La comunicación en tiempos de radicalización política

Vista previa del material en texto

1 
La comunicación en tiempos de radicalización política: 
PERONISMO Y TELEVISIÓN (1973 / 1976) 
Por Gustavo Bulla 
 
 Tras 18 años de proscripción política, el peronismo volvió a ratificar la mayoría social 
que supo exhibir desde su debut en 1946. Esta vez sin su conductor indiscutido (Perón) que 
fue inhibido de poder postularse a un tercer mandato presidencial por una cláusula restrictiva 
impuesta piel el presidente Lanusse de la autodenominada “Revolución Libertadora”. 
 El Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) se impuso en las primeras elecciones 
sin proscripciones partidarias desde 1952 con la fórmula Cámpora/Lima. Pese a los esfuerzos 
explícitos por borrar al peronismo de la faz de la tierra que hicieron los partidarios del golpe de 
Estado Cívico Militar perpetrado en 1955 (prohibición legal de mencionar la palabra peronismo, 
persecución sindical, fusilamientos de militantes y militares peronistas y la manipulación y el 
ocultamiento del cadáver de Eva Perón), el peronismo no solo fue capaz de resistir esos 
embates, sino que pudo reinventarse al calor del nuevo contexto histórico y político. A la 
adhesión mayoritaria de la clase trabajadora al peronismo a través de la participación orgánica 
del movimiento obrero se le sumó en el transcurso de la década del 60 la simpatía e incluso la 
militancia muy comprometida de vastos sectores medios a través de un corte generacional 
juvenil, proveniente en buena medida de hogares gorilas (antiperonistas). 
 El frente social y político que conducía el peronismo era visualizado no sólo como el 
único idóneo para sacar a la democracia argentina de su inestabilidad institucional ya crónica, 
sino incluso como el instrumento político capaz de profundizar la justicia social. 
 
¿Qué hacer con los medios? 
 
 Pese a las evidentes, crecientes e irreversibles contradicciones que anudaban en el 
marco del movimiento peronista, uno de los acuerdos más extendidos seguramente lo 
constituía la voluntad de poner en manos del Estado el control de los medios de comunicación 
masiva, especialmente la radio y la televisión. Un vehículo fundamental para alcanzar tal 
objetivo lo constituía el vencimiento de las licencias de TV entregadas a empresarios privados 
en las postrimerías de la Revolución Libertadora. El decreto 5490/65 del gobierno de Illia que 
les otorgó una extensión de hecho de entre 2 y 3 años fue derogado parcialmente a través del 
Decreto 6708/72 impuesto por Lanusse como una de las concesiones que el general con 
ambiciones políticas les hizo a los partidarios políticos que fueron convocados para constituir el 
Gran Acuerdo Nacional (GAN) junto con las Fuerzas Armadas. 
 La nueva realidad jurídica entonces, determinaba que las licencias de los canales 9, 11 
y 13 de la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de Mendoza y el 8 de Mar del Plata caducaban en abril 
de 1973, un mes antes de la asunción de Cámpora, dejando así en manos del gobierno 
peronista el disponer qué hacer con esas emisoras: si volver a adjudicarlas a empresarios 
privados comerciales o por el contrario, constituir un servicio público de radiodifusión dejando 
esas emisoras y las que a futuro fueran caducando sus licencias en la órbita estatal. 
 En pleno proceso judicial al que habían acudido los licenciatarios para reclamar por sus 
derechos adquiridos a través del Decreto 5490/65, en 1973, 4 días antes de que el General 
 2 
Perón asumiera, Lastriri (presidente de la Cámara de Diputados a cargo de la Presidencia 
provisional de la Nación) firmó el Decreto 1761/73 que declaraba la caducidad de las licencias 
de los 5 canales de TV que había adjudicado no sin pocos cuestionamientos formales el 
dictador Aramburu. Además, Lastriri dispuso la intervención de esos canales. Dos días 
después ante la intranquilidad expresada por la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas 
(ATA), se cambió la figura del Interventor por la de Delegados Veedores y se extendió por 180 
días la administración de las licencias por parte de los empresarios privados. A través del 
Decreto 1764/73 se derogó parcialmente en Decreto – Ley 20180 de febrero de 1973, a través 
del cual se convocaba a re privatizar las 34 emisoras de radio que estaban en manos del 
Estado y al Canal 7. 
 Ya con Perón en el gobierno, los permisionarios volvieron a recibir una prórroga desde 
abril hasta la finalización de junio de 1974. Durante ese período se intensificaron los debates 
sobre qué hacer con los canales de TV y se fue consolidando la idea de un servicio público de 
radiodifusión. Esta decisión implicaba no sólo la estatización de la explotación de las 
frecuencias, sino también la nacionalización de los contenidos. La frágil salud con la que Perón 
retornó al país finalmente se extinguió el 1 de julio de ese mismo año, con lo cual buena parte 
de los lineamientos que iban a orientar su tercer gobierno quedaron truncos o en duda. Tras las 
tomas de los canales de TV llevadas a cabo por el Sindicato Argentino de Televisión (SAT), 
hacia fines de julio el Estado Nacional tomó posesión integral de los bienes de los canales y 
también de las productoras, pero recién un año mas tarde, un junio de 1975, se sancionó la Ley 
20.966 de expropiación de los canales de Capital Federal, con sus respectivas productoras y 
repetidoras del interior del país, así como canal 7 de Mendoza y el Canal 8 de Mar del Plata. 
 
Consideraciones finales 
 
 A partir de la muerte de Perón el sistema de medios audiovisuales a poco tuvo de sufrir 
una transformación radical. El proyecto enarbolado por los trabajadores de los medios contenía 
algunos rasgos reivindicables: la opción por el servicio público, la modalidad complementaria 
de la programación, la participación de los trabajadores, el Poder Legislativo y otras entidades 
representativas de la sociedad en la conducción de los medios, la limitación del financiamiento 
publicitario, el incremento de la producción nacional de contenidos y el salto en la calidad 
cultural de los mismos. 
 La estatización de los canales se produjo, aunque en un sentido profundo no se puede 
afirmar lo mismo respecto de la “nacionalización” de los mismos. Los contenidos televisivos no 
lograron ser tan radicalmente distintos a los de la TV comercial. 
 El clima de censura, listas negras, persecuciones e intimidaciones a artistas llevadas 
adelante por la llamada “Triple A”, siniestro órgano parapolicial y paramilitar a las órdenes de 
López Rega, ministro de Bienestar Social de gran protagonismo durante el gobierno de Isabel 
Perón y finalmente desalojado del poder por una imponente movilización sindical, terminó 
siendo un suave preludio de lo que sería el Terrorismo de Estado ejercido sistemáticamente a 
partir del 24 de marzo de 1976. 
 3 
 Consecuencias de la estatización producida por el impulso de los trabajadores de los 
medios de comunicación: por un lado terminó constituyendo una herencia invalorable para los 
objetivos de la dictadura militar, el de utilizarlos como una usina a destajo para sembrar el 
terror entre la población como condición de posibilidad para imponer la reestructuración de la 
sociedad argentina, y por el otro, retrasó en más de una década la conformación de grupos 
monopólicos como los que se estaban gestando en los principales países de la región.