PREGUNTAS FINANZAS 3

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GASTO PÚBLICO 
 
 
1 – ¿QUÉ SOSTIENE LA LEY DE WAGNER? 
En la década de 1880, el economista Adolph Wagner presentó su Ley de crecimiento de los 
gastos públicos. Él pensaba que el desarrollo de la moderna sociedad industrial daría lugar a 
crecientes presiones políticas en pro del progreso social, que exigirían tener cada vez más en cuenta 
las consideraciones de carácter social en la dirección de la empresa. En consecuencia, era de esperar 
una continua expansión del sector público y de su participación en la economía. Una relación que 
puede explicar la variación en el gasto público por cambios en el desarrollo de la economía global, 
llamada Ley de Wagner propone la siguiente vinculación: 
i. A medida que avanza el desarrollo económico de un país y que el ingreso nacional per 
cápita aumenta, el gasto público (per cápita) tenderá a aumentar en una proporción 
mayor a la del ingreso nacional (per cápita). En términos simbólicos: 
 
∆y ∆g ∆y 
> 0 → > 
y g y 
 
Donde: 
y = Y/P = ingreso per cápita 
g = G/P = gasto público per cápita 
Y = ingreso nacional 
G = gasto nacional 
P = población 
ii. La misma relación puede expresarse en términos del tamaño del sector público: 
si y aumenta, 
g 
y = G/Y aumenta 
La relación (i) indica que el aumento absoluto de g será más que proporcional respecto 
al aumento absoluto de y; la relación (ii) indica simplemente que el tamaño del gasto 
público (G/Y) aumentara (ante un aumento del ingreso per cápita y). 
iii. Una variante de la Ley de Wagner puede definirse en términos del valor de la 
elasticidad-ingreso del gasto público: 
 
 
eg,y > 1 donde eg,y = 
∆g/g
 
= 
∆y/y
 
∆g 
/∆y 
g 
/y 
 
Si la elasticidad-ingreso del gasto público es superior a la unidad, ello implica que la 
elasticidad-ingreso del conjunto de gastos privados es inferior a la unidad; ello puede deberse a que 
ciertos componentes importantes del gasto privado (como alimentación y vivienda) tienen 
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elasticidad-ingreso relativamente bajas e inferiores a la unidad, como empíricamente lo ha 
encontrado la Ley de Engel. 
2 – ¿CÓMO SE DETERMINA EL NIVEL ÓPTIMO DEL GASTO 
PÚBLICO CONSIDERANDO LAS FUNCIONES DE COSTO 
SOCIALES Y DE BENEFICIOS SOCIALES? 
El análisis costo–beneficio es una poderosa herramienta de análisis desarrollada en el último 
par de décadas, que permite avanzar en el proceso de toma de decisiones respecto al nivel y 
composición de las erogaciones públicas. 
En sus términos más simples, podría tratarse con una analogía con el sector productivo, que 
selecciona el tipo de bien a producir y los niveles de producción de cada bien de forma de maximizar 
las ganancias percibidas por la empresa; esta ganancia surge como el excedente de los ingresos 
obtenidos por la venta del producto respecto a los costos incurridos para su producción. 
 
CT 
BT CST 
 
BST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
G G 
 
 
Aplicando la analogía se podría pensar que el Estado puede prestar servicios alternativos (o un 
mismo servicio con cantidades diferentes) y es posible valuar el beneficio social resultante de cada 
nivel de gasto público; a medida que se incorporen más gastos (por la ampliación de los niveles de 
provisión de los servicios existentes, o por inclusión de nuevos servicios anteriormente no prestados), 
el beneficio social se irá ampliando, pero en forma menos que proporcional. Esto último debido a que 
CMg 
BMg 
CSMg 
BSMg 
0 
G G 
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es lógico suponer que si el gasto público fuera reducido, se optaría por los proyectos individuales (o 
los tamaños) que fueran más rentables socialmente, para luego ir incorporando proyectos de menor 
rentabilidad social (aunque siempre positiva) si es posible tener acceso a mayores niveles de 
erogaciones públicas; la curva de BSMg (o sea del último proyecto incorporado) es descendente. 
Por otro lado, los costos sociales de proveer mayores bienes públicos están representados por 
la reducción de bienes privados operados por la tributación u otros mecanismos de financiación del 
gasto público; puede suponerse que estos costos sociales aumentan más que proporcionalmente o lo 
que es equivalente, que el CSMg es creciente para mayores tamaños del gasto público (ya que es 
lógico suponer que en caso de necesitar recaudar cantidades pequeñas se utilizarían las fuentes que 
menos daños produzcan al bienestar social, y que en cambio el daño va creciendo más que 
proporcionalmente a medida que es necesario echar mano de recursos tributarios o de otra índole de 
carácter más distorsionador). 
El tamaño óptimo del gasto público G estará dado en aquel nivel que maximice la diferencia 
entre el beneficio (bruto) social total y el costo social total, es decir que maximice el beneficio neto 
social total. Expresado en otro modo: debe alcanzarse el punto en que el BSMg se iguale con elCSMg. 
Como regla operativa: conviene incluir proyectos que tengan una relación beneficio–costo superior a 
la unidad y desechar los proyectos que tengan una relación beneficio–costo inferior a la unidad (aún 
cuando tengan algún beneficio bruto positivo). En caso de existir un monto fijo de gasto público total, 
elegir proyectos que rindan las mejores relaciones beneficio–costo. 
En los casos en que fuera posible medir el beneficio (bruto) social marginal a través del precio 
que los usuarios están dispuestos a pagar por el bien y que fuera posible medir los costos sociales 
marginales a través de los costos (de oportunidad) de los insumos requeridos para la producción del 
bien, el análisis beneficio–costo coincide con el análisis de rentabilidad privado. El problema en el 
caso de los gastos públicos radica especialmente en las limitaciones respecto a las valuaciones de los 
beneficios (brutos) sociales. 
3 – DESARROLLE LA REGLA DE DECISIÓN PARA PROYECTOS 
INDIVISIBLES CON PRESUPUESTO FIJO. 
La evaluación de proyectos, como todas las cuestiones relativas a la asignación en economía, 
implica determinar de qué manera puede conseguirse el uso más eficiente de unos recursos escasos. 
El objetivo consiste en determinar la composición del presupuesto de un tamaño dado, como asignar 
un total de fondos disponibles entre proyectos alternativos también se plantea la cuestión de 
determinar el tamaño apropiado del presupuesto. 
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BMgF 
G 
C J D 
MF 
MX 
A GX 
0 
B GF 
BMgX 
F 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
0 
 
 
Proyectos Indivisibles 
 
Los gastos pueden dividirse en forma precisa entre los proyectos X e Y, de forma que los 
beneficios pueden igualarse para cada dólar marginal gastado en cada uno de ellos. A medida que se 
considera la asignación de fondos entre amplias categorías de gasto, este enfoque marginal es más o 
menos aplicable. Cuando se trata de concentrarse en la asignación especifica dentro de los 
departamentos, es preciso realizar elecciones entre proyectos particulares que no son divisibles, 
constituidos por cantidades de suma fija, o que son difíciles de modificar. 
 Tamaño de Presupuesto Fijo 
 
Se empieza con un caso de presupuesto fijo. Se dispone de una cantidad de dinero para gastar 
en proyectos alternativos y que se puede escoger entre distintos proyectos. El coste de cado proyecto 
esta medido en términos de los dólares necesarios para su realización. La valoración del beneficio 
ofrece el beneficio total de un proyecto, incluyendo su coste 0A, corresponde el área 0ACF. 
Regla 1: requiere ordenar los proyectos de acuerdo con su relación entre beneficios y costes 
hasta el momento en que la inclusión de un proyecto adicional supere la restricción presupuestaria. 
Regla 2: exige elegir aquella combinación de proyectos que ofrezca el mayor beneficio neto. 
 
Regla 3: consistiría en minimizar la cantidad no gastada depresupuesto, sujetando únicamente 
a la restricción de aquellos que tengan una relación, entre beneficios y costes, superior a 1. 
4 – ¿QUÉ ES UN PRECIO SOMBRA? 
Los proyectos en los cuales los costes y beneficios tangibles pueden determinarse directamente 
en el mercado a través de las compras o las ventas, no se presentaran dificultades siempre que los 
mercados considerados sean competitivos. En este caso, el beneficio tangible se determinará por el 
precio que tenga establecido el sector público en el mercado, o el precio al cual un servicio similar sea 
adquirido por los consumidores de oferentes privados. De forma similar el coste podría medirse a 
través del precio que el gobierno debe pagar por el producto (si el gobierno lo compra a empresas 
privadas) o por el coste en que debe incurrir (los precios de los factores que debe pagar) si realiza la 
producción por sí mismo. El coste determinado de esta forma reflejará el coste de oportunidad de no 
utilizar los recursos para un proyecto alternativo de carácter privado. 
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Esta cuestión es más complicada en el caso de que los mercados sean imperfectos. En este caso 
los precios de mercado de factores no reflejarán el verdadero costo de los recursos y es necesario 
establecer una serie de ajustes. Dichos valores ajustados son conocidos como precios sombras. Así, los 
alquileres o los beneficios del monopolio no deben ser considerados. Se supone que el coste de 
mercado de un producto dado es de un millón de dólares, cantidad equivalente al coste marginal de su 
producción. El coste de oportunidad social en este caso será de novecientos mil dólares, y no de un 
millón, aunque el gobierno pague el precio más alto. El beneficio de cien mil dólares es una ganancia 
pecuniaria para el monopolista, pero no un coste real en términos de recursos para la sociedad. 
También puede presentarse un problema de precios sombra en mercados competitivos en los 
cuales la transferencia de un factor para su utilización pública incremente su precio para el uso 
privado, y el problema consiste en determinar a qué precio (antes o después de la reducción en la 
actividad privada) debe ser medido el coste de oportunidad. Un valor promedio ofrece una 
aproximación razonable al resultado correcto. 
Otro de los argumentos que justifican la necesidad de un ajuste está relacionado con los 
impuestos. Si la adquisición de factores de producción por parte del gobierno es necesaria para la 
realización de un proyecto, el precio de mercado puede incluir impuestos sobre las ventas o accisas. 
Este componente impositivo del precio no refleja un coste social (sino meramente una transferencia 
de los vendedores al gobierno) y por lo tanto no debería ser considerado para establecer el costo del 
proyecto. Otro problema importante relacionado con los impuestos se presenta en la determinación 
del coste de oportunidad social del capital, ya que es preciso determinar el tratamiento apropiado de 
los impuestos sobre las rentas del capital. Una vez más, es necesario establecer precios sombra para 
corregir el impacto del impuesto. 
Otro aspecto de los precio sombra está relacionado con el coste de los recursos no utilizados. El 
coste a considerar por el uso de los recursos en el sector público es el costo de oportunidad de no 
haberlos utilizado en usos alternativos, tanto para proyectos públicos (en el contexto de un 
presupuesto fijo) como para proyectos privados (en el contexto de un presupuesto abierto). Este 
razonamiento no se mantiene si los recursos no utilizados se destinan a otros fines y el coste de 
oportunidad es cero. Así, puede argumentarse que los trabajos públicos serán menos costosos en un 
período de desempleo o que incluso pueden obtener beneficios por encima de su propio valor si crean 
empleo adicional a través del efecto multiplicador. 
Este argumento es correcto en la medida que se considere de forma estricta. La utilización de 
recursos no empleados aunque sea de forma escasa puede ser mejor que no utilizarlos en absoluto. 
Sin embargo no será tan bueno como usarlos para un objetivo superior. Aunque existan restricciones 
políticas que permitan una única utilización de los recursos, el análisis coste–beneficio debería aplicar 
el concepto de coste de oportunidad incluso aunque los recursos no sean utilizados. De otra forma se 
impediría una posible utilización de los mismos para una alternativa mejor. 
El problema de los precios sombra tiene una particular importancia en las economías en vías 
de desarrollo en las cuales la inversión pública y la evolución de proyectos juegan frecuentemente 
papeles muy importante. Se considera el precio del trabajo en una economía en la cual exista exceso 
de fuerza de trabajo. Mientras el trabajo normalmente está sometido a situaciones de desempleo o 
subempleo en los sectores tradicionales de la economía, los costes de trabajo en los sectores 
desarrollados pueden estar sujetos a fuerzas institucionales que los empujen por encima de su nivel 
competitivo. En esta situación, resulta deseable en la evaluación de proyectos utilizar un precio 
sombra para el trabajo sustancialmente inferior a su precio de mercado. 
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Otro aspecto de los precios sombra que a menudo resulta importante en los países en vías de 
desarrollo está relacionado con el tipo de cambio. Si la moneda local está sobrevalorada, como suele 
suceder frecuentemente, tanto las importaciones como las exportaciones estarán subvaloradas con 
relación a los bienes interiores. Una de las implicaciones de este hecho es que la importación de 
bienes de capital será más barata con respecto a los bienes internos, especialmente si el trabajo está 
sobrevalorado. En consecuencia, se está incentivando un método de producción excesivamente 
intenso en capital. Una vez más, la adecuada evaluación de proyectos aplicará un precio corregido o 
un precio sombra para el tipo de cambio de mercado, que refleje su valor en ausencia de medidas 
específicas para apoyarlo. 
5 – ¿CÓMO SE MIDE LA PARTICIPACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
EN LA ECONOMÍA? 
El análisis del tamaño absoluto o relativo del sector público, de su composición y de la 
comparación entre países a lo largo del tiempo, exige precisar los métodos de medición de las 
magnitudes que alcanzan las operaciones financieras de los Estados. En el análisis es bastante habitual 
relacionar los montos absolutos del sector público con el tamaño de la economía global; estos 
coeficientes permitirían cuantificar el tamaño del sector público. Algunos indicadores alternativos: 
Por el lado de las Erogaciones (a): 
 
Gasto Público 
Producto Bruto Interno 
Este es el coeficiente más utilizado. Si se comprende únicamente al Gobierno Nacional, el 
numerador registra el total de erogaciones, tanto corrientes como de capital; se aconseja excluir del 
numerados los gastos de transferencia y por lo tanto trabajar únicamente con gastos exhaustivos, es 
decir, aquellos que tienen como contrapartida flujos de bienes o de factores productivos reales y que 
por lo tanto al ser utilizados por el sector público dejan de estar a disposición del sector privado. Si se 
incluyen las Empresas Publicas, en el numerador es necesario adicionar todas las erogaciones de la 
misma. 
Si bien es el coeficiente mas habitualmente utilizado, adolece de varios inconvenientes. El más 
importante consiste en la heterogeneidad conceptual entre el numerador y el denominador, que lleva 
a que el coeficiente no sea representativo de la participación del sector público en la economía global. 
Ello es debido a que la aplicación de igual definición para medir el tamaño del sector privado arrojaría 
un coeficiente cuya suma con el del tamaño del sector público sería superior a la unidad: el gasto total 
(en el sector público y en el sector privado) es superioral PBI pues incluye transacciones intermedias 
que se cancelan con el cálculo del PBI. 
Por el lado de los Bienes y Servicios Disponibles (b): 
 
Consumo GG + Inrersión GG + Inrersión EP 
Bienes y Serricios Disponible 
 
Este es el coeficiente basado en la distribución del flujo final de bienes anualmente a 
disposición de la economía. El denominador se obtiene restando al PBI el saldo de la Balanza 
Comercial para arribar al total de bienes que pueden utilizar los residentes en el periodo. El 
numerador indica los bienes absorbidos por el sector público tanto las erogaciones de consumo como 
las incorporaciones de bienes de capital, y en el caso de las empresas, solamente estas últimas (ya que 
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las empresas públicas, al igual que las privadas, no registran gastos de consumo sino utilización 
intermedia de bienes y pago de factores productivos). 
Este coeficiente satisface el criterio de consistencia, ya que calculando con igual procedimiento 
al tamaño del sector privado, se arriba a un coeficiente cuya suma con el definido para el sector 
público, arroja un resultado igual a la unidad. 
Por el lado del Valor Agregado (c): 
 
Valor Agregado en el Sector Público 
Producto Bruto Interno 
Este coeficiente también es consistente: el denominador se obtiene por la suma de los valores 
agregado (diferencia entre valor de producción de cada unidad económica y los insumos intermedios 
comprados a otras unidades económicas) de las unidades de producción (empresas, tanto privadas 
como públicas, y el Gobierno General); el numerador consiste en el valor agregado por el Gobierno 
General, dado que se trata de bienes públicos para los cuales no existen precios de mercado que 
permitan valuar la producción, el valor agregado se define operativamente (siguiendo la metodología 
tradicional de los expertos en contabilidad social) por el lado del pago de los factores productivos; 
dada la dificultad de valuación del capital y de los recursos naturales que componen en el patrimonio 
del Gobierno, en la práctica se toma únicamente la remuneración del factor trabajo como 
representativo del valor agregado por el Gobierno General. 
Por el lado de la Utilización de Factores Productivos (d): 
 
Menos usual, pero conceptualmente importante, es este enfoque de medición por el lado de los 
factores productivos utilizados; dados los problemas de medición, en la práctica el único disponible se 
refiere al factor trabajo. 
Personal ocupado en el Sector Público 
Personal ocupado en la Economía Global 
 
Este coeficiente también es consistente. 
 
Presión Tributaria (e): 
 
Si bien no es estrictamente una medición del tamaño del sector público, es un indicador 
suficientemente importante para introducirlo: 
Reacaudaciones Tributarias 
Producto Bruto Interno 
Pese a su utilización, este coeficiente no es consistente; su complemento a la unidad no es 
representativo del ingreso disponible para el sector privado (la parte de recaudación tributaria –como 
el caso de los aportes de seguridad social– que tiene como destino los pagos de transferencias no 
afectan en términos netos el ingreso disponible del sector privado). 
En conclusión: algunos coeficientes (b, c y d) son consistentes, y señalan la proporción de la 
economía global representada por el sector público (en cuanto a utilización final de los bienes 
disponibles, a la generación del valor agregado o al uso de factores productivos, respectivamente); los 
demás coeficientes (a y e) son inconsistentes, y el PBI utilizado como denominador responde 
únicamente a un patrón de comparación o numeraire, especialmente útil para corregir variaciones en 
el tamaño real de la economía y/o en las diferencias de niveles generales de precios entre distintos 
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periodos. Sin embargo, en la práctica son los más utilizados por razones de disponibilidad de la 
información requerida. 
6 – ¿POR QUÉ SE DICE QUE EL GASTO PÚBLICO ES 
INFLEXIBLE A LA BAJA? 
El gasto público de un país puede ser flexible o rígido. Es flexible cuando su magnitud puede 
modificarse de un período a otro. En cambio, es rígido cuando su magnitud no puede ser reducida de 
un período a otro, ya sea porque afecta derechos adquiridos, porque implicaría la suspensión de la 
actividad del Estado o por imposibilidad política. Los regímenes de jubilación públicos, los subsidios 
agrícolas y los planes sociales suelen ser gastos rígidos. 
7 – CLASIFIQUE LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER 
A TRAVÉS DE UN PROYECTO PÚBLICO. 
Al identificar los distintos tipos de beneficios y costes, pueden distinguirse las siguientes 
categorías principales: 
 Reales 
 
Los beneficios reales son los beneficios obtenidos por los consumidores finales del proyecto 
público. Refleja una adición al bienestar de la comunidad, y deben estar comparados con los costes 
reales que implica la no utilización de los recursos en otros usos alternativos. Pueden distinguirse 
diversos tipos de beneficios y costes: 
 Directos: son aquellos relacionados en forma más estrecha con el objetivo 
principal del proyecto. 
 Indirectos: representan una naturaleza secundaria. Son de muy difícil 
determinación pero hay que tenerla en cuenta. 
 Tangibles: se aplica a los beneficios y costes que pueden ser valorados en el 
mercado. 
 Intangibles: aquellos beneficios y costes que no pueden ser valorados en el 
mercado. Son más difíciles de medir. 
 Intermedios: son proyectos destinados a la producción de bienes y que, por lo 
tanto, son de tipo intermedio. 
 Finales: los proyectos que generan beneficios a los consumidores en forma 
directa (ya que incluyen la provisión de bienes finales). 
 Internos: los beneficios y costes que se presentan en el interior de la jurisdicción 
en la cual se desarrolla el proyecto. 
 Externos: los beneficios y costes que se presentan en el fuera de la jurisdicción 
en la cual se desarrolla el proyecto. 
 Pecuniarios 
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Los beneficios y costes pecuniarios se producen como consecuencia de los cambios en los 
precios relativos que se generaran a medida que la economía se va ajustando a la provisión del 
servicio público y a los cambios en los modelos de demanda de recursos. Como resultado producirán 
ganancias o pérdidas para determinados individuos que estarán compensadas por pérdidas o 
ganancias experimentadas por otros. 
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