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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 
 
 
 
 
 
MONOGRAFÍA DE GRADO 
 
 
 
 
 
DESARROLLO NORMATIVO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y ESTADO 
ACTUAL EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
Departamento de Derecho Económico 
Bogotá D.C. 
RESUMEN 
La Agricultura Familiar se ha constituido a través de los años como una forma de 
producción alimentaria importante para Colombia y los países Latinoamericanos, sin 
embargo, es de extrañar la mala situación económica, graves problemáticas y poca calidad 
de vida que se vislumbra de sus actores desde mucho tiempo atrás. En el año 2014 se 
concibió un cambio relevante para dicho escenario con la declaración del Año de la 
Agricultura Familiar a nivel mundial, motivando a los países a tomar medidas 
verdaderamente eficientes que contribuyan al fortalecimiento del sector agrícola y la 
economía interna de los países. 
Palabras Clave: Agricultura Familiar, sector agrícola, desarrollo económico, seguridad 
alimentaria, producción de alimentos, políticas públicas. 
ABSTRACT 
Family Farming has become through the years an important source of food production to 
Colombia and Latin American. However, is surprising how the poor economic situation, 
serious problems and poor quality of life has persisted, and that is directly affecting its 
actors from long time ago. In 2014 was conceived an important change for that scenario 
with the globally declaration of the Year of Family Farming, encouraging countries to take 
truly efficient measures that contribute to strengthening the agricultural sector and domestic 
economy of the countries. 
Key words: Family Farming, agriculture, economic development, food security, food 
production, public policies. 
 
 
 
 
NOTA DE ADVERTENCIA 
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de grado. Solo velara que no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y porque los trabajos de grado no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellos el anhelo de 
buscar la verdad y la justicia”. 
 
 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 
Pontificia Universidad Javeriana 
TABLA DE CONTENIDO 
 
1  CONCEPTO DE AGRICULTURA FAMILIAR ..................................................................................... 5 
1.1 Definiciones Preliminares. ......................................................................................................... 5 
1.2 Año Internacional de la Agricultura Familiar. .......................................................................... 10 
2    RECUENTO HISTÓRICO DE LA POLÍTICA AGRARIA EN COLOMBIA. .............................................. 15 
2.1  Mediados del siglo XX. ............................................................................................................ 15 
2.2 Finales de Siglo XX. .................................................................................................................. 21 
2.2.1 Apertura económica en la Administración de Virgilio Barco 1986‐1990. ........................ 22 
2.2.2 Administración de César Gaviria 1990 ‐ 1994. ................................................................. 24 
2.2.3.  Administración de Ernesto Samper 1994 – 1998. .......................................................... 28 
2.2.4 Administración de Andrés Pastrana 1998‐2002. .............................................................. 31 
2.3  Siglo XXI. ................................................................................................................................. 33 
2.3.1 Administración de Álvaro Uribe de 2002‐2006, 2006‐2010. ............................................ 33 
2.3.2. Administración Juan Manuel Santos 2010‐2014. ............................................................ 39 
2.3.3   Avances en el Año de la Agricultura Familiar en Colombia. ........................................... 43 
3  PANORAMA ACTUAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN     COLOMBIA. ..................................... 48 
3.1 Importancia de la Agricultura Familiar Como Actividad Económica. ...................................... 48 
3.2 Problemas Actuales de la Agricultura Familiar en Colombia. ................................................. 51 
3.3 Panorama de los Biocombustibles en Colombia. .................................................................... 54 
4   AGRICULTURA FAMILIAR EN LATINOAMÉRICA ............................................................................ 58 
3.1   Ejemplos de Agricultura Familiar en Latinoamérica. ............................................................. 58 
3.1.1 Chile. ................................................................................................................................. 58 
3.1.2 Uruguay. ........................................................................................................................... 59 
3.1.3 Argentina. ......................................................................................................................... 60 
3.1.4 Caso Brasilero. .................................................................................................................. 61 
5  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. ................................................................................................... 67 
1.  Bibliografía ................................................................................................................................ 74 
 
1 
 
 
DESARROLLO NORMATIVO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y ESTADO 
ACTUAL EN COLOMBIA 
 
Con el reconocimiento del 2014 como el año de la Agricultura Familiar por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, se 
vislumbra la iniciativa de destacar la especial importancia de este tipo de producción en los 
países latinoamericanos, es decir, se empieza a destacar como una herramienta deseable e 
importante para fines como la obtención de recursos, el acceso a los alimentos, como 
medio para alcanzar el desarrollo de las áreas rurales respetando la independencia de las 
comunidades, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente, los suelos y la 
biodiversidad. (Food and Agriculture Organization of the United Nations , 2013), 
 
En Colombia históricamente fueron surgiendo dos principales modos de producción 
agrícola de diferentes dimensiones. Por una parte surgieron las grandes industrias agrícolas 
como la cafetera, la azucarera y palmera, paralelamente surge la agricultura a pequeña 
escala o familiar, para la producción de alimentos de consumo doméstico. En éste último 
escenario, ha sido notoria la exclusión del pequeño productor en las políticas públicas del 
sector agropecuario, pues como se ilustrará en la presente monografía, se ha reconocido la 
existencia de la producción a pequeña escala en el ordenamiento jurídico colombiano, pero 
no se observa que se hayan tomado las medidas correctas para fomentar suficientemente su 
desarrollo.  
 
 
2 
 
Es entonces cuando surge la preocupación para formular la hipótesis de la presente 
investigación sobre la Agricultura Familiar como una forma de producción agrícola válida 
para el desarrollo del sector rural de Colombia, ya que no se encuentra consistencia entre su 
importancia, los beneficios que trae y las políticas públicas que no reconocen su verdadera 
dimensión, características, y aportes a la productividad del país. 
 
Mediante el presente estudio se pretende mostrar el desarrollo económico que puede 
resultar de la aplicación correcta de políticas a nivel nacional y latinoamericano, destacando 
el crecimiento que otros sectores productivos han tenido en comparación con la AF, debido 
a las eficientes decisiones tomadas por algunos gobiernos. 
 
De igual forma, se espera evidenciar la influencia de la normatividad expedida en el sigloXX hasta la actualidad, con el fin de determinar qué papel ha tenido en el fomento del 
desarrollo de la pequeña producción agrícola en Colombia. 
 
Para realizar esta investigación, en primer lugar se hará un examen de aquellas 
características presentes en la Agricultura Familiar basándose en organizaciones como la 
FAO, la FIDA y la OSC, quienes han rescatado y presentado sus propias concepciones 
sobre esta actividad económica. 
 
Posteriormente se expondrá un recuento y análisis de las políticas y normatividades 
implementadas a partir del siglo XX hasta la actualidad en Colombia, en donde podrá 
evidenciarse si verdaderamente se le ha dado la importancia debida que le corresponde a la 
producción agrícola en pequeña escala. 
 
3 
 
 
A continuación, será presentada la importancia a nivel económico que actualmente se le 
reconoce a la Agricultura Familiar junto con los problemas que diariamente enfrenta. Así 
mismo, se mostrarán datos actuales y relevantes de instituciones como el INCODER y el 
DANE, junto con otras instituciones y organismos que contribuyan a expresar 
cuantitativamente el presente de la Agricultura Familiar en Colombia. Para finalizar el 
capítulo, se realizará una comparación entre la Agricultura Familiar y el desarrollo que han 
tenido los biocombustibles en Colombia dentro de un periodo de 10 años. 
 
 En el cuarto capítulo del presente trabajo se mostrarán las diferentes concepciones de la 
Agricultura Familiar según las normas expedidas en otros países latinoamericanos, 
destacando de forma especial el ejemplo que puede darnos Brasil en cuanto a la 
implementación de políticas tendientes al fomento y desarrollo de este tipo de producción. 
  
Finalmente, se realizarán conclusiones basadas en la información recolectada en la 
investigación y serán planteadas recomendaciones sobre un mejor diseño y ejecución de las 
Políticas colombianas destinadas a fortalecer el campo y las familias campesinas que como 
único sustento tienen la agricultura. 
 
En la presente monografía, será utilizada una extensiva revisión bibliográfica que incluirá 
las Políticas Públicas dentro del Ordenamiento Jurídico colombiano desde el siglo XX, así 
como los estudios o publicaciones realizadas a nivel nacional e internacional sobre la 
Agricultura Familiar. De igual forma, serán abordados diferentes ordenamientos a nivel 
 
4 
 
Latinoamericano con el fin de recaudar la información necesaria para definir y exponer el 
tratamiento dado por los diferentes países de la región a la Agricultura Familiar. 
Será necesario hacer una revisión de datos estadísticos de fuentes como el INCODER, la 
Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el DANE y el Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural que contribuyan a esclarecer los resultados que se vayan obteniendo a lo 
largo de la investigación. 
 
Finalmente, serán consultadas las diferentes estrategias y actos de ejecución que se han 
desarrollado en el país en torno a los pequeños agricultores en donde han tenido un 
importante espacio las autoridades nacionales e internacionales en el tema, buscando el 
soporte necesario para la elaboración de la monografía y la suficiente recolección de datos 
cualitativos que permitan formular conclusiones. 
 
 
5 
 
 
1 CONCEPTO DE AGRICULTURA FAMILIAR 
1.1 Definiciones Preliminares. 
 
A través de los años y después de un sin número de políticas agropecuarias en el plano 
internacional, se han venido formando y fortaleciendo dos sectores diferenciados de la 
actividad agrícola. El primero de ellos, conocido como Agricultura Empresarial o 
Agroindustria, ha sido definido por la FAO en el Informe de la siguiente forma: 
 
“La agroindustria se refiere a la subserie de actividades de manufacturación 
mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del 
sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos 
procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.” (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1997) 
 
Así mismo, según la FAO las características sobresalientes en el sector son: 
1. La actividad agrícola es llevada a cabo en una gran extensión de tierra. 
2. Se cuenta con grandes recursos de capital invertidos en el desarrollo de la actividad. 
3. La utilización de mano de obra asalariada es poca a razón de su permanente 
modernización que conlleva a la obtención de maquinaria cada vez más sofisticada. 
4. Es común la formación de economías a escala y cantidades de producción cada vez 
mayores. 
 
6 
 
5. Como actividad empresarial busca la maximización de beneficios. (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1997) 
 
La Agroindustria a nivel mundial ha contado con amplias inversiones gracias a las 
políticas implementadas por los gobiernos, el desarrollo del comercio internacional, local y 
de la industria en general, los cuales, en conjunto, han sido factores contribuyentes para su 
fortalecimiento. 
 
 Por otro lado se encuentra el sector conocido como Agricultura Familiar (AF), el cual 
cuenta con diferentes concepciones en los países Latinoamericanos dentro del marco de la 
Organización de las Naciones Unidas y que han sido base para la presente monografía.  
 
En primer lugar, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, no es posible encontrar un consenso único establecido a nivel internacional 
que ayude a definir el concepto de Agricultura Familiar por motivo de los diversos 
contextos en los cuales ha tenido lugar, sin embargo ha expuesto la siguiente definición:  
 
“La agricultura familiar (que comprende todas las actividades agrícolas centradas 
en la familia) como una forma de organizar la producción agrícola, forestal, 
pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada y administrada por una familia y 
depende principalmente de la mano de obra de sus miembros, tanto mujeres como 
hombres. La familia y la finca están relacionadas entre sí, evolucionan 
conjuntamente y combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, 
 
7 
 
sociales y culturales”. (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
pág. 2) 
 
A partir de este planteamiento la FAO rescata ciertas características comunes en este tipo 
de actividad, como son:  
 
1. “Acceso limitado a recursos de tierra y capital, 
2. Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el(la) jefe(a) de familia 
quien participa de manera directa del proceso productivo; es decir, aun cuando 
pueda existir cierta división del trabajo, el(la) jefe(a) de familia no asume  
funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más del núcleo 
Familiar,  
3. La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de 
ingresos del núcleo familiar, que puede ser complementada con otras activida
des no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios 
relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, 
pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc.)” (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2012, pág. 6) 
 
La FAO, a raíz su trabajo alrededor del mundo, se relaciona constantemente con agentes no 
estatales, es decir, diferentes grupos de personas y asociaciones que representan diversas 
regiones y sectores del campo entre los que se encuentran Organizaciones No 
Gubernamentales, Institutos de Investigación y Desarrollo, académicos, privados, 
agrupaciones de productores etc. (Family Farming Campaing, 2014) Son ellos quienes 
 
8 
 
buscando una colaboración mutua han sido escuchados y apoyados para la correcta 
implementación de proyectos, y así mismo hanpropuesto, dentro del marco Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, la siguiente definición para este tipo de actividad: 
 
“La Agricultura Familiar es una forma de organizar la producción agrícola y silvícola, 
así como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es gestionada y dirigida por una 
familia y que en su mayor parte depende de mano de obra familiar, tanto de mujeres 
como de hombres. La familia y la explotación están vinculadas, co-evolucionan y 
combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales” 
(Family Farming Campaing, 2014).  
 
Por otro lado, desde 1977 se constituyó el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) como Organización Internacional, la cual, por medio del sistema de las Naciones 
Unidas, otorga crédito para proyectos rurales, propendiendo por mejorar las condiciones de 
vida de los agricultores familiares, (Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola, 2014) 
estableciendo la siguiente definición de AF:  
 
“La agricultura familiar abarca todas las actividades agrícolas de base familiar y 
está relacionada con varias esferas del desarrollo rural. Se trata de una forma de 
organizar la producción agropecuaria, forestal, pesquera, pastoril y acuícola de 
manera que su administración y explotación corran a cargo de una familia y 
dependan básicamente del trabajo de sus miembros, tanto mujeres como hombres. 
En el sector de la producción de alimentos, la agricultura familiar es la forma 
predominante de agricultura en los países tanto en desarrollo como desarrollados” 
 
9 
 
(Schneider, La Agricultura Familiar en América Latina. Un Nuevo Análisis 
Comparativo, 2014, pág. 3) 
 
Con el reconocimiento que hace el FIDA a la Agricultura Familiar en cuanto al rol que 
desempeña a nivel económico, social y cultural, han sido establecidos los parámetros y las 
herramientas necesarias para que exista un efectivo progreso de la Agricultura Familiar 
dentro de las naciones, entre las cuales se pueden encontrar las condiciones agroecológicas, 
el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y los recursos naturales, 
acceso a financiación, las condiciones demográficas y la oferta de educación especializada. 
 
Finalmente, en relación con las definiciones anteriormente expuestas y las diferentes 
fuentes consultadas, con el fin de construir un amplio panorama que ilustre y contextualice 
el entorno en el que conviven los agricultores familiares, se presentan a continuación ciertas 
características propuestas, comunes en la AF y de gran importancia para el presente 
estudio: 
 
1. En primer lugar, la Agricultura Familiar se presenta con una producción agrícola, 
pesquera, forestal, pecuaria o acuícola. 
2. Esta actividad se constituye como la principal fuente de sustento de una familia, 
pudiendo ser complementada con otros empleos ocasionales de diferente índole. 
3. El proceso productivo se realiza dentro del seno de una familia en donde si bien se 
presenta una división del trabajo, no se encuentra que algún miembro del grupo 
familiar asuma funciones de director o jefe de la producción. 
 
10 
 
4. Sus principales factores de producción lo constituyen la tierra y la mano de obra 
familiar. 
5. Los productores de esta actividad económica se encuentran viviendo las 
problemáticas de acceso a la tierra en una gran cantidad de países latinoamericanos 
en vía de desarrollo. 
6. La Tierra la trabajan estos pequeños agricultores a cualquier título, como propiedad, 
tenencia, posesión, etc. 
7. El sitio de producción agrícola puede coincidir o estar cerca de la vivienda habitual 
de la familia. 
8. Los ingresos obtenidos son destinados para la satisfacción de necesidades de la 
familia. 
9. Por último, el concepto de Agricultura Familiar incluso comprende pescadores 
artesanales, pastores, jornaleros sin tierras y comunidades indígenas. (Family 
Farming Campaing, 2014) (Schneider, La Agricultura Familiar en América Latina. 
Un Nuevo Análisis Comparativo, 2014) 
 1.2 Año Internacional de la Agricultura Familiar. 
 
Tal como se estableció en el sub-capitulo anterior, la Agricultura Familiar se 
constituye como una forma de producción agrícola que se presenta con diversas 
características no aplicables uniformemente a todos sus casos por motivos como acceso a la 
tierra, condiciones económicas, sociales, territoriales, demográficas, ecológicas, diferentes 
ordenamientos jurídicos, etc. A pesar de estar presente tanto en países desarrollados como 
en vía de desarrollo, no ha sido un tema con gran protagonismo político al no haber tenido 
la posibilidad de apoyarse en una fuerte y eficiente expedición normativa que la regule, 
 
11 
 
proteja y contribuya a su crecimiento (Schneider, La Agricultura Familiar en América 
Latina. Un Nuevo Análisis Comparativo, 2014). 
 
Recientemente se ha evidenciado cierto interés en países y Organizaciones no 
Gubernamentales por establecer en las agendas actuales el tema de la AF, lo anterior, según 
el estudio realizado al caso de Latinoamérica por Sergio Schneider (2014) para la FIDA, 
fundamentado en las siguientes razones:  
1. Para 1990 no se vislumbraba en Latinoamérica salida al problema de la pobreza 
rural, tan solo a partir del año 2000 los indicadores de pobreza en este sector 
muestran una disminución que se atribuye a políticas implementada por los 
diferentes Estados buscando desarrollo rural y seguridad alimentaria, poniendo 
como ejemplo el programa Bolsa Familia en Brasil y Programa Oportunidades en el 
caso mexicano. 
2. Las discusiones sobre AF y producción alimentaria se fortalecieron con el problema 
del cambio climático al reconocer en diversos estudios que mediante este tipo de 
producción se ayudará en los años próximos a la alimentación de la población 
mundial en crecimiento. 
3. En tercer lugar, aportaron las recientes discusiones acerca del desarrollo rural en 
Latinoamérica, de esta forma, “los territorios con los indicadores de desarrollo 
económico y humano más dinámicos y equilibrados también son aquellos en los que 
la agricultura familiar realiza contribuciones importantes” (Schneider, La 
Agricultura Familiar en América Latina. Un Nuevo Análisis Comparativo, 2014, 
pág. 6) 
 
12 
 
4. Finalmente, fueron decisivas las participaciones de actores, organizaciones y 
representantes de sectores sociales que trajeron sus problemáticas y realidades a la 
agenda de organizaciones como la FAO y FIDA. 
 
A raíz de los cambios presentados, se empieza a engendrar la idea de la proclamación 
internacional de un año para la Agricultura Familiar, lo cual se presenta y consolida en 3 
etapas a saber: 
 
1. En primer lugar, por iniciativa de las organizaciones no gubernamentales 
internacionales dentro del Foro Rural Mundial en el año 2008, se siembra por 
primera vez la idea de la declaración de un Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. 
2. Posteriormente, dentro de los periodos de sesiones de la FAO en el 2011, el 
Gobierno de Filipinas propone como Año de la Agricultura Familiar el 2014. 
3. Finalmente, para el sexagésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se proclama “que la agricultura familiar y las pequeñas 
explotaciones agrícolas son una base importante para la producción sostenible de 
alimentos orientada a lograr la seguridad alimentaria, reconociendo la importante 
contribución que la agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas 
pueden suponer para el logro de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2012, pág. 2) siendo esto base para declarar 
el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014) 
 
13 
 
mediantela Resolución 66/222 aprobada por la Asamblea General el 22 de 
diciembre de 2011. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se invita tanto a la FAO, a los Estados Miembros, al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI) y las Organizaciones No Gubernamentales, a la observancia del Año 
Internacional en cita con el fin de llevar a cabo actividades dentro de sus naciones, apoyar 
sus agricultores familiares internos y conservar información sobre los logros alcanzados. 
 
A partir de estas solicitudes que se ha manifestado cierta tendencia a reconocer el papel 
fundamental que tiene este tipo de actividad en temas como la producción alimentaria, el 
desarrollo de las áreas rurales, la independencia de las comunidades campesinas, la lucha 
contra la pobreza y la obtención de ingresos ecológicamente sostenibles para preservar los 
suelos y la biodiversidad. 
La FAO, dentro del marco del AIAF- 2014, buscando la correcta y eficiente adopción de 
políticas a nivel nacional y mejorar la difusión de las mismas dentro de los países, ha 
fijado los siguientes objetivos que han sido base del protagonismo creciente de este tipo de 
actividad económica:  
  
1. Apoyar la elaboración de políticas que propicien una agricultura familiar 
sostenible; 
2. Promover los conocimientos, la comunicación y la concienciación pública; 
 
14 
 
3. Lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura familiar, sus 
posibilidades y limitaciones; 
4. Crear sinergias para la sostenibilidad 
5. Finalmente, sensibilizar y educar al público en general acerca de la función esencial 
que desempeñan los agricultores familiares en los sectores agropecuario y del 
desarrollo. (Food and Agriculture Organization of the United Nations , 2013) 
 
 
 
15 
 
2 RECUENTO HISTÓRICO DE LA POLÍTICA AGRARIA EN COLOMBIA. 
2.1 Mediados del siglo XX. 
 
A partir de 1930 la política agraria de Colombia se enfocaba en la problemática 
existente acerca de la distribución de tierras, para entonces se presentaba un contexto con 
gran acaparamiento de este recurso por parte de los terratenientes que impedía que los 
campesinos obtuvieran el derecho de propiedad sobre las parcelas que ocupaban y poseían. 
Es entonces como la expedición de la Ley 200 de 1936 sobre el régimen de tierras, con el 
objetivo de que los predios en Colombia fueran efectivamente destinados a su explotación 
económica, en su artículo sexto configuró la extinción de dominio para inmuebles en donde 
se dejara de ejercer la posesión como favorecimiento a los colonos campesinos, se les 
reconocería entonces la calidad de propietario en aquellas tierras que realmente estuvieran 
siendo cultivadas en virtud de los artículos 1 y 12 de la Ley; así mismo creó los llamados 
Jueces de Tierras, encargados de juicios de lanzamiento por ocupación de hecho en predios 
rurales y de acciones posesorias referente a predios de la misma naturaleza (Ley 200, 
1936), en los siguientes términos: 
“ARTICULO. 25.- Créanse los Jueces de Tierras, encargados de conocer 
privativamente en primera instancia de las demandas que se promueven en 
ejercicio de las acciones que consagra esta Ley (Ley 200, 1936. art. 25).” 
A pesar de los avances logrados con la Ley 200, era evidente el fuerte inconformismo de 
los terratenientes al notar que “con el desarrollo del movimiento agrario en los años 30 y 
bajo el estímulo de la ley 200, muchos de ellos empezaron a reclamar la propiedad de las 
parcelas alegando la condición de colonos. Esto provocó la reacción de los terratenientes 
 
16 
 
que respondieron con la expulsión masiva de arrendatarios y apareceros que fueron 
sustituidos por peones asalariados (Vélez, Politica y Legislación de Tierras en Colombia, 
siglos XIX y XX, 2012)”. 
Dado este escenario, el congreso aprobó la Ley 100 de 1944, mediante la cual decidió 
reglamentar las relaciones entre propietarios y aparceros, consagrando de entrada en su 
artículo 1 la regulación y declaración de conveniencia pública del contrato de aparcería de 
la siguiente forma: 
“ARTICULO 1o. Declárase de conveniencia pública el incremento del cultivo de 
las tierras y de la producción agrícola por sistemas que entrañen alguna especie de 
sociedad o de coparticipación en los productos, entre el arrendador o dueño de 
tierras y el cultivador, tales como los contratos de aparcería y los conocidos, según 
la región, como de agregados "poramberos", arrendatarios de parcelas, vivientes 
mediasqueros, cosecheros, etc. Con este fin, las instituciones oficiales o 
semioficiales de crédito procederán a acordar con el Gobierno los medios de 
otorgar, en las mejores condiciones económicas, préstamos a los cultivadores de la 
tierra por los dichos sistemas (Ley 100, 1944, art. 1)” 
De igual forma, en su artículo décimo, la ley 100 de 1944 incrementó a 15 años el término 
consagrado en principio en la Ley 200 para la extinción de dominio indicando: 
 “Para aquellos predios rurales respecto de los cuales se compruebe que se han 
celebrado, antes del 1 de enero de 1947, contratos de la especie a que se refiere el 
artículo 1 de la presente ley, que cubren por lo menos una tercera parte de la 
extensión inculta del respectivo predio (Ley 100, 1944, art. 10)”. 
 
17 
 
Durante el gobierno del Frente Nacional es expedida la Ley 135 de 1961 con el objetivo de 
generar una nueva reforma agraria que solucionara los problemas aun latentes en el país, 
con el propósito de “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad 
rustica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de 
explotación y dotar de tierras a los que no la posean (…) (Ley 135, 1961, art. 1)” se crea 
mediante el artículo segundo el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 
con el objeto de administrar las tierras baldías y el Fondo Nacional Agrario, estudiar las 
zonas del país para lograr su desarrollo económico y ejecutar labores de recuperación de 
tierras entre otras labores a su cargo. (Ley 135, 1961) Adicionalmente, se estaba 
examinando dentro país cómo definir la cantidad de tierra necesaria para garantizar a los 
campesinos una vida digna y unos ingresos mensuales suficientes para su sustento, se 
introduce entonces en el artículo cincuenta de esta Ley el concepto “Unidad Agrícola 
Familiar” (UAF) en los siguientes términos: 
“Se entiende por unidad agrícola familiar la que se ajuste a las siguientes 
condiciones: 
a) Que la extensión del predio, conforme la naturaleza de la zona, clase de suelos, 
aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción, sea suficiente 
para que, explotado en condiciones de razonable eficiencia, pueda suministrar a 
una familia del tipo normal ingresos adecuados para sus sostenimiento, el pago 
de las deudas originadas en la compra o acondicionamiento de las tierras, si 
fuere el caso, y el progresivo mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y 
nivel general de vida; 
 
18 
 
b) Que dicha extensión no requiera normalmente para ser explotada con razonable 
eficiencia más que el trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin 
embargo que esta última regla no es incompatible con el empleo de mano de 
obra extraña en ciertas épocas de labor agrícola, si la naturaleza de la 
explotación así lo requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores vecinos 
suelen prestarse para determinadas tareas.” 
Esta normatividad es posteriormente modificada por la Ley 1 de 1968, la cual consagra una 
regulación más extensa sobre estas unidades agrícolas, para ello contempla que quien 
adquiera la propiedad o el usufructo sobre ellas, quedará obligado a las normas sobre el uso 
de aguas y servidumbres que tenga el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, así 
mismo, sometea su aprobación cualquier decisión sobre el predio como su arrendamiento o 
la enajenación. De igual forma, dispone que las zonas de parcelación se sujetarán al 
reglamento que tenga esta entidad, en virtud del cual las Unidades Agrícolas solo podrán 
venderse a personas con escasos recursos, no podrán transferirse por acto entre vivos sin la 
debida autorización, y la preferencia que según el artículo 25 tienen en su adquisición “los 
arrendatarios, aparceros o asalariados de los predios donde ellas se constituyan los 
trabajadores agrícolas de la misma zona que carezcan de tierras propias y los herederos, 
cónyuge supérstite o compañera permanente de los adjudicatarios de unidades agrícolas 
familiares fallecidos.” 
Para 1988 por medio de la Ley 30 las adjudicaciones de las Unidades Agrícolas siguen 
haciéndose a través del INCORA, al cual se le espera dotar de nuevos recursos para el 
cumplimiento efectivo de sus tareas, y simplificar los trámites de adjudicación de tierras a 
 
19 
 
los campesinos, destacando entre sus cambios más relevantes, la redefinición de las 
características que constituyen una UAF, quedando consagradas de la siguiente forma: 
“Se entiende por "Unidad Agrícola Familiar" la explotación agraria de un fundo 
que dependa directa y principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo de 
una misma familia compuesta por el jefe del hogar y su cónyuge, compañero o 
compañera, según el caso, o por parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra 
extraña al núcleo familiar y que además reúna las siguientes condiciones: 
a). Que la extensión del predio, que dependerá de la naturaleza de la zona, clase de 
suelos, aguas, posibilidades de irrigación, ubicación, relieve y potencialidad del 
tipo de explotación agropecuaria para el cual sea apto, pueda suministrar a la 
familia que lo explota, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos 
no inferiores a tres salarios mínimos. 
b). Que no más de la tercera parte de los ingresos provenientes de la explotación 
puedan ser destinados al pago de deudas originadas en la compra o adquisición de 
la tierra. 
c). Que el adjudicatario y su familia puedan disponer de un excedente capitalizable 
que les permita el mejoramiento gradual de nivel de vida (Ley 30, 1988, art. 18). 
Se dispone así mismo que ninguna persona podrá tener más de dos UAF adjudicadas, y la 
extensión de cada una de ellas estaría en un promedio de 22 hectáreas por parcela, aunque 
según las características de cada zona esta cifra podía variar. 
 
20 
 
Paralelamente, a partir de los años 30 en Colombia y otros países de Latinoamérica se 
empezó a implementar el modelo de sustitución de importaciones con el fin de reemplazar 
los productos manufacturables que eran importados y que podían ser de producción 
nacional, en principio para los bienes de consumo final y posteriormente para bienes de 
consumo duradero, que en el largo plazo pasó a ser una política de promoción de 
exportaciones que se convirtió en un incentivo perverso para los productores nacionales, 
pues a causa de la ausencia de competencia que los obligara a ofrecer precios más justos y 
mejor calidad de los productos, los consumidores fueron desprotegidos. 
En cuanto a la producción agrícola, ésta se hizo menos eficiente por el encarecimiento de 
los insumos necesarios para la producción y la sobrevaluación del peso que no favorecía la 
exportación de los productos de este sector por carecer de precios competitivos frente a los 
del mercado internacional como consecuencia de las medidas proteccionistas acogidas por 
el Gobierno Nacional, para la producción de café mayoritariamente y otros comodities 
producidos en grandes extensiones, a partir del modelo de sustitución de importaciones 
(Maya, Apertura Económica y Agricultura en Colombia, 2011). Mientras la agricultura 
familiar producía los alimentos para el consumo interno del país. 
Es entonces claro que la normatividad agraria en Colombia como política campesina 
estaba destinada a fallar, un objetivo importante pero ausente debía ser el poder otorgar a 
los pequeños campesinos los recursos de capital y el apoyo necesarios para su sustento 
económico por medio de sus pequeñas producciones, y la capacidad de competir en el 
mercado, por el contrario, fueron expedidas netamente políticas de tierras que a su paso 
causaban descontento a los diferentes actores y no solucionaban los problemas de fondo. 
 
21 
 
 
2.2 Finales de Siglo XX. 
 
Como bien lo dice Eberto Enrique Díaz Montes, presidente de la Federación Nacional 
Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO): 
 “…El país tiene la capacidad, la fuerza humana, la tierra para producir esa cantidad 
de alimentos que necesitamos para garantizar la su seguridad alimentaria. Entonces una 
política pública que promueva la inclusión social, es lo que queremos. Y vamos a seguir 
insistiendo en que es necesario generar esa política que vaya mucho más allá de incluir a 
los campesinos en la formalización de alianzas productivas, porque lo que necesitamos es 
que el campesino sea realmente incluido en toda la cadena productiva, desde que se 
siembra la semilla y recoge la cosecha hasta la transformación de la producción en 
productos de consumo final (Sociedad de Agricultores de Colombia, 2014). 
La eficiencia económica y social en cuanto al cubrimiento de las necesidades alimentarias 
del país depende de una política adecuada que contemple las necesidades tanto urbanas 
como rurales, teniendo en cuenta que dicha fuerza de trabajo la posee la población 
campesina así como la capacidad de cubrir las necesidades alimentarias de ambos espacios. 
A continuación, será realizado un recuento de las distintas políticas diseñadas e 
implementadas por el Gobierno Nacional, dirigidas al desarrollo agrícola del país a partir de 
la apertura económica hasta la implementada por el gobierno Santos. 
 
 
22 
 
2.2.1 Apertura económica en la Administración de Virgilio Barco 1986-1990. 
 
Bajo el periodo de gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y su programa 
“Modernización de la economía Colombiana” se dio inicio a la polémica pero necesaria 
apertura económica, teniendo en cuenta que los rezagos de las políticas cortoplacistas y de 
excesiva deuda externa (de US$440.000 millones) obligaba a la liberalización de la 
economía nacional para lograr un mayor crecimiento económico anual y el cumplimiento 
de la meta consistente en abonar US$30.000 a la deuda pública existente, (Pineda, 
Apertura económica y equidad. Los retos de Colombia en la década de los años noventa, 
2014) apertura que no solo abría las vías comerciales del país al mercado mundial en 
cuanto a las importaciones y exportaciones, sino también implicó una liberalización de la 
economía que resultó en una menor intervención del Estado en la dinámica de la oferta y la 
demanda del mercado interno e internacional, introduciendo la competencia de productos 
manufacturados de forma gradual al mercado doméstico del país (Maya, Apertura 
Económica y Agricultura en Colombia, 2011). 
A pesar del esfuerzo de la administración Barco para balancear la situación económica 
consecuencia del modelo de sustitución de importaciones acogido, el sector agrícola 
continuó viéndose afectado, pues si bien los principales productos de exportación de los 
países en desarrollo como Colombia eran los comodities, a pesar de no contar con precios 
muy competitivos en el mercado internacional, ahora estos mismos comodities se 
encontraron de frente con políticas proteccionistas de los países industrializados respecto de 
sus mismos productos a través de subsidios y restricción de las importaciones, que a razón 
de estas mismas normas no solo lograban abastecer el mercado doméstico de sus 
respectivos países, sino que además tenían excedentes de la producción. Los productosse 
 
23 
 
ofrecían en el mercado internacional a muy bajos precios causando un grave daño a los 
agricultores de los países en desarrollo quienes no contaban con la capacidad productiva 
para alcanzar niveles similares, ni con los precios apropiados para competir contra los 
comodities ofrecidos por los países industrializados, teniendo en cuenta que los costos de 
producción eran mucho más altos y los mismos se veían reflejados en los precios de los 
productos ofrecidos en el mercado internacional (Torres, Los fallidos intetos neoliberales 
(Fase Agrícola), 2014). En consecuencia los ingresos del sector agrícola fueron altamente 
perjudicados. 
 Adicionalmente, es importante resaltar la persistencia del problema de tierras que se 
trataba de solucionar desde la Ley 200 de 1936 y la Ley 30 de 1988 entre muchas otras, que 
junto con la crisis de la economía agrícola dejaban a los campesinos en una posición 
sumamente vulnerable considerando los continuos problemas de violencia existentes en el 
país (Alban, 2011). 
Las acciones del gobierno del Presidente Barco, en principio se encaminaron a intentar 
equilibrar la situación económica de la población campesina, buscando así una mejoría en 
su calidad de vida, dando así origen a la expedición de la Ley 16 de 1990, por la cual se 
constituye el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y se crea el Fondo para el 
financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) (Ley 16, 1990), el cual estuvo 
dirigido a los productores agrícolas y no particularmente a la población campesina y sus 
pequeñas industrias, como bien lo indica el artículo 2 de la mencionada Ley: 
“Artículo 2o. Del Crédito de Fomento Agropecuario y los criterios para su 
programación. Para los efectos de ley, entiéndase por Crédito de Fomento 
 
24 
 
Agropecuario el que se otorga a favor de personas naturales o jurídicas, para ser 
utilizado en las distintas fases del proceso de producción y/o comercialización de 
bienes originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la 
explotación de actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, 
afines o similares, y en la acuicultura. El Crédito Agropecuario se otorgará para la 
financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches requeridos en 
las actividades indicadas. El Crédito de Fomento se destinará primordialmente 
para impulsar la producción en sus distintas fases, capitalizar el sector 
agropecuario, incrementar el empleo, estimular la transferencia tecnológica, 
contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana y rural, promover la 
distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de la economía y mejorar las 
condiciones sociales y económicas del sector rural del país. Para tal fin la 
programación del crédito se hará teniendo en cuenta las directrices que determinen 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y el Ministerio de 
Agricultura” (Ley 16, 1990, art. 2). 
 
2.2.2 Administración de César Gaviria 1990 - 1994. 
 
Para finales del siglo XX se conocía que la situación del campesino no era la más 
favorable y los problemas de concentración de tierras junto con la violencia latente no 
contribuían a que las modificaciones legislativas verdaderamente surtieran el efecto 
deseado. Es por esto que tres años más tarde bajo el mandato del Presidente Gaviria, y ante 
la situación social y política que se estaba viviendo en general en Colombia, se convoca 
una Asamblea Constituyente encargada de brindarle a la Nación un nuevo ordenamiento 
 
25 
 
jurídico más equitativo, progresista y actualizado. Teniendo estos objetivos fundamentales, 
se decide establecer en la nueva Constitución Política como deber del Estado el mejorar la 
calidad de vida del campesino y sus condiciones de trabajo en los siguientes términos: 
“ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 
asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia 
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos. (Constitución Politica de Colombia, 1991, art. 64)” 
 Buscando dar cumplimiento a este mandato constitucional, el gobierno colombiano debe 
en una nueva oportunidad redefinir la cantidad de tierra que debe ser proporcionada al 
pequeño campesino para tener una nueva estructura social agraria, contribuyendo así a la 
equitativa distribución de la tierra, y procurar que los pequeños arrendatarios y aparceros 
tengan mejores garantías de vida, recibiendo al menos dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
Bajo esta orientación de economía política se analiza el conjunto de cambios que desarrolló 
la administración Gaviria y que incluyeron reforma laboral, comercial, cambiaria, 
financiera, descentralización fiscal, seguridad social y modificaciones a la política 
económica introducidas por la constitución de 1991. Es entonces cuando se expide la Ley 
160 de 1994 por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, se transforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, se establecen 
subsidios para que el campesinado pueda adquirir tierras y entre otras disposiciones, 
 
26 
 
vuelve a tratar el concepto de Unidad Agrícola Familiar empleado para distribuir 
equitativamente la tierra que se espera sea destinada a la producción agrícola en pequeña 
escala (Ley 160, 1994). 
De esta forma, en virtud del artículo treinta y ocho de la mencionada Ley, las tierras que 
adquieran los campesinos o que sean compradas por el INCORA serán destinadas a 
“establecer Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo 
asociativo de producción (…) (Congreso de Colombia, 1994, art. 38)” ante lo cual, se 
define la UAF como: 
“La empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya 
extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 
adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 
La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del 
propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la 
naturaleza de la explotación así lo requiere.” 
La problemática surgida a partir de esta Ley se basó en el gran poder otorgado en su 
momento al INCORA en cuanto a la administración y adjudicación de tierras, aun cuando 
sus recursos eran bastante limitados, hubo despojos a pequeños campesinos aduciendo que 
habían abandonado sus tierras, esto en complicidad con grupos paramilitares a los que 
posteriormente se les asignaron los predios (Steiner & Edwards, La Revolución Incompleta: 
Las Reformas de Gaviria, 2008). 
 
27 
 
Loables fueron las políticas de asignación de tierras que buscaban mitigar el impacto de la 
crisis a nivel internacional generada por la baja de precios de los productos agrícolas debido 
a la comercialización de los excedentes producidos por los países desarrollados, 
principalmente Estados Unidos, además de las consecuencias de la apertura económica y el 
desmonte de la política de precios de sustentación, entre 1991 y 1992 los productos 
agrícolas, exceptuando el café, tuvieron un crecimiento muy modesto de 1.5% para el 
primer año, y un crecimiento negativo de -3.9% para la agricultura no cafetera, que como 
consecuencia generó una reducción de la superficie sembrada de 5.8% en 1991 a 12.4% en 
1992 (Ocampo & Perry, 1995). 
Así mismo, se implementó como política de estabilización las franjas de precios en 1991 
que otorgaban una especial protección frente a las drásticas fluctuaciones de los precios del 
mercado internacional a través del sobrearancel. Sinembargo, al igual que las grandes 
inversiones en el sector, no fue suficiente para evitar el fuerte impacto negativo 
consecuencia de la transición reglamentaria para la fijación de precios internos que fue 
concurrente con la depresión de los precios a los cuales se cotizaban los productos agrícolas 
en el mercado internacional, sumándole a esto el pacto existente con los países Andinos que 
suponía eliminar todas las restricciones comerciales interregionales, sin una adecuada 
armonización de la franja de precios, lo cual hizo en la práctica inútil la implementación de 
los sobre-aranceles que protegían a productos agrícolas como el arroz, el frijol, el trigo, la 
soya, y el algodón. (Ocampo & Perry, 1995). 
Adicionalmente, el plan especial de desmonte arancelario que debía culminar en 1994 fue 
acelerado 2 años, desmontando por completo la protección para el sector agropecuario 
debido a la estabilidad de los precios de los productos en el mercado externo desde 1990, 
 
28 
 
sin contemplar el gran riesgo que esto suponía si llegaba a cambiar esta situación del 
mercado externo. Al respecto, con el diseño de franjas de precios, se cubrió a los 8 
productos favorecidos más sensibles del mercado como el azucar, la leche, el trigo y la 
soya, con el fin de amortiguar las variaciones de los precios internacionales sin obstruir la 
transmision de las tendencias mundiales al mercado interno (Jaramillo, 2002, pág. 71). 
Parte de la politica de apertura consistió en modificar la intervencion gubernamental en el 
mercado interno para permitir que los precios del dicho sector fueran fijados por los 
particulares, sustituyendose la franja de precios de sustentación por precios minimos de 
garantía, con el fin de ofrecerles a los agricultores la compra de última instancia de sus 
cosechas. Los precios minimos de garantía consistian en el pago de las cosechas 
excluyendo los costos de almacenamiento y transporte, prejudicando entonces no a los 
grandes agricultores cuyos cultivos abarcaban grandes extensiones y poseian capacidad 
para costear el almacenamiento y el transporte, sino a los pequeños productores quienes 
dependian de la venta efectiva de sus cosechas para poder cubrir los costos de sus 
producciones y que éstas fueran sostenibles y les permitieran seguir produciendo 
(Jaramillo, 2002, pág. 73). 
 
2.2.3. Administración de Ernesto Samper 1994 – 1998. 
 
Bajo la administración Samper se impulsa la inversión social en el sector rural, 
teniendo en cuenta la crisis que precedió su administración con el crecimiento negativo de 
los sectores agrícolas y de las superficies sembradas. El Plan de Desarrollo "Salto Social" 
planteó explícitamente que la política agraria debía estar encaminada a favorecer a los 
 
29 
 
sectores más pobres y necesitados del campo, razón por la cual se destinan grandes 
cantidades de dinero que se distribuyen de la siguiente manera: 
1. Para los programas de reforma agraria, de vivienda rural y de refinanciación de los 
agricultores más endeudados con las entidades bancarias, se destinaron $27.000.000 
para su financiaci6n. 
2. Para transferencia de tecnología, apoyo a la investigación y consolidaci6n y 
desarrollo de las Umatas, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 
US50.000.000. 
3. Para invertir prioritariamente en programas de riego a pequeña y gran escala, se 
definió por medio del CONPES la destinación de US $500.000.000. 
4. Se proyectó la compra de un millón de hectáreas para el cuatrienio, destinando un 
presupuesto de $500.000.000. 
5. Se recapitalizó a la Caja Agraria con la suma de $30.000.000 (Vásquez, 1995). 
Además, como principales objetivos de su Gobierno respecto del sector agrícola, el 
Presidente Samper implementó políticas encaminadas a: 
1. Definir la situación jurídica de miles de poseedores de cerca de cinco millones de 
hectáreas en el país. Para lo cual se esperaba conseguir US$300.000.000 con ayuda 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
2. Capitalizar el campo, a fin de alcanzar competitividad a largo plazo y el marco de 
una economía abierta. 
3. Solucionar los problemas de competencia desleal (dumping) que afectaban el sector 
agrario. 
 
30 
 
4. Dotar de recursos a la economía campesina mediante programas de adecuación de 
tierras, mayor capacidad empresarial, modernización de la comercialización, 
transferencia de tecnología, crédito y reformas agrarias. 
5. Transformaci6n del Idema en un instituto de intervención y no de gestión y la Caja 
Agraria en un eficiente banco rural. 
Una de las primeras políticas implementadas durante este periodo gracias al CONPES fue 
la de absorción de cosechas, precios y aranceles, por la cual se convenía con los 
productores y consumidores industriales el precio al cual iba a ser comprada la cosecha, 
sujeto a un control de calidad. Es así como, en el segundo semestre de 1994, se fijó el 
precio del sorgo en $163.000 por tonelada, teniendo un aumento del 5% en comparación 
con el precio del primer semestre del año, (Vásquez, 1995) buscando mediante esta medida 
transitoria de absorción de precios generar seguridad a los productores y controlar la 
sobreproducción de ciertos productos agrícolas. 
 En aquellos productos en los cuales se suscribían los acuerdos de absorción y se establecía 
una mejora moderada en el precio al productor agropecuario, el Gobierno Nacional 
otorgaba una rebaja arancelaria como compensación al aumento de precios que debía 
sufragar la industria por la compra de la cosecha nacional. Dicha rebaja arancelaria se 
validaba con la aprobación del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con lo preceptuado 
por el Decreto 2524 de 1994, que además de ser una compensación para los importadores 
era un control sobre la cantidad importada que permitía una protección balanceada de los 
productos agrícolas ofrecidos en el mercado nacional, política que posteriormente debió ser 
desmontada en virtud de la notificación de la OMC a Colombia. (Kalmanovitz & López, 
2005) 
 
31 
 
De acuerdo con la reflexion que hacen Kalmanovitz y López (2005, págs. 26-27.) indicando 
que “La apertura no fue reversada del tododurante la administración Samper y volviendo 
a su economía política es notorio el fortalecimiento de los empresarios agro-industriales, 
más el poder tradicional de los industriales, que hacen cabildeo para lograr un acceso 
libre y con menores impuestos a los insumos que transforman”, la politica de Samper 
entonces respecto del sector agricola volvio a asumir una tendencia proteccionista 
favoreciendo a los grandes productores y particularmente a aquellos que tenian cultivos 
permanentes. 
 
2.2.4 Administración de Andrés Pastrana 1998-2002. 
 
La administracion de Andres Pastrana recibe un pais sectorizado con una marcada 
brecha entre lo rural y lo urbano, lo moderno y atrasado, además de un conflicto armado 
intensificado por el abandono de las zonas rurales habitadas por los pequeños productores 
olvidados en el camino de las políticas expansionistas y proteccionistas de los últimos 
gobiernos, quienes ahora se confundian con miembros de grupos insurgentes sin serlo 
realmente, asumiendo entonces un doble rol, de victimas y victimarios. (Vásquez, 1995) 
Es por esta mezcla de violencia y desarrollo agricola que la política del gobierno Pastrana 
Arango se instituye como “Cambio para lograr la Paz” donde el sector agropecuario es el 
medio principal para cumplir con este objetivo, teniendo en cuenta que la pobreza continua 
afectaba a alrededor del 65% de la población campesina y las escazas oportunidades de 
progreso generaban que las ocupaciones ilegales fueran desarrolladas en gran parte por la 
poblacion campesina. 
 
32 
 
Para modificar esta situación era necesario que el Estado incluyera en su actuación a la 
población civil de las zonas rurales olvidadas para así invertir en proyectos productivos que 
generaran empleo y riqueza,explotando las ventajas competitivas que el territorio y la 
población pudieran ofrecer. (Yuly P. Campos, Colombia de 1959-2006: Comportamiento 
del Sector Agropecuario., 2009) 
Llegado el año 2000, aún existe la necesidad de mejorar el desarrollo rural, la 
competitividad y productividad del pequeño productor al reconocer su relevancia a nivel 
nacional para brindar alimentos y productos agropecuarios, razón por la cual se expide la 
Ley 607 de 2000 en donde se define al pequeño productor como: 
“Son pequeños productores agropecuarios los propietarios, poseedores o tenedores 
a cualquier título que directamente o con el concurso de sus familias exploten un 
predio rural, que no supere el área y los ingresos de dos unidades agrícolas 
familiares y siempre que deriven de su actividad agropecuaria, forestal, 
agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de zoocría por lo menos el 70% de sus 
ingresos. Igualmente y para efectos de la presente Ley, son sujetos beneficiarios de 
la Asistencia Técnica Rural Directa, el pescador artesanal marítimo o sea aquel 
cuya embarcación es de menos de cinco (5) toneladas de registro neto, no posee 
equipo de ubicación y unas dimensiones máximas de tres (3) metros de manga y 
quince (15) metros de eslora; y el pescador artesanal continental, cuyo registro de 
embarcación individual indica no poseer motor” (Ley 607, 2000, art. 3) 
Sin embargo, debido al conflicto armado de la época, el gobierno Pastrana Arango se 
enfocó básicamente en las negociaciones de paz que resulta en un abandono de la población 
 
33 
 
campesina. Luego de ceder 42.000 kilómetros cuadrados como zona de despeje como 
muestra de buena voluntad por parte del gobierno frente al proceso de paz, dicha zona, en 
últimas, fue utilizada para la continuidad de las actividades ilícitas de los grupos armados. 
(Yuly P. Campos, Colombia de 1959-2006: Comportamiento del Sector Agropecuario., 
2009) 
 
2.3 Siglo XXI. 
 
Colombia recibe el nuevo siglo con migraciones internas de las zonas rurales a las 
urbanas, como efecto contrario a lo buscado por la política “Cambio para lograr la Paz”, 
teniendo en cuenta que los problemas de violencia hacían cada vez más insubsistente la 
vida en el campo y necesariamente su desarrollo económico. 
 
2.3.1 Administración de Álvaro Uribe de 2002-2006, 2006-2010. 
 
Durante el gobierno de Álvaro Uribe se busca como primera medida reactivar las 
instituciones agrarias dormidas gracias a su actividad ineficiente en los gobiernos pasados, 
proponiendo el apoyo a la transición de una agricultura con énfasis en los productos 
sustitutivos de importaciones y orientada a la satisfacción del consumo interno, con 
predominio de cultivos competitivos tanto en los mercados domésticos como en los 
externos, esto de acuerdo con el documento del CONPES por el cual se autorizaba contratar 
un empréstito con la Banca Multilateral hasta por US $30´000.000, con el objetivo de 
“apoyar la transición de la agricultura y del medio rural mediante la optimización de los 
 
34 
 
recursos para el conocimiento y la innovación tecnológicas y el fortalecimiento del sistema 
nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias.” (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, 2004, pág. 4) 
En el mismo documento se especifica la población objeto de la política a implementar 
indicando: 
 “El Proyecto de Apoyo a la Transición de la Agricultura y el Medio Rural está 
orientado a favorecer las condiciones de la pequeña y mediana producción, en 
particular de aquellos que estén organizados, mediante el diseño de instrumentos 
que contribuyen a mejorar la competitividad de sus actividades y a favorecer su 
inserción en los mercados. Especial énfasis se ha dado a las cadenas productivas 
como instancias de gestión de políticas y hacia las cuales se han focalizado sus 
instrumentos.” (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2004, pág. 5) 
Se incentiva entonces la producción de productos tropicales como el banano, el mango y el 
coco, pero especialmente, la política agraria de la administración Uribe en su primer 
periodo lectivo, se enfocó en el desarrollo de la producción de biocombustibles a base de 
palma y caña de azúcar. 
Fuertes críticas se hacen a esta administración teniendo en cuenta que su política impulsó a 
los grandes productores de productos tropicales con alto potencial competitivo de 
exportación y no a los pequeños agricultor de alimentos básicos como la papa, la yuca y los 
cereales. Así mismo, es posible encontrar críticas al Estatuto de Desarrollo Rural en cuanto 
a que condicionaba la designación de créditos al uso de la tierra destinado a la producción 
con fines de exportación, vuelve legales las escrituras de Notaría inscritas hasta diez años 
 
35 
 
antes de vigencia de la Ley, facilitando así la legalización de escrituras “fabricadas” en 
diligencias notariales, pudiendo habilitar actos de saqueo de tierras como los ocurridos en la 
última década, cuando la población desplazada fue de cerca de 3 millones de personas 
donde casi el 85% eran propietarias o poseedoras de tierra. 
De igual forma, la Reforma Agraria tratada en el Estatuto se reduce a un subsidio entregado 
a supuestos beneficiarios para completar el pago efectuado a los oferentes de la tierra, en 
un mercado donde el Estado solo apoya la transacción por ese medio, únicamente si existe 
un plan productivo aceptado por INCODER y es seleccionado entre todos los que 
concursan por el presupuesto fijado para dicho apoyo. Las reservas campesinas por su 
parte, son localizadas en tierras baldías, un requisito inexistente en la actualidad pero que 
las ubica por fuera de la frontera agrícola, limitando el tamaño de la adjudicación al de la 
Unidad Agrícola Familiar (Foro Nacional Ambiental, 2005). 
Respecto a la polémica de Agro Ingreso Seguro, ésta es una propuesta que surge para 
compensar los efectos adversos que podría causar la firma de un Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y poder compensar a los productores. El Gobierno Nacional 
contemplaba poner a consideración y discusión del Congreso de la República el 
mencionado programa, lo cual evidenciaba que había renglones productivos perdedores en 
el TLC como consecuencia de los apoyos estatales que Estados Unidos daría a sus 
agricultores, además, se permitió que Estados Unidos mantuviera tales apoyos sin mantener 
o fortalecer los propios, por el contrario, se convino eliminar la protección que Colombia 
tenía contra esas ventajas inapropiadas. 
 
36 
 
El programa pretendía prestar un “apoyo institucional privilegiado” para fortalecer los 
ingresos, el proponiendo dos estrategias: 
1. Aplicar $500.000.000.000 anuales por 10 años para proteger y reconvertir el 
campo. 
2. El programa contempla un componente llamado “Apoyos a la Competitividad” 
consistente en una variedad de créditos, pero limitado solamente a los productos 
tropicales y no a la producción de alimentos básicos. (Foro Nacional Ambiental, 
2005) 
En Octubre de 2012 la Contraloría General de la Nación realizó una auditoria de la 
implementación del Plan Agro durante el periodo de 2003 a 2011 señalando los siguientes 
hallazgos: 
1. Indicadores Plan Agro: 
El establecimiento de los logros de la Política Sectorial y sus contribuciones al 
cumplimiento de los propósitos de la visión compartida del Plan Agro 2003-2015, se 
constituye en un ejercicio complejo, pues la información disponible se encuentra 
incompleta y desactualizada, especialmente la información relacionada con las 
agrocadenas. Uno de los compromisos asumidos por Colombia al adoptar la 
implementación del Plan fue participar en forma conjunta con los demás delegados 
ministeriales en el establecimiento de un Sistema de Información para el seguimiento del 
Plan y la evolución de la Agricultura y la Vida Rural que concibiera un conjunto básico de 
indicadores de seguimiento que permitieramostrar cuantitativamente los avances al 
respecto. 
 
37 
 
Si bien el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con sistemas de información 
temáticas y series estadísticas, éstas no son suficientes para el seguimiento del Plan y de la 
evolución de la Agricultura y la Vida Rural respecto a los objetivos de competitividad, 
sustentabilidad, equidad y gobernabilidad, dado que la información existente es dispersa, 
fraccionada, incompleta y con rezagos en su consolidación de dos o más administraciones 
encargadas (Contraloría General de la Nación, 2012). 
2. Competitividad del Sector: 
El bajo crecimiento del sector agropecuario en comparación con los demás sectores de la 
economía refleja el incumplimiento de las metas de crecimiento de los Planes de Desarrollo 
del periodo 2006 – 2010, que a pesar de prever un crecimiento promedio anual del 4%, solo 
alcanzó el 1.18%, lo cual es resultado de la caída en la producci6n cafetera, el incremento 
contenido de varias de las producciones como frutas, caña de azúcar, flores y ganado 
porcino y el impacto del fenómeno de La Niña en los años 2010 y 2011. 
Respecto a las exportaciones del sector agropecuario, desde la implementación del Plan 
Agro han presentado un comportamiento decreciente reflejando una pérdida de 50 puntos 
de indicador en el mismo periodo, pasando su participación en el total de las exportaciones 
de 24,1% en el año 2002, a 12,8% en el año 2011. 
Adicionalmente el sector y la economía en su conjunto experimentaron situaciones que 
afectaron su comportamiento, como la revaluación de peso y la crisis de las exportaciones a 
Venezuela. 
El indicador de las agrocadenas, expresado en costos por hectárea, para las cadenas 
seleccionadas, presenta un incremento significativo superior al 105% en el periodo 2003- 
 
38 
 
2011 a pesar de que durante el periodo 2006- 2010 se adelantó el programa "Racionalizar 
los costos de la actividad agropecuaria" cuya ejecución fue de las menores del Plan 
Nacional de Desarrollo con un 58,3%. Este indicador disminuye la estimación de la 
implementación del Plan al reducirse en cerca del 50%. 
Los logros asociados a la competitividad del sector Agropecuario son el resultado de las 
correlaciones entre las decisiones de políticas tanto en lo macroeconómico como en lo 
sectorial influenciadas por el entorno internacional. De ahí que los avances del Plan Agro 
reflejan en parte debilidades del Estado Colombiano en la definición de las políticas 
públicas ajustadas a las necesidades del sector, la falta de planeación en cuanto al enfoque 
de las políticas en actividades y regiones con las mayores condiciones de productividad y 
competitividad y la improvisación en la implementación de programas como Agro Ingreso 
Seguro. (Contraloría General de la Nación, 2012) 
3. Oferta Alimentaria: 
Durante el periodo evaluado Colombia presenta un estancamiento en el mejoramiento de la 
oferta alimentaria para las cadenas seleccionadas como el arroz, la papa y el maíz. En el 
mismo periodo, el indicador rendimiento de los cultivos no presentó cambios significativos 
y el de Vulnerabilidad Alimentaria permaneció relativamente constante. La autonomía 
alimentaria del país durante este periodo permaneció invariable mostrando rendimientos 
relativamente estables para las cadenas alimenticias seleccionadas, con un promedio de 9,7 
ton/ha, variando entre 8,9 ton/ha en los años 2003 y 2005 y 11,7 ton/ha en el año 2007. 
En el caso del Indicador de Vulnerabilidad Alimentaria, que mide la dependencia del país 
de las importaciones para suplir la demanda de los alimentos seleccionados, si bien la 
 
39 
 
dependencia en promedio fue del 14%, esta situación no ha cambiado desde la adopción de 
la implementación del Plan Agro en el país. 
A pesar de la relativa autonomía del país en el tema alimentario, está muy presente todavía 
el riesgo de la Seguridad Alimentaria, en cuanto a disponibilidad de alimentos, frente al 
incremento de los precios internacionales, el desplazamiento de áreas hacia la producción 
de Biocombustibles y el efecto de los fenómenos climáticos en la producción nacional 
(Contraloría General de la Nación, 2012, págs. 14-17). 
A pesar de que se reconocen los avances en los demás sectores de la economía y los 
fenómenos tanto naturales como los efectos de las políticas extranjeras, la Contraloría 
General de la Nación señala el poco crecimiento del sector agrícola y la mala distribución 
de las tierras, lo cual no muestra un avance real del sector en un periodo de 8 años. Es 
importante resaltar que además del fracaso de la política de “Agro Ingreso Seguro,” la 
misma desencadenó en un proceso penal debido a la errada destinación de los recursos 
públicos, que terminaron siendo utilizados por las familias más prestantes del Magdalena y 
del Valle del Cauca, sin brindar ningún tipo de desarrollo a sus destinatarios finales. 
 
 2.3.2. Administración Juan Manuel Santos 2010-2014. 
 
 Como las demás administraciones, la de Juan Manuel Santos recibe un sector 
agrícola y una población campesina reducida y maltratada por la implementación mediocre 
de las políticas agrarias que intentan solucionar errores constantes dados por afán de 
obtener el mayor provecho económico del sector. 
 
40 
 
Es en la administración Santos se desarrolla un nuevo proceso de paz dentro del cual se 
establece un punto referente al desarrollo rural y al soporte de los pequeños campesinos 
titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral,” en cuyos puntos 
se establecen principios dentro de los cuales se retoma la intervención del Estado 
colombiano en el proceso de progreso campesino, atado del bienestar generado con la 
distribución y asignación de tierras y el uso de baldíos sin explotar. Dicha asignación será 
realizada a través de subsidios y financiaciones de fácil acceso, con el fin de que exista, de 
acuerdo con la reforma, una democratización y uso adecuado de la tierra. (Gobierno de 
Colombia, Fuerzas Armadas de Colombia, 2014) 
Desde una óptica más crítica se cuestiona en hecho de que en su campaña las propuestas 
para el sector agropecuario hacían referencia a un desarrollo de las grandes industrias 
agrícolas donde se incluyen a los pequeños productores para que estos obtengan su sustento 
como beneficio de la participación de la producción en gran escala, además de desmontar la 
Unidad Agrícola Familiar por considerarla una designación burocrática limitativa de las 
necesidades de los campesinos y los agricultores. El Ministro de Agricultura designado, 
Juan Camilo Restrepo explicó: 
 “El gobierno estudia otras posibilidades para superar la restricción de la UAF 
cuando se trate de baldíos, como la cesión del usufructo por períodos 
determinados, no la propiedad, que continuaría en cabeza de la Nación. El contrato 
de usufructo permite incluir obligaciones como la construcción de infraestructura 
intrapredial a cargo del usufructuario, y permite que el Estado asigne también 
parcelas a la población campesina, para vincularla a cadenas productivas con los 
 
41 
 
empresarios (Suarez, La política agraria de Santos: Fase superior del "modelo 
malayo" colonialista, 2011)” 
En opinión del reconocido analista Salomón Kalmanovitz (citado en Suarez, 2011) “el 
gobierno de Santos continúa con la política del anterior gobierno en este sentido: se trata 
de replicar la experiencia del cercado brasileño, basado en enormes propiedades”. 
Se ha dado entonces continuidad a la política del gobierno Uribe en el cual se incentiva a 
los grandes productores tratando de incluir en las cadenas de producción a los pequeños 
campesinos, pero su vez permitiendo la gran acumulación de tierras a inversionistas 
extranjeros para la explotación de biocombustibles y productos tropicales. De esta forma 
pueden repetirse las falencias de las anteriores administraciones que ignoraron el potencial 
de la agriculturaa pequeña escala como medio sostenible para solucionar problemáticas 
económicas, alimentarias y de segregación social, mediante la inclusión de la población 
campesina al sector productivo de la economía. 
Por otro lado, es importante destacar cómo se concibe dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 la Agricultura Familiar, enunciándola como método para superar la 
pobreza extrema campesina, solucionar los problemas de alimentación, reducir la brecha 
entre la parte oriental y occidental del país y en general para lograr una vida digna para la 
población rural. Como puede verse en el documento base para el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo, en su tercer punto referente a “reducir el hambre y la malnutrición de toda la 
población colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y grupos étnicos” una de las 
acciones a ejecutar consiste en “Construir Planes Territoriales de Desarrollo, impulsar la 
 
42 
 
Agricultura Familiar y rediseñar la política de generación de ingresos.” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2014, pág. 219) 
Respecto de las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo frente a la inclusión 
productiva y la producción de ingresos por encima de la línea de pobreza, el mismo 
documento base propone la AF como estrategia y objetivo exponiendo: 
 “Para el área rural se propone acompañamiento técnico o servicio de asistencia técnica 
integral por parte del MADR, que incluya jornadas comunales de capacitación en campo 
para el establecimiento, cosecha y continuidad de la siembra de los productos 
seleccionados. Se introducirá la apuesta más importante de generación de ingreso en área 
rural con el programa de agricultura familiar que busca la generación de excedentes de 
las unidades productivas del campo, al igual que el fomento de alianzas productivas que 
tiene un énfasis de elevación de ingreso de pequeños productores”. (Departamento 
Nacional de Planeación, 2014, pág. 532) 
Finalmente como método para lograr una vida digna en el campo, el documento base del 
Plan Nacional de Desarrollo explica: 
 “En el marco de la agricultura familiar campesina, se adelantarán acciones 
particulares orientadas a promover capacidades productivas y la generación de 
ingresos, dirigidas a los pobladores rurales que presenten condiciones de extrema 
pobreza con el fin de mejorar su calidad de vida” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014, pág. 586). 
A pesar de observarse un avance frente a la inclusión de la agricultura familiar como 
método de producción sostenible, en éstas propuestas particulares del documento base para 
 
43 
 
el Plan Nacional de Desarrollo, nuevamente se puede ver cómo las políticas en su mayoría 
se enfocan en la asignación y organización de la propiedad de las tierras. 
Adicionalmente, en el tercer punto de la reforma rural integral, se contempla la necesidad 
de modificar y adecuar la infraestructura del campo con el fin de adecuarla a las 
condiciones productivas de la agricultura familiar, reconociendo entonces el poco acceso 
que tienen las familias de pequeños campesinos a las vías y la dificultad que ésta limitación 
genera para hacer su forma de producción sostenible, así mismo, existe falta de claridad 
sobre el enfoque de las políticas agrícolas luego del proceso de paz, pues no se ha definido 
si se va a favorecer a las agriculturas de grandes extensiones de tierra, o si el objeto 
principal será verdaderamente el pequeño campesino. 
 
2.3.3 Avances en el Año de la Agricultura Familiar en Colombia. 
 
Con el creciente protagonismo de la Agricultura Familiar y los compromisos 
asumidos pos los países en el 2014, se ha destacado en Colombia durante el periodo 
presidencial de Juan Manuel Santos la destinación de una cantidad nunca antes vista de 
recursos presupuestales “cerca de 5 billones de pesos deben ser ejecutados por un 
Ministerio que ha sido en los años anteriores pobre en la ejecución.” (Revista Nacional de 
Agricultura SAC, 2014, pág. 25) De esta forma, mediante la Resolución 00267 de 2014 el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó el Programa de Apoyo a la Agricultura 
Familiar- PAF, dirigido por el Ministro de Agricultura en colaboración con un Comité 
Técnico Asesor “con el propósito de combatir la pobreza en el sector rural, ampliar la 
 
44 
 
clase media del campo y cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural”. (…) (Resolución 
300, 2014) 
Reconociendo la importancia de este tipo de producción en Colombia y la pertinencia 
que tiene establecer mediante actos administrativos instrumentos diferenciados para este 
sector que contribuyan al desarrollo rural, se establece en el artículo tercero de la 
Resolución en cita que las familias agricultoras familiares son aquellas que “derivan el 75% 
de sus ingresos en actividades agropecuarias, silvícolas, pesqueras, y/o acuícolas 
adelantadas en la unidad productiva con mano de obra predominantemente familiar.” 
(Resolución 300 , 2014, art. 3). Así mismo se dispone en su artículo quinto que el programa 
será financiado con recursos provenientes del Presupuesto Nacional y de entidades 
públicas, organismos multilaterales, de cooperación y donantes nacionales o 
internacionales. 
En relación a los instrumentos que serán utilizados gracias al Programa de Agricultura 
Familiar, se considera importante destacar los siguientes: 
1. Como promotor de financiación para los agricultores, el Ministerio crea el 
Programa de Financiación para la Agricultura Familiar con Tecnología 
Microfinanciera, mediante la cual se ampliará la oferta de intermediarios que 
brinden créditos a aquellos campesinos con pocos ingresos y se constituya una 
Bolsa de Recursos que desembolse el dinero y a la vez se provea del capital de los 
créditos y los intereses de estas operaciones. 
2. En segundo lugar, se encuentra un mecanismo de Línea Especial de Crédito Para el 
Sostenimiento de la Economía Campesina (LEC-AF) con el cual se otorgará crédito 
 
45 
 
al campesino con una a baja tasa de interés con el fin de que financie el total de 
actividades que se llevan a cabo en su unidad agrícola mediante una sola operación 
con el intermediario. 
3. Con varios Proyectos Productivos y de Innovación se espera lograr un apoyo 
exhaustivo del gobierno al productor, uno de ellos es la promoción de diferentes 
formas asociativas entre los agricultores que lleven a cabo estudios, planes de 
negocios y actividades rentables que presentadas ante entidades financieras puedan 
obtener recursos necesarios para que inicie del desarrollo del sector, tal como se 
enuncia en el programa: “El resultado del apoyo integral a los proyectos 
productivos y de innovación para la Agricultura Familiar es la formulación y 
puesta en marcha de planes de negocios sostenibles que lleven a los agricultores 
familiares a mercados concretos en condiciones óptimas y estables, generando así 
un aumento significativo en los ingresos y calidad de vida de las familias rurales”. 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) 
4. En el mismo sentido, se encuentra la Producción de Semillas Nativas y Criollas de 
Calidad y Variedades Mejoradas, por virtud de la cual se espera fortalecer 
productores y empresas aportando innovación y tecnología que les contribuya a ser 
más competitivos y tener acceso a semillas de calidad en sus producciones. 
5. Como punto importante se destaca el fortalecimiento empresarial, para lo cual se 
recorrerán diferentes sectores del país promoviendo la formalización del trabajo de 
los agricultores, brindándoles la información necesaria y el acompañamiento del 
gobierno nacional en este tipo de procesos. 
6. Buscando promocionar los negocios provenientes de la agricultura familiar, se han 
establecido Rondas Regionales de Inversión e Innovación en Agricultura Familiar, 
 
46 
 
por las cuales se dará a conocer en el país la oferta agropecuaria, se contará con

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