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ColeCCión libros FlAPe 9
Participación e incidencia de la 
sociedad civil en las políticas 
educativas: el caso mexicano
Bertha Salinas Amescua
Silvia Elena Amador Pérez
Foro Latinoamericano de Políticas Educativas – FLAPE
(www.foro-latino.org) 
Coordinación general
Pablo Venegas. Programa Interdisciplinario 
de Investigaciones Educativas - PIIE, Chile
Coordinaciones nacionales
Fanny Muñoz, Perú
Ingrid Sverdlick, Argentina
Rafael Lucio Gil, Nicaragua
Miguel Ángel Rodríguez, México
Pablo Gentili, Brasil
Pablo Venegas, Chile
Orlando Pulido, Colombia
FLAPE es una iniciativa interinstitucional destinada a generar y 
ampliar espacios de encuentro y articulación de organizaciones de 
la sociedad civil que promueven la defensa de la educación pública. 
FLAPE pretende involucrarse y comprometerse con el desarrollo de 
procesos democráticos de cambio educativo y con la promoción de 
estrategias de movilización social centrados en el reconocimiento 
del derecho inalienable a una educación de calidad para todos los 
latinoamericanos y latinoamericanas.
Instituciones miembros de FLAPE:
Foro Educativo - FE, Perú (www.foroeducativo.org.pe) 
Laboratorio de Políticas Públicas - LPP, Argentina 
(www.lpp-buenosaires.net) 
Observatorio Centroamericano para la Incidencia en 
las Políticas Educativas – OCIPE/IDEUCA, Nicaragua 
(www.uca.edu.ni/institutos/ideuca)
 
Observatorio Ciudadano de la Educación - OCE, México 
(www.observatorio.org) 
Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas 
- OLPED, Brasil (www.olped.net)
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 
Educación - PIIE, Chile (www.piie.cl) 
Universidad Pedagógica Nacional - UPN, Colombia (www.
pedagogica.edu.co) 
piie
Observatorio
educación
C I U D A D A N O D E L A
ducativo
oro
OCIPE - IDEUCA
L P
P
LABORATORIO DE
Políticas Públicas
Colección Libros FLAPE
Coordinación editorial: Ingrid Sverdlick
Asistente editorial: Paula Costas
Corrección editorial: Teresa Cillo
Diseño gráfico y armado: Beatriz Burecovics y Leticia Stivel
Primera edición: marzo de 2007
Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de este libro, 
citando la fuente y enviando copia de la publicación al Foro Latinoamericano 
de Políticas Educativas:
Laboratorio de Políticas Públicas - Buenos Aires (LPP)
Tucumán 1650 2º E, Buenos Aires 
Secretaría General de FLAPE - Programa Interdisciplinario 
de Investigaciones en Educación (PIIE)
Dalmacia 1267, Providencia, Santiago
La responsabilidad por las opiniones expresadas en el presente libro 
incumben exclusivamente a los autores firmantes y su publicación no 
necesariamente refleja los puntos de vista de FLAPE.
 
FLAPE cuenta con el apoyo de la Fundación Ford
Salinas Amescua, Bertha
Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: 
el caso mexicano / Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez. - 1a ed. - 
Buenos Aires : Fundación Laboratorio de Políticas Públicas, 2007.
 E-Book. (Libros FLAPE; 9)
 ISBN 978-987-23507-3-4 
 1. Políticas Públicas . 2. Políticas Educativas . I. Amador Pérez, Silvia Elena II. Título
 CDD 379.972
Fecha de catalogación: 11/04/2007
Índice
 
 
Introducción 7
Capítulo 1. Breve contexto: 
dos actores, dos proyectos 11
Algunos rasgos del Estado mexicano 11
Aportes de la sociedad civil a la democratización 
del espacio público 13
Una coyuntura política crítica (2006) 15
Capítulo 2. Marco conceptual: participación 
ciudadana e incidencia en política pública 17
Precisión de términos claves en este estudio 17
Participación ciudadana: categorías teóricas 19
Participación en las políticas: diversas perspectivas 27
Matriz de análisis de los ejes de participación 
e incidencia en política 35
Capítulo 3. Análisis de tipos de participación 
e incidencia en política educativa en México 39
La participación en política educativa: la simulación 
del Estado y las iniciativas de la sociedad civil 39
Matriz de análisis de participación e incidencia 
civil en educación 45
Descripción de algunos casos visibles o documentados 51
Conclusiones 57
Anexos 59
Bibliografía 63
�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
introducción
 El presente estudio fue solicitado por el Foro Latinoamericano 
de Políticas Educativas (OCE-FLAPE) México. FLAPE es un organis-
mo no gubernamental que incluye organizaciones de siete países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y Perú) y de-
sarrolla una articulación interinstitucional para poder incidir en po-
líticas educativas a nivel regional. En el verano de 2006 se propuso 
realizar, en todos los países, un estudio titulado: Participación e in-
cidencia de la sociedad civil en política educativa.
En el caso de México se realizó la presente investigación en el 
escaso tiempo de cuatro meses de trabajo. La misma se centró en el 
período 2000-2006 porque, durante este sexenio, se intensificaron 
las iniciativas civiles para participar en política educativa ante las 
expectativas de apertura del primer gobierno de la alternancia.
Para abordar el tema propuesto por FLAPE, se partió de la siguien-
te hipótesis de trabajo: por un lado, la escasez de investigaciones y 
experiencias documentadas de participación civil en educación y su 
limitada visibilidad pública y, por otro, la ambigüedad conceptual de 
los términos de participación e incidencia. Se asumió como premisa 
que en México existen múltiples esfuerzos y acciones para transfor-
mar “lo educativo”, que no se declaran o reconocen como sujetos ac-
tivos en política educativa. Por tanto, nos pareció necesario intentar 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano�
dar cuenta de la diversidad, complejidad y dinamismo de las iniciati-
vas civiles, en el contexto de una democracia incipiente y puesta en 
cuestión. En este sentido, no es objeto de estudio el análisis históri-
co del marco jurídico ni de las iniciativas del Estado para demandar 
o abrir la participación. Cabe aclarar que no se consideró viable ni 
prioritario analizar un caso emblemático como originalmente sugirió 
FLAPE.
El propósito es construir una matriz de análisis de la participa-
ción y la incidencia de las organizaciones civiles (OSC) en política 
educativa. Así como ensayar su aplicación al caso de México para 
ejemplificar la diversidad de estrategias en curso.
Las siguientes preguntas guiaron el trabajo: ¿en qué espacios y 
con qué estrategias participan diversas organizaciones de la socie-
dad civil mexicana en la política educativa? ¿cuál es su posible inci-
dencia pública?
Se consideraron a las OSC cuya orientación y prácticas tienen una 
intencionalidad de transformación de la vida democrática mediante 
lo educativo, ya sea a nivel local, regional o nacional.
La metodología estuvo determinada por el limitado tiempo y la 
falta de recursos para realizar un trabajo empírico sistemático. El 
proceso de acercamiento al objeto de estudio, se caracterizó por un 
ir y venir entre las prácticas y la teoría. El conocimiento de las prác-
ticas se realizó mediante entrevistas con ocho actores claves,1 la re-
visión de memorias de eventos, páginas institucionales electrónicas 
y notas de prensa. También conversamos con organizaciones civi-
les locales para explorar cómo percibían su participación en política 
educativa, en el marco de dos eventos regionales organizados por 
FLAPE-México en Mérida, Yucatán y Cuetzalan, Puebla.2 La búsque-
da de fuentes documentales intentó recoger trabajos previos sobre 
el tema de la participación en México, así como marcos conceptuales 
1 En el Anexo 1 se presentan los nombres de los entrevistados, a quiénes agradece-
mos su tiempo y valiosos aportes para facilitarnos una comprensión interpretativa del tema.
2 En Mérida, Yucatán, el Foro se realizó el 6 y 7 de octubre de 2006 y participó un 
grupo de OSC que aparece en los anexos. Igualmente ocurre con los participantes en el Foro 
de Cuetzalan,llevado a cabo el 9 de octubre de 2006.
�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
de participación, política pública e incidencia que resultaran adecua-
dos a la realidad latinoamericana. El contacto con los investigadores 
que tuvieron a cargo el estudio en los países que integran FLAPE, 
aunque breve, también permitió un distanciamiento para identificar 
la particularidad del caso mexicano, por contraste con los otros paí-
ses de América latina.
La elaboración de la matriz partió del análisis de diferentes con-
cepciones sobre la participación, la incidencia y la política pública, 
recurriendo a teorías sociológicas. Para ejemplificar casos en la 
matriz, se eligieron aquellas OC que actualmente son más visibles 
y de las que tuvimos acceso a la información. Tras ejemplificar en la 
matriz los casos y sus estrategias de acción, se intentó una interpre-
tación global de la diversidad reflejada en la matriz. Finalmente, se 
presenta una descripción narrativa de cinco de los casos.
Asumimos que todo proceso interpretativo adopta la mirada del 
investigador y está situado en un contexto social, político e ideológi-
co. Es preciso reconocer que, tratándose justamente de la apertura 
y restricciones de los espacios de participación civil, el desarrollo 
del estudio (segundo semestre de 2006), estuvo atravesado por una 
gran convulsión social y política de hondas raíces históricas.
Organización del reporte
La primera parte describe brevemente el contexto destacando 
algunas características del Estado mexicano, las iniciativas civiles 
para democratizar la sociedad y la crisis de la coyuntura política de 
2006. Estos elementos son necesarios para comprender el escenario 
que marca el fenómeno de la participación e incidencia civil en edu-
cación. En la segunda parte, se propone el marco conceptual, donde 
se precisa la diferencia entre los términos de participación e inciden-
cia, y se revisan categorías teóricas sobre participación ciudadana y 
participación en políticas. Esta última distingue entre la visión gu-
bernamental y la visión de la sociedad civil. A modo de integración 
se propone la primera versión de la matriz de análisis, aplicable a la 
participación en políticas públicas en general. La tercera parte se 
centra en el caso de México y concretamente en su política educa-
tiva. Se aplica la matriz de análisis para ejemplificar casos de par-
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano10
ticipación e incidencia. Una interpretación global de dicha matriz va 
seguida de la descripción de cuatro casos. Finalmente, en la cuarta 
parte se establecen las conclusiones.
11Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
capÍtulo 1. Breve contexto: 
dos actores, dos proyectos 
Este estudio involucra a dos grandes actores. Por un lado al 
Estado en su calidad de responsable de políticas públicas y, por otro 
lado, a la sociedad civil como protagonista de las transformaciones 
sociales.
Algunos rAsgos del estAdo mexicAno 
El fuerte Estado burocratizado, el corporativismo social y el carác-
ter cerrado del sistema educativo son rasgos del Estado mexicano 
que nos ayudarán a comprender las limitaciones para la participa-
ción civil.
Como herencia de los ideales de la revolución de 1910, el Estado 
asume los grandes compromisos sociales establecidos en la 
Constitución de 1917 como el derecho a la educación, el reconoci-
miento de la pluriculturalidad, el reparto de tierras, el derecho a la 
salud y a la vivienda digna, entre otros (Palacios, s/f). Así, la política 
educativa posrevolucionaria se caracterizaba por tres principios: pú-
blica y gratuita (bajo la responsabilidad del Estado), universal (para 
todos) y laica (separada de connotaciones religiosas).
Se crearon fuertes instituciones por la vía de la negociación en-
tre el Estado y los sectores populares como obreros, campesinos 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano12
y maestros. Los sindicatos representaban la vía casi exclusiva de 
participación aunque de manera corporativizada. En el caso del ma-
gisterio, los acuerdos se realizan entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), que cuenta con una extensa estructura organizacio-
nal, y los líderes del sindicato nacional de trabajadores de la educa-
ción (SNTE) que sigue siendo uno de los sindicatos más numerosos 
a nivel nacional, acusado de corrupción y con una importante fuerza 
política.
El Estado fue creando una especie de impermeabilidad hacia otras 
influencias que no provinieran de las organizaciones corporativas y 
empresariales. Los acuerdos sectoriales y la definición de políticas 
públicas se han caracterizado por la poca consulta, deliberación y 
transparencia.
Las políticas sociales de este omnipresente Estado han venido 
adaptándose a las políticas neoliberales de las últimas dos décadas, 
mediante de reducción del gasto social y la privatización, bajo los 
argumentos de apertura económica o modernización y eficiencia 
productiva. Se realizan privatizaciones de algunos servicios públi-
cos y firmas de tratados internacionales con opacidad, sin mediar 
consultas públicas. 
Las desigualdades económicas y sociales se profundizan y, con 
ellas, el descontento social. Al poco tiempo de la firma del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, se da a co-
nocer el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), el primer día de enero de 1994. 
El gobierno que ejerció el poder estuvo en manos de un mis-
mo partido político, durante 70 años el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Cada seis años la elección presidencial no era 
sino un rito formal en el que el presidente de turno entregaba el po-
der a un sucesor designado por él, lo que reforzaba el conformismo y 
la apatía electoral de la población. Sin embargo, en las elecciones de 
1988 gran parte de la población compartía la sospecha razonable de 
una manipulación fraudulenta de los votos que mantendrían al PRI 
en el poder. Fue recién en el año 2000 cuando se produjo un cambio, 
resultando electo el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) de 
orientación conservadora.
13Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Aportes de lA sociedAd civil A lA 
democrAtizAción del espAcio público
Las organizaciones civiles y los movimientos populares consti-
tuyen el polo activo de la sociedad civil mexicana, que ha logrado 
la apertura de espacios y transformaciones graduales en medio de 
una gran adversidad por los rasgos autoritarios y corporativos del 
Estado mexicano. 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) de promoción y 
desarrollo tienen sus orígenes en los inicios de los años 1960; mu-
chas de ellas son de raigambre católica aunque en la actualidad, la 
mayoría es laica. Éstas se han multiplicado y especializado en áreas 
de acción, avanzando en sus niveles de coordinación mediante redes 
y organizaciones de segundo nivel (Penso, 2001).
Algunos analistas ubican al movimiento estudiantil de 1968 
como el “parteaguas” que imprime dinamismo a las luchas sociales 
y populares por los derechos humanos y la democratización de las 
estructuras de poder. A partir de ese período se han desarrollado 
múltiples esfuerzos transformadores, con muy diversas estrategias, 
formas organizativas y orientaciones ideológicas. Entre ellas figuran 
los movimientos populares, las ONG, las asociaciones profesiona-
les, los movimientos armados y el zapatismo en el sureste.
De todo este abanico es imposible dar cuenta en este documento; 
tal vez lo que interesa destacar es el horizonte común por participar 
para transformar el Estado autoritario, abrir espacios de expresión 
y pugnar por la justicia social. Los logros acumulados de esta activa 
y compleja sociedad civil, no son fácilmente visibles ni pueden atri-
buirse a un solo actor o movimiento. Lo que sí puede afirmarse es 
que gran parte de los cambios democráticos que México ha experi-
mentado en los últimos treinta años, son conquistasciviles, aunque 
el Estado los presente como iniciativas propias. A título de ejemplo, 
mencionamos algunos de los campos de incidencia:
la promoción y vigencia de los derechos humanos mediante la 
creación de organismos descentralizados encargados de la vigi-
lancia y la denuncia;
»
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano14
los derechos reproductivos de las mujeres y la equidad de géne-
ro, que se han incorporado en programas sociales, políticas de 
salud y en la misma administración pública como eje transversal, 
lo que hubiera sido imposible sin la intensa actividad de múlti-
ples ONG y movimientos de mujeres;
los avances en la democratización y transparencia de los pro-
cesos electorales que se deben al persistente trabajo de lo que 
Bailey (1998) llama las “ONG cívicas”, aglutinadas en la red 
Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia;
la ciudadanización del organismo electoral federal, lo que hoy se 
conoce como el Instituto Federal Electoral (IFE), la observancia 
electoral y el acceso público a los resultados, entre otros. 
En el tema ambiental también las organizaciones sociales han 
logrado posicionar el tema en la agenda pública, realizar vigilan-
cia, propuestas y denuncias. Los primeros avances en la rendición 
de cuentas y transparencia del ejercicio del gobierno, también son 
una clara aportación de las organizaciones sociales. En efecto, la 
primera iniciativa de ley sobre transparencia fue gestada desde 
el año 2000, por el Grupo Oaxaca quien, con el concurso de otros 
actores, logra que el 30 de abril de 2002 el Congreso de la Unión 
apruebe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Para dar cumplimiento a dicha ley se crea 
el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) (Castellanos y 
otros, 2005). 
Existen importantes aportes a la construcción de alternativas de 
desarrollo local. Múltiples proyectos con mujeres, jóvenes, niños, in-
dígenas, productores, migrantes, etc., se desarrollan en casi todos 
los estados de la República, impulsados por ONG, universidades y 
fundaciones. Desde otra dinámica y lógica política, en el sureste del 
país, el movimiento zapatista ha puesto en marcha programas alter-
nativos de salud, producción, educación y derechos indígenas, en el 
marco de estructuras paralelas de autogobierno. 
Los logros y avances de las organizaciones civiles y movimientos, 
en las temáticas mencionadas, contrastan con los limitados logros y 
espacios de participación civil en la política educativa. 
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»
15Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
unA coyunturA políticA críticA (2006)
En el año 2006 el partido en el poder (PAN) es declarado nue-
vamente ganador de las elecciones, tras una impugnación de re-
sultados y un estrecho margen de diferencia (menos del 1% de la 
votación), nunca antes registrados en la historia, en medio de serias 
dudas acerca de la transparencia en el financiamiento de las cam-
pañas y del sistema de cómputo de votos. Se denuncian acuerdos 
corporativos entre los partidos políticos (PRI y PAN) con el sindicato 
nacional de maestros y con grandes empresarios para manipular el 
voto. Debido a esto –y en buena parte por la influencia sesgada de 
los medios masivos de información– se produce una polarización 
de la sociedad entre quienes apoyan al gobierno de turno y quienes 
proponen un proyecto distinto de nación. Tal situación ha dado lugar 
a una serie de conflictos y movimientos sociales como el de la resis-
tencia civil pacífica y la creación de un gobierno alternativo.
Por otro lado, la precarización de las condiciones de vida de 
grandes sectores de la población ha ocasionado el surgimiento de 
movilizaciones, conflictos y huelgas por el cierre de empresas, espe-
cialmente en los sectores azucarero y minero. En Oaxaca, uno de los 
estados históricamente más afectados por la pobreza y con una am-
plia población indígena, surge un movimiento de maestros disiden-
tes del sindicato oficial que, posteriormente, agrupa a otros sectores 
y deviene en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Actualmente incorporan a sus demandas el ejercicio de derechos 
como el deponer a sus gobernantes, la dignificación de las condicio-
nes laborales y de vida, la calidad de la educación, etcétera.
El panorama anterior nos da una breve idea de la complejidad del 
contexto social y político de México que nos permite entender las di-
ficultades de la participación así como seleccionar las perspectivas 
teóricas pertinentes. 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano1�
1�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
capÍtulo 2. Marco conceptual: participación 
ciudadana e incidencia en polÍtica púBlica
precisión de términos clAves en este estudio
El título dado por FLAPE al estudio latinoamericano contiene 
varios referentes. La relación entre éstos la interpretamos de la si-
guiente manera: las organizaciones civiles son el sujeto activo que 
se vincula con otro referente que es la política educativa. Ambos re-
ferentes se unen mediante la acción de las OSC, la participación y la 
incidencia que realizan las organizaciones civiles. De aquí la impor-
tancia de precisar estos términos que constituyen el elemento activo 
implicado en el estudio.
A las organizaciones civiles las definiremos operacionalmente 
en este documento, sin pretensiones de dilucidar la compleja discu-
sión conceptual sobre un término en constante dinamismo como es 
“sociedad civil”. Consideraremos a las organizaciones civiles como 
aquellas que buscan fines públicos, sin fines de lucro ni beneficio 
personal, cuya orientación y estructura organizativa es independien-
te del Estado y del mercado o empresa privada (Penso, 2001). En el 
estudio incluimos a las organizaciones, asociaciones y movimientos 
con muy variadas estructuras y estrategias de acción, independien-
temente de su formalidad legal y de su carácter permanente o coyun-
tural. El denominador común es la búsqueda de transformaciones 
profundas encaminadas a la equidad, la justicia y la vigencia plena 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano1�
de los derechos humanos y que específicamente actúan en el campo 
educativo. Por tanto, no se incluyen organizaciones civiles, laicas o 
religiosas, de orientación conservadora, que buscan la preservación 
de la inequidad o la anulación de los principios rectores de la educa-
ción mexicana, pública, gratuita y laica. 
Reconocemos que existe una dificultad conceptual para distin-
guir participación e incidencia. En la práctica, frecuentemente, se 
utilizan como sinónimos y en ocasiones se diferencian claramente 
según la perspectiva de los mismos actores. La diversidad de signi-
ficados que se da a los términos participación e incidencia responde 
a los usos que les atribuyen en función de los contextos históricos, 
sociales e ideológicos donde tienen lugar las prácticas vivas.
Se trata pues de términos dinámicos, en permanente construcción 
y resignificación, que dan cuenta de una realidad social latinoame-
ricana en continua transformación y en debate sobre sus sistemas y 
vías democráticas. En consecuencia, en este documento, no preten-
demos establecer una conceptualización única, válida y estática de 
dichos términos, porque asumimos que la dinámica de la acción re-
basa los aparatos conceptuales con los que contamos. Lo que inten-
taremos es definir un enfoque que sirva de postura y, a la vez, como 
una operacionalización de orden pragmático.
Abordaremos estos términos como dos ejes. Un eje será la parti-
cipación, que es la acción intencionada de un colectivo para tomar 
parte en algún asunto con determinados propósitos. Participar tiene 
un valor como proceso donde el polo importante es quien realiza la 
acción de participar (¿quién? ¿con qué motivaciones? ¿con qué di-
námica y mediante qué estructura?) más que el objeto de su parti-
cipación y sus logros. En este caso, veremos alas organizaciones 
civiles como el actor que al participar se constituye a sí mismo, se 
hace visible y desata procesos.
El otro eje es la incidencia, que la entenderemos como un proceso 
con efectos en la esfera pública que se da en el objeto o asunto en que 
se participa mediante determinadas estrategias en la política educa-
tiva. Este efecto puede ser intencional o no, directo o indirecto.
1�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Evidentemente participación e incidencia son dos elementos in-
terrelacionados de un mismo proceso, es decir, al participar se in-
cide. La distinción radica en que participación la orientamos hacia 
el sujeto e incidencia hacia el objeto específico; ambos son vistos 
como procesos. 
El siguiente esquema pretende representar los énfasis que dare-
mos a los términos.
ParticiPación
	 OrGaniZaciOnES		 POLÍtica
	 ciViLES	 EDUcatiVa
incidencia
aSUntOS	PúbLicOS
pArticipAción ciudAdAnA: cAtegoríAs teóricAs
Participación según corrientes 
de las ciencias sociales
Iniciamos con la conceptualización de la participación en gene-
ral, con énfasis en la intencionalidad y los niveles de autonomía y 
poder.
El marco más amplio que adoptamos proviene de las grandes 
tradiciones de las ciencias sociales que permiten explicar la con-
ducta participativa individual, la naturaleza del proceso, así como 
interpretar sus consecuencias para la sociedad y la persona. Las 
tres corrientes que abordaremos son: la liberal, la acción integra-
Es
tr
at
eg
ia
	1
Es
tr
at
eg
ia
	2
Es
tr
at
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ia
	3
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano20
dora y la movilización colectiva, basadas en el trabajo de Corvalán y 
Fernández (1998).
Estos autores proponen las corrientes de la participación recu-
rriendo a las principales tradiciones de las ciencias sociales e identi-
ficando tres elementos que las diferencian: 
la funcionalidad de la conducta participativa para satisfacer ne-
cesidades del individuo que explica su motivación para asociarse 
con otros y participar; 
el tipo de estructura que se genera en el proceso, por quién es 
determinada; si representa una entidad nueva o se limita a la 
suma de individuos; 
el grado de conciencia de los individuos del proceso de participa-
ción y de las necesidades que cubren.
a) La primera gran tradición de las ciencias sociales
Su raíz proviene del pensamiento surgido de la Revolución 
Francesa y sienta las bases económico-sociales de la sociedad oc-
cidental moderna caracterizada por el capitalismo y la democracia. 
El pensamiento liberal tiene implicaciones directas en el tema de la 
participación, ya que en la vinculación del individuo con lo colectivo 
se prioriza la responsabilidad y la libertad individual. La participa-
ción, por tanto, es la suma de intereses individuales para satisfacer 
necesidades que requieren del colectivo, que nunca será superior a 
la agregación de individuos. A la pregunta ¿qué mueve al individuo 
a participar, cómo lo hace y sobre qué bases? nuestros autores de 
referencia afirman:
“…las respuestas que la tradición liberal da a estas preguntas tie-
nen relación, por un lado, con la reafirmación de la misma indivi-
dualidad, es decir el autorreconocimiento de necesidades que no 
pueden ser satisfechas por el propio individuo.
Por otro lado la respuesta liberal a la conducta participativa inclui-
ría también una capacidad del individuo para primero reconocer 
la existencia de tales necesidades y luego establecer, mediante 
una conducta participativa o cooperativa, un camino para satisfa-
cerlas” (Corvalán y Fernández, 1998, p. 7).
»
»
»
21Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
La participación así entendida tiene un sentido funcional y con-
ciente ya que el individuo expresa y conoce sus necesidades y busca 
medios de asociación y participación para satisfacerlas. Un efecto 
positivo de la participación es que facilita el equilibrio del sistema 
social y sirve al mercado para regular la oferta y la demanda. En el 
diseño y gestión de políticas sociales la participación liberal es con-
siderada benéfica en temas como el accountability y la supervisión 
de la calidad de los servicios sociales.
b) La segunda gran tradición de las ciencias sociales
Lo específico de este enfoque radica en la conciencia y motiva-
ción del individuo a participar y la definición externa de los espacios 
y modalidades para hacerlo. Se relaciona con la perspectiva socio-
lógica de Durkheim y con la sociología de la modernización. Al igual 
que en la tradición liberal la participación es concebida como una 
conducta individual, pero difiere en que la motivación y decisión de 
asociarse está determinada desde afuera por instancias externas 
que deciden las necesidades a satisfacer y, a la vez, determinan los 
espacios y procesos para participar. La motivación no responde a 
una demanda propia y conciente de los individuos, sino se la trata de 
integrar a un proceso predefinido.
La acción integradora ha sido parte de un paradigma de política 
y acción social, que marcó a los estados benefactores del siglo xx 
de Europa y América latina, que impulsaron la universalización de 
la educación y la salud. La participación ha sido valorada por sus 
efectos positivos para el sistema porque aumenta la productividad, 
activa el mercado y produce cohesión social; de aquí la importancia 
de que los sectores más desintegrados o marginales participen en 
la vida nacional para obtener los beneficios de una sociedad organi-
zada y del Estado. Esto explica porqué las necesidades a satisfacer 
al participar y los espacios de integración no son definidos por el 
individuo sino por otros agentes, generalmente el Estado.
Nuestros autores destacan elementos comunes entre los dos pri-
meros enfoques planteados:
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano22
“…al igual que en la liberal, la participación es analizada en ins-
tancias que son reductibles a la agregación de individualidades, 
puesto que no se enfatiza la constitución de actores colectivos 
autónomos” (Corvalán y Fernández, 1998, p.10).
c) La última gran tradición de las ciencias sociales: 
la participación como movilización colectiva
La participación que se orienta fundamentalmente a crear un ac-
tor colectivo con reinvindicaciones, demandas y recursos propios es 
lo distintivo de este enfoque, que encuentra su base teórica en los 
años 1960 en la sociología de los movimientos sociales. Se destaca 
aquí el aporte de Alain Touraine, quién propone que la identidad, la 
oposición y la totalidad son los elementos que constituyen a dichos 
movimientos. Esto se traduce en la capacidad de reconocerse como 
movimiento, identificar a un adversario y visualizar el escenario glo-
bal en que tiene lugar la reivindicación.
En este enfoque el individuo se asocia con otros que comparten 
una motivación e intención y problemática en vistas a construir un 
proyecto colectivo. Los requisitos de la participación son la afirma-
ción de un proceso identitario donde se reconoce a los pares, la iden-
tificación de las fuerzas que se oponen al proyecto colectivo y una 
visión global del escenario donde tiene lugar el proceso participativo 
y movilizador. Las características distintivas de este enfoque son la 
clara conciencia y voluntad de participar del individuo para asociar-
se con otros en torno de un proyecto colectivo que es superior a la 
suma de individuos donde el espacio no está definido desde el exte-
rior sino por el colectivo.
La participación como movilización colectiva se ha manifestado 
en América latina en las ONG que comparten la línea de la educación 
popular, inspiradas por los principios axiológicos y pedagógicos del 
pensamiento de Paulo Freire.
Hasta aquí las ideas y enfoques elaborados por Corvalán y 
Fernández, que consideramos de gran valía y pertinencia para 
analizar el fenómeno de la participación en nuestro contexto 
latinoamericano.
23Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador PérezOtras aproximaciones a la participación según 
grados de poder y autonomía del actor civil
Niveles de participación ciudadana
Arnstein (1967, citado por Andrade y Martínez) describe siete ni-
veles posibles de participación ciudadana y los asocia a un deter-
minado grado de poder que permite apreciar la calidad y el impacto 
posible de dicha participación.
Esos siete niveles de participación ciudadana según Arnstein son:
manipulación. La persona es incorporada bajo el supuesto de edu-
carle, no con el objetivo de brindarle espacios para participar;
información. Se incluye a las personas para informarles, pero és-
tas no tienen poder para opinar o decidir;
consulta. La persona puede opinar pero existe el riesgo de que 
sea utilizada para legitimar decisiones previamente tomadas. Es 
una forma de seudoparticipación;
complacencia. Se influye en la toma de decisiones pero se requie-
re de respaldo de los representados y de asesoría técnica;
asociación. Existe una distribución del poder en cuanto a la toma 
de decisiones bajo mecanismos de planeación y ejecución con-
sensuados para legitimar el proceso. Requiere de motivación, 
comunidad organizada y recursos;
delegación de poder. Los representantes de la comunidad ocu-
pan cargos de autoridad y son responsables de las políticas;
control ciudadano. Las personas pueden negociar y estar a cargo 
de las políticas públicas.
Esta tipología presenta un continuo que puede relacionarse con 
el enfoque donde el sujeto colectivo ciudadano que participa, toma 
su nivel más bajo cuando es manipulado por otro y el nivel más alto 
cuando asume el control. El grado de poder que los ciudadanos ad-
quieren al participar es el criterio que está en la base.
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Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano24
Modalidades de participación local 
La participación local puede ser de varios tipos, según se respon-
da a la pregunta ¿participar para qué?, Chambers (1997) distingue 
tres modalidades:
es usado como un concepto para encubrir y legitimar algunas 
acciones ante donantes cuando en realidad este componente no 
esta teniendo lugar en las acciones locales;
la palabra participación es usada como pretexto para llevar a 
la población local al desarrollo de programas que ya han sido 
planeados y decididos sin ser consultados los involucrados. En 
realidad la organización externa decide cuándo, cómo y bajo qué 
términos la población local puede participar;
proceso en donde la población local desarrolla su capacidad y 
poder para dirigir un proceso e incrementar su confianza y tomar 
sus propias decisiones. Éste es el proceso que apunta hacia el 
empoderamiento.
En este planteamiento el criterio ordenador es la intencionali-
dad de quién solicita o promueve la participación de la población 
local. Los dos primeros tipos podrían corresponder a variantes de la 
acción integradora, mientras el tercero se acerca a la movilización 
colectiva.
Participación auténtica vs. no auténtica o burocratizada
Podríamos decir que existen dos diferentes visiones sobre la na-
turaleza e intención de la participación:
no auténtica, burocratizada o utilitaria. Es convocada desde fue-
ra (gobierno u organismos internacionales) para validar o legiti-
mar fines y acciones previamente establecidas, o responsabilizar 
a los actores sociales de posibles obstáculos o resultados nega-
tivos (Corvalán, 2000 y Anderson, 2001, citados por Andrade y 
Martínez).
auténtica o legítima. Es primordialmente colectiva y tiene las 
siguientes características: apropiación del proceso por parte de 
los sujetos, movilización sostenida, proyecto político conciente y 
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25Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
asociación con voluntad intrínseca. (Corvalán, 2000, 2001, citada 
por Andrade y Martínez).
Niveles de participación en la investigación participativa
Al analizar la participación en procesos de investigación partici-
pativa Pretty (1996) identifica siete niveles que destacan qué acción 
o aporte se solicita a la gente y el margen de decisión que el agente 
externo permite. Por tanto, nos parece que se trata de un continuum 
que enfatiza el grado y calidad de la participación de los sujetos.
a) Pasiva: se le informa a la gente lo que va a suceder o sucedió. 
La información es compartida solo entre profesionales externos.
b) Para dar información: la población da respuesta a cues-
tionamientos de personas externas. La gente no influye en los 
procedimientos.
c) Para consulta: la gente es consultada, los agentes externos 
escuchan y definen los problemas y soluciones de acuerdo a las res-
puestas de la consulta.
d) En beneficios materiales: la gente participa al proporcionar tra-
bajo o recursos. Por ejemplo, mano de obra por dinero o despensas, 
préstamo de terrenos para la experimentación. Concluye cuando los 
incentivos terminan.
e) Funcional: la gente forma grupos para lograr objetivos predefi-
nidos en un proyecto que pueden ser producto de iniciativas externas 
de organización social. La gente es dependiente de los iniciadores 
externos y facilitadores pero podrían desarrollar la autogestión.
f) Interactiva: la gente participa en la definición de acciones, en la 
formación de organizaciones y/o fortalecimiento de las existentes. 
Los grupos controlan las decisiones locales.
g) Movilización autónoma: la gente define iniciativas de forma in-
dependiente de instituciones externas. Desarrollan redes de apoyo 
y contactos con instituciones externas. Mantienen el control sobre 
los recursos. 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano2�
Integración de las corrientes 
y tipologías de participación
Todas las corrientes antes expuestas centran su interés en el gra-
do de autonomía, poder o decisión del actor social que ejerce la ac-
ción de participar, en contraposición a la intención de manipulación 
o simulación de una entidad externa, que da a la participación un 
valor instrumental para lograr sus propios fines. Al relacionar estas 
tipologías con los tres enfoques de Corvalán y Fernández (1998) de-
rivados de las ciencias sociales, encontramos que pueden asociarse 
a dos de dichos enfoques, la acción integradora y la movilización 
colectiva. Ambos están implícitos en forma dicotómica y valorativa. 
Por ejemplo, la acción integradora corresponde a los niveles más ba-
jos de manipulación, encubrimiento legitimador o pasividad, donde 
el participante no decide y es utilizado por el agente externo. Por 
otro lado, la movilización colectiva se asociaría a los niveles más 
altos de las diversas tipologías, donde figura el poder ciudadano, 
el empoderamiento, la autonomía, la legitimidad y, por supuesto, la 
voluntad conciente de los participantes para asociarse, consolidar 
redes y movilizaciones sostenidas para impulsar un proyecto propio. 
El enfoque de la participación liberal no aparece claramente en los 
criterios valorativos de los autores revisados. El único caso que po-
dría corresponder al enfoque liberal sería uno de los niveles de la ti-
pología de Pretty (1996), la participación en “beneficios materiales”, 
aunque dentro de una intención integradora porque quien ofrece un 
beneficio es la entidad externa.
2�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Matriz integradora de autores y enfoques sobre participación 
centrada en el actor social
Criterio y autor Enfoques de las ciencias sociales (Corvalán y Fernández, 1998)
 
Liberal
Acción 
integradora
(fase 
intermedia)
Movilización 
colectiva
Grados de poder
(Arnstein, 1967)
Manipulación
Información
Consulta
Complacencia
Asociación
Delegación de poder
Control ciudadano
Participación local
(Chambers, 1997)
Encubrir y legitimar 
acciones ya 
planeadas
Desarrollar o ejecutar 
programas
Empoderamiento
(población desarrolla 
capacidades, 
confianza, decisión y 
poder)
Naturaleza e 
intención
Corvalán (2000) 
Anderson (2001)
No auténtica, 
burocratizada o 
utilitaria
Auténtica y legítima
Investigación 
participativa(Pretty,1996)
Beneficios 
materiales
Pasiva
Da información
Funcional 
(logran objetivos 
pero dependen)
Interactiva (control 
sobre decisiones 
locales)
Movilización 
autónoma (iniciativas 
independientes, redes 
y control recursos)
pArticipAción en lAs políticAs: diversAs perspectivAs
La política pública
Se considera a la política pública como la acción para respon-
der a un problema social de carácter público con recursos públicos 
(Landau, citado por Andrade y Martínez, 2006).
Una visión dinámica de la política se enfoca hacia el proceso y a 
la manera en que se conceptualizan los problemas, las alternativas 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano2�
y cómo se ejecutan y evalúan las soluciones. Se considera que es un 
proceso en el que intervienen o que es determinado por actores so-
ciales. Algunas de las aproximaciones que incluimos dentro de esta 
visión son las siguientes:
a) La perspectiva de la deliberación
Las deliberaciones, transacciones y mutuas influencias entre los 
actores involucrados en la definición de agendas y políticas públicas 
en sus diversas etapas, es una condición indispensable de la verda-
dera política pública (Majone, 1978).
b) La perspectiva histórico-dialéctica
Advierte que las políticas públicas carecen de neutralidad ideoló-
gica y política, son dialécticas e históricas; representan y, a su vez, 
marcan los momentos históricos de un país, ya que simbolizan los 
vínculos de control y orden público legitimados debido a que los te-
mas de la política pública expresan aspiraciones de equidad y res-
ponden a problemas o necesidades sociales en un momento, tiempo 
y espacio determinados. Las políticas constituyen la articulación e 
interrelación entre planteamientos proyectivos del Estado y de otros 
actores sociales y políticos. Sin embargo, las políticas públicas re-
flejan también acciones de la sociedad civil: “son también expresión 
de los niveles de participación, movilización y lucha social de la so-
ciedad civil dentro de los mismos marcos sociales” (Evangelista, s/f, 
párrafo 7).
c) Las políticas públicas como un proceso
 Las políticas pueden considerarse como una serie de etapas ar-
ticuladas (Moreno, 2000).
Fijación de una agenda y la adopción de criterios de actuación. 
Parten de demandas ciudadanas y de la agenda de gobierno. Los 
ciudadanos legitiman o desaprueban la intervención estatal.
Identificación del problema. Los diseñadores de las políticas pul-
san la opinión y capacidad de presión de los actores sociales y 
eligen las de bienestar general.
Toma de decisiones para la intervención. Intervienen tanto prefe-
rencias subjetivas de los decidores públicos como las producidas 
por presiones de los actores involucrados.
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2�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Implantación de las decisiones adoptadas. En los Estados cen-
tralizados, la ejecución de políticas apunta al cumplimiento de 
objetivos determinados por los decidores públicos, es de “arriba 
hacia abajo”. En los Estados descentralizados es de “abajo hacia 
arriba”.
Evaluación. Sirve para proveer información a quienes toman las 
decisiones y pueden intervenir las redes programáticas que son 
entretejidos de actores públicos y privados.
Estas fases corresponden al modelo europeo (inglés) ideal.
Latapí (2004) señala, de forma similar, que existen las siguientes 
fases que siguen los decisores al diseñar las políticas:
Articulación. Conversión de demandas en propuestas 
legislativas.
Agregación. Búsqueda de consensos sobre las políticas.
Alocación. Adopción de las formas de expresar las políticas.
Revisión. Evaluación posterior del impacto de la política.
La visión gubernamental e internacional 
sobre la participación
Debido a que son los organismos internacionales quienes han 
tenido la mayor influencia en el diseño de las políticas sociales en 
América latina en los últimos 20 años, es importante revisarlos bre-
vemente. Para esto, retomamos al texto de Rosenfeld (2005) sobre 
los diferentes enfoques de la participación en las políticas públicas, 
de los cuales para este apartado; abordaremos dos de ellos:
a) La participación social de tipo procedimental-instrumental
Este tipo de participación es el que promueven algunos organis-
mos internacionales con la finalidad de que los ciudadanos tengan la 
posibilidad de influir en la toma de decisiones o ampliar los métodos 
y posibilidades de cooperación, coordinación y confianza entre go-
bierno y sociedad civil. Bajo este enfoque, “la participación ciuda-
dana no significa decidir sino tener la posibilidad de influenciar las 
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Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano30
decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad 
establecidas en cada caso” (Rosenfeld, 2005).
Asimismo, la participación juega un papel importante para formar 
sujetos activos protagonistas de su propio desarrollo. Esta visión 
se basa en la política del “New Rigth” que comienza en Inglaterra y 
Estados Unidos, que considera a los ciudadanos como los responsa-
bles de “pagar” y proveerse sus propios servicios convirtiendo a los 
derechos en mercancías (Salgado, 2000).
Otro argumento para incluir la participación de los sujetos es en-
tender la experiencia y saberes locales, como sustento de la viabili-
dad y la mejora de proyectos.
b) La participación social como eficiencia-eficacia 
para la gobernabilidad
Para la OCDE la participación es vista como una inversión para la 
mejor formulación de políticas y elemento clave de buen gobierno:
“Permite a los gobiernos utilizar nuevas fuentes de ideas rele-
vantes, de información y de recursos cuando toma decisiones. 
Igualmente importante, la participación contribuye a construir 
confianza en el gobierno, eleva la calidad de la democracia y for-
talece la capacidad cívica” (OCDE citado por Rosenfeld, 2005).
La participación es también entendida como sustento de la demo-
cracia representativa (Cumbre de las Américas de Santiago de Chile), 
mediante la optimización de las instituciones gubernamentales con 
estructuras más participativas, y con el financiamiento de progra-
mas de fortalecimiento de la sociedad civil y de los mecanismos de 
participación (Banco Interamericano de Desarrollo).
Una de las principales finalidades que se busca al promover la 
participación, es la legitimación de las instituciones y autoridades 
democráticas al menor costo de tiempo y recursos (Banco Mundial).
Ambos enfoques de la participación social, el procedimental-ins-
trumental y el de la eficiencia-eficacia, corresponden a la visión di-
námica y hasta cierto punto deliberativa. Sin embargo, no parecen 
31Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
reconocer el carácter ideológico y político (no neutral) dentro de un 
determinado sistema social y momento histórico. También pueden 
explicarse bajo el enfoque de acción integradora, ya que se convoca 
a la participación de los ciudadanos, desde instancias externas y en 
la mayoría de las ocasiones con la finalidad de legitimar propuestas 
o políticas ya elaboradas.
La visión desde la sociedad civil y la incidencia
La sociedad civil se involucra en las políticas sociales de formas 
muy diversas que dependen de:
El tipo de agrupación, pudiendo ser institucionalizada o informal; 
profesional o popular; local, regional, nacional, etcétera.
El objetivo de su acción al involucrarse en políticas, es decir, para 
innovar, cuestionar, proponer, instituir nuevas prácticas, denun-
ciar, influir y dialogar, etcétera. 
La relación Estado-sociedad civil en un momento histórico, en 
distintas posturas, desde colaborar dentro de los márgenes es-
tablecidos; mejorar las políticas públicas; ampliar los límites de 
la democracia formal, hasta radicalizar la democracia ampliando 
la presencia civil en la esfera pública.
De acuerdo con el significado que damos al término incidencia, se-
gún se estableció al inicio de este texto, toda participación de lasOC 
sobre una política pública ejerce una incidencia pública. Rosenfeld 
(2005) plantea claramente esta misma idea: “La participación social 
(…) se ‘produce’ en un espacio de encuentro e intercambio entre ac-
tores en la esfera pública y ejerce algún tipo de incidencia en el con-
texto y en los sujetos” (p. 11). 
En consecuencia intentaremos perfilar distintas concepciones y 
tipos de incidencia3 de la sociedad civil en política pública. La na-
3 Incidencia. El atributo con el que el término incidencia “reaparece” en la 
agenda pública de la mano de OSC.s y de los organismos internacionales, deviene 
de una mala traducción de la palabra inglesa Advocay, que en un sentido amplio se 
refiere a abogar en defensa de derechos colectivos. Con ello como trasfondo, algu-
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Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano32
turaleza de la relación entre sociedad civil y Estado subyace a las 
diferentes concepciones.
Construcción de identidades colectivas y nueva cultura
En el proceso mismo de actuar y participar, los sujetos pueden 
transformarse profundamente y construir nuevas identidades colec-
tivas. Las formas de producción de lo social adquieren más autono-
mía rebasando los límites estatuidos de las instituciones ampliando 
la posibilidad auténtica de construcción de ciudadanía (Rosenfeld, 
2005). El acto de participar es un proceso de construcción de la reali-
dad que se traduce en acción colectiva. Este enfoque proviene de las 
teorías de la acción colectiva de Touraine, donde es central el trán-
sito del actuar individual a la constitución de un “nosotros” que pro-
duce sentido social. La acción colectiva misma va generando nuevas 
identidades colectivas que se construyen frecuentemente fuera de 
los espacios y normas institucionales (Melucci, 1989).
Ante el agotamiento de la institucionalidad vigente y la pérdida 
de legitimidad de la democracia representativa, una parte de la so-
ciedad intenta experimentar nuevas formas “en estos espacios de 
participación ampliada se produce la integración simbólica de los 
individuos cuya voz no se recoge en los proyectos existentes en la 
sociedad” (Rosenfeld, 2005, p. 12). Esto da lugar a una incidencia 
cultural-simbólica, ya que en el proceso mismo se van construyendo 
nuevos valores, formas de relación, habilidades para el consenso y 
manejo de conflictos. Se reconoce también como “un espacio cultu-
ral de construcción de significados comunes para la asociatividad y 
cohesión social” (Zarco y Reygadas, 2002, p. 20).
nos glosarios definen que “…La incidencia supone el uso de una gama de acciones 
destinadas a lograr cambios en la esfera pública, orientadas principalmente a acti-
var el derecho de las personas, a reequilibrar la distribución del poder y a construir 
comunidades más equitativas e inclusivas” (Manual de participación e incidencia 
para organizaciones de la sociedad civil, Foro del Sector Social, noviembre 2004, 
citado por Rosenfeld, 2005, p. 3).
33Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Lo específico de esta dimensión de la incidencia está en que tie-
ne lugar en lo cotidiano y va instituyendo nuevas prácticas y valo-
res con un impacto formativo en la sociedad. La intención de las OC 
puede ser el perfeccionamiento de la democracia representativa o 
su transformación profunda hacia nuevos paradigmas del ejercicio 
del poder.
Ampliación de los límites de la democracia, 
construcción del espacio público 
La participación en la educación puede ligarse con posibilidades 
de ampliación de la ciudadanía, mediante la construcción de espacios 
públicos que permitan un encuentro entre lo público y lo privado. Se 
trata de una participación ciudadana diferenciada de la democracia 
representativa que pasa por las elecciones y los partidos políticos. 
Tiene una dimensión cotidiana de espacio social, ya que al poner a la 
sociedad en contacto con el Estado reconcentra la participación en sí 
misma y fortalece su desarrollo autónomo (Jacobi, 2000).
La construcción de la institucionalidad (normas y estructuras) es 
otro eje de incidencia de la sociedad civil en la democratización de lo 
público. Ésta se relaciona con una dimensión institucional y política, 
que apunta a la preservación de derechos sociales, la construcción 
de acuerdos, la transparencia del gobierno, y una verdadera parti-
cipación ciudadana (Zarco y Reygadas, 2002). Este aporte pretende 
ampliar los márgenes de la democracia formal más allá del ejercicio 
de la ciudadanía, mediante el sufragio o la supervisión de los servi-
cios públicos por parte de los usuarios. 
“Dito em outros termos, trata-se de pensar sobre a participação 
da população e a sua relação com o fortalecimento de práticas 
políticas e de constituição de direitos que transcendem os pro-
cessos eleitorais e seus freqüentemente ambíguos e/ou contradi-
tórios reflexos sobre a cidadania” (Jacobi, 2000, p. 5).
Desde el campo educativo esta postura se distancia de las ten-
dencias que ven a la educación como una mercancía dentro de la 
dinámica del mercado, y considera que la participación debe contri-
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano34
buir, desde la escuela y en todo el sistema educativo a radicalizar la 
democracia participativa (González y otros, s/d). 
Contribución profesional e innovadora 
La dimensión de incidencia pública más visiblemente relacionada 
con las políticas sociales, es justamente la que se relaciona con el 
debate, formulación, diseño, desarrollo, gestión, seguimiento, con-
trol y evaluación de dichas políticas (FLAPE, 2006). En todas estas 
fases la sociedad civil, puede contribuir con su calidad profesional y 
capacidad de innovación (Zarco y Reygadas, 2002).
En la fase de implementación de las políticas sociales se ha in-
sistido en las grandes limitaciones de los gobiernos y la necesidad 
de incorporar el aporte de nuevos actores sociales (Moreno, 2001). 
Entre los aportes de las OSC destacan: su cercanía con las necesida-
des de la población, superación de la desvinculación entre gobiernos 
y demandas sociales, búsqueda de la eficiencia social, antes que la 
calculabilidad económica; adecuación de sus programas a los con-
textos culturales, la participación de las comunidades en las decisio-
nes y el desarrollo de capacidades en lugar de generar dependencias 
(Penso, 2001).
Los cuerpos académicos e investigadores son un actor clave para 
contribuir a la formulación y diseño de políticas de nivel macro, así 
como al análisis crítico y la evaluación de impacto. En el terreno de la 
innovación y la capacidad de crear y ejecutar nuevas prácticas, desta-
ca el aporte de las ONG que trabajan a nivel micro. Se distinguen por 
tener como referente a los excluidos, enfrentar los conflictos pacífi-
camente y desarrollar proyectos “[…] de carácter ‘anticipatorio’ con 
el propósito de demostrar que hay soluciones viables” (Schmelkes, 
1997, citada por Latapí, 2004, p. 10).
Esta forma de incidencia derivada del conocimiento y experiencia 
de las OSC, es la que comúnmente se analiza para evaluar o medir el 
impacto civil en políticas públicas. Es decir, la incidencia suele limi-
tarse a logros tangibles como prioridades, leyes, programas, presu-
puesto, etcétera.
35Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Demanda por la eficiencia de los servicios
Diversas agrupaciones civiles han incidido en la mejora de la ca-
lidad del servicio que corresponde ofrecer a los gobiernos, una vez 
que las políticas ya están en ejecución. Por variados mecanismos y 
estrategias de supervisión o de presión la gente se ha organizado 
para resolver necesidades que les afectan exigiendo acceso, eficien-
cia y calidad en los servicios, por ejemplo, de transporte, de vivien-
da, de agua, de caminos e infraestructura. 
En el caso de la educación una vía que cobra fuerza en América 
latina es la “participación escolar” de los padres de familia y de la 
comunidad. Esta suerte de moda, ha recibido fuerte impulso de las 
políticasde descentralización y de los organismos multilaterales, 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), por considerar que si los ciudadanos se involucran, se forta-
lece la democracia y la confianza del público en la administración. La 
participación así entendida es la “de los clientes del servicio educati-
vo” que ha contribuido a disminuir o eliminar las fallas en el servicio 
debido a que los participantes aportan información para identificar 
los problemas y sus soluciones (López, 2006). Este tipo de participa-
ción que ocurre en el nivel local, donde se ubican los centros esco-
lares, tiene una incidencia directa en la funcionalidad y eficiencia de 
las políticas sociales.
La perspectiva de la deliberación de la política pública se puede 
relacionar con la incidencia orientada a la ampliación de la democra-
cia y a la construcción de identidades colectivas. La visión guberna-
mental de la participación se correlaciona más directamente con la 
contribución profesional e innovadora y la demanda por la eficiencia 
de los servicios. 
mAtriz de Análisis de los ejes de pArticipAción 
e incidenciA en políticA 
Con el fin de integrar conceptualmente los enfoques de partici-
pación con las dimensiones de la incidencia pública de la sociedad 
civil, se presenta a continuación una matriz. 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano3�
En el eje horizontal, se ubican los enfoques de participación ya 
descritos:
Liberal 
Acción integradora
Fase intermedia
Movilización colectiva
Con el fin de analizar los casos que se presentan en la realidad 
mexicana, consideramos necesario añadir una fase intermedia, por 
considerar que en muchas ocasiones las OC participan por iniciativa 
propia y no dentro de los marcos establecidos por el gobierno; pero 
no reúnen las características de la movilización colectiva. En parti-
cular, la definición de un proyecto político propio y la constitución de 
un sujeto social con identidad propia, que identifica un adversario 
común. 
En el eje vertical se coloca a la incidencia pública donde propo-
nemos distintas dimensiones, en base a la literatura y entrevistas 
realizadas. Incluimos una dimensión que no surge de la literatura 
revisada, sino de la observación de nuestra realidad que denomina-
mos movilización, denuncia y reivindicación. Cabe aclarar que estas 
formas de incidencia pública no son necesariamente excluyentes, 
se definen atendiendo a la intencionalidad última de los actores y 
especialmente al impacto que se tiene en la esfera de lo público, no 
únicamente en las políticas en sí mismas. 
Ampliación de la democracia formal
La participación en determinada política (agraria, ambiental, edu-
cativa, etc.) es un medio para la construcción de una nueva institu-
cionalidad, donde una amplia concertación de la sociedad civil, tiene 
un peso decisivo en la política pública. El gobierno no es el único 
responsable, se crean mecanismos institucionales para que la socie-
dad civil, asesore, proponga, apruebe, vigile, audite e incluso imple-
mente políticas de interés social. La esfera pública se ha ampliado y 
se trasciende el marco de la democracia representativa. 
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3�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Movilización, denuncia y reivindicación
Se trata de una estrategia de acción y, al mismo tiempo, de un 
fin. Al denunciar se incide públicamente mostrando los efectos ne-
gativos de ciertas políticas de gobierno, o se defienden derechos 
vigentes ante la supresión de algún programa. La movilización rei-
vindica derechos por vías propias ante la ausencia de vías formales 
de expresión y diálogo.
Construcción de identidades colectivas y nueva cultura
Son iniciativas propias de crítica o propuesta, que pretenden 
mostrar otros caminos para definir e implementar políticas y progra-
mas. Busca abrir espacios inexistentes en la institucionalidad vigen-
te o incluso los ocupa fuera de los marcos considerados legales. Su 
incidencia pública radica en que durante el proceso, la sociedad civil 
demuestra y se demuestra a sí misma, su capacidad constructiva 
y su autoridad moral. La identidad colectiva se fortalece y se van 
instituyendo nuevas formas de ciudadanía y distribución del poder, 
basadas en el diálogo, el consenso y la tolerancia.
Contribución profesional para mejorar políticas
Dentro de los límites de la democracia formal y los canales esta-
blecidos por el gobierno, se participa para mejorar el diseño o eje-
cución de programas. La fuerza de la razón, de la experiencia y del 
conocimiento, es la fortaleza que las OSC hacen valer ante el Estado. 
Independientemente del éxito que se alcance en determinada política, 
la incidencia consiste en la demostración de la capacidad y autoridad 
moral de la sociedad civil para colaborar con fundamento en mejorar 
políticas. Entre los principios que se defienden está la promoción de 
la equidad, la eficacia, la sustentabilidad y la pertinencia. 
Eficiencia funcional
Con el fin de satisfacer necesidades individuales, la gente o las 
agrupaciones actúan para demandar que los servicios públicos funcio-
nen correctamente. En este caso la incidencia pública se traduce en re-
sultados tangibles que responden a la demanda o exigencia concreta.
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano3�
Finalmente, cabe aclarar que las celdas de la matriz que resultan 
de la intersección de los dos ejes –participación e incidencia– descri-
ben ejemplos de estrategias de acción en política pública.
Matriz de análisis de los ejes de participación e incidencia pública 
Incidencia
pública de
las OSC
Participación por enfoques de las ciencias sociales 
Liberal Acción 
integradora
(fase intermedia) Movilización 
colectiva
Ampliación 
democracia 
formal
12. Mesas o foros 
permanentes de 
concertación amplia 
de actores sociales 
Movilización 
denuncia y 
revindicación
11. Movilizaciones y 
campañas ciudadanas 
.
10.Manifestaciones 
y movilizaciones de 
masas y presión 
Construcción 
de identidades 
colectivas y 
nueva cultura
8. Interlocución y 
negociación con 
gobierno para abrir 
el diálogo
7. Crítica y propuesta 
fundamentada a 
políticas
6. Prácticas 
alternativas e 
innovadoras 
9. Proyectos 
alternativos en zonas 
autónomas, en 
oposición al gobierno 
Colaboración 
técnica para 
mejorar 
políticas
4. Aporte de 
especialistas a 
gobiernos
3. Ejecución 
de programas 
innovadores 
2. Colaboración 
en consultas 
5. Vigilancia de 
cumplimiento de 
compromisos oficiales 
o
 Iniciativas de ley 
Eficiencia 
funcional 
1.Exigencia 
o vigilancia 
de eficiencia 
servicios a nivel 
local
1A - Ciudadanos 
colaboran a 
petición de 
autoridades para 
asegurar eficiencia 
y metas
 
3�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
capÍtulo 3. análisis de la participación 
e incidencia en polÍtica educativa en México
lA pArticipAción en políticA educAtivA: 
lA simulAción del estAdo y lAs iniciAtivAs 
de lA sociedAd civil
La simulación del Estado 
El análisis y evolución de las iniciativas del Estado mexicano para 
fomentar la participación no constituye el objeto de interés de este 
trabajo. Además, ha sido realizado rigurosamente por académicos 
de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) y otros estudios 
especializados.4 En consecuencia, nos limitaremos a mostrar que el 
proceder del Estado ha sido una fuerte limitación para la participa-
ción de la sociedad civil y que las iniciativas han sido insuficientes, 
inoperantes y en ocasiones incumplidas, particularmente en el perío-
do 2000-2006. Sobre la base de estos dos argumentos pretendemos 
sostener que la participación social en educación desde el Estado se 
4 A manera de ejemplo, entre muchos otros trabajos, véanse OCE (2004), Comunicado 
117: Dilemas de la participación social, México; Latapí, P. (2004), La SEP por dentro. Las polí-
ticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus Secretarios (1992-
2004), México,Fondo de Cultura Económica y Veloz, N. (2003), Poder sindical y participación 
social en la educación básica: la disputa por la gestión educativa, tesis doctoral, FLACSO, 
México.
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano40
acerca más a una práctica de simulación que a un proceso de partici-
pación auténtica (Anderson, 2001, citado por Andrade y Martínez).
El Estado mexicano no ha tenido una práctica de rendición de 
cuentas, de debate abierto de las políticas públicas ni tampoco de 
difusión transparente de reportes críticos independientes de sus ac-
ciones. Como afirma Flores Crespo (2005, citando a Paz) el Estado 
no tuvo la capacidad de modernizarse a sí mismo, provocando vicios 
en la vida pública mexicana, cerrándose a la discusión abierta y con 
múltiples prácticas de ocultamiento. Este proceder de los gobernan-
tes ha provocado en los ciudadanos apatía y desconfianza para par-
ticipar o intentar un diálogo franco. Esta lección lamentable ha sido 
históricamente acumulativa a través de las generaciones.
Los mecanismos de participación del gobierno de Vicente Fox y 
sus limitaciones fueron abordadas por OCE en su Plataforma 2006, 
de la cual retomamos brevemente algunos puntos:
Dichos mecanismos son el Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación (CONAPASE), el Compromiso Social por 
la Calidad de la Educación (CSCE) y la Creación del Consejo de 
Especialistas.
El CONAPASE fue creado en 1999, seis años más tarde de lo pre-
visto, y retomado en el último gobierno. Si bien tiene un marco legal 
(Ley Federal de Educación, 1993), los derechos que se otorgan a los 
padres son individuales, no colectivos y carecen de recursos legales 
para exigirlos. La rendición de cuentas por parte de las escuelas so-
bre los recursos aportados por los padres no está contemplada en la 
ley. Una crítica fundamental de OCE es la estructura pesada, vertical 
y oficialista de los consejos, donde sus miembros son elegidos por 
la autoridad educativa. No se cumplieron las metas cuantitativas de 
instalación de consejos en municipios y estados, y los objetivos de 
renovación del CONAPASE no parecen haberse cumplido, a juzgar 
por la inexistencia de información disponible (Flores Crespo, 2005). 
En relación a uno de sus objetivos claves: “Involucrar a la iniciativa 
privada y a la sociedad civil organizada en la solución de problemáti-
cas vinculadas al desarrollo educativo”, no hay evidencias de accio-
nes y espacios abiertos a la sociedad civil. En contraste sí hay casos 
41Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
claros donde el sector empresarial ha tenido ingerencia en temas 
tan fundamentales como el currículo de la educación media superior 
(véase al respecto el estudio de De Ibarrola, 2003).
El Compromiso Social por la Calidad de la Educación se conci-
bió como un acuerdo nacional para mejorar la educación, esta vez 
incluyendo todos los niveles educativos y no solamente el básico, 
como el caso de CONAPASE. Fue firmado en 2002 por la SEP, el sin-
dicato nacional de maestros, los gobiernos estatales, universidades 
y diversas organizaciones sociales. Las críticas de OCE valoraron 
positivamente los propósitos orientados a buscar un acuerdo social 
incluyente pero, su balance crítico, señala la generalidad de su con-
tenido, la falta de precisión sobre las acciones para dar cabida a la 
participación de la sociedad, la falta de seguimiento a los compromi-
sos y de información pública para verificarlos.
A un año de haber firmado tal compromiso, OCE opinó sobre las 
acciones realizadas al amparo del acuerdo; al respecto Latapí dice:
 “Ahí se destacaba el controvertido papel de los líderes sindica-
les en el desarrollo educativo del país, los magros cambios en la 
asignación de recursos públicos a la educación del país por parte 
del gobierno, la obtusa y partidista actuación de los legisladores 
al aprobar vitales reformas académicas apresuradamente y sin 
fundamento y, además, el papel de los medios de comunicación 
masiva, en específico, la televisión que no tiene contrapeso algu-
no que cuestione su persistente labor deseducadora. En 2004, 
el doctor Reyes Tamez señaló que, ‘en lo único en que hemos 
avanzado es en la televisión por cable; hemos ganado espacios 
para la educación y firmado convenios con canales como National 
Geographic, Discovery, History, Chanel Arts and Entertainment, 
etc., para que nos cedan los derechos y podamos utilizar sus 
materiales sin costo en las escuelas” (Latapí, citado por Flores 
Crespo, 2005, p. 15)
El Consejo de Especialistas fue propuesto por el gobierno dentro 
de un discurso innovador que valoraba el aporte de la investigación 
para informar las políticas educativas. Se propuso crear para 2002 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano42
un consejo consultivo de investigadores destacados para aportar 
fundamentos a la toma de decisiones. Sin embargo fue creado has-
ta el 22 de noviembre de 2005, según el Acuerdo número 371 de la 
Secretaría de Educación Pública, por el que se establece el Consejo 
de Especialistas para la educación como una instancia de asesoría 
en materia de planeación y política educativa de la Secretaria de 
Educación Pública.
Podemos decir de forma general que los intentos de apertura de 
espacios estatales para la participación se diluyen, y que una limita-
ción fundamental para la participación civil es sin duda, la precaria 
legislación y la falta de reglas que normen el vínculo con organismos 
estatales y mecanismos para la rendición de cuentas (Latapí, 2004).
Iniciativas de la sociedad civil
Ante la ausencia de cauces formales de participación y la impe-
netrabilidad institucional del sistema educativo, la sociedad civil 
mexicana ha venido actuando en múltiples frentes en paralelo o al 
margen del gobierno. Asimismo, todo indica que son recientes los 
esfuerzos por participar e incidir de forma explícita en temas de po-
lítica educativa nacional. Estos esfuerzos que buscan articularse no 
datan de más de cuatro años. 
No puede ignorarse que la participación civil en política educa-
tiva presenta un alto grado de dificultad si se contrasta con la inci-
dencia que ha logrado en otros campos desde hace ya más de tres 
décadas. Como ya se mencionó, tras largos procesos de presión, lu-
cha y propuesta, la sociedad civil ha sido decisiva en la reforma del 
sistema electoral, la vigencia de los derechos humanos, la protec-
ción del medio ambiente, los derechos reproductivos de las mujeres, 
la equidad de género, la legislación sobre transparencia del Estado, 
entre otros.
La amplitud de acciones de las OSC en el campo educativo, en 
los niveles locales regionales y nacionales, así como su invisibilidad 
pública, dificultan dar cuenta amplia de su riqueza y diversidad. Sin 
43Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
la pretensión de presentar un mapeo completo y exhaustivo, agrupa-
mos las iniciativas en tres rubros:
acción directa en procesos educativos;
investigación educativa y análisis de políticas y
redes e instituciones orientados explícitamente a la incidencia en 
política educativa.
a) La acción directa en procesos educativos
Es éste quizás el campo más vasto y diverso de iniciativas de lar-
go aliento. Múltiples programas y proyectos se desarrollan mediante 
ONG, de iniciativas individuales, de fundaciones o de colectivos de 
maestros independientes del sindicato oficial. Las áreas de trabajo 
son igualmente amplias y diversas, a título de ejemplo menciona-
mos: la gestión escolar, nuevas metodologías de aprendizaje, capa-
citación de maestros o promotores, producción de material didáctico, 
nuevas propuestas curriculares, educación a madres y padres de fa-
milia, etc. En muchos casos estas acciones provienen de ONG cuyo 
origen es el desarrollo comunitario y la corriente latinoamericana de 
la educación popular, que se vinculan con las escuelas locales. En 
otros casos, son maestros del sistema que desarrollan sus propiasinnovaciones en sus zonas escolares.
De acuerdo con un estado de la cuestión sobre la participación 
educativa de las ONG en México, realizado por Medina (2003), el 
ámbito de acción en las dos últimas décadas ha sido en tres rubros: 
desarrollo, promoción y participación social. El término educación 
resulta ambiguo ante la diversidad de acciones, como lo ilustra la 
cantidad de organizaciones registradas en el ramo educación del 
Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil 
(SIOS). Un total de 1.321 para el año 2002. De acuerdo con Medina, 
“la acción educativa de las ONG se establece a partir de dos refe-
rentes: participación ciudadana y sujetos de intervención” (Medina, 
2003, p. 149). En este contexto los procesos educativos se convier-
ten en medios (y no fin) para la participación social.
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Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano44
Las experiencias educativas que se traducen en diferentes formas 
de participación social son procesos alternativos frente a prácticas 
gubernamentales que buscan contrarrestar la desigualdad política, 
económica o social. Existe una importante incursión que apunta a 
construir una educación desde abajo. Dentro de esta diversidad, los 
elementos comunes son que la acción se da en el nivel local o regio-
nal, que instituyen cambios desde la práctica cotidiana y que hay 
una débil coordinación entre todas las iniciativas del país.
b) Investigación educativa y análisis de políticas
El cuerpo de investigadores dedicados a temas educativos ha cre-
cido considerablemente en las últimas tres décadas. Un importante 
número de académicos se integró como asociación profesional en el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) desde 1995. 
Una de sus actividades centrales, que constituye un insumo para in-
formar la política educativa, ha sido la elaboración de estados del 
conocimiento en 32 campos temáticos. Por otro lado, un reducido 
pero renombrado grupo de investigadores ha realizado sistemáti-
camente ejercicios de crítica y propuesta a las políticas macro, en 
distintos períodos de gobierno. Algunos se unieron para fundar OCE 
y otros han asesorado a funcionarios de diversas administraciones 
y en casos aislados han aceptado cargos gubernamentales de alto 
nivel.
c) Redes e instituciones orientados explícitamente a la 
participación e incidencia en política educativa 
Este tipo de iniciativas es la más joven en México y la más visi-
ble, que se inicia con OCE en 1999. El Consejo Educación de Adultos 
para América Latina (CEAAL), con sede en México, hasta 2004, coor-
dinó una red de ONG, universidades y especialistas, con el respaldo 
de organismos de cooperación internacional, para dar seguimiento 
a los compromisos firmados por el gobierno mexicano en educa-
ción de adultos y básica. En particular los acuerdos de Dakar y de 
la Conferencia Internacional de Educación de Adultos de Hamburgo 
(CONFINTEA). 
45Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
De forma concurrente han surgido iniciativas regionales que bus-
can crear redes y espacios de reflexión para incidir en política edu-
cativa de forma directa, ya sea mediante la crítica fundamentada, 
el diálogo con autoridades o proponiendo iniciativas de ley. A títu-
lo de ejemplo citamos el caso de la Ronda de Reflexión, auspiciada 
por la Fundación Ford, e integrada por OSC de varios estados de la 
República y con distintos tipos de organización. Un ejemplo de esto 
es la existencia de redes regionales que participan en distintos pro-
yectos y programas apoyados por la Ford, Ayuda en Acción y FLAPE 
México, mediante Contracorriente, A.C. en Puebla. 
Con la intención de articular estas jóvenes iniciativas se crea en 
2003 Incidencia Civil en Educación (ICE). Destaca el hecho de que ICE 
está intentando incluir a las ONG que trabajan en acción directa local 
y a los investigadores educativos. Uno de los retos que ICE asume 
es pasar de la participación local a la participación en las decisiones 
públicas de nivel nacional, lo que implica encontrar mecanismos de 
representación de las OSC. Toda vez que, como afirma Canto (2001) 
el gobierno ha insistido en que existan instancias representativas 
para considerarlas interlocutoras, con un eventual reconocimiento 
jurídico. El mismo autor, sugiere que el nivel de interlocución que 
se requiere para participar en la política nacional, exige avanzar en 
los mecanismos de representación, sin afectar la autonomía de cada 
agrupación. 
Entre los retos actuales de la participación civil están: superar la 
invisibilidad, construir consensos y confianza en la posibilidad de in-
cidir en un gobierno de legitimidad cuestionada, tras las elecciones 
de 2006. 
mAtriz de Análisis de pArticipAción 
e incidenciA civil en educAción
La diversidad e invisibilidad de las estrategias de acción y las li-
mitaciones de este estudio nos impiden dar cuenta de todos los ca-
sos. La intención es aportar una propuesta conceptual que permita 
acercarnos a esta complejidad. Para ello utilizaremos como base la 
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano4�
matriz de análisis de los ejes participación e incidencia en política 
social, con el fin de caracterizar las estrategias que se utilizan espe-
cíficamente en el caso de la política educativa.
En primer lugar, se mencionan ejemplos breves de cada caso tipo 
que corresponde al número de celda de la matriz. Como se verá exis-
ten acciones representativas de casi todas las celdas, lo que sirve 
para fundamentar la diversidad y riqueza de las iniciativas. No se 
pretende cuantificarlas, por carecer de información suficiente.
En segundo lugar, se describirán con mayor detalle cuatro casos 
considerando aquellos que disponen de mayor información publica-
da en documentos o páginas de internet y que, por tanto, gozan de 
mayor visibilidad. Es también con quienes tuvimos acceso para reali-
zar entrevistas durante la realización de este trabajo.
Estrategias de acción en política educativa según tipo de incidencia 
pública y enfoque de la participación en México
Incidencia
pública
OSC
Participación por enfoques de las ciencias sociales
(Corvalán y Fernández, 1998)
Liberal Acción 
integradora
(fase intermedia) Movilización 
colectiva
Ampliación
Democracia
12.
Denuncia y 
movilización 
popular 
reivindicativa
11. Convención Nacional 
Democrática, del 
Movimiento de resistencia 
civil poselectoral, 
campaña contra la 
privatización de la 
educación y la reducción 
del gasto público.
10. Huelga y toma de 
calles de maestros 
disidentes del sindicato 
oficial. El caso de 
Oaxaca demandando 
homologación salarial 
y recursos para sus 
escuelas.
4�Bertha Salinas Amescua y Silvia Elena Amador Pérez
Incidencia
pública
OSC
Participación por enfoques de las ciencias sociales
(Corvalán y Fernández, 1998)
Liberal Acción 
integradora
(fase intermedia) Movilización 
colectiva
Construcción 
de alternativas 
e identidades 
colectivas
8. Incidencia Civil 
en Educación. 
Espacio nacional 
de articulación de 
iniciativas civiles 
e interlocución 
con autoridades 
educativas.
7. Observatorio 
Ciudadano de 
la Educación. 
Difusión de crítica 
fundamentada para 
formar opinión 
pública y orientar 
decisiones de 
gobierno.
6. En todos los 
niveles desde 
preescolar hasta 
superior se 
desarrollan modelos 
alternativos. Tienen 
registro oficial, 
aunque sus modelos 
son iniciativas 
civiles locales no 
reconocidas. El 
directorio de ICE 
incluye más de 60 
experiencias.
9. Escuelas “zapatistas” 
que funcionan en zonas 
de autogobierno, a cargo 
del movimiento zapatista 
de liberación nacional en 
Chiapas.
Participación e incidencia de la sociedad civil... el caso mexicano4�
Incidencia
pública
OSC
Participación por enfoques de las ciencias sociales
(Corvalán y Fernández, 1998)
Liberal Acción 
integradora
(fase intermedia) Movilización 
colectiva
Colaboración 
técnica para 
mejorar 
políticas
4. El “Consejo de
Especialistas”, fue