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Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica 
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Gráfico I.44 
Estados Unidos: tasa de deportación de inmigrantes de los países 
del norte de Centroamérica, según país de origen, 2011-2016 
 
Fuente: US Department of Homeland Security, Yearbook of Immigration Statistics, Washington, D.C., 
Estados Unidos, 2011-2016. 
Este proceso de deportaciones masivas se sustenta en una compleja y vasta 
maquinaria legislativa y judicial construida desde la década de los noventa y que ha 
permitido expulsar de ese país a los extranjeros utilizando diversos pretextos legales, entre 
los que adquiere un papel preponderante la criminalización de la migración 
indocumentada. Desde siempre los delitos y faltas relacionadas con la inmigración se habían 
tratado en el sistema judicial norteamericano dentro del ámbito de las leyes civiles. Sin 
embargo, las reformas implementadas después de los atentados del 11 de septiembre de 
2001 han transformado estas violaciones civiles en crímenes y han aumentado además las 
penas asociadas a ellas (Meissner y otros, 2013). 
Estos cambios en la política migratoria de los Estados Unidos han modificado el 
concepto de felony, incluyendo dentro de esa categoría distintas faltas y violaciones que 
anteriormente eran consideradas como menores y administrativas. De los cuatro delitos que 
el marco legal consideraba graves hasta los años ochenta, se ha ampliado a más de 
50 “crímenes” con el nuevo marco legal, algunos de los que son considerados como delitos 
no graves (misdemeanors) y otros como delitos agravados (agravated felonies) (Alarcón, 2016). 
Entre estos últimos se encuentran, entre otros, el ingreso en forma irregular de un extranjero, 
así como el reingreso de un extranjero que ha sido previamente deportado, es decir, la 
propia condición de irregularidad puede incluso interpretarse como una falta no menor. 
Estos cambios en la ley de remoción y deportaciones han agravado aún más la 
condición de vulnerabilidad de las personas migrantes indocumentadas y han aumentado 
el riesgo a que sean detenidas y deportadas. Esto se constata al revisar la tasa de 
criminalización de las deportaciones de las personas migrantes centroamericanas, esto es, la 
proporción que los deportados por faltas agravadas (delitos criminales) representan 
respecto al total de remociones en cada año. En el caso de las personas migrantes 
centroamericanas, por ejemplo, entre 2003 y 2009 la proporción de inmigrantes removidos 
por haber cometido alguna falta o delito apenas alcanzaba el 22%, esto es, casi uno de cada 
3,0%
7,3%
7,8%
El Salvador Guatemala Honduras