delito. Como consecuencia de su índole 
sancionatoria, la multa no es apta de modificarse 
o extinguirse por muchas de las formas en que 
lo hacen los créditos civiles. En este contexto, la 
multa no es susceptible de conciliación, no puede 
compensarse y, mucho menos, puede extinguirse 
mediante el fenómeno de la confusión. No está 
en poder del sujeto pasivo la transacción del 
monto de la misma o la posibilidad de negociar 
su imposición, así como no podría este -pese a 
una eventual aquiescencia del Estado - ceder su 
crédito a un particular distinto, pues la finalidad 
de la multa es la de castigar al infractor de la ley.
(…) Al respecto es preciso advertir que cuando 
la Constitución prohíbe en el artículo 28 la 
detención, prisión o arresto por deudas, se refiere 
concreta y particularmente a aquellas originadas 
en relaciones de origen civil, sin que en estas 
medien situaciones o hechos punibles. En el 
caso del precepto acusado, se reitera, la multa 
se impone –y se convierte en arresto– no por el 
incumplimiento de obligaciones contractuales 
que es lo que prohíbe la norma superior, sino 
en razón del resarcimiento por la lesión que se 
haya inferido al orden social al no cumplirse con 
la pena principal impuesta -la multa. Así mismo, 
el artículo 35 de la ley 599 de 2000 consagra la 
multa como pena principal, lo cual según ya se 
ha explicado a lo largo de estas consideraciones 
no contraría la Constitución, pues se encuentra 
dentro de la autonomía del legislador decidir 
la clase de sanción a imponer y el monto de la 
misma, salvo obviamente, que se trate de penas 
prohibidas por la Constitución”. (Corte Const. 
Sentencia C-194/05, marzo 2/2005. M. P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra). 
JURISPRUDENCIA – CORTE CONSTITUCIONAL. 
Alcance de la multa como sanción penal y 
como requisito para los subrogados de la 
pena de prisión. 
“Surge la necesidad de distinguir la función y 
alcance de la multa como sanción penal en 
sus distintas modalidades y ámbitos. En primer 
lugar, la naturaleza de la multa en materia penal 
se refiere a una sanción cuya materialización es 
en dinero, y cuya estructuración es que el Estado 
impone su pago al ciudadano cuando este ha 
sido declarado penalmente responsable; por 
ello en principio esta sanción no atiende a la 
capacidad económica del condenado y tampoco 
puede ser interpretada como una deuda en 
términos de las obligaciones civiles en donde 
subyace la voluntad de las partes y la celebración 
de un negocio jurídico. En segundo lugar, del texto 
del artículo 39 del Código Penal se desprenden 
dos tipos de multa con alcances diferentes: la 
multa como acompañante de la pena de prisión 
y la multa como pena principal, descrita por 
la norma referida como aquella a la que hace 
mención el respectivo tipo penal y denominada 
como modalidad progresiva de unidad de multa. 
En tercer lugar, en cuanto al respeto del principio 
de igualdad constitucional (Art. 13 CN) cuando 
la multa obra como requisito para acceder a 
subrogados, la jurisprudencia constitucional sólo 
se ha pronunciado sobre algunos de los posibles 
alcances según las distintas modalidades de 
multa existentes. 
(…) Sentido y alcance de la multa como sanción 
penal. Sobre el primer aspecto, se ha sostenido 
que “la multa es una manifestación de la potestad 
punitiva del Estado que refleja el monopolio del 
poder coercitivo y el reproche social de la conducta 
de quien quebranta el orden público”. La Corte ha 
dicho que la multa “constituye, por regla general, 
una sanción pecuniaria impuesta al particular 
como consecuencia de una conducta punible o 
por el incumplimiento de un deber y, como toda 
sanción, sus elementos esenciales deben estar 
determinados en una ley previa a la comisión del 
hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el 
respectivo reajuste”, por lo cual la competencia 
para definir sus elementos estructurales, las 
condiciones para su imposición y la cuantía es 
del Estado.