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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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de distinta índole. Buena parte de la población que vive en los territorios de tránsito y de 
destino desconoce la dimensión real de las causas de la expulsión de migrantes y las razones 
de su presencia en dichos territorios. 
Por ejemplo, en un país tan grande como México se desconoce la magnitud de la 
violencia y de la inseguridad y de los efectos que ha tenido. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención sobre la grave crisis de derechos 
humanos en el caso de México. Asimismo, los informes de los comités de las 
Naciones Unidas hacen lo propio para los países del norte de Centroamérica. 
Los Estados tienen el reto de emprender mayores esfuerzos mediante el fortalecimiento 
de sus instituciones y de la cooperación en distintas escalas (local, nacional e internacional) y 
la concurrencia de distintos sectores para que la llamada gobernanza de la migración no se 
quede en la retórica ni en la realización de múltiples y diversas reuniones, sino que sea un 
mecanismo efectivo que propicie el respeto y proteja los derechos de las personas migrantes. 
Lamentablemente, el reconocimiento del “derecho a tener derechos” no forma parte 
de la cultura de la mayor parte de las personas migrantes, ni de la sociedad en general. 
Debido a esta limitación, se ha generado la creencia de que al no tener documentos 
migratorios los “migrantes no tienen derechos”. Este tipo de ideas ha conducido a 
criminalizar a la migración y a las personas migrantes, a pesar del trabajo de defensa y 
promoción de los derechos humanos de las personas migrantes, que llevan a cabo 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y distintas oficinas, 
dependencias o instituciones de los propios gobiernos de la región. Es necesario emprender 
acciones encaminadas a acabar con esta criminalización, que se establezcan principios y 
prácticas mínimas, con su respectivo seguimiento, que garanticen el derecho a migrar y a 
garantizar los derechos humanos para todas las personas migrantes, independientemente 
de su condición migratoria. 
Un tema crucial es el de la facilitación de la migración regular. En los países de la 
región se llevan a cabo programas de regularización temporal; sin embargo, son acotados o 
son selectivos para algunas nacionalidades o para ciertos grupos de migrantes. La 
regularización migratoria debe ser parte de mecanismos más permanentes de 
documentación migratoria, considerando que la llamada “facilitación” debe incluir la 
exención de pagos y multas y las facilidades para los trámites, pero también haciendo la 
difusión necesaria. 
En México, por ejemplo, el programa de regularización evidenció que la población 
desconoce que puede regularizar su situación migratoria por unidad familiar, un derecho 
incorporado en la Ley de Migración de 2011. La facilitación también debe incluir los 
procesos de solicitud de asilo y de condición de refugiado, que suelen ser tardados por los 
procedimientos burocráticos y por la falta de personal capacitado para analizar los casos. El 
asilo y la condición de refugiado, así como la protección complementaria constituyen un 
recurso internacional de protección de derechos y de salvaguarda de las personas que huyen 
de situaciones adversas.