VF Las politicas publicas y el marco legal sobre el cambio climatico en Tamaulipas

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Mayela Cubillo M.
Arllery Rivera F.
Compiladoras
Memoria 
Congreso Internacional de la red-ε-mun
Centro de Investigación
y Capacitación en
Administración Pública
CICAP
“Los retos de los 
Gobiernos Locales
en la sociedad del conocimiento”
Universidad de Costa Rica
© CICAP
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.
Primera edición: 2015
Diagramación, montaje digital y diseño de portada: Wendy Aguilar G. 
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley. 
352.140.98
C749c Congreso Internacional de la red e – mun (9 : 2014 : San José, Costa Rica)
Los retos de los gobiernos locales en la sociedad del conocimiento : 
memoria / Mayela Cubillo M., Arllery Rivera F., compiladoras. --1. ed.-- 
[San José], C.R. : Universidad de Costa Rica, CICAP, 2015,
1 disco óptico de computadora : col. ; 4 ¾ plg.
Requerimientos del sistema: PC Inte Pentium II o superior; 250MB 
de espacio disponible en disco duro; monitor SVGA de 16 bit a color; 800 
x 600 pixeles de resolución; mouse de Microsoft o compatible; 64 MB de 
memoria RAM; unidad de CD-ROM; Microsoft Windows 98 NT, Me 
2000—Programa Acrobat Reader para abrir archivo PDF
Sumario: Muestra las ponencias sobre los diversos ejes de investiga-
ción en relación a temas municipales en América Latina
ISBN 978-9968-932-21-9
1. GOBIERNO LOCAL – AMÉRICA LATINA – CONGRESOS, 
CONFERENCIAS, ETC. 2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
- AMÉRICA LATINA – CONGRESOS, CONFERENCIAS, 
ETC. 3. INTERNET EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 
AMÉRICA LATINA – CONGRESOS, CONFERENCIAS, 
ETC. 4. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES - 
AMÉRICA LATINA – CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. 5. 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - AMÉRICA LATINA 
– CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. 6. DESARROLLO 
SOCIAL - AMÉRICA LATINA – CONGRESOS, CONFERENCIAS, 
ETC. I. Cubillo M.,Mayela, comp. II. Rivera F., Arllery, comp. III. 
Título.
CIP/2736
CC/SIBDI, UCR
Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 
Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 
1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 
2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 
3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.
4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 
5.- “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.
6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 
Presentación
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7.- “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.
8.- Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.
El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.
El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 
Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 
•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.
•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.
•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).
•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.
•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.
Los objetivos del Encuentro fueron:
1. Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.
2. Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.
3. Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.
4. Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.
5. Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.
La participacioón efectiva fue de:
•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.
•	 Dos videoconferencias desde México
•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.
•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.
El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.
Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 
Asistieron al evento además:
•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México
•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.
•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.
Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 
Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 
Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.
Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública*Dr. Luis Moral Padilla1 
**Dra. Carmina Elvira Elvira2 
***Dra. Leticia Caloca Carrasco3
1 * Doctorado en economía y ciencias sociales por la Universidad de la Coruña, España. Profesor-investigador de carrera en la 
Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Miembro del Grupo Disci-
plinar Estudios jurídicos y Administración Pública. Miembro de REDEMUN. Tel. 52-8332412012 .E-mail: moral3000@
hotmail.com; lmoralp@uat.edu.mx; 
2 **. Doctorado en Investigación Educativa. Profesor-investigador de carrera en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 
sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Miembro de REDEMUN. Miembro del cuerpo académico de Desa-
rrollo Regional y sustentabilidad. E-mail: Tel. 52-8332412012. celvira_2@hotmail.com.
3 ***. Doctorado en Investigación Educativa. Profesor-investigador de Carrera en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas 
y sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Miembro de REDEMUN. Tel. 52-8332412012. E-mail: lcaloca@
uat.edu.mx.
Eje temático 
Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, 
experiencias exitosas.
 
Modalidad de trabajo: 
Avance de investigación
Las politicas públicas y el marco legal 
sobre el cambio climatico en Tamaulipas
LAS POLITICAS PÚBLICAS Y EL MARCO LEGAL 
SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO EN TAMAULIPAS
*Dr. Luis Moral Padilla 
**Dra. Carmina Elvira Elvira 
***Dra. Leticia Caloca Carrasco
Resumen
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo analiza el marco legal, así como las políticas públicas que a 
escala internacional, nacional y estatal se han establecido para enfrentar la pro-
blemática del cambio climático. En este contexto, y partiendo de la suprema-
cía constitucional, se establecen los principales desafíos legales e institucionales 
para combatir el cambio climático en Tamaulipas.
OBJETIVOS
Los objetivos que se buscan en este trabajo son primero analizar el marco 
jurídico, así como las políticas públicas que a escala internacional, nacional y 
estatal se han establecido para enfrentar la problemática del cambio climático 
en Tamaulipas; segundo revisar, actualizar y evaluar periódicamente el marco 
jurídico aplicable a las áreas de agricultura, asentamientos humanos, biodiver-
sidad, ganadería, costas, pesca, hidrología, educación, vivienda, entre otros que 
recienten los efectos del cambio climático y por ultimo actualizar y evaluar pe-
riódicamente las políticas y estrategias en la materia. 
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CONCLUSIONES
Podemos concluir que existe la necesidad de elaborar iniciativas de ley que permitan contar con 
un marco jurídico que garantice la prevención y solución de la problemática surgida por los da-
ños al medio ambiente, y la creación de la legislación específica sobre cambio climático, donde se 
establezcan las medidas jurídicas necesarias para la protección de los derechos de los ciudadanos 
afectados por este fenómeno, así como las facultades y atribuciones de las autoridades compe-
tentes en el estado de Tamaulipas y su relación con los demás ámbitos de competencia, así como 
formular las líneas tendientes a la generación, divulgación y difusión de las políticas públicas y de 
la normatividad aplicable a la materia en el estado de Tamaulipas.
PalabRas clave
marco legal e institucional, Cambio Climático, Tamaulipas.
PUBLIC POLICY AND LEGAL FRAMEWORK 
ON CLIMATE CHANGE IN TAMAULIPAS
* Dr. Luis Moral Padilla
**Dra. Carmina Elvira Elvira 
***Dra. Leticia Caloca Carrasco
summaRy
PROBLEM
This paper analyzes the legal framework and public policies at international, national and state 
levels have been established to address the problem of climate change. In this context, and based 
on constitutional supremacy, the main legal and institutional challenges are set to combat climate 
change in Tamaulipas.
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OBJECTIVES
The objectives sought in this paper are first to analyze the legal framework and public policies at 
international, national and state levels have been established to address the issue of climate change 
in Tamaulipas; second review, update and regularly review the legal framework applicable to the 
fields of agriculture , human settlements, biodiversity , livestock , coasts, fisheries , hydrology , 
education, housing , among others recienten the effects of climate change and finally update and 
periodically evaluate policies and strategies in the field.
CONCLUSIONS
We can conclude that there is a need to develop legislative initiatives that allow to have a legal fra-
mework to ensure the prevention and resolution of problems arising from environmental damage 
, and the creation of specific legislation on climate change, which established the legal measures 
necessary to protect the rights of citizens affected by this phenomenon , as well as the powers and 
duties of the competent authorities in the state of Tamaulipas and its relationship to other areas of 
competence and develop lines aimed at generation , dissemination and diffusion of public policies 
and regulations applicable to the matter in the state of Tamaulipas.
KeywoRds
legal and institutional framework, Climate Change, Tamaulipas. 
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LAS POLITICAS PÚBLICAS Y EL MARCO LEGAL 
SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO EN TAMAULIPAS
1. intRoducción
Si partimos del hecho de que la diversidad biológica es la base para la vida en la Tierra, que nos 
proporciona beneficios esenciales tales como la purificación del agua y la regulación del clima, 
además de que constituye una defensa natural contra las inundaciones y la erosión de los suelos, 
podemos entender el porqué es fundamental luchar por preservar un medio ambiente sano y con-
servar, precisamente, dicha biodiversidad (Kerry, et al, 1999).
A principios del siglo XX la sociedad mexicana conservaba su característica de ser mayoritaria-
mente agrícola; sin embargo pronto surgieron nuevos modelos de congregación poblacional y se 
instauraron la agricultura y la ganadería intensivas, lo que dio lugar a la degradación de los suelos, 
la deforestación, la reducción de la diversidad biótica y el agotamiento progresivo de los recursos 
naturales. Todos estos cambios, así como el reciente fenómeno de globalización, han contribuido 
a que, en la actualidad, nos veamos amenazados por el cambio climático, producto de la concen-
tración desmedida de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente 
del dióxido de carbono.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente trabajo analiza el marco jurídico, así como las políticas públicas que a escala interna-
cional, nacional y estatal se han establecido para enfrentar la problemática del cambio climático. 
En este contexto, y partiendo de la supremacía constitucional, se establecen los principales desa-
fíos legales e institucionales para combatir el cambio climático en Tamaulipas.
1.2. OBJETIVO
 Es analizar el marco jurídico, así como las políticas públicas que a escala internacional, nacional 
y estatal se han establecido para enfrentar la problemática del cambio climático en Tamaulipas. 
1.3. PROCEDIMIENTO 
Consta de la búsqueda bibliográfica en bibliotecas y centros de documentación sobre el fenómeno 
de estudio; consulta a expertos sobre el objeto de estudio; y redacción de Informe sobre resultados.
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1.4. METODOLOGÍA 
Es de carácter documental mediante un análisis del fenómeno de estudio sobre el marco jurídico 
y las políticas públicas a nivel internacional, nacional y estatal que permitan enfrentar los efectos 
del cambio climático en el estado.
1.5. RESULTADOS 
La creación de ponencias, artículos para revista, un capitulo de libro, un libro, creación de semi-
narios y foros sobre legislación y cambio climático.
2. desaRRollo
2.1. PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO
 En 1997 se suscribió en Japón el protocolo de Kyoto sobre la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en el cual los países suscriptores se comprometieron a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero en 5% entre el 2008 y el 2012, respecto a las emisio-
nes registradas en 1990. Ocho años después, el 16 de febrero del 2005, entró en vigor el protocolo 
de Kyoto, que cuenta con 28 artículos y sus respectivos apartados que tocan temas como: meca-
nismos de desarrollo limpio, estimaciones de emisiones contaminantes, promoción del desarrollo 
sostenible, nuevas y renovables formas de energía, incentivos fiscales y exenciones tributarias; su 
objetivo fundamental es la reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero que 
provocan el calentamiento de la tierra: el dióxido de carbono, el metano, el protóxido de nitrógeno 
y tres gases fluorados; pretende, además, disminuir considerablemente el uso de energías fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas, que representan el 80% de estas emisiones (ONU, 1998).
En nuestro país, la Constitución señala la obligación del gobierno federal de realizar las acciones 
necesarias para promover el bienestar de la población, incluida la protección de la salud y del me-
dio ambiente, además de llevar a cabo cualquier otra acción en beneficio de la nación.
En el estado de Tamaulipas la legislación local también prevé la protección de los derechos 
humanos, (Aguirre, 2003) que podrían ser afectados debido a la contaminación. Independiente-
mente de que es obligación estatal la protección de los derechos humanos colectivos Como es el 
caso del derecho a un medio ambiente adecuado, debemos puntualizar que es responsabilidad de 
todos el enterarnos e involucrarnos en las políticas medioambientales, tanto del gobierno estatal 
como del federal, con el fin de lograr un desarrollo socioeconómico importante pero sin poner en 
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riesgo el equilibrio ecológico, toda vez que no tenemos la naturaleza a nuestro servicio sino que 
formamos parte de ella.
2.2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL CAMBIO CLIMATICO
En noviembre de 2007, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) de las Naciones Unidas concluyó su cuarto informe de evaluación, que resume 
seis años de investigación científica y análisis sobre el modo en que está cambiando el clima mun-
dial (IPCC, 2007). Dicho informe confirma que el cambio climático es una realidad. Por ejemplo:
•		 Once de los últimos doce años han sido los más calurosos de la historia.
•		 La velocidad a la que aumenta el nivel del mar casi se ha duplicado: desde los 18 cm por siglo 
del periodo 1961-2003 a los 31 cm por siglo de la década 1993-2003, acelerada por el deshielo 
de los glaciares y los casquetes polares.
•		 Las observaciones de los satélites muestran que el hielo marino del Ártico está retrocediendo 
a un ritmo del 2.7% por década desde 1978.
•		 Cada vez hay menos noches frías y heladas, y más olas de calor.
•		 En el último siglo han aumentado las precipitaciones en los países del norte; por el contrario, 
han disminuido en el Mediterráneo, África y el sudeste asiático, multiplicando las zonas de 
sequía (IPCC, 2007).
Para mitigar los efectos del cambio climático, el grupo de expertos enfatizó la urgencia de que se 
tomen medidas para desacelerarlo, o bien para adaptarnos a él; esas medidas tienen también un 
sentido económico y se refieren, entre otras cosas, a la utilización de tecnologías y prácticas que 
ayuden a reducir las emisiones a través de, por ejemplo, una mayor eficiencia energética, fuentes 
de energía renovables o una mejor gestión de los residuos. Por otra parte, se lucha porque los 
gobiernos de todo el mundo consideren como una prioridad la eliminación de obstáculos en la 
lucha contra el cambio climático, tales como los conflictos sociales de la pobreza y la falta de in-
formación.
2.3. LA UNIÓN EUROPEA Y EL CAMBIO CLIMATICO
De manera independiente al estudio realizado, la Comisión Europea lanzó el Programa Europeo 
del Cambio Climático (PECC) en marzo de 2000 (Unión Europea, 2000). Bajo los auspicios de 
esta Comisión, sus representantes trabajaron con la industria, las organizaciones medioambien-
tales y otros agentes para identificar medidas rentables, susceptibles de reducir las emisiones de 
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gases de efecto invernadero. Ya se han puesto en práctica más de treinta medidas, entre las cuales 
se destacan:
. Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU-ETS, por sus siglas en inglés), 
puesto en marcha el 1 de enero de 2005. Los gobiernos comunitarios han establecido límites 
a la cantidad de CO2 que pueden emitir cada año alrededor de 10,500 instalaciones (centrales 
eléctricas y grandes plantas consumidoras). Estas instalaciones generan casi la mitad de las 
emisiones de CO2 de la Unión Europea. Los recintos que emitan menos CO2 del que tienen 
asignado pueden vender la cuota de emisión no utilizada a otras plantas que no se estén 
comportando tan bien. Esto supone un incentivo financiero para reducir las emisiones. El 
sistema también se asegura de que haya compradores para las cuotas de emisiones: las empresas 
que superen sus límites de emisión y no deseen cubrirlos comprando derechos, deberán pagar 
multas importantes.
. Otras medidas del PECC están dirigidas a reducir el consumo de combustible de los coches 
y a mejorar la eficiencia energética de los edificios (un mejor aislamiento puede reducir los 
costes de la calefacción en 90%).
. Aumentar el uso de las energías renovables, como la eólica, la solar, la maremotriz, la biomasa 
(materia orgánica como madera, residuos de fábricas, plantas o excrementos de animales).
. Aumentar la energía geotérmica (energía de manantiales calientes o volcanes).
. Reducir las emisiones de metano de los vertederos.
En octubre de 2005 se inició una nueva fase del PECC, orientada a desarrollar medidas rentables 
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y con varios objetivos: Desarrollar 
propuestas que amplíen el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, trabajar en 
investigaciones sobre las emisiones procedentes de la navegación aérea y del tráfico de pasajeros, 
desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, e identificar medidas para adap-
tarse a los efectos inevitables del cambio climático que van unidas a las propuestas legislativas 
correspondientes (Unión Europea, 2005). 
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG Medio Ambiente), con 
sede en Bruselas, con una plantilla de unas 600 personas, se encarga de los trabajos en relación con 
el cambio climático y es responsable de elaborar la legislación y las nuevas iniciativas, lo que pone 
de relieve la complejidad de la regulación jurídica ante un problema de esta naturaleza.
La Comisión Europea (CE) se asegura también de que las medidas que se aprueban se pongan 
en práctica en los Estados miembros, realizando un seguimiento de su realización. Dado que la 
legislación sólo es el primer paso para enfrentar los problemas, lo sustanciales que la aplicación de 
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la ley sea eficiente y oportuna. La necesidad de acuerdos interregionales lleva a poner énfasis en las 
negociaciones internacionales, las que permiten unir esfuerzos para combatir el cambio climático.
La Comisión Europea lanzó, en el verano de 2006, la campaña “Tú controlas el cambio climático”, 
(CE, 2007) con la que trata de concienciar a los ciudadanos acerca de este problema, partiendo 
de que pequeños cambios individuales impactan en el esquema global. Este esfuerzo comunitario 
apuesta por la prevención a través de la educación ciudadana.
La Unión Europea ha integrado el control de los gases de efecto invernadero en el conjunto de 
sus ámbitos de actuación para alcanzar los siguientes objetivos: consumir de forma más racional 
una energía menos contaminante, disponer de medios de transporte más limpios y equilibrados, 
responsabilizar a las empresas sin poner en peligro su competitividad, trabajar para que la ordena-
ción territorial y la agricultura estén al servicio del medio ambiente y crear un entorno favorable 
para la investigación y la innovación (CE, 2008).
Las estrategias propuestas por la Unión Europea son las siguientes:
•		 Una política climática comunitaria, a través de la cual se pretende limitar a 2 ºC la variación 
de temperatura respecto de los niveles preindustriales; para ello, las acciones prioritarias son:
— Contar con un marco político realista y duradero.
— La reducción de los gases de efecto invernadero como objetivo prioritario.
— La vigilancia y la adaptación de las consecuencias inevitables del cambio climático.
— El cumplimiento del Protocolo de Kyoto y el compromiso comunitario en las negociaciones 
internacionales.
•		 Una energía menos contaminante y más eficiente. Para ello, la Unión Europea actualmente 
orienta el mercado hacia la utilización de una tecnología sustentable. En el 2007 adoptó el 
“Paquete Energía”, que sienta las bases de una política energética común, de manera particular 
a través de medidas fiscales. Las acciones concretas en este sentido son:
— Controlar y racionalizar el consumo de energía merced a la eficiencia energética.
— Conseguir que las energías renovables sean una alternativa real y asequible.
•		 Medios de transporte más limpios y equilibrados. En este rubro, la Unión considera las 
acciones específicas siguientes:
— Cumplir los objetivos de la política de transportes.
— Reconciliar el transporte por carretera y el transporte aéreo con el medio ambiente.
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— Fomentar el transporte ferroviario y el transporte por vías navegables, así como la inter 
modalidad.
•		 Empresas responsables y competitivas. A través del principio de “quien contamina, paga” se 
pretende que las empresas se obliguen a tomar en cuenta el impacto ambiental en sus actividades 
con el fin de reducirlo. Al respecto, la Unión Europea cuenta con varios instrumentos de 
gestión.
•		 La agricultura y la ordenación territorial al servicio del medio ambiente. En este sentido se 
promueve una gestión adecuada del uso de suelos con el fin de contribuir en la reducción de 
la emisión de gases de efecto invernadero, producida por las actividades humanas. Se fomenta 
el almacenamiento del carbono y las actividades que generan pocas emisiones.
•		 Un marco adaptado para la innovación. Con el fin de respaldar los proyectos innovadores y 
el desarrollo tecnológico, la Unión Europea ha establecido un número importante de ayudas 
financieras directas o indirectas.
Lo importante es determinar cuáles de estas medidas son viables para el estado de Tamaulipas, 
considerando como prioridades la prevención y la información con una participación ciudadana 
responsable y comprometida. Y, por otro lado, la necesidad de configurar un mapa de riesgos de 
la entidad que permita establecer las prioridades para enfrentar las causas del cambio climático 
y plantear, así, las estrategias y acciones a seguir, así como los objetivos viables a mediano y largo 
plazos.
2.4. LATINOAMERICA Y EL CAMBIO CLIMATICO 
En el marco de la fase inicial de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, en 
2008, se precisa una labor enfocada al diseño de mecanismos que apoyen y hagan posible la ac-
ción por parte de los países en desarrollo. Los países latinoamericanos contribuirán decisivamente 
en el planteamiento de un acuerdo internacional sobre cambio climático posterior al año 2012, y 
serán además quienes más se beneficiarán de este acuerdo.
En este sentido, varios países presentan avances significativos en la lucha por la protección del 
ambiente. Por ejemplo, Chile crea el Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global, que coor-
dina a las distintas instituciones vinculadas con dicho tema en este país (BCN, 2007). Nicaragua 
estableció una Comisión de Cambios Climáticos en 1999, cuyas funciones son de consulta y re-
comendación sobre actividades relacionadas con el cuidado del ambiente, así como la divulgación 
de información nacional e internacional. Argentina, por su parte, realizó un Programa Nacional 
sobre Impactos del Cambio Climático en 2001, cuya finalidad es coordinar estudios con otras 
dependencias y programas nacionales mediante la elaboración de una política de protección al 
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ambiente; en 2003 se crea la Unidad de Cambio Climático, cuya función es proponer y propiciar 
acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidas en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo el desarrollo de actividades locales de 
concienciación para la mitigación de este problema; para el 2006 se establece una comisión para el 
estudio e identificación de los impactos del cambio climático en la Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (SADS, 2006). En Brasil se expide la Ley de Cambio Climático para la Amazonía, con el 
fin de buscar inversiones en el creciente mercado de créditos de carbono, y se crea una “beca del 
bosque” para remunerar a los pueblos de la selva por su trabajo de preservar su hábitat y reducir 
la deforestación; empresas y países muy contaminados podrían invertir en ese fondo, recibiendo 
como contrapartida un “crédito de carbono”, con la garantía de que no habría deforestación, lo 
que significa carbono y agua almacenados para el resto del planeta; esto se debe a que Brasil es el 
cuarto emisor mundial de gases de efecto invernadero, siendo la deforestación responsable de 75% 
de esas emisiones; el estado de Amazonas tiene 1.5 millones de kilómetros cuadrados de selva, lo 
que representa 33% de la Amazonía (Planeta Azul, 2007).
2.5. MÉXICO Y EL CAMBIO CLIMATICO 
En México existen avances teóricos y prácticos relacionados con el derecho ambiental, aunque el 
cambio climático es un asunto que apenas se está tomando en cuenta en la conformación de un 
marco legal adecuado para enfrentarlo. El marco contextual de esta investigación es el estado de 
Tamaulipas, aunque evidentemente el problema en estudio es un fenómeno global.
Es importante precisar que la norma fundamental es la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y que todas las demás leyes aplicables en México deberán ser acordes a sus dispo-
siciones. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los tratados internacionales 
quedan por debajo de la Constitución y sobre las leyes secundarias (SCJN, 1999), lo que significa 
que el gran marco normativo sobre el que debemos trabajar es la Constitución federal y los tra-
tados relativos al medio ambienteque tengan incidencia sobre el cambio climático en particular.
En la legislación mexicana, las autoridades federales son las competentes de manera directa y 
exclusiva en materia de cambio climático. La SEMARNAT es la secretaría que tiene la compe-
tencia directa en el cambio climático, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), en su artículo 32 Bis, fracción XVI: “Conducir las políticas nacionales 
sobre cambio climático y sobre protección de la capa de ozono” (DOF, 2012). Sin embargo, la 
creación de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático (CICC) ha sido fundamental y 
determinante para tomar las decisiones más importantes; entre éstas, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (CICC, 2007) y el Programa Especial de Cambio Climático de 28 de agosto de 
2009, (DOF, 2009).
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La ley General del Cambio Climático (LGCC) en su artículo primero establece “que el objeto 
de la misma es propiciar la adaptación y mitigación al cambio climático y coadyuvar al desarrollo 
sustentable, estableciendo las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y sus Muni-
cipios, el Distrito Federal y las organizaciones civiles de la sociedad estratégica. Además de ser la 
encargada de definir estrategias políticas públicas y metas que tengan por objeto la mitigación y 
la adaptación al cambio climático”. (DOF, 2012).
La intención política de México fue pretender, demostrar en la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático del 10 de diciembre de 
2010, mejor conocida como COP 16, celebrada en Cancún, que México es un país que se en-
cuentra en posibilidades jurídicas de competir por recursos internacionales. (COP 16, 2010) 
Dichos recursos permitirían hacer obras de mitigación y proyectos de adaptación, un punto indis-
pensable ante el calentamiento global, mismo que pretende cubrir la Ley en comento, en el Título 
II que prevé los criterios generales para la definición de políticas de mitigación y adaptación. 
(COP 16, 2010)
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 no habla de cambio climático pero incluye la 
necesidad de trabajar en la sustentabilidad ambiental (DOF, 2013).
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) tiene un Programa Especial 
sobre cambio climático 2009-2012, cuyo objetivo principal consiste en “realizar las investigacio-
nes sobre el cambio climático en México, tanto para mitigarlo como para la adaptación del mismo 
[…]” (DOF,2009). 
La Secretaría de Energía promueve líneas de acción asociadas a la innovación de procesos relacio-
nados con el uso de energía y la eficiencia en el uso de los combustibles fósiles, así como la gestión 
y ejecución de proyectos de aprovechamiento de energías renovables. Forma parte del Comité 
Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Inverna-
dero, que es la entidad responsable de dar cartas de aprobación y de no objeción a proyectos mexi-
canos que pretendan participar en el mecanismo de desarrollo limpio (MDL), (SENER, 2007).
Uno de los programas de mayor alcance es Hábitat, programa impulsado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), que se enfoca tanto a la prevención del cambio climático como 
al estudio y desarrollo de estrategias para enfrentar los problemas socioeconómicos de manera 
conjunta. (SEDESOL, 2007).
Una obligación sustancial del Estado es la planeación, que se ve reflejada en Tamaulipas en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011-2016, el cual enfatiza la necesidad de desarrollar inte-
gralmente al estado conforme a los fines políticos, sociales, culturales y económicos, contenidos 
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas (POET, 2011).
2.6. DESAFIOS PARA COMBATIR LEGAL E INSTITUCIONALMENTE CAMBIO CLIMATICO 
EN TAMAULIPAS 
Lo anotado con anterioridad representa los esfuerzos internacionales para la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, esfuerzos que podemos retomar en algunas áreas siempre que 
se ajusten a las condiciones nacionales. Estimamos importante, igualmente, puntualizar los retos 
que, en materia jurídica y de políticas públicas, enfrenta el estado de Tamaulipas. Consideramos 
conveniente agrupar dichos desafíos en tres rubros: sustantivo, procesal y de gestión.
El primero se refiere a la necesidad de que las medidas adoptadas estén en consonancia con los 
acuerdos internacionales pero, fundamentalmente, con el respeto de los derechos y garantías de 
los mexicanos. La parte procesal deberá poner énfasis en el acceso a la justicia, que implica, entre 
otras cosas, atender los problemas con eficacia y oportunidad. Respecto a la gestión, es sustancial 
que se enfatice la prevención, la educación y la información entre todos los estratos de la sociedad 
para que, junto con las autoridades, se enfrenten los efectos del inminente cambio climático.
2.6.1. ASPECTO SUSTANTIVO
Es importante el análisis constitucional sobre las obligaciones y posibilidades que se le otorgan a 
las entidades federativas para legislar en materia de cambio climático. La revisión de los tratados 
internacionales ratificados por nuestro país es el siguiente paso, para de ahí llegar al ámbito legis-
lativo estatal.
La legislatura tamaulipeca estudia un proyecto de Ley sobre el cambio climático, y contiene di-
rectrices que permiten insistir en la necesidad de prevención, adaptación y reducción de riesgos 
frente al cambio climático (Congreso de Tamaulipas, 2011).
El Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, en su artículo 44 fracción 
XXVI establece: “Coordinar la política estatal sobre cambio climático, de protección a la capa de 
ozono y de atención y reversión a los problemas de gases efecto invernadero” (POET, 2008).
Los derechos humanos deberán ser instrumentos fundamentales que el Estado mexicano debe 
fortalecer en todos sentidos. En estos derechos encontramos los de primera generación, que exi-
gen una obligación del Estado de abstención, es decir, de no obstaculizar el ejercicio del derecho, 
a diferencia de los derechos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales), 
llamados también por la doctrina programáticos o derechos de prestación, que exigen del Estado una 
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determinada actividad para satisfacerlos, como puede ser el derecho a la salud, a la vivienda; o bien 
los derechos de la tercera generación, como el derecho a un medio ambiente adecuado, en que el 
Estado debe velar por su efectivo disfrute y realizar todas aquellas acciones que sean necesarias 
para salvaguardarlo, consagrado en el artículo 4º Constitucional; el derecho al disfrute del patri-
monio cultural y artístico, previsto en el artículo 40 párrafo 1º, y derecho al desarrollo regulado, 
consagrado en los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales (Cruz, 2011).
2.6.2. ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL 
El tema de la tutela efectiva de los derechos, es una cuestión primordial para la eficacia de los 
derechos humanos. En nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección que conforman su parte dogmatica contenida en 
los primeros 29 artículos de la Constitución, tienen un trámite sumario para atender la urgencia 
de un reclamo sobre presuntaviolación grave de un derecho, o sea, el juicio de amparo. Amparo 
que, sin embargo, no es aplicable en materia ambiental, dado que se discuten derechos de tercera 
generación cuya titularidad es difusa. Por lo tanto, la justicia ambiental tiene frente a sí el reto de 
legitimar a un sujeto para acceder a los tribunales y hacer efectivos tales derechos.
Es posible distinguir tres tipos de interés: el interés simple, el jurídico y el legítimo (Ferrer Mac-
Gregor, 2003a: 17-21). El interés simple corresponde a su concepción más amplia y se identifica 
con las acciones populares. El interés jurídico, conforme Ferrer Mac-Gregor: “[...] corresponde al 
derecho subjetivo, entendido como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución con-
signa la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una 
facultad de exigir y b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha 
exigencia”. (Ferrer MacGregor, 2003a: 56). Por último, el interés legítimo no debe confundirse 
con el interés simple, que es el que se exige en el caso de las acciones populares: “Esta última ac-
ción se dirige a satisfacer el interés de la comunidad, el de todos. En cambio, el interés legítimo, 
reconducido en su aspecto de protección de derechos e intereses difusos y colectivos, normalmen-
te se refiere a círculos de interés más reducidos, intereses de determinados grupos o colectividades 
[….] que sólo en supuestos excepcionales llega a coincidir con la totalidad de la comunidad, con-
virtiéndose con ello en interés general” (Ferrer MacGregor, 2003b: 535).
Así, la presencia de los intereses de grupo, difusos o colectivos, ha impuesto la necesidad de revisar 
los esquemas tradicionales de la tutela jurisdiccional, esencialmente individualistas, y se ha hecho 
necesaria una transformación del derecho procesal para establecer mecanismos protectores de 
dichos intereses, más acordes con la realidad y la problemática actual, en especial con la determi-
nación de los sujetos legitimados activamente para promover las acciones relativas.
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En México se han registrado algunos avances en la protección jurisdiccional de los intereses 
difusos y colectivos, sobre todo en lo que se refiere a los consumidores, al medio ambiente y en 
materia electoral.
2.6.3. GESTION AMBIENTAL 
En México se ha buscado que la gestión ambiental se apegue a un principio de integralidad, por 
lo que se procura impulsar políticas ambientales por cuatro vías: incorporar la dimensión am-
biental a las políticas sectoriales que inciden en el manejo de los sistemas naturales; desarrollar 
las capacidades de gestión local y la colaboración de los distintos órganos de gobierno; propiciar 
la participación de la sociedad legítimamente interesada en el desarrollo sustentable; y fomentar la 
educación y capacitación ambiental (Semarnat, 2006: 64).
Al hablar de gestión ambiental nos referimos sobre todo a estimular la organización colectiva de 
la sociedad para incidir en la transformación racional del medio ambiente y los recursos natura-
les. Dicha gestión está determinada por factores y procesos institucionales que se desarrollan en 
cuatro ámbitos:
•		 Aspectos culturales: evolución del conocimiento científico y su relación con otros tipos de 
conocimientos y saberes, conciencia colectiva, organización de la sociedad y participación 
social.
•		 Aspectos normativos: desarrollo de la legislación nacional y local, incluyendo normas técnicas 
y reglamentos.
•		 Aspectos político-administrativos: relaciones de poder entre las instituciones y las estructuras 
de gobierno, definición de competencias y atribuciones, articulación entre órdenes de gobierno.
•		 Aspectos internacionales: desarrollo de un orden jurídico global, instituciones multilaterales y 
mecanismos internacionales de cooperación y financiamiento (Semarnat, 2006: 23).
Este espíritu permitirá la elaboración de políticas públicas enfocadas, particularmente, a la mini-
mización del cambio climático, o bien su adecuación a él, en el estado de Tamaulipas, consideran-
do las acciones y estrategias que a nivel global se han puesto en marcha y reelaborando el marco 
jurídico que dé cabida a dichas medidas.
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2.3.4. ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN
El Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011-2016, en lo referente al medio ambiente, es-
tablece las directrices que deberá tomar el gobierno del estado para afrontar la problemática que 
se presenta por los daños al medio ambiente y la pérdida de diversidad biológica y cultural. Ello 
se suma a la preocupación internacional, y por ende nacional y local, por los efectos que está oca-
sionando el fenómeno del cambio climático; en este sentido, junto con los grandes temas y rubros 
estudiados del fenómeno en cuestión, se encuentra el del marco jurídico que deberá regir en los 
nuevos escenarios que surjan como consecuencia del cambio climático. (POET, 2011).
Es por ello que se torna indispensable establecer, dentro del Programa Estatal de Acción Cli-
mática en Tamaulipas (PEAC), un esquema de estrategias generales y líneas de acción jurídicas 
que fijen las políticas estatales que en este ámbito deban aplicarse, y que permitan atender las 
necesidades básicas de la sociedad para mitigar los efectos del cambio climático fortaleciendo, a 
través de un marco jurídico que responda a los lineamientos y prioridades establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011-2016, los derechos y garantías de protección de todos 
los habitantes del estado de Tamaulipas. (SEDUMA, 2011).
3. conclusiones
1) Elaborar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del marco jurídico actual, aplicable 
a la materia. Así mismo definir, en cada una de las áreas prioritarias del estado que se vean 
afectadas por el cambio climático, su normatividad fundamental y su campo de aplicación.
2) Vincular la normatividad internacional, federal, estatal y municipal para la protección del 
medio ambiente, y en particular la que tiene que ver con el cambio climático. Considerar 
el impulsar programas conjuntos entre los diversos agentes jurídicos para el desarrollo de 
estudios y legislaciones que permitan la conformación de una masa crítica de investigadores, 
legisladores e innovadores en el ámbito del cambio climático.
3) Revisar, actualizar y evaluar periódicamente el marco jurídico aplicable a las áreas de agricultura, 
asentamientos humanos, biodiversidad, ganadería, costas, pesca, hidrología, educación, 
vivienda, entre otros; mismos que recienten los efectos del cambio climático. También resulta 
necesario actualizar y evaluar periódicamente las políticas y estrategias en la materia.
4) Elaborar iniciativas de ley que permitan contar con un marco jurídico que garantice la 
prevención y solución de la problemática surgida por los daños al medio ambiente, y la 
creación de la legislación específica sobre cambio climático, donde se establezcan las medidas 
jurídicas necesarias para la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por este 
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fenómeno, así como las facultades y atribuciones de las autoridades competentes en el estado 
de Tamaulipas y su relación con los demás ámbitos de competencia. Formular las líneas 
tendientes a la generación, divulgación y difusión de las políticas públicas y de la normatividad 
aplicable a la materia.
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	Presentación
	Dr. Mayela Cubillo Mora
	Diseño de un corredor turístico en los 
	John Jairo Gil Toledo
	Las politicas públicas y el marco legal 
sobre el cambio climatico en Tamaulipas
	*Dr. Luis Moral Padilla 
	**Dra. Carmina Elvira Elvira 
	***Dra. Leticia Caloca Carrasco