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Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica 
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que las personas migrantes en situación irregular se empleen en ocupaciones de mayor 
precariedad e inestabilidad laboral, con menores salarios incluso con respecto a las personas 
migrantes documentadas. 
3. Deportaciones masivas y criminalización de la migración 
indocumentada: el racismo detrás de las políticas migratorias 
Desde fines de los años noventa se gesta un cambio radical en la orientación de la política 
migratoria de los Estados Unidos que se consolida a partir de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. La base ideológica es la doctrina de la seguridad interna que prioriza la 
lucha contra el terrorismo y relega a un segundo y tercer orden el enfoque de derechos 
humanos en la definición de la política migratoria. Con el objetivo de reforzar la seguridad 
en las fronteras se promueven políticas y programas como el de Comunidades Seguras que 
implicaron la implementación de diversos mecanismos de control de la migración no solo 
en las zonas fronterizas, sino también en los lugares de vivienda y trabajo de las personas 
migrantes en las ciudades del interior del país9. 
Adicionalmente, se reformaron las leyes y actas que regulan tanto la situación de las 
personas migrantes indocumentadas como las atribuciones de los distintos agentes 
vinculados al control migratorio y de la población en general. Como señala Alarcón (2016, 
pág. 164), el endurecimiento del sistema judicial hacia la migración irregular no es algo 
reciente, sino que se inició entre 1980 y 1990 con base en tres leyes y actas: i) la Anti-Drug 
Abuse Act de 1988 (Ley contra el Abuso de Drogas); ii) la Anti-Terrorism and Effective 
Death Penalty Act de 1996 (Ley sobre Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva); y iii) la 
Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996 (Ley de Reforma a la 
Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante). 
El resultado de estas reformas legales fue la expansión de la tipificación de 
los crímenes y delitos relacionados con la inmigración, así como el número de delitos y 
faltas estatales y federales que conducen a la eventual remoción de los inmigrantes. 
Además, se limitan los criterios de los jueces de inmigración que pudieran llevar a una 
limitación o suspensión del proceso de remoción de inmigrantes. Por último, se amplían 
las categorías y tipificaciones de no ciudadanos sujetos a detención y posible remoción 
(Meissner y otros, 2013). 
Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 se reformaron las 
leyes y actas que regulan tanto la situación de las personas migrantes indocumentadas, 
como las atribuciones de los distintos agentes vinculados al control migratorio y de la 
población en general (Alarcón y Becerra, 2012). Esto amplió la capacidad de vigilancia y 
 
9 Iniciado en 2008 como un proyecto para el condado texano de Harris, se extendió finalmente a toda la nación 
norteamericana en 2013. Cuando se realizaba el arresto de una persona, sin importar si era o no culpable de 
algún delito, se obtenían sus huellas digitales y otros datos biométricos. Los datos se procesaban en las bases 
de datos del FBI en búsqueda de antecedentes criminales o requerimientos por parte de las fuerzas del orden 
pero también se cotejaban con la base de datos del Departamento de Inmigración y Aduana (Immigration and 
Customs Enforcement, ICE) para averiguar la situación migratoria del individuo y en caso de haber cometido 
una infracción migratoria se procedía a su deportación (Rodríguez, 4 de marzo de 2016; Canales y Meza, 2018). 
	Capítulo I Dinámicas binacionales y relaciones transfronterizas en la migración en los países del norte de Centroamérica (NCA)
	F. Migrantes de países del norte de Centroamérica en situación irregular en los Estados Unidos
	3. Deportaciones masivas y criminalización de la migración indocumentada: el racismo detrás de las políticas migratorias