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Desarrollo y migración: desafíos y oportunidades en los países del norte de Centroamérica 
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orientados sobre cómo formalizarse. Se les proporciona capital semilla para sus proyectos 
cuando concluyen el programa, pero aún no se conocen evaluaciones de este programa. Por 
otra parte, la propuesta de una ley integral de migraciones buscaría institucionalizar la 
atención a deportados y buscar la reintegración de retornados. En el caso de Honduras y 
Guatemala los programas para apoyar a los deportados han sido principalmente iniciativas 
de organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada. 
b) El GI Bill 
Existen dos ejemplos de programas de reintegración —radicalmente diferentes— que 
pueden servir para identificar algunos de los desafíos que un programa de este tipo 
enfrentaría en Centroamérica: uno extrarregional y de hace muchas décadas para ilustrar la 
magnitud y ambición que debiera tener un programa serio y efectivo para retornados, y otro 
para ilustrar algunos de los problemas concretos que ya se han enfrentado en Centroamérica 
en el pasado. 
El primero se refiere al que posiblemente haya sido el programa más exitoso de 
repatriación en la historia mundial, el que implementó el Gobierno de los Estados Unidos 
para apoyar la reincorporación de los miembros del ejército que volvieron a ese país cuando 
terminó la Segunda Guerra Mundial. Un indicador del tamaño del programa es que estuvo 
dirigido a atender a casi 16 millones de veteranos que volvieron de la guerra, con un costo 
en miles de millones de dólares. Más de 8,3 millones recibieron beneficios de desempleo, 
7,8 millones fueron beneficiados con educación universitaria, vocacional o de otro tipo, y 
4 millones recibieron préstamos garantizados para comprar viviendas o desarrollar sus 
negocios o granjas (Altschuler y Blumin, 2009). 
Hubo un factor clave que facilitó la implementación del programa: hubo una 
reconversión de la economía de orientación militar hacia una civil, lo que generó un auge 
que dio lugar a que el 70% de los excombatientes retornados ya tenían empleo a los seis 
meses de haber dejado el servicio militar. Ello significó que el beneficio o subsidio de 
desempleo otorgado mediante el GI Bill no generó tantas necesidades de recursos como 
originalmente se había temido, pero sí sirvió para facilitar la búsqueda de empleo durante 
un período razonable de tiempo. También significó que la ampliación de la educación y la 
capacitación que se reflejó en una oferta de mano de obra más calificada tuvo una 
contraparte en una demanda dinámica de empleo: era el resultado de un amplio proceso de 
reconversión industrial y del inicio de la expansión de una oferta diversificada de servicios. 
La proporción de veteranos de guerra que quiso aprovechar las oportunidades de 
estudio que ofrecía la GI Bill superó las expectativas. El programa cubría hasta cuatro años 
de estudios en centros públicos o privados, además de costos de alojamiento y alimentación. 
Solamente un 25% de los excombatientes había completado la educación secundaria, pero 
ello no impidió que 5,6 millones de veteranos aprovecharan oportunidades de capacitación 
o de formación vocacional. A su vez, 2,2 millones ingresaron a las universidades. El esfuerzo 
en su conjunto dio lugar a un verdadero salto de la competitividad en los Estados Unidos. 
De acuerdo con Altschuler y Blumini, el GI Bill parece haber tenido un mayor 
impacto en el área de la educación universitaria que en la educación técnica o vocacional, 
	Capítulo II Estrategias de desarrollo necesarias para impulsar una migración regular, segura y ordenada en los países del norte de Centroamérica (NCA)
	B. Propuestas
	4. Programas de retorno y empleo
	b) El GI Bill