Cuaderno_de_trabajo_21

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Número 21
LIBERALIZACIÓN, GLOBALIZACION
Y SOSTENIBILIDAD
Roberto Bermejo Gómez de Segura
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
Centro de Documentación Hegoa
ROBERTO BERMEJO GÓMEZ DE SEGURA es profesor de Economía y Organización
de Empresa de la U.P.V./E.H.U., coordinador del Área de Economía y Ecología de
Bakeaz y miembro de Hegoa.
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CUADERNOS DE TRABAJO DE HEGOA es una publicación destinada a difundir los tra-
bajos realizados por sus colaboradores/as, así como aquellos textos que por su interés
ayuden a la comprensión de los problemas del desarrollo y las relaciones internacionales.
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LIBERALIZACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y SOTENIBILIDAD
Roberto Bermejo Gómez de Segura
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO
Centro de Documentación Hegoa
Cuadernos de Trabajo de Hegoa
Número 21
Abril 1998
D.L.: Bi-1473-91
ISSN: 1130-9962
Impresión: LANKOPI S.A.
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ÍNDICE
LIBERALIZACIÓN, GLOBALIZACION Y SOSTENIBILIDAD
Introducción 5
Por el libre mercado hacia la sostenibilidad:
la respuesta ortodoxa a la crisis ecológica 7
2.1. Primera reacción ortodoxa ante el problema ecológico 7
2.2. Teorización actual: un pensamiento confuso e inadecuado 10
2.2.1. La autonomía de los gobiernos 10
2.2.2. Teorías sobre los costes de la defensa ambiental 11
2.2.3. Liberalización comercial y sostenibilidad 15
La dinámica globalizadora contra la sostenibilidad 19
3.1. Características de las economías sostenibles 19
3.2. Características de las economías sostenibles 
y la dinámica globalizadora 19
3.2.1. Preservación de los ecosistemas y funciones ambientales 20
3.2.2. Conservación de los recursos 30
3.2.3. Escala adecuada 32
Bibliografía 35
3
1
2
3
4
A.
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4
BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 41
Economía 41
Cooperación al Desarrollo 50
Relaciones Internacionales 52
Mujer 55
Geografía y Ecología 58
Derechos Humanos 72
Información y Documentación 73
B.
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Hoy en día, desde las instancias de poder econó-
mico y político se emite el mensaje, de forma
insistente y monocorde, de que vamos irremedia-
blemente hacia una economía globalizada y desre-
gulada, y que esto constituye una señal inequívoca
de progreso, ya que el mercado se va liberando de
las ataduras del pasado, lo que permite desarrollar
sus potencialidades: eficiencia, prosperidad y liber-
tad. (Altvater, 93: 80) 
Es por ello que los librecambistas acusan a sus crí-
ticos de mantener posturas patológicas, conserva-
doras, antidemocráticas, etc. Martin Wolf, redactor
jefe asociado del Financial Times, declara que los
antiliberales se basan en tres posturas: “odio a los
mercados, miedo a los extranjeros e inquietud en
cuanto a los salarios, a los empleos a la actividad
económica. Si las dos primeras actitudes son pato-
lógicas, la tercera es racional, al menos“. Peter
Martin, redactor jefe de la edición internacional
del mismo periódico, acusa a las posturas antili-
berales de utilizar argumentos que “reposan en un
ansia visceral de preservar el statu quo y de
perennizar su ideología hondamente conservado-
ra“, que van en contra de los “derechos democrá-
ticos, en particular el derecho más preciado: el de
la práctica en paz de aquello que más nos guste“
(Le Monde Diplomatique, junio, 1997).
Esta visión implica un razonamiento reduccionista,
mecánico y manipulador de la realidad. O se está a
favor del comercio totalmente desregulado o se
defiende una economía autárquica, tal como lo
denuncia David C. Korten (1996: 71):
De la misma forma, esto implica que la única alter-
nativa a la apertura total de las fronteras naciona-
les a un flujo sin restricciones de bienes y dinero es
construir muros impenetrables que nos cortan del
resto del mundo y nos privan de los beneficios de
participar en el comercio internacional. 
Como consecuencia de ello, se identifica proteccio-
nismo con prácticas insolidarias que pretenden des-
cargar los problemas económicos nacionales sobre
las espaldas de otras naciones. En ningún momen-
to se admite que sea racional y eficiente un mode-
lo económico que busca la autosuficiencia nacional
y la cooperación internacional más amplia posible.
Por último, su visión de la democracia y de las
libertades es profundamente reduccionista y mani-
puladora. En un mundo en que las instancias ele-
gidas democráticamente se van vaciando de poder,
el cual está pasando a manos de los centros de
decisión económica, la única “democracia“ que tien-
de a fortalecerse es la del mercado. En este contex-
to, el principio democrático de una persona un
voto se transforma en otro de carácter censitario:
sólo votan los que tienen dinero y el número de
votos es proporcional a la cantidad de dinero.
Parece absurdo que sea el centro de las críticas la
necesidad de protegerse por parte de las personas y
5
1. INTRODUCCIÓN
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de las sociedades, y lo que constituye un requisito
previo: tener la capacidad de autogobernarse, ya
que es algo totalmente consustancial con la natu-
raleza humana. La necesidad de protección nos
remite a la necesidad más general: la de ser due-
ños de nuestro propio destino, y un elemento
central del mismo es la capacidad de orientar la
economía hacia la satisfacción de las necesidades
vitales de forma sostenible.
La liberalización económica se defiende en virtud
de la supuesta eficiencia del libre mercado, pero
este no existe, ni puede existir. El mercado sólo
puede existir en el marco de unas instituciones y
de una cultura, que definen normas de comporta-
miento y desarrollan instrumentos para que se
cumplan. Por otro lado, para que sea eficiente, no
deben existir grandes asimetrías de poder y de
información. Sin este requisito no se podrán reali-
zar transacciones justas. 
Por ello, el libre mercado constituye una ideología
(Krugman,91: 106), una pura fantasía (Reich, 93:
188) o una religión (Daly y Cobb, 89: 366), que la
oligarquía dominante, con la ayuda de sus ideólo-
gos orgánicos, utiliza como justificación para pro-
mover la fuerte desregulación en marcha. Durante
la guerra fría fue también un arma ideológica con-
tra el “expansionismo soviético“, ya que se defen-
día que “su aplicación al ámbito internacional sería
una invencible conjunción de fuerzas frente a los
soviéticos.“ (Reich, 93: 74) Las ideas liberales se
defienden hoy con la misma fe religiosa que se
hizo en la primera mitad del siglo XIX. Para Krug-
man, “(si) hubiera un Credo de los economistas,
este contendría estas dos afirmaciones: Creo en el
Libre Comercio; Creo en el Principio de las Venta-
jas Comparativas.“ (Daly y Cobb, 89: 209, 210).
Se defiende el libre comercio en base al “Principio de
las Ventajas Comparativas“. Sin embargo, existen
diversas versiones sobre el mismo que, además, son
incapaces de interpretar el desarrollo del comercio
internacional. En última instancia, el principio carece
de relevancia porque se basa en la no libre circu-
lación de los factores productivos y ahora hay una
libre circulación de capitales. 
El libre mercado representa mucho más que un
modelo económico. Supone una visión del mundo
determinada: de la historia, de los comportamien-
tos individuales y sociales, de la democracia, de las
relaciones con la naturaleza, etc. Sin embargo, esta
cosmovisión sigue anclada en el pensamiento deci-
monónico, lo que determina una praxis no ade-
cuada a la realidad y que tiende a socavar los
cimientos del sistema, es decir, a desintegrar la
cohesión de las sociedades y a traspasar los límites
naturales que preservan la vida. Este elemento es
determinante en última instancia, porque ningún
sistema económicopuede perdurar, si tiende a
degradar la base física que le es imprescindible
para su funcionamiento. Este trabajo está centrado
en el análisis de las repercusiones de la liberaliza-
ción en marcha sobre la base física citada, y cons-
tituye la segunda parte del mismo. Para ello con-
viene estudiar la teorización que realiza la econo-
mía ortodoxa para tratar de hacer sostenible la libe-
ralización económica y el crecimiento ilimitado.
Este es el objetivo de la primera parte.
Antes de pasar al análisis citado conviene precisar
algunos términos o conceptos que pretenden reflejar
la dinámica económica actual: liberalización o desre-
gulación; libre comercio; libre mercado; mundializa-
ción o globalización; etc. Estos conceptos son seme-
jantes pero encierran diferencias importantes, por lo
que, en general, no son perfectamente intercambia-
bles. Una diferencia es que unos conceptos tienen un
carácter predominantemente instrumental, mientras
que otros tienden a reflejar las consecuencias de la
aplicación de los instrumentos. Mediante la liberali-
zación, el libre mercado y el libre comercio (instru-
mentos), se busca alcanzar una economía desregula-
da y globalizada o mundializada (consecuencia).
Liberalización y libre mercado entiendo que son con-
ceptos equivalentes, y se refieren a la desregulación
tanto dentro de los estados como en la esfera inter-
nacional. Libre comercio, sin embargo, debe enten-
derse como un aspecto particular de los dos con-
ceptos anteriores, aquel que se refiere a la liberaliza-
ción de las relaciones económicas internacionales.
Por último, conviene resaltar el carácter dinámico e
intencional de estos conceptos.
6
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2.1 La primera reacción ortodoxa
ante el problema ecológico
Los autores clásicos tenían, en general, una visión
bastante clara de los límites naturales al crecimien-
to ilimitado. A Malthus le preocupaba la supuesta
existencia de una tendencia, inherente a los seres
humanos, a reproducirse ilimitadamente. A partir
de esta visión sobre la dinámica poblacional, Ricar-
do desarrolló su teoría de la tendencia al estanca-
miento del sistema capitalista desregulado, debido
a que la utilización de tierras cada vez más margi-
nales encarecía los alimentos, y en consecuencia
los salarios, lo que deprimía los beneficios empre-
sariales. Stuart Mill comprendía la imposibilidad de
crecer ilimitadamente y abogaba por una economía
de estado estacionario. Por último, Marx declaraba
la incompatibilidad entre el capitalismo y la preser-
vación del equilibrio ecológico.
Por el contrario, la llamada revolución neoclásica
supone la eliminación de cualquier preocupación
por los límites físicos. Se admitirá implícitamente
que la Tierra es una fuente inagotable de recur-
sos y un sumidero de residuos de capacidad infi-
nita. La economía ortodoxa mantendrá esta visión
durante 100 años. 
Sin embargo, en la década de los 60 empezaron
a hacerse evidentes los problemas ecológicos que
estaba creando el fuerte crecimiento económico
de la posguerra. Como consecuencia de ello, los
gobiernos de los países más industrializados se
empiezan a ver presionados por la opinión públi-
ca a dedicar fondos importantes para la defensa
ambiental. Ante esta situación, la economía orto-
doxa adoptó la postura de considerar que tales
gastos constituían una traba al crecimiento y a la
generación de empleo, porque, se decía, aumen-
taban la inflación, frenaban la innovación y cons-
tituían un obstáculo al desarrollo del comercio.
Por lo tanto, se admitía, aunque de forma implí-
cita, la incompatibilidad entre economía (identifi-
cada con crecimiento, como es habitual) y ecolo-
gía. Un documento de la OCDE de 1985 recono-
ce la citada oposición de la economía ortodoxa,
aunque la considera superada para finales de la
década de los 60:
Hace quince años había gran preocupación por-
que la acción medioambiental podía suponer una
pesada, si no intolerable, carga sobre las econo-
mías, disminuyendo el crecimiento, agravando el
desempleo, aumentando la inflación, inhibiendo
la innovación y distorsionando el comercio
(OCDE, 85: 16).
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2. POR EL LIBRE MERCADO
HACIA LA SOSTENIBILIDAD:
LA RESPUESTA ORTODOXA
A LA CRISIS ECOLÓGICA
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2.2. Teorización actual:
un pensamiento confuso
e inadecuado
A medida que el problema ecológico se ha ido
agravando y alcanzando dimensiones planetarias,
la economía ortodoxa no ha podido seguir mante-
niendo la afirmación de la incompatibilidad, por-
que sostenerla supondría la necesidad de sustituir
la economía capitalista por otra, ya que ningún
modelo económico puede mantenerse indefinida-
mente, si destruye la base física sobre la que se
asienta. Como este planteamiento resulta inacepta-
ble para los defensores del sistema, la única vía de
salida que queda es defender la compatibilidad
entre crecimiento ilimitado y libre comercio, por
un lado, y la protección de la naturaleza, por otro.
Incluso se suele ir más lejos: la defensa de que
sólo a partir del crecimiento y la liberalización eco-
nómica se puede alcanzar la sostenibilidad. 
La teoría que permite dar coherencia a este dicur-
so es la de la valoración de los bienes libres.
Según esta, el mercado no es un instrumento ade-
cuado para hacer frente al problema ecológico,
porque este se refiere a los bienes libres, es decir,
a bienes ambientales que no tienen valor de mer-
cado por ser bienes colectivos. Por lo que las
externalidades ambientales que genera la activi-
dad económica no son internalizadas y el merca-
do no refleja todos los costes, no dando la seña-
les correctas. En consecuencia, para que sea efi-
ciente en todos los campos, debe internalizar los
costes ambientales, es decir, debe asignarles un
valor mercantil e introducirlo en el mercado, nor-
malmente vía impuestos o permisos de contami-
nación comercializables. La teoría se resume, por
tanto en que se deben “internalizar las externali-
dades“, para “que los precios digan la verdad“ y
“los agentes económicos reciban las señales
correctas“.
Como son los gobiernos los encargados de reali-
zar la citada internalización, resulta que sobre
ellos recae la responsabilidad básica del proble-
ma ambiental, librando así al mercado de cual-
quier culpa significativa. A pesar de la simplici-
dad y coherencia de esta teorización, la economía
ortodoxa no ha sido capaz, porque es imposible,
de definir un pensamiento coherente, ni mucho
menos operativo, por lo que la destrucción de la
Biosfera avanza de forma incontenible. Las con-
tradicciones suelen ser clamorosas, pero por
supuesto estas no son reconocidas. 
La actuación gubernamental vendrá determinada
al menos por tres factores: el nivel de sensibiliza-
ción ecológica de los gobiernos; el grado de
autonomía para actuar libres de la influencia de
poderes externos; las repercusiones para el creci-
miento del gasto ambiental. Dejaré de lado el pri-
mer factor, porque no es relevante para el tema
tratado, y me centraré en el análisis de los dos
restantes. Por último, estudiaré la premisa prima-
ria del carácter neutral del libre comercio bajo
dos planos: el de si esta premisa se defiende con
coherencia y el de la implicación de la teoría de
la internalización de las externalidades en la libe-
ralización comercial.
2.2.1. La autonomía de los
gobiernos
La economía ortodoxa defiende que los gobier-
nos tienen la autonomía necesaria para proteger
la naturaleza. La evidencia de que existen grandes
problemas ambientales lleva, en base a la teoría
explicada, a centrar la responsabilidad de los mis-
mos en los gobiernos, por no aplicar la “política
ambiental correcta“.
Uno de los objetivos del Quinto Programa es
“fijar correctamente los precios“ y los países
miembros de la Unión Europea, bajo las directri-
ces del gobierno supraestatal que es la Comisión
Europea, son los encargados de definir los pre-
cios correctos y de implementarlos. El Banco
Mundial (1992: 67) en su World Development
Report 1992 afirma que “la causa principal de los
problemasdel medio ambiente no es la liberali-
zacción del comercio, sino la incapacidad de los
mercados y poderes públicos para tener en cuen-
ta de manera adecuada el medio ambiente en los
precios.“ Aunque aquí se atribuye parte de la cul-
pa a “los mercados“, en realidad la única respon-
8
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sabilidad que en esencia se plantea es la de los
gobiernos, porque según esta teoría estos son los
encargados de actuar sobre los mercados para
que den las señales correctas.
Esta idea es claramente expuesta en la Comuni-
cación Sobre comercio y medio ambiente de la
Comisión Europea: “Está ampliamente admitido
que el margen de maniobra de los países sigue
siendo muy amplio“. El que no se atribuya en
general ninguna responsabilidad relevante a la
liberalización de las relaciones económicas inter-
nacionales, determina que se insista con gran rei-
teración en que las actuaciones de los gobiernos
en materia ambiental no deben dar lugar a la
adopción de medidas compensatorias arbitrarias
que constituyen trabas comerciales encubiertas.
La Comunicación es un ejemplo de este razona-
miento, cuando afirma que “se puede concluir
que las normas comerciales autorizan a los países
a adoptar todas las medidas necesarias para pro-
teger el medio ambiente en su propio territorio, a
condición de que estas medidas no sean discrimi-
natorias, ni arbitrarias, y no consistan en restric-
ciones encubiertas del comercio internacional“
(Comisión Europea, 96: 12, 17).
Esta idea se repite de forma prácticamente idénti-
ca en los textos de la OCDE, de la Unión Euro-
pea, de la Cumbre de Río, del GATT, de la OMC,
etc., y es evidente que pretende demonizar las
restricciones al comercio motivadas por la protec-
ción de la naturaleza. Esto es así porque no se
contempla la posibilidad de que la medida adop-
tada no sea arbitraria, ni sea además una restric-
ción del comercio encubierta, sino que constituya
la consecuencia lógica de adoptar medidas con-
servacionistas.
Cada vez resulta más evidente que los estados
están perdiendo capacidad para decidir autónoma-
mente. Esta evidencia está empezando a ser asumi-
da por instituciones internacionales. Así, el informe
La dimensión social de la liberalización del comer-
cio internacional, que la OIT presentó a la cumbre
G7 de Abril de 1996, declara que “la globalización
de la economía y la mayor competencia interna-
cional resultante ha limitado las posibilidades de
los gobiernos de aplicar políticas económicas autó-
nomas“ (Parlamento Europeo, 96: 33).
2.2.2. Teorías sobre los costes
de la defensa ambiental
Se manifiestan de forma clara al menos tres teorías.
Como es lógico, estas teorías macroeconómicas son
acompañadas de otras semejantes en el ámbito
empresarial, en relación a los beneficios o costes
que obtendrán las empresas que inviertan en pro-
tección ambiental. Veremos también que las tres pre-
sentan contradicciones muy notables entre sí. Ade-
más, las contradicciones no acaban aquí, porque
veremos que subyace una cuarta teoría, que repre-
senta el primer posicionamiento, ya descrito, de la
economía ortodoxa frente al problema ambiental: la
incompatibilidad entre crecimiento ilimitado y equili-
brio ecológico. Lógicamente esta teoría no se enun-
cia como tal, sino que se desprende de estudios
sobre los costes de atajar los problemas ambientales
más importantes y, sobre todo, de la práctica de los
gobiernos y de los comportamientos empresariales.
Teoría 1: La defensa ambiental es fuente de bene-
ficios
Esta es la teoría más optimista, ya que considera
que, lejos de suponer una carga para la economía
(que siempre se identifica con crecimiento), los
fondos destinados a la defensa ambiental consi-
guen los dos objetivos que se pretenden alcanzar:
la conservación del ambiente y el crecimiento.
Porque defiende que el gasto ambiental, aparte
de proteger el ambiente, incentiva el crecimiento,
lo cual desencadena un proceso de retroalimenta-
ción. El incremento de riqueza, consecuencia de
este mayor crecimiento, permite detraer más fon-
dos para la defensa ambiental, y así sucesiva-
mente. Nos encontraríamos ante un multiplicador
ecológico, según el cual el gasto ambiental y el
crecimiento son fenómenos que se refuerzan
mutuamente.
Una conferencia de la OCDE sobre medio
ambiente y desarrollo, que bajo el título de Envi-
ronment and Economics se celebró en 1985, afir-
ma que la principal conclusión de la misma es
que la economía (crecimiento) y la protección del
medio ambiente se refuerzan mutuamente:
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Un continuo mejoramiento del medio ambiente y
un sustancial crecimiento económico son objeti-
vos esenciales, compatibles e interrelacionados
para los países miembros de la OCDE. Esta con-
clusión, la más importante de la Conferencia, sig-
nifica que el ambiente y la economía, si se diri-
gen apropiadamente, son mutuamente reforzan-
tes; y soportan y son soportados por la innovación
tecnológica (OCDE, 85: 10).
La Agenda 21 convierte esta teoría en uno de sus
objetivos:
Promover y apoyar políticas nacionales e interna-
cionales que hagan que el crecimiento económico y
la protección del medio ambiente se apoyen mutua-
mente (CNUMAD, 93: 14).
El hecho de que se lo plantee como un objetivo
quiere decir que, en opinión de los redactores del
documento, no se alcanza de forma automática a
partir de tomar medidas de protección de la natu-
raleza. Introduce, por tanto, un matiz diferente, que
normalmente se refiere a que hay que aplicar polí-
ticas ambientales correctas, es decir, que internali-
cen los costes pero que no obstaculicen el comer-
cio y, por tanto, el crecimiento.
El Cuarto Programa de actuación ambiental de la
Unión Europea explica los mecanismos que hacen
funcionar el citado multiplicador del gasto ambiental,
al considerar que se puede alcanzar la sostenibilidad
“destinando una pequeña parte de los inmensos
recursos y del potencial científico, tecnológico e
industrial de la Comunidad al desarrollo y la utiliza-
ción de equipos, tecnologías y prácticas de gestión y
de administración necesarias para adoptar dichas
normas (de protección ambiental), al tiempo que se
obtienen los medios necesarios para el cambio a par-
tir de los beneficios económicos y de empleo resul-
tantes.“ (Comisión Europea, 87: 40).
Se defiende la teoría con varios argumentos. La
Comunicación Sobre Comercio y Medio Ambiente
de la Comisión Europea (96: 11) esgrime los más
habituales. Considera que sus beneficios provienen
de “suscitar la innovación tecnológica, promover la
eficiencia económica y mejorar la productividad
general“ y de la captación de una parte importante
de los mercados de bienes y servicios ambientales
(que estima tiene un valor de 250.000 millones de
dólares y que crece al ritmo de un 8% anual) y de
productos verdes.
Estos argumentos sirven para que, desde instan-
cias oficiales, se dirijan mensajes optimistas a las
empresas para incentivarlas a que gasten en
defensa ambiental, los cuales se pueden reducir a
uno: la ecología es negocio. Sin embargo, la rea-
lidad es muy contraria tanto a nivel de gobiernos
como de empresas. Las empresas por lo general
presionan para que no se mejore la política
ambiental e incumplen notoriamente la normativa
vigente. Como dice Barry Commoner (1992: 216),
durante más de 20 años las empresas estadouni-
denses se han “resistido rabiosamente a casi
todos los esfuerzos para reconocer, por no men-
cionar reducir, el impacto ambiental generado“.
En la Unión Europea se han desarrollado unos
poderosos grupos de presión empresarial que
logran parar numerosos iniciativas comunitarias
consevacionistas y reducir de forma decisiva el
alcance de otras, así como el el desarrollo de
políticas netamente contrarias a las sostenibilidad,
como faraónicas redes de comunicación, y el
mantenimiento de otras igualmente perversas
para el ambiente, como la PAC, etc., tal como se
refleja en el libro Environmental Policy in Euro-
pe. Industry, Competition and the Policy Process
(Levéque, 96). Estos gruposactúan también a
escala estatal obstaculizando la transposición de
las directivas y su cumplimiento.
Si las perspectivas de obtener beneficios mediante
la protección ambiental fueran ciertas, la actitud
obstruccionista supondría que los empresarios no
actúan de forma racional, porque refleja que, en
general, pierden “de manera rutinaria oportunida-
des rentables de desarrollar productos medioam-
bientales o de instalar procesos para combatir la
contaminación“, en palabras de la redactora jefe de
The Economist, Frances Cairncross (1996: 156).
Teoría 2: La defensa ambiental produce costes tan
grandes que sólo los países desarrollados los pue-
den asumir
Esta teoría constituye una versión optimista de la
primitiva visión negativa. Se admite que para pre-
servar el ambiente hay que gastar, lo cual frena el
10
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crecimiento. Pero a diferencia de la versión pri-
mitiva, se considera que los gastos en defensa
ambiental no constituyen una traba importante
para el crecimiento, siempre y cuando el país se
haya desarrollado lo suficiente como para poder
destinar fondos significativos a la defensa
ambiental, lo mismo que a otros capítulos: sanita-
rio, educativo, etc. 
Uno de los autores que con más claridad expone la
teoría es Jagdish Bhagwati (1994: 6), experto en
comercio internacional y asesor del GATT, que afir-
ma lo siguiente:
Entre los ecologistas se ha extendido el temor de que
el libre comercio vaya a aumentar el crecimiento
económico y que éste deteriore el ambiente. Este
temor carece de sentido: el crecimiento permite a
los gobiernos recaudar impuestos y aumentar los
recursos destinados a diversos fines, entre ellos la
moderación y la protección general del medio. Sin
dichos ingresos, poco puede hacerse, por muy puros
que sean los motivos.
Como resultado de lo anterior, es de esperar que en
los momentos de estancamiento o de bajo creci-
miento económico escaseen los fondos dedicados a
la defensa ambiental, incluso en los países ricos. El
estudio de la OCDE (1989: 9),Environmental Policy
Benefits: Monetary Valuation, manifiesta la dificultad
de llevar estas políticas en tales circunstancias:
Es verdad, sin embargo, que los tiempos económi-
camente difíciles ofrecen un reto a los defensores de
la mejora del medio ambiente. Muchos de los bene-
ficios de la política medioambiental no se muestran
en forma de ganancias monetarias inmediatas: los
beneficios se deben encontrar más en la calidad de
la vida que en el incremento del output nacional.
En resumen, esta teoría plantea que, para poder
proteger la naturaleza, es necesario ser rico y, ade-
más, estar incrementando la riqueza constantemen-
te y así los países pueden permitirse el lujo de rea-
lizar un gasto ambiental significativo, a pesar del
freno que esto supone para el crecimiento. Como
dice von Weizsacker (1994: 21), antiguo Comisario
de Medio Ambiente de la Unión Europea: “con-
viértete en rico y así podrás soportar los costes de
la protección del ambiente.“ Por tanto, la Periferia
no puede dedicar los escasos recursos financieros
que posee a la protección ambiental, por lo que
esta tendrá que esperar hasta que se enriquezca.
Teoría 3: La defensa ambiental genera costes asumi-
bles a los agentes económicos
La teoría de la internalización de las externalidades
ambientales representa una visión implícita de los
costes ambientales distinta de las anteriores, ade-
más de representar el eje central de los intentos
por parte de la economía ortodoxa de integrar el
problema ecológico. Aunque no suele haber pro-
nunciamientos específicos en este sentido, cuando
se insiste reiteradamente que los agentes econó-
micos deben de internalizar los costes ambientales,
sin hacer alusión a la cuantía de los mismos, se
debe entender que la magnitud de los mismos no
constituye un obstáculo decisivo para el crecimien-
to económico. Como no podía ser menos, abundan
los pronunciamientos a favor de la teoría, por lo
que citaré algunos de los más importantes y claros.
La Comunicación de la Unión Europea Crecimien-
to económico y medio ambiente: Implicaciones
para la política económica declara que:
Un elemento clave para el éxito de esta política
(ambiental) es una mayor utilización de los ins-
trumentos que se basan en el mercado, ya que
para lograr una eficacia tanto desde el punto de
vista medioambiental como de costes es necesario
que los agentes económicos reciban las señales ade-
cuadas (Comisión Europea, 94: 3). (El subrayado
es del texto original).
La Conferencia de Río da tanta importancia a esta
teoría que la convierte en uno de los Principios (el
16) de su Declaración:
Las autoridades deberían procurar fomentar la inter-
nalización de los costes ambientales y el uso de ins-
trumentos económicos, teniendo en cuenta que el que
contamina debería, en principio, cargar con los cos-
tes de la contaminación (CNUMAD, 93: 278).
Por último, el Informe de aplicación y plan de
actuación de la Comisión Europea sobre el quin-
to programa, declara que “uno de los objetivos
del quinto programa es fijar correctamente los
precios, ya que los agentes económicos deciden
11
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la asignación de los recursos financieros teniendo
en cuenta el precio de los bienes y servicios que
desean adquirir“ (Comisión Europea, 97: 117).
Análisis comparativo
Las tres teorías son defendidas como simples mani-
festaciones de una única, porque comparten las pre-
misas de defensa del libre comercio y de compatibi-
lidad entre crecimiento ilimitado y preservación del
equilibrio ecológico. Por el contrario, son manifiestas
sus diferencias sobre la magnitud y repercusiones del
gasto ambiental. 
Indudablemente hay una contradicción notable
entre afirmar que los costes de la defensa
ambiental obstaculizan el crecimiento (segunda
teoría) y manifestar que promueven el crecimien-
to (primera teoría). Además, en esta desaparece la
necesidad primaria de crecer para proteger la
naturaleza, que es el requisito ineludible de la
primera, porque en situaciones de estancamiento
o crecimiento débil sería recomendable gastar en
defensa ambiental para estimular el crecimiento.
La tercera comparte con la segunda la idea de
que la defensa ambiental supone un coste, por-
que se basa en gravar las actividades contami-
nantes. Por el contrario, discrepan en cuanto a la
magnitud del mismo y en cuanto a la necesidad
de crecer para proteger la naturaleza. La segunda
la defiende explícitamente. Por el contrario, para
la tercera no es necesario, porque si los precios
de los productos reflejan los valores de los bienes
libres, ya se están generando, vía impuestos, los
recursos financieros necesarios para reparar los
daños ambientales, cualquiera que sea la escala
de la economía, cualquiera que sea su ritmo de
crecimiento, incluso si es nulo. No es necesario,
por tanto, propugnar por razones ambientales el
libre comercio, o cualquier otra política que
supuestamente impulsa el crecimiento.
El grado de confusión es tan grande que estas teo-
rías aparecen frecuentemente en los mismos textos,
como se puede apreciar en las citas mostradas
anteriormente. Además, una cuarta teoría (que es la
primitiva) se manifiesta con gran frecuencia y
rotundidad.
Teoría 4: La defensa ambiental es un gran obstá-
culo para el crecimiento
Más que con una teoría explícitamente declarada y
argumentada (que es impensable en el contexto
político y económico actual), nos encontramos con
numerosas afirmaciones que la protección de la
naturaleza supondrá enormes costes. Esto ocurre
especialmente cuando se analizan los aspectos
prácticos de las políticas ambientales.
Frecuentemente se argumenta que los costes de
protección ambiental sufren una escalada expo-
nencial a medida de que se profundiza en esta
política. Si bien los costes son bajos en las pri-
meras etapas de la protección, en la medida de
que se avanza estos se disparan. Esta es la opi-
nión de la Comisión Europea (1994: 9) expresada
en la Comunicación citada anteriormente:
Mientras que enlos tiempos en que se comenzó a
regular el medio ambiente se consiguieron excelentes
resultados a un coste relativamente bajo, indepen-
dientemente del instrumento elegido, hoy en día suce-
de que, sobre todo en áreas en las que se han efec-
tuado ya avances, los costes podrían dispararse si no
se elige bien el instrumento. La razón es que, una vez
agotadas las posibilidades más obvias y baratas de
mejora del medio ambiente, los costes de otras nuevas
aumentan considerablemente.
Si bien este texto condiciona el que se produzca
una fuerte escalada de costes a los instrumentos
utilizados, no explica de forma convincente de qué
instrumentos se trata. Sólo presenta dos argumen-
tos. Por un lado, afirma que un “enfoque integrado
puede rebajar considerablemente los costes de la
política medioambiental“, aunque no argumenta tal
afirmación. Por otro lado, cita las ganancias que se
pueden obtener al convertirse el país “en líderes de
las tecnologías, bienes y servicios“ ambientales.
Este argumento no se puede generalizar, porque lo
único que se consigue es que el coste se reparta
desigualmente entre los países, pero no que en
conjunto disminuya.
Sin embargo, es habitual en los textos comunita-
rios (y así lo hace también la Agenda 21) que se
defienda escalonar la implantación de una políti-
ca ambiental más, con el objeto de diluir en el
tiempo los costes de la misma, porque, como dice
la Comisión Europea en la citada Comunicación,
12
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 14
“exigir cambios importantes de la noche a la
mañana acarrearía unos costes ingentes“.
El informe de la OCDE (1993: 101), Fiscalidad y
Medio Ambiente, confirma la teoría al admitir que
frecuentemente la defensa ambiental requiere de
“inversiones masivas“:
En numerosos casos, estos problemas (los ecoló-
gicos) exigen que se aporten a los esquemas de pro-
ducción y de consumo unos cambios importantes y
costosos, y exigen inversiones masivas en la lucha
contra la contaminación.
W.E. Oates (1996: 348), uno de los economistas
ambientales más importantes, considera que
“varios de los problemas ambientales planetarios
más preocupantes (tales como el calentamiento
mundial) sugieren no sólo daños potenciales de
enorme magnitud sino que implican la adopción
de medidas preventivas o correctivas de coste
enorme.“ Nordhaus (1994: 189) calcula, a partir
de un modelo econométrico, que reducir las emi-
siones de CO2 al 80% del nivel de 1990 costará
11 billones de dólares y, además, considera que
esta reducción contribuirá poco a frenar la eleva-
ción de temperaturas. Ante este elevado coste,
opina que no se debe actuar mientras no se
conozca mejor las consecuencias del cambio cli-
mático. Se considera que este estudio ha sido
determinante para que el gobierno de EEUU deci-
diera no hacer nada, como lo está demostrando
tanto en la política interna como en los foros
internacionales.
Weizsacker (1992: 19) cuenta que en el verano de
1975, Helmut Schmidt, entonces jefe de gobierno
de la RFA, reunió a los principales actores econó-
micos y ambientales y, “como resultado del
extendido temor al desempleo, las iniciativas de
política ambiental fueron paradas durante varios
años.“ Esta experiencia, según el mismo autor,
fue repetida posteriormente en el caso del “casi
colapso de la política ambiental alemana durante
la recesión del año 1993.“ Si un país que es el
más competitivo del planeta (su superávit en la
balanza exterior es el mayor del mundo), y que
tiene una de las conciencias ecológicas más avan-
zadas, congela su política ambiental en momentos
de crisis económica, es porque existe una creen-
cia muy generalizada de que la defensa ambien-
tal es muy costosa, por lo que hay que sacrificar-
la en aras del crecimiento y el empleo.
Las dimensiones y objetivos de este trabajo impi-
den un análisis sobre la validez de las diferentes
teorías sobre los costes de la sostenibilidad, por
lo que simplemente definiré mi postura sobre la
cuestión, sin argumentarla. Frecuentemente se
magnifican los costes para defender posturas
inmovilistas. Otras veces las conclusiones sobre
los costes se basan en estimaciones pesimistas
sobre el desarrollo tecnológico. Por último, los
costes pueden ser minimizados si se cambian los
modelos de producción y de consumo, lo cual
además es imprescindible para la sostenibilidad. 
2.2.3. Liberalización comercial
y sostenibilidad
El coro de voces que cantan las excelencias del
libre comercio para lograr la sostenibilidad es muy
numeroso, pero se muestran disonancias muy nota-
bles. Aunque los problemas no acaban aquí, por-
que la teoría de la internalización de las externali-
dades (que constituye el instrumento central de la
integración del problema ecológico dentro del
paradigma) invalida la premisa librecambista. 
En relación al primer tema, aparecen claras diver-
gencias sobre el papel que desempeña el libre
comercio en relación a la sostenibilidad. Se
advierte que hay al menos cuatro posturas habi-
tuales, que resumo según una escala de más a
menos favorables. Según estas, la liberalización:
apoya la sostenibilidad; es neutral, aunque mag-
nifica los problemas; es responsable de los mis-
mos, aunque no el principal, y por último crea
problemas de magnitud difícil de evaluar. Incluso,
como veremos, podemos encontrar textos que, a
pesar de que son fervientes librecambistas, expre-
san la contradicción entre liberalizar y proteger. Y
es que la evidencia es tan clara, que en algunos
casos (poco frecuentes) es capaz de rasgar el velo
de la ortodoxia:
La Agenda 21, que sin duda es uno de los docu-
mentos más librecambistas que se han escrito, a
pesar de que contiene numerosísimas contradic-
13
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 15
ciones (Bermejo, 96), defiende que el libre
comercio fomenta el desarrollo sostenible, lo que
determina un mutuo apoyo entre ecología y cre-
cimiento. Así lo hace, por ejemplo, en el artículo
2-3 del capítulo segundo:
La economía internacional debería ofrecer un cli-
ma internacional propicio para lograr los objetivos
en la esfera del medio ambiente y del desarrollo, en
las formas siguientes: fomentando el desarrollo sos-
tenible mediante la liberalización del comercio;
logrando que el comercio y el medio ambiente se
apoyen mutuamente (CNUMAD; 93: 13)
La Comunicación de la Comisión Europea (1996:
31) Sobre comercio y medio ambiente, defiende
también la teoría de que ambos pueden fortale-
cerse mutuamente. Así, su primera conclusión
establece que:
La Comisión se ha comprometido a conseguir un
elevado nivel de protección del medio ambiente y
un sistema comercial multilateral abierto, equita-
tivo y no discriminatorio. Las políticas de comercio
y medio ambiente pueden fortalecerse mutuamente
en favor de un desarrollo sostenible. (La negrilla es
del original)
Conviene resaltar que, aunque estas ideas son cla-
ramente positivas en relación a la influencia del
libre comercio en la sostenibilidad, este carácter se
enuncia de forma más condicional que explícita. Se
dice que la relación positiva entre ambos fenóme-
nos “puede“o “debe“ darse.
Otras veces se considera que el libre comercio no
causa problemas ecológicos, sino que “solamente“
los magnifica. Este es el caso del informe del GATT
International Trade, 1990-1991:
Ninguno de los aspectos del desarrollo sostenible
está intrínsecamente unido al comercio interna-
cional. Un fallo en la valoración de los recursos
ambientales puede minar el desarrollo sostenible,
incluso en una economía cerrada completamente.
Por el contrario, el comercio es visto como un mag-
nificador. Si se implementan las políticas necesarias
para el desarrollo sostenible, el comercio promueve
un desarrollo que es sostenible.
Aunque en este texto se plantee de forma implíci-
ta la neutralidad del libre comercio, no se puede
admitir, si tenemos en cuenta el papel magnificador
que se le atribuye. Porque, como explicaré en el
apartado 3, los problemas ecológicos son causados
normalmente por la magnitud de las actuaciones.
Los grandes problemas ambientales aparecen cuan-do la escala del impacto sobrepasa el umbral de
resiliencia de los ecosistemas y los recursos se ago-
tan cuando se consume mucho.
Ya he dicho anteriormente que el informe sobre el
desarrollo mundial de 1992 del Banco Mundial atri-
buye parte de la culpa del problema ambiental a la
liberalización del comercio, aunque defiende que la
causa principal es la incapacidad de los “poderes
para tener en cuenta de manera adecuada el medio
ambiente en los precios“.
También, aparece frecuentemente la idea de que la
liberalización genera costes ambientales cuya cuan-
tía es difícil de determinar. Esta es la opinión de la
OCDE, tal como se manifiesta en su informe The
environmental effects of trade:
La parte relativa del comercio, las políticas comer-
ciales o la liberalización del comercio en la degra-
dación del medio ambiente es difícil de determinar
y por lo general está relacionada con muchas otras
variables (OCDE, 94: 17). 
La Comisión Europea (1997: 154) admite que la
liberalización del comercio puede producir daños
ambientales, si no “se establece garantías a nivel
nacional e internacional para limitar el daño al
medio ambiente“, pero no se pronuncia sobre la
magnitud del daño porque “la relación entre
comercio y medio ambiente es una relación
extremadamente compleja“.
Resulta patente que los textos citados presentan dife-
rencias muy notables, porque el libre comercio no
puede ser al mismo tiempo factor de la mejora
ambiental, neutral, magnificador (pero no causante),
causante secundario del deterioro ambiental o inde-
terminado (por la extrema complejidad de la relacio-
nes entre comercio y ambiente). Y si esto ocurre en
el tema de la defensa del libre comercio, que es el
que concita mayor adhesión, en los otros aspectos
del problema ecológico las discrepancias resultan
espectaculares, como se manifiesta a lo largo de este
trabajo. Pero las contradicciones pueden ir más lejos.
Aunque no son muy frecuentes, a veces aparecen
textos que van a la raíz del problema, por lo que
contradicen frontalmente los planteamientos más
14
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 16
comunes. Así la Comunicación de la Comisión Euro-
pea Sobre comercio y medio ambiente apunta certe-
ramente a la contradicción que existe entre liberali-
zar (eliminar los controles) y proteger la naturaleza:
Las tensiones que surgen entre las normas comer-
ciales y las políticas de medio ambiente se deben
fundamentalmente al hecho de que si el régimen
del comercio internacional tiene por objeto reducir
substancialmente los derechos de aduana y los obs-
táculos al comercio, la realización de los objetivos
en materia del medio ambiente requiere controlar
el comercio de determinadas categorías de produc-
tos (Comisión Europea, 96: 17).
No es de extrañar que, tal como muestra el Dicta-
men sobre la misma del Consejo Económico y
Social (CES, 96: 13, 14), este documento “no ha
tenido una acogida muy favorable en Ginebra“
(sede de la OMC), aunque se muestre partidario de
“salvaguardar la integridad del sistema del comer-
cio mundial“.
En relación al tema de la incompatibilidad entre
la teoría de la internalización de las externalida-
des y la liberalización comercial, conviene reali-
zar un breve repaso a los elementos centrales de
la valoración de los bienes libres en que se basa,
para poder llegar a la conclusión anunciada. En
primer lugar, resulta radicalmente falsa la premisa
de la que parte: que el mercado es eficiente con
los bienes naturales con valor de mercado. Lo
prueba la acelerada destrucción de recursos que
se está produciendo.
Para poder realizar una valoración monetaria que
sea objetiva es necesario que se cumplan algunas
condiciones: se conoce los impactos ambientales
que provocamos, lo que se debe basar en el
supuesto de que los ecosistemas constituyen siste-
mas aislados, que se pueden tratar de forma indi-
vidualizada, evitando complejas interrelaciones; los
impactos se pueden valorar de forma objetiva en
unidades monetarias; no existen procesos irreversi-
bles que puedan complicar las valoraciones, etc. La
realidad nos muestra que estas premisas están ale-
jadas de la realidad. La Biosfera es una realidad
única constituida de partes interdependientes y por
ello los impactos en un punto se propagan a la lar-
go de la misma, por ello es prácticamente imposi-
ble conocer con precisión los efectos de los impac-
tos ambientales. Esto impide realizar una valora-
ción objetiva. Pero, incluso, en el caso hipotético
de que se conociera con precisión el daño ambien-
tal, no existe un método objetivo de valorarlo. Exis-
ten múltiples procesos irreversibles (lo que consti-
tuye uno de los problemas más graves de la actua-
lidad) que hacen imposible alcanzar una valoración
mínimamente objetiva. 
Las técnicas de valoración utilizadas se basan en la
creación de mercados artificiales. La técnica más
utilizada, y la única que tiene una aplicabilidad
general, es la “Valoración Contingente“. Esta con-
siste en determinar mediante encuestas cuanto está
dispuesta la gente a pagar por la recuperación de
un bien ambiental (predisposición a pagar) o cuan-
to a aceptar como pago de la degradación de otro
bien ambiental (predisposición a cobrar). Se admi-
te que las citadas valoraciones dependen de varios
factores: magnitud del problema, nivel de renta,
grado de conciencia ecológica, etc.
La valoración obtenida hay que introducirla en el
mercado y normalmente se postula que sea
mediante la aplicación de impuestos equivalentes.
Teniendo en cuenta que los problemas ambienta-
les, los niveles de renta y la conciencia ecológica,
son muy dispares según los países, tendremos que
admitir que los impuestos ambientales deberán ser
muy diferentes. El informe de la OCDE (1993: 84),
La fiscalidad y el medio ambiente, admite la exis-
tencia de diversidad de rentas, de niveles de
conciencias ecológicas y problemas ambientales:
En primer lugar puede haber diferencias importan-
tes entre los países en cuanto a su vulnerabilidad a
la degradación del medio ambiente; cuando la
capacidad del medio ambiente para asimilar la
contaminación es muy fuerte, la política puede ser
menos restrictiva. En segundo lugar, como las ren-
tas difieren mucho de unos países a otros, es lógico
que difieran también sus preferencias hacia la cali-
dad del medio ambiente nacional.
Si los factores que determinar la valoración son
muy dispares de una país a otro, los impuestos
también lo serán, y en un contexto de liberaliza-
ción del comercio como el actual, las empresas
de los países con impuestos más altos verán mer-
mada su competitividad. Esta situación es recono-
cida frecuentemente en los textos de la OCDE y
15
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 17
de la Unión Europea, pero no pueden aceptar las
consecuencias de la misma. Por ello, siempre
buscan una salida falsa. El citado informe de la
OCDE admite que “la aplicación de tasas medio-
ambientales u otras medidas estrictas de política
de medio ambiente, sin coordinación, se acompa-
ña de costos en términos de competitividad...“.
(OCDE, 93: 86). La salida falsa es introducir la
cláusula de “sin coordinación“.
La Comisión Europea (1996: 12) halla la misma esca-
patoria. Admite también que son muy diversas “las
condiciones, valores y prioridades“ según los países,
y declara que estas variaciones “pueden solucionarse
con frecuencia de forma eficaz mediante la armoni-
zación o la coordinación internacional de las políti-
cas de medio ambiente“.
Pero la declaración carece de rigor, porque, si los
costes son dispares, ninguna coordinación o armo-
nización evitará que sigan siéndolo. En ningún caso
se profundiza en esta propuesta, se queda en una
mera declaración carente de argumentación. Ade-
más, los comentarios posteriores sobre las diferen-
cias de costes suelen mostrar más claramente la
endeblez de la propuesta.
La OCDE admite que la pérdida de competitivi-
dad ha obligado a no aplicar la alta fiscalidad
sobre la energía existente en algunos países nór-
dicos a las empresas más intensivas en energía
(OCDE, 93: 96;Agencia Europea de Medio
Ambiente, 96). Este es el caso de Suecia, Dina-
marca y Holanda. Y esto ocurre en el seno de la
Unión Europea, donde existe una política
ambiental común e instituciones de coordinación
de las políticas sectoriales. Además, en el texto de
Comisión Europea se reconoce que “una unifor-
mización total de las políticas de medio ambiente
no es posible, ni deseable“, teniendo en cuenta
las particularidades indicadas. Seguimos sin
entender cómo la “coordinación“ resuelve el pro-
blema de la disparidad de costes en el seno del
Mercado Unico. 
Si las ecotasas no pueden aplicarse a las empresas
que más recursos consumen y más contaminan,
para evitar su pérdida de competitividad, pierden
su capacidad disuasoria de comportamientos antie-
cológicos y se convierten en meros impuestos, es
decir, en un medio de recaudación. El mercado,
por lo tanto, no recibirá las señales correctas y los
comportamientos seguirán siendo antiecológicos,
según la lógica del pensamiento que analizo. Exis-
te, en consecuencia, una contradicción entre pedir
que se internalicen los costes ambientales y prohi-
bir las barreras aduaneras para las mercancías que
no incorporen dichos costes. Así lo entienden
Goodland y Daly (1994: 78):
Hay una clara inconsistencia entre una política
nacional de internalización de costes y una políti-
ca internacional de comercio desregulado con
naciones que no internalizan los costes.
La teoría de la valoración de los bienes libres tie-
ne otra consecuencia perversa. Si la valoración
depende del nivel de renta y del grado de
conciencia ecológica, es evidente que las pobla-
ciones de la Periferia (lo mismo que las deprimi-
das del Centro) valorarán menos la conservación
del ambiente. Por lo tanto, resulta “económica-
mente eficiente“ el trasladar a las zonas citadas
los residuos tóxicos, las industrias más contami-
nantes, los productos químicos más tóxicos, etc.
Esto es más que una hipótesis. Por ejemplo, un
informe interno del Banco Mundial redactado en
1992 (que al ser filtrado a la presa originó un
gran escándalo) por Lawrence Summers, uno de
sus directores, defiende la conveniencia de reali-
zar tal política. Así, refiriéndose a Africa, reco-
mienda el traslado de industrias contaminantes a
este continente, porque considera “ineficiente“
que tengan el aire limpio:
Los países africanos de baja densidad de pobla-
ción están ampliamente infracontaminados, la
calidad de su aire es probablemente amplia e ine-
ficientemente baja (en contaminantes) compara-
da con Los Angeles o la ciudad de México (Haw-
ken, 95: 174).
16
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3.1. Características de las
economías sostenibles
Las características de una economía sostenible
son muy fáciles de enunciar (a pesar de las teorí-
as de sostenibilidad irracionales que se proponen
dentro del marco de la economía ortodoxa), aun-
que resulta mucho más difícil convertirlas en pau-
tas de comportamiento operativas. Sin embargo,
estas características delimitan un marco de soste-
nibilidad que deja fuera del mismo el actual pro-
ceso de globalización.
Una economía sostenible debe:
a) preservar los ecosistemas y funciones
ambientales
b) conservar el stock de recursos
Para que estos requisitos se cumplan es necesario
que se den otros. Pero por razones de espacio sólo
citaré uno: que la economía tenga una escala ade-
cuada. La razones de elegirlo son que tiene una
indudable importancia y que la economía ortodoxa
se la niega. Por ejemplo, cuando plantea que el
comercio sólo magnifica los problemas.
3.2. Características de las economías
sostenibles y la dinámica
globalizadora
La naturaleza no es una mercancía y al tratarla
como tal se establece el marco de actuación que
hace posible su destrucción. La prolija legislación
ambiental aparecida en las últimas décadas es una
muestra de la necesidad de regular su uso para
limitar su degradación y una aceptación implícita
de que se la considera, al menos, una mercancía
especial. Por el contrario, la liberalización del
comercio genera diversos procesos que invalidan
en buena medida la aplicabilidad de la política
ambiental vigente y acelera, por lo tanto, la degra-
dación de la naturaleza. 
Vamos a ver que lejos de contener potencialidades
para fortalecer la sostenibilidad (como defienden
los librecambistas), tiende a destruir los elementos
de la misma que aún se manifiestan con mayor o
menor intensidad en la realidad actual, y que son
fruto de las políticas reguladoras adoptadas en épo-
cas pasadas. La razón es que no se acepta que se
regule el comercio por motivos ambientales. Esta
17
3. LA DINÁMICA GLOBALIZADORA
CONTRA LA SOSTENIBILIDAD
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 19
dinámica resulta contraproducente para el sistema,
porque acelera el proceso de destrucción de la
naturaleza y esto lo desligitima. Porque se podría
limitar el comercio por motivos ambientales en
algunos casos excepcionales sin poner en cuestión
la ideología del libre comercio. Indudablemente, el
supuesto contemplado no es suficiente para resol-
ver la contradicción entre economía de mercado y
sostenibilidad, aunque podría debilitarla un poco.
3.2.1. Preservación de los
ecosistemas y funciones
ambientales
Regulaciones del mercado basadas en productos y
en procesos y métodos de producción
Las normas de comercio mundial establecen una
distinción básica entre medidas proteccionistas
vinculadas a los productos y vinculadas a los pro-
cesos y métodos de producción (PMP), como
consecuencia de las políticas ambientales. Esta
distinción resulta cada vez menos clara. Algunas
medidas en relación a los PMP pueden cambiar
características del producto. Este es el caso de
productos agrícolas en cuya producción se utili-
zan plaguicidas peligrosos para la salud humana.
Por otro lado, el etiquetado ecológico se basa en
la influencia sobre el ambiente y los recursos del
ciclo de vida del producto.
Analizaré en primer lugar las medidas que afectan
a los productos. Cuando un gobierno establece una
norma ambiental más estricta que la de su entorno
normalmente ocurren dos fenómenos. Que la nor-
ma de lugar a sobrecostes solamente para la
empresas del país (una tasa ambiental, por ejem-
plo) o que genere costes adicionales tanto a las
empresas internas como a las extranjeras exporta-
doras al país en cuestión, pero que en el segundo
caso sean mayores (medidas de reutilización y reci-
claje, por ejemplo). En el primer caso las empresas
domésticas verán mermada su competitividad,
mientras que en el segundo esto sucederá a las
empresas extranjeras.
Se suele argumentar que es muy pequeño el coste
que soportan las empresas a consecuencia de la
normativa ambiental, por lo que no se justifica la
implementación de políticas proteccionistas para
defender políticas ambientales más estrictas. Así, un
estudio realizado en EE.UU. muestra que el coste
ambiental para las 24 empresas más contaminantes
representa entre un 1,92 y un 2,89% del coste total
(Ulph, 96: 239). Este argumento no tiene en cuen-
ta diversos hechos. La política ambiental que se
aplica es insuficiente, precisamente porque las
empresas más afectadas consiguen rebajarlas, y
además se incumple sistemáticamente. La liberali-
zación comercial disuade la implementación de
políticas más avanzadas. Diversos países nórdicos
que han desarrollado una fiscalidad fuerte sobre la
energía, se han visto obligados a no aplicarla a las
empresas intensivas en energía, por la pérdida de
competitividad que supone. La propuesta de tasa
sobre energía que presentó la Comisión al Consejo
de Ministros (para cumplir el compromiso sobre le
cambio climático alcanzado en Río) incluía “exen-
ciones para los sectores industriales cuya compe-
titividad sería afectada negativamente por la medi-
da“ (Ikwe y Skea, 96: 98). La propuesta fue recha-
zada por la negativa a asumirla por parte de las
industrias intensivas en energía y de los gobiernos
del sur de Europa. 
Ejemplos del caso en que la norma de un país
suponga costes superiores a los exportadores al
mismo han sido laley danesa que obligaba a la
reutilización de envases de bebidas y la ley alema-
na Verpak V que obligaba a reciclar el embalaje. En
estos casos las empresas extranjeras denunciaron
la existencia de una barrera al libre comercio, y al
contar con el apoyo de la Comisión, como es habi-
tual, han tenido que ser modificadas. 
La solución para las empresas domésticas afectadas
pasa por aplicar Ajustes Impositivos en Frontera
(AIF), que consisten en la aplicación de impuestos
interiores a las importaciones y la desgravación de
los mismos a las exportaciones, de forma que se
igualen las cargas impositivas que sufren los pro-
ductos domésticos con las de los productos impor-
tados. Tanto el GATT como la Unión Europea se
han negado a aplicar AIF por razones ambientales. 
Las medidas proteccionistas vinculadas a la actua-
ción sobre los PMP de otros países está motivada
porque muchos estados soportan agresiones de
carácter ambiental. Al no existir ninguna instancia
18
maqueta Nº 21 26/9/05 18:00 Página 20
internacional a la que pueda acudir un país que
sufre una degradación ambiental causada por otro
u otros países, no le queda más remedio que
actuar sobre las exportaciones del país agresor,
para que modifique los procesos de producción
causantes de la agresión ambiental. Aunque hay
casos en que no existe una posibilidad clara de
acudir a la regulación del comercio por su com-
plejidad, siendo una de los factores de la misma
el número de países causantes y agredidos. Este
es el caso de las emisiones que están cambiando
el clima, en el que se puede decir que es una
agresión del Centro sobre la Periferia. 
También, el GATT ha venido persiguiendo este tipo
de acciones. Entre los casos más notables de este
tipo de actuaciones, merece la pena destacar la dis-
puta entre EEUU y México a cuenta de la prohibi-
ción estadounidenses a las importación de atún de
aleta amarilla. La razón de su importancia es que
dio lugar a un veredicto del GATT que crea una
jurisprudencia negativa de gran alcance. El origen
de la disputa es que en la pesca del atún se utiliza
un arte que causa gran mortandad entre los delfi-
nes. Se llevan contabilizados mas de 7 millones
muertos y en la zona objeto de litigio se estaban
matando 100.000 delfines al año a finales de los 80.
En 1988 el Congreso de los EEUU actualizó la ley
de Protección de Mamíferos Marinos de 1972 para
el caso de la importación de atún, estableciendo
que para 1990 un ratio de delfines muertos para el
atún importado un 25% superior al existente en
EEUU. En 1990 varios tribunales obligaron a la
gobierno a poner la norma en vigor (Phillips, 93:
135). En este caso no se podía argumentar que se
promovía una política discriminatoria para con las
importaciones, ya que a estas se les exigía cumplir
una norma más laxa, permitiendo un ratio mayor
de muertes de delfines que a los pescadores esta-
dounidenses. La mayoría de los países de los paí-
ses exportadores (Panamá, Ecuador, Vanuatu, etc.)
aceptaron la medida. Pero México denunció a
EEUU ante el GATT y este negó validez a la prohi-
bición estadounidense. En su resolución aparecen
claramente dos elementos:
a) El método de producción no es base para limi-
tar el comercio:
Un miembro del GATT no puede hacer distinción
entre productos en base a la manera en que han
sido producidos, aunque la parte importadora
haya determinado la ilegalidad o limitado un
método de producción empleado por su destructivi-
dad ambiental.
b) Son ilegales las medidas que un país adopta
para proteger los ecosistemas planetarios y la
vida salvaje:
Esto supone que son ´inequivocamente´ ilegales las
medidas promovidas por las naciones individual-
mente para conservar animales salvajes y ecosiste-
mas fuera de las fronteras nacionales, incluidos los
océanos y otros bienes comunes de la humanidad
(De Belleuve y otros, 94: 55 y siguientes).
La transcendencia de la resolución aludida está en
que invalida los Acuerdos Multilaterales sobre
Medio Ambiente (AMMA) y la capacidad de los
gobiernos no sólo para la protección de la vida sal-
vaje del planeta sino dentro incluso de sus territo-
rios. La Office of Technology Assessment (OTA) de
EE.UU. considera que esta resolución invalida los
AMMA que contemplan restricciones comerciales
(National Commission on the Environment, 93: 78).
Por otro lado, si los pescadores mexicanos o
venezolanos, p.e., pescan el atún mediante un
sistema que causa gran mortandad entre los del-
fines, es porque les resulta menos costoso que
otros procedimientos más respetuosos con el
medio. Por lo tanto, los pescadores norteameri-
canos, que sí están sujetos a la norma comenta-
da, tendrán unos costes superiores, por lo que su
actividad se verá amenazada. En realidad, ya
antes de que EEUU adoptara la prohibición
comentada muchos barcos pesqueros estadouni-
denses cambiaban de bandera para evitar las
leyes norteamericanas. (French, 93: 283) Pero no
acaba aquí la indefensión de Estados Unidos, o
de cualquier país en situación semejante, porque
los delfines (como cualquier otro animal salvaje)
no tiene fronteras, y si los matan los países veci-
nos, al final desaparecerán también en este país.
En resumen, los intentos de regular el comercio
para proteger el ambiente nacional se han saldado
con denuncias ante el GATT(OMC) y con veredic-
tos condenatorios. La misma actitud ha venido
adoptando la Comisión Europea para los asuntos
internos. Por lo tanto, el vacío normativo existente
19
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a nivel internacional (que no es total como vere-
mos enseguida) ha permitido que el GATT, y aho-
ra la OMC, sean las únicas instancias que han
tomado decisiones en este campo y hayan creado
una jurisprudencia muy negativa para la protec-
ción del planeta. No podía ser de otra forma, por-
que la misión de estos organismos es liberalizar el
comercio, lo que se traduce en que la protección
de la naturaleza haya quedado en manos de
organismos que son enemigos naturales de la
misma. En consecuencia, la capacidad de los esta-
dos para proteger su ambiente interno y el pla-
netario se ve ampliamente limitada por la libe-
ralización. Sería conveniente analizar a partir de
esta conclusión cual es el campo de autonomía
que les queda, pero esta tarea desborda el cam-
po del presente análisis. 
La política ambiental del GATT-OMC
Aunque la postura básica en el campo ambiental
tanto del GATT como de la OMC han quedado ya
reflejadas, conviene profundizar un poco en sus
políticas, ya que posteriormente citaré los intentos
de mejorarla. La persecución de las actuaciones
limitadoras del comercio se argumenta en base al
principio de la no discriminación entre las partes,
es decir, todos los agentes económicos deben tener
las mismas condiciones. Esto no es real, porque los
costes soportados por las empresas son muy diver-
sos. Se suelen citar las diferencias entre las situa-
ciones laborales y entre las normativas ambientales.
Pero estas diferencias no se aceptan como causas
de regulación, mientras no haya unos criterios con-
sensuados, y siempre que se refieran a casos
excepcionales. 
Sin embargo, el GATT contempla la posibilidad de
limitar el comercio en algunos casos excepcionales.
Entre los casos más notables que permiten una
regulación comercial se encuentran: una escasez
crítica de alimentos y de otros productos esenciales
(artículo XI); los productos elaborados con mano
de obra esclava (artículo XX); la seguridad nacional
(XXI). También se permite la prohibición del
comercio de materiales nucleares y el tráfico de
armas; etc.
Frecuentemente se suele afirmar que el GATT ya
tiene una política ambiental que viene definida por
los apartados b y g del artículo XX. Estos admiten
las restricciones al comercio “necesarias para la
protección de la salud y de la vida de las personas
y los animales o a la conservación de los vegeta-
les“ (apartado b) o “que se refieran a la conserva-
ción de los recursos naturales no renovables“
(apartado g), pero inmediatamente añade (como es
habitual) que estos casos no deben constituir“una
arbitraria e injustificable discriminación entre paí-
ses“. Estos apartados no constituyen una muestra
de su sensibilidad ambiental porque fueron diseña-
dos para otras situaciones. Fueron redactados antes
de 1947 y reflejan las preocupaciones de la época,
refiriéndose, entro otros temas, a los riesgos sanita-
rios generados por el comercio de alimentos con-
taminados con pestes. En realidad, el GATT ha
venido imponiendo tal cantidad de condiciones
limitadoras que ha dado lugar a su falta de opera-
tividad. 
Una muestra de su falta de sensibilidad es que, a
pesar de que creó en 1970 un grupo de trabajo
sobre medio ambiente y comercio internacional
(el grupo EMIT), este no se reunió en 20 años, y
lo hizo porque aparecieron a finales de la década
de los 80 una serie de litigios comerciales por
motivos ambientales. Aún entonces no fue opera-
tivo y en 1994 “se sustituyó expresamente al
moribundo Grupo EMIT por el Comité de Comer-
cio y Medio Ambiente“, ubicado dentro de la
estructura de la OMC. Es por ello que 36 países
miembros criticaron al GATT en 1992, por su fal-
ta de sensibilidad ambiental. Y el dictamen de la
Comisión de Relaciones Económicas Exteriores de
la Unión Europea sobre la propuesta de ésta a la
Conferencia Ministerial de la OMC de Singapur
considera que la política del GATT “ha supuesto
costes importantes para el medio ambiente y para
el acervo común de toda la humanidad (los océ-
anos, la biodiversidad, la atmósfera, etc.)“ (Parla-
mento Europeo, 96: 36, 37). 
Ahora se dice que la OMC presenta una nueva sen-
sibilidad ambiental, argumentando que en el pre-
ámbulo del documento constitutorio se defiende el
desarrollo sostenible y la creación de la Comisión
de Comercio y Medio Ambiente (CTM). No obstan-
te, hasta ahora no ha dado ningún resultado. La
Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea
reconoce que “la Comisión de Comercio y Medio
Ambiente no ha emitido ni un solo documento
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político consensuado sobre ninguno de los diez
punto de su programa de trabajo“ (Parlamento
Europeo, 96: 40). El Informe de aplicación y plan
de actuación de la Comisión Europea sobre el
quinto programa de trabajo de la CTM “no inclu-
ye varias cuestiones que son esenciales desde el
punto de vista del medio ambiente, tales como
los efectos sobre éste del comercio internacional
y la incorporación de los costes ambientales“. A
consecuencia de ello la Unión Europea está
impulsando el trabajo en otros foros con el obje-
tivo de llegar a acuerdos que obliguen a la OMC
a cambiar de postura. Algunos de estos foros son
la Comisión de Desarrollo Sostenible, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y
ellos “podrían ocuparse de estas cuestiones (las
citadas anteriormente) y servir de contrapeso a la
OMC“ (Comisión Europea, 97: 147).
Mucho más explícita es la propuesta del Comité
Económico y Social (1996: 21) de crear una organi-
zación internacional de protección ambiental que
haga de contrapeso a la OMC:
Esta convencido (el CES) de la necesidad de una
organización reconocida universalmente que tenga
autoridad en el ámbito de la protección del medio
ambiente y actúe como contrapartida, por así
decirlo, de la OMC.
Uniformización de las normas ambientales
Si los estados no pueden aplicar AIF u otras medi-
das reguladoras del comercio con el fin de prote-
ger sus políticas ambientales, sólo les queda la
alternativa de promover la adopción planetaria de
normas uniformes para poder avanzar en muchos
campos. Por eso conviene analizar esta vía tanto
desde el punto de vista de la posibilidad de que tal
objetivo se cumpla como de la capacidad de las
normas uniformes para hacer frente al problema
ambiental. Todo ello no quiere decir que la libe-
ralización impide a los estados la implementación
de cualquier tipo de política ambiental autónoma,
ya que en muchos campos mantienen un impor-
tante margen de maniobra, aunque el avance de la
misma lo está restringiendo rápidamente.
En primer lugar analizaré hasta qué punto es com-
patible con la economía de mercado desregulada la
existencia de algún tipo de política ambiental uni-
forme (armonizada, según la terminología habitual)
y qué transcendencia puede alcanzar ésta. En prin-
cipio no parece posible que esta regulación pueda
ir más allá de contemplar la regulación del comer-
cio en algunos casos excepcionales. La definición
de una política ambiental compleja, adaptada a los
múltiples problemas planetarios y a la variedad de
problemas específicos de países y regiones exis-
tentes, no parece que pueda ser compatible con el
mercado desregulado. Algunas de las razones son: 
- Su edificio teórico se basa en que el mercado fun-
ciona sosteniblemente, si se internalizan las exter-
nalidades, y esto lo tienen que hacer los gobier-
nos, por lo que en ellos recae la responsabilidad
del problema ambiental, no en el comercio.
- La definición e implementación de una política
ambiental planetaria necesita de al menos un
embrión de gobierno mundial, lo que es contra-
rio a la definición de comercio internacional
como comercio no regulado y también a la atri-
bución de la responsabilidad ambiental a los
gobiernos nacionales.
- La cuestión ambiental presenta una complejidad y
generalidad muy grande, su temática es mucho más
amplia que la económica, el horizonte temporal
que contempla es mucho más prolongado y su
objetivo también es distinto: pretende la conserva-
ción, mientras que la economía busca el crecimien-
to. Los impactos ambientales y el consumo de
recursos se producen a lo largo de todo el ciclo
productivo. Una prueba de la complejidad ambien-
tal lo constituyen las prolijas regulaciones ambien-
tales que existen en los países desarrollados. La
Unión Europea ha promulgado ya más de 200
directivas, aparte de “actas regulatorias“ y “reco-
mendaciones“ y encima reconoce que el ambiente
europeo se sigue degradando. Helga Hoffmann
(1997:143), Directora de Medio Ambiente y Desa-
rrollo de la CEPAL, reconoce que “los regímenes
ambientales son mucho más complicados que el
regimen comercial internacional“.
Esta complejidad justifica la postura que está adop-
tando la Unión Europea ante la OMC y otros foros
internacionales, que analizaré porque es la única a
nivel de países que plantea modificaciones al siste-
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ma de comercio liberalizado. Su propuesta ha sido
reflejada en tres documentos: la Comunicación de
la Comisión en que establece su posición en
temas ambientales de cara a la Conferencia de Sin-
gapur de la OMC; la postura que finalmente adop-
tó la Unión Europea para esta Conferencia; la pro-
puesta que aparece en el informe de revisión del
Quinto Programa de actuación ambiental. Estos
documentos contienen contradicciones muy nota-
bles (como es habitual, y esta situación ya ha sido
analizada), pero no las analizaré porque el objetivo
ahora es reflejar la postura básica sobre la cuestión. 
La Unión Europea presentó a la Cumbre de Singa-
pur dos propuestas ambientales: la elaboración de
un Código de Conducta sobre normas sociales y
ambientales que deben cumplir las empresas trans-
nacionales (TN) y la revisión del artículo XX del
GATT. La modificación de este artículo pretende
que contemple las restricciones al comercio ocasio-
nadas por los AMMA y por PMP que alteren al
ambiente mundial:
Se pronuncia (la Unión Europea) a favor de una
revisión del artículo XX del GATT en el sentido que
posibilite a las partes contratantes de la OMC adop-
tar medidas de restricción del comercio sobre la
base de acuerdos medioambientales multilaterales
contra los productos así como contra los procedi-
mientos de fabricación que tengan repercusiones
globales sobre el medio ambiente (Parlamento Euro-
peo, 96: 13). 
En el Informe de aplicación y plan de actuación
del quinto programa se plantea, además, una pro-
puesta que puede tener mucha más importancia: 
Habría que contemplar el desarrollode instrumen-
tos para afrontar los posibles efectos de las medidas
medioambientales en la competitividad interna-
cional (por ejemplo, ajuste de las tasas aduaneras
en relación con los impuestos medioambientales)
(Comisión Europea, 97, 157).
Nos encontramos, por lo tanto, con propuestas de
diverso alcance y grado de concreción. La más con-
creta es la de revisión del artículo XX del GATT,
pero su alcance es muy limitado, porque sólo con-
templa los AMMA que tienen repercusiones sobre
le comercio y estos son muy pocos. La propuesta
de regular por los PMP no se concreta. Más ade-
lante veremos que estos acuerdos introducen tal
cantidad de regulaciones del comercio, que si se
generalizaran a todos los problemas planetarios
existentes, como sería de desear, la regulación
resultante resultaría incompatible con el sistema de
comercio liberalizado. 
Del Código de Conducta para las TN se puede
esperar muy poco, dada la falta de concreción de
la propuesta y el destino de los que han sido ela-
borados hasta ahora. En principio tiene más alcan-
ce la propuesta de Ajustes Impositivos en Frontera
(AIF), porque podría aplicarse en los casos de
impuestos ambientales, que son numerosos ya en
algunos países nórdicos y tienen un fuerte tenden-
cia al crecimiento, como lo demuestra el informe
Environmental Taxes. Implementation and Envi-
ronmental Effectiviness de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (EAA, 96). Pero el carácter hipoté-
tico de la propuesta, el que no haya sido presenta-
da en la Conferencia de Singapur y la defensa
cerrada de la liberalización del comercio, no dan
pie a muchas esperanzas. En realidad, la Unión
Europea busca la liberalización total salvo en algu-
nos pocos casos excepcionales. El Consejo Econó-
mico y Social, en su dictamen acerca de la Comu-
nicación Sobre Comercio y Medio Ambiente, refleja
muy bien cual es la postura de la Comisión Euro-
pea, y en consecuencia de la Unión Europea:
Parece que las propuestas de la Comisión establecen
un equilibrio entre la necesidad de que los países
solucionen los problemas medioambientales comu-
nes de manera conjunta y la importancia de salva-
guardar la integridad del sistema de comercio
mundial (CES, 96: 13,14)
En realidad lo que está planteando es la cuadratu-
ra del círculo, porque pretende alcanzar dos obje-
tivos excluyentes: conservar la naturaleza y la inte-
gridad del sistema de comercio desregulado. Ade-
más, y como ya he comentado anteriormente, este
tipo de propuestas se encuentran con la oposición
frontal de la OMC.
Se podría argumentar, frente a la postura que ven-
go defendiendo en el sentido de la imposibilidad
dentro del sistema de una regulación ambiental
compleja y extensa del comercio internacional, que
algunas zonas de libre comercio la tienen. Cabría
pensar, en consecuencia, en la posibilidad de que
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todas las zonas de libre comercio se dotaran de
políticas ambientales avanzadas, a partir de las cua-
les llegar una política ambiental compleja a escala
planetaria. También se puede argumentar que el
Codex Alimentarius (CA) constituye una norma
compleja de ámbito mundial y que además la OMC
quiere aplicarla al comercio internacional. Empeza-
ré por el análisis del CA.
El Codex Alimentarius ha venido siendo una guía
orientativa elaborada por la FAO y la OMS sobre
las cantidades máximas tolerables de productos
fitosanitarios en los alimentos. Hasta 1994 era una
recomendación de mínimos de la FAO y de la
OMS, pero la Ronda de Uruguay acordó adoptar
este código para dirimir las disputas sobre restric-
ciones al comercio de alimentos en base a motivos
sanitarios y ambientales. Nos encontramos, por tan-
to, ante una norma compleja de carácter mundial.
Sin embargo, hay que hacer al menos un par de
alegaciones al caso. Es una norma que regula un
campo muy parcial de la realidad ambiental y sani-
taria. La segunda alegación es más importante, y es
que el motivo de la adopción de la norma no es
regular el comercio sino liberalizarlo. La norma
obedece a que los países industrializados, y en
especial por la Unión Europea, vienen restringien-
do las importaciones de alimentos en base a que
no cumplen los estándares establecidos. El objetivo
es acabar con estas restricciones y en base a unas
normas muy bajas. Los estándares permitidos son
un 50% más altos que los estadounidenses (Cluney-
Ross y Hildyard, 92: 184), que son a su vez menos
estrictos que los comunitarios. La Comisión de
Medio Ambiente comunitaria considera que el CA
“se escapa a un profundo control democrático“, y
que supondría “unos niveles menos severos que
los vigentes en la UE“, lo que obligaría a aceptar
importaciones con un nivel de exigencia mucho
menor, y a enfrentarse a unos costes más bajos que
los domésticos (Parlamento Europeo, 96: 24). 
Los dos casos regionales de implantación de mer-
cado único y en los que existen políticas ambien-
tales comunes, o tienden a ser comunes, son la
Unión Europea y el tratado de libre comercio de
América del Norte (NAFTA). El primero constituye
un caso de unión política y económica, lo que
determina la creación de un gobierno supraestatal,
capaz de elaborar políticas y de aplicarlas. En el
segundo caso tenemos, en principio, un acuerdo
de creación de una zona de libre comercio a la que
se le añade en el último momento un embrión de
política ambiental (Acuerdo sobre Cooperación
Ambiental) que elabora la administración de
EE.UU. para lograr que sea aprobado en las cáma-
ras, ya que se enfrentaba a una fuerte oposición.
En cualquier caso, carece de órganos políticos
supranacionales, que puedan profundizar en la sos-
tenibilidad. El embrión de política ambiental con-
siste básicamente en: el reconocimiento de las polí-
ticas ambientales diferenciales; la expresión de una
voluntad “armonizadora“ y de avance en política
ambiental; el reconocimiento del acatamiento de
los acuerdos multilaterales ambientales, y la crea-
ción de un sistema de resolución de conflictos por
motivos ambientales. No obstante, y como era de
esperar, se está produciendo un proceso de unifi-
cación de facto porque las normas más avanzadas
dejan de tener vigencia, como consecuencia de las
denuncias de “constituir barreras al libre comercio“.
En este caso la liberalización se convierte en un
instrumento de degradación, por lo que la vía de la
implementación de acuerdos regionales de libre
comercio, sin la creación de estructuras de gobier-
no supranacionales, no parece ser la vía hacia la
sostenibilidad, sino todo lo contrario. (Andersom,
Folke y Nystrom, 95: 106; Saez, 96: 19 y siguientes).
A pesar de que el caso de la Unión Europea no
parece generalizable, presenta la particularidad de
que un conjunto muy importante de países decide
dotarse de una política ambiental común y declara
(como lo hace en el Quinto Programa) la voluntad
de avanzar hacia la sostenibilidad. Esto nos plantea
la cuestión de si se puede resolver los problemas
ambientales a partir de una política ambiental uni-
forme, mediante la implantación de órganos de
gobierno supranacionales en determinadas regio-
nes. Para que esto fuera posible sería necesario
cumplir cinco requisitos que son contrarios al mer-
cado desregulado. Primero, que la escala de activi-
dad económica se mantenga dentro de límites sos-
tenibles, porque incluso las actuaciones menos
degradantes pueden resultar insostenibles si el
número de mismas crece indefinidamente. Segun-
do, se debe contemplar la gestión sostenible de los
recursos, aparte de la protección ambiental, y esta-
mos viendo que la primera dimensión se ignora
amparándose en la afirmación que el mercado los
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gestiona eficientemente porque son bienes mercan-
tiles. Tercero, para proteger la naturaleza no sólo es
necesario desarrollar un complejo entramado de
regulaciones comunes sino que también los
gobiernos tengan autonomía para desarrollar políti-
cas específicas adaptadas a las numerosas particulari-
dades de cada país y de cada región. Cuarto, la
región debe