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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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detención y la deportación, que afectan no solo la calidad de vida del migrante, sino 
también la de su familia, con el riesgo de la eventual separación del núcleo familiar 
y los problemas y consecuencias que implica para los niños y adolescentes, así como 
para el grupo familiar en su conjunto. 
En el segundo caso, el tránsito por México es una verdadera odisea, en donde las 
personas migrantes deben enfrentarse cotidianamente al riesgo de recibir agresiones 
y ataques por parte del crimen organizado y de las mismas autoridades mexicanas 
que supuestamente debieran darles protección. Los asaltos, violaciones, extorsiones, 
secuestros y otros delitos son algo cotidiano para el migrante que cruza por México. 
En este contexto, la vulnerabilidad de mujeres y niños a estos riesgos es 
sustancialmente mayor, más aun considerando el incremento de mujeres y niños en 
la participación del flujo migratorio. Lo paradójico es que gran parte de su 
vulnerabilidad proviene de su misma situación de irregularidad migratoria, lo que 
los lleva a insertarse en los espacios propios de acción del crimen organizado, así 
como a quedar expuestos a las extorsiones de los diversos agentes mexicanos. Algo 
tan simple como regularizar su situación con alguna forma de visado temporal sería 
un salto cualitativo que permitiría que las personas migrantes recuperaran su estatus 
como personas de derechos y con derechos. 
ii) La migración transfronteriza e intrarregional entre los países de Mesoamérica es 
relativamente menor y con impactos muy marginales. Sin embargo, involucra 
situaciones locales que requieren atención desde el Estado a través de políticas y 
programas públicos. El caso más importante es la migración transfronteriza entre 
Guatemala y Chiapas. Aquí el flujo está conformado sobre todo por trabajadores 
guatemaltecos de los departamentos del norte (San Marcos, principalmente) y 
fronterizos con el sur de México. Se trata de trabajadores que se trasladan desde 
Guatemala hacia las fincas y haciendas en Chiapas, así como a trabajos de servicios 
de baja calificación en las ciudades del sur de ese estado (Tapachula, 
principalmente). 
Se identificaron dos grandes flujos. Por un lado, el flujo hacia empleos rurales, que 
está conformado principalmente por hombres que hacen desplazamientos que 
pueden durar hasta un mes. Por otro lado, el flujo hacia las ciudades, compuesto 
principalmente por mujeres que se emplean en el servicio doméstico, el comercio 
informal y otras actividades de baja calificación. En ambos casos la condición 
migratoria configura un componerte de discriminación salarial y ocupacional. 
iii) En cuanto a las condiciones de expulsión, así como a las consecuencias de la 
emigración en los países y comunidades de origen, a la pobreza y a la falta de 
oportunidades económicas se suma a la violencia e inseguridad ciudadana y la 
inestabilidad política. Todo ello deriva en horizontes de futuro muy inciertos y de 
alto riesgo para la población, ante lo que resulta incluso más ventajoso asumir los 
riesgos y costos sociales y humanos de la emigración (en las condiciones que esta se 
desarrolla, en su travesía por México y en su asentamiento en los Estados Unidos), 
que permanecer en sus comunidades y lugares de origen.