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El Poder Público Nacional,
 acompañado del poder público municipal y el poder público estadal, conforman el Poder Público de la República Bolivariana de Venezuela, según se establece en el artículo136 constitucional.[1]​ En Venezuela, como es en la mayoría de las repúblicas a nivel mundial en la actualidad, el poder público se dividía históricamente en tres (legislativo, ejecutivo y judicial). Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución de 1999, el Poder Público Nacional de Venezuela se organiza en cinco ramas: ejecutiva, legislativa, judicial, ciudadano y electoral.
El poder legislativo y el ejecutivo, son los únicos dos poderes de los cinco existentes cuyos miembros o representantes son electos directamente por los venezolanos mediante sufragio directo, universal y secreto. Los representantes del resto de los poderes (Judicial, Ciudadano y Electoral) son electos por la Asamblea Nacional siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley. Por principio democrático y mandato constitucional, los poderes del Estado son independientes entre sí. Adicionalmente, según la Constitución, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos (Art. 138 constitucional)
· El poder ejecutivo de la República de Venezuela se conforma por el Gobierno Nacional integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo y el Consejo de Ministros. El Presidente de la República es electo por voto directo, universal y secreto por la mayoría relativa de los votos en una única vuelta electoral. Como Jefe del Estado se encarga de ejercer la Comandancia de las Fuerzas Armadas y, como Jefe del Gobierno y del Ejecutivo Nacional, se encarga de elegir libremente al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros del gobierno.
El número de ministros es definido por el presidente de la República. así como la distribución de funciones y/o áreas temáticas de cada ministerio. Todos los miembros del Gobierno son de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República.
· El poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela es representado por la Asamblea Nacional, la cual es unicameral y se encuentra conformada por 277 diputados que son electos por un sistema mixto de representación popular y voto directo para un período de cinco años. De su seno la Asamblea Nacional elige, por mayoría simple cada año, su Presidente que ejerce la jefatura del poder legislativo.
La Asamblea Nacional se encarga de la formación y aprobación de leyes. Adicionalmente, es el órgano encargado de la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial), de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (poder electoral) y del Fiscal General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo (poder ciudadano)
· El Poder Judicial es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia[3]. Es el órgano del Estado que se encarga de administrar e impartir la justicia en nombre de la República por autoridad de la ley. El Tribunal está compuesto por veinte (20) magistrados electos por la Asamblea Nacional bajo un proceso específico definido por la Constitución y la ley, y se organizan en siete salas, una Sala Plena y seis salas funcionales. A través de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, es el máximo intérprete de la Constitución en la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia es el jefe judicial de Venezuela.
· El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) es el ente rector del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela, en cargado de la administración y funcionamiento del sistema electoral venezolano, del registro civil y de las política y seguimiento de la participación política y su financiamiento.
El CNE se encuentra conformado por cinco (5) rectores principales, electos por la Asamblea Nacional bajo un sistema de postulación definido en la Constitución y la Ley. De entre los cinco (5) rectores que conforman la Junta Directiva, uno es designado Presidente por elección del pleno del Consejo y dos Vicepresidentes. El Presidente del CNE es el jefe del poder electoral de la República
· Poder Ciudadano La máxima instancia del poder ciudadano se ejerce por órgano del Consejo Moral Republicano, conformado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Defensoría del Pueblo. Entre sus funciones se encuentran prevenir, investigar o sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado venezolano
El poder público estadal de Venezuela está compuesto por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos poderes operan de manera independiente y tienen la responsabilidad de administrar y gobernar la región estadal a la que pertenecen.
Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo está encabezado por el gobernador o gobernadora, quien es elegido(a) mediante elecciones directas y populares. El gobernador o gobernadora tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar las políticas públicas y los programas de gobierno. Para cumplir esta tarea, cuenta con la colaboración de los funcionarios estatales y los organismos y entidades que conforman la administración pública estadal. También tiene la responsabilidad de administrar los recursos y bienes estatales.
Poder Legislativo: El Poder Legislativo es representado por la Asamblea Legislativa regional, conformada por diputados elegidos por voto directo y secreto. Estos diputados tienen la tarea de discutir, aprobar, modificar o rechazar las leyes y ordenanzas estadales. Además, tienen la responsabilidad de controlar y supervisar las acciones del Poder Ejecutivo.
Poder Judicial: El Poder Judicial está conformado por los tribunales y juzgados estadales, encargados de aplicar la justicia y hacer cumplir las leyes y las resoluciones judiciales en el ámbito estadal, según lo establecido en la Constitución y las leyes de la República. El Poder Judicial debe actuar de manera independiente e imparcial en el ejercicio de sus funciones, promoviendo la protección de los derechos fundamentales y la justicia para todos los ciudadanos. 
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