Cap5_ElCasodeTambogrande

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The case of Tambogrande
Chapter · July 2008
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Maritza Paredes
Pontifical Catholic University of Peru
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V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 275
INTRODUCCIÓN
La relación entre la minería y las comunidades en su entorno es muy
antigua en el Perú, principalmente en las zonas andinas, y no ha sido
siempre conflictiva.2 Desde la década de 1990, las reformas insti-
tucionales y la introducción de nuevas técnicas de exploración y
producción cambiaron la estructura productiva de la industria minera,
y con ello, la moderna relación entre minería y comunidades. Con la
nueva estructura de incentivos económicos y tecnologías,3 aunque aún
concentrada en las zonas altoandinas, la minería llegó a los valles
agrícolas donde nunca antes operó: este es el caso de Tambogrande. La
reducción de la demanda de mano de obra local no calificada en la
V.El caso de Tambogrande
MARITZA PAREDES1
1. Maritza Paredes es estudiante de doctorado de la Universidad de Oxford. El estudio
de caso se inició cuando la autora se desempeñaba como oficial de incidencia en la
Oficina Regional de OXFAM América en América del Sur (2004-2005).
2. Hasta bien entrado el siglo XX, la minería mantuvo su importancia para las
economías regionales serranas en donde operaba demandando insumos para la
producción, bienes de consumo para los campamentos y fuerza laboral local (prin-
cipalmente proveniente de las comunidades campesinas). Esta relación sólo se rompió
con la llegada del capital norteamericano y la creación de la Cerro de Pasco Copper
Corporation, formándose por primera vez un mercado de trabajo asalariado, al que
muchos miembros varones de las comunidades de la sierra central acudieron
(Contreras 1988).
3. El acelerado crecimiento de la minería se debe a los cambios tecnológicos en la
industria. Ellos han permitido explotar minerales que se encuentran difusos, que
abarcan grandes extensiones de territorio y que tienen una concentración rela-
tivamente baja. Estas tecnologías son: lixiviación, cianuro en el oro y ácido sulfúrico
en el cobre.
MARITZA PAREDES276
nueva organización industrial minera ha debilitado significativamen-
te el más directo vínculo productivo que esta mantenía con las comu-
nidades de su entorno.4 Así, operando en un nuevo contexto geográfico
y social, y más importante aún, sin capacidad de absorber la oferta la-
boral de la comunidad, y en ocasiones, compitiendo con otras alternati-
vas económicas como la agricultura, la minería no es por lo general una
actividad bienvenida por las comunidades en el Perú.
Tambogrande es sin duda un caso muy ilustrativo del tipo de con-
flicto asociado a las industrias extractivas que se extiende en el Perú, y
en otras partes del mundo. Conflictos como este, si bien las diferencias
en dimensiones y características locales son amplias, son reportados
por la prensa en países tan diversos como Guatemala, Chile, Indone-
sia o Papua Nueva Guinea. En un ambiente de creciente globaliza-
ción de los capitales, y de crecientes precios de los minerales, este tipo
de conflictos se repetirán y probablemente intensificarán, si no se
remedian la progresiva pérdida de confianza entre los actores invo-
lucrados, la polarización de las posiciones, y las salidas políticas de cor-
to plazo que no enfrentan los temas de fondo.
Este estudio de caso analiza la evolución de la acción colectiva y
oposición que los pobladores de Tambogrande (Piura, costa norte del
Perú) emprendieron en contra del proyecto, organizados en el Frente
de Defensa de Tambogrande (FDTG). Entre 1999 y 2003, se desarrolló
un intenso conflicto entre los pobladores y la Manhattan Minerals
Corporation (MMC), una empresa canadiense que proponía una inver-
sión de US$ 180 millones para extraer aproximadamente 42 millones
de toneladas de mineral, principalmente oro, ubicadas en el corazón de
la zona urbana del distrito.5 El principal argumento presentado por el
FDTG a lo largo de la protesta fue que la minería ponía en riesgo las
actividades agrícolas de la localidad, de las cuales dependía la mayor
parte de los pobladores del distrito.
Luego de tres años de una fuerte campaña de oposición, en el año
2003 el Estado decidió resolver el contrato de opción firmado con MMC,
4. El empleo total en minería sólo ha crecido en el Perú en 12% durante toda la década
del noventa, mientras que la producción de casi todos los metales creció en más de
50% (Glave y Kuramoto 2000).
5. El denuncio de Tambogrande (TG1) contiene 853 mil onzas de oro y 10.26 millones
de onzas de plata recuperables de la capa de óxidos y 339 mil toneladas de zinc y
715.8 mil toneladas de cobre de la zona de sulfuros. Según estas cantidades
Tambogrande es un proyecto mediano: proyectos grandes como los de Yanacocha o
Pierina tienen entre cuatro y diez millones de onzas de oro recuperables y en el caso
del cobre, Antamina posee siete millones de toneladas de contenido fino recuperable
de cobre y dos millones de toneladas de zinc.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 277
señalando que la empresa no cumplía con las garantías financieras. La
impresión generalizada en la opinión pública, sin embargo, ha sido que
fue la presión social impuesta por los pobladores, sus organizaciones y
sus aliados la que motivó el retroceso del Estado. La decisión final fue
ampliamente celebrada en Tambogrande y en los círculos de organi-
zaciones aliadas al FDTG, aunque los agricultores todavía manifiestan
temores por otras concesiones que existen en el distrito.6 Por otro lado,
la medida fue duramente criticada por representantes de la industria y
otros gremios empresariales, mientras que el Estado no ha vuelto a
referirse abiertamente al caso. Sin duda, el nivel de acción colectiva
que alcanzaron los pobladores de Tambogrande durante estos años
suscita varias preguntas desde una perspectiva de ciencia política, enparticular, porque son pocas las comunidades que emprendiendo
campañas del mismo tipo han alcanzado el mismo nivel de coherencia
organizativa y efectividad en sus objetivos de incidencia pública. Este
breve estudio de caso intenta reflexionar y discutir estos elementos
relacionados a la acción colectiva de los pobladores, el desarrollo de sus
capacidades y repertorios de movilización durante 1999 y el 2003. Las
preguntas que nos planteamos son: ¿qué factores fueron importantes
en la generación del conflicto?, ¿por qué Tambogrande fue un caso
exitoso de acción colectiva y organización comunal?, ¿cuál fue el rol de
las organizaciones aliadas y particularmente el de OXFAM? Finalmen-
te, ¿cómo Tambogrande ha influido en la dinámica de los conflictos
entre las comunidades y la minería en el país?
Como el estudio de caso se centra en la experiencia de organización
de la comunidad, las entrevistas se realizaron principalmente a los po-
bladores del distrito de Tambogrande, líderes del frente de defensa y
representantes de las ONG aliadas. Estas se realizaron entre enero y
junio del 2005. Se le hizo también una entrevista a un asesor de la em-
presa Manhattan Minerals Corp. Las entrevistas están identificadas
con números en el texto y se encuentran listadas en el anexo al final
del documento. Adicionalmente se ha hecho una revisión del material
secundario existente, entre ellos, publicaciones, actas y estudios. El es-
tudio de caso está organizado en cinco partes; primero, los antecedentes
del proyecto minero; segundo, el surgimiento del conflicto y los factores
relevantes; tercero, los agentes de la acción colectiva; cuarto, el desarrollo
de nuevos repertorios de movilización; y quinto, las conclusiones.
6. En el 2004, en la lista de prospectos del Minem aparecían tres concesiones en
vigencia: (1) El Papayo, otorgada a Manhattan Sechura Cía. Minera S. A. y CEDIMIN
Sac; (2) Las Lomas, otorgada a Cía. Minera Urumalqui S. A.; y (3) Tambogrande,
otorgada a Manhattan Sechura Cía. Minera S. A.
MARITZA PAREDES278
1. ANTECEDENTES
A diferencia de las comunidades andinas en las que la minería his-
tóricamente ha venido operando, la comunidad de Tambogrande no es
extremadamente pobre ni geográficamente aislada. Se encuentra ubica-
da en la costa norte del Perú, a dos horas de la ciudad de Piura y a 45
minutos del puerto de Paita. Cuenta con transporte público permanen-
te y una carretera en relativo buen estado de mantenimiento. La mayoría
de los pobladores son colonos que migraron al valle de San Lorenzo
(VSL), uno de los valles peruanos con mayor acceso a riego regulado
para gran parte de su superficie.7 Asimismo, la mayoría de los pre-
dios se encuentran formalizados con promedios de extensión de más
de 5.5 hectáreas, cuando el promedio en la costa es de 3.7 hectáreas
(III CENAGRO 1994). Los agricultores del VSL producen principalmente
limón, mango y arroz: 40% del limón y 38% del mango del país, y el
66% y 58% de la región de Piura a finales de los años noventa. Las
asociaciones de agricultores más exitosas exportaron por el puerto de
Paita un promedio de 21 toneladas de mango anuales en los últimos
cinco años de la pasada década.8
Sin embargo, como la gran mayoría de los valles de la costa en el
Perú, Tambogrande no es una sociedad homogénea. El 30% de una po-
blación aproximada de 63 mil habitantes vive en condiciones de extrema
pobreza, y un porcentaje más alto cuenta con escaso e inadecuado acce-
so a agua potable, luz y saneamiento.9 La mayor parte de los pobres
7. Tambogrande se encuentra en una zona desértica. Hace cincuenta años, la mayor
parte de lo que ahora es el VSL era principalmente terreno eriazo y bosque seco. En
1948, con financiamiento público, se inició un proyecto de irrigación en la zona que
desvió el agua del río Quiroz hacia el río Chipillco en Tambogrande y con fi-
nanciamiento del Banco Mundial, USAID y el Estado peruano se construyó el
reservorio de San Lorenzo y sus canales de distribución. El costo fue de US$ 45
millones y abasteció de agua a más de veinte mil hectáreas ubicadas entre el río
Chipillco y Tambogrande y 31 mil hectáreas del Bajo Piura. El proyecto de irrigación
fue acompañado por un proceso de colonización de las tierras llevado a cabo por el
Estado con financiamiento nuevamente del Banco Mundial, USAID y el Banco de
Fomento Agropecuario del Perú. Hacia mediados de los años sesenta, aproxima-
damente 1,300 lotes de entre seis y ocho hectáreas habían sido vendidos a colonos
que venían de fuera, “yanaconas” de la zona expropiada, agricultores vecinos y ex
propietarios o ex arrendatarios de la zona expropiada (Aste 2001).
8. Estadísticas del Ministerio de Agricultura (2001).
9. Según el último censo agropecuario de 1994, los 63,184 habitantes se encuentran
distribuidos en 115 centros poblados. Treinta seis por ciento de los pobladores viven
en la zona urbana y 64% en la zona rural, y según el mapa de pobreza del 2001
elaborado por el MINEM, aproximadamente el 80% de la población no cuenta con
adecuados sistemas de agua potable, luz y saneamiento.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 279
extremos viven en la margen izquierda del río Piura, en el área de
bosque seco, y están organizados en tres comunidades campesinas:
Apóstol Juan Bautista de Locuto; José Ignacio Távara Pasapera; y Señor
de los Milagros de Cruz de Cana. Estos pobladores carecen de terrenos
productivos y articulaciones al mercado agrícola, su acceso al agua es
muy restringido y requieren hacer largas colas por las mañanas para
recibirla del camión cisterna. La fuente más importante de los ingresos
de estos pobladores son los jornales del VSL y la intensiva extracción
de recursos del bosque seco: crianza de ganado caprino y extensiva ex-
tracción del algarrobo para leña.10
Asimismo, en contraste con otras comunidades andinas mineras,
Tambogrande tiene un peso electoral relativamente importante en la
provincia de Piura, con una población electoral de 36 mil votantes,
aproximadamente 20% de la población electoral de la provincia, la cual
es la capital del departamento. Cuenta con una municipalidad distrital
y varias organizaciones sociales a las cuales la mayor parte de la población
del distrito parece encontrarse articulada.11 Entre estas organizaciones
destacan la Junta Administrativa de Regantes del Valle de San Lorenzo,
la Asociación de Colonos, la Asociación de Agricultores de Mango y
Limón, las tres comunidades campesinas de la margen izquierda, además
de otras organizaciones de la zona urbana y asociaciones políticas. A
raíz de la presencia del proyecto minero se conformó el FDTG que coor-
dinó a todas estas organizaciones.
La existencia de importantes reservas minerales en Tambogran-
de es conocida desde el gobierno militar del general Morales Bermúdez,
a finales de la década de 1970, cuando el Bureau de Recherches Géo-
logiques et Minières (BRGM) reportó que había reservas minerales en
el distrito. Descubiertos estos yacimientos y preparadas las bases legales
para la exploración de la zona, se suscribe en octubre de 1979 un acuerdo
de exploración y explotación de Tambogrande entre la Dirección Gene-
ral de Minería y la empresa francesa BRGM.12 La resistencia y temores
de la población de Tambogrande respecto al desarrollo de la mina se
10. A pesar de los intentos de las ONG y las Naciones Unidas por promover un
aprovechamiento sostenible del bosque, las actividades de las comunidades siguen
siendo una amenaza seria para el frágil ecosistema de este bosque. En esta zona se
encuentra el proyecto Manejo Integral y Sustentable del Bosque Seco de Callejones
– Tambogrande y Rinconada, Nomala Chulucanas – Piura, financiado con un
pequeña donación del GER (PER/02/06).
11. Según el censo agropecuario de 1994, el 52% de los agricultores estaba articulado a
algún tipo de organización de base.
12. Decreto supremo 019-78-EM/DGM, decreto ley 22672.
MARITZA PAREDES280
expresaron ya desde esa época. Alvarado (2005) hace un recuento de
cómo la población organizó paros y movilizaciones, primero durante
elgobierno de Acción Popular y después durante el gobierno del APRA,
paralizando las operaciones.13
 Durante el régimen de Alberto Fujimori, bajo un nuevo contexto
económico nacional, de acelerada promoción de inversiones extranje-
ras y mineras, el yacimiento polimetálico de Tambogrande entró en el
régimen de concesiones mineras desde 1992. En 1999, el Estado otorgó
la concesión de los yacimientos de Tambogrande a Manhattan Minerals
Corporation, una compañía canadiense joven y pequeña.14 La primera
concesión otorgada fue la de Lancones y Papayo en 1998; y luego entre
1998 y comienzos de 1999 el gobierno autoriza el plan de privatización
del proyecto minero Tambogrande (TG1), aprobando un contrato de
opción entre la Empresa Minera del Perú (Minero Perú) y la compañía
canadiense, que sustituye formalmente a la empresa francesa BRGM.
Según el contrato de opción, Manhattan tenía un plazo de tres años
para explorar las concesiones del proyecto minero que proponía abarcar
88,800 hectáreas: 45.4% del área total de concesiones mineras del de-
partamento de Piura, que alcanzan las 195,520 hectáreas según el ca-
tastro. Al finalizar las exploraciones, MMC debía elaborar un estudio
de factibilidad, definir un esquema de financiamiento y constituir la
Empresa Minera Tambogrande (EMTG) con un 75% de capital propio
y 25% de la empresa estatal Minero Perú.15 La empresa propuso un
13. En el gobierno de Alan García las discusiones respecto a la explotación minera de
Tambogrande fueron retomadas por el Congreso y se generó una nueva oposición
liderada por algunos diputados de Piura, el alcalde de Tambogrande y el frente de
defensa conformado en ese entonces. Durante los años noventa, los estudios de
factibilidad y prospecciones se realizaron en un ambiente de opiniones divididas de
parte de la población y del gobierno; paros y acciones cívicas acompañaron las
discusiones. Finalmente, en mayo de 1990, al finalizar el gobierno de García, el
Congreso aprueba la ley 25284 que dispone la transferencia al gobierno de la re-
gión Grau de los derechos especiales del Estado en el yacimiento polimetálico
Tambogrande, y posteriormente, el 22 de noviembre de 1990, declara de necesidad
nacional el ejercicio de toda actividad minera en el derecho especial del Estado
denominado Tambogrande (Alvarado 2005).
14. Manhattan Minerals Corporation (MMC) tiene su oficina central en Vancouver y
es calificada por los analistas de la industria como una compañía “junior”. Hasta el
final del conflicto, MMC sólo había operado una mina desde su creación en 1990.
Esta mina, situada en México, fue vendida en el 2001. MMC está listada abiertamen-
te en la bolsa de valores y sus principales accionistas son fondos canadienses y
norteamericanos, incluyendo TD Asset Management, State Street Global Advisors
y AGF Management (Bloomberg, 12 de mayo del 2002).
15. El contrato señala que las condiciones mínimas requeridas son operar con una
capacidad de tratamiento de diez mil toneladas métricas por día y con activos de al
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 281
proyecto de explotación de minerales mediante excavaciones a tajo
abierto, el hoyo tendría por lo menos 250 metros de profundidad,
abarcaría 23.5 hectáreas y estaría localizado donde actualmente se
encuentra el pueblo. Para ello, el proyecto suponía la reubicación de
ocho mil habitantes, de una población total de entre catorce mil a 16
mil habitantes (equivalente a 1,600 hogares).16
2. LOS FACTORES DESENCADENANTES DEL CONFLICTO
Una lectura errónea del terreno social
MMC empezó sus exploraciones en la margen izquierda del río Piura,
donde se encuentran las comunidades campesinas del distrito, y donde
los pobladores sufren de mayores necesidades. Según el asesor de la
empresa entrevistado (E1), la idea de iniciar el proyecto en esta zona
—donde ellos evaluaban había menos resistencia al proyecto—, le
brindaba a MMC la oportunidad de demostrar que podía contribuir con
el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Si la etapa de exploración
en esta zona lograba desarrollarse sin conflicto social, la exploración en
el cerco urbano podía ser viable. La empresa firmó un convenio de tres
años con la comunidad Apóstol Juan Bautista de Locuto (AJBL)17 para
realizar actividades de exploración, en el cual la compañía se compro-
metía a definir con mayor precisión el apoyo y los beneficios que se
brindaría a la comunidad, sus responsabilidades con los daños y per-
juicios provenientes de las actividades de exploración, y el estableci-
miento de un concejo de coordinación comunal con representantes de
la empresa y de la comunidad (E2).
La vinculación entre las comunidades de la margen izquierda y los
agricultores del VSL es muy estrecha, y de interdependencia laboral.
Los pobladores de la margen izquierda trabajan en el valle, forman
menos US$ 100 millones. MMC será la que administre y opere la empresa en caso de
asumir la opción pagando una regalía al Estado Peruano.
16. Según la información proporcionada por MMC, la explotación se realizaría en dos
etapas. La primera etapa incluiría los primeros tres años y medio en los cuales
se obtendría oro y plata de una capa de 8.9 millones de toneladas de óxidos a través
de lixiviación con cianuro y de un horno de refinación. La segunda etapa inclui-
ría ocho años y medio en los cuales se produciría concentrados de cobre y zinc
mediante el procesamiento de 61.3 millones de toneladas de sulfuros por flotación
convencional.
17. La comunidad AJBL cuenta con un área de 13,054 hectáreas, con personería jurídi-
ca, con siete centros poblados y una población estimada de 10,500 habitantes.
MARITZA PAREDES282
parte de las organizaciones del distrito y comparten las mismas
instituciones sociales y culturales. En ese contexto, el convenio fue visto
por agricultores del VSL y pobladores de la margen izquierda como una
decisión unilateral de la empresa, con la intensión escondida de dividir
a la comunidad. Los líderes del FDTG que entrevistamos manifestaron
que, en su opinión, la empresa aprovechaba la necesidad de los po-
bladores de AJBL para iniciar sus actividades evitando una negociación
institucional con el conjunto de la comunidad a través de sus organi-
zaciones representativas (E3, E4).
Después de seis meses de haber explotado el conflicto, la comuni-
dad AJBL decide en asamblea general revocar a la directiva comunal y
nombrar un consejo transitorio comunal, y envía una comunicación a
MMC señalando que revocaban el convenio porque este no había sido
aprobado en la asamblea general de comuneros, como señala sus es-
tatutos, sino en una reunión de algunos directivos y delegados, pero
sobre todo, porque el convenio estaba generando conflictos al interior
de su comunidad. MMC intenta desconocer a la nueva junta directiva al
comienzo, pero al final reconoce la revocación del contrato.18 La lectura
de MMC sobre los pobladores de la comunidad de AJBL probó estar
equivocada y los resultados fueron completamente opuestos a los
objetivos. Una lectura acertada probablemente hubiese considerado que
no era una idea muy prometedora mantener una “relación especial”
con un sector de la localidad, e ignorar las relaciones productivas, socia-
les y políticas de este grupo con otros sectores; menos buena idea parece
haber sido creer que para los pobladores de AJBL satisfacer las ne-
cesidades inmediatas sería a la larga más importante que el mantener
buenas relaciones con las comunidades vecinas.
El conflicto empieza a hacerse más notorio cuando la empresa, si-
guiendo el cronograma del contrato, comienza las actividades de ex-
ploración en el cerco urbano a mediados del año 1999. MMC estableció
una oficina de información en el cerco urbano con la finalidad de realizar
campañas de información a través de boletines y afiches que explicaban
los beneficios que la minería podía traer a la comunidad, y las facilida-
des que la empresa ofrecería a la población para adecuarse al proyecto,
particularmente la reubicación de viviendas. Desde la perspectiva de
los líderes de la comunidad, lainformación venía sólo del lado de la
empresa, que sólo brindaba información sobre los beneficios de los pro-
yectos pero no hablaba de los posibles peligros y riesgos. Según uno de
18. Correspondencia entre AJBl y MMC: 25 de septiembre del 2000; 2 de octubre del
2000; 11 de octubre del 2000; 31 de enero 2001; 2 de febrero del 2001; 6 de febrero del
2001; 8 de febrero del 2001; y 13 de febrero del 2001.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 283
los líderes entrevistados, la información no parecía ser imparcial:
“Todo era siempre positivo”, “[…] nos subestimaban, porque todo pro-
yecto minero tiene sus impactos ambientales, especialmente cuando va
a convivir con una zona agrícola como la nuestra” (E5). Lo que preocu-
pó a los agricultores desde el principio del proyecto era la ausencia de
la información sobre medidas de mitigación o vigilancia, y más bien,
se eludía hablar sobre los posibles impactos ambientales del proyec-
to; “[…] eso nos tenía muy nerviosos porque nosotros vivimos acá
encima de los minerales” (E5). Los folletos que el frente de defensa
guarda documentan este problema. Esta ausencia de información con-
fiable fue un elemento esencial en la evolución del conflicto, en el que
los agricultores no se sentían tratados con seriedad.
En noviembre de 1999, como parte de su plan de apoyo comunitario,
MMC convocó a un programa de empleo temporal en el centro urbano
de Tambogrande, que incluía la limpieza de calles, arreglo de veredas y
canaletas, etc. El objetivo era establecer relaciones positivas con la
comunidad, nos afirma el asesor de MMC, antes de empezar el trabajo
de exploración (E1). Sin embargo, el hecho de que la empresa ofreció
jornales muy por encima del jornal de mercado en el VSL puso a la em-
presa en competencia directa con los agricultores de ese valle, provocando
rápidamente la reacción de ese grupo: “Esos jornales eran mentirosos,
no eran sostenibles porque cuando la empresa lograra su permiso para
explotar acabaría con el programa, y cuando la minería se acabe tam-
bién se irán esos jornales, y se habrá liquidado a la agricultura que es la
que nos da trabajo” (E5).
El elemento catalizador del conflicto ocurrió el 22 de noviembre de
1999, cuando MMC empezó la exploración en la zona urbana de Tambo-
grande con una autorización de la municipalidad distrital, pero sin el
apoyo de la población. Algunos eventos de esos días sirvieron para ca-
nalizar emociones de frustración y desesperación que se reflejaron en
hechos de violencia del 22 de noviembre. Los líderes del FDTG nos se-
ñalan que el día 19, el alcalde del distrito, Alfredo Rengifo Navarrete,
convocó a una reunión en el teatro municipal a la que asistieron repre-
sentantes de las diferentes organizaciones del distrito y pobladores.
En presencia de representantes de MMC, el alcalde hizo un balance de
cómo iba el proyecto minero e informó que, al haberse culminado la
primera etapa de exploración en la margen izquierda, se iba a empezar
las actividades de exploración en la zona urbana. Los líderes del Frente
afirman que los representantes de las organizaciones expresaron
públicamente sus preocupaciones por la iniciación de estas activida-
des, y señalaron que exigían mayor información y diálogo antes de ini-
ciar las operaciones de exploración. Tanto la municipalidad como los
MARITZA PAREDES284
representantes de MMC aceptaron conversar y ofrecer más información.
Sin embargo, ni el alcalde, ni los representantes de la empresa infor-
maron que el 18 de noviembre (un día antes de la asamblea) el alcalde
ya había firmado la resolución municipal que autorizaba el inicio de los
estudios de exploración. Cuando el 22 de noviembre, MMC entra con
sus maquinarias, los pobladores y sus representantes se sintieron
traicionados y engañados: “No respetaron los acuerdos tomados el día
19” (E6). A este problema, se sumó la sorpresa y temor de la población.
A pesar que la industria señala que los taladros y maquinaria de ex-
ploración causan un mínimo de impacto ambiental, las dimensiones, el
operativo y el ruido que causa el desplazamiento de la maquinaria
causaron una gran conmoción entre los pobladores (E7). Ese mismo
día, algunos pobladores exaltados atacaron la maquinaria y los equipos
de la empresa dejando una secuela de más de treinta juicios abiertos
por la empresa.19
TESTIMONIO 1: sobre el 22 de noviembre
Mi amiga Lola me cuenta que ha llegado una máquina de mineros al
cerro Santa Cruz. Yo me sorprendí, nosotros no teníamos nada de
conocimiento, no sabíamos que iban a venir mineros. Nos fuimos al
Cerro Santa Cruz, allá encontramos pues gente vestida de amarillo
con llonque, con cascos y había unos extranjeros, mineros, un ingeniero
Rojas que estaba en moto. Le preguntamos, ¿por qué están estas
maquinas?, ¿por qué al pueblo no le dan a conocer? Nos respondió
[…] el alcalde nos ha dado la autorización. Todos allí exigimos que
nos den ese documento. Un ingeniero me lo entregó. Entonces fuimos
a hablar con el alcalde, pero tenía seguridad en la puerta y no nos de-
jaban ingresar. Ya se habían reunido todos los asentamientos humanos
en la plaza, era una cosa que verdaderamente impactaba. Yo les digo a
mis compañeros, ¿qué es esto?, y allí no más hubo un enfrentamiento
que no sé ni cómo sucedió. Cuando me di cuenta, ya estaba en medio
de toditas piedras, palos que tiraban. Entonces he corrido con dos
compañeras más. Les digo vámonos, aquí nosotros no podemos hacer
nada […]. Los ingenieros se habían aprovechado de la humildad de
tanta gente y le habían pagado cincuenta soles a mujeres, hombres,
jóvenes, niños, niñas; les habían mandado a poner esos cascos para
que salgan a defender y resguarden su maquinaria […]. Más tarde, en
mi casa escuchamos ruidos como de cohetes, balas, entonces pasaron
19. Algunos pobladores se dirigen además al campamento, dañan los equipos y
materiales de la empresa y dejan seriamente heridos a dos policías. Se quemaron
algunas camionetas y se malograron brocas, entre otros actos.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 285
unas motos y la camioneta de la policía todita rota, entonces yo le
pregunto a uno, ¿Muchachos, qué es lo que esta pasando? Ahí arriba
hay una diablura, me dijeron, han quemado esto y que han quemado
un carro, del campamento, se han llevado el material. ¡Uy! Dios mío
todo esto ha sucedido. Yo les decía a mis amigas que podíamos orga-
nizarnos en otras formas, pero no así, pues, con la violencia. ¿Pero
quién entendía al pueblo? Nadie lo entendía. Al ver eso nosotros, te-
níamos que correr también, ¿no? (E7).
Instituciones de regulación inadecuadas y débiles
Hasta el estallido de este conflicto, ningún funcionario del gobierno
había visitado la comunidad para explicar el proyecto minero y la pre-
sencia de la compañía MMC La principal característica del marco insti-
tucional en el Perú es que el Estado, en este caso el Ministerio de Energía
y Minas (MINEM), delega el trabajo de las relaciones comunitarias
completamente a la empresa. El único vínculo formal entre el Estado y
el proceso de preparación de la mina —que involucra tanto a la empresa
como a las comunidades— es el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental (EIA) es la pieza central de la
regulación ambiental.20 Los EIA son llevados a cabo por firmas consultoras
contratadas por las empresas mineras, y la aprobación de este estudio
por el MINEM es la condición para iniciar una operación de extracción.
En la práctica, las compañías tienen considerable flexibilidad en rela-
ción con la profundidad y cuidado del estudio, y los problemas surgen,
eventualmente, cuando los proyectos intentan realizarse en ecosiste-
mas frágiles que requieren un trabajo de ingeniería más detallado por
parte de las compañías. Este último punto fue decisivamente un ele-
mento de exacerbación del conflicto cuando la empresa presentó el estu-
dio de línea de base en julio del 2000, elaborado por la consultora privada
Klonhn Cripper S. A. El FDTG y la mesa técnica señalaron que el estudio
ofrecía información muy incompleta, poco específica a lasituación geo-
gráfica particular de Tambogrande. La lectura de los dirigentes del FDTG
era que la empresa seguía manteniendo que la minería moderna no era
contaminante y que podía convivir sin riesgos con la agricultura, pero
no les informaban,
20. Según el decreto supremo 016-93-EM, el EIA debe “[…] evaluar y describir los
aspectos físico-naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales del área de
influencia del proyecto, con el propósito de […] anticipar los efectos y consecuencias
de llevar a cabo el proyecto, indicando las medidas de prevención y control para
obtener un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el
medio ambiente”.
MARITZA PAREDES286
[…] cómo iba a ser con el Fenómeno del Niño […], con los vientos más
fuertes que tenemos acá. Nos hablaban de una cancha de relave de
seiscientas hectáreas, más grande que el reservorio de San Lorenzo,
una inmensa masa de agua contaminada, y aquí que tenemos una eva-
poración pues de 36 a 38 grados, ¿cómo van a hacer con las lluvias
ácidas pues? ¿Qué va ser de nuestros mangos, nuestros algarrobos?
Todo se iba a morir, el agua se va a contaminar. Nada de eso nos
respondían (E5).
Aproximadamente después de un año, en agosto del 2001, el doctor
Robert Moran, un hidrólogo especialista en impacto ambiental mine-
ro, hizo un estudio de los potenciales impactos del proyecto Tambo-
grande sobre la base del estudio de línea de base y confirmó las dudas
del FDTG: que la información recabada en el estudio era insuficiente y
que las afirmaciones de los representantes de MMC respecto a que no
existirían impactos ambientales y que el proyecto podía convivir con la
agricultora no podían ser sustentadas con la evidencia que hasta el
momento la empresa había presentado. La empresa MMC inmedia-
tamente respondió señalando que el estudio de Klohn Crippen de mayo
del 2001, sobre el cual se había basado el estudio Moran, era un “informe
preliminar” y una primera aproximación al tema de los impactos am-
bientales del proyecto minero Tambogrande. El Ministerio de Energía
Minas manifestó estar de acuerdo con las limitaciones del estudio de
línea de base y demandó se hiciera con la mayor rapidez el estudio de
impacto ambiental para tener una información completa del proyecto.
Evidentemente, el vacío de información sobre los impactos am-
bientales que existía a casi tres años de iniciadas las exploraciones
sólo reforzaba la desconfianza de la población y su oposición al proyecto.
Hasta este momento, la empresa y el gobierno habían afirmado fir-
memente que no habría impactos ambientales para la agricultura, pero
no habían podido proveer la información que respaldara estas afir-
maciones y que atendiera las preocupaciones específicas de los po-
bladores; en particular, los impactos de El Niño cuando aumentan las
lluvias y son muy altas las probabilidades de accidentes, la variabilidad
en la disponibilidad de agua en una zona originalmente desértica, los
efectos negativos de los fuertes vientos característicos de la zona, el
riesgo de lluvias ácidas por las elevadas temperaturas y la protección
del frágil bosque seco.
Más importante aún, el estudio de línea de base no había incor-
porado la participación de la población, cuando ya hace más de un año
la empresa tenía presencia oficial en el distrito. El tema de la parti-
cipación ciudadana en la elaboración de los EIA se encontraba casi
totalmente fuera de la ley cuando se inició el conflicto en Tambogrande,
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 287
y no sería sino hasta el 30 de diciembre de 1999 que se aprobó el primer
reglamento de participación ciudadana en el procedimiento de apro-
bación de los EIA. Este reglamento no contempló ningún mecanismo
de consulta y participación de los pobladores en la discusión de los
resultados del EIA, y sólo se incluyeron las audiencias públicas en la
reglamentación de participación ciudadana en el año 2002,21 como re-
sultado de la movilización de Tambogrande. Estas audiencias, sin
embargo, fueron concebidas principalmente como informativas.22
Finalmente, el EIA fue presentado el 9 de diciembre del 2002 en
Lima y Piura al INRENA, la DGAA y la Dirección Regional de Energía y
Minas de Piura. El EIA señalaba que el costo de capital del proyecto
sería de US$ 405 millones con una inversión prevista de US$ 180 mi-
llones, que incluía el costo de reubicación de las viviendas, programas
de desarrollo comunitario, el movimiento de tierras para la desviación
del río, la construcción de un depósito de relaves, y la construcción de
las instalaciones requeridas para el procesamiento del oro y la plata. La
inversión adicional se realizaría para la ampliación de la mina cuando
se iniciase la explotación de cobre y zinc. Según el modelo financiero de
Manhattan que presenta en el EIA, la mina generaría durante los 17
años de vida del proyecto unos US$ 229 millones para el Estado (US$
13 millones anuales).23 El EIA fue devuelto a la empresa MMC por-
que fue entregado en inglés y el INRENA había comunicado que la infor-
mación presentada por MMC era incompleta. La última versión del EIA
fue entregada el 23 de abril del 2003, tres años después de iniciadas las
exploraciones. A esta versión final del EIA, el INRENA hace públicas 191
observaciones, desempeñando un papel muy importante en esta
oportunidad.24
21. Resolución ministerial 596-2002 EM/DM.
22. Las audiencias públicas fueron establecidas como parte del procedimiento para la
aprobación del EIA. Consistían en asambleas públicas para explicar y discutir los
resultados del EIA. La audiencia pública debía ser anunciada en un periódico nacional
(El Peruano) y en la radio. EL MINEM determina el tipo de diálogo o consulta que los
proponentes de un proyecto deben tener con los individuos afectados, las repre-
sentantes de las comunidades, las organizaciones sociales y otros stakeholders
sobre los temas relevantes, incluidos los potenciales impactos y conflictos. La ley
27746 señala que las audiencias públicas son obligatorias sólo para los EIA de tipo
detallado. Entonces, no todos los proyectos con impactos sociales y ambientales
significativos requieren cumplir con este procedimiento.
23. De los cuales vía el sistema de distribución del canon, los pobladores de Tambogrande
recibirían US$ 10,170 (equivalente a US$ 598 anuales). Otros US$ 40,680 serían
entregados por este sistema a la municipalidad y al gobierno regional de Piura.
24. En el complejo conjunto de reglas ambientales que gobiernan las actividades de la
minería, la legislación establece otros reguladores adicionales al MINEM. Estas
MARITZA PAREDES288
Adicionalmente, en mayo del 2003 se publica el documento “EIA
de Tambogrande: ¿estudios técnicos o publicidad?”, una revisión de
Moran al EIA de Manhattan donde se concluye que el estudio es in-
completo e inadecuado para medir los impactos que provocaría la
actividad minera en la zona. Una opinión adicional apoyando la mala
calidad del EIA fue entregada por el Centro de Investigación de Geografía
Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CIGA/PUCP) a
mediados de noviembre del mismo año. Aunque el MINEM no desaprobó
el proyecto por la falta de calidad del EIA sino por razones financieras,
las dudas sobre la capacidad de la empresa de controlar efectivamente
los impactos del proyecto sobre la comunidad y sus actividades agrícolas
eran cada vez mayores.
Hubo tres gobiernos nacionales durante 1999 y 2003. El conflicto
de Tambogrande comenzó con el gobierno de Fujimori, pasó por el
gobierno de transición de Paniagua, y tuvo su desenlace final con el de
Toledo. Sólo la administración del último se interesó en establecer un
proceso de diálogo.25 Sin embargo, este no tuvo éxito porque la población
ya había perdido la confianza en la autoridad ambiental del Estado. El
Estado, hasta entonces, había estado ausente y las veces que estuvo
presente fue ante el estallido de episodios de violencia, en donde la
agencias son el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el Consejo
Nacional del Medio Ambiente(CONAM) y la Dirección General de Salud (DIGESA).
Finalmente, INRENA es la agencia del Ministerio de Agricultura a cargo de la pro-
moción racional y conservación de los recursos naturales renovables. De acuerdo al
decreto supremo 057-97-PCM, los EIA y PAMA de actividades económicas que con-
templen la modificación de recursos renovables, como el agua, la tierra, flora o
fauna, requieren de la “opinión técnica” del INRENA previo a la aprobación de la
autoridad sectorial competente. Un mes después de la aprobación de esa regula-
ción, el decreto supremo 061-97-PCM señaló que si después de veinte días de recibido
el EIA o PAMA por el INRENA, este no provee la opinión técnica, se entenderá que no
existen observaciones (decreto supremo 008-2005, art. 12).
25. Cuando estalla el conflicto a fines de noviembre de 1999, la reacción del Estado fue
inculpar directamente a las organizaciones de los pobladores y a sus líderes por las
acciones de violencia. Manuel Román, líder del FDTB, nos contó que cuando los
disturbios sucedieron en Tambogrande, él y otros dirigentes estaban en Lima en un
taller donde por primera vez se les informaba sobre “la minería a nivel internacio-
nal”. Estuvieron allí con directivos de otras empresas y el evento se desarrolló en el
salón de actos del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, cuando regresaron
de Lima, él y otros dirigentes ya tenían orden de captura, acusados de haber llevado
a la manifestación latas de gasolina, fósforos y otros instrumentos. Román nos
señala que fue a dar su declaración seguro de su inocencia y solicitando testigos y
pruebas: “[…] yo le voy a presentar pruebas, le dije, señor, le voy a traer mis
pasajes, le voy a traer el recibo del hotel donde me he quedado. Facilísimo las
autoridades nos acusan, lo amenazan a uno, para tenerlo acosado a uno” (E5).
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 289
población lo veía como defensor de la empresa minera y no de los po-
bladores. Después, los pobladores se enteraron que el gobierno había
realizado otras medidas para facilitar la inversión en el proyecto de
Tambogrande sin informarles, lo cual sólo ayudó a incrementar la per-
cepción de que el Estado no garantizaba una autoridad imparcial en el
conflicto.26
La aprobación del EIA por el MINEM, la autoridad ambiental com-
petente, es la principal condición para iniciar cualquier proyecto de
extracción de minerales.27 La responsabilidad de otorgar licencias de
exploración y extracción de minerales en el Perú se encuentra en el
MINEM, por lo tanto, este ministerio enfrenta la responsabilidad de, por
un lado, promover la industria minera y, por otro, hacerse cargo de la
regulación ambiental. Bajo este diseño es claro que no existen los
incentivos adecuados para que las autoridades ambientales ejerzan su
rol regulador. Por otro lado, este arreglo institucional genera eviden-
temente razones potenciales para el conflicto, toda vez que los actores
pueden tener mayores dudas sobre la independencia y transparencia
del proceso. Este elemento estuvo presente en todo el proceso del
conflicto de Tambogrande y a nuestro juicio hizo imposible la construc-
ción de lazos de confianza entre los pobladores y el Estado.
La creación de una agencia independiente de medio ambiente, co-
mo ocurre en países como Chile y Colombia, estuvo contemplada en el
Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobado en sep-
tiembre de 1990; sin embargo, el Código fue eliminado un año después
y las leyes que se promulgaron en su lugar fueron la Ley de Promoción
de las Inversiones de la Minería (DL 708, pasada en junio de 1991), y
la Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada (DL 757, pasada
26. El gobierno decretó, con la aprobación del ejercito, el decreto supremo 014-99-EM
que declara de necesidad pública la actividad minera en Tambogrande para resolver
el impedimento constitucional que tienen los extranjeros, dentro de cincuenta
kilómetros de las fronteras, de adquirir, poseer, por titulo alguno, minas, tierras,
bosques, aguas, combustibles, fuentes de energía, directa o indirectamente, indi-
vidualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho
así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por
decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
27. Desde comienzos de los años noventa, el Perú ha desarrollado una vasta pero
bastante desorganizada legislación ambiental. Mucha de esta legislación fue
elaborada con la ayuda de consultores que fueron contratados gracias al apoyo
financiero del Banco Mundial, y dadas las características del régimen en esos años,
la legislación fue aprobada sin mayor debate público. Una nueva Ley General del
Medio Ambiente fue aprobada en el 2006 con un mayor debate público, aunque este
estuvo fundamentalmente restringido al Congreso y los medios escritos de Lima.
MARITZA PAREDES290
en noviembre de 1991). Uno de los objetivos importantes de estas le-
yes era convertir al MINEM en la autoridad competente en la regula-
ción de las actividades mineras, haciendo claro su mandato sobre el
otorgamiento de los permisos y el establecimiento de los estándares
ambientales.28
Más allá de los problema de incentivos, existe un también un pro-
blema de recursos. El reporte interno realizado por el Banco Mundial a
solicitud del MINEM mostró la existencia de sólo seis técnicos ambien-
tales de planta en la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA)
del MINEM: un hidrólogo, un ingeniero ambiental, un geólogo, un meteo-
rólogo, un sociólogo y el director general. Este equipo recibe el apoyo de
un pequeño grupo de asistentes jóvenes e internos. La falta de recursos
humanos es consistente con la relativa baja importancia de la DGAA
en el presupuesto del sector. La actividad de “Promoción, normatividad
y fiscalización ambiental minera” recibe menos de 1% del total del
presupuesto total del sector de Energía y Minas, entre US$ 300 mil y
US$ 500 mil anuales en los últimos tres años fiscales, todo por supuesto
administrado en Lima.29
En conclusión, consideramos que los factores fundamentales en el
desencadenamiento del conflicto fueron, en primer lugar, una lectura
equivocada de la empresa sobre la realidad social de Tambogrande y su
objeción de entablar una negociación directa con las organizaciones
sociales de la comunidad. En segundo lugar, un manejo informativo
que exaltaba los aspectos positivos del proyecto y negaba la existencia
de posibles impactos ambientales, sin ofrecer adecuada información de
respaldo, lo que generó profundas dudas en los pobladores sobre la
capacidad de la empresa para operar en una zona de alta fragilidad
ecológica como Tambogrande. Finalmente, la ausencia del Estado y la
poca claridad de sus funciones e intereses generaron una absoluta des-
confianza sobre su rol, particularmente el del MINEM como autoridad
ambiental.
28. Otros resultados adicionales de las modificaciones legislativas fueron relajar el
concepto de protección ambiental “no-importa-el-costo” y, por lo tanto, introducir
criterios de “costo-beneficio” como principios guía; suprimir el concepto de crimen
ambiental, las penalidades judiciales y responsabilidades administrativas; y elimi-
nar el principio de que las actividades económicas pueden suspenderse en el caso de
riesgos ambientales graves.
29. Portal de Transparencia: www.mef.gob.pe. Un gasto extraordinario fue ejecutado
en el periodo para crear la oficina de relaciones comunitarias con el fin de procesar
los crecientes conflictos entre las empresas mineras y las comunidades locales.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 291
TESTIMONIO 2: ¿Qué es mitigar?
Si me sacan la vista, ¿me ponen una de vidrio?
El gobierno nunca dio la cara por nosotros, nos dejó abandonados y
nunca quiso dar la cara. El gobierno sólo saca la cara, se pone un
poco, siendo parte del problema, cuando las papas queman, y cuando
veían que el enfrentamiento de la población con la empresa era emi-
nente. Allí aparece el ministro de minería con nuestro bendito defensor
del pueblo,que dice que trajeron la agenda de cómo podían ellos
convencernos para que se instale la minería en Tambogrande […].
Ellos no sabían nada, no había EIA y trataban de decirnos que no iba
haber ningún daño, ningún problema que solamente se mitigarían
todos los daños, que se iban a mitigar. Y nosotros le dijimos ¿mitigar?
¿Qué quiere decir mitigar? Si me sacan la vista, ¿me ponen una de
vidrio? Si me cortan la pierna, ¿me ponen una de palo? Pero no pueden
decirnos qué daño no va a haber. Vinieron cuatro o cinco veces, y al fi-
nal se convencieron que no era posible meterle en la cabeza de la pobla-
ción sus ideas (E6).
3. LOS AGENTES DE LA ACCIÓN COLECTIVA
El Frente de Defensa de Tambogrande
El FDTG se formó en una asamblea de representantes de diversas
organizaciones sociales del distrito, incluidas la junta de usuarios de
agua, las comunidades campesinas de la margen izquierda, las
asociaciones de agricultores y otras. Primero, se nombró una comisión
para analizar lo que estaba sucediendo con el proyecto minero; al cabo
de pocos meses, sin embargo, la comisión evaluó que el proyecto minero
avanzaba muy rápidamente con una campaña intensiva de promoción
con afiches y boletines y que se requería un esfuerzo organizacional
más fuerte (E3). Así, el 30 de agosto de 1999 se formó el FDTG con el
apoyo de la mayor parte de organizaciones del distrito. La principal
demanda era que no había existido de parte del Estado ni de la empresa
un real proceso de consulta e información y, sin embargo, la empresa ya
anunciaba la posición de las pozas de lixiviación, las canchas de relave,
las zonas de tránsito de los volquetes, entre otros aspectos del proyecto,
frases técnicas que los pobladores nunca habían escuchado antes y que
les causaban temor por sus efectos en los cultivos (E4).
La presencia de un liderazgo positivo y la legitimidad de la
organización comunal han sido unas características fundamentales de
la fortaleza organizativa de Tambogrande durante los años de conflicto.
MARITZA PAREDES292
Por un lado, no se trataba de una comunidad sin experiencia de or-
ganización. La dinámica productiva del VSL ha producido una dinámica
organizativa relativamente importante en el distrito. Según el censo
agropecuario de 1994, de los 5,981 agricultores del valle, el 52% se
encontraban agrupados en algún tipo de organización agrícola siendo
las más importantes los comités de productores, las asociaciones de
agricultores y las juntas de agua. La dinámica organizativa ayudó a que
rápidamente se constituyera un frente de defensa y a que hubiese un
liderazgo con suficiente experiencia de representación. La encuesta que
CEDIR-CIPCA realizó en el año 2000 a solicitud de la empresa expresa
este apoyo. Los resultados de la encuesta sugieren que el 40% de la
población del distrito pensaba que el frente de defensa era el que venía
desempeñando el mejor papel en representar a la población frente a
MMC, seguido por la comunidad campesina (17%) y la Iglesia (11%).
La legitimidad no fue fácil de mantener, pero el liderazgo ejerció
un rol crucial en la unidad y credibilidad del FDTG. Como frecuen-
temente ha sido el caso en el Perú,30 al inicio de su conformación, la
gente no demostró mucho interés en el Frente; los dirigentes señalan
que la población sospechaba de los fines políticos de la organización:
“[que éramos] grupos de politiqueros”, “que seguramente algo que-
ríamos”. Según Francisco Ojeda, dirigente del FDTG y alcalde del dis-
trito al momento de la entrevista, el principal mecanismo para lograr
convocar a la gente fue hacer participar a todas las organizaciones del
distrito,31 tener las reuniones abiertas al público, mostrar integridad
personal, consultar constantemente a las bases y respetar las decisio-
nes de la asamblea: “Nunca se hizo un paro a la antojadiza. Cuando
había la decisión de irse a una marcha, a un paro, nos sentábamos en la
Plaza de Armas, convocábamos a la población, y desde ahí la población
nos contestó y nos avalaba para seguir, pues cuando salía la marcha,
todo el mundo salía” (E8). Según los líderes y otros miembros de la
mesa téc-nica entrevistados, se fue sintiendo una mayor presencia de
la población en las actividades, y una sincronización y respaldo a los
30. Ver Ismael Muñoz, Maritza Paredes y Rosemary Thorp, “Acción colectiva, violencia
política y etnicidad en el Perú”. Serie de Ciencia Política. Documento de Trabajo n°
1, Lima, mayo del 2006.
31. También se convenció a los colonos, quienes durante los primeros años no
participaron y mantenían una posición diferente a la del Frente. Cuando cambió la
directiva de la organización de los colonos, el Frente hizo una campaña con éxito
para que la Asociación de Colonos se integrase al Frente. Rápidamente pasó a
liderar la estrategia. Se hizo un esfuerzo adicional por incorporar a las comunidades
de la margen izquierda.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 293
líderes, lo cual incrementaba el poder de movilización del Frente y su
acción colectiva.
El liderazgo también ejerció un rol importante en no dejar que
personas “[…] con ideas muy radicales se infiltraran y crearan pro-
blemas en la organización”. Francisco Ojeda dice:
[…] las ideas radicales llevaban a contradicciones internas que nos
costaban horas de debate, hasta entender que no eran medidas
radicales lo que iba a contribuir con su protesta […], había que
meter en la cabeza de algunos que eran las formas pacificas, no
violentas, las que iban a tener impacto; que no había necesidad de
recurrir a métodos violentistas. Pero esa era una pelea de educación;
había mucha gente [que] se desesperaba y creía en la violencia, que
pensaba que la violencia era el mejor camino […], pero nosotros
dijimos no.
Como consecuencia de estos problemas decidieron hacer una
marcha por la no violencia en las calles de Piura, expresando que
Tambogrande era pacífico, democrático y participativo (E8).
La formación de redes transcomunales
Los dirigentes del FDTG buscaron apoyo en los actores locales de la
Iglesia Católica, quienes tienen una red eclesial de organizaciones muy
consolidada en el departamento de Piura. Acudieron al obispado y a
la Oficina Pastoral Social de Piura (Diaconía para la Justicia y la Paz).
Así, a fines de 1999, el arzobispado convoca a varias instituciones de
Piura y Lima para discutir las posibilidades de brindar apoyo a los
pobladores de Tambogrande. Las ONG convocadas, algunas de Piura
y otras de Lima, decidieron participar. El 16 de abril del 2000, en
asamblea pública en Tambogrande, el FDTG presenta a la Mesa Técni-
ca de Tambogrande (MTT) conformada por Diaconía, Propuesta
Regional, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), CooperAcción,
Asociación Civil Labor, ECO (ahora Andes) y la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA). Inmediatamente después se uniría tam-
bién FEDEPAZ.
Algunas de estas organizaciones tenían ya una experiencia de
trabajo con comunidades impactadas por la minería en otras zonas del
país: Labor con las comunidades de Ilo; CooperAcción con las co-
munidades afectadas de la mina Tintaya en Espinar; y Andes con el
caso de La Oroya. Estas tres ONG, además, habían colaborado con la
conformación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas
por la Minería (CONACAMI), que oficialmente surge en octubre de 1999
MARITZA PAREDES294
durante el Primer Congreso Nacional de Comunidades Afectadas por
la Minería, celebrado en Lima. La conformación de la MTT fortaleció
significativamente al frente de defensa en tres aspectos: (1) acceso a
más información; (2) capacidad profesional para interactuar con la
empresa y el Estado, y para elaborar estrategias de incidencia pública;
y (3) la creación de redes de comunicación regional, nacional e inter-
nacional, incluyendo OXFAM América (Boston y Washington), Mineral
Policy Center (hoy Earthworks, Washington), y The Environmental
Mining Council of British Columbia (Vancouver).
La mesa técnica fue la instancia que brindó y canalizó la asisten-
cia legal, estratégica y de comunicaciones al FDTG. Eva Boyle, repre-sentante de Diaconía, señala que el objetivo claro de la MTT era el
fortalecimiento institucional de los actores locales, la generación de co-
nocimientos sobre la actividad minera en Tambogrande, el acompa-
ñamiento en los procesos legales y sus impactos, y la difusión del caso
para que saliese del ámbito local y recibiese el apoyo necesario de Lima
y del ámbito internacional. Fue clave en este proceso el apoyo insti-
tucional al FDTG para poder negociar en menores condiciones de asi-
metría con la empresa MMC y el Estado. Fue en este contexto que OXFAM
América apoyó el trabajo de FEDEPAZ, el cual permitió mayores espacios
de diálogo y negociación. En particular, fue muy importante brindar al
FDTG la capacidad de poder “interactuar legalmente” con el MINEM y la
empresa.
Para el fortalecimiento de los actores, el taller “Diagnóstico de
Tambogrande y su historia” organizado por la MTT fue fundamental
en la construcción y/o consolidación del discurso del Frente. En el taller
se discutió qué representaba el VSL y la agricultura para sus poblado-
res en términos sociales y económicos, la historia del VSL, cómo el VSL
fue construido y con qué recursos, y qué actores existían. Los miem-
bros del FDTG nos manifestaron que el entender su realidad y su his-
toria les dio mucha confianza, les ayudó a contar con mayores ele-
mentos para hacer su propio trabajo de sistematización y tener una
mejor compresión de quiénes eran ellos para expresarse y sustentar
sus posiciones.
También se realizaron una serie de trabajos técnicos. En enero
del 2001, se elaboró el informe “Consideraciones económicas y am-
bietales para evaluar la sostenibilidad del proyecto minero Tambo-
grande”, realizado por Juan Aste, miembro de la MTT y director de
la ONG Andes, el cual detallaba las consideraciones económicas de la
producción del VSL y los posibles impactos económicos de la mine-
ría. En mayo del 2001, OXFAM América, el Mineral Policy Center y el
Environmental Mining Council of British Columbia financiaron la visita
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 295
al área ya reseñada del hidrólogo Robert Moran. En particular, el infor-
me afirmó que la convivencia en armonía de agricultura y minería
dependía de las características de cada ecosistema, pero que MMC no
había mostrado información suficiente para sustentar que Tambo-
grande podría ser el caso.32 En conclusión, la MTT, con el apoyo de va-
rias ONG internacionales, permitió por primera vez el acceso del FDTG
y de la población de Tambogrande en general a información técnica e
independiente sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto.
La producción de este tipo de información no está prevista en el marco
institucional que regula la actividad minera del país; las ONG, en este
caso, cumplen un rol muy importante en la generación de información
alternativa y complementaria a la ofrecida por las empresas.
Finalmente, fue gracias a esta red de alianzas regionales, nacio-
nales e internacionales que el caso de Tambogrande llegó a la opinión
pública nacional e internacional, volviéndose “visible” la protesta de
los pobladores que hasta el momento no había pasado de ser un con-
flicto local. En los últimos dos años de la campaña surgió el Colectivo
Tambogrande con algunas de las organizaciones de la MTT y nuevos
aliados en Lima. Este colectivo fue la base para diseñar e implementar
la incidencia de comunicaciones en Lima y el extranjero y para dar al
FDTG nuevos repertorios de protesta y acción colectivas.
La MTT fue la primera experiencia en la que las ONG trabajaron
juntas para apoyar a una comunidad en específico y ha sido proba-
blemente la más exitosa en cuanto se refiere a construcción de alianzas
y coaliciones. Según los representantes de las ONG entrevistados,
este nivel de coordinación ha sido difícil de repetir. José de Echave,
director de CooperAcción, asegura que el factor más importante que
sostuvo la efectividad en la coordinación era el alto nivel de legitima-
ción que tenía el FDTG, por lo cual la misión de la MTT era muy clara:
brindar soporte al Frente, quien con el respaldo de sus pobladores
tomaba las decisiones (E9). Ana Leyva, asesora legal de FEDEPAZ, señala
que desde un principio las ONG de la MTT tenían claro que no se trataba
de suplir el rol del FDTG, quien era la legítima organización represen-
tativa de la población, sino de brindar los elementos necesarios para
que el Frente pudiese cumplir de la mejor forma posible su rol de re-
presentación: “[…] recopilábamos información, ayudábamos a cana-
lizar ideas y propuestas hacia las autoridades en Lima, elaborábamos
estrategias legales y difundíamos información sobre el caso a nivel
32. Para mayores detalles del informe ver Robert Moran (2001), “An Alternative Look
at a Proposed Mine in Tambogrande, Peru”, en: http://www.earthworksaction.org/
pubs/TamboEnglish.PDF
MARITZA PAREDES296
nacional e internacional para obtener apoyo” (E10). Doris Balbín, repre-
sentante de Labor, resalta que la MTT trabajó con mucha confianza de
estar entendiendo el mandato de la población, como lo mostraba las
encuestas que la MTT realizó en la comunidad (E12).
 La división del trabajo funcionó muy bien en la MTT. Cada orga-
nización mantuvo un espacio para aportar lo que mejor sabía hacer:
Diaconía dio el soporte local y regional y los nexos con otras redes de
organizaciones regionales a través de la Iglesia; la SPDA, primero, y
FEDEPAZ, luego, se orientaron a la asesoría legal; Labor y Eco (ahora
Andes) trabajaron en la recopilación y elaboración de información;
CooperAcción y OXFAM América fueron un canal de vinculación con
instituciones y profesionales internacionales; y CEAS coordinó la MTT.
Además, se contó con el apoyo del Colectivo Tambogrande, quien lideró
en la última etapa la estrategia de comunicaciones, ligando las redes
sociales regionales y locales a redes en Lima. 
TESTIMONIO 3: Pancho Ojeda
“Pancho Ojeda” salía en los titulares, así grandazos, y nos decían
estafador de tierras, explotador de campesinos, ladrón de tanta cosa,
mientras los campesinos, dice, les suda el espinazo. Así decía el
término de los titulares del Correo [de Piura]. “Pancho Ojeda se
pasea por Europa”, y yo no conocía Europa. Pero esas imágenes,
esas calumnias, cuando uno tiene familia, tiene hijos, tiene dignidad,
le duele. Le duele porque uno se siente impotente y frustrado de no
tener los mismos medios para por otro periódico responderle y decir-
le que es el periódico más mentiroso. Pero, sin embargo, se callaron
con la victoria de la consulta, ahí sí hemos roto todos los insultos; y
luego con mi elección como alcalde del distrito. Porque la población
demostró que cada vez que ellos nos sacaban en un periódico así, a
título personal, mis votos levantaban, ellos me hicieron más fuerte,
honesto y transparente. La honestidad no es fácil, la honradez no es
fácil, ganarla o mantenerla […] me ofrecieron remodelar toditito
este colegio, pintar, llenarlo de computadoras […] me hicieron mil
propuestas para que me vaya del Perú. No les dimos oídos (E8).
4. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS REPERTORIOS
DE MOVILIZACIÓN
Los paros y la movilización conflictiva
Las primeras actividades del FDTG para llamar la atención de las
autoridades fueron la organización de paros y marchas de sacrificio. El
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 297
primer paro y marcha de sacrificio se realizó el 23 y 24 de mayo del
2000. Francisco Ojeda, líder del FDTG en ese entonces, nos señala que
la principal demanda era por mayor información y encontrar algún
mecanismo que tomara en cuenta de manera significativa lo que ellos
pensaban acerca del proyecto. Los pobladores marcharon desde
Tambogrande hasta la ciudad de Piura y el resultado positivo de esta
protesta fue que la empresa reconociera al FDTG como un interlocutor
legítimo de la población de Tambogrande. Esto ocurrió en junio del
2000, aproximadamente un año después de la creación del FDTG. Las
reiteradas expresiones que dudaban de la legitimidad del FDTG habían
sido también fuente de conflicto entre los pobladoresy la empresa.
Sin embargo, entre junio del 2000 y febrero del 2001, las conver-
saciones no prosperan y el conflicto se agudiza. Tres elementos empeo-
ran esta situación. Primero, la frustración de las conversaciones con la
empresa. Los pobladores y líderes del FDTG entrevistados nos señala-
ron que los representantes de la empresa utilizaban las reuniones que
tenían para expresar y promocionar los avances del proyecto en tele-
visión y radio, y que ellos se sentían utilizados: “Cuando hemos tenido
las reuniones con la empresa minera […], hablamos una cosa y ellos
hacían otra, los acuerdos no se respetaban y veíamos que nos estaban
tomando el pelo” (E3).33 Segundo, la presentación de la empresa del
estudio de línea de base en julio del 2000. El FDTG y la mesa técnica,
con la información independiente adquirida, señalaron que el estudio
ofrecía información incompleta y que no había existido consulta a la
población en su elaboración. Tercero, el resquebrajamiento definitivo
de las relaciones entre MMC y los pobladores de la comunidad de SJAL
de la margen izquierda, con quienes había firmado un convenio de
apoyo mutuo.
Todas estas razones y la ausencia de una respuesta del Estado
llevaron al paro distrital convocado por el FDTG el 27 de febrero del
2001: se bloquean las carreteras y la población se moviliza por las calles
de Tambogrande. En medio de la movilización, se producen enfrenta-
mientos de algunos agricultores con la policía mediante un intercambio
de piedras y gases lacrimógenos. Algunos pobladores ingresan al sec-
tor de “casas modelo” (que ya venía construyendo la empresa para mos-
33. El asesor de la empresa señala que los problemas de esta etapa provienen también
del FDTG, que existían líderes que ya tenían una decisión tomada desde el principio
y que obstaculizaban cualquier tipo de acuerdo; por otro lado, señala también que
el apretado cronograma del contrato que la empresa seguía era totalmente
incompatible con los plazos requeridos para construir un diálogo verdadero con la
población.
MARITZA PAREDES298
trar la evacuación de la población de la zona) y destruyen muros, saquean
e incendian las oficinas de MMC cerca de la plaza de armas. La policía
se retira del campamento de MMC alegando agotamiento de material
de defensa. Los pobladores ingresaron entonces a las instalaciones de
la empresa, destruyendo equipos, maquinaria e infraestructura. Tam-
bién se dirigieron al campamento de la concesionaria de MMC (Britton
Hnos.) y quemaron algunas maquinarias de perforación. El retiro de la
policía de la zona será entendido por los líderes del FDTG como una
acción premeditada para dejar que los individuos más exaltados de la
comunidad realizasen actos de destrucción y luego acusar al conjunto
de la organización de impulsar la violencia, desprestigiándola y le-
vantando cargos legales en contra de sus principales líderes.
Los costos de estas acciones fueron grandes para el Frente. Surgen
un conjunto de acusaciones en su contra que ponían en riesgo la
legitimidad de su rol y de la protesta. Un ejemplo de estas acciones es la
carta que MMC envía el 21 de junio del 2001 a Barbara Fiorito de
OXFAM América donde expresa su preocupación acerca de las acciones
de OXFAM: “[…] es preocupante el hecho de que OXFAM apoye al frente
de defensa, sobre todo cuando ha estado involucrado en actos vandáli-
cos contra las instalaciones de MMC […] esto no es consistente con los
principios de esta organización, por tanto debe dejar de financiar a
organizaciones cuyos miembros son acusados de perpetrar actos
violentos”.34 Los resultados poco positivos de la movilización de febre-
ro del 2001, y el análisis de los líderes del Frente de lo difícil que se
convertía controlar y evitar estos actos de violencia durante las movi-
lizaciones públicas, llevaron a pensar en la necesidad de un giro en la
estrategia de la protesta y de crear nuevos repertorios de movilización:
“[…] teníamos que pensar en salidas alternativas y complementarias
a los paros y marchas, con los cuales habían logrado llamar la atención
de las autoridades, pero que también habían incrementado el conflicto,
en vez de proporcionar una solución; ya no se podía seguir en esta
situación, la población de Tambogrande ya habíamos tomado una deci-
sión y había que hacer escucharla” (E8).
El paro de febrero del 2001 fue definitivamente el punto más álgido
del conflicto. El obispado de Chulucanas, en un pronunciamiento pú-
blico, solicita el retiro de Manhattan. El Ministerio de Energía de Minas
del gobierno de transición responde en un pronunciamiento público
precisando que la compañía es titular de los derechos mineros concedidos
34. OXFAM no apoya los actos de violencia. Cualquier acto ilegal o violento va en contra
de su misión de luchar contra la pobreza y la injusticia social con un enfoque
basado en los derechos.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 299
por el Estado y tiene un convenio de opción con Minero Perú y, por lo
tanto, le corresponde al Estado garantizar que todas las actividades se
desarrollen en armonía, paz y tranquilidad públicas tanto en el distri-
to como en el territorio nacional. El 30 de marzo del 2001, un individuo
encapuchado asesinó al ingeniero Godofredo García Baca, presidente
de la Asociación de Productores de Mangos y asesor del FDTG. El crimen
aún no ha sido esclarecido.
La consulta vecinal y los nuevos repertorios de movilización
En este contexto conflictivo, las instituciones de la MTT, en coordinación
con el FDTG y la municipalidad distrital, plantearon como mecanismo
pacífico la realización de una consulta vecinal. Esta propuesta fue reco-
gida luego por los religiosos, religiosas y el clero de la arquidiócesis de
Piura y Tumbes haciéndola pública en un comunicado del 14 de julio
del 2001. La propuesta fue presentada al MINEM. En carta conjunta, el
ministro de Energía y Minas y el ministro de Agricultura respondieron
al FDTG señalando que el gobierno quería iniciar un proceso de diálogo
y que la Defensoría del Pueblo operaría como “[…] un canal amplio de
diálogo para continuar intercambiando conceptos y opiniones sobre la
problemática generada en Tambogrande, con el ánimo de llegar a con-
sensos que representen una situación de bienestar para la región”, y
que solicitaban que se espere cuatro meses a que el estudio de impacto
ambiental se acabe para llevar adelante “la consulta popular” solicita-
da por los representantes del FDTG. Así, la población contaría con los
elementos de juicios técnicos necesarios para tener una opinión ade-
cuadamente informada y se estaría actuando bajo la legislación vigente.
El Ministerio de Energía y Minas garantizaba que el EIA sería evaluado
de forma transparente y que para ello se contrataría un “[…] grupo de
especialistas nacionales e internacionales o una consultora indepen-
diente seleccionada por la sociedad civil”.
La propuesta realizada por el MINEM fue recibida de manera diversa
por la MTT y el FDTG. Las entrevistas realizadas a los miembros de las
ONG de la mesa técnica señalan que a varias de ellos, incluidos OXFAM
América y OXFAM Gran Bretaña, les parecía que la oferta del MINEM era
adecuada y estaban dispuestos a colaborar. Sin embargo, los poblado-
res y líderes del FGTG no recibieron la propuesta con el mismo entu-
siasmo. Varias razones llevaron a que se la rechazara y se insistiera en
el desarrollo de la consulta popular independientemente de la propuesta
del gobierno. Los dirigentes del FDTG nos señalaron que ellos no
confiaban en el Estado ni en el proceso de EIA, que la legislación del
EIA estaba hecha a favor de la empresa y no de ellos, que las audiencias
MARITZA PAREDES300
eran sólo informativas y que nada garantizaba que si la consulta se
postergaba, el gobierno fuera a tomar en cuenta la opinión de los po-
bladores. Este es un momento clave en el conflicto, porque la confian-
za entre la población y el Estado, no sólo en las personas sino en la
institucionalidad, había desaparecido del todo y en esas circunstancias
no había espacio para el diálogo.
Al interiorde la mesa técnica se discutió sobre la decisión del FDTG
de sacar adelante la consulta vecinal antes de la publicación del EIA.
Sin embargo, la decisión de los pobladores y del FDTG era firme y todas
las organizaciones de la MTT y organizaciones aliadas decidieron apo-
yarlos en la decisión que los pobladores tomaran. OXFAM Gran Bretaña
publicó un pronunciamiento en el que señaló las razones por las que
se apoyaba la consulta vecinal. La principal razón era que apoyaban el
derecho de los pobladores a expresarse sobre el tipo de desarrollo que
querían para su localidad. Asimismo, señalaba que las preocupaciones
de la población sobre los mecanismos legales de evaluación del EIA eran
justificadas: el proceso no ofrecía suficiente tiempo a la población para
procesar la información de un EIA y analizar las consecuencias que
implica un proyecto minero en su localidad, y no contemplaba ningún
mecanismo que permitiese a los potenciales afectados decidir si la
inversión propuesta era aceptable o no. Asimismo, el EIA era financiado
y realizado por la misma empresa que pretendía llevar a cabo la ex-
plotación minera, en vez de que el Estado garantizase un estudio in-
dependiente. Finalmente, el juez del EIA era el mismo gobierno que
conservaba para sí el 25% de las acciones del yacimiento, convirtiéndose
en parte interesada en la decisión de otorgar la licencia de explotación.35
Hay que evaluar que la propuesta de diálogo de la nueva adminis-
tración llegó dos años y medio después de haberse iniciado el conflicto,
y que durante este tiempo los agricultores habían ido perdiendo la
confianza que el Estado podía brindar. Podemos argumentar, entonces,
que a menos que el Estado hubiese realizado con éxito algunos cambios
dramáticos en las reglas de juego, el diálogo y un nuevo proceso de
evaluación del proyecto por parte de los pobladores eran improbables.
El 8 de enero del 2002, el FDTG suspende su participación en la comi-
sión de diálogo promovida por la Defensoría del Pueblo y decide seguir
adelante con la consulta vecinal. El FDTG logra el apoyo de la mu-
nicipalidad, que en noviembre del 2001 solicita a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE) apoyo y participación en la realización
de la consulta vecinal. Se establece la consulta vecinal como un meca-
35. Publicada el 2 de junio en el Correo de Piura.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 301
nismo de participación ciudadana en el ámbito del distrito, y se aprue-
ba la realización de esta consulta para que los pobladores expresen su
opinión sobre el desarrollo de la actividad minera en áreas urbanas,
agrícolas y de expansión del distrito.
El domingo 2 de junio del 2002 se llevó a cabo la consulta en el dis-
trito de Tambogrande. Según la información proporcionada por los dia-
rios regionales y los veedores internacionales, el evento se realizó sin
incidentes y con una masiva concurrencia de la población. La consulta
costó alrededor de US$ 20 mil que fueron financiados por OXFAM Gran
Bretaña. Un mayoritario 93.95% se manifestó a favor de la agricultura.36
La consulta marcó un hito para la minería en el Perú. Era el primer
caso en que la población directamente involucrada había sido capaz de
organizar un procedimiento para expresar su opinión e intereses, po-
niendo en cuestión la legislación peruana respecto a los mecanismos de
toma de decisión de los proyectos mineros. El impacto mediático de la
consulta vecinal fue grande. Diversas instituciones nacionales y ex-
tranjeras manifestaron su apoyo al pueblo de Tambogrande.
El gobierno central desconoció la validez legal de la consulta y la
ONPE decidió al final no apoyar la organización de la consulta popular
en Tambogrande.37 Lo mismo sucede con la ONG Transparencia que
decide no apoyar la consulta vecinal.38 La principal crítica del MINEM
fue que la consulta iba a realizarse sin la información adecuada sobre
los impactos, medidas de mitigación, compensaciones y beneficios. Afirmó
que esa información se encontraría en el EIA, el cual debía ser evaluado
por las autoridades competentes y otros sectores relacionados, así como
por la ciudadanía, quienes podrían formular sus observaciones. El MINEM
reiteraba su propuesta de apoyar una revisión independiente del EIA y
de realizar diez talleres informativos de los resultados del EIA a cargo
de una consultora independiente y tres audiencias públicas para que
los ciudadanos presentasen sus observaciones.39
La posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) fue reiterar que la convivencia de la minería con la agricultura
36. El Comercio, La República y El Tiempo de Piura, 3 de junio del 2002, y carta de
Droits et Democratie Rights & Democracy del 11 de julio al ministro de Energía y
Minas.
37. Al comienzo, la ONPE ofreció brindar su asesoría electoral a la Municipalidad
Distrital de Tambogrande; se retractó en mayo del 2002, dejando sin efecto su
resolución anterior y negando la asesoría ofrecida.
38. Ordenanza municipal 012-2001-MDT-C; Acuerdo de concejo 020-2001-MDT-CM,
R. J. N 027-052 (ONPE ), R. J. N 137-2002-J/ONPE.
39. Comunicado oficial del MINEM del 1 de junio del 2002, en El Comercio.
MARITZA PAREDES302
era viable y que en el mundo moderno las actividades mineras y agríco-
las coexisten armoniosamente. MMC había hecho estas afirmaciones
en muchas ocasiones, pero no había sido capaz en tres años de ofrecer
un sustento de que esto era posible en el caso específico de Tambogran-
de. La consulta fue considerada por la SNMPE como un acto ilegal y
emprendió una campaña contra OXFAM América —no obstante que
OXFAM Gran Bretaña fue el afiliado que financió la consulta de Tam-
bogrande—, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder
Judicial y el Congreso señalando que esta organización internacional
“[…] no sólo ha reconocido ser quien financia este tipo de consultas
vecinales sino que incluso se ufana de hacerlo [...] fomentando el desacato
a las leyes que regulan las actividades productivas en el Perú, atentando
con ello contra la Constitución y la normatividad vigente”.40 Sin embar-
go, para otros actores de la sociedad, para monseñor Óscar Cantuarias,
la consulta fue un resultado positivo de este conflicto: “[…] los pobla-
dores de Tambogrande no se quedaron en la protesta o en actos que
hubieran podido aumentar la violencia, sino que buscaron una forma
pacífica de expresar su opinión, de señalar que su voz no está siendo
escuchada ni considerada” (E12).
Con la consulta vecinal, nuevos repertorios de acción colectiva
tomaron mayor fuerza y dinamismo. En los meses siguientes se diseña
una campaña de comunicaciones para dar a conocer la posición de los
pobladores de Tambogrande y despertar solidaridad entre la opinión
pública de Lima y el extranjero. El público objetivo de esta campaña
fueron las autoridades del MINEM y las demás autoridades implicadas
en la aprobación del proyecto. Rocío Ávila, representante de CEAS,
argumenta que fue necesario vincular los intereses de la población de
Lima con los de Tambogrande. La idea de posicionar al limón y vincularlo
con Tambogrande salió del Colectivo Tambogrande, que contaba con el
apoyo profesional de creativos publicitarios. Según Rocío Ávila, se esco-
gió al limón como símbolo porque es muy conocido entre todos los
peruanos y es sencillo relacionarlo con los tambograndinos “[…] por
un lado, el VSL es uno de los principales productores nacionales de
limón y por lo tanto la amenaza al valle era también la amenaza a un
producto agrícola de mucha importancia para todos los peruanos, porque
el limón forma parte de muchos platos de nuestro país; es la base del
ceviche, el pisco sour y la limonada y entonces creaba rápidamente
interés” (E11). La campaña fue exitosa, ganándose a partir del año
40. El Comercio, 1 de junio del 2002, comunicado pública de la SNMPE, y 8 de junio:
“Se hartaron, mineros denuncian a ONG por manipulación”.
V / EL CASO DE TAMBOGRANDE 303
2003 mucha presencia en la prensa de Piura y Lima, así como en algu-
nos circuitos de la prensa internacional.