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Alimentación, agricultura y desarrollo rural 
en América Latina y el Caribe
 
2030/
Inversión privada 
en el medio rural 
y compromisos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Documento nº 20
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Santiago de Chile, 2019
Carlos Pomareda
Documento nº 20
Alimentación, agricultura y desarrollo rural 
en América Latina y el Caribe
 
2030/
Inversión privada 
en el medio rural 
y compromisos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Agradezco en forma especial a las personas que contestaron la encuesta sobre motivación 
de las empresas para invertir en el medio rural y a los dos lectores anónimos que ofrecieron 
comentarios a la versión inicial de este documento.
Cita requerida: 
Pomareda, C. 2019. Inversión privada en el medio rural y compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2030 - Alimenta-
ción, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, No. 20. Santiago de Chile. FAO. 19 p.
Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
En el marco de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta serie tiene el propósito de promover un amplio diálogo 
e intercambio de ideas sobre el desarrollo sostenible e incluyente de la alimentación, la agricultura y las sociedades rurales.
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© FAO, 2019
 
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Fotografía de la portada y contraportada: ©FAO
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1. Introducción
El objetivo de este documento es discutir las oportunidades existentes así como puntualizar los desafíos 
que enfrentan los empresarios que invierten en negocios en el medio rural, de manera que, al tiempo 
que puedan ser más competitivos, consigan desarrollar esquemas de crecimiento de sus operaciones que 
sean rentables, eficientes, sostenibles e incluyentes, contribuyendo además al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.
El trabajo parte de la hipótesis que aquellas inversiones privadas rentables y que, además, gene-
ran empleo de calidad, efectos multiplicadores, oportunidades para jóvenes —hombres y muje-
res—, contribuyen a la conservación y mejora de la calidad de los recursos naturales y a mitigar 
los efectos del cambio climático, tienen un impacto significativo en la mejora de las condiciones 
en el medio rural, contribuyendo así a la consecución de algunos ODS.1 Sin embargo, hasta la 
fecha, no todas las empresas que han invertido en el medio rural han alcanzado esta meta.
La discusión de estos temas encuentra su justificación en la necesidad de acciones más decisivas, 
en vistas de la evidencia acumulada hasta la fecha, indicativa de que la pobreza rural en Amé-
rica Latina y el Caribe no está siendo superada de forma significativa (FAO 2013)2 a pesar del 
buen desempeño de la agricultura en algunos sectores y empresas (FAO 2009). En efecto, pese 
a los reconocidos logros de la agricultura familiar3 en la mejora de las condiciones alimenticias 
nutricionales y, en menor medida, de los ingresos de las familias que siguen en el campo —las 
que cultivan su tierra y aquellas personas que trabajan como asalariadas en dichas tierras—, la 
CEPAL (2012) señala que la migración hacia las ciudades es de una tasa anual promedio de 
4,5 por 1 000, la cual es algo menor que en la década pasada (5,5 por 1 000), con importantes 
variaciones entre países. 
En este contexto, se debe destacar la considerable migración de jóvenes de ambos sexos, fenóme-
no que merma la capacidad productiva de las familias rurales. Tras la migración juvenil rural-ur-
bana del hay una multitud de motivaciones, entre ellas la falta de oportunidades, el hambre, el 
terrorismo, la guerrilla, el narcotráfico y la visión lúgubre de que las cosas no van a mejorar. La 
ilusión de que las condiciones de vida en la ciudad son mejores , extendida a través de los medios 
de comunicación, es, sin duda, la mayor motivación para que los jóvenes emigren, aunque no en 
todos los casos el éxito es el esperado (Ruiz-Peyré 2008). Respecto a la inducción para salir del 
campo, de acuerdo con Echeverría y Lewin Fischer (2016) —en base a un estudio en Yucatán, 
1 En el 2015 una encuesta de 986 empresas a nivel mundial reveló que el 71% se ha planteado cómo impli-
carse en el logro de los ODS y que el 41% afirma que incorporará esos aspectos en su estrategia en los 
próximos cinco años (Remacha, 2017).
2 La pobreza rural en la región ha disminuido del 65 al 53% entre 1990 y 2010 (FAO 2013). Al respecto, cabe 
señalar que la población rural ha disminuido de 130, en 1990, a 115 millonesen el 2015, lo cual da cuenta 
de que los logros medidos en porcentajes se deben en parte a la migración rural-urbana. Según la CEPAL 
(2016), a partir del 2012 hay un estancamiento en los logros, pues el porcentaje de pobreza rural ha dis-
minuido solo al 48,6%.
3 Según Berdegué (2013), una definición de la misma es que la agricultura familiar es la forma de organi-
zación de la agricultura que se basa principalmente en el trabajo de los miembros de un grupo familiar, 
independientemente de la forma de tenencia de la tierra, de la superficie de la explotación, o del valor, 
volumen o destino de la producción. El autor hace además las aclaraciones que dicha población: no es 
necesariamente pobre; no es necesariamente orientada al autoconsumo y poco vinculada a los mercados 
de productos; no es necesariamente adversa al riesgo; no es necesariamente agroecológica y con bajo uso 
de insumos de origen industrial; no es necesariamente pequeña en superficie.
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México— la cercanía de las oportunidades en pueblos y ciudades es un factor determinante 
en la decisión de emigrar, siendo primero los padres, y luego otros familiares, amigos y maes-
tros, quienes ejercen mayor influencia para abandonar el campo, según señala Siaucho-Acevedo 
(2014), sobre la base de una investigación realizada en Colombia. Dicho estudio además indica 
que el 40% de quienes consideran emigrar, dice que regresaría, mientras que solo 9% dice que 
no lo haría y un 50% dice que quizás.
Si bien estas investigaciones son solo ejemplos localizados, plantean un par de cuestiones cen-
trales: ¿qué hacer para evitar la migración de jóvenes?; y ¿qué hacer para que el regreso se haga 
realidad, especialmente para los que adquieren capacidades en la ciudad?
Desde luego que contar con empleos de calidad y mejor remunerados es una consideración im-
portante para la retención de jóvenes en el medio rural. A la fecha, gran parte del empleo en el 
medio rural se concentra en la agricultura, la minería (formales e informales) y en los servicios 
en los centros poblados rurales, con variaciones importantes entre territorios. Además, la mayor 
parte de la población empleada en la agricultura recibe el salario mínimo, o menos que este, y se 
emplaza en territorios con más limitaciones de acceso a servicios básicos. 
No obstante, algunas empresas privadas de mediana a gran escala en el medio rural han sido 
fuentes de empleo para hombres y mujeres, en varios niveles de la escala laboral, según su 
orientación productiva y según el nivel de preparación de las personas. Esto incluye gerentes, 
ingenieros, administradores de campo y de fábrica, supervisores, topógrafos, maquinistas, jefes 
de cuadrilla, personal administrativo (contadores, operadores de sistema de personal y control 
de inventarios, etc.), personal de campo, tractoristas, entre otros, con las consecuentes dife-
rencias en salarios. Varias de ellas han creado, además, empleo en forma indirecta suscribiendo 
contratos con productores y promoviendo empresas de servicios para ofrecerlos a los negocios 
de mayor escala (Pomareda 2006).
El análisis en este documento aborda tres aspectos: 
1. se identifican y analizan los factores que las empresas consideran como determinantes de 
su competitividad y que, por lo tanto, dictan sus decisiones de inversión en el medio rural;
2. luego, se ofrece un análisis preliminar de la forma en que las empresas rurales estarían 
contribuyendo a los ODS y los varios puntos de vista que limitan que esta contribución 
sea más significativa; y
3. por último, se analizan las medidas de política y las fallas en la implementación de 
estas, las cuales deben ser superadas para avanzar en horizontes más deseables en cuanto a 
beneficios empresariales y socioambientales que contribuyan al logro de los ODS.
A continuación, se hace una breve referencia a la metodología y delimitación de los alcances del 
trabajo, especialmente en relación a los sectores en los que se dan negocios rurales por parte de 
las empresas y la tipología de estas.
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2. Metodología y 
 delimitación del trabajo
El trabajo incluyó cinco etapas, desarrolladas en tres meses: revisión de bibliografía; delimita-
ción del trabajo, incluyendo la identificación de sectores y países; obtención de la opinión de 
empresarios y profesionales vinculados al medio rural; consulta de páginas web de algunas em-
presas; y elaboración del documento.
La bibliografía consultada es extensa en cuanto a los temas generales que abarca este trabajo; 
sin embargo, es limitada en cuanto a análisis de casos en el medio rural, los que refieren, espe-
cialmente, a empresas que no acatan las normas, y por lo tanto adoptan un estilo de denuncia, 
siendo reducidos los casos de empresas estudiadas por sus buenas prácticas, más allá de lo que 
publicado en sus propias empresas en sus páginas web.
Los criterios que emplean las empresas para invertir en determinados territorios rurales —por 
razones de competitividad— y para dar cumplimiento de los compromisos sociales y ambien-
tales, fueron obtenidos mediante una encuesta realizada a 38 personas, empresarios y profesio-
nales, hombres y mujeres, vinculados al medio rural, en nueve países de América Latina y el 
Caribe4. El cuestionario tuvo como principal objetivo conocer las percepciones de estas personas 
sobre el medio rural y sus motivaciones, o no, para invertir en él.5
Para conocer experiencias de empresas, se identificó una muestra de 12 instituciones localiza-
das en los mismos países, en diferentes sectores (agropecuario, agroindustrial y extracción de 
minerales). En todos los casos se exploraron las páginas web correspondientes y se registró y 
sistematizó información sobre la misión, estrategia, cumplimiento de normas ambientales y 
certificaciones. En algunos casos fue posible obtener información sobre el número de empleados 
y el valor de las ventas anuales.6
La selección de países se realizó con el fin de tener, en base a la experiencia del autor, cierta 
diversidad sobre algunos de los temas considerados de mayor relevancia para este trabajo, los 
cuales conciernen, entre otros, a los incentivos para la inversión privada, la institucionalidad, las 
condiciones de seguridad y las normas ambientales y su cumplimiento.
4 México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Chile y Argentina.
5 Las instrucciones dadas a los encuestados fueron: “Marque, de acuerdo con la importancia, con el núme-
ro de 0 (menos importancia) a 10 (más importancia) los siguientes criterios que a su juicio considera una 
empresa para invertir en el medio rural en posibles actividades como agricultura, ganadería, agroindustria, 
forestal, acuicultura, minería, turismo. La opinión puede darse en general para la inversión privada en cual-
quiera de los sectores referidos, o si prefiere, en una nota al inicio del cuadro indique que su opinión es 
sobre un sector en particular.”
6 Los nombres de las personas que contestaron la encuesta y sus opiniones, así como las empresas cuyas 
páginas web fueron consultadas, se mantienen en reserva.
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En cuanto a la delimitación de los alcances del estudio, se consideraron los dos siguientes aspectos:
Empresas: El sector privado en el medio rural está constituido por todas aquellos personas y enti-
dades que se dedican a los negocios en el agro, la minería, los servicios, etc. La gran mayoría de 
actores privados opera en el sector informal, aunque algunos se han constituido como empresas. 
Este trabajo versa sobre las empresas en tanto entes legalmente constituidos. Por lo general se 
tratade empresas medianas a grandes y diferenciamos entre empresas nacionales y filiales de 
empresas transnacionales.
Sectores/tipo de actividades: las empresas en el medio rural operan en varios sectores y en los 
distintos eslabones de las cadenas, lo que incluye la producción agrícola, la ganadería, la acuicul-
tura, la forestería y, en los cuatro casos, las industrias relacionadas; la comercialización, la oferta 
de insumos, equipos y servicios que necesitan los otros actores. Asimismo, la minería extractiva 
y de agregación de valor, entre otras. Para los propósitos de nuestro análisis se consideraron ac-
tividades en las varias ramas de la agricultura, agroindustria y minería.
3. Factores que determinan 
 las inversiones de las 
 empresas en el medio rural
Las empresas enfrentan una serie de factores a la hora de tomar decisiones de inversión y mane-
jo. Esta sección fue elaborada en base a una síntesis de los argumentos recogidos en las encuestas 
y aquellos presentes en la literatura sobre la materia. Los entrevistados fueron enfrentados con 
una relación de 16 factores y se les solicitó que considerarán otros que, a su juicio, fuesen im-
portantes. Asimismo, se les pidió que indicasen si su opinión se referiría a empresas en el medio 
rural en general o en un sector específico. De ellas, 10 hicieron referencia explícita a actividades 
agrícolas o pecuarias y agroindustriales. En pocos casos se omitió opinión sobre alguno de los 
criterios; además, en casi todos los casos, la calificación fue complementada con opiniones, las 
cuales resultaron de gran utilidad.7
En cuanto a la importancia de los criterios, el Gráfico 1 ilustra la importancia que se les confirió 
y, sorprendentemente, la relevancia que se le asignó a aspectos usualmente omitidos del análisis 
de requerimientos para la inversión privada, como la seguridad ciudadana, cuestión que se dis-
cutirá más adelante.
7 Hubo casos en que no se le asignó puntaje a ciertos criterios. En el caso que no se dio puntaje al criterio 
disponibilidad de capital, se indicó que se suponía que la empresa disponía de dicho capital; en infraestruc-
tura de riego, se indicó que era una empresa que no dependía de la producción agrícola; y en facilidad 
exportadora, porque el producto era destinado al mercado doméstico. En los casos que se omitió puntaje 
a incentivos a la inversión privada y en prospectiva para inversión pública de interés para la empresa, no se 
dieron razones para la omisión.
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Gráfico 1. Puntaje otorgado por las personas consultadas a los criterios de las empresas para invertir en el medio rural
Fuente: Información recabada de parte de 38 personas que dieron su opinión mediante una 
encuesta electrónica.
A continuación se presentan los criterios que las empresas consideran para invertir en el medio rural, 
ordenados de mayor a menor; en cada caso se añaden los comentarios recibidos en las encuestas:
Oportunidad de mercado: es el criterio que recibió la mayor valoración (8,7), coincidiendo con 
las conclusiones y recomendaciones de muchos estudios alrededor del mundo. De acuerdo a 
los entrevistados es fundamental conocer las perspectivas para el desarrollo y comercialización 
de nuevos productos, sean estos primarios y/o sus derivados, así como contar con información 
sobre calidad de los actores en el mercado (seriedad, confiabilidad, experiencia previa, acceso a 
mercados finales, etc.); es clave no ilusionarse con el precio actual de algún producto como si 
este fuese el indicador más relevante, siendo necesario conocer mejor las perspectivas y grado de 
inestabilidad en el pasado.
Seguridad ciudadana: criterio que obtuvo el segundo puntaje más alto en promedio (8,5), lo-
grando en varios casos el máximo, especialmente en los encuestados residentes en países donde 
ha sido objeto de preocupación creciente. Las observaciones refieren a aspectos como el abigea-
to, los robos, los riesgos de invasiones a la propiedad, el sabotaje y el riesgo de pérdida de la vida.
Condiciones de seguridad legal e institucionalidad: este criterio alcanzó un puntaje de 8,3. 
Algunos encuestados destacaron que la competencia desleal derivada de la informalidad y la co-
rrupción son factores que desincentivan la participación de empresas formalmente constituidas, 
honestas, con interés por invertir en el medio rural.
Disponibilidad de infraestructura para agua de riego: refiere a la disponibilidad de presas y 
canales para regulación del agua superficial. Fue un criterio con alta consideración (8,2), con 
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la salvedad que el promedio incluye tres casos en que recibió bajo puntaje cuando la opinión 
refería a empresas rurales en general, y no las que se focalizan en agricultura. En estos últimos 
casos el promedio alcanzó 9,8. El tema es de extraordinaria importancia, pues es cada vez más 
evidente que la posibilidad de uso de tecnología de riego a nivel de predio está condicionada por 
obras públicas de mayor escala para captar y distribuir agua en beneficio de todos los producto-
res. Además, el riego es una de las formas más efectivas de afrontar la inestabilidad climática en 
la agricultura, con importantes implicaciones a nivel de los territorios rurales.
Disponibilidad de recursos naturales: refiere a los recursos naturales necesarios para el negocio 
específico, incluyendo suelos y agua, en el caso de la agricultura y la ganadería; bosque de calidad 
para actividades de producción maderera; y minerales, en el caso de la minería. Previsiblemente, 
esta es una de las consideraciones más importantes, obteniendo una valoración de 8,2. Cabe 
destacar que el potencial de los recursos naturales, incluyendo mucho de lo que hasta ahora se 
desecha (hojas, tallos, cáscaras, etc.) es muy alto en los países de América Latina y el Caribe, toda 
vez que se podría obtener mayor provecho de ellos con el empleo de tecnologías y la adopción 
de principios pertenecientes a la bioeconomía (Trigo et al. 2013).
Acceso a capital por parte de la empresa: este criterio recibió una considerable valoración (7,9), 
y en algunos casos se hizo el reconocimiento de que se anticipa que la empresa interesada en 
invertir en negocios en el medio rural tiene el capital para ello. También se realizó la observación 
de que no solo se trata del capital de la empresa, sino de la importancia de su aporte y de otros 
medios para disponer de crédito para los productores con los que la empresa empacadora-pro-
cesadora contrata la producción primaria.
Disponibilidad de recursos humanos: este criterio recibió una alta valoración (7,91) en tanto se 
considera que de la disponibilidad de recursos humanos depende la productividad de la empre-
sa. Se tomó nota de la observación relacionada a que, donde no hay capacidades específicas, la 
empresa puede capacitar y de hecho capacita al personal que emplea. Sin embargo, se requieren 
ciertas condiciones básicas, como: actitud, instrucción básica y buena salud, entre otras. En 
cualquier caso, esta inversión no sustituye la inversión del Estado en educación.
Perspectiva de no conflictos ambientales y sociales en el territorio: criterio con una valoración 
significativa de 7,84. En las encuestas se consignaron tres observaciones al respecto: i) la impor-
tancia de la previsión para desarrollar actividades que eviten el conflicto; ii) que los conflictos 
generalmentesurgen por descuido en las prácticas desarrolladas por las empresas; y iii) que se 
crean conflictos a partir de intereses individuales y cacicazgos que se ven amenazados por la en-
trada de la empresa. En relación con la previsión y la concertación previa, hay empresas mineras 
que debido a malas estrategias de negociación han sufrido las consecuencias de tener que lidiar 
con muchos conflictos e, inclusive, suspender las inversiones programadas durante varios años 
(de Althaus 2019).
Buena ubicación y acceso: si bien este criterio no es uno de los más valorados (7,63), en algu-
nas de las experiencias conocidas, las agroindustrias y plantas de empaque de productos frescos 
suelen ubicarse en zonas de producción desde las cuales es menos costosa la movilización de 
productos finales hasta los centros de consumo. 
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Este criterio adquiere mayor importancia cuando se trata de productos perecibles. También 
atañe a la ubicación de los productores que deben aportar productos primarios a la planta pro-
cesadora. Uno de los hallazgos de un estudio realizado por Webb (2013), indica que los mayores 
cambios en productividad agropecuaria, emprendimientos no agrícolas y transferencias públicas 
y privadas desde las ciudades hacia el medio rural, y la consecuente superación de condiciones 
de pobreza en la sierra del Perú, se dieron en los territorios con mejor conectividad (carreteras, 
electricidad y telecomunicaciones).
Normativa ambiental razonable: el puntaje recibido fue de 7,57. Varios de los comentarios 
apuntan a que gran parte de la normativa ambiental es muy exigente, en exceso burocrática y 
en muchos casos no está acompañada por procesos eficientes de educación, de modo tal que la 
aceptación de su aplicación sea aceptada por los inversionistas. En los últimos años, los países de 
la región han establecido leyes ambientales; sin embargo, pocos tienen sistemas institucionales 
capaces de velar por su adecuada implementación (Macías-Gómez 2006).
Ausencia de condiciones extremas de clima: esta consideración fue valorada en un nivel relati-
vamente bajo (7,29); lo cual llama la atención ante la evidencia de los crecientes daños causados 
por las inadecuadas condiciones de clima. Posiblemente esta baja valoración se debe a que la via-
bilidad de escoger un territorio con condiciones adecuadas de clima es cada vez menos posible, 
dada precisamente la incertidumbre climática que afecta todos los territorios; o porque puesto 
en la balanza, otros aspectos son un tanto más importantes. 
Facilidad exportadora: este criterio se incluyó ante la posibilidad que se considerase que la pro-
ducción de empresas rurales fuese para exportación. Recibió un puntaje de 7,21. En economías 
con una tradición exportadora e institucionalidad al respecto, este criterio recibió poco puntaje, 
como fue en el caso de Costa Rica (6,4); mientras lo contrario sucedió en países con mayores 
limitantes al respecto, como Honduras (9,1), reflejando la percepción de que debería recibir más 
atención del Estado.
Baja tramitología y bajos costos de transacción: este aspecto, al que se hace tanta referencia como 
una deficiencia en la gestión pública, recibió un puntaje de solo 7,22. Conviene reconecer que 
este es otro factor que tiene una dimensión local-territorial asociada a la baja capacidad de las 
instituciones públicas a ese nivel; y una dimensión nacional debido a las leyes nacionales y la 
burocracia generalizada.
Disponibilidad de tecnología: este criterio fue uno de los menos valorados (7,06). El argumento 
mencionado en varios casos fue que las empresas tienen la tecnología o saben dónde adquirirla 
y tienen los recursos para hacerlo. Este punto suele ser uno de los argumentos que recibe más 
atención en las políticas para el agro; sin embargo, hay cuestionamientos sobre los medios insti-
tucionales públicos a través de los cuales se genera y difunde tecnología para los productores con 
mayores limitaciones (SIDE 2018a).
Incentivos a la inversión privada: este criterio recibió el segundo menor puntaje promedio (7,01). 
En dos de los casos se comentó que se ha hecho abuso de los incentivos otorgados, entre ellos 
de las zonas francas, que con la excusa de promover la exportación privilegian a unas empresas 
mucho más que a las que no disponen de este régimen (OIT 2007).
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Prospectiva de inversión pública de interés para la empresa: este criterio recibió una pondera-
ción inferior a todos los anteriores (6,78), en parte quizás porque la consulta no fue entendida. 
El punto es que se conoce que la compra de tierras y la solicitud de concesiones forestales y 
mineras se hacen a sabiendas (por información no hecha pública) de que en el futuro cercano 
el Estado construirá una carretera, puerto u otra infraestructura. De hecho el lobby empresarial 
—asegurado por la vía del financiamiento de campañas de diputados que llegan a las Asambleas 
Legislativas— es un modo conocido para conseguir privilegios para empresas o grupos de poder 
económico. Desde luego que la consecución de privilegios empresariales desdibuja la razón bá-
sica del lobby como instrumento político para lograr beneficios sociales.8
Otros temas mencionados en las encuestas incluyeron: la existencia de medidas sanitarias y ser-
vicios relacionados, programas de aseguramiento contra los varios riesgos, el acceso a internet 
banda ancha, posibilidades de expansión del negocio y la existencia de una política agraria. Este 
último punto fue referido en cuatro ocasiones. Dado que fueron referidos en menos de cinco 
ocasiones cada uno no se han incluido en el análisis; sin embargo, se consideran relevantes y 
tendrían que ser incluidos en estudios que en el futuro retomen este tema general.
Los resultados del análisis muestran que son muchos los factores en consideración para invertir y condu-
cir empresas exitosas en el medio rural. Un comentario final referido por un opinante es que “los errores 
en la valoración de cada uno de ellos son la causa de empresas que no logran despegar o que fracasan 
poco tiempo después de iniciadas, con las consecuentes pérdidas propias y en el entorno inmediato.”
 
Competitividad 
empresarial sostenible 
y compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles
Las decisiones para hacer inversiones privadas en el medio rural y para conducir las empresas 
toman en consideración muchos factores, los que tienen incidencia en la competitividad y la sos-
tenibilidad de las empresas (como se vio en la sección precedente). Entre las empresas, las hay 
cuales consideran explícitamente los objetivos de desarrollo sostenible, pero esta no es una pauta 
extendida. Al respecto, a continuación, se analizan algunas consideraciones que ponen de mani-
fiesto varios puntos de vista y se aborda la contribución que debería hacer las empresas a los ODS
.
8 Ver en Nueva Sociedad (agosto de 2017), la entrevista de Mariano Schuster a Mario Ricciardi, para un análi-
sis detallado sobre el lobby en América Latina y el Caribe.
4.
http://nuso.org/autor/mariano-schuster/
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Del análisis realizado en la sección anterior ha sido posible una primera interpretación de cómo 
las preferencias empresariales se alinean en diferente grado con los ODS.9 Sin establecer las 
convergencias o divergencias de antemano, los objetivos que tienden a coincidir con los temas 
identificados son los siguientes:
· Objetivo 16, Paz y justicia: seguridad y ausencia de conflictos.
· Objetivos 6, 7, 11, 12 y 15, que tienen que ver con temas ambientales Agua, energía, 
producción responsable y ecosistema vivo, sostenibilidad y producción responsable:dis-
ponibilidad de recursos y normas ambientales razonables.
· Objetivos 3, 4 y 8: Salud, educación crecimiento económico y empleo decente: recursos humanos.
· Objetivo 9, Industria, innovación e infraestructura: infraestructura para riego, acceso, 
facilidad exportadora, tecnología, inversión pública.
Debiendo anotarse que algunos temas sobre los cuales se recabó opinión no tienen correspon-
dencia con ninguno de los ODS, como por ejemplo: tramitología, burocracia y costos de tran-
sacción (un tema que agobia al empresariado) y una de las principales causas de corrupción.
En cuanto a aspectos particulares que para el empresariado que invierte en el espacio rural deben 
cobrar creciente importancia en las estrategias y acercamiento a los compromisos con los ODS, 
se refieren los siguientes.
La adopción de prácticas de ecoeficiencia les permite a las empresas que las adoptan hacer aportes y 
generar beneficios en cuatro niveles: i) los que son directos para la empresa; ii) los que contribuyen 
a mejorar condiciones ambientales en el territorio inmediato; iii) los que contribuyen a compromi-
sos ambientales nacionales; y iv) los que contribuyen a objetivos globales; sin que exista necesaria 
focalización, vale decir se puede contribuir generando más en un nivel que en otro.
La aplicación de tecnologías limpias de parte de las empresas es una forma de contribuir en 
diferente forma en estos niveles. Por ejemplo, el ahorro y reutilización de agua (menor huella 
hídrica); el ahorro de energía o su reemplazo por la vía de paneles solares; la eliminación de olo-
res desagradables (a través de pozas de oxidación y biodigestores), todo lo cual es de su propio 
beneficio. Además, les permite cumplir una serie de normas ambientales, como las menores emi-
siones de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono, la no contaminación de acuíferos, 
etc. Por ejemplo, una empresa productora de carne bovina en Costa Rica ha incluido tecnologías 
de alimentación animal y cuidado de la naturaleza y prácticas de manejo, las que le permiten 
producir carne de calidad. Su espacio en el mercado se ha ampliado al mostrar que, además de 
producir carne de calidad, es carbono neutral, para lo cual cuenta con una certificación interna-
cional (SIDE 2015).
Los impactos empresariales, locales-territoriales, nacionales y globales de las buenas prácticas 
usadas por empresas en café y ganadería, documentados en un reciente estudio en Costa Rica, 
9 Se agradece la sugerencia de un lector anónimo del primer borrador de este documento, de construir un 
cuadro de correspondencia entre condicionantes para las inversiones y ODS, sin embargo, se considera que 
tal tarea sería más recomendable en base a un estudio de mayor alcance.
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mostraron que, de un total de 21 prácticas, casi todas ellas aportaban beneficios en los cuatro 
niveles antes referidos. El trabajo planteó la importancia de que el reconocimiento a beneficios 
ambientales de dichas prácticas, no capturados por las empresas, merecía un reconocimiento por 
entidades en los otros tres niveles (SIDE 2018b).
Cuando las empresas, además, tienen prácticas de gestión en las que se hacen explícitos la se-
guridad laboral, jornadas laborales adecuadas, el pago de buenos salarios, entre otros aspectos, 
logran un mejor desempeño y contribuyen a los ODS en su dimensión social. Estos pueden ser 
aún mayores si ofrecen tratamiento preferente para mujeres y si emplean personas discapacita-
das. Muchas empresas en varios países son ejemplo de estas buenas prácticas, lo que ha redun-
dado en una certificación internacional.
Si bien los casos de experiencias positivas se encuentran en casi todos los países, hay muchas 
empresas que no las aplican y otras que están muy lejos de ser aceptadas por razones de violación 
a la responsabilidad ambiental y social. La consulta con empresarios sobre estos últimos temas 
concierne al cumplimiento de las normas ambientales, en tanto hacerlo tiene costos que no re-
sultan en beneficio directo o indirecto para las empresas.
Algunas empresas en el medio rural realizan actividades de orden social, incluyendo donaciones, 
construcción de escuelas y postas médicas, acueductos, pozos, asilos de ancianos, etc. Al respecto 
no hay una evaluación de la magnitud de estos aportes, ni cuánto significan en términos rela-
tivos a los ingresos netos de las empresas o a la reducción en los montos pagados de impuestos. 
Algunas empresas argumentan que la transferencia de fondos o inversiones de beneficio social 
en el ámbito local se ha constituido en reclamos a veces desproporcionados, alentados por inte-
reses políticos de dirigentes locales cuyas propias actividades distan de estarse desarrollando en 
el marco del verdadero interés comunal.
Uno de los aspectos centrales en que las empresas tienen que hacer un cambio en su estrategia 
es en el de compartir el valor agregado. Este aspecto está en el centro de la creciente desigual-
dad entre quienes se dedican a la producción primaria y quienes controlan las agroindustrias 
y la exportación (SIDE 2018a). Según Michael Porter, el sector empresarial debe aumentar y 
demostrar su sensibilidad social y una de las formas de evidenciarlo es compartir los beneficios 
de la agregación de valor construido a partir de lo esencial: el producto primario (King 2012).
Un tema respecto al compromiso con los ODS concierne a la llamada responsabilidad social em-
presarial y la publicidad que las empresas despliegan en sus páginas web, incluyendo la referencia 
a certificaciones internacionales, las que son prueba de que cumplen la normativa respectiva. 
Era, hasta hace poco, una práctica poco extendida; sin embargo, hay evidencia de que en los 
últimos años ha ido en aumento en parte porque, aunque tiene costos para las empresas, los 
beneficios que permiten obtener. La compra de imagen recurriendo a regalos compensatorios 
por daños ambientales, es un tema cuestionado y objeto de debate. Vicuña (2014) ofrece un 
conjunto de sugerencias para que las acciones de responsabilidad social de las empresas mineras 
sean más genuinas.
La propiedad y uso de la tierra y el agua son algunos de los temas que requieren más atención 
para lograr los ODS en el medio rural. Acción Solidaria para el Desarrollo (2018) reporta que, 
de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), en la región de Piura en Perú, 
durante 2017, las concesiones mineras abarcaban una extensión de 820 832 hectáreas, lo cual 
representa el 22,9% del área total de la región, siendo objeto de innumerables conflictos y des-
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gracias personales. Asimismo, los conflictos por el agua son comunes en América Latina y el 
Caribe (Chaparro 2009). Relacionado a ello, la baja eficiencia en el uso del agua y la no conser-
vación de su calidad son responsables de altos costos para la sociedad.
El cumplimiento de las normas ambientales y sociales es sin duda uno de los aspectos de mayor 
relevancia en el tratamiento del tema de la inversión privada, en general, y en el medio rural, 
en particular. La literatura, incluyendo las notas de prensa, abunda en referencias a casos de 
violaciones a la normativa ambiental, los derechos ciudadanos y da cuenta de la existencia de 
innumerables conflictos, situaciones que en algunos casos se superan gracias a la corrupción.10
Lamentablemente los índices de percepción de la corrupción no favorecen a los países de la 
región.11 Guillén (2018) denuncia que grupos fácticos de poder aseveran que la lucha contra la 
corrupción produce efectos negativos en la economía de un país. Es decir, contribuye a la desacele-
ración. Después de varios argumentos el autor concluye que es inconcebible desde el punto de 
vista racional, ético, políticoo económico, achacarle a la lucha contra la corrupción la desace-
leración económica, en virtud que en la medida que vayamos resolviendo todo lo expuesto con 
anterioridad, lograremos una economía más inclusiva y sustentable.
Lo expuesto en esta sección pone de manifiesto que la valoración de los beneficios empresariales 
y la contribución a los ODS deben hacerse en forma simultánea y que hay un potencial hasta 
ahora poco aprovechado. También plantea que minimizar los costos y maximizar los beneficios 
en los dos ámbitos (empresa y sociedad) requiere de análisis específicos y acuerdos en los que 
las instituciones del Estado, los gobiernos locales y las organizaciones de base tienen un papel 
central. Las puertas están abiertas para que las empresas participen a nivel global y aquellas que 
invierten en el medio rural están entre las que tienen más oportunidades, dado el interés global 
de sumar esfuerzos para lograr los ODS.12
La disponibilidad de recursos para financiar iniciativas que respondan a estos objetivos empre-
sariales y sociales es cuantiosa, sin embargo, hasta ahora el aprovechamiento es limitado. En la 
región, para el año 2018 se ha obtenido un presupuesto de más de 1 150 millones de USD, de 
los cuales hasta el momento solo se llevan ejecutados poco más de 68. Estas cifras —que provie-
nen de casi 300 fuentes diferentes— se encuentran destinadas a financiar un total de 707 pro-
yectos este año, los que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: crecimiento inclusivo 
y sostenible (40%), instituciones responsables (34%), gobierno democrático (13%), impacto y 
efectividad en el desarrollo (6%), prevención y recuperación de crisis (4%) y cambio climático 
y resiliencia ante los desastres (3%).13 
10 En www.vocesnuestras.org se puede acceder a numerosos casos de esa laya, entre ellos el reciente asesin-
ato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz en Costa Rica el 18 de marzo pasado.
11 De acuerdo con Transparencia Internacional, el máximo índice posible es 100; el máximo a nivel mundial 
en el 2017 fue 89 y el promedio de 180 países fue de 43,07. De los países de la región, tres se encuentran 
entre los 50 y 70 puntos; cuatro entre 40 y 50; nueve entre 30 y 40; siete entre 20 y 30; y uno entre 10 y 
20. Esta penosa situación es la percepción de empresarios y analistas sobre el grado de corrupción en el 
sector público.
12 En el 2015 los líderes del mundo se unieron en un deseo colectivo de adoptar la Agenda 2030 y sus 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable. Se hizo explícito que el desafío radica en traducir este marco universal en 
acciones ambiciosas y soluciones innovadoras, para lo cual la colaboración público-privada puede jugar un 
rol invaluable en este esfuerzo. Para ello el Pacto Global de Naciones Unidas provee una plataforma para 
que los líderes del mundo empresarial formen parte de esta tarea y ayuden a acelerar los cambios que son 
necesarios. El Pacto Global destaca que la sustentabilidad corporativa comienza con la definición de una 
escala de valores al interior de una compañía y un enfoque basado en los principios y la ética a la hora de 
hacer negocios, valores y principios que sostendrán en cualquier lugar del planeta en el que tengan presen-
cia (www.pactomundial.org).
13 www.compromisoempresarial.com.
http://www.vocesnuestras.org
http://www.pactomundial.org
http://www.compromisoempresarial.com
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5. Políticas para la 
 sostenibilidad empresarial 
 y su aporte a los Objetivos 
 de Desarrollo Sostenibles
Esta sección está basada en la reflexión sobre lo reportado en las dos secciones previas. Al respec-
to se hace referencia a tres aspectos: la existencia de políticas e instrumentos para su aplicación; 
el cumplimiento de las normas establecidas en el marco de dichas políticas; y el análisis y eva-
luación sobre su efectividad.
Respecto a los ámbitos de política, la condición con mayor preferencia por parte de las empre-
sas para invertir es la estabilidad económica. Sin ella el compromiso empresarial con los ODS 
es una utopía. En los últimos años este es un logro de muchos países, pero no en todos. En las 
empresas rurales, algunos aspectos particulares del contexto económico conciernen a los mayo-
res costos de transacción en la economía rural que en la urbana; la baja transmisibilidad de los 
cambios en los precios entre productores y consumidores; y la apropiación del valor agregado en 
las cadenas por parte de las empresas que las controlan.
En el contexto político, en los últimos años sobresalen dos aspectos con influencia en las deci-
siones de la empresa privada. Por un lado, la polarización entre ideologías y, por otro, el contu-
bernio entre la política y la corrupción. No hay una posición unívoca sobre la influencia de lo 
primero, pues la inversión privada se ha dado indistintamente; y, en el segundo caso, la evidencia 
es que en varios casos ha existido un asocio. La perspectiva es, desde luego, la eliminación de 
este flagelo.
La inversión pública necesaria para crear condiciones que atraigan a la inversión privada en el 
medio rural es otro de los factores de relevancia. Esta se requiere para dotar infraestructura ma-
yor en represas (para usos múltiples del agua), en sistemas de saneamiento (agua y alcantarillado) 
y para mejorar la conectividad vial y de comunicación. Este último aspecto ha sido considerado 
determinante para informar sobre innovaciones disponibles, condiciones de mercado y de cli-
ma, etc.; y desde el punto de vista del interés local, es determinante de la viabilidad de tomar 
conocimiento sobre los hechos a su alrededor y para el aprovechamiento de las redes sociales. 
La sección de este documento que analiza las preferencias de la empresa privada da cuenta de la 
importancia de políticas públicas sensatas.
En varios países hay un avance en reformas tributarias y en los sistemas para reducir la evasión. 
Esto está llegando a todas las empresas urbanas y rurales, de modo que por un lado se podrá 
mejorar la situación fiscal del Estado, pero por otro, se incrementarán los costos por la vía de los 
impuestos a las ventas y tributación por rentas en las empresas rurales. La percepción captada 
en las opiniones en la encuesta es que en general los Estados requieren un esfuerzo mayor para 
reducir el gasto público y aumentar la eficiencia en la recaudación de impuestos a la rentas de 
las empresas.
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Respecto a la aplicación de las políticas, la débil institucionalidad es en gran parte responsable 
de que las normas, desde su elaboración hasta su aplicación, tengan limitaciones; y aún en los 
casos en los que la normativa sea razonable, se carece de la capacidad para una instrumentación 
adecuada. Vergara-Schmalback, Morelos y Lora (2014). en base a un estudio en ocho países la-
tinoamericanos. sugieren que se fortalezca sustancialmente la institucionalidad para la adecuada 
implementación de las políticas vinculadas a los asuntos ambientales, y en particular la vigencia 
del máximo organismo rector.
La evasión de la normativa es sin duda uno de los aspectos centrales que se debe superar para 
que las empresas se alineen con las exigencias nacionales. Lamentablemente, la corrupción y el 
soborno a funcionarios estatales es una práctica creciente que permite a las empresas funcionar 
irrespetando las normas. Adrianzen (2017) señala que no nos damos cuenta de que necesitamos 
desesperadamente de la inversión privada, para reducir pobreza y ganar competitividad, pero 
que ante la pregunta ¿luchamos contra la corrupción o lanzamos nuevos proyectos de inversión pri-
vada a escala mayor? La mayoría de los ciudadanos digiere esta falacia (página Opinión). El autor 
señala que no hay elección entre inversión privada y lucha contra la corrupciónburocrática. 
Ambos se estructuran sobre la misma base: El estricto cumplimiento de la ley y el respeto a la 
propiedad de otros. El reto del gobierno implica ser ejemplar e implacable acabando con la co-
rrupción burocrática, para lo cual requiere en primer lugar tener una policía, fiscalía y judicatura 
incólumes. Pero implica también –al mismo tiempo – ser capaz de liderar cientos de nuevos 
proyectos de inversión. 
Y respecto a la evaluación de la efectividad de las medidas de política para contribuir al doble 
objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y de contribuir a los ODS, no existen 
medios en uso actual para este fin. Los esfuerzos de evaluación se han focalizado en proyectos 
de inversión, especialmente los que se implementan con recursos externos; pero son nulos en la 
evaluación del gasto público en general y de las políticas con los que se asocian.
Lo expuesto en esta sección indica que, si bien es posible que se logre el mayor interés de las 
empresas por movilizarse hacia el medio rural y que al hacerlo contribuyan a los ODS, es indis-
pensable un conjunto de políticas de incentivos, vigilancia, control y sanción, y una institucio-
nalidad capaz de llevarlas a la práctica. El trabajo realizado por el Panel Independiente sobre la 
Agricultura para el Desarrollo de América Latina (PIADAL) (2013) da cuenta de estos aspectos 
en forma detallada, poniendo de manifiesto, en base a la experiencia en diez países, que el po-
tencial de la agricultura para dinamizar el desarrollo en el medio rural requiere de políticas de 
un abanico bastante más amplio que el de las políticas agrícolas; y también una gobernanza más 
robusta que supere las serias limitaciones en el aparato público.
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6. Prospectiva
Existen en general oportunidades razonables para mejorar la inversión privada en el medio rural 
en varios sectores, incluyendo agricultura, forestal, minero, turismo (BID 2018). Estas oportu-
nidades se dan gracias a la disponibilidad de recursos, mercados en expansión, disponibilidad 
de tecnología y de capital; más actores que quieren aprovechar las oportunidades con diferen-
ciación de productos y la creación de valor agregado y marcas; ejemplos de alianzas efectivas y 
sostenibles, etc.
En particular, la inversión privada en agricultura en América Latina y el Caribe es activamente 
promovida en gran escala, debido a su mejor calificación en comparación a otras zonas del mun-
do. Viton (2015) señala que, a pesar de las sanciones en algunos países por la compra irregular 
de tierras, la inversión en activos relacionados a agricultura y agroindustria en varias regiones 
y Sudamérica es una de las más atractivas. Para financiar estas inversiones a nivel global, en el 
2015 había 240 fondos de inversión, comparado con 33 en el 2005. El monto de estos fondos 
asciende a 45 billones de USD, los que se colocan en distintos segmentos de las cadenas de 
valor en la agricultura. Por su parte, Myers y Jie (2015) señalan que las inversiones de China 
en América Latina y el Caribe son altas, pero no focalizadas en la compra de tierras, sino en 
industrias de las principales cadenas agroindustriales y en las transnacionales comercializadoras 
de granos. Estos trabajos no hacen referencia a los asuntos ambientales y sociales como parte de 
dichas inversiones.
Viton también dice que, en lo que respecta a Sudamérica, el escenario político y las políticas 
serán determinantes de la colocación de estos recursos, coincidiendo con lo expuesto por De 
Sa, Ganley y Wolfred (2017), quienes además señalan que los riesgos de inestabilidad política y 
económica deben valorarse, al mismo tiempo que se consideran aspectos culturales locales.
Estas oportunidades no se materializan con inversiones nacionales porque se ha visto el medio 
rural como un escenario lúgubre. El Estado y la sociedad perciben el medio rural como un es-
pacio de problemas y no de oportunidades. Como resultado de ello, el Estado ha asumido una 
política asistencialista basada en ayudas y focalización en la pequeña agricultura no tecnificada, 
con rubros tradicionales que son la alimentación básica, y la cual está establecida en espacios 
agroecológicos deteriorados. Esta política no está logrando frutos significativos y su principal 
indicador es la emigración de jóvenes hacia las ciudades. Lo expuesto sobre la inversión de trans-
nacionales, antes referido, parece tener otra perspectiva.
Muchas de las empresas que operan en el medio rural están poco comprometidas con los ODS; 
otras lo están a medias; y otras podrían adquirir mayores compromisos si el Estado les facilitara 
la inversión, creando condiciones adecuadas que contribuyan a mejorar su competitividad; y al 
mismo tiempo les exija y motive a contribuir a los ODS. Por otro lado, hay muchas regulaciones 
nacionales e internacionales en lo social, tributario, comercial, sanitario y ambiental y es de espe-
rarse crecientes normas en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por los países. Este 
enjambre de regulaciones debe superarse para constituir un incentivo para la empresa privada 
para invertir en el medio rural, tema al que, como se dijo antes, lamentablemente no se hace 
ninguna referencia en los diecisiete ODS.
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En la región se ha puesto énfasis en políticas para alentar el crecimiento económico, pero no se 
advierten políticas comprometidas con el desarrollo en general (PIADAL 2013). Muchos países 
se sienten ufanos del crecimiento de los años pasados, pero son pocos los casos que exhiben 
efectos directos de ese crecimiento en la reducción de la pobreza rural por la vía de efectos mul-
tiplicadores y efectos positivos en las condiciones ambientales. A la par, se percibe un vacío en la 
orientación política para el desarrollo del medio rural.
De generarse un compromiso político para inversiones públicas que mejoraran las condiciones 
en el medio rural, que aliente la inversión privada y la estimule a innovar para mejorar su com-
petitividad y comprometerse con los ODS, sería posible lograr mejoras más sustantivas que las 
tenidas hasta ahora en la superación de la pobreza rural. El punto es encontrar empresas que, 
además de generar ingresos para sí mismas, contribuyan a los ODS.
Las limitaciones en el medio rural se perciben cada vez más en las ciudades de la región y en 
la migración internacional. Es indispensable, por lo tanto, detener el proceso migratorio y la 
degradación de los recursos naturales con la ayuda de inversión privada comprometida con el 
desarrollo. Como consecuencia, el beneficio será cada vez mayor, no solo en el medio rural, sino 
en las ciudades, en donde no faltará el agua que viene de las montañas y los alimentos que vienen 
del campo.
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