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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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no consideran las particularidades de este flujo de personas ni sus situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad5. 
Urge que el Estado mexicano reformule su política migratoria hacia este flujo de 
personas y los considere como un objeto particular de políticas públicas que impliquen una 
mayor flexibilidad en el otorgamiento de visas de tránsito, así como en el accionar de los 
aparatos de detención y aprehensión de los que dispone el INM. No se trata de algo nuevo 
o único. Hace algunos años se estableció una política especial de visados para la población 
guatemalteca en la frontera sur de México que permite otorgar permisos temporales de 
trabajo para residentes en el lado sur de la frontera con México que se desplazan 
cotidianamente a trabajar a las haciendas y poblados urbanos en el lado norte de la frontera 
de Chiapas y Guatemala. La razón de ello es que se trata de una región en donde los flujos 
migratorios son intensos y forman parte de un proceso histórico de integración regional. 
En ese contexto, se entendía que la ausencia de un sistema de visados especiales solo 
generaba situaciones de irregularidad y alta vulnerabilidad para las personas migrantes. 
Asimismo, y siguiendo esa misma lógica y razón de Estado, muy bien pudiera diseñarse 
una política de visados especiales para las personas migrantes en tránsito por México, que 
corresponde sobre todo a personas de origen salvadoreño, guatemalteco y hondureño. Un 
programa de este tipo tendría efectos importantes tanto para dar mayor protección a las 
personas migrantes en tránsito como para hacer más eficiente la labor del mismo INM. 
Hoy en día el INM está prácticamente orientado a detener y aprehender a este flujo 
de migrantes en situación irregular, descuidando otras tareas mucho más relevantes en la 
seguridad de la población y el Estado como la trata de personas, el tráfico ilícito de 
migrantes y otras situaciones de personas que ingresan a México o usan a México como 
punto de tránsito de su acción delictiva (narcotráfico, entre otras). 
Una de las consecuencias de esta situación de ausencia de políticas de atención y 
protección a las personas migrantes en tránsito es que quedan virtualmente expuestos a 
diferentes situaciones de riesgo y vulnerabilidad que atentan contra su integridad física, su 
salud y su propia vida. En este contexto, la EAAM ofrece información y datos que refieren 
directamente a la exposición a riesgos y agresiones que sufren las personas migrantes 
centroamericanas en su cruce por México. De hecho, es la primera encuesta que ofrece 
información de este tipo con representatividad a nivel nacional. 
Al respecto, los datos indican que el 13% de quienes han cruzado por México entre 
2011 y 2012 fueron objeto de algún delito o agresión en su trayecto hacia los Estados Unidos. 
Se trata de una incidencia importante que, aunque parece baja, es realmente relevante y de 
 
5 Nada ilustra mejor esta situación que las tensiones que ha generado en el Gobierno y Estado mexicano la 
llamada “Caravana migrante”, que corresponde a un grupo importante de migrantes hondureños que han 
decidido hacer la travesía por México en forma grupal. Se trata de un acto político y social de gran 
trascendencia, que puso en evidencia la falta total de una política del Estado mexicano en esta materia. A 
este respecto, cabe destacar el cambio en la política que ha implementado el actual gobierno, que incluye el 
otorgamiento de visas temporales y un cambio radical en el trato a los inmigrantes en tránsito. Sin embargo, 
esta es una medida que sólo tiene unos meses de haberse implementado, por lo que habrá que esperar algún 
tiempo para evaluar sus posibles impactos y consecuencias.