EL_ESPANOL_JUDICIAL_DEL_SIGLO_XVII_ESTIL

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EL ESPAÑOL JUDICIAL DEL SIGLO XVII: ESTILOS 
DE ESCRITURA 
(PARA UNA SEMÁNTICA DEL ESTILO) 
 
 
Beatriz Bixio1
 
Resumen: 
 
 En la ponencia se aborda el estilo de la escritura de un conjunto de juicios interétnicos sustanciados en 
Córdoba del Tucumán durante los siglos XVI y XVII, como un componente de la inscripción genérica de 
estas causas. El análisis se concentra en las secuencias formularias y estereotipadas, y en particular en la 
construcciones de las figuras de los enunciadores, con el objeto de reconocer los sentidos asociados a la 
práctica de la institución y los sujetos, procesos y objetos que se construyen. En filiación con la propuestas 
de Entelman (1982), las consideraciones sobre el estilo se basan en una teoría de la enunciación, en la 
convicción de que son las reglas de designación de los sujetos y los procesos las que configuran la 
peculiaridad estilística de las causas sometidas a análisis, en grado más específico que el que le confieren 
sus rasgos superficiales o registro. 
 
Palabras Clave: Córdoba del Tucumán- Siglo XVII- Estilo- Escritura- Juicios. 
 
 
1. Introducción 
 
El objeto de esta ponencia son los estilos que se ponen en juego en la escritura de un 
conjunto de juicios civiles y penales interétnicos sustanciados en Córdoba durante el siglo 
XVII, género secundario que fue uno de los más vitales en la escritura de la Córdoba del siglo 
XVII. Las fuentes que tomamos en consideración corresponden al actual Archivo de 
Tribunales y hoy están asentadas en el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC) 
y su total casi duplica a la totalidad de la documentación conservada para la jurisdicción de 
Córdoba que pertenecen a otros tipos documentales. El número total de documentación para 
el período y región que nos ocupa alcanza a los 200 legajos. Córdoba se caracteriza por el 
número de fuentes conservadas que para los siglos XVI y XVII es superior al de todas las 
otras provincias argentinas tomadas en conjunto. Córdoba fue llamada la “ciudad de los 
pleitos” por el elevado número de causas allí sustanciadas en las que, desde los mismos 
inicios de la conquista, tanto encomenderos, como vecinos y estantes realizaron 
presentaciones de distinto tipo a fin de defender sus tierras, encomiendas, mercedes, etc. En 
este mismo orden se incluyen los juicios que el propio Estado entabló contra nativos por 
motivos penales, o que los nativos realizaron contra particulares en la defensa de sus tierras. 
A estas últimas causas interétnicas contra indígenas autóctonos de la ciudad nos referiremos 
en esta oportunidad, que conforma un corpus de 25 expedientes. 
Estos juicios tienen una estructura estereotipara y un contenido también uniforme, al 
cual nos hemos referido en otros artículos (Bixio 2003; Bixio y Gonzalez Navarro, 2003). 
Interesa en esta oportunidad profundizar en el estudio del estilo, tercer componente que, 
sumado a los mencionados, caracteriza al género (Bajtin, 1979) con el objeto, no sólo de dar 
cuenta de un modo institucionalizado y cristalizado de uso de la palabra escrita, sino también, 
tomando en cuenta que estas causas han sido fuente privilegiada de las investigaciones 
históricas, desmontar los sentidos asociados al estilo. En tanto buscamos develar una 
semántica del estilo, éste se plantea como uno de los acercamientos posibles entre lenguaje, 
documento e historia. Y ello, no con el objeto de reescribir el pesimismo de la negación de la 
historia a partir del principio de la imposibilidad representacional del lenguaje, sino con el 
objeto de retomar la idea clásica de la teoría de la historia: desde los orígenes de la noción de 
fuente se admite que ésta no es el testimonio en sí, sino una conexión relacional entre el 
investigador y el testimonio al que interroga. Es esta conexión relacional la que estamos 
poniendo en tema de debate: las causas judiciales, como fuente histórica, presentan un modo 
uniforme de distribución de la palabra, lo cual ha de ser considerado en primer lugar al 
revertirlas en documento histórico pues este dispositivo enunciativo otorga sentidos a los 
enunciados sobre el pasado. 
Cabe aquí otra observación en la que insistiremos a lo largo de la exposición: somos 
conscientes de que la estructura y el estilo de los juicios que ahora analizamos, como todo lo 
relativo a la producción discursiva institucional, es el producto de una larga tradición jurídica 
y diplomática que ha dado las instrucciones del género; sin embargo, de lo que se trata ahora, 
es de buscar algunos anclajes semánticos de este estilo cristalizado, marcando no sus orígenes 
diplomáticos sino sus efectos de sentido en la práctica discursiva de la institución. No podría 
aceptarse afirmar que, en cuanto las causas legales son el producto de una tradición, no 
significan. Es más, nos concentraremos en los segmentos más estereotipados, formularios y 
obligativos del estilo judicial en función de estas premisas explicitadas. 
La estilística en la que nos enrolamos es una heredera de la elocutio, parte de la 
antigua retórica que trata de la elección, o mejor, selección, y disposición de las palabras en la 
frase. Sin embargo, en coherencia con las nuevas observaciones discursivas, insistimos en que 
esta selección y organización superficial no tienen sólo un fin estético o persuasivo sino que, 
tal como lo advierten los discursivistas del siglo XX, es constructora de sentido. En otras 
palabras, como diría Bajtin (1988: 264), el estilo significa, es más, tiene un significado directo 
e inmediato. A diferencia también de las posturas clásicas sobre esta temática, desde Buffon 
hasta Bally o Spizer o Rifaterre, no nos interesa el estilo en tanto expresión de la 
individualidad de un autor o como sello inigualable de una personalidad, de sus pensamientos 
o de sus sentimientos; tampoco pretendemos afiliarnos a una estilística de la lengua en tanto 
conjunto de recursos para expresar los sentimientos o la visión del mundo de un escritor (Paz 
Gago, 1993), sino que, en la línea abierta por Bajtin (1982), nos interesa el estilo como un 
componente de la inscripción genérica de un enunciado. El estilo, en este sentido, como una 
disposición más o menos recurrente de los enunciados en todos los discursos que pertenecen a 
un mismo género o, mejor, a todos los discursos que pertenecen a la misma esfera de la 
praxis, considerada en una determinada formación sociodiscursiva, con lo que su 
conceptualización se acerca, sin cubrirla totalmente, al “registro” de la teoría lingüística. 
 En nuestro abordaje estas consideraciones sobre el estilo se incluyen en una teoría de 
la enunciación pues, de acuerdo con la interpretación de Entelman (1982), las reglas de 
formación del discurso jurídico no se refieren al registro lingüístico de las expresiones sino 
más bien a las reglas de designación de los sujetos que tendrían a su cargo el proceso 
discursivo. En otras palabras, estas reglas individualizan a quienes están en condiciones de 
decir el discurso jurídico (Entelman, 1982: 96). Es en virtud de esta observación que 
Entelman considera que se requiere una teoría de la enunciación que ofrecería las reglas de la 
constitución subjetiva de los sujetos. 
El documento que toma el historiador como base de su narrativa admite múltiples 
lecturas disciplinarias (histórica, antropológica, económica, lingüística, psicoanalítica, 
paleográfica, etc.) e incluso al interior de cada disciplina se pueden también diferenciar 
diferentes lecturas, dependiendo de las perspectivas, los problemas, las teorías, etc., de donde 
se infiere que el nivel de lectura por el que se opte hará emerger determinados sentidos. La 
lectura estilística que propongo puede ser de valor histórico en tanto permite esclarecer 
algunas dimensiones del funcionamiento de la esfera de la praxis en la que se inscriben los 
textos que tomamos en consideración, esto es, las causas ante la justicia. Estas causas, en 
cuanto objetos discursivos, forman parte del ritual de la institucióncomo un componente más 
que se integra a leyes, actos, agentes, gestos y modales. Sin embargo, debido a la capacidad 
semiótica del ejercicio del sistema, todos los componentes existen como “huellas” en la 
superficie discursiva y pueden ser identificados en sus conexiones. Las condiciones oficiales 
en las que estos discursos se producen, circulan y buscan producir efectos generan las normas 
que indican qué tópicas serán posibles y de qué manera serán actualizados en el interior de las 
instituciones. Así, el contexto de producción discursiva establecerá vocablos, estructuras, sujetos, 
objetos y procesos; en definitiva, un estilo que en su forma expresa la semántica de la institución, 
su historia, sus orientaciones y sus funciones, lo que constituye el objeto de esta presentación. 
Esto es, en este intento de ingresar la dimensión sociohistórica en el estudio de la escritura, la 
estilística de la escritura no se entiende como una simple “forma” sino como instauradora de 
sentidos y, para el caso de las causas judiciales, generadora de efectos fuertemente 
performativos. 
Los discursos legales son textos "dialogados", en cuanto consisten en un "material 
verbal producido a lo largo de un conjunto de interacciones que mantienen dos o más 
miembros (siempre los mismos) entre sí, en un mismo marco, que también permanece 
invariable a lo largo de dichas interacciones" (Pardo; 1992:28). Pero, especifiquemos, es un 
"diálogo polémico", una agonística. Más bien, deberíamos hablar de un "juego de lenguaje". 
El juicio, en cuanto juego verbal, constituye un sistema complejo de interacciones en el que 
actúan factores verbales y no verbales, cuyos tipos de enunciados posibles están reglados, así 
como las propiedades que estos enunciados tendrán y el uso que de ellos es posible hacer. 
Estas reglas existen en virtud de un contrato -explícito o no- entre los jugadores. En este 
sentido, los enunciados no son sino jugadas, en tanto hablar es combatir (jugar) y los actos de 
lenguaje se derivan de una agonística general (Lyotard; 1987:27). Estos juicios, como todos 
ellos, constituyen verdaderas agonísticas, batallas verbales orientadas a demostrar una verdad 
y, correlativamente, un error que se deposita en la palabra de la parte contraria (sea el Estado, 
en el caso de las causas de oficio, sea un particular, en las sustanciadas a pedido de parte). 
Las investigaciones realizadas sobre el estilo jurídico son numerosas y se han 
multiplicado en los últimos 30 años en la convicción de que el estilo es un componente 
esencial en la caracterización del discurso jurídico, desde estudios descriptivos de filiación 
lingüística (Borja Albi, 2000; De Miguell, 2000; Cohen, 1998; Martín Rojo y Whittaker, 
1998; Ricós Vidal, 1998; Etxebarría, 1997), estudios normativos (Calvo Ramos, 1980; Millá 
Garrido, 1999) o desde la investigación jurídica (Iturralde de Sesma, 1989, Entelman, 1982; 
Casanovas, 1988). Particularmente productivas en este sentido resultan las investigaciones de 
los miembros de los Critical Legal Studies, que establecen las vinculaciones entre el estilo y 
la argumentación jurídica con la ideología, la política y los intereses sectoriales y de clase. Sin 
más, en las investigaciones de filiación lingüística, se describe el estilo a partir de la 
enumeración de un conjunto de rasgos del nivel superficial que se presentan como necesarios 
e inmutables, tales como la existencia de construcciones nominales, el uso abundante de 
subordinaciones, subjuntivos, estructuras incisas, construcciones impersonales y pasivas, 
perífrasis, construcciones con sujetos colectivos, locuciones prepositivas, arcaísmos, parejas y 
tríos de sustantivos, adjetivos y verbos, adjetivos en –al, gerundios adjetivos y de 
posterioridad, fórmulas corteses, siglas y abreviaturas, etc. Esto es, el estilo se define por su 
arcaísmo, formulismo e invariancia. Tanto la idea de que existe un estilo jurídico como la de 
que es posible hablar de discurso jurídico puede esconder implícitamente una hipótesis de 
homogeneidad y permanencia ahistórica. 
Las causas legales del siglo XVII objeto de nuestra atención, comparten algunos, o la 
mayoría, de los rasgos enunciados, lo cual da cuenta de una larga tradición de la escritura 
judicial. Sin embargo, los cambios operados en la institución de la justicia han implicado 
sustanciales cambios también en el género en el nivel que nos ocupa. En efecto, en la 
cronología y en la sociorregión en la que enmarcamos este trabajo –Córdoba del Tucumán, 
siglos XVI y XVII-, las causas judiciales son el producto de “prácticos” o “idóneos”, 
relativamente buenos conocedores de los procedimientos y las leyes, que llevaron adelante los 
juicios con destreza y, en no pocas oportunidades, con originalidad. Es más, en todo este 
período sólo actuaron dos abogados en Córdoba, y sólo por unos pocos años (Luque 
Colombres, 1943) por lo que los juicios que analizamos, si bien responden a una larga 
tradición del género, lo hacen también en relación a una práctica sociohistóricamente 
contextualizada. Al respecto, vale recordar que: 
 
Casi un siglo después de fundada la ciudad, en 1680, el cabildo de Córdoba informaba al rey 
que “en toda esta provincia no hay letrado ni abogado alguno por cuya falta es suma la 
penalidad que padecen los jueces que no les es posible valerse de asesor, urgiéndole 
mandase fundar en esta Universidad una Carrera de Cánones y Leyes con que se proveyeran 
estas tres provincias de sujetos de letras y capaces para gobernar las repúblicas y usar los 
oficios de justicia, así en lo eclesiástico como en lo secular en que se experimenta gran 
necesidad y falta” … En 1729 el obispo Sarricolea y Olea escribía al rey anoticiándole que 
los alcaldes en cuyas manos estaba depositada la administración de justicia “eran hombres 
totalmente desnudos de la teórica y sin el menor tinte de práctica en los negocios forenses” 
(Aspell, 2002: 144) 
 
Pero de mayor importancia para las consideraciones que realizamos es el carácter 
casuístico del derecho del antiguo régimen que daba la posibilidad a los jueces de disponer de 
un amplio margen de discrecionalidad, lo cual, junto a la inexistencia de la obligación de 
justificar los fallos o de citar alguna ley escrita como fundamento, imprimen a las causas con 
las que trabajamos caracteres particulares. Al faltar la norma explícita e incondicional que 
otorgue legitimidad a la palabra del juez, se encuentran recursos estilístico-semánticos en los 
que se funda la autoridad de la propia palabra, y con ello, la legitimidad de su contenido. Por 
otra parte, la inexistencia en el derecho del antiguo régimen, tal como fue practicado en esta 
sociorregión, de la figura del fiscal, impone la escisión del juez -en particular en los juicios 
realizados de oficio-, quien actúa tanto acusando, como relevando información, y 
determinando culpabilidades o inocencias, lo cual tiene una clara marcación a nivel estilístico. 
En este punto, la antigua elocutio se integra a una teoría de la enunciación (Benveniste, 1879; 
Filinich, 1998; Ducrot, 2001) que explica la superficie textual desde sus condiciones de 
enunciación, ofreciendo reglas constitutivas de los sujetos que intervienen en la causa, tal 
como lo proponía Entelman (1982) para el análisis del estilo jurídico. 
Los aspectos mencionados constituyen las claves del estilo, en el reconocimiento de 
que la atadura a la práctica social que implican los géneros les imponen transformaciones 
correlativas a las que sufren las sociedades. Esto es, en este intento de ingresar la dimensión 
sociohistórica en el estudio de la escritura, la estilística de la escritura no se entiende como 
una simple “forma” sino como instauradora de sentidos y generadora de efectos fuertemente 
performativos. 
 
 
2. La palabra de la institución: distanciamiento, objetividad y magnificación de los agentes 
reales 
 
Más allá de las diferencias que puedan reconocerse en estos textos en lo relativo a las 
razones quedesencadenan la acción de la justicia, su naturaleza (civil, penal, privada o 
pública), los actores que la involucran (sociales, políticos, institucionales, etc.), o la 
participación del Estado en ellos (de oficio, a pedido de parte) se observa, sin embargo, un 
modo diferencial de articular la palabra al interior de la institución que admite básicamente su 
consideración en términos dicotómicos: los sujetos internos a la institución y los externos a 
ella. 
La institución habla en las causas judiciales que estudiamos por intermedio de dos 
portavoces jerarquizados: el juez y el escribano, pero dado que este último interviene sólo 
“diciendo” la palabra del juez, esto es, dado que su discurso es sólo citante, puede 
considerárselo como un portavoz autorizado de segundo grado. El juez es un locutor pleno 
(locutor y enunciador, según la distinción de Ducrot 2001:134-136) en segmentos acotados 
del escrito de la causa, en los fallos y en los otorgamientos de mercedes o poderes a los 
españoles. Sólo en relación a estas funciones discursivas se presenta como una figura 
actuante, manifiesta en el empleo de la primera persona, con deixis espacio temporal y en los 
tiempos de la enunciación: presente, futuro y perfecto compuesto: 
 
Ffallo que debo de condenar e condeno al dho Xbal yndio que de la carzel donde esta sea sacado 
en forma de justicia desnudo de la çinta para arriba y sea traido con bos de pregonero por las 
calles publicas manifestando su delito y le sean dados cien azotes y cortados los cabellos y ansi 
mesmo le sea cortado el pie derecho por el empeine del y con esto sea entregado a su amo y por 
esta my sentençia definitiva juzgando ansi lo pronuncio e mando y condeno en costas al dho Xval 
yndio las que justamente debiere cuya tasación me reserbo. Firma: Diego Rodríguez de Ruescas, 
alcalde de la Santa Hermandad (AHPC: Escribanía I; Legajo 6; Exp. 3. 1592/98. folio 190r). 
 
 En el resto de la causa, cuando se presenta el caso en la cabeza de proceso, se dan 
vistas a las partes, y se realiza la información, la voz del juez se escucha en tercera persona 
citada por el escribano. La narrativización recurre el pretérito perfecto simple y la presencia 
del juez se expone sólo al fin del escrito, con su firma de aval al pie del texto. 
 
Diego Rodrigues de Ruescas alcalde de la Santa Hermandad en esta dicha ziudad dixo que 
andando corriendo la tierra .... tubo noticia que en el camino de Salsacate andaban unos yndios 
simarrones salteando y una noche.... y su merzed le tubo a la carzel publica en esta dicha ziudad 
y en ella esta y para castigo del conforme a su delito mando hazer y se hizo la ynformasion 
siguiente (AHPC: Escribanía I; Legajo10; Expe. 2. 1600. folio 125r) 
 
 Las ocurrencias del pretérito perfecto simple se relacionan con la presentación en estilo 
indirecto de la palabra de locutores institucionalizados, de manera que la voz de funcionarios 
políticos y judiciales se escucha en este tiempo. De esta manera, lo actuado, lo decidido, lo dicho 
o lo escrito por personas públicas jerarquizadas emplea el pretérito simple, tiempo que apoya la 
enunciación objetiva2 y distanciada, así como comunica importancia3. Este es también el tiempo 
en el que se informa sobre las instancias intermedias del juicio. Sólo en los fallos, veredictos 
últimos respecto de una verdad que es dudosa mediante el proceso, el juez actuante es un 
enunciador pleno, presente, marcado textualmente. 
 Su participación en este juego, entonces, es de alejamiento, de ocultamiento, durante las 
acusaciones, los descargos, traslados, demostraciones, etc.; sólo articula en primera persona la 
palabra preformativa, palabra de poder y de verdad (da mercedes, comisiones, manda, ordena, 
falla). Esto es, el juez es un enunciador total, pleno (con indicación de primera persona 
pronominal), en los enunciados s4: su palabra se escucha directamente sólo para producir 
modificaciones en el estatuto jurídico de sus alocutarios. En estos casos, incluso, hasta el verbo 
performativo del juez se duplica -en presente y en pretérito perfecto simple-, con lo que se lo 
objetiva, se lo da por acabado, se lo completa ([yo] "... mando que ... y lo probey y mande y 
firme.). 
 Este juego de ocultamiento y presentación del juez sólo se explica en función del derecho 
del siglo XVII en el que juez y fiscal coinciden en una única persona. 
 En los casos en los que el locutor se esconde como subjetividad, o sea, cuando usa la 
tercera persona y el perfecto simple, el escribano cita sus palabras a las que introduce mediante 
la citación de sus palabras, que se introducen mediante fórmulas excesivamente corteses, de 
modo que las modalidades de citación de los agentes reales están claramente reguladas en este 
registro y expresan el poder y los roles jerárquicos que cumplen los sujetos. Así, los agentes 
oficiales, individualizados en sus patronímicos, se introducen mediante una fórmula de trata-
miento, seguida del nombre propio, el cargo o función pública que cumplen y, finalmente, el 
espacio geográfico en el que se aplica la función. 
 
 "... el ilustre señor capitan Juan Muñoz teniente de gobernador e justicia mayor desta ciudad...." 
 
 El patronímico, la indicación de la función que cumple el agente (teniente, regidor, 
alcalde), o la fórmula cortés de apelación (Su Merced, Ilustre, Su Magestad, etc.), son 
conmutables, y de esta manera, la función o el apelativo pueden sustituir el nombre propio, que 
deja de ser un elemento importante. Es la institución la que habla en estos textos y no sujetos 
particulares, lo cual expresa el poder delegado de los agentes. Mediante esta estrategia los 
agentes oficiales representantes del poder colonial se transforman, y ya no son presentados como 
sujetos particulares sino como entidades más vastas y abstractas. Lo que ellos dicen, esto es, el 
contenido de la información o la acusación, no es ya el producto de un enunciador humano 
identificable, sino de un sector del Estado. Es el propio Estado colonial el que hace gravitar 
masivamente su poder hablando por su intermedio. 
 En el mismo sentido de inscribir el discurso, ya no en la voluntad de un sujeto particular 
sino en el ámbito de lo convencionalmente aceptado como origen de la palabra verdadera, lo 
constituye la mención continua, en los escritos del juez, a los referentes máximos: Dios y el Rey, 
autoridades legisferantes máximas, que con su prestigio y jerarquía quedan inscritas en el propio 
texto que se apoya en ellas y las actualiza como un mecanismo para suplir la ausencia de 
referencia a la ley. Esto es, dado que las causas no incluyen sino rara vez mención alguna a la 
ley, los textos acusatorios se asientan en los dadores de la ley superior. 
 
 "... y preguntado porque con poco temor de Dios ni respecto a la Real Justicias …. porque causa 
o razon lo hizo y se movio a ello dijo que ..." 
 
En el mismo sentido actúa el uso de lexemas cultos (efecto, secta, concepto, magnifico, 
instruccion, ynescusable, exortar- Lapeza, 1968:249); latinismos ("leyes de duobus rex devendi y 
el autentico presente hoc ita de fide jusoribus","e luego, yn continente", "vel quasi"); sufijos 
cultos que modifican la categoría del lexema como -cion (renunciación, protestacion- García 
carrillo, 1988: 79); arcaísmos (fecho, obieren, truxeron, mill5); complejas frases verbales 
("estavan en costumbre de salir a correr la comarca"); nominalizaciones ("tiene nesesidad de 
salir desta ciudad ... a la visita y paga de los yndios"); la omisión del relativo "que" ("pri-
meramente pedir al rey nuestro señor haga merced a los vezinos6"). 
Este lenguaje arcaico, que no admite innovaciones ni variaciones, es expresión de la 
atemporalidad y descontextualización a la que aspira el discurso. A la vez, la propia institución 
se legitima mediante la repetición de fórmulas, arcaísmos y rituales, que establecen una 
continuidad con el pasado debido a su tendencia a permanecer constantes. En este sentido, la 
legitimidad, que rechazatoda dimensión histórica, encuentra una materialización a sus 
aspiraciones de temporalidad no contaminada (Jitrik, 1991). 
Este registro formal puede imponer, así, la visión legítima sobre el mundo social y actuar 
performativamente sobre él. Es éste otro de los caminos que conducen a que un enunciador -el 
Estado colonial- pueda reivindicar para sus discursos la condición de "verdaderos". 
En síntesis, los discursos legales del siglo XVI y XVII que trabajamos construyen una 
figura del juez de características iterativas y definidas: un sujeto dividido que, por un lado se 
oculta, se cancela y sólo interviene por intermedio de su portavoz, que lo presenta distante y 
magnificado, garante de la objetividad que requiere el proceso del juicio, sujeto legítimo que 
legitima su palabra en la de Dios, el Rey y la historia; por otro lado, un sujeto que se expresa 
plenamente, en primera persona, que organiza lo que dice en sus propias coordenadas espacio-
temporales, lo cual habilita la condición de performatividad de su palabra en los fallos7. 
 
 
3. La palabra del extraño: Acercamiento y concreción de los agentes particulares 
 
 En lo relativo a los locutores parciales, esto es, las partes, el estilo imita, remeda, el 
del juez, o mejor, el de la justicia. Este tomar la palabra ajena o estilización (Bajtin, 1988: 
264) es la condición para formar parte de la institución y tiene, aproximadamente, los mismos 
efectos de sentido que el discurso del juez. Sin embargo, vale advertir sobre algunas variantes 
que ponen en juego otras semánticas. La voz de los particulares no puede ser integrada al 
género sino en el marco de otra voz que la autorice diciéndola en la lengua jurídica, formal, 
distante, la voz de la institución. En efecto, todo juicio iniciado a pedido de parte comienza 
con el siguiente texto formulario: 
 
 "En la çiudad de Cordova en .... dias del mes de ..... del año de ..... ante el capitan ....... theniente 
de governador e justiçia mayor desta dicha çiudad e su juridision ... la presento el contenido " (AHPC: 
Escribanía I; Legajo 9; Exp. 2. 1599. folio 328r)8 
 
El enunciado citado es, entonces, un paratexto que actúa como estrategia de inclusión 
del extraño en la institución judicial. Es la modalidad de autorización del texto que ingresa. 
En consecuencia, la institución controla su acceso, distribuyendo la palabra, autorizándola, 
diciéndola y enmarcándola. Este paratexto se presenta también como una forma de 
construcción del otro en tanto mediante esta estructura fija, se marca la subordinación de 
quien pretende su inclusión en el discurso. La asimetría de la relación se confirma con 
numerosas marcas al interior del discurso de las partes, entre las más visibles se encuentran 
las formulas de tratamiento corteses con las que se abre y cierra el texto, "Su Merced", 
"Vuestra Merced" o "Su Señoría", e incluso con indicaciones que dan cuenta de este 
distanciamiento: "... a VMd pido e suplico que ...". 
Los textos de las partes están fuertemente anclados en un espacio y un tiempo, 
especificado con claridad en los escritos de cada una de las partes. Al comienzo o al final, 
dependiendo del tipo, se incluye la fórmula obligada “a los … dias del mes…. del año…..”, o 
en el caso del cierre, “fecha en el día… del mes … del año ….”. El anclaje se completa y se 
cierra con la firma, indicación del sujeto enunciante, a pesar de que el locutor puede (y 
generalmente es así) estar especificado en el propio cuerpo textual9. 
 No hay, en los textos analizados, una construcción homogénea de los 
enunciadores parciales. No obstante, en todos los casos, éstos se presentan mediante marcas de 
primera persona y un rasgo que creen los caracteriza (hijo legítimo de, vecino morador, vecino 
feudatario, defensor de, portugués, etc.): 
 
 "En la ciudad de cordoba a … dias del mes de … del año …… Joseph de Bilches y Montoya hijo 
legitimo del capitan Francisco de Bilches y Montoya i de doña Elena Cortes de Santuchos ... 
paresco ante VMd. como mejor en derecho lugar aya ..." (AHPC: Escribanía I; Legajo 166; Exp. 
8.1689. folio 179r) 
 " ..... vezino morador de esta ciudad de Cordova como mas a lugar de derecho paresco ante 
VMd y digo que ..." 
 
 La naturaleza estamental del derecho del antiguo régimen actúa fuertemente como 
ordenador, clasificador y cristalizador del orden social. Cada una de las causas, sea de la 
naturaleza que fuere, recuerda y exige que se recuerde este ordenamiento. El presentante debe 
especificar el lugar que le corresponde por derecho: vecino morador, residente, estante, 
portugués, indio, negro, mestizo, español, protector, defensor, etc., así como hay ciertos 
grupos que no tienen ingreso a la institución sino es por intermedio de la acción de una figura 
autorizada, la de los protectores de naturales, por ejemplo, para el caso de los indios. En el 
caso de los españoles, se observa que las partes invierten su esfuerzo en presentarse a sí 
mismas a partir de sus méritos militares, sus antecedentes familiares, sus servicios a la corona. 
Este es un elemento iterativo: las partes involucradas en un juicio buscan legitimar su verdad 
en función de la "calidad de su persona", lo cual es un efecto lógico de la naturaleza 
estamental a la que ya nos referimos y que está claramente expresada en la Política Indiana de 
Solórzano Pereira, ampliamente difundida y leída en esta región. En general, cuando las 
partes proponen preguntas a los testigos, incluyen alguna en relación a sus méritos o a los de 
alguno de sus familiares, siempre que tengan el abolengo requerido, el cual se define, en todos 
los casos, a partir de tres ítem: 1) ser primer poblador de la ciudad; 2) haber servido 
militarmente a la Corona, 3) tener lustre de hijosdalgo. 
 En el año 1611 se suscita un pleito entre Pedro García de Arredondo y Juan de Avila por 
indios. Los naturales en disputa pertenecían a la encomienda de Pedro García de Arredondo 
pero, debido a que habían sido desmembrados de su pueblo originario, el oidor Francisco de 
Alfaro decreta que se reduzcan y junten en el asiento donde se encuentra la parcialidad principal, 
tal como lo disponían las reglamentaciones vigentes. El encomendero García de Arredondo se 
opone a esta disposición, y para demostrar "su verdad", esto es, que no se debía hacer dicha 
reducción, entre sus alegaciones dice que 
 
 (a los indios) "... me los encomendaron por estar casado con doña María de Garay y Mendoça 
hija del jeneral Juan de Garai conquistador y poblador de la çiudad de Santa Fe y puerto de 
Buenos Ayres en la provinçia de Paraguai persona que hiso a su majestad muchos y muy 
grandes y calificados serviçios en muchas ocasiones que se ofreçieron del Real Serviçio ansi en 
la dicha provinçia como en el reino del Piru ... y ansi causas como por las que alegado tengo ... 
protesto desir y alegar ...(AHPC: Escribanía I; legajo 24; Exp.10. 1611. folio 236v) 
 
 Coherentemente, encontramos verdaderas lides verbales entre los pleiteantes para 
demostrar que la parte contraria "no es bemerito hijo ni nieto originario de poblador y si tiene 
algún mérito son ganados en tiempo de pas y sin riesgo" (AHPC: Escribanía I; legajo105; Exp. 
5. 1655. folio 212r), a los que la otra parte responde exponiendo sus antecedentes familiares y 
méritos militares (ídib. folios 227 r y v). La falta de alcurnia se presenta como un elemento 
desestimante para una de las partes en los juicios. Así respecto de un litigante se afirma que "... 
en esta tierra no se le a conozido mas de aber servido por poblero y mayordomo de algunos 
vezinos ..." (AHPC: Escribanía I; Legajo 65; Expediente 11. 1632. folio 280r). Coherentemente 
también, los testigos fidedignos son los hombres "mas principales desta dicha ciudad". 
 En el pleito que Gabriel García de Frías, por ejemplo, marido de doña Lucrecia de 
Villalba, entabló contra Tristán de Tejeda, Alonso de la Cámara y Antonio Suárez Mejía por la 
posesión de una encomienda de indios, estos últimos solicitan ante la RealAudiencia de La Plata 
que se les autorice a hacer un interrogatorio que elevarán a este mismo organismo. Llama la 
atención que, de un total de catorce preguntas que presenta Antonio Suárez Mejía en este 
interrogatorio, siete de ellas están dedicadas a construir su figura alrededor de los rasgos 
"servicio a la Corona", "lustre de hijodalgo", "conquistador", etc. esto es, las preguntas se 
refieren a la historia pública del héroe y su familia y no al problema que se debate (AHPC: 
Escribanía I; Legajo 9; Expediente 11. 1599. folios 387r y v). Lo mismo vale para los otros dos 
intervinientes de la misma parte10. 
Haya tenido o no incidencia este fenómeno en la decisión final de los jueces, esto es 
secundario. Lo importante es que los enunciadores parciales intentan construir una imagen de sí 
lo más cercana posible a esta "nobleza" en gestación, basada en los méritos militares y 
legitimada por lazos parentales. A la vez, se construye una imagen del otro, del contrario, 
desestimada a partir de la ausencia de este rasgo. 
Más que las censuras, lo importante, en este caso, es el hecho de que el género obliga a 
admitir la doxa y la clasificación legítima del mundo social. Se presenta así como una práctica 
social fuertemente constructora de subjetividades (o al menos, reforzadora): impone una 
interpretación y una narración del sí mismo que deviene en sujetos históricos en filiación con un 
abolengo y una biografía familiar de servicios a la corona. Esta es la subjetividad legítima o 
autorizada; discursos de verdad y prácticas normativas como un correlato del modo en que los 
individuos devienen sujetos. Además, obliga a partir de los mismos supuestos de los que parte la 
institución. 
 Los testigos, por su parte, ingresan mediante la citación, nunca hablan directamente 
sino mediante la reformulación de sus palabras por parte de un escribano que las dice, con las 
modificaciones correlativas de pronombres, deícticos espacio-temporales y tiempos verbales. 
Ingresa, por ello, como cita al interior de un discurso citante que organiza todo según su 
propia óptica. Ni siquiera las confesiones parecen recoger la voz del enunciante, en tanto en ellas 
se repiten casi textualmente frases que ya han sido dichas por el acusador en la cabeza de 
proceso; así, por ejemplo un confesante expresa que 
 
 " ... es verdad que los dichos delitos los cometio despues del castigo que se le hizo en cortarle el 
pie pero que no ha querido escarmentar con todo esto ..." (AHPC: Escribaía I; Legajo 6; Exp. 3. 
1592. folio 198v) 
 
 Los agentes externos a la institución, demandantes, demandados y testigos, se 
concretizan mediante claras indicaciones espacio temporales y sus nombres propios e historias 
familiares. No obstante, una vez integrados a la institución, estos sujetos pueden, dentro de 
ciertos límites, incorporar innovaciones estilísticas que responden sólo parcialmente a las 
imposiciones estilísticas de la justicia y en la narración de los hechos puede suspenderse el estilo 
judicial y recogerse datos que la institución no ha considerado relevantes. O sea, en el texto de su 
defensa o acusación pueden suspender la imitación del estilo, con lo que aparece directamente la 
palabra del autos. Al suspender la imitación del estilo aparece directamente la palabra del autor, 
que realiza sus particulares intenciones semánticas y valorativas, aunque sin llegar nunca a la 
disidencia abierta. La palabra externa, así integrada a la institución, puede dentro de ciertos 
límites incorporar innovaciones estilísticas que responden sólo parcialmente a la dinámica 
institucional. 
 
 
4. Conflicto, diálogo y polémica 
 
 Las causas judiciales están tramadas sobre el conflicto que las recorre desde el principio 
hasta el fin: comienzan con la enunciación de un conflicto (cabeza de proceso) y terminan con su 
resolución (fallo). La dualidad de la figura del juez a la que hemos referido –fiscal y juez-, coloca 
a las partes en una encrucijada: por un lado, respetar la magnificiencia del juez, dirigirse a él con 
fórmulas extremadamente corteses, compartir sus principios doxáticos, por un lado, y por otro, 
oponerse a él, marcarle que está en error, que acusa falsamente en su carácter de fiscal. Esto, a 
nivel discursivo, se resuelve tomando como eje de la polémica no el discurso del juez –al que las 
partes no citan ni retoman- sino el de la parte contraria, a la cual no se habla directamente pero 
cuyo texto se toma como referencia (de la otra parte, cuando existe, o sea, en los juicios 
realizados a pedido de parte, y de los testigos presentados por el Estado en el caso de los juicios 
de oficio). 
 A pesar de que, tal como especificamos más arriba, ningún discurso de las partes tiene 
por alocutario marcado textualmente a su contrario, este contrario -y sus enunciados pasados o 
futuros- tiene un papel activo y, una vez producido el primer enunciado, los de los otros 
enunciadores conforman una cadena de respuestas. Es así que los enunciados de las partes 
remiten entre sí, se reflejan, se oponen, se niegan mutuamente, "saben" unos de los otros, en 
definitiva, se responden, pero esta respuesta es siempre opositiva: los enunciados de las partes se 
refutan, polemizan, se rechazan entre sí. Y aquí reside una peculiaridad de los discursos que 
analizamos, la dialogicidad, la polemicidad, la agonía que se entabla entre dos jugadores que se 
encuentran intertextualmente pero no enunciativamente; lo que se ha dado en llamar tensión 
intertextual (Pardo, 1992:29-30). 
 Estamos en el centro de un fenómeno propio del "juego": la tensión, que, 
coherentemente, se encuentra relacionada con el texto producido por la parte contraria, al que se 
ataca porque su contenido "carece de relaçion verdadera" o porque fue hecho "con siniestra 
relaçion". Hay numerosas marcas textuales que ponen en evidencia esta tensión textual. Debido 
a que estos enunciadores parciales no hablan entre sí, no se encuentran fórmulas especiales para 
dirigirse al otro: sólo encontramos fórmulas (convencionales por su iteración) de referir al otro: 
las relaciones entre las partes son abiertamente descorteses y en ellas las acusaciones mutuas 
apuntan a dos blancos: 1. el discurso del otro (no verdadero) y 2. las cualidades morales del otro 
(necesariamente negativas, como la malicia). Cuando el otro carece de los rasgos definidos para 
la "alcurnia", aparece este tercer desestimante, marca también de tensión. En el caso de los 
juicios de oficio serán los discursos o las cualidades de los testigos. 
 En este punto, cuando nos referimos a lo dialógico como polémico, nos acercamos a las 
fronteras que separan este tipo discursivo del discurso político. En efecto, ambos son insepara-
bles de la construcción de un adversario -aspecto éste que fue destacado por Verón (1987b) para 
el discurso político. Es más, el discurso legal, como el político, supone una réplica y la anticipa; 
pero, al mismo tiempo, construye también un otro positivo, aquel al que el discurso está dirigido, 
el juez. 
 
 Podemos decir que el imaginario político supone no menos de dos destinatarios: un destinatario 
positivo y un destinatario negativo. El discurso político se dirige a ambos al mismo tiempo. 
(Verón; 1987b:16). 
 
 
5. El estilo de la escritura como condición de performatividad 
 
 Mediante la enunciación de una sentencia por parte del juez, se produce la instauración 
de un nuevo estado de cosas. Se trata de un discurso performativo, constructor de un nuevo orden 
y de nuevas "relaciones jurídicas". Sin embargo, la condición de posibilidad para que estos 
discursos sean performativos, que instituyan obligaciones nuevas, no parece radicar solamente el 
la autoridad del locutor (juez) y en la presencia del verbo performativo (fallo, condeno, absuelvo) 
sino en el hecho de que haya sido producido por escrito en un discurso que respeta ciertas 
condiciones estilísticas. El cómo se dice es lo que completa la fuerza ilocutoria de los 
enunciados, es lo que transformaa estos enunciados en performativos. Estos discursos, entonces, 
son manifestación de una competencia legítima. 
 Este estilo actúa como un componente más del rito social que constituye una causa 
judicial: la observancia rigurosa de este registro, como de los otros elementos del ritual, es una 
manifestación del contrato de delegación que hace del juez un representante autorizado del rey. 
Este registro formal y distanciado no tiene otra razón de ser que la de recordar la autoridad de su 
autor. Mediante esta modalidad, el lenguaje produce e impone su propia importancia, asegurando 
así su propia credibilidad: asegura que el agente no actúa en nombre personal sino en tanto 
depositario de un mandato y da cuenta del conjunto de condiciones que exceden lo propiamente 
lingüístico y que consisten en las propiedades de quien dice estas palabras y de la institución que 
autoriza a pronunciarlas (Bourdieu, 1985). Dicho de otro modo, no es el enunciado lo que tiene 
propiedades performativas sino la enunciación. Es más, hasta la verdad del contenido es función 
de la enunciación: el desdoblamiento de un juez que se cancela como subjetividad garantizando 
la objetividad de la acusación y de la búsqueda de información y que se manifiesta ampliamente 
como condición de la fuerza ilocucionaria de su palabra en el fallo. Se trata de un discurso que se 
presenta como de validez general o universal en cuanto queda fuera de las contingencias espacio- 
temporales, a las que está atada la palabra de las partes. 
 No nos hemos referido al discurso judicial como control y distribución del ejercicio del 
poder (Ots 1993: 14), no fue esa la línea que nos interesó. Se trata sólo de mostrar cómo en la 
enunciación se encuentra el sentido, cómo se establece la distribución de la palabra en las causas, 
en su relación con el carácter casuístico del derecho de la época, la falta de motivación del fallo y 
el cumplimiento de las funciones de juez y fiscal en una misma persona. 
 La doctrina jurídica castellana defendió el valor vinculante del estilo, especialmente el 
observado en los tribunales superiores que se constituyeron en modelos para el estilo judicial. 
Esta sedimentación del estilo es también resultado de los escritos existentes sobre el tema, entre 
los cuales destacó en su época el de Gabriel de Monterroso escrito en Valladolid en el año 1563. 
De aquí se infiere otro dato para apoyar la idea que estamos sosteniendo sobre la performatividad 
del estilo. 
 
 
 
 
1 Universidad Nacional de Córdoba y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
E-mail: b.bixio@gmail.com. 
2 Usamos la expresión "objetivo" u "objetividad" como efecto de sentido producido por la ausencia de marcas 
específicas de las circunstancias de enunciación (Barthes; 1987). 
3 Gilman (1961) ha destacado que el uso del perfecto simple en el Poema del Cid depende del sujeto oracional. Así, 
este pretérito realza el valor de las acciones heroicas y más que expresar un tiempo comunica importancia, situación 
que parece extrapolable a estas ocurrencias de pretérito de nuestro corpus. Para un estudio específico de los tiempos 
verbales en este registro véase Bixio, 1996. 
4 Cuando hablamos de actos de habla, de enunciados performativos o de fuerza ilocutiva nos referimos 
exclusivamente a la fuerza explícita, declarada, de estos enunciados, muy institucionalizados. Se trata, entonces, de 
"verdaderos performativos" en términos de Verón (1987a), o de los actos de habla "realizativos", en tanto opuestos a 
los constatativos de la primera versión de Austin (1979: conferencias 1 a 6). Este autor insistió en el hecho de que los 
actos de habla se caracterizan por su convencionalidad, sin embargo, en su obra, y en los desarrollos posteriores de 
ella, no se han podido reconocer marcas en la superficie textual que permitan correlacionar esta convencionalidad 
con las fuerzas ilocutivas de cualquier enunciado. Esta situación llevó a la teoría a extender sus planteos y reconocer 
la existencia de actos de habla indirectos, derivados, etc. en los que "lo que se dice" está muy lejos de "lo que se 
hace". En tanto en la mayoría de los casos no hay indicadores en la superficie discursiva que definan esta distancia, 
se recurrió a la tan controvertida noción de "intención del hablante" para definirlos. Creemos con Berrendoner (1987) 
que en este momento la lingüística entró en un callejón sin salida. Así, lo que era una teoría de la acción se convirtió 
en una teoría de la intención, recorrido sinuoso que también encontramos en la teoría sociológica de Max Weber en 
relación a la noción de intención (Schuster, 1995). Asumimos la posición de Ducrot (2001) según la cual los 
discursos performativos producen transformaciones en las relaciones jurídicas de los participantes, aunque creemos 
que esta afirmación sólo se puede hacer extensiva a los "verdaderos performativos". 
5 Estas formas desaparecen en España a mediados del siglo XVI (Lapeza, 1968:244). En otros registros de este 
mismo sociolecto son más frecuentes las opciones modernas: hecho, hubiere, trajeres, mil (Bixio, 1996). 
6 A diferencia del estilo judicial actual, en el siglo XVII las causas incluyen pocos tecnicismos, y posiblemente 
no sentidos como tales: fallo, pena, apelación, auto, vistas, costes, sentencia firme, etc. 
7 Posiblemente sea aplicable al registro que estamos considerando la distinción que B. Danet (1980) opone para el 
discurso jurídico entre "escritos congelados" y "escritos formales". Sin embargo, no creemos necesario basarnos en 
esta oportunidad en sus clasificaciones debido a que no intentamos una taxonomía de los estilos sino su descripción 
sólo en aquellos aspectos que se relacionan con la tesis que planteamos respecto del sentido del estilo. 
 
8 El pronombre "la" se encuentra como expresión formularia en las orientaciones de los juicios civiles, y remite 
catafóricamente a "la petición", texto acusatorio que se transcribe inmediatamente después. La expresión "el 
contenido" posiblemente deba separarse del resto del párrafo mediante un punto, pues es una indicación, una 
instrucción de que inmediatamente después de esta especificación se transcribe el contenido de la demanda. 
9 El hecho de que el locutor empírico o escriba de la causa sea el sujeto realmente interviniente o no, eso es 
secundario a nuestros fines, así como también lo es el hecho de que quien firme coincida o no –en el mundo 
extradiscursivo- con el escriba. Lo importante a nuestros fines es la construcción discursiva que se hace del 
agente externo a la institución. 
10 Otro ejemplo interesante lo encontramos en I..31.5. 1613. fs. 188 r y v. 
 
 
 
 Bibliografía 
 
Aspell, M. 2002. “Los factores de distorsión de los mecanismos de control social de la 
población rural en la jurisdicción de Córdoba del Tucumán”. Revista de Historia del 
Derecho. 30: 87-147. 
Austin, J. 1979 (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires. Paidós. 
Bajtin, M. 1982 (1979) Estética de la creación verbal. Madrid. Siglo XXI. 
Bajtin, M. 1986 (1963). Problemas de la poética de Dostoievsky. México. Fondo de Cultura 
Económica. 
Barthes, R. 1987. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Buenos 
Aires. Paidós. 
Benveniste, E. 1979 (1966). Problemas de Lingüística General. Volumen I y II. México. 
FCE. 
Berrendoner, A. 1987 (1982). Elementos de Pragmática Lingüística. Buenos Aires. Gedisa. 
Bixio, B. 1996. “Significado y función de los tiempos del indicativo. A propósito del estudio 
de un registro: el español jurídico de Córdoba del Tucumán” ms. 
Bixio, B. 2003. "Políticas de la justicia criminal interétnica en Córdoba del Tucumán (Siglos 
XVI y XVII)”. Anuario de Estudios Americanos. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. 
Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas. España. Sevilla. Tomo LX, 2: 441-462. 
2003. 
Bixio, B. y Gonzalez Navarro, C. 2003. “ Práctica de la justicia y resistencia indígena: Córdoba 
del Tucumán, siglos XVI y XVII”. Colonial Latin American Historical Review (CLAHR). 
University of New Mexico. 12, 1. 
Borja Albi, A. 2000. El texto jurídico y su traducción al español. Ariel, Barcelona. 
Bourdieu, P. 1985 (1981). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. 
Madrid. Akal/Universitaria. 
Calvo Ramos, L. 1980. Introducción al estudio del lenguaje administrativo. Madrid. Gredos. 
Casanovas, P. 1998. ''Algunos elementos para el análisis pragmático de los discursos 
jurídicos''. En: AÑÓN, M.J.; Bergalli, R.; Calvo, M.; Casanovas, P. (eds.): Derecho y 
Sociedad. Valencia. Ed. Tirant lo Blanch. 
Cohen de Chervonagura, E. 1998. “Discurso judicial y flexión verbal”. Hesperia. Anuario de 
Filología Hispánica. I: 9-24. 
Danet, B. 1980. “Language in the legal discourse”. Law and Society. Vol. 14. Nº3: 
De Miguel, E. 2000. “El texto jurídico-administrativo. Análisis de una orden ministerial”. 
Revista de Lengua y Literatura Españolas. 2: 6-31. 
Ducrot, O. 2001 (1982). El decir y lo dicho. Buenos Aires. Hachette. 
 Entelman, R. 1982. “Aportes a la formación de una epistemología jurídica en base a algunos 
análisis del discurso jurídico”. En: Legendre, P. et alli. El discurso jurídico. Perspectiva 
psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires. Hachette. Pp: 83-109. 
 
García Carrillo, A. 1988. El español en México en el siglo XVI. Sevilla. Alfar. 
Gilman, S. 1961. Tiempo y formas temporales en el Poema del Cid. Madrid. Gredos. 
Etxebarría, M. 1997. “El lenguaje jurídico y administrativo. Propuestas para su 
modernización y normalización”. Revista Española de Lingüística. 27,2: 341-380. 
Filinich, M. I. 1998. Enunciación. Buenos Aires. Eudeba. 
Frutos, S. 2004. Apuntes para el estudio semiótico del discurso jurídico. En: La trama de la 
comunicación”. Vol. 9. Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
UNRosario. UNR editora. 
Iturralde de Sesma, V. 1989. Lenguaje legal y sistema jurídico. Tecnos. Madrid. 
Jitrik, N. 1991. Apuntes sobre legalidad/legitimidad. SyC. 12: 
Lapesa, R. 1968 (1962). Historia de la lengua española. Madrid. Escelicer. 
Luque Colombres, C. 1943. “Abogados en Córdoba del Tucumán”. Cuadernos de Historia. 
Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Estudios americanistas,V: 12-56. 
Lyotard, J. 1987. La condición posmoderna. Buenos Aires. Rei. 
Martín Rojo, L. y R. Whittaker 1998. “Ambigüedad y control en el discurso burocrático”, en 
Haverkate, H., G. Mulder y C. Fraile Maldonado (eds.). La pragmática lingüística del 
español. Recientes desarrollos. Número monográfico de Diálogos Hispánicos. 22: 95-
128. 
Millán Garrido, A. 1999. Libro de estilo para juristas. Bosch. Barcelona. 
Náñez, E. 1998. “Consideraciones sobre el lenguaje administrativo”. Carabela (2ª etapa), 44: 
138-143. 
Pardo, M. L. 1996. Derecho y Lingüística. Cómo se juzga con palabras. Buenos Aires. Nueva 
Visión. 
Paz Gago, J.M. 1993. La estilística. Madrid. Síntesis. 
Prieto de Pedro, J. 1991. Lenguas, lenguaje y derecho. Civitas. Madrid. 
Ricós Vidal, A. 1998. “La pasiva con se agentiva en los textos jurídico-administrativos: su 
incidencia pragmática”. Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, I: 125-141. 
Sánchez Montero, M del C. 1996. Aproximación al lenguaje jurídico. Padova. Università 
degli Studi di Trieste/ Cleup Editrice. 
Schuster, F. 1995. “Exposición”. En: El oficio del investigador. Buenos Aires. Homo Sapiens. 
Tomás y Valiente, F. 1969. El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y 
XVIII). Madrid. Tecnos. 
Verón, E. 1987 a. La semiosis social. Buenos Aires. Gedisa. 
Verón, E. (Comp) 1987 b. El discurso político. Lenguaje y acontecimientos. Buenos Aires. 
Hachette.