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Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica 
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A su vez, la importante emigración de trabajadores agrícolas centroamericanos es un 
síntoma de un conjunto de causas de la migración que tienden a magnificarse en el área 
rural en comparación con el área urbana, y que se agravan en el norte de Centroamérica en 
comparación con el resto de América Latina. Las causas incluyen un área rural con una 
productividad y salarios menores que en el área urbana, seguridad social más precaria, poca 
infraestructura local, más riesgos por desastres agroclimáticos y eventos catastróficos, y 
nuevas formas de inseguridad ciudadana (FAO, 2018). 
Lo anterior se manifiesta en territorios rurales claramente expulsores de personas, 
especialmente cuando: a) se combinan la falta de oportunidades económicas, desastres y 
catástrofes agroclimáticos con inseguridad66; b) se manifiesta la imposibilidad de financiar 
el costo de la emigración en presencia de pobreza extrema, ante lo que se acude a la 
economía ilegal y al crimen organizado para cubrir ese costo, con el consiguiente 
sometimiento del migrante y de su familia a condiciones de vulnerabilidad y explotación; y 
c) se observa un acelerado proceso de envejecimiento demográfico como consecuencia de la 
salida masiva de jóvenes (FAO, 2018). 
Se comprueba así la necesidad de una política sectorial estratégica, no solo por la 
ventaja comparativa revelada por las migraciones de trabajadores agrícolas. También se 
justifica por la reducida y estancada productividad del sector agrícola en cada uno de los 
países del NCA, lo que se refleja en ingresos o salarios precarios, base de la brecha de 
ingresos no solo con países como los Estados Unidos y el Canadá, sino también con las 
áreas urbanas de los propios países centroamericanos. Para aumentar la productividad 
agrícola, además de asegurar la inclusión y la sostenibilidad, resulta fundamental la 
implementación de cinco políticas recomendadas por la FAO (2018, págs. 56-61): 
i) Orientar el gasto público en el agro para que privilegie el suministro de bienes públicos. 
Actualmente El Salvador, Guatemala y Honduras destinan la mayor parte de su gasto 
público agrícola (en torno al 60%) a financiar bienes y servicios privados, como 
subsidios para la compra de fertilizantes y otros insumos, además de transferencias 
directas al productor (FAO, 2018). La evidencia identificada por la La FAO (2018) 
estaría demostrando que financiar bienes públicos como infraestructura, la difusión de 
innovaciones y la salud agrícola, —que como todo bien público no excluye de sus 
beneficios al conjunto de productores, sino que tiene una cobertura universal— resulta 
con un rendimiento económico de la agricultura significativamente mayor. 
Aumentar a más de un 60% la proporción de gasto público agrícola para financiar 
bienes públicos podría incrementar significativamente la productividad de la 
agricultura en los países del norte de Centroamérica. Ello debiera reflejarse en un 
aumento de las exportaciones agrícolas, especialmente las no tradicionales, que 
 
Estado de la Región 2017, “Plataforma Estadística 2017” [en línea] https://estadonacion.or.cr/?id=593:06-12-
2017-plataforma-estadisticas-de-centroamerica-2017-ofrece-los-datos-mas-actualizados-sobre-el-desarrollo-
humano-sostenible-de-la-region. 
66 Fratzke y Salant (2018a) notan que la literatura sobre el tema plantea evidencia de cómo la coincidencia de 
estos factores provoca la emigración.

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