Capitulo IX - Burgin - Aranceles emisiones y política doc

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CAPITULO IX
ARANCELES, EMISIONES Y POLÍTICA
Aun antes de la caída del régimen unitario, el de las tarifas era uno de los problemas más discutidos. La política arancelaria
formulada durante los años que siguieron al de 1820 no satisfizo a nadie, y tanto los que propiciaban el comercio libre como los defensores del
proteccionismo exigían la solución del problema de creciente energía. Era comprensible que las provincias quisieran participar de la política
arancelaria, puesto que el comercio exterior estaba centrado en el puerto de Buenos Aires.
Para esa época era (1929) era claro que ni la enfiteusis ni la contribución suministrarían ingresos suficientes. El gobierno no estaba
en condiciones de prescindir de las rentas provenientes del comercio exterior. Con la mirada puesta en la Tesorería, el gobierno se oponía
tanto al comercio libre como a la decidida protección. Se esforzaba por mantener una línea media, que conciliara los intereses de la Tesorería
con los de la economía provincial.
Es indiscutible que el comercio “libre” puso en movimiento las dormidas posibilidades de la pampa con una amplitud desconocida
hasta entonces, pero al mismo tiempo infligió graves daños a aquellos sectores de la economía. Si bien se aceptaba en general que el retorno al
sistema colonial de restricciones no era posible ni deseable, no faltaban en cambio quejas en Buenos Aires y las provincias contra la política
comercial liberal del gobierno de Rivadavia. Y cuando los efectos de esta política se hicieron más dilatados y sus implicaciones más claras, la
tendencia hacia el proteccionismo se volvió más extendida y también más insistente.
La oposición al comercio “libre” de Rivadavia se concentraba principalmente en el partido federal, el único que abogaba por la
causa de la industria y la agricultura del país. En Buenos Aires no había unanimidad dentro de las filas federales acerca de la cuestión
proteccionismo contra comercio “libre”. Los impuestos bajos favorecían el bajo costo de la vida, el cual a su vez contribuía a mantener los
costos de producción en un nivel consecuente con los precios que se pagaban en los mercados extranjeros por los cueros y la carne.
A diferencia de los unitarios, los jefes federalistas percibían el fuerte sentimiento proteccionista que animaba a los artesanos, los
agricultores y los pequeños comerciantes, a quienes les preocupaban menos los aspectos políticos del problema constitucional. Así fue como se
creó la impresión de que el partido federal favorecía la política comercial proteccionista.
En algunas provincias proteccionismo era casi sinónimo de federalismo, y el eliminar los impuestos a la importación durante el
gobierno de Rosas fue interpretado como una traición a la causa del federalismo. Había, por lo tanto, una importante diferencia entre la
posición de las clases industriales y agrícolas de Buenos Aires y la que sostenían sus hermanos de las provincias, es lógico entonces mencionar
que los últimos reclamaban pura y simplemente el proteccionismo, pedían una política que no sólo protegiera las industrias existentes sino que
garantizara la formación y desarrollo de otras nuevas.
Gracias a la falta de unanimidad pudieron Rosas y sus colaboradores soslayar por un tiempo la cuestión de las tarifas. El gobierno
de su sucesor, Juan José Viamonte, no modificó mayormente los aranceles. El establecía que lo fundamental era la consolidación del régimen
federal. Los aranceles podían esperar.
El decreto del 18 de septiembre de 1829 trataba de los recargos sobre todas las importaciones, y las modificaciones del 7 de enero
de 1831 se referían únicamente a la harina cuyos gravámenes quedaron virtualmente anulados por la depreciación del peso. La conclusión del
establecimiento de la ley y su reforma, es que si alguien se benefició con el decreto o ley fue más bien el molinero que el agricultor. Motivo de
ello fue que el 1834 los agricultores protestaron públicamente por el trato infame que habían recibido del gobierno provincial, y pidieron que
se tomara alguna medida para hacer más provechosa la agricultura.
Los cambios introducidos por Rosas durante su primer gobierno estaban destinados exclusivamente a beneficiar a los ganaderos y
productores de carne. El gobierno de Viamonte no modifico mayormente los aranceles, su régimen de gobierno no era suficientemente fuerte
para tratar de solucionar un problema tan complicado y discutido como el de las tarifas, lo fundamental era la consolidación del régimen
federal. A fines de 1931 fue cuando la junta de representantes sanciono la disposición arancelarias de los decretos de 1829 y 1831. El decreto
de 1829 trataba de los recargos sobre todas la importaciones y las modificaciones del decreto de 1831 se referían únicamente a la harina cuyo
gravámenes quedaron virtualmente anulados por la depreciación del peso.
Las industrias, especialmente la del cuero, carne y la fabricación de sombreros, fueron tratadas con mayor consideración. Al
prolongar por un año mas las tarifas de 1831 el gobierno sugirió la introducción de importante cambios como la reducción de impuestos sobre
productos nacionales y el aumento de impuestos en las importaciones.
En 1833 el gobierno propuso cierta modificaciones en las tarifas de aranceles. Los cambios se referían a la reducción en los
impuestos de exportación de cueros, al igual que la abolición de la importación de sal proveniente de la patagonia.-
En 1834 se aprobaron dos cambios importantes. Uno se refería al impuesto sobre el traspaso de carga de los buques de alta mar a
los barcos de ríos el cual quedo abolido. El segundo se trataba de una reducción del impuesto aduanero sobre las importaciones, su objetivo
era que se produzca una mayor cantidad del movimiento comercial.
En 1835 la legislatura provincial corrigió las tarifas generales de aranceles. La cual trato el problema creado por la depreciación del
dinero circulante y eliminar ciertas contradicciones acumuladas. En primer lugar se reviso el antiguo impuesto al trigo, el cual fue aumento y
genero ciertas controversias como el que el consumidor merecía tanta protección como el productor. El costo de producción del trigo era alto
debido a la escasez de mano de obra.- Es dudoso que esas tasas hayan proporcionado una adecuada protección a los cultivadores de trigo. Ni
aun en su cifra mayor podía el impuesto asegurar al agricultor un beneficio razonable. Los adversarios del aumento de impuestos replicaron
manifestando que el consumidor merecía tanta protección como el productor.
ART N°4 (ley arancelaria): EL cual abolía el impuesto al cuero, lanas, cebo, etc. siempre que estos artículos fueron conducidos por
agua.-
La razón fue estimular la importación de los nombrados productos desde las provincias del interior. Con el objeto de estimular a
los barcos del país, la legislatura aprobó un impuesto a la madera importada, en embarcaciones extranjeras. Se quería así a obligar a los
comerciantes en madera a emplear los buques nacionales, y contribuir al desarrollo de la marina mercante nacional.-
ART N°8 : calculaba el impuesto al vino de puerto de ultra mar.-
Entre otros artículos estaban los referidos al trato de barcos uruguayos que arriben a Buenos Aires tengan idéntico tratamiento que
recibían los barcos porteños en Montevideo y también se reafirmaba la abolición del impuesto al recargo de mercaderías.-
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Al iniciarse el debate sobre la tarifa de 1835, Nicolás Anchorena, jefe del partido federam caracterizó la política comercial que
seguía Buenos Aires como una conducta que conciliaba los intereses económicos de la provincia con los fiscales. La tarifa de 1821 y los
principios que contenía seguían siendo buenos y debía ser, por lo tanto conservada. La provincia no podía prosperar sin exportar, pero
también le era imprescindible importar para aprovechar convenientemente sus reservas de capital y mano de obra. Es por ello que las
prohibiciones, o aun el proteccionismo, serían desventajosas para la provincia, aunque sería lógico pensar que una política derestricciones
beneficiaría a ciertas y determinadas industrias.
Si algo probó la experiencia de los quince años posteriores a 1821, es precisamente que los principios económicos rectores de
aquella política eran inaplicables a más de un sector de la economía porteña en particular y del país en general. La política que defendían
Anchorena y la mayoría de la legislatura no era la más adecuada para la necesidades del país; ni siquiera estaba de acuerdo con los principios
formulados por Rivadavia en los años 1821 y siguientes. Porque los cambios introducidos en los aranceles después del advenimiento de Rosas
alteraron el equilibrio de los beneficios económicos a favor de aquel grupo del que Anchorena y Rosas eran los principales representantes.
Decir que la tarifa de 1835 servía los intereses de la provincia y del país era identificar el bienestar de reducidos grupos locales con el de la
nación.
La cuestión arancelaria era claramente un problema nacional, íntimamente relacionado con el de la organización nacional. Que la
política arancelaria de Buenos Airesafectaba directamente el bienestar de las provincias ya no podía ser negado ni por los más extremados
aislacionistas. Y no es de extrañar que la cuestión del proteccionismo planteada en la legislatura porteña entre los años 1829 y 1835 provocase
enconadas discusiones en la prensa y en la correspondencia diplomática.
Esta discusión pública, franca y directa, reveló el irreprimible conflicto que existía entre Buenos Aires y las provincias, puso además
en descubierto el carácter específico del federalismo porteño, su naturaleza política de las provincias hermanas.
La controversia salió a relucir a principios de 1832, durante las sesiones de la Comisión Representativa reunida en Santa Fé. La
cuestión fue planteada con una base mucho más amplia, durante las discusiones preliminares del Tratado Tripartito. Sin entrar en aspectos
teóricos de la cuestión arancelaria, Rosas desarrollaba la tesis de que los impuestos prohibitivos o proteccionistas eran irrazonables y hasta
peligrosos. Si la industria demostraba su capacidad de prosperar sin protección, los impuestos altos eran manifiestamente injustos tanto para el
consumidor como para el productor. La prohibición alentaría la guerra entre las provincias, ya que cada una de ellas trataría de defender sus
industrias vernáculas contra la competencia extranjera.
Según Roxas, el bienestar de la industria pastoril dependía por una parte de la tierra barata y el dinero barato, y por la otra de la
continuada demanda de cueros en los mercados extranjeros. El prohibicionismo o el proteccionismo minaría la prosperidad de la industria
pastoril, no sólo porque provocarían un alza en el costo de la vida, sino también porque perjudicarían el comercio de exportación del país. El
argumento de que la protección aseguraría prosperidad a los que no dependían de la ganadería debía ser rechazado, aunque sólo sea porque
estas clases formaban una minoría relativamente reducida de la población. A esto debe mencionarse que la industria del país no lograba
satisfacer las exigencias internas de artículos manufacturados. Por ello si las provincias insistían en excluir los artículos extranjeros, debían
estar preparadas para afrontar la contracción del mercado interno y la ruina final de muchas industrias que habían surgido después de la
apertura de Buenos Aires al comercio exterior.
El proteccionismo, y en mayor grado el prohibicionismo, ocasionarían más bien perjuicios que beneficios a las grandes capas de la
población, y la opinión pública no tardaría en derribar a cualquier gobierno que se atreviera a restringir el comercio exterior.
Resuelto el problema constitucional y establecido el gobierno federal, según decía Ferre, la industria nacional volvería a entrar en la
ancha senda de la prosperidad. Era necesario alentar al comercio más bien que obstaculizarlo, porque la misma naturaleza había dispuesto que
ningún país poseyera todo lo que necesita una nación civilizada. Según Ferre, en contraposición, decía que la libre competencia era fatal para el
bienestar de un país. Si cierto era que el comercio libre había destruido la industria nativa, existente o en cierre, se hacía entonces imperativa
una total revisión de la política arancelaria seguida por el gobierno de Buenos Aires. La importación de artículos que podían ser producidos en
el país debía gravarse por lo tanto con impuestos mayores, o ser prohibida completamente.
El Tratado de 1831 fue concertado sin Corrientes. No obstante, cuando se organizó en Santa Fé la comisión representativa,
Corrientes se adhirió al Tratado. Ferre estaba con intenciones de lograr una vez más forzar a Buenos Aires, al mencionar que la política de
Buenos Aires, estaba llevando al país a la tumba
| Según Ferre y en ánimos de presionar a Buenos Aires, manifestaba que para que el país recuperar la prosperidad económica era
imprescindible eliminar todos los obstáculos que impedían el paso a la industria nacional. Había que prohibir la importación de aquellos
artículos que también producía el país y alentar el comercio exterior mediante la apertura de los puertos fluviales a los barcos de alta mar.
Gracias a los cuestionamientos de Ferre y su apelación a los sentimientos aniporteños, fue que aparecieron en los diarios de Buenos Aires
respuestas al ataque de Ferre. A las acusaciones el diario Cosmopolita comenzaba mencionando que el planteo del problema del
proteccionismo ponía en peligro la paz y el bienestar del país. El comercio exterior ofrecía dos ventajas de las que el país no podía permitirse
prescindir. En primer lugar, el comercio libre permitía elegir mejor los mercados, y en segundo término, el tráfico exterior era la fuente más
importante de recursos.
La restricción de las importaciones pondría a ciertos grupos en posición privilegiada, y sería categóricamente injusto permitir que
los agricultores y los artesanos se enriquecieran a expensas de los consumidores. Los impuestos elevados provocarían indudablemente el
contrabando y los consumidores colaborarían de buen grado con los contrabandistas.
Otra contestación a los argumentos o ataques de Ferre fue la realizada por El Lucero, quien comenzaba por argumentar que los
apuros económicos de las provincias se debían principalmente al comercio libre. Las desventajas de la protección eran evidentes. Suprimidos
los artículos extranjeros de los mercados internos, no habría incentivo para mejorar los métodos de producción,. Además, los productores
nacionales tratarían probablemente de subir los precios a los límites máximos permitidos por las tarifas. Tercero el aislamiento económico
tendería a perpetuar, más bien que a eliminar, la inferioridad industrial de la nación. Cuarto, las tarifas elevadas producirían inevitablemente un
intenso contrabando. Y finalmente, era decididamente injusto quitar a la población su derecho a comprar en el mercado más barato.
Una cuestión de importancia era saber si la restricción del comercio exterior alentaría la expansión de la economía nacional o no.
Según Ferre, el comercio libre había ocasionado una grave sangría en las riquezas del país, pero aunque parezca curioso la provincia
proteccionista de Corrientes presentó un balance comercial desfavorable durante cuatro años de un lapso de cinco que concluía en 1830.
Así se daba una intensa lucha entre partidistas del proteccionismo y del librecambismo.
En 1810 el gobierno abandonó esta política y redujo los aranceles. Desde entonces la balanza comercial del país fue continuamente
desfavorable, sufriendo al mismo tiempo los comerciantes nativos pérdidas irreparables. Pareciera indudable que la apertura del país a los
extranjeros resultó perjudicial en el balance. Los extranjeros desplazaron a los nativos no solamente en el comercio sino también en la industria
y la agricultura.
En Buenos Aires los comerciantes y los estancieros defendían el statu quo como un hecho indiscutible. Rendirse ante Ferré sería
renunciar a muchas de las ventajas que los hacendados ylos productores de carne había obtenido después de la revolución y especialmente
después del advenimiento de Rosas y del partido federal. Aunque de a poco comenzaron a despertarse las voces y la opinión sobre el
proteccionismo no era de ningún modo unánime. Una parte no despreciable de la comunidad se oponía a la política del laissez faire de
Rivadavia tanto como las provincias del interior y el litoral. Incluso en la legislatura comenzó el proteccionismo a ganar rápidamente terreno.
Muchos representantes reclamaron que se tomaran medidas para proteger la agricultura y la industria. Este movimiento perseguía no
solamente la exclusión de las fábricas extranjeras sino también la reducción del capital y la mano de obra extranjeros. Las fábricas nacionales
pidieron privilegios especiales, e instaron al gobierno a que siguiera el ejemplo de Estados Unidos.
Los partidarios del comercio libre libraron una batalla desesperada contra la creciente marea del proteccionismo. Según mencionaba
Pedro de Ángelis, en defensa del libre comercio, que detrás de la protección viene la escasez, la que a su turno conduce al empobrecimiento
general. Porque un país es tanto más próspero cuanto más es lo que obtiene cada persona por una cantidad determinada de trabajo. Él
manifestaba que si el proteccionismo logra cercenar las importaciones, las exportaciones decrecerán en la misma proporción. De esta manera
el crecimiento de las industrias protegidas constituye una amenaza directa contra el bienestar de las industrias de exportación.
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La ley arancelaria del 18 de diciembre de 1835 marcó el punto crítico de la política bonaerense sobre comercio exterior. Por primera
vez después de 1821 Buenos Aires desafiaba abiertamente la tradición de Rivadavia. Y también por primera vez el gobierno hacía un serio
esfuerzo para adaptar su política arancelaria al esquema económico de la provincia y del interior.
La ley comprendía ocho capítulos, relativos cada uno de ellos a un aspecto particular del comercio exterior.
▪ El capitulo 1: Trataba de las importaciones.
▪ El capitulo 2: Trataba de los artículos cuya importación quedaba parcial o totalmente prohibida. En esta categoría por
ejemplo figuraban los objetos de bronce y hojalata, hierro decorativo, etc. La prohibición afectaba también a ciertos
productos agrícolas, ya que por ejemplo no se permitía el ingreso de trigo al país cuando el precio del producto local
fuera inferior a $50 la fanega.
▪ Capitulo 3: Establecía los derechos sobre las exportaciones marítimas.
▪ Capitulo 4: Establecía las tarifas relativas al tráfico terrestre. Con pocas excepciones las importaciones terrestres no
pagaban impuestos. Las exportaciones destinadas a las demás provincias de la Confederación quedaba libres de
impuestos.
▪ Capitulo 5: Reglamentaba la tasación y cobranza de los derechos de aduana, y disponía, además, que las anteriores
revisiones de las tasas arancelarias no entrarían en vigor hasta un lapso de 20 a 240 días después de promulgada la ley.
Aunque la ley arancelaria de 1835 no satisfacía todas las demandas del partido proteccionista, suprimía no obstante algunas de las
fuentes más importantes de fricción. En un mensaje a la legislatura Rosas explicó que el propósito de la ley de tarifas era el de ayudar a la
industria y la agricultura locales. Sostuvo que la competencia extranjera era el principal obstáculo que se oponía a la recuperación industrial y
agrícola y que la tarifa “produciría el crecimiento progresivo del comercio exterior y local, así como mayores ingresos”.
Fue significativo el establecimiento de dos categorías. Una de ellas comprendía los artículos que no pagaban derechos de
importación, y la otra los productos cuya importación quedaba completamente prohibida. No había ninguna contradicción aquí, La libertad de
importación se aplicaba solamente a los artículos en cuya producción sobresalía la provincia. Ninguno de ellos era normalmente traído a
Buenos Aires, salvo para ser reexportado, y en este aspecto la abolición de los derechos de importación o de tránsito beneficiaba directamente
al comercio y a los barcos de transporte provinciales. La abolición de los derechos de importación involucraba la pérdida de ciertos ingresos,
pero esta pérdida no era grande, y podía ser fácilmente compensada con las mayores entradas del papel sellado, la contribución directa y otros
impuestos internos. La introducción de la lista de artículos prohibidos señalaba una profunda ruptura con la política tradicional del período
postrrevolucionario.
Era la primera vez que el gobierno se preocupaba por las clases medias. Y las medidas revelaban que Rosas creía seriamente en la
posibilidad de desarrollar la producción doméstica de artículos manufacturados en cantidad suficiente para satisfacer la demandas internas.
La nueva tarifa ofrecía ciertas ventajas. En primer lugar la agricultura tenía ahora asegurada una utilidad razonable. Lo cual era de
muchísima importancia, porque el cultivo de cereales había amenazado desaparecer totalmente de la provincia.
La nueva política agrícola favoreció no sólo a los labradores porteños, sino también a los cultivadores de cereales de otras
provincias. En el interior la competencia extranjera era menos severa debido al alto costo de los transportes terrestres desde Buenos Aires. No
obstante, la existencia de un mercado libre en Buenos Aires hacía bajar los precios en las provincias.
Un año después de promulgada la nueva ley arancelaria, Rosas llamó la atención de la legislatura provincial sobre la rápida
expansión de los cultivos de cereales en la provincia. Se había producido un notable aumente del área sembrada, y una mayor diversificación de
la explotación agrícola.
A la industria nacional la nueva tarifa le prometía mayores beneficios aún que a la agricultura. Liberalizando las reglamentaciones
sobre el uso del puerto de Buenos Aires, Rosas estimuló las relaciones comerciales entre Buenos Aires y los puertos fluviales y mejoró con ello
la posición de las provincias litorales en los mercados extranjeros.
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La primera revisión importante del arancel se produjo a mediados de 1837 cuando se colocaron impuestos adicionales. El gobierno
justificó los adicionales aduciendo exigencias de la guerra. Estos adicionales reforzaron los aspectos proteccionistas de la tarifa de 1835 y la
industria local obtuvo nuevas ventajas sobre sus competidores. Durante los primeros mese del año siguiente el gobierno provincial se vió
obligado a revocar su política de impuestos elevados. La causa inmediata de la revocatoria fue el bloque iniciado por la flota francesa el 23 de
marzo de 1838. El bloqueo impuso la suspensión del comercio exterior, y privó a la Tesorería provincial de su más importante fuente de
ingresos. Para reducir al mínimo los devastadores efectos del bloqueo, Rosas introdujo dos cambios importantes en la tarifa. Por decreto en
1838 quedó prohibida la exportación de harina y trigo, y unas cuatro semanas después se redujeron en una tercera parte los derechos de todas
las importaciones. La flota francesa levantó el bloqueo de Buenos Aires el 29 de Octubre de 1839, restableciéndose rápidamente el intercambio
normal con los mercados de ultramar.
El bloqueo había demostrado mejor que cualquier argumentación verbal que la industria nacional no estaba capacitada para
satisfacer la demanda del país de productos manufacturados. Con todo, el bloqueo creó realmente una extendida escasez de artículos
manufacturados, y Rosas no tuvo más remedio que renunciar a sus relativamente modestas aspiraciones en el terreno de la independencia
económica.
En 1841 el gobierno ordenó al recaudador general que permitiera la importación de artículos cuya entrada al país no estaba
autorizada por la ley arancelaria de 1835. Estos serían admitidos mediante el pago de un derecho del 17%.
El gobierno se vio obligado a abandonar principios por conveniencia, a “traicionar” los intereses económicos de las clases medias
tanto de la provincia como del interior y el litoral. BuenosAires se volvía a separar de las restantes provincias que integraban la Confederación,
en un esfuerzo para rehabilitar su propia economía.
Desde su punto de vista no había mucha diferencia entre Rosas y Rivadavia, entre el federalismo porteño y el unitarismo. Rosas se
convirtió tanto como Rivadavia en representante de Buenos Aires, defensor de sus intereses especiales, presto y dispuesto a sacrificar las más
vitales necesidades de las provincias.
En 1845 se reavivó el conflicto con Francia, a quien esta vez se le había unido Gran Bretaña. Rosas se vió obligado nuevamente a
moderar las reglamentaciones del comercio exterior y reducir las tarifas para “alentar el espíritu de empresa y acrecentar los ingresos”. Los
mismo que en el caso del sitio francés, los impuestos a las importaciones exteriores se redujeron en una tercer parte. En 1846 el gobierno
permitió la exportación en barcos uruguayos, siempre que estos barcos trajeran cargas a Buenos Aires.
El bloque anglofrancés no fue levantado hasta 1848, y en junio de este año se restablecieron las tasas arancelarias normales. La
ruina del sistema monetario de la provincia y el empobrecimiento general de la población provincial, redujeron de tal modo los mercados
internos que la expansión industrial seria difícil aun con un proteccionismo más rigurosos que el concedido por la ley arancelaria de 1835.
La inflación dio como resultado el traspaso de la carga de la guerra a la clases media e inferior, la reducción de sus niveles de vida y
la disminución proporcional de la demanda de artículos de consumo. El mercado de Buenos Aires tuvo dificultades para absorber toda la
producción ofrecida por las provincias. El hecho de que las importaciones de las provincias tuvieran que ser pagadas en efectivo entorpecía el
intercambio comercial entre Buenos Aires y lo hacía a menudo poco provechoso.
Buenos Aires volvió a aparecer subordinando el bienestar de las provincias a sus propios intereses económicos. Ahora era claro,
aun más que antes, que Rosas no quería, o no podía, seguir una verdadera política federal con respecto al comercio exterior.