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Minería de oro sostenible y responsable en Colombia: las tecnologías del
extractivismo
Conference Paper · July 2016
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Ernesto Andrade-Sastoque
University of Twente
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Minería de oro sostenible y responsable en Colombia: las tecnologías del 
extractivismo 
ERNESTO A. SASTOQUE 
Introducción 
El desarrollo dejó de ser entendido sólo como "progreso", "modernización" y "crecimiento 
económico" hace más de 40 años, desde que la teoría de la dependencia en los años sesenta fue 
enunciada. Aproximadamente dos décadas más tarde autores como Feenberg (1991), Sachs (1992), 
Esteva (1992), Escobar (1998), entre muchos otros pensadores e intelectuales del Sur global, 
explicaron cómo la idea de "El Desarrollo" y el "Tercer Mundo" se inventaron con el fin de llevar 
a cabo la dominación cultural, social, económica y política de los países que en aquellos años 
fueron llamados "países periféricos". Entre los postulados de estos autores, el fin del desarrollo fue 
anunciado, argumentando que con base en esta idea de desarrollo, un modelo global de vida social 
marcado por la competitividad, la industrialización, el antropocentrismo, el racionalismo, el 
patriarcado y la degradación del medio ambiente se ha venido imponiendo. Esta perspectiva crítica 
en torno al desarrollo llamada "post-desarrollo" (ESCOBAR, 2005) perdió resonancia en el siglo 
21, aunque algunas corrientes de pensamiento sostienen este punto de vista de superación del 
desarrollo como paradigma deseable de conducción de la existencia humana, entre otros: el 
pensamiento de modernidad / colonialidad / descolonialidad, las narrativas sobre el buen vivir, el 
postextractivismo (ESCOBAR, 2014). A pesar de la contundencia de esas ideas en algunos 
escenarios académicos, como dice Esteva (2009), la idea convencional de desarrollo todavía 
“contamina” la realidad social. Gudynas (2011) y Escobar (1998, 2005 y 2014), en línea con Esteva 
(2009), han argumentado que el desarrollo siempre se reinventa, y hoy más que nunca, estamos 
frente a un fenómeno en el que el desarrollo no muere, debido a dos razones: i) tiene una base 
ideológica que mantiene un vínculo visceral con la idea teleológica de progreso (NISBET, 1981; 
BURNS, 1990 en GUDYNAS, 2011); y ii) porque como ideología el desarrollo se expresa a través 
de una matriz de afirmaciones y sanciones que se materializan (THERBORN, 2005) entre muhcas 
otras cosas, en proyectos extractivos. Este asunto de la reinvención del desarrollo y su materialidad, 
 
 Estudiante de doctorado en gobernanza del conocimiento y la innovación de la Universidad de Twente, 
departamento de Estudios de Ciencia, Tecnología y Política (STePS) Enschede – Países Bajos. Master en estudios 
interdisciplinarios sobre el desarrollo (CIDER) y antropólogo de la Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia. 
 
 
no ha sido descrito de manera profunda, de ahí que esta contribución pretenda indagar en esto, 
rastreando su carácter ideológico-material, entendiendo dicha reinvención como un proceso 
dinámico, diseñado y co-construido en dinámicas socio-técnicas que probablemente están dando 
forma un modelo de desarrollo que puede denominarse como sostenible/extractivista. 
La investigación que subyace a esta contribución, se realizó en la intersección de dos campos de 
estudio que normalmente no están vinculados entre si: los estudios de desarrollo y los estudios de 
la ciencia y la tecnología y es tangencialmente coincidente con el horizonte epistemológico de 
enfoques críticos de desarrollo generados entre 1990 y 2000 (ESCOBAR, 2014). Así que a partir 
de la construcción social de la tecnología (SCOT) (BIJKER y PINCH, 1987 y BIJKER, 1990, 1995 
y 2005), la investigación reveló cómo el desarrollo se reinventa en un proceso complejo de 
ensamblaje de prácticas, discursos y artefactos de sostenibilidad y extractivismo. 
El enfoque socio-técnico se utilizó en esta investigación para analizar 'la reinvención del desarrollo' 
debido a que este "objeto", actualmente sufre una crisis que lo mantiene encriptado y banalizado; 
pues las formas en que ha sido tradicionalmente analizado desde la economía, las ciencias políticas, 
la ecología, la antropología, la sociología e incluso los estudios culturales resulta ser marcadamente 
determinista. Así pues el análisis socio-técnico se presenta como una buena caja de herramientas, 
que ofrece un análisis variado que se mueve entre la comprensión más amplia de la tecnología 
como dinámica social, y su significado más acotado como artefacto. Así se analiza la estabilización 
de los significados de funcionamiento de la minería sostenible y responsable como sendero de 
desarrollo y las formas materiales que este adquiere, su dinámica de cambio, y su éxito o fracaso 
en la puesta en marcha del mismo (THOMAS et al., 2004 en VERCELLI y THOMAS, 2009). 
El propósito principal de este artículo es entender cómo lo que he venido a llamar modelo de 
desarrollo sostenible/extractivista se está imponiendo en Colombia, y cómo esto puede delinear 
algunas dinámicas de inclusión/exclusión. Para entender esta dinámica, se analizó un caso de 
minería de oro a gran escala en etapa de exploración en Cajamarca-Colombia. 
La contribución se apoya en: i) la reconstrucción de la trayectoria socio-técnica de las relaciones 
entre sostenibilidad y extracción; ii) la comprensión de la controversia (SISMONDO, 2004 en 
MEYER, 2009; MOL, 2002) en torno a la minería de oro sostenible y responsable a nivel regional, 
y iii) la presentación de una adecuación socio-técnicallevada a cabo en el proyecto minero que da 
sentido de sostenibilidad a las prácticas extractivas. La primera parte de este documento muestra 
 
 
sucintamente la trayectoria de las relaciones entre sostenibilidad y extractivismo, la segunda parte 
aborda el caso analizado y muestra brevemente los procesos de estabilización y desestabilización 
de sentidos funcionales de la minería como proyecto de desarrollo viable o no viable en Colombia; 
y la tercera parte desarrolla con un ejemplo en particular de adecuación socio-técnica cómo se 
materializan las relaciones de sostenibilidad y extractivismo. Por último, brevemente se dan unas 
conclusiones y reflexiones en torno a las relaciones sostenibilidad y extractivismo. 
Trayectoria socio-técnica de las relaciones sostenibilidad/extractivismo 
Una manera de aproximarnos a la comprensión de cómo se han venido ensamblando discursiva y 
materialmente las relaciones entre desarrollo sostenible y extractivismo en el caso Colombiano, es 
reconstruir su trayectoria socio-técnica. La trayectoria socio-técnica, es un proceso de co-
construcción de productos, procesos productivos y organizaciones, instituciones, relaciones 
usuario-productor, relaciones problema-solución, procesos de construcción de “funcionamiento” y 
“utilidad” de una tecnología, racionalidad, política y estrategia de un actor determinado, o, 
asimismo, de un marco tecnológico determinado (BIJKER, 1990 y 1995; THOMAS, 1999 y 2010; 
GARRIDO et.al, 2010; PICABEA y THOMAS, 2010). 
Por medio de la trayectoria sociotécnica, se busca mostrar la forma en que en Colombia, dado un 
largo y complejo proceso de toma de decisiones y de producción de discursos verosímiles en 
plataformas de dialogo global, se impuso la idea del desarrollo sostenible, con la que incluso operan 
proyectos mineros de gran envergadura en el país. 
Desde los años 70, Hartwick (1977) anunciaba la idea de la transformación del capital natural, en 
capital construido o intangible como medida que permite resolver el problema de la agotabilidad 
de los recursos no renovables, donde se plantea, la idea de convertir la riqueza adquirida mediante 
la extracción de recursos naturales no renovables, en bienes y servicios que permiten la 
recuperación o el uso más eficiente del capital natural futuro. En los años 80, la interpretación de 
esta noción en América Latina, hizo que la idea del desarrollo asociada a la extracción de recursos 
no renovables, tuviera un propósito distinto a la del mero crecimiento económico. El cambio de 
mirada dio énfasis en el crecimiento para satisfacer las necesidades humanas y asegurar la calidad 
de vida. 
Esta aproximación así reinterpretada aparece en la primera ‘Estrategia Mundial para la 
Conservación’ (UICN, PNUMA y WWF, 1981 en GUDYNAS, 2011) y luego en el denominado 
 
 
‘informe Bruntland’, el cual ofrece una mirada en la que el desarrollo sostenible debe orientarse 
al crecimiento económico, lo cual es posible mediante el uso de ‘nuevas tecnologías de punta’ 
(MARTINEZ ALIER y SCHLÜPMANN, 1992). La versión para América Latina de este informe 
se denomina ‘Nuestra Propia Agenda’ (CDMAALC, 1990 en GUDYNAS, 2011). 
Los postulados de ‘Bruntland’ (1987) y de ‘Nuestra Propia Agenda’ (1990) instalan 
definitivamente los aspectos ambientales en la agenda política mundial y regional, adquiriendo el 
‘desarrollo sostenible’ un estatuto discursivo hegemónico, en el que el ambientalismo moderado 
se sobrepuso sobre las miradas humanistas críticas, haciendo una mezcla de conservacionismo con 
desarrollismo (PIERRI, 2005), razón por la que se vuelve necesario el desarrollo económico pero 
de manera sostenible. Este giro epistemológico y ético propone un asunto fundamental: el vínculo 
indisoluble entre dos ideas que se presentaban anteriormente en disputa, crecimiento económico y 
cuidado del medio ambiente, para lo cual es necesaria la cooperación para el desarrollo y las 
aplicaciones en ciencia y tecnología (TOMAN, 2003; HAMILTON y HARTWICK 2005; 
HAMILTON y CLEMENS,1999; BANCO MUNDIAL, 2011; KHOSLA, 2011). 
Dado este contexto en América Latina, se dan principalmente dos procesos que instalan la agenda 
del desarrollo sostenible en relación con la minería en la primera década del siglo 21. El primero 
tiene que ver con la preocupación por los impactos socioambientales de la minería y la relación 
desarrollo sostenible – minería, recogida en el año 2003, por Tiffany & Co., Earthworks, y World 
Wildlife Fund (WWF) a través de reuniones realizadas por el Centro para la Ciencia en la 
Participación Pública (CSP, acrónimo para su nombre en inglés) y el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI), con oenegés, comerciantes, inversionistas, aseguradores y expertos técnicos que 
trabajan en el sector minero, para crear una base de entendimiento sobre el desarrollo de la 
inversión responsable en minería. Estas reuniones, derivaron en la creación de un equipo de 
investigación con experiencia en política ambiental de áreas protegidas y comunidades, cuyas 
recomendaciones se encuentran en el libro ‘Framework for Responsible Mining: A Guide to 
Evolving Standards’ (MIRANDA, CHAMBERS y COUMANS, 2005). Este documento presenta 
los principios rectores de la minería responsable, ciñéndose en parte a lo planteado por la Agenda 
21 y la declaración de Río: i. desarrollo sostenible; ii. equidad; iii. toma de decisiones participativa; 
iv. rendición de cuentas y transparencia; v. precaución; y vi. el que contamina paga; y 4 
componentes principales para el desarrollo de este tipo de minería: i. la necesidad de preservar 
 
 
áreas ecológicas culturalmente significativas; ii. garantizar la capitalización del desarrollo minero 
ambientalmente responsable evitando efectos negativos después de que se ha tomado la decisión 
de explotar; iii. asegurar que la mina represente beneficios para los trabajadores y las comunidades, 
tomando en cuenta la consulta previa y la reubicación como procesos necesarios para ello; y iv. el 
aseguramiento de que las estructuras de gobierno corporativo sean adecuadas a los lugares donde 
se desarrollan las actividades mineras (MIRANDA et.al, 2005). 
El segundo proceso mencionado se relaciona con la agenda del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). En la primera mitad de la década del 2000, 
CYTED se empezó a interesar por el fomento de actividades de ciencia y tecnología para el 
desarrollo sostenible en el sector minero. Los principales resultados de esta agenda, se encuentran 
en la publicación de tres libros y un informe de investigación que se enfocan en la relación minería-
sostenibilidad. Los libros están enfocados en minería de gran escala y el informe en minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE). El primero de los libros se da como resultado del Congreso 
Internacional de Procesamiento de Minerales (IMPC) en Estambul en el año 2006, y se publicó 
bajo el título ‘Una revisión de los indicadores de sostenibilidad para las industrias de extracción de 
minerales’, allí, se evidencia una preocupación del sector minero y de especialistas que se 
desenvuelven en este campo, por hacer de la minería una actividad sostenible. Hendrix (2005) por 
ejemplo, plantea que el sentido de sostenibilidad en la minería se asocia especialmente a la 
mitigación de accidentes con reactivos en extremo tóxicos, proponiendo indicadores para hacer de 
la minería de oro una actividad sostenible, basados en la reducción de tasas de emisión de los 
reactivos utilizados. 
Cambiando de escala, para el caso Colombiano, el tema de la sostenibilidad se instala a partir de la 
nueva constitución de 1991 en el que quedan consagrados principios de corte ambientalista tales 
como el derecho al goce de un ambiente sano (CPC, 1991, Art. 79) y la prerrogativa de planificar 
el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, mediante la 
conservacióno sustitución de recursos naturales (CPC, 1991, Art. 80). Ya aquí, se hace evidente 
la forma en que la narrativa sostenible de orientación desarrollista se plasma como imperativo 
constitucional. 
Por estos mismos años, Colciencias con el apoyo de la agencia de cooperación del gobierno de 
Estados Unidos (USAID), elabora el perfil ambiental de Colombia, en el que se caracteriza la base 
 
 
eco-sistémica del país y los actores que desempeñan actividades productivas que se benefician de 
ella, incluidos los impactos de dichas actividades; por otra parte, en este documento, se realiza una 
evaluación de los entes públicos encargados de la gobernanza del medio ambiente en el país; y 
presenta una propuesta en la que se integra la participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones relacionadas con el medio ambiente (MÁRQUEZ, HURTADO Y VELASQUEZ, 
2003). Dos años después, Colombia participa y acoge los acuerdos de la cumbre de Rio y en 1993 
se expide la Ley 99 que crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio de Medio 
Ambiente gestándose así, la institucionalidad ambiental en el país. En 1994, se expide el Decreto 
1753 que define la naturaleza, la modalidad, los efectos, contenidos, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de licencias ambientales en el país y la ley 134 de 1994, que 
reglamenta los mecanismos de participación entre los que se encuentra la consulta popular, 
creándole como institución que permite que la ciudadanía se pronuncie mediante una pregunta de 
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o 
local, como lo son por ejemplo, el suelo, el aire y el agua de sus territorios. 
Igualmente, en el año 1996 se crea la política de bosques y se expide el decreto de aprovechamiento 
forestal en los que se dan definiciones, principios y permisos generales para el uso económico del 
bosque. En 1997 se publica la ley de ordenamiento territorial y allí queda planteada la función 
social y ecológica de la propiedad privada; la prevalencia del interés general sobre el particular; y 
la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del territorio. 
Tal como se puede ver, la normatividad ambiental en la década de 1990, tiene un marcado enfoque 
regulatorio y conservacionista pero orientado al aprovechamiento de los recursos naturales. 
Finalizando la década de los años 90 en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002), uno 
de los asuntos más significativos en materia económica-ambiental se plasma en el Plan de 
Desarrollo ‘Cambio para Construir la Paz’, en el que se habla explícitamente de ‘crecimiento 
económico sostenible’, se empiezan a regular las consultas previas y finalizando este periodo 
presidencial en el año 2001, se crea la Política y la Estrategia Nacional de biodiversidad. 
Uno de los hitos más importantes de esta trayectoria de condiciones institucionales a nivel nacional, 
es el momento en que entra en vigencia la llamada política de seguridad democrática a partir del 
año 2002. Tras ganar las elecciones Álvaro Uribe Vélez, en este periodo presidencial que duro 8 
años, se reestructuró el Ministerio de Medio Ambiente incluyendo en su nombre el término 
 
 
“desarrollo sostenible” y aumento la productividad de oro en el país drásticamente, así como la 
solicitud y el otorgamiento de títulos mineros en el país. A partir de este momento se empezó a 
consolidar el ambiente de confianza inversionista para el sector minero, perfilándose 
presuntamente como uno de los sectores fundamentales para el crecimiento económico del país 
(RODRÍGUEZ y CÁRDENAS, 2006), y cumpliéndose en parte la promesa de seguir el sendero 
demarcado por la política exterior de Estados Unidos en los años 90, cuando la doctrina del 
consenso de Washington (WILLIAMSON, 1990) empezó a ser apropiada en el país. 
Esta tendencia de impulso a la industria minera se acentúa con el primer gobierno de Juan Manuel 
Santos (2010-2014). Su plan de desarrollo denominado ‘Prosperidad para todos’ (de aquí en 
adelante PND), es enfático en señalar al sector minero como uno de los sectores que puede 
proporcionar los encadenamientos productivos necesarios para conducir el desarrollo del país. 
Según este documento de política, la industria minera significa la oportunidad de aprovechar de 
manera responsable los recursos naturales con el fin de generar ‘…crecimiento sostenible y mayor 
equidad social, regional e intergeneracional’ (DNP 2010, P 53). Simultáneamente se crean la 
Agencia Nacional de Minería (ANM), la cual favorece la eficiencia en los trámites de titulación 
minera, entre otros asuntos (DNP, 2010) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) restando importancia a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como 
autoridades ambientales locales. 
Es de resaltar como en este nuevo contexto institucional, se produce legislación orientada a 
garantizar la explotación minera de metales y piedras preciosas, y a desregular su control. Se emiten 
las resoluciones 180102 y 180241 en las que se establecen áreas y minerales de carácter estratégico 
para el país, entre los que se encuentra el oro, las esmeraldas, el carbón, el níquel, el ferroníquel y 
el carbón y los decretos 933 y 934: el primero de ellos, pretende la evasión de la realización de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) mediante el establecimiento de la presentación de un 
programa de trabajos y obras; y el segundo, pretendía limitar los alcances de la competencias 
locales y departamentales para decidir respecto a la realización de actividades extractivas. Este 
último fue posteriormente demando por inconstitucionalidad en la sentencia C-173 del 2014. 
En el año 2014 la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia, en colaboración de un equipo de investigadores de la Universidad de Los Andes publicó 
el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM), el cual reconoce líneas de trabajo para la 
 
 
gestión integral de este sector. En este plan, se evidencia una fuerte orientación dada desde el 
campo de la economía de los recursos naturales. Allí se encuentra que los principios de precaución 
y proacción son centrales (MORE, 2008), señalándose la necesidad de desarrollar y desplegar 
nuevas tecnologías para contrarrestar las ‘amenazas naturales’, para lo cual es necesario formular 
una alternativa mucho más elaborada que el mero hecho de evitar hacer daños en los procesos de 
desarrollo (principio de proacción): ‘Progress should not bow to fear, but should proceed with eyes 
wide open’ (MORE, 2008, P 1). Este es un imperativo filosófico que empuja ‘la libertad 
fundamental de experimentar e innovar’, buscando predecir y resolver los problemas futuros vía 
innovación tecnológica, previamente a que haya daños colaterales. 
Consistentemente con la noción de trayectoria sociotécnica (BIJKER, 1990 y 1995; THOMAS, 
1999 y 2010; GARRIDO et.al, 2010; PICABEA y THOMAS, 2010) encontramos cómo las criticas 
al desarrollo son saldadas en la imposición del paradigma de desarrollo sostenible en los años 80 
y 90, lo cual coincidió con la imposición de la doctrina de Washington. Estas narrativas fueron 
siendo adoptadas en Colombia en un proceso conflictivo de construcción de políticas y normas a 
tal punto que la entidad de gobierno dedicada a ‘la gobernanza de la naturaleza’ en el país, lleva 
por nombre Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y los principios de 
sostenibilidad propios de la economía de los recursos han quedado insertos en los nuevos 
lineamientos de política para ordenar al sector minero. Ciertamente, estos procesos de 
construcción, adopción y adecuación político-institucional en torno a las relaciones 
sostenibilidad/extractivismo plantean en Colombia, la necesidad de explicar a nivel de proyectos y 
tecnologías, las dinámicas de funcionamiento/no-funcionamiento y las racionalidadesde las 
tecnologías en minería. 
La Colosa: una controversia en torno al funcionamiento de la minería sostenible y 
responsable como alternativa de desarrollo 
En el período 1991 - 2002 la capacidad institucional para proteger el medio ambiente aumentó en 
Colombia, incluso en comparación con el resto de países de América Latina y el Caribe 
(RODRÍGUEZ, 2003), lo cual generó que a partir de los años 2000, el estado colombiano tomara 
más en cuenta los asuntos ambientales para adelantar reformas que avanzarían en la transformación 
de la riqueza ambiental, en desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos. Sin embargo, desde esos años se han presentado fuertes críticas al modelo de gestión 
 
 
ambiental del país, en especial por los efectos negativos y las gestiones socio-ambientales que 
implica la minería a gran escala. Actualmente, la opinión respecto a dichos efectos negativos, 
tienen una relativa aceptación dentro de los entes de control del estado, y algunos sectores sociales 
organizados (CSC, 2013) y la academia (TORO, FIERRO, CORONADO y ROA, 2012). 
En medio de esta aparente contradicción, en la que tanto la capacidad institucional para proteger el 
ambiente se incrementa, así como se aumentan las críticas a la minería y el modelo de gestión 
ambiental en Colombia; la empresa Anglogold Ashanti hace presencia en el país, entre los años 
1999 y 2003, cuando se crea legalmente su filial colombiana bajo el nombre de sociedad Kedahda 
(CSC, 2013) aprovechando los lineamientos de política de crecimiento económico sostenible 
propuestos en el gobierno de Andrés Pastrana, y el avance en la consolidación del ambiente de 
confianza inversionista, que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la política de 
seguridad democrática. 
En este contexto se da inicio al proyecto de minería de oro denominado La Colosa, que se encuentra 
actualmente finalizando su fase de exploración. Se encuentra en la parte alta de la cuenca mayor 
del río Coello cerca del casco urbano del municipio de Cajamarca en áreas de Reserva Central 
Forestal en la vereda La Luisa. La totalidad del proyecto es de 515,75 hectáreas, dadas algunas 
estimaciones, en total, allí puede haber alrededor de 28 millones de onzas de oro 
(VENKATAKRISHNAN, 2014). Igualmente se considera que el proyecto en fase de explotación 
tendría una operación a cielo abierto con lixiviación de cianuro, con capacidad para producir 
700.000 onzas de oro por año (AngloGold Ashanti, 2007 en García, 2012) y pudiendo generar entre 
2000 y 3500 millones de toneladas de escombros (AGA, 2008 en CABRERA y FIERRO, 2013). 
Desde que AngloGold Ashanti inicio actividades en Cajamarca en el año 2007 ha habido fuertes 
impugnaciones y reafirmaciones al proyecto que provienen de diferentes sectores. A continuación 
se esboza quiénes y qué acciones se despliegan en la estabilización y desestabilizan de los sentidos 
de funcionamiento de la minería de oro sostenible a gran escala en Cajamarca, con el fin de 
comprender, el contexto en el cual se da el proceso de materialización de la sostenibilidad 
extractiva, que como veremos al final de esta contribución, expresa el modo en que en Colombia 
se puede estar imponiendo un modelo de desarrollo que se podría denominar 
sostenible/extractivista. 
 
 
Por un lado, el llamado movimiento de resistencia territorial de ‘No a la minería’, es un conjunto 
de personas, movimientos, comités, organizaciones no gubernamentales, políticos y demás actores 
que se oponen al proyecto minero y que normalmente son denominados como sociedad civil, y/o 
ciudadanía. La Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT) es la expresión más visible de 
este movimiento y se le puede entender como uno de los grupos sociales relevantes más 
importantes en las controversias en torno al funcionamiento de la minería como posibilidad de 
desarrollo en el departamento del Tolima. Esta red se ha venido articulando a partir de cuatro 
sectores sociales: a) el movimiento campesino; b) el movimiento estudiantil; c) movimiento 
artístico, y d) movimiento ambiental. La RCAT ha sido capaz de poner a circular en el ámbito 
local, departamental y nacional, un discurso orientado a la comprensión de ‘por qué no es 
sostenible, ni responsable’ este tipo de minería en el Tolima. Este proceso de construcción de 
sentido de no funcionamiento se ha logrado principalmente por cuatro acciones de la red: a) 
clausurar (BIJKER y PINCH, 1987) las controversias (SISMONDO 2004, en MEYER, 2009; 
MOL, 2002) internas de ‘orden ideológico’ entre los diferentes actores, mediante la suspensión de 
los debates filosóficos y conceptuales, y la activación de los debates prácticos; b) modificar, 
acentuar y mostrar de forma diferenciada las imágenes y los discursos individuales y colectivos 
respecto a la no conveniencia de la minería de oro a gran escala, para enrolar nuevos actores en el 
proceso de resistencia; c) escalar la controversia e insertar la reflexión respecto a este tipo de 
minería, en otros escenarios tales como el concejo y la alcaldía de Ibagué, en la gobernación del 
Tolima, con organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, con 
sectores económicos como el sector arrocero, con autoridades ambientales, con académicos y 
científicos e incluso con senadores y representantes a la cámara, y d) la negación de la empresa 
Aglogold Ashanti como interlocutor válido. Se podrían señalar también otras acciones que restan 
sentido de funcionamiento a la llamada minería sostenible y responsable. 
Por otra parte, encontramos un grupo de actores heterogéneos que producen diversas narrativas 
sobre la relación positiva minería-sostenibilidad-responsabilidad. Este grupo de actores está 
constituido por: agencias internacionales como lo es el Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM); algunos académicos; asociaciones de productores como Aguacatec; Sector de Mineria a 
Gran Escala; empresas dedicadas a la consultoría en elaboración de estudios de impacto ambiental 
como Guayacanal; la cooperativa de semovientes Cootranschato; la Asociación Nacional de 
 
 
Industriales (ANDI), especialmente la Cámara Colombiana de Minería (ASOMINEROS); la 
Asociación para la Promoción de la Minería Responsable en Cajamarca (APROMINCA); la 
Cámara de Comercio de Ibagué; el Ministerio de Minas y Energía; la Universidad Nacional de 
Medellín; el canal Clima; otras empresas mineras tales como Mineros S.A; y Asociación 
Colombiana de Minería (ACM), entre otros. 
El sentido de funcionamiento que este grupo de actores le da a la minería de oro a gran escala como 
alternativa de desarrollo sostenible en Cajamarca está dado por: a) la contratación de personal y el 
establecimiento de otros vínculos jurídicos y económicos: b) los procesos de subjetivación y auto-
convencimiento de los trabajadores respecto al hecho de que este tipo de minería es una minería 
positiva; c) la creación de espacios de apropiación de conocimiento técnico entre los trabajadores 
y ejecutivos de la empresa; d) la estigmatización de quienes se oponen al proyecto minero La 
Colosa, entre otros. Tal como se puede ver, actualmente hay una controversia abierta en torno al 
funcionamiento del desarrollo sostenible agenciado por el sector minero en este municipio, de la 
que depende la expectativas futuras del desarrollo del proyecto minero o la conservación de la 
vocación productiva agrícola de la región. 
Plataformas sostenibles de exploración minera 
Es bastante común entre los miembros de la RCAT y algunos especialistas (SACHER y ACOSTA, 
2013; GUIARRACA y TEUBAL, 2011; ANTONELLI, 2007), el argumento que considera que la 
minería de oro a gran escala y a cielo abierto no puede ser sostenible, ni responsable en ningún 
sentido. En contraste lo que aquí se argumenta, es que ‘lo sostenible’ es parte constitutiva de las 
prácticas extractivas en Colombia. Es evidente,incluso por obligatoriedad regulatoria, que las 
empresas extractivas desarrollen actividades para el cuidado del medio ambiente, y no solo por 
obligatoriedad, sino también para garantizar eficacia en el uso de los recursos dentro del marco del 
llamado ‘desarrollo sostenible’. 
En La Colosa inicialmente, la construcción de las plataformas de perforación minera se realizaba, 
mediante un corte del talud para poder nivelar y estabilizar la máquina que perfora el suelo con el 
fin de sacar los núcleos de roca, tal como se hace la perforación convencional en minería. Esto 
genera un fuerte impacto en los ecosistemas y el suelo. Al reconocerse este impacto ‘el área de 
operaciones’ de AGA empezó a buscar alternativas ‘más amables con el medio ambiente’. 
 
 
Finalmente los ingenieros de la compañía encontraron a través de internet una experiencia en donde 
se había construido una pista de aterrizaje sobre el mar, y emularon la experiencia para el diseño 
de una plataforma que no tuviera un alto impacto en el terreno. Estas plataformas son estructuras 
elevadas de Guadua que sostienen bloques de poliestireno de alta densidad, sobre y a través de los 
cuáles, se introduce el taladro que extrae los núcleos de roca que son posteriormente procesados y 
analizados como parte del proceso de exploración minera. 
Este artefacto es considerado por los ejecutivos de la compañía como una ‘innovación ambiental’, 
no obstante tal como lo muestra la descripción y el proceso de desarrollo en el sentido práctico, 
son adecuaciones sociotécnicas (THOMAS, 2008 en VERCELLI y THOMAS, 2009 y THOMAS, 
2010) que solucionan un problema puntual de ingeniería, que inscribe intencionalidades 
económicas y ambientales al tiempo, dando sentido de sostenibilidad a una práctica tecnológica 
típicamente extractiva. 
En resumen, este proyecto de minería, despliega prácticas tecnológicas orientadas a generar un 
bajo impacto ambiental, pero su motivación está dada por el marco regulatorio que marca su 
actividad económica y por la necesidad de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Así, 
las tecnologías que dan sentido de sostenibilidad y responsabilidad al proyecto minero, son 
constitutivas de los procesos extractivos que están directamente orientados a la explotación de los 
recursos naturales, lo cual expresa la materialidad de las relaciones entre extractivismo y 
sostenibilidad. 
Conclusiones y reflexiones 
En Colombia en los últimos 30 años se han venido adecuando y mezclando el corolario y los 
preceptos del consenso de Washington y del desarrollo sostenible, a tal punto, que se hace 
“palpable” en regulaciones gubernamentales; artefactos y prácticas tecnológicas tales y como los 
que se despliegan en Cajamarca. Dichos artefactos y prácticas tecnológicas en muchas ocasiones 
son adecuaciones sociotécnicas sostenibles, que son entendidas como ‘innovaciones que generan 
un bajo impacto socio-ambiental’, y en el sentido práctico son constitutivas de prácticas 
extractivistas. Esto expresa lo que en este documento se ha dado a llamar, el modelo de desarrollo 
sostenible/extractivista entendido como un escenario social, político y tecnológico construido con 
arreglos institucionales y tecnologías, que le restan poder regulatorio al estado, y que garantizan la 
privatización de bienes públicos y la inversión de empresas extranjeras dedicadas a extraer 
 
 
minerales e hidrocarburos, desarrollando y haciendo uso de “tecnologías limpias”, mientras se le 
resta poder a las autoridades ambientales locales, dando discrecionalidad a empresas, entes 
territoriales y otros privados para negociar los sentidos y propósitos de la vocación productiva 
territorial y la inversión de las regalías provenientes de la industria extractiva. 
Complementariamente vale la pena reflexionar sobre tres cuestiones al respecto: a) cuando se 
operacionaliza la noción de desarrollo sostenible, los efectos de dicha operacionalización depende 
de los intereses de los que están incluidos o excluidos de los potenciales beneficios de la actividad 
extractiva; b) el concepto de desarrollo sostenible, haciendo uso del “cliché”, es ciertamente 
cajanegrizado, cuando no es analizado en sus prácticas socio-técnicas y; c) el concepto de 
sostenibilidad está profundamente ligado a actividades extractivas cuestionables. 
 
 
 
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