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-25- OPINIÓN Domingo 6 de agosto del 2017 LOS DESAFÍOS Y RECLAMOS QUE HOY ENFRENTA EL SECTOR EDUCACIÓN SIN LICENCIA LA CRISIS EN EL PAÍS LLANERO Entre dos fuegos En defensa de Ollanta Humala Venezuela, ¡vamos por la libertad! L os países y los pueblos vi-ven no solo de pan, sino también de nociones. Si no tienen noción de cómo cultivar la tierra o cómo comerciar los bienes, no so- breviven. Tan importante como las nocio- nes de producir e intercambiar es la noción de justicia. Si un pueblo no cuenta con la noción de lo que es justo o injusto, tampoco sobrevivirá. No solo la gente debe tener una mí- nima noción de la justicia. También, y especialmente, deben tenerla las autoridades. Sobre todo, las que ad- ministran la justicia. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Na- cional ha dañado nuestras nociones de justicia. Al resolver no revocar la prisión preventiva de Ollanta Humala, ha puesto en evidencia una noción según la cual la justicia no depende de las leyes, sino de la intuición. La intuición es subjetiva, arbitraria, insegu- ra. Es lo contrario de lo que se le exige a un juez como criterio juzgador. La ley es, más que para los legos, para la autoridad judicial. La sala mencionada sustenta su deci- sión en “vínculos con una entidad que rea- liza actividades ilícitas en diferentes países” (Odebrecht). La suposición de los jueces es que ellos podrían evadir la justicia valiéndo- se de supuestos contactos (no especifi cados en el expediente). La actuación de los esposos “se habría dado E l domingo 16 de julio, los vene-zolanos despertábamos entre la emoción y la expectativa porque sabíamos que haríamos historia. En un acto inédito, ignoramos las amenazas del régimen de Maduro y lo desafi a- mos organizada y valientemente en uno de los más grandes gestos de desobediencia cívica que haya tenido lugar: un plebiscito que rechazó su fraudulenta “constituyente”, exigió a la Fuerza Armada Nacional (FAN) acatar ese mandato y aprobó la designación de poderes públicos, la conformación de un Gobierno de Unión Nacio- nal y la realización de elecciones transparentes. Ese día –el 107 de los 128 de lucha que lleva- mos en las calles– marcaba un nuevo hito. Frente a una debacle humanitaria que se agrava y ante la evidencia de que los canales institucionales para dirimir la crisis están cerrados −golpe a la Asam- blea Nacional, negativa a realizar un referéndum revocatorio− los ciudadanos entendimos que la única manera de lograr transitar a la democracia implicaba utilizar nuestra fuerza, que es la fuerza de la gente, siguiendo nuestra Constitución. Hace 128 días se despertó en Venezuela una genuina rebelión popular. Popular porque está presente en todo el país; porque involucra a todos los sectores de la sociedad; porque abarca a todas las generaciones, desde los jóvenes que están en primera línea luchando hasta sus padres y abue- los; y porque involucra a todas las capas sociales, desde el muchacho humilde que se defi ende tras un escudo de madera hasta el joven pudiente que estudiaba fuera del país y regresó, a escondidas de sus padres, para luchar en las calles. Este movimiento indetenible ha sido brutal- mente reprimido: 134 asesinados, más de 15.000 heridos, más de 4.000 detenidos. Una huella do- lorosa que marca a cada venezolano. Para colmo, buscando consolidar un poder total, el régimen decidió imponer a sangre y fuego, en violación flagrante de la Consti- tución, una fraudulenta “asamblea nacional cons- tituyente” que disuelve la República y consagra la dictadura al estilo cubano. Venezuela vive una en- crucijada histórica. Desde hace mucho, se ha ins- taurado aquí un régimen populista, militarista y profundamente corrupto que ha devenido en un auténtico totalitarismo mafi oso que comete crí- menes dentro y fuera de nuestras fronteras. Esto, lejos de inhibir la fuerza de la gente, ha generado más indignación y determinación para luchar. Maduro no solo perdió la calle –más del 90% del país exige su salida– sino toda legitimidad. Un pilar que se disuelve: el respaldo y la com- plicidad internacionales. Hoy el mundo, con el rechazo al fraude del régimen y con sanciones a funcionarios de la dictadura que han cometido delitos graves, ha pasado de la retórica a la acción. Esto ha comenzado a quebrar un segundo pilar, el de la complicidad de otros órganos del Poder Pú- blico: la fi scal general de la República, diputados y magistrados se van distanciando del régimen. El tercer pilar que se fractura: la FAN. Chávez afi rmó que la suya era una revolución armada. Como sabían que la FAN jamás aceptaría la en- trega de la soberanía al régimen cubano ni la penetración del narcotráfi co y la guerrilla deci- dieron, desde el principio, destruirla: crearon y armaron a grupos paramilitares, cada vez más infl uyentes. Esta amenaza a la propia existencia de la FAN, además de su participación en una represión desmedida, amén del fraude consti- tuyente, que podría someterla a cualquier ca- pricho, está quebrando este último pilar. La sociedad civil lo ha dado todo. Es momen- to de que la comunidad internacional avance respaldando esta rebelión ciudadana. Venezuela nació para ser libre y falta poco para vencer… ¡Vamos por la libertad! U no de los objetivos nacionales que sus-citan mayor apoyo es elevar la calidad de la educación. Por debajo de ese aparente consenso, sin embargo, lo que viene ocurriendo es una confrontación de intereses e ideologías –soterrada en unos casos, violenta en otros– donde los escola- res son las víctimas inocentes de la batalla. Lo complejo de esta confl a- gración es que el Minedu se encuen- tra, en realidad, entre dos fuegos: entre los defensores del statu quo y los extremistas que quieren tumbar- se el sistema. Los defensores del statu quo conforman una confusa coalición de intereses mercantilistas y ultraconservadores. Los primeros quieren de- fender la cultura ‘combi’ en la educación escolar y universitaria, es decir, su derecho a manejar sus negocios educativos como les dé la gana. Los segundos combaten el enfoque de género, que hoy es tendencia en el mundo occidental, con un fanatismo propio de otra época. Unos y otros tienen representantes en el Congreso, la prensa y las redes sociales. Estos dos grupos fueron los mayores promotores de la injustifi cada censura al ex ministro Jaime Saavedra y son también los primeros en salir a criticar con cualquier pretex- to a la ministra Marilú Martens. Los extremistas que quieren tumbarse el sis- tema conforman también una amalgama de di- versas variantes del marxismo-leninismo. Van desde el grupo maoísta Puca Llacta, que fundó el Conare –para combatir a la dirigencia nacio- nal del Sutep –, hasta el Movadef, el organismo de fachada de Sendero Luminoso. Según Alfre- do Velásquez, secretario general del Sutep, los grupos que han convocado la huelga magiste- rial y que han llevado a cabo actos vandálicos tienen un objetivo político y es posicionarse con miras al proceso electoral del próximo año. Pero lo cierto es que también tienen intereses –tomar el control de la Derrama Magisterial, el fondo fi nanciero de los maestros– y objetivos ideoló- gicos de mayor alcance: acabar con el sistema político y económico que hoy rige en el país. Coincidentemente, ambos extremos han coincidido esta semana en pedir la renuncia de la ministra Martens. Los primeros, a raíz de una patraña según la cual la ministra había inten- tado favorecer a su hijo para que reciba la Beca 18 cuando los hechos, ocurridos hace 3 años, refl ejaban todo lo contrario: su hijo de 26 años había sido admitido a una maestría en Harvard y, como es natural, postuló a varias becas, entre ellas la beca Presidente de la República. El he- cho de que fuese descalifi cado al declarar con transparencia sus ingresos familiares, siendo su madre asesora ministerial, es prueba del com- portamiento ético de ambos y pone en eviden- dentro del contexto de una organiza-ción criminal que rebasa las fronteras nacionales”. Pero, ¿qué es “contex- to”? ¿Llamadas a gente de Odebre- cht, fi guración en planillas secretas, sus números telefónicos en directo- rios de probados delincuentes? No hay. Odebrecht es una organización criminal de talla internacional. Eso, sin embargo, en sí mismo y por sí solo, no puede validarse como prueba de riesgo procesal. Para que un dato pueda probar riesgo procesal, tiene que vincularse con otro dato. Tiene que comprehen- der a ambos sujetos. En este caso, a la organiza- ción criminal y al “procesado en riesgo de fuga”. Existió la vinculación de Nadine Heredia con el director general de la FAO, a través del Parti- do de los Trabajadores de Brasil. Esta no es una vinculación con Odebrecht. Es un vínculo con la organización de Lula da Silva. Tendría que establecerse el carácter cri- minal de la organización del ex presidente de Brasil. Luego, recién, establecer su relación con el riesgo procesal. Es muy probable que el PT no haya sido otra cosa que una organización para delinquir. Pe- ro hay que reconocerlo formalmente. Además, hay que relacionarlo, objetivamente, al riesgo de fuga y a los sujetos en riesgo de fuga. En lo de la FAO Nadine Heredia es sujeto único. Y en cuanto al riesgo de fuga por esos contactos, cuando el juez requirió su presencia cia la mala intención de quienes aprovecharon la noticia falsa para atacar a la ministra. El caso de la huelga magisterial es más grave porque ha dejado sin educación por varias semanas a miles de escolares y ha afectado con actos violentos la actividad económica en el sur del país. La huelga en el Cusco, por ejemplo, empezó poco antes del Inti Raymi y sus medidas de fuerza incluyeron toma de carreteras y retiro de rieles del ferrocarril en las semanas de mayor actividad turística en esa región. También atacaron varios aeropuertos con el mismo propósito. Nadie discute que los sueldos de los maestros deben mejorar, pero también es cierto que vie- nen mejorando. Según cálculos de Hugo Ñopo, investigador en Grade, sus sueldos a precios constantes equivalen hoy a menos de la mitad que en los años sesenta, pero también a más del doble que a fi nes de los ochenta. La caída del salario real de los maestros empezó con la crisis económica que generó Juan Velasco en los años setenta y se agudizó con la hiperinfl ación de Alan García en los ochenta. Su recuperación empieza en los noventa y se acelera en los últi- mos 15 años gracias al crecimiento económico del país. Los gobernadores regionales, que al inicio reaccionaron medrosamente a la huelga, han dado un gran paso al suscribir con el Gobierno Nacional una serie de acuerdos en benefi cio de los maestros y el compromiso de descontarles el sueldo a quienes no trabajen a partir de ma- ñana, como debió ser desde un principio. Los líderes extremistas que encabezan la parali- zación insistirán en continuarla, pero, con el tiem- po, la huelga se que- brará. Lo que falta ahora es un gran compromiso nacional por continuar subiendo el suel- do real de los maestros en función del crecimiento de la economía. Los gobernadores tienen una estupenda oportunidad de sumarse a esa causa fo- mentando inversiones en sus regiones que permitan el crecimiento del PBI y de los recursos fiscales como, por ejemplo, grandes proyectos mineros. El extremismo anti- inversión perjudica directa- mente no solo a los maestros sino también a otros servi- dores públicos, como en- fermeras y policías, al im- pedir que el Estado aumen- te sus recursos. “Nadie discute que los sueldos de los maestros deben mejorar, pero también es cierto que vienen mejorando”. “Falta poco para vencer”. en el país, ella regresó. Ella viajó cuando no tenía impedimento de salida. Los jueces han contado con que hay muchos datos sobre el dinero recibido de Odebrecht. Sobre esos datos, sin embargo, ni siquiera se ha abierto juicio. “Como creo que eres culpable en el juicio que no empieza, creo que vas a fugar”. Este no es un razonamiento jurídico. Nadine Heredia trató de adulterar su letra en un peritaje. Pretendió obstruir la justicia. ¿Ollanta Humala también lo hizo? No. Al margen de la culpabilidad o inocencia con respecto al dinero de Odebrecht, no se puede decir seriamente que Humala haya evadido la justicia. La prisión preventiva sin fundamento se- rio debilita la justicia y erosiona nuestro más íntimo sentido de justicia. Los jueces no pue- den tener un poder arbitrario. Tienen poder para aplicar la ley, no para sustituirla por su propia voluntad. La sala ha tomado su decisión sobre la base de una ideología, la ideología de “la justicia soy yo”. Una justicia no neutral no es justicia. Daña la seguridad jurídica, erosiona el Estado de derecho y destruye una de las nociones más importantes que deben tener los pueblos pa- ra vivir en civilización. Me he opuesto a las ideas de los Humala- Heredia. Es probable que sean culpables en el proceso de fondo. Nada de eso, sin embar- go, me hará creer que hubo justicia en esta confi rmación de la prisión preventiva. Director General: FRANCISCO MIRÓ QUESADA CANTUARIAS Director Periodístico: FERNANDO BERCKEMEYER OLAECHEA Directores fundadores: Manuel Amunátegui [1839-1875] y Alejandro Villota [1839-1861] Directores: Luis Carranza [1875-1898] José Antonio Miró Quesada [1875-1905] Antonio Miró Quesada de la Guerra [1905-1935] Aurelio Miró Quesada de la Guerra [1935-1950] Luis Miró Quesada de la Guerra [1935-1974] Óscar Miró Quesada de la Guerra [1980-1981] Aurelio Miró Quesada Sosa [1980-1998] Alejandro Miró Quesada Garland [1980-2011] Alejandro Miró Quesada Cisneros [1999-2008] Francisco Miró Quesada Rada [2008-2013] Fritz Du Bois Freund [2013-2014] Presidente ejecutivo de Ipsos Perú ALFREDO Torres Periodista FEDERICO Salazar Coordinadora nacional de Vente Venezuela MARÍA CORINA Machado ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA
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