ENSAYO Políticas Públicas en los Países de América Latina

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DIPLOMADO DD.HH. PcD Ensayo: Evaluación Políticas Publicas 
(2da. Parte) 
Bersy, Gómez C.I. Nº V-7.943.772 
Caracas, junio 2021 
 
“Políticas Públicas en los Países de América Latina”. 
La protección social se ha expresado en programas y sistemas de seguridad social y en 
políticas sociales para disminuir la pobreza y la inequidad, ésto dependiendo de la trayectoria 
de cada país. Es así, como en América Latina durante las últimas décadas se han 
implementado propuestas y modelos teóricos para construir sistemas de protección social, 
entre las cuales sobresale la iniciativa del Banco Mundial sobre "El manejo Social del Riesgo" 
encaminada a la prevención, reducción, mitigación y superación del riesgo en grupos 
poblaciones vulnerables. 
Diversos analistas han señalado que la protección social está determinada por los 
modelos de desarrollo y por las reformas del Estado y sus posibilidades de financiación. 
igualmente, está condicionada por decisiones supranacionales y factores exógenos 
coyunturales que llevan a implementar determinadas políticas económicas y sociales. Surge 
de ésto, las Redes Mínimas de Protección Social (RMPS), como programas asistenciales 
para los más pobres y vulnerables en respuesta a "la crisis económica y los programas de 
ajuste estructural que agravaron la pobreza y provocaron protestas en algunas ciudades1". 
Hacia la década del 80, la mayoría de países latinoamericanos entraron en la tónica de las 
RMPS, con un enfoque descentralizador y participativo, y algunos con énfasis en inversión 
social, con la finalidad de viabilizar políticamente el ajuste estructural2 para así, mejorar la 
eficiencia de algunos ministerios. 
 Sin embargo, según trabajos presentados en el libro “Políticas sociales en América Latina 
y el Caribe : escenarios contemporáneos, inversiones y necesidades” (2015), se tiene que 
entre los países latinoamericanos (y caribeños) existe una gran diversidad de situaciones en 
materia social, que resulta de sus disímiles niveles de desarrollo, sus trayectorias de 
crecimiento, así como del esquema de políticas sociales que han instrumentado. 
 Es así como los países de América Latina han dado importantes pasos en materia de 
políticas publicas para proteger y promover los derechos de su población y especialmente el 
de las personas con discapacidad (PcD), tanto a nivel nacional como regional e internacional; 
pues se ha pasado de una percepción enfocada en el individuo, en su condición médica, a 
una que interpreta la discapacidad en su dimensión social y presta atención a las barreras 
físicas, institucionales y sociales que éstas enfrentan. 
 Indica la Organización Mundial de Salud (OMS) que: 
...se puede hablar entonces de una transición de la visión de las personas con 
discapacidad, desde un “modelo médico” a un “modelo estructural”, sin que la condición 
médica y la condición social representen una dicotomía, antes, más bien, el nuevo 
enfoque postula dar un peso relativo apropiado a los diferentes aspectos de la 
discapacidad (2011, p. 43). 
 
1 Mesa-Lago C. Desarrollo social, Reforma del Estado y de la seguridad social al umbral del siglo XXI. Serie Políticas 
Sociales Nº 36 CEPAL/ELAC. Santiago de Chile: 2000 
2 Franco A. El Auge de la Protección Social. Revista Facultad Nacional de Salud Pública 2005; 23(1):135-47. 
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 Últimamente y con el apoyo de instituciones internacionales, regionales y de los gobiernos 
nacionales, se ha creado una estructura jurídica y normativa que reflejan cambios de visión 
que corresponde con un mejor diseño e instrumentación de políticas públicas específicas 
dirigidas a la atención de este grupo de la población. Como consecuencia, en la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) se promovió, desde 2006, la “Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la cual está vigente 
desde mayo del 2008 y ha sido ratificada por 175 países. Con esta Convención se creó un 
marco normativo supranacional para la promoción, protección y aseguramiento de los 
derechos humanos y el disfrute de las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad (ONU, 2006, p. 44). 
 En éste contexto, pese a que la mayoría de las naciones latinoamericanas tienen un 
amplio reconocimiento jurídico de protección de los derechos de las personas con 
discapacidad y que también cuentan con instituciones e instrumentan políticas a favor de 
hacer respetar sus derechos y su inclusión social, no obstante, en la praxis un importante 
número de personas sufren de vulnerabilidad social, de una mayor desigualdad de 
oportunidades y pueden ser sujetos, en mayor grado que otros grupos, de exclusión en el 
acceso a derechos sociales claves como la salud, el empleo, la educación, el transporte, 
entre otros. 
 En éste sentido, los países latinoamericanos han ratificado (2016) la “Extensión del 
Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 
(2016-2026)”. Ésta Declaración, ratificada por los Estados miembros, contempla un programa 
de acción que los compromete a adoptar gradual e irreversiblemente las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales, así como las políticas públicas necesarias, hasta el 
máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad, sin perjuicio de los derechos que sean aplicables de inmediato 
en virtud del derecho internacional para la efectiva aplicación del Programa de Acción de 
Decenio (PAD), derivado de la extensión del Decenio de las Américas de las Personas con 
Discapacidad (al 2026), en el orden jurídico interno, a fin de que las personas con 
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás y mejoren sus condiciones de 
vida. 
 Es así como la adherencia de casi la totalidad de las naciones latinoamericanas a ésta 
extensión, ha hecho que los instrumentos jurídicos y normativos internacionales y regionales 
en materia de derechos y políticas para las PcD se hayan complementado con la creación de 
instrumentos legislativos propios de cada país latinoamericano, en consecuencia la mayoría 
de éstos países cuentan con leyes, normativas y disposiciones particulares, con el objetivo 
 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/download/36916/38585?inline=1#Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_
Salud._2011. 
4https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/download/36916/38585?inline=1#Organizaci%C3%B3n_de_las_Nacion
es_Unidas._2006. 
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de reforzar los derechos de las PcD a la vez que otorgan una Base Jurídica a las 
instituciones responsables de las políticas públicas en ésta materia. 
 Cita Meléndez, R5 (2019, p.2 ) que como lo documenta Ullmann (2017), en la década de 
1990, 6 países aprobaron sus respectivas legislaciones particulares en el ámbito de la 
discapacidad, mientras que desde la década del año 2000, se experimentó un importante 
incremento en la región en el número de leyes y decretos nacionales orientados a promover, 
proteger y garantizar los derechos, la inclusión social y la participación de las personas con 
discapacidad, de allí Meléndez ob. cit., presenta una Tabla6 con las leyes y decretos 
dirigidos, específicamente, al grupo de población conformado por las PcD, promulgados en 
un grupo de 16 países latinoamericanos : 
Tabla1 
Leyes y Decretos específicos sobre personas con discapacidad para 16 países 
latinoamericanos 
PAÍS LEY-DECRETO FECHA 
PROMULGACIÓN 
Argentina 
Ley N° 22.431 del Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados. 
1981 
Bolivia Ley N° 223. Ley General para personas con Discapacidad. 2012 
Brasil 
Ley N° 7.583 sobre el Apoyo a las Personas con Discapacidad y su 
Integración Social. 
1989 
Chile 
Ley N° 20.422 de Normas sobre Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
2010 
Colombia 
Ley Estatutaria 1.618 de Disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
2013 
Costa Rica 
Ley N° 7.600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad. 
1996 
Ecuador Ley Orgánica de Discapacidades. 2012 
El Salvador 
Decreto N° 888, Ley de Equiparación de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad. 
2000 
Guatemala 
Decreto N° 135-96, Ley de Atención a las Personas con 
Discapacidad. 
1997 
México Ley General de las personas con Discapacidad. 2005 
Nicaragua Ley N° 763 de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2011 
Panamá 
Ley N° 42 de Equiparación de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad. 
1999 
Perú Ley N° 29.973. Ley General de la Persona con Discapacidad. 2012 
República 
Dominicana 
Ley N° 5-13 Sobre Personas con Discapacidad. 2013 
Uruguay Ley N° 18.651 de protección Integral de personas con Discapacidad. 2010 
Venezuela Ley para las Personas con Discapacidad 2006 
Nota de Bgómez٭ Antigua Ley para la Integración de Personas Incapacitadas (1994). 
 
5 Meléndez Rojas, Raudin Esteban. (2019). Las políticas públicas en materia de discapacidad en América Latina y su 
garantía de acceso a una educación inclusiva de calidad. Revista Actualidades Investigativas en Educación, 19(2), 1-
26. Doi. 10.15517/aie.v19i2.36916 
6 La selección se corresponde con una muestra aleatoria, aunque suficientemente representativa, de países de 
Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La información sobre las diferentes legislaciones es un recurso 
público disponible en páginas web oficiales. Ésta Tabla es de Elaboración propia a partir de la información jurídica de 
cada país. 
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A continuación se presentan leyes, normas, entre otros (sin tomar en cuenta la Carta Magna) 
que han actualizado algunos países latinoamericanos luego que Meléndez presentó la tabla 
anteriormente expuesta o que no están incluidas en dicha tabla y que también tienen que ver 
con políticas publicas y protección social del pueblo en general [entiéndase que se integran a 
las PcD], ésto dado a que en casi todos los países de la región existe un plan, estrategia, 
programa, plan o política como instrumento para guiar las acciones en materia de políticas 
publicas con énfasis en la protección social, que es articulado con otras instancias 
institucionales, sea centralizado en la propia institución responsable de las políticas publicas 
o no. No obstante, se pudo observar que son pocos los países que cuentan con un sistema 
de información y de indicadores que permita dar seguimiento a estas políticas públicas. 
Tabla 2 
Leyes-Decretos, Instituciones y otros con ámbito sobre políticas publicas de algunos 
países latinoamericanos 
PAÍS DESCRIPCIÓN 
FECHA 
PROMULGACIÓ
N 
Argentina 
Observatorio de Políticas Públicas (OPP) Resolución JGM N° 203/2002. 
Funciona como un ámbito de compilación y análisis de políticas públicas. 
2002 
Bolivia 
Observatorio Bolivia Autonómica – OBA (Enfoca su labor en las políticas 
públicas) 
No Disponible 
Brasil Observatorio Brasileño de la Economía Creativa (OBEC)-Ordenanza Nº 01 2012 
Colombia Observatorio de Políticas Públicas de Medellín No Disponible 
Costa Rica 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) [Antiguo 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)-1973] 
2015 
Ecuador 
Sistema Nacional de Información – SNI. Decreto Ejecutivo 1577 
Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito 
(OMSC) 
2009 
El Salvador 
Decreto Ejecutivo N° 80 Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona 
con Discapacidad, en adelante denominado "el Consejo", y que se podrá 
abreviar "CONAIPD" 
17-06-2010 
México 
Observatorios de Violencia Social y de Género (17 Observatorios 
coordinados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social INDESOL) 
No Disponible 
Grupo Interdisciplinario de Investigación e Intervención Social (GIIIS) 2005 
Sistema de Información del Desarrollo Social-SIDESO No Disponible 
Paraguay 
El Observatorio de Recursos Humanos en Salud (ORHS) 
No Disponible 
Observatorio de Mercado Laboral 
Perú 
Observatorio Distrital de Programas MIDIS– Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 
No Disponible 
Uruguay Observatorio de Políticas Públicas 2008 
Venezuela 
Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana – OVS- Decreto Nº 
8.899 
03/04/2012 
Proyecto Ley Orgánica para la Protección de las Personas Con 
Discapacidad 
2021 
(en proceso de 
consulta) 
Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 
[Antiguo Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas-
CONAPI-] 
2006 
Programa Nacional de Acción en Salud para las Personas con Discapacidad 
(PASDI) [Dependiente del Poder Popular par la Salud] 
7
 
 
Organización Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (alianza estratégica para el 2015 
 
7 Es parte de la estructura organizativa y funcional del MPPS, adscrito al Viceministerio de Redes. El PASDIS sustituyó al anterior 
programa de rehabilitación que hasta el año 2005 funcionó en el entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
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PAÍS DESCRIPCIÓN 
FECHA 
PROMULGACIÓ
N 
Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) y la 
Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) 
alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y 169 metas que 
son interdependientes) 
 
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 Es evidente, que las instituciones de carácter público requieren de un presupuesto para su 
funcionamiento operativo y para el alcance de sus objetivos, ésto se contempla en el 
presupuesto público mediante el instrumento de gestión y expresión financiera denominado 
POA (Plan Operativo Anual); los presupuestos públicos de éstas instituciones, incluso los de 
la mayoría de los programas de desarrollo social, normalmente están sometidos a las 
volatilidades fiscales que pueden sufrir los países de la región por cualquier circunstancia, lo 
que hace cuesta abajo cumplir con las políticas públicas en materia de protección social 
planeadas. 
 Además de las instituciones públicas que atienden la protección de los derechos y otras 
necesidades de las personas con discapacidad, existe en un gran número de naciones 
latinoamericanas asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que prestan 
servicios de apoyo en esta materia. La mayoría de estas asociaciones y ONG se encuentran 
agrupadas en la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas 
con Discapacidad y sus Familias (RIADIS). Creada en 2002, según sus estatutos, esta Red 
promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad en América Latina y el 
Caribe, alentando la no discriminación en la sociedad y promoviendo su desarrollo incluyente 
por la mejoría de su calidad de vida (RIADIS, 2021)
8
 
 
8 https://riadis.org